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Por tanto, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela� DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE M�RITOS / DEFINICI�N Y FINALIDAD Mediante los concursos de m�ritos, se establece la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan aspirar a ocupar un cargo p�blico de carrera en igualdad de armas, y es por ello que la administraci�n debe fijar a trav�s de la convocatoria respectiva los par�metros que ser�n de obligatorio acatamiento para los que cumplan los requisitos m�nimos� En el caso sometido a estudio el actor solicit� la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci�n de justicia, por cuanto en su criterio las entidades accionadas no resolvieron en debida forma la reclamaci�n que present� contra los resultados de la prueba escrita.
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE M�RITOS / SUBSIDIARIEDAD / PERJUICIO IRREMEDIABLE � lo que plantea el se�or �ngel Gil, no puede ser objeto de tr�mite por este medio preferente y sumario, por varias razones: (i) es cierto, como lo advirti� el fallador a-quo, para que proceda excepcionalmente la acci�n de tutela era obligaci�n del actor acreditar la existencia de un perjuicio irremediable;
(ii) la convocatoria est� en etapa inicial, lo que advierte que ni siquiera existe una lista de elegible; y (iii) la decisi�n ya adoptada por las accionadas frente a la reclamaci�n del accionante, aunque se trata de un acto de tr�mite, y estos no son demandables ante la Jurisdicci�n Contenciosa Administrativa, s� se podr� cuestionar cuando se impugne el acto final� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n N� 1212 Hora: 3:00 p.m. Radicaci�n: 66001310700220230011101 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el ciudadano �NGEL GABRIEL GIL QUICENO, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), a consecuencia de la acci�n de amparo promovida contra la Comisi�n Nacional del Servicio Civil -en adelante CNSC- y la Universidad Polit�cnico Gran Colombiano, a la que se vincularon oficiosamente al Municipio de Armenia (Q.), al Departamento del Quind�o y a todas las personas que participaron en el proceso de selecci�n 2408 a 2434 �Territorial 8 de 2022, Denominaci�n del empleo: T�cnico operativo de tr�nsito, n�mero OPEC 189497�. 2.- DEMANDA Lo sustancial de los hechos que plantea el se�or �NGEL GIL se pueden sintetizar as�: (i) se inscribi� para le concurso de m�ritos de la Territorial 8 para el empleo con c�digo OPEC 189497, denominado T�cnico Operativo de Tr�nsito;
(ii) en junio 25 de 2023 realizaron la prueba, y los resultados fueron publicados en julio 27 de 2023; (iii) present� reclamaci�n y solicitud de acceso a la prueba escrita; (iv) en agosto 21 accedi� a la prueba y complement� su reclamaci�n; (v) en septiembre 12 recibi� respuesta a su reclamaci�n, pero nunca leyeron el escrito anexo a la reclamaci�n, pues responden preguntas de las que ni siquiera hizo reclamaci�n;
(vi) existe un perjuicio irremediable, por cuanto en septiembre 15 publican los resultados de valoraci�n de antecedentes y ello podr�a afectar su posici�n en la lista de elegibles; y (vii) le han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci�n de justicia. Pide la protecci�n de sus derechos fundamentales, y como consecuencia de lo anterior, se ordene a las entidades accionadas que reconozcan el error y declaren mediante acto administrativo debidamente motivado la raz�n arg�ida en la reclamaci�n y en consonancia con ello, le reconozcan el nuevo puntaje. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admiti� mediante auto de septiembre 14 de 2023, mediante el cual dispuso correr traslado a la CNSC, a la Universidad Polit�cnico Gran Colombiano, y las entidades vinculadas, esto es al municipio de Armenia, el Departamento del Quind�o y los participantes en el proceso de selecci�n 2408 a 2434 �Territorial 8 de 2022, Denominaci�n del empleo: T�cnico operativo de tr�nsito, n�mero OPEC 189497�.
Igualmente, neg� la solicitud de medida provisional. Las accionadas se pronunciaron de la siguiente manera: - El Jefe de la Oficina Jur�dica de la CNSC manifest� que la acci�n de tutela resulta improcedente ya que las pretensiones del actor deben ser dilucidadas ante la jurisdicci�n contenciosa administrativa, m�xime cuando el se�or �NGEL GIL no demostr� la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Por tanto, no existe vulneraci�n de derechos fundamentales, y la acci�n de tutela se debe declarar improcedente. - El apoderado judicial del municipio de Armenia expres� haber informado a la CNSC acerca de las vacantes que exist�an en la alcald�a, con el fin de que dicha instituci�n surtiera el respetivo proceso de selecci�n para proveer los cargos en carrera.
Es decir, la responsabilidad en el proceso recae exclusivamente en la CNSC. - El coordinado general de la Ejecuci�n del Proceso de Selecci�n Territorial 8 de la Universidad Polit�cnico Gran Colombiano, inform� que el accionante fue admitido en el concurso y citado para la respectiva prueba. El se�or �NGEL GIL present� reclamaci�n contra los resultados preliminares de la prueba de competencias funcionales generales, la cual complement� posteriormente, reclamaci�n que fue resuelta en septiembre 12 de 2023 de manera clara, concreta y de fondo.
Sin embargo, el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para buscar la protecci�n de los derechos fundamentales que reclama, como lo es la jurisdicci�n contenciosa administrativa. Solicit� que se declare improcedente la acci�n de tutela, y de manera subsidiaria se niegue el amparo pretendido. - El Secretario de Representaci�n Judicial y Defensa del Departamento del Quind�o, indic� que no son competentes para emitir un pronunciamiento sobre las pretensiones de la acci�n de tutela, toda vez que el cargo para el cual concurs� el actor no corresponde a un empleo ofertado por el Departamento del Quind�o. Por tanto, en este asunto no existe vulneraci�n alguna de derechos fundamentales por parte del ente territorial.
Pidi� que se declare la falta de legitimaci�n en l casa por pasiva contra la el Departamento del Quind�o. 3.2.- Vencido el plazo constitucional, el a quo mediante sentencia de septiembre 26 de 2023 declar� improcedente la acci�n de tutela interpuesta por el se�or �NGEL GABRIEL GIL QUICENO, por cuanto lo pretendido por el actor debe ser dirimido por la jurisdicci�n contenciosa administrativa.
En todo caso, no se demostr� alguna circunstancia especial�sima para que por v�a de excepci�n el juez de tutela resuelva la controversia planteada por el accionante, pues la Corte Constitucional ha sido enf�tica en se�alar que el perjuicio irremediable debe demostrarse por la parte accionante. 4.- IMPUGNACI�N Inconforme con la decisi�n el accionante la impugn�, y argument�: La violaci�n de sus derechos fundamentales persiste, por cuanto no existe otro medio de defensa judicial eficaz diferente a la acci�n de tutela para materializar la protecci�n de estos.
En el fallo se produjo una v�a de hecho por defecto sustantivo y por defecto f�ctico por err�nea e inexplicable hermen�utica utilizada, pues se desconoci� su accionar oficioso, y parece ser que la sentencia no fue proyectada por el mismo juez, sino por un auxiliar, toda vez que el an�lisis es �paup�rrimo y no goza de razonabilidad jur�dica�, y se confunde la hermen�utica con parafrasear un par de sentencias de la Corte Constitucional.
La sola posici�n en la lista de elegibles materializa el perjuicio irremediable, y solo est� en cabeza del juez de primera instancia pensar que la herramienta adecuada para proteger sus derechos es la jurisdicci�n administrativa. Pide excusas por el uso de t�rminos que parecieran despectivos o que materializan visceralidad, pero se trata de su futuro laboral, y da impotencia que la Universidad de abrogue la facultad de decidir contrario a derecho que la acci�n de tutela es improcedente, cuando saben que si el an�lisis se hace de fondo se advirtiera la �tremenda sandez expresada en la respuesta�.
Por tratarse de derechos fundamentales se debe ser en extremo meticulosos, y el juez administrativo en sede de tutela debe usar una hermen�utica m�s compleja, pues requiere no solo la norma que regula la jurisdicci�n contencioso-administrativa, sino un conocimiento general y profundo de todo el ordenamiento jur�dico colombiano. El error de t�cnica jur�dica en la interpretaci�n por aplicaci�n exeg�tica de la ley sin confrontaci�n con la constituci�n, resulta inaplicable.
Los jueces se presumen sabios y es desconcertante que se llame hermen�utica constitucional al uso de una minuta sobre improcedencia de la acci�n de tutela, pues ello hace que se desprestigie la funci�n de un juez de la rep�blica y su posici�n respecto de un hombre con inteligencia por encima del promedio. Solicita: (i) que el despacho lega en su integridad las sentencias para que se emita un fallo coherente;
(ii) que se revoque el fallo por no lectura de las p�ginas con el acervo probatorio, lo que materializ� una v�a de hecho; (iii) se tutele la protecci�n de sus derechos fundamentales y obligue a la universidad a reconocer el error en la resoluci�n que resolvi� la reclamaci�n a la prueba; (iv) que se env�en todos los documentos del proceso a los involucrados en la Territorial y en especial la sentencia, para que se conozca la maravillosa hermen�utica realizada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira; y (v) que se eval�e la controversia con el respectivo an�lisis de todos los documentos aportados y que se decreten de oficio las pruebas que sean necesarias. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), acorde con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en el fallo opugnado, en cuanto declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por el se�or �NGEL GABRIEL GIL QUICENO. De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalid�ndolo, modific�ndolo o revoc�ndolo, seg�n se desprende de lo pedido por el recurrente. 5.2.- Soluci�n a la controversia De acuerdo con el art�culo 86 Superior, toda persona podr� acudir a la tutela para reclamar la protecci�n de sus derechos constitucionales fundamentales, y proceder� contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, o particulares seg�n se trate, siempre que �el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu�lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�.
Como quiera que la acci�n de tutela fue consagrada expresamente por el constituyente como un tr�mite preferente y sumario que procede s�lo en las situaciones aludidas, en principio no resulta procedente para controvertir actos administrativos toda vez que para ello est� prevista la v�a administrativa; sin embargo, en una actitud previsiva del constituyente primario, se abri� la posibilidad para que de manera excepcional y de acuerdo con las caracter�sticas del caso, se pudiera utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garant�as superiores que requieran soluci�n inmediata.
Por tanto, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque como bien lo ha planteado en varias ocasiones la Corte Constitucional, se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales. El art�culo 86 C.P, en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva);
(ii) la�inmediatez; y (iii) la subsidiariedad. En cuanto a los dos primeros requisitos, la Corporaci�n no har� ning�n estudio, toda vez que sobre ellos no existe controversia alguna; empero, en cuanto a la subsidiariedad, se dir� lo siguiente: Mediante los concursos de m�ritos, se establece la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan aspirar a ocupar un cargo p�blico de carrera en igualdad de armas, y es por ello que la administraci�n debe fijar a trav�s de la convocatoria respectiva los par�metros que ser�n de obligatorio acatamiento para los que cumplan los requisitos m�nimos; es decir, la convocatoria es la norma que regula todo concurso y obliga tanto a la administraci�n como a las entidades encargadas de su realizaci�n e igualmente a las personas que participaran en las mismas, quienes de contera desde el momento de la inscripci�n aceptan de manera t�cita todas las condiciones all� contenidas.
Obs�rvese: �La convocatoria es �la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administraci�n, como a las entidades contratadas para la realizaci�n del concurso y a los participantes�, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, enti�ndase administraci�n y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los par�metros que guiar�n el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza leg�tima, esperan su estricto cumplimiento.
La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertir�a en una trasgresi�n de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, as� como el respeto por las leg�timas expectativas de los concursantes.
En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculaci�n y autocontrol porque la administraci�n debe �respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selecci�n de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.� En el caso sometido a estudio el actor solicit� la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci�n de justicia, por cuanto en su criterio las entidades accionadas no resolvieron en debida forma la reclamaci�n que present� contra los resultados de la prueba escrita.
Frente a esa especifica pretensi�n, y luego de correr a las entidades accionadas, el despacho de primer grado declar� improcedente la acci�n de tutela; no obstante, el actor se mostr� inconforme con la decisi�n adoptada por el juzgado y sus argumentos principalmente se resumen: (i) en la presunta ausencia de valoraci�n por parte del fallador de las pruebas que fueron aportadas en la acci�n de tutela; y (ii) una limitada argumentaci�n en cuanto al tema de la procedencia de la acci�n de tutela.
Previo a analizar el problema jur�dico planteado por el actor, se llama fuertemente la atenci�n al ciudadano para que en futuras intervenciones ante la judicatura emita sus pronunciamientos con el mayor respeto ante los administradores de justicia, toda vez que los t�rminos utilizados en el recurso de impugnaci�n resultan totalmente desproporcionados frente a la labor que realiz� el servidor judicial al momento de decidir la acci�n de tutela.
En efecto, existe una carga argumentativa por parte del funcionario al momento de decidir una acci�n de tutela, y esa fue la labor que cumpli� el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado en este asunto, toda vez que no es un simple capricho el an�lisis de procedibilidad de la acci�n de tutela, y por el contrario se convierte en una obligaci�n realizar el test, m�xime cuando se trata de un asunto que por su naturaleza en principio debe ser conocido por el juez natural, en este caso el juez contencioso administrativo.
Ahora, lo que plantea el se�or �NGEL GIL, no puede ser objeto de tr�mite por este medio preferente y sumario, por varias razones: (i) es cierto, como lo advirti� el fallador a-quo, para que proceda excepcionalmente la acci�n de tutela era obligaci�n del actor acreditar la existencia de un perjuicio irremediable; (ii) la convocatoria est� en etapa inicial, lo que advierte que ni siquiera existe una lista de elegible; y (iii) la decisi�n ya adoptada por las accionadas frente a la reclamaci�n del accionante, aunque se trata de un acto de tr�mite, y estos no son demandables ante la Jurisdicci�n Contenciosa Administrativa, s� se podr� cuestionar cuando se impugne el acto final, en este caso, el que disponga la lista de elegibles.
Sobre la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra actos administrativos de tr�mite, la Corte Constitucional indic� en sentencia SU-077/18: �13.��El art�culo 43 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo define los actos definitivos como aquellos que��(�) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuaci�n�. � Por regla general, seg�n lo dispone el art�culo 74 de la normativa en cita, contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos: �1.
El de reposici�n, ante quien expidi� la decisi�n para que la aclare, modifique, adicione o revoque; 2. El de apelaci�n, para (sic) ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo prop�sito (�) y; 3. El de queja, cuando se rechace el de apelaci�n (�)�. � De otra parte, los actos de tr�mite, que comprenden los preparatorios, de ejecuci�n y, en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no crean, modifican o extinguen una situaci�n jur�dica concreta, sino que est�n encaminados a contribuir con su realizaci�n. Con respecto a dichos actos, esta Corporaci�n ha establecido que��(�) no expresan en conjunto la voluntad de la administraci�n, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formaci�n de la decisi�n administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayor�a de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jur�dicas.� � 14.��La distinci�n entre actos definitivos y de tr�mite obedece a la forma que adoptan las actuaciones de la administraci�n, en la que se adelantan actos previos para la determinaci�n o alteraci�n de una situaci�n jur�dica -preparatorios-, se emiten decisiones que crean, modifican o extinguen la situaci�n jur�dica concreta -definitivos- y se realizan diversos actos dirigidos a ejecutar u obtener la realizaci�n efectiva de la decisi�n de la administraci�n -de ejecuci�n-. � La diferenciaci�n en menci�n es relevante para determinar cu�les son los mecanismos de contradicci�n con los que cuentan los ciudadanos. As� pues, mientras el art�culo 74 del CPACA prev� los recursos que proceden contra los actos definitivos, el art�culo 75�ib�dem�establece que��[n]o habr� recurso contra los actos de car�cter general, ni contra los de tr�mite, preparatorios, o de ejecuci�n excepto en los casos previstos en norma expresa.� � La jurisprudencia constitucional se ha referido a la clasificaci�n de los actos antes descrita.
En particular, en la�sentencia C-557 de 2001, este Tribunal�indic�: � �(�) los actos de tr�mite son �actos instrumentales�, que integran el procedimiento anterior a la decisi�n que finalmente resuelva el asunto y sus defectos jur�dicos podr�n cuestionarse cuando se impugne el acto definitivo, el cual podr� ser inv�lido, v.gr., por haberse adoptado con desconocimiento del procedimiento previo que constituye requisito formal del mismo acto.
Por lo tanto, es necesario esperar a que se produzca la resoluci�n final del procedimiento para poder plantear la invalidez del procedimiento por haberse presentado anomal�as en los actos de tr�mite.� � 15.��De la clasificaci�n de los actos de la administraci�n y, en particular, la categor�a de actos de tr�mite, se deduce que por regla general la tutela es improcedente para cuestionarlos, en la medida en que no expresan en concreto la voluntad de la administraci�n y son susceptibles de control por parte del juez natural del asunto cuando se controvierta la legalidad del acto administrativo definitivo. � En la�sentencia SU-201 de 1994,�la Corte Constitucional indic� que corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto, seg�n las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de tr�mite tiene la virtud de definir una situaci�n especial y sustancial dentro de la actuaci�n administrativa y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneraci�n de un derecho constitucional fundamental.
Entonces, en caso de ser as�, la tutela es procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acci�n de la administraci�n. � En ese orden de ideas, la tutela procede excepcionalmente para cuestionar actos administrativos de tr�mite, cuando constituya una medida preventiva,��(�) encaminada a que la autoridad encauce su actuaci�n conforme a los preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional y, consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea leg�timo, es decir, ajustado al principio de legalidad�. � Ahora bien, esta Corporaci�n ha se�alado que para que excepcionalmente sea procedente el mecanismo de amparo para cuestionar la legitimidad de tales actos, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la actuaci�n administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido;
(ii) que el acto acusado defina una situaci�n especial y sustancial que se proyecte en la decisi�n final; y (iii) que ocasione la vulneraci�n o amenaza real de un derecho constitucional fundamental. � En el mismo sentido, de forma reciente la Corte�ha considerado que contra los actos de tr�mite procede excepcionalmente la acci�n de tutela�cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situaci�n sustancial dentro de la actuaci�n administrativa y ha sido fruto de una actuaci�n��abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garant�as establecidas en la Constituci�n�.
En el asunto objeto de an�lisis, se observa que no se cumple con todas las situaciones aludidas en la jurisprudencia en cita para predicar que la acci�n de tutela sea el mecanismo id�neo para discutir acerca de la irregularidad que se plantea respecto a la decisi�n que tuvo la Universidad Polit�cnico Gran Colombiano de la reclamaci�n presentada por el se�or �NGEL GIL de los resultados de la prueba escrita.
Veamos: Aunque la etapa respecto de la cual presenta su inconformidad el actor a�n no ha concluido, y ella define una situaci�n especial que se puede ver reflejada en la decisi�n final (enti�ndase la lista de elegibles), no por ello se puede concluir como lo hace el actor, que se causa un perjuicio irremediable y una amenaza real de su derecho al debido proceso.
Y as� es, porque la situaci�n que no comparte el demandante se desenvuelve sobre una mera expectativa de poder quedar en una mejor posici�n dentro de la lista de elegibles. Se insiste, no hay lugar a predicar que la acci�n de tutela sea el mecanismo id�neo para evitar un perjuicio irremediable, m�s cuando su ocurrencia debe estar debidamente demostrada.
Y para el presente caso ello no ha ocurrido, puesto que el accionante solo se refiri� a la situaci�n problem�tica que ata�e con la afectaci�n al debido proceso respecto de la aparente falta de an�lisis que tuvo la entidad accionada al momento de valorar la reclamaci�n que hizo contra el resultado de la prueba escrita, pero esa mera circunstancia te�rica no lleva aparejada por s� sola, ni es suficiente, para que el juez de tutela usurpe la labor que debe ser realizada por la jurisdicci�n ordinaria.
Finalmente, censura el accionante que el juez de primera instancia no haya valorado las pruebas que fueron aportadas con la demanda de tutela, y el no haberse ordenado de oficio otras pruebas que pudieran ser necesarias para resolver de fondo el asunto; sin embargo, ese an�lisis que se pide indudablemente le correspond�a al juez a-quo realizarlo de haber declarado la procedencia de la acci�n de tutela, por cuanto ser�an elementos importantes para poder decidir si exist�a o no una flagrante vulneraci�n de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, pero ello no pudo ser as�, como quiera que no se super� el mencionado test.
Por lo anterior, se confirmar� la determinaci�n proferida por la primera instancia, en el sentido de declarar improcedente el amparo. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.) en septiembre 26 de 2023, dentro de la acci�n de tutela presentada por el se�or �NGEL GABRIEL GIL QUICENO contra la CNSC y la Universidad Polit�cnico Gran Colombiano.
SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Sentencia SU-446/11. Sentencia de tutela 2� instancia N� 175 Radicaci�n: 660013107002 2023 00111-01 Accionante: �ngel Gabriel Gil Quiceno Se confirma P�gina PAGE 9 de NUMPAGES 9 EF� � � � � �, - � � �һ����ydL5!&h��CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h��h��CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h�`Dh��5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h��5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hd{ hd{ CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�`Dhd{ CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�`DCJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�`Dh�`DCJOJPJQJ^JaJ nH tH /h�`Dhd{ 5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�`D5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH F� � - � � �������+EF��������������������� $da$gd�2*dgdd{ $da$gdd{ $d�a$gdd{ d�gdGmkd�gd��d�gd�`Dd�gdd{ � � � � � '��������kT=Tk&,hGmkh��CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hGmkh�L�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hGmkhGmkCJOJPJQJ^JaJ nH tH &hGmkCJOJPJQJ^JaJ nH tH /h�`DhGmk5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�L�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )hGmk5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h��CJOJPJQJ^JaJ nH tH &hd{ CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h��h��CJOJPJQJ^JaJ nH tH ������+EFNOV���մ�~�mYF;0%h�2*h�>zCJaJh�2*h]C�CJaJh�2*h��CJaJ$hd{ hd{ CJEH��PJaJnH tH 'hd{ hd{ 5�CJPJ^JaJnH tH hd{ hd{ PJ^JaJnH tH /hd{ hd{ 5�CJ 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