66400600004720210001902 · Tribunal de Pereira

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Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del art�culo 68A de la Ley 599 de 2000. (�)� aprecia la Sala que, en principio, la mayor�a de las exigencias para la concesi�n del sustituto de la prisi�n domiciliaria en este caso se encuentran acreditadas en favor del se�or CAGG� Sin embargo, el punto pol�mico a resolver es lo atinente a si la conducta por la cual fue sentenciado el se�or CAGG ostenta una prohibici�n legal, por lo que debe revisarse lo contemplado en el inciso 2� del art�culo 68A C.P� Al efectuar una lectura de tal dispositivo, y en consonancia con lo sostenido por la defensa recurrente, no observa la Sala que la conducta de homicidio simple se encuentre all� enlistada, lo cual de manera objetiva comporta pregonar a priori, que el il�cito por el que fuera sentenciado el se�or CAGG, carece de prohibici�n alguna para la concesi�n de subrogados o sustitutos.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintitr�s (23) de octubre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de aprobaci�n No 1169 Segunda instancia Radicaci�n: 66400600004720210001902 Sentenciado: CAGGC�dula de ciudadan�a:Delitos:Homicidio en grado de tentativaBien jur�dico tutelado:Rubiel de Jes�s Guti�rrez Guevara Procedencia:Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.).Asunto:Decide apelaci�n interpuesta por la defensa contra la sentencia de abril 27 de 2023.

SE CONFIRMA PARCIALMENTE El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los siguientes t�rminos: 1.- HECHOS Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente actuaci�n quedaron consignados en el fallo de primera instancia de la siguiente manera: �Seg�n lo expres� la Fiscal�a en audiencia, los hechos tuvieron ocurrencia d�a 9 de septiembre de 2021 entre las 06:30 y 08:00 horas, en el cafetal de la Finca el Diamante en el Corregimiento de Patio Bonito, zona rural del municipio de La Celia, Risaralda, cuando el se�or CAGG, en forma dolosa y sin justa causa le propin� al se�or RUBIEL DE JES�S GUTI�RREZ GUEVARA, de 71 a�os de edad, un primer impacto cortante en el cr�neo, con un arma corto contundente (machete), y continu� con el ataque caus�ndole m�ltiples heridas en el rostro, cercenando parte de su oreja izquierda, amput�ndole uno de los dedos de su mano derecha, caus�ndole amputaci�n completa de su mano izquierda, gener�ndole seg�n el m�dico legista 1.

Deformidad f�sica que afecta el cuerpo de car�cter permanente. 2. Deformidad f�sica que afecta el rostro de car�cter permanente. 3. Perdida funcional del miembro superior izquierdo (amputado) de car�cter permanente. 4. Perturbaci�n funcional del �rgano de la prensi�n de car�cter permanente y poniendo en riesgo su vida 1.2.- En febrero 17 de 2022, ante la Juez �nica Promiscuo Municipal con funci�n de control de garant�as de la Celia (Rda.), se le imput� al se�or CAGG el delito de homicidio en grado de tentativa -arts. 27 y 103 C.P.- con circunstancias de agravaci�n -art. 104 nums. 6� y 7� CP-.

El indiciado no acept� los cargos. La Fiscal�a solicit� el retiro de la medida de aseguramiento que elevar�a en contra de este. 1.3.- Con antelaci�n a la presentaci�n del escrito acusatorio, la Fiscal�a suscribi� preacuerdo con el se�or CAGG (mayo 18 de 2022), cuyo conocimiento correspondi� al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), despacho ante el cual se sustent� lo pertinente (agosto 01 de 2022), donde se inform� que en aplicaci�n del principio de legalidad, se le retiraban los agravantes endilgados al procesado en la imputaci�n, y como consecuencia el punible a endilgarle ser�a el de homicidio simple en grado de tentativa.

Tal consenso fue improbado por la funcionaria de primer nivel (agosto 04 de 2022), ante lo cual se interpuso apelaci�n, que al ser desatada por esta Corporaci�n (marzo 14 de 2023), en Sala mayoritaria se revoc� esa determinaci�n y se dio aprobaci�n al consenso celebrado. Retomada la actuaci�n por el despacho de primer nivel, se continu� con el tr�mite de ley (abril 27 de 2023), llev�ndose a cabo la audiencia de individualizaci�n de pena y sentencia, en la que tanto la delegada del ente acusador como la Procuradora indicaron que acorde con el art. 68A C.P.P. y dada la p�rdida anat�mica (amputaci�n) de uno de los miembros superiores de la v�ctima RUBIEL DE JES�S GUTI�RREZ, pidieron se le negara cualquier beneficio o sustituto, mientras que la defensa se opuso a ello al considerar que la conducta por la que se emitir� fallo es la tentativa de homicidio simple y no unas lesiones personales agravadas, por lo cual carece de prohibici�n legal para conceder la prisi�n domiciliaria, al cumplirse con las exigencias a que alude el canon 38B C.P.P. Finalizada tal intervenci�n, la juez procedi� a dictar sentencia, por medio de la cual: (i) conden� al se�or CAGG, con ocasi�n del preacuerdo celebrado, a la pena de 52 meses de prisi�n por homicidio en grado de tentativa, as� como la inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por igual tiempo que la pena de prisi�n;

(ii) no lo conden� al pago de perjuicios por cuanto los perjuicios fueron resarcidos en su integridad, y (iii) no le otorg� beneficio alguno relacionado con su libertad, por expresa prohibici�n legal, conforme lo plasmado en el fallo. 1.4.- En el aludido fallo y con respecto al sustituto de la prisi�n domiciliaria que en favor del se�or CAGG reclam� su defensora, la a-quo luego de hacer referencia a las exigencias a que alude el canon 38B C.P., estim� que en este asunto se acredit� que el sentenciado carece de antecedentes, que tiene arraigo e indemniz� a la v�ctima, pero, en consonancia con lo argumentado por la Procuradur�a, se�al� que la conducta atribuida al sentenciado s� se encuentra enlistada en el canon 68A C.P., ya que el punible de lesiones personales se halla dentro del t�tulo de los delitos contra la vida e integridad personal, ante lo cual no es viable conceder lo pedido, toda vez que acorde con el dictamen de medicina legal, el se�or RUBIEL DE JES�S GUTI�RREZ sufri� muchas lesiones de gravedad, que precisamente llevaron a tipificar e injusto penal como homicidio en grado de tentativa, y aunque la denominaci�n es distinta, ac� debe hacerse una interpretaci�n por cuanto existi� una p�rdida anat�mica del brazo, y dada esa prohibici�n legal, deber� purgar la pena de prisi�n de manera intramural. 1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinaci�n -solo en cuanto le neg� el sustituto de la prisi�n domiciliaria-, por lo que la impugn�, y oralmente sustent� su disenso. 2.- Debate 2.1.- Defensa -recurrente- Pide se revoque la decisi�n adoptada, y en su lugar se le otorgue a su defendido la prisi�n domiciliaria, y al efecto expuso: Lo argumentado en el fallo es incongruente, ya que las lesiones que analiza de manera independiente por la juez, hicieron parte integral del delito de tentativa de homicidio, y por ende no pueden estudiarse de forma aislada, como tampoco el canon 68A C.P. Refiere que en este asunto, el Tribunal aprob� un preacuerdo por tentativa de homicidio simple, y aunque la juez constata de forma objetiva las exigencias del art�culo 38B C.P., como incluso lo hace la Fiscal�a al d�rsele traslado de los EMP, aun as� se dice que no se cumple con lo indicado en el canon 68A C.P., pero esta norma en ninguna parte se hace alusi�n al punible de homicidio simple tentado, como aquellos que contemplan una prohibici�n legal.

Aunque su defendido fue condenado por tentativa de homicidio, se argumenta para excluirlo de tal beneficio que cometi� unas lesiones personales agravadas, lo cual es un contrasentido, toda vez que en punto de la congruencia, al mismo no se le imput�, acus� ni sentenci� por ese delito, frente al que se dice que existi� una p�rdida funcional, cuando ello no fue objeto de la discusi�n procesal ni de los tipos penales analizados.

Reitera, que su defendido no fue sentenciado por ninguno de los il�citos consagrados en la norma prohibitiva y lo dem�s son interpretaciones que no pueden ser subjetivas, y aunque la modalidad del hecho fue alarmante, por encima de la normativa no vale disquisici�n alguna, m�xime que en el art�culo 68A C.P. no est� inmerso el homicidio en grado de tentativa.

En este caso se acredit� el arraigo social y familiar, y mediante cauci�n puede garantizar el acatamiento de las obligaciones, por lo cual difiere de la decisi�n proferida, al cumplirse las exigencias del art�culo 38B C.P. Pide en consecuencia, se revoque la decisi�n emitida y se le conceda a su prohijado la prisi�n domiciliaria en la residencia de su hija, esto es, en la Vereda �San Juan�, finca �El Acueducto� del municipio de Quinch�a (Rda.). 2.2.- Fiscal -no recurrente-.

Pide se confirme lo decidido, y para ello argument�: Aclara en principio, que no ha variado el argumento que entreg� inicialmente, en tanto lo que quiso decir y al parecer se malinterpret�, consisti� en que las lesiones que sufri� RUBIEL GUTI�RREZ hacen parte de la integralidad del delito de tentativa de homicidio, y por ende hubiera sido absurdo que se le imputara unas lesiones personales agravadas, por cuanto precisamente dicha tentativa fue lo que gener� las graves afectaciones, y por ende le manifest� a la juez que de no aceptarse tal argumento, s� se daban las exigencias para otorgarse la prisi�n domiciliaria, pero reitera, que las lesiones padecidas por la v�ctima, no deben mirarse por separado y por ende no permiten concederle al sentenciado la prisi�n domiciliaria. 2.3.- Agente del Ministerio P�blico -no recurrente-.

Solicita se mantenga inc�lume la determinaci�n adoptada, por lo siguiente: Aunque la condena impuesta a CAGG lo fue por homicidio en grado de tentativa, las consecuencias de las lesiones que soport� RUBI�L DE JES�S, entre otras, lo fue por perdida funcional del miembro superior izquierdo, al sufrir amputaci�n, mismas que se encuentran enlistadas en el art�culo 68A C.P., que proh�be la concesi�n de sustitutos, y ser incluso las �nicas lesiones que est�n all� rese�adas, de lo cual se advierte que la intenci�n del legislador era el de excluir de cualquier tipo de beneficios a quienes incurrieran en esa conducta.

Aduce, que si bien CAGG fue sentenciado por tentativa de homicidio, tampoco emerge duda, que tal hecho gener� las lesiones que contempla la aludida normativa y por ende existe prohibici�n para otorgarle el sustituto que se reclama. 2.4.- Debidamente sustentado el recurso, la juez lo concedi� en el efecto suspensivo y se dispuso la remisi�n de los registros ante esta Corporaci�n con el fin de desatar la alzada. 3.- Para resolver, se considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelaci�n contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 3.2.- Problema jur�dico planteado Se contrae b�sicamente a establecer si la determinaci�n adoptada por la juez de instancia se encuentra ajustada a derecho, espec�ficamente en lo concerniente con la negativa de otorgar el beneficio de la prisi�n domiciliaria al ac� sentenciado, al considerar que existe una prohibici�n legal para proceder en ese sentido. 3.3.- Soluci�n a la controversia Nos encontramos en presencia de un tr�mite abreviado por la temprana admisi�n de los cargos por parte del procesado, por la v�a de un preacuerdo que se llev� a cabo de manera libre, voluntaria, consciente, debidamente asistido, y profusamente ilustrado acerca de las consecuencias de hacer dejaci�n de su derecho a la no autoincriminaci�n, lo que no obsta para asegurar que adem�s de esa aceptaci�n de los cargos que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el diligenciamiento en verdad obran elementos de convicci�n que determinan que la conducta il�cita que se pregona s� existi� y que el hoy involucrado tuvo participaci�n activa en la misma.

De igual forma, no se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garant�a, ni error -in procedendo- insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la actuaci�n a segmentos ya superados; en consecuencia, se proceder� al an�lisis de fondo que en derecho corresponde. La profesional del derecho que asiste al se�or CAGG, no cuestiona la responsabilidad admitida por v�a de la aceptaci�n unilateral.

Lo que se censura es lo relativo a la no concesi�n para su defendido de la prisi�n domiciliaria, ya que para la a-quo, la delegada del ente acusador y la procuradur�a, emerge una prohibici�n legal para su otorgamiento, esto es, la reglada en el inciso 2� del canon 68A C.P., dadas las afectaciones irrogadas a la v�ctima, espec�ficamente la relacionada con las �lesiones personales por p�rdida anat�mica o funcional de un �rgano o miembro�, al ser esta una de las que sufri� la v�ctima.

Ahora, de conformidad con lo reglado en el art�culo 38 C.P., la prisi�n domiciliaria est� consagrada como un mecanismo sustitutivo de la prisi�n, y el mismo, por consiguiente, comporta una restricci�n efectiva y real del derecho de libertad del condenado en su lugar de residencia o morada, o en aquel que el funcionario judicial disponga, al momento de emitir el fallo de condena, siempre y cuando se acrediten las exigencias para ello.

Y en ese orden, el art�culo 38B �dem, que fuera adicionado por el canon 23 de la Ley 1709 de 2014, dispone: �ART�CULO 38B. REQUISITOS PARA CONCEDER LA PRISI�N DOMICILIARIA.� Son requisitos para conceder la prisi�n domiciliaria: 1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m�nima prevista en la ley sea de ocho (8) a�os de prisi�n o menos. 2.

Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del art�culo 68A�de la Ley 599 de 2000. 3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci�n la existencia o inexistencia del arraigo. 4.

Que se garantice mediante cauci�n el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) No cambiar de residencia sin autorizaci�n, previa del funcionario judicial; b) Que dentro del t�rmino que fije el juez sean reparados los da�os ocasionados con el delito. El pago de la indemnizaci�n debe asegurarse mediante garant�a personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la v�ctima, salvo que demuestre insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores p�blicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi�n. Adem�s, deber� cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisi�n domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad.� Am�n de lo sostenido por la funcionaria de primer nivel en el fallo confutado, aprecia la Sala que, en principio, la mayor�a de las exigencias para la concesi�n del sustituto de la prisi�n domiciliaria en este caso se encuentran acreditadas en favor del se�or CAGG, a saber: (i) la pena de prisi�n para el delito de tentativa de homicidio, dada la modalidad de tentativa en la que este incurri�, la que por consiguiente modifica los extremos punitivos, es en efecto inferior a los 08 a�os de prisi�n, habi�ndose precisamente tasado la misma, dada la aceptaci�n de cargos por la v�a del preacuerdo, en 52 meses de prisi�n;

(ii) en cuanto al arraigo, se tiene que el sentenciado residir�a con su hija MMGC en la Vereda �San Juan�, finca �El Acueducto� del municipio de Quinch�a (Rda.); y (iii) que de acuerdo con lo sostenido por la defensa, el sentenciado est� dispuesto a garantizar mediante cauci�n el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la normativa.

Sin embargo, el punto pol�mico a resolver es lo atinente a si la conducta por la cual fue sentenciado el se�or CAGG ostenta una prohibici�n legal, por lo que debe revisarse lo contemplado en el inciso 2� del art�culo 68A C.P., con el fin de establecer tal aspecto. Tal norma en concreto dispone: �Exclusi�n de beneficios y subrogados penales.

No se conceder�n la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena; la prisi�n domiciliaria como sustitutiva de la prisi�n, ni habr� lugar a ning�n otro beneficio, judicial o administrativo (�) �Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administraci�n P�blica; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captaci�n masiva y habitual de dineros; utilizaci�n indebida de informaci�n privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsi�n, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violaci�n il�cita de comunicaciones; violaci�n il�cita de comunicaciones o correspondencia de car�cter oficial; trata de personas; apolog�a al genocidio; lesiones personales por p�rdida anat�mica o funcional de un �rgano o miembro; desplazamiento forzado; tr�fico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento il�cito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptaci�n; instigaci�n a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricaci�n, importaci�n, tr�fico, posesi�n o uso de armas qu�micas, biol�gicas y nucleares; delitos relacionados con el tr�fico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebeli�n; y desplazamiento forzado; usurpaci�n de inmuebles, falsificaci�n de moneda nacional o extranjera; exportaci�n o importaci�n ficticia; evasi�n fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigaci�n al empleo, producci�n y transferencia de minas antipersonal.� Al efectuar una lectura de tal dispositivo, y en consonancia con lo sostenido por la defensa recurrente, no observa la Sala que la conducta de homicidio simple se encuentre all� enlistada, lo cual de manera objetiva comporta pregonar a priori, que el il�cito por el que fuera sentenciado el se�or CAGG, carece de prohibici�n alguna para la concesi�n de subrogados o sustitutos.

Ahora, no puede desconocer la Sala que en efecto las lesiones que le fueron producidas al se�or RUBIEL DE JES�S GUTI�RREZ GUEVARA fueron graves -entre ellas la amputaci�n del miembro superior izquierdo-, lo que conllev� a que en principio el �rgano encargado de la persecuci�n penal lo tipificara como tentativa de homicidio agravado, pero luego al dar aplicaci�n al principio de legalidad, se ajust� la tipicidad del injusto penal y se retiraron los agravantes endilgados -entre ellos la Sevicia-, para finalmente dejarlo en un homicidio simple en modalidad tentado -tal como se preacord�-.

Pero el que ello hubiere sido as�, no puede llevar al extremo, como lo hizo la a-quo, secundado por la Fiscal�a y agente del Ministerio P�blico, a sostener que la conducta por la que fuera condenado el ciudadano CAGG est� excluida de beneficios, en tanto, como as� se plasm� en el fallo y lo entiende la Sala, las afectaciones que sufri� el se�or RUBIEL GUTI�RREZ no pod�an dejarse de lado y por el contrario deb�a efectuarse una �interpretaci�n� al haberse presentado una p�rdida anat�mica de un brazo.

Esas lesiones, a no dudarlo, se reitera, fueron una de las tantas consecuencias del atentado contra la vida del se�or GUTI�RREZ GUEVARA, pero las mismas en contrav�a de lo ac� sostenido, no pod�an mirarse de manera individual, como si se tratase de un concurso de conductas punibles, cuando la realidad procesal, a la cual debe apegarse el operador jur�dico, ense�a que la �nica ilicitud que le fue imputada, por la que se acus� y fue finalmente condenado el se�or CAGG, fue la tentativa de homicidio simple, nada m�s. Y si ello es as�, lo que deb�a constatar de forma objetiva la funcionaria de primer nivel, era si tal delito ostentaba prohibici�n alguna, esto es, verificar si estaba o no plasmada en el canon 68A C.P., sin lugar a �interpretaciones�, pues como bien lo se�ala un principio general del derecho, �donde la ley no distingue no le es dado al interprete hacerlo�.

Ac� lo que hizo la juez, fue precisamente realizar una �subjetiva interpretaci�n� de los cargos formulados en la acusaci�n, para considerar, en contrav�a del principio de legalidad, que aunque el se�or CAGG hab�a sido condenado por el punible de tentativa de homicidio simple, s� era factible dar aplicaci�n a la norma prohibitiva por cuanto una de las lesiones que con su accionar atent� contra la vida de la v�ctima, est� enlistada en el art�culo 68A C.P., esto es �lesiones personales por p�rdida anat�mica o funcional de un �rgano o miembro�; cuando en momento alguno, se reitera, al ciudadano sentenciado se le formul� imputaci�n, se le acus�, ni mucho menos se conden� por tal conducta.

No se puede perder el norte, en tanto nos encontramos en un Estado Social de Derecho, y por tal raz�n, as� como el legislador cuenta con la potestad de configurar delitos, tambi�n est� facultado para disponer en qu� eventos -cuando se incurre en algunos de ellos- est� prohibido acceder a subrogado o sustituto penal alguno, y ello, a no dudarlo hace parte igualmente del principio de legalidad.

Por lo anterior, sin lugar a mayores disquisiciones al respeto, considera la Sala que la determinaci�n adoptada por la funcionaria de primer nivel, al negar el sustituto de la prisi�n domiciliaria al se�or CAGG, fue equivocada y como quiera que de acuerdo a lo acotado con antelaci�n, para el Tribunal, el sentenciado s� cumple con los requisitos exigidos en los numerales 1� al 3� del art�culo 38B C.P., se revocar� parcialmente la decisi�n adoptada por la funcionaria de primer nivel, y en consecuencia se le conceder� al mismo el sustituto de la prisi�n domiciliaria.

A consecuencia de lo sostenido, deber� garantizar mediante cauci�n prendaria, equivalente a un (1) S.M.L.M.V. que deber� consignar en el Banco Agrario a nombre del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio a la cuenta N� 66001 2048 001, o garantizar su pago a trav�s de p�liza de seguros, el acatamiento de las siguientes condiciones: a) no cambiar de residencia sin autorizaci�n previa del juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad; b) comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el acatamiento de la pena cuando fuere requerido para ello; y c) permitir la entrada a la residencia de los servidores encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi�n. Adem�s, el sentenciado deber� observar los requerimientos de seguridad contenidos en los reglamentos del INPEC para el acatamiento de la prisi�n domiciliaria.

Como quiera que el se�or CAGG, acorde con lo sostenido en el fallo y lo arrimado a la actuaci�n, ya indemniz� los perjuicios de la v�ctima, ning�n compromiso adquirir� a ese respecto. La ejecuci�n de la medida de prisi�n domiciliaria se surtir� en la Vereda �San Juan�, finca �El Acueducto� del municipio de Quinch�a (Rda.), donde residir� con su descendiente MMGC, quien puede ser contactada al abonado 312� A consecuencia de lo ya referido, y con miras a que se proceda por parte del se�or CAGG, a cumplir el fallo de condena dictado en su contra, en su lugar de residencia, como pretensi�n principal y �nica del recurso de alzada, se dispone librar orden de captura en su contra, para tales fines.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo objeto de recurso, y en su lugar SE MODIFICA numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.) en abril 27 de 2023, en el sentido de conceder al sentenciado CAGG la prisi�n domiciliaria en los t�rminos y condiciones establecidos en el cuerpo motivo de esta providencia. Para tales efectos, librar� la respectiva orden de captura.

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura, y por ende esta sentencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, medio por el cual los interesados podr�n interponer el recurso extraordinario de casaci�n, dentro del t�rmino de ley.

COMUN�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado El Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA, salv� parcialmente el voto. Salvo, claro est�, en aquellos casos donde el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la v�ctima, como lo se�ala el art�culo 38 D C.P. Cfr. CSJ SP3103-2016, mar. 09, Rad. 45181. Homicidio en grado de tentativa Radicaci�n: 66400600004720210001902 Procesado: CAGG Confirma sentencia parcialmente S. N� 042 P�gina PAGE 2 de NUMPAGES 9 AB� � � - Q R T � � � � b h ! # � ��Ϳ��nnn]O]OAh;=CJOJQJ^JaJ hllCJOJQJ^JaJ hllhllCJOJQJ^JaJ h�mh�mCJOJQJ^JaJ h�mCJOJQJ^JaJ #h�k�h�k�5�CJOJQJ^JaJ h;=5�CJOJQJ^JaJ h$�h�g]CJOJQJ^JaJ h�k�CJOJQJ^JaJ h�k�h�k�CJOJQJ^JaJ #h�k�h�g]5�CJOJQJ^JaJ h�k�5�CJOJQJ^JaJ B� � R ��\_|�� = dgd C& $da$gd C&dgd�g] $da$gd�g] $d�a$gd�g]d�gd�k�d�gd�g] ~��#.027?[��ҷҬ��}qbUHUHU;Uh C&h�y�CJ^JaJh C&hi~CJ^JaJh C&h}w�CJ^JaJ h$�h�g]CJEH��^JaJh$�h�g]5�CJaJh$�h�g]aJ h$�h�g]5�CJ OJQJaJ +h$�h�g]5�:�B*CJ OJQJaJ phh$�h�g]CJaJ 4jh$�h�g]CJOJQJUaJmHnHtH uh$�h�g]5�CJaJ h$�h�g]CJOJQJ^JaJ h;=h;=CJOJQJ^JaJ [\]^_a{|�� 󿵫��zpz�z�zczVz�h�7�h�y�CJ^JaJh�7�h�NCJ^JaJh;u�CJ^JaJh�7�h|nCJ^JaJh�7�h�H�CJ^JaJh�M�h�M�CJ^JaJh�M�CJ^JaJh�7�CJ^JaJh|nCJ^JaJh C&h�7�CJ^JaJh C&hbfrCJ^JaJh C&h?cUCJ^JaJh C&hJRCJ^JaJh C&h|nCJ^JaJ ��s��{kd$$If�F��0� �"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt�7� $Ifgd�7�dgd C&�� {{ $Ifgd�7�{kd�$$If�F��0� �"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt�7� $H�{{ $Ifgd�7�{kd>$$If�F��0� �"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt�7� "$EFGHIV]lu��̿�٥̘٘̿�~٥�t�gZ�M̋Z~�h�7�hc�CJ^JaJh�7�hJRCJ^JaJh�7�h 8CJ^JaJh�7�CJ^JaJh�7�h/[�CJ^JaJh�7�hl%�CJ^JaJh�7�h��CJ^JaJh C&h|nCJ^JaJh�7�h�CJ^JaJh�7�h &sCJ^JaJh�7�h�y�CJ^JaJh�7�h|nCJ^JaJh�7�h�`�CJ^JaJh�7�h}w�CJ^JaJ HIV��{{ $Ifgd�7�{kd�$$If�F��0� �"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt�7��{{ $Ifgd�7�{kd|$$If�F��0� �"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt�7�op�� 15./06��³��zsf\fL?1h C&h�y�5�CJ^JaJh C&h�y�0J^JaJ hl~h�|0J5�CJ^JaJh;u�CJ^JaJhl~h�y�CJ^JaJ h C&h�y�h C&h�|0J5�^JaJh C&h�|0J^JaJh C&h�|CJ^JaJ hl~hl~CJ OJQJ^JaJ h C&h/j�OJQJ^JaJh C&h/j�CJ^JaJh C&h�7�CJ^JaJh/j�CJ^JaJh C&h|nCJ^JaJh�7�h|nCJ^JaJop�� |||tl``P3�O�7d]�O^�7gd C& ��d]��gd C&dgdl~dgd C&dgd C&{kd$$If�F��0� �"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt�5� /0��3 4 z${$1%3%>%?%Z%[%�%�%�(�(�+�+{-|-�-�-�-�-��dgd C&��d�]��^��gdl~6�� *U^l��7;��7:t��ʺ��󠓠��y��h C&h�:�CJ^JaJh C&hc$�CJ^JaJh C&hd�CJ^JaJh C&h(E}CJ^JaJh C&h/[�CJ^JaJ h C&hnC�5�CJ\�^JaJ h C&h�y�5�CJ\�^JaJh C&h�y�5�CJ^JaJh;u�5�CJ^JaJh C&h�y�CJ^JaJ)�� 9 ? 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