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Ref: Proceso ordinario de Mar�a Claudia Isabel Torres Amaya y William Eduardo Homez Guzm�n contra Catalina Perico Ram�rez S�nchez (Discutido y aprobado en sesi�n de la misma fecha). Se decide el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2012 por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Descongesti�n de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES 1. Los se�ores Mar�a Claudia Isabel Torres Amaya y William Eduardo Homez Guzm�n promovieron proceso ordinario contra Catalina Perico Ram�rez S�nchez, para que se declare la nulidad del contrato de compraventa que suscribieron el 25 de agosto de 2008 respecto de los inmuebles ubicados en la calle 145 A No. 13 A-74, apartamento 108 y garaje 8, contenido en la escritura p�blica No. 1702 otorgada en la Notar�a 69 de Bogot�, y que, en consecuencia, se le ordene restituirle dicho bien junto con los frutos civiles y naturales percibidos desde esa fecha hasta que se verifique la entrega.
Solicit� tambi�n que se condene a la indemnizaci�n de los perjuicios ocasionados por la mora en el pago del precio pactado (fls. 5-10, cdno. 1). 2. Para sustentar las pretensiones, los demandantes adujeron que en virtud del aludido contrato de compraventa, los demandantes le transfirieron a la se�ora Catalina Ram�rez S�nchez el dominio de los inmuebles identificados con la matr�cula inmobiliaria No. 50N-20208825 Y 50N-20208875, pero esta no le cancel� el saldo del precio convenido correspondiente a la suma de $8�000.000,oo, no obstante haberse estipulado su pago de contado y en efectivo.
Agreg� que su consentimiento fue viciado, pues fue enga�ado y presionado para suscribir un documento en el que las cl�usulas ri�en con la verdad, al punto que la minuta presentada por el apoderado del comprador da �aparente legalidad a una transacci�n llevada a cabo de forma il�cita�, dado que lo hizo �incurrir en error en la naturaleza del acto� por hacerle creer que era una retroventa� (fl. 15, cdno. 1). c) Puntualiz� tambi�n que en ese instrumento se hizo figurar como soltero, pese a ser casado y con sociedad conyugal vigente; que en �l se dijo que la entrega del predio se hab�a hecho, lo cual no era cierto, pues con esa finalidad tuvo que adelantarse un juicio por el comprador ante el Juzgado 36 Civil Municipal, por lo que el se�or Ochoa entr� a poseer el 22 de enero de 2003. d) A�adi� que mediante la escritura p�blica No. 435 de 10 de febrero de 2003, otorgada en la Notar�a 12 de Bogot�, el demandado vendi� el referido inmueble a la se�ora Martha Gonz�lez Urrego por la suma de $19�000.000,oo, lo que resulta extra�o porque seg�n el dictamen pericial practicado en �ste �ltimo Juzgado, el predio fue avaluado en $36�000.000,oo. e) Finalmente, afirm� que la venta realizada al se�or Ochoa se hizo en vigencia de un embargo decretado por el juzgado otorgada a favor de Etelvina Pedraza de Ochoa, cuya cancelaci�n s�lo se verific� hasta el 3 de febrero de 2003, seg�n escritura p�blica No. 435, otorgada en la Notar�a 21 de Bogot�. 3.
Admitida la demanda por auto de 8 de agosto de 2006, de ella se dio traslado al demandado, quien formul� las excepciones de m�rito que denomin� �transacci�n�; �pleito terminado�; �fraude�; �perjuicios�; �falsedad�; �cosa juzgada�; �temeridad y mala fe� (fls. 82 a 91, cdno. 1). 4. Por su parte, la se�ora Martha Gonz�lez Urrego, vinculada al juicio tras ser estimada una de las excepciones previas, se opuso a las pretensiones mediante las defensas que denomin� �ausencia de causa para demandar�; �cosa juzgada�; �temeridad y mala fe�. 5.
As� mismo, la se�ora Gonz�lez formul� demanda de reconvenci�n para que se declare la validez de las escrituras p�blicas Nos. 1313 de 10 de abril de 2002 y 445 de 12 de febrero de 2003, otorgadas en las Notar�as 4� y 12 de Bogot�, y se le indemnicen los perjuicios que resulten probados en el marco del proceso. Como sustento de sus pretensiones, adujo que ella es propietaria y poseedora del bien inmueble identificado con la matr�cula inmobiliaria No. 50S-40008391, como lo evidencia el certificado de tradici�n y libertad; que adquiri� el dominio del se�or Pedro Alfonso Ochoa P�rez, y que la negociaci�n se verific� por $19�000.000,oo con arreglo a las disposiciones vigentes, tiempo desde el cual ha usufructuado y le ha realizado diferentes mejoras al bien.
Frente a dichas pretensiones, el demandante principal invoc� la excepci�n de �inexistencia de la causal invocada� (fls. 4-9, cdno. 6). LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Tras recordar las causales de nulidad absoluta y precisar los conceptos de retroventa y daci�n en pago, el juez neg� las pretensiones de la demanda principal por hallar probada la excepci�n denominada �ausencia de causa para demandar [e] inexistencia de causa de nulidad� frente al contrato de venta contenido en la escritura p�blica No. 1313 de 10 de abril de 2002, celebrado entre el se�or Pedro Pablo Charres L�pez, como vendedor, y Pedro Alfonso Ochoa P�rez, como comprador del inmueble.
Igualmente, desestim� la solicitud de nulidad invocada respecto de la escritura p�blica No. 445 de 12 de febrero de 2006, otorgada en la Notar�a 12 de Bogot�, declar� que el derecho de propiedad de la se�ora Gonz�lez �sigue teniendo plena validez�, y orden� el levantamiento de las medidas cautelares. Para arribar a dichas conclusiones, el juzgador se�al� que el demandante, am�n de que no aport� los contratos de compraventa celebrados entre las partes, no soport� probatoriamente los hechos en que finc� sus pretensiones, por lo que sus dichos no pasan de ser apreciaciones �subjetivas� y �vagas�, pues no existe sustento f�ctico, jur�dico y menos probatorio que den firmeza al decir del demandante� (fl. 215, cdno. 1).
EL RECURSO DE APELACION La recurrente pidi� que se revoque la sentencia y se declare la nulidad del contrato de compraventa contenido en la escritura p�blica No. 1313, porque el se�or �Charres la firm� sin leerla, confiado en cuanto le dijo el abogado Rubio, quien lo tim� en forma descarada e injusta al arrebatarle su vivienda y la de su esposa� (fl. 5, cdno. 12).
Se�al� tambi�n que en la contestaci�n de la demanda qued� establecido que el demandado no recibi� �dinero alguno por la venta de la casa ($17�500.000) por haber emergido a una daci�n en pago�, pero, en forma contradictoria, agreg� que �la tal daci�n en pago no ha existido sino en la mente h�bil y argumentaci�n (sic) del abogado Rubio para enga�ar a Ch�rres L�pez� (fl. 5, cdno. 12).
Finalmente, insisti� en que en el referido instrumento p�blico se incluyeron cl�usulas que no corresponden a la realidad, y reconoci� que en el proceso �no hay tal vez las suficientes pruebas� por eso fracas� en la denuncia ante la Fiscal�a y ahora parece� que �va� a correr la misma suerte� (fl. 5, cdno. 12). CONSIDERACIONES 1. Sea lo primero advertir que la competencia del Tribunal se circunscribe a las decisiones que le fueron desfavorables al se�or Pedro Pablo Charres L�pez (C.P.C., art. 357), m�s concretamente a aquellas en virtud de las cuales se negaron las pretensiones de su demanda y se declar�, en el marco de la demanda de reconvenci�n, que el derecho de propiedad de la se�ora Martha Gonz�lez Urrego �sigue teniendo plena validez� (fl. 216, cdno. 1), sin que la Sala pueda ocuparse de otras s�plicas formuladas por la se�ora Gonz�lez, quien no apel� la sentencia del juzgador. 2.
Con esta aclaraci�n, desde ya se anuncia la confirmaci�n del fallo por las siguientes razones: �Ahora bien, por su importancia para la definici�n de este caso, es �til recordar que s�lo pueden venderse los bienes cuya enajenaci�n no est� prohibida por la ley (C.C., art. 1866), la que considera que hay objeto il�cito en la transferencia de las cosas embargadas por decreto judicial (art. 1521, ib.).
Por eso la Corte de Casaci�n ha puntualizado que �la obligaci�n de dar tiene por objeto hacer tradici�n de un derecho real, esto es, enajenar. Tal objeto es il�cito si consiste en enajenar cosa que a la saz�n est� embargada por decreto judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (ordinal 3� art�culo 1521). Luego es absolutamente nulo el contrato creador de obligaci�n cuyo objeto sea hacer tradici�n de cosa sujeta a embargo, excepto en los dos casos anteriormente citados� (Cas Civ, de 14 de diciembre/76).� En efecto, resulta incontestable que los se�ores Torres y Homez no pod�an vender esos inmuebles porque seg�n el art�culo 1521 de dicha codificaci�n, hay objeto il�cito en la transferencia de las cosas embargadas por decreto judicial.
En virtud del material probatorio recaudado, est� plenamente establecido que para la fecha de la venta el inmueble se encontraba fuera del comercio porque sosten�a el gravamen especial del patrimonio de familia inalienable como consta en el certificado de matr�cula inmobiliaria, lo cual de conformidad con los postulados del art�culo 1521 del c�digo civil constituye objeto il�cito.� se avizora que a la fecha de celebraci�n del negocio jur�dico cuestionado, perfeccionado por escritura p�blica No. 1629 de 30 de septiembre de 1974, dejan en claro que tal acto se produjo cuando a�n se encontraba el bien embargado, tanto porque la inscripci�n de la medida segu�a vigente, como porque en el proceso nada se hab�a dispuesto sobre la petici�n de desembargo como consecuencia del pago, pues como ya se vio, �sta s�lo vino a responderse afirmativamente el 12 de noviembre de 1974, cuando se prob� el pago de los honorarios a los peritos y el desembargo ordenado en el ejecutivo laboral.
Puestas de este modo las cosas, como no obra en el expediente prueba alguna que permita inferir que la enajenaci�n impugnada se hubiera efectuado previa autorizaci�n del juez o consentimiento del acreedor para cuya garant�a se decret� la aludida cautela. a. En primer lugar, porque en el expediente no obra ninguna prueba del vicio del consentimiento alegado por el se�or Charres, espec�ficamente del error de hecho sobre la especie de contrato que celebr� con el se�or Ochoa, como tampoco del enga�o o presi�n del que supuestamente fue objeto por parte del abogado Rubio Vivas.
Ninguno de los testimonios recibidos da cuenta de los hechos irregulares alegados por el demandante principal, pues la mayor�a de ellos se limit� a manifestar el conocimiento que ten�an del se�or Charres o de la se�ora Gonz�lez como propietarios �en determinadas �pocas- del predio ubicado en la calle 53 sur No. 100 A -03 de Bogot�. Y aunque el se�or Jos� Alonso Mart�nez Ar�valo hizo menci�n a una �estafa�, no se puede perder de vista que se trata de un testigo de o�das, pues su conocimiento sobre el particular tiene origen en comentarios que le hizo el propio libelista (��l me coment�; fls. 182 y 183, cdno.1), al punto que interrogado sobre la venta, respondi� que �mucho conocimiento no tengo de eso�, �no estoy informado� (fl. 183, ib.).
Tampoco existe evidencia de ilicitud en el objeto o en la causa, por lo que es innegable que el se�or Charres no cumpli� con la carga probatoria que le impon�a el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil. b. En segundo lugar, porque aunque se acepte que el negocio jur�dico celebrado mediante escritura p�blica No. 1313 de 10 de abril de 2002, otorgada en la Notar�a Cuarta de Bogot�, no fue una compraventa lisa y llana, sino una venta con pacto de retroventa �como lo afirm� el demandante en su interrogatorio de parte (fl. 196, cdno. 1)-, o que ella �emerge de una daci�n en pago� (fl. 83, ib.), como lo se�al� el demandado en su contestaci�n a la demanda y se lo expres� �en su momento- el ejecutante al juez que adelantaba la ejecuci�n contra el hoy demandante (fl. 251, cdno. 7), lo cierto es que el s�lo hecho de utilizar la arquitectura de un determinado contrato para materializar otro tipo de negociaci�n no configura, per se, un error sobre la especie de contrato que se celebra constitutivo de vicio del consentimiento (C.C., art. 1510), el cual reclama, como conditio sine qua non, que exista discrepancia total entre las voluntades de las dos partes y que, de no ser por ese vicio, el contratante afectado, ni habr�a ajustado el contrato, ni se habr�a equivocado sobre su especie.
As� lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia al se�alar que �El error in negocio implica una discordancia no solamente entre la voluntad declarada y la voluntad efectiva de cada una de las partes, sino tambi�n entre la voluntad de la una y la voluntad de la otra, que, por lo mismo, no se han encontrado y no han podido confluir para conformar un acuerdo�, por manera que �si la ley, as� en el caso de error sobre la especie del acto o contrato como en el caso de error sobre la identidad del objeto, desconoce el respectivo acto jur�dico por vicio del consentimiento, es porque parte de la base de que el contratante no habr�a contratado ni se hubiera equivocado sobre la naturaleza del contrato o la identidad del objeto y porque considera que esa equivocaci�n neutraliz� su voluntad, la cual no pudo, por ello mismo, crear un acto jur�dico v�lido� (G.J. XLIII, pag. 534).
Desde esa perspectiva, el haber utilizado la figura de la venta para hacer efectivo el pago de una obligaci�n, en la que, seg�n el demandante, se acord� un �pacto de retroventa� (fl. 196, cdno. 1), a lo sumo podr�a evidenciar una simulaci�n relativa, lo que explicar�a que el se�or Charres alegue que en realidad no recibi� dinero alguno por concepto del precio, o que su contenido no es cierto (p. ej., en lo tocante a la entrega del inmueble).
Pero, se insiste, esa apariencia no revela un vicio del consentimiento por error en la especie de contrato. c. En tercer lugar, porque tampoco existe prueba de un motivo de invalidez del contrato de compraventa que celebraron Pedro Alfonso Ochoa P�rez y Martha Gonz�lez Urrego. Que esa venta le cause �extra�eza� al se�or Charres (hecho 11; fl. 16, cdno.1), es insuficiente para provocar una declaraci�n de nulidad de ese negocio jur�dico. d. Y en cuarto lugar, porque la circunstancia de haberse transferido la propiedad del bien por un precio inferior a su valor comercial, no significa necesariamente que haya habido enga�o, menos a�n si se consideran los antecedentes de la negociaci�n, en concreto la deuda que ten�a el se�or Charres y la ejecuci�n que se adelantaba en su contra. 3.
En este orden de ideas, como el demandante no prob� que fue �enga�ado y timado� (fl. 5, cdno. 12), sus pretensiones no pod�an prosperar, al margen de que el juez se hubiere equivocado en cuanto a la prueba de los contratos censurados, los cuales, ciertamente obran a folios 4 a 11 del cuaderno principal. As� las cosas, se confirmar� la sentencia apelada, sin condena en costas, por no aparecer causadas.
DECISION Por el m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� D.C., Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2012 por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Descongesti�n de la ciudad, dentro del proceso de la referencia. Sin costas, por no aparecer causadas.
NOTIFIQUESE. NESTOR JULIO ECHEVERRY ARIAS Magistrado LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ Magistrado CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado Teniendo como marco lo anterior y con especial inter�s lo concerniente al tema de la inalienabilidad de los bienes sobre los que pesa el gravamen especial del patrimonio de familia, Basta precisar que por mandato expreso del art�culo 1866 establece �Se pueden vender todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenaci�n no est� prohibida por la ley,� (Se subraya) de all� que se pueda inferir que en el caso que ocupa la atenci�n de la sala contrar�a tal normatividad, pues si el bien motivo del contrato de compraventa a que se contrae la escritura p�blica 1190 para cuando se otorg� el 22 de mayo de 2000 como ya antes se dijo estaba sometida al gravamen especial del patrimonio de familia inalienable, en esas condiciones no era susceptible de ser enajenado, es decir su venta estaba prohibida. 3.
En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, aunque las s�plicas impetradas en el libelo introductorio, no guardan estricta relaci�n con la validez del memorado acuerdo de voluntades, basta precisar que tanto para la doctrina y como para la jurisprudencia que ante el escrutinio relacionado con el equilibrio de las prestaciones econ�micas acordadas, ora de cara al debate propio de la disciplina contractual que rige el roll de los protagonistas, se impone para el juzgador, ab initio, comprobar la ausencia de obst�culos jur�dicos que desemboquen en los motivos de nulidad absoluta que por su gravedad es imperativo averiguar ex officio.
(Cfme. Ley 50 de 1936 -art�culo 1742 del C�digo Civil-). 4. Pues bien, como viene de verse, el quit de ahora deriv� de la promesa de compraventa celebrada entre el demandante -como vendedor- y la demandada -como compradora- materializado en al escritura p�blica No. 1917 otorgada en la Notar�a 19 de Bogot�, el junio 17 de 1994, respecto del inmueble ubicado en la calle 68 Bis No. 99 A-36, con matr�cula inmobiliaria No. 050 0181090 y repasados tales documentos evidencia la Sala que el contrato otrora prometido qued� contaminado de un vicio que, sin duda, afecta su validez.
En efecto, el C�digo Civil al gobernar el objeto como requisito que debe concurrir en los actos o declaraciones de voluntad, en lo que hace a la enajenaci�n, previ� su ilicitud cuando se trate de "cosas que no est�n en el comercio" o se hubieren "embargado por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello", de donde aflora palmar que en la especie de esta litis la compraventa historiada, termina en motivo de nulidad absoluta.
Se soporta la conclusi�n precedente en que analizada la historia registral del predio que refleja la copia del folio de matr�cula aludido (fls. 2, 3, 12 y 13, cdno. 1), queda al descubierto que para cuando se celebr� el primer acuerdo de voluntades ajustado el 1� de marzo de 1994 (fl. 78 y 79, cdno. 1); otorg� el propio t�tulo escriturario; present� para su registro; m�s a�n: en la �poca en que �ste se present� para su inscripci�n, sobre el inmueble de marras reca�a medida cautelar de embargo, radicada el 21 de septiembre de 1993, por orden del Juzgado 31 Civil del Circuito, en el interior del hipotecario que Cecilia G�mez de Blanco le promovi� a Cruz Enrique Hern�ndez Fern�ndez (anotaci�n No. 11), que sin soluci�n de continuidad se mantuvo luego por determinaci�n del Juzgado 23 Civil del Circuito, pronunciada en el interiuor de la ejecuci�n que impetr� Mercedes Zambrano (anotaci�n No. 13 ).
Cumple recordar que el objeto, entendido como la cosa materia de las prestaciones que se pretenden realizar con el negocio, es un elemento esencial del acto jur�dico, de modo que sin su presencia �ste no puede producir efectos. Los requisitos respecto de este elemento se reducen, bien se sabe, a su posibilidad, determinaci�n y licitud. Y en el caso que ahora ocupa la atenci�n del Tribunal, es indubitable el cumplimiento de los dos primeros, mas no, como se dijo, del �ltimo.
Incontrovertible resulta, en ese puntual estado de cosas, que durante la temporalidad del acotado acuerdo de voluntades, por cuenta de la cautela descrita, el propietario - demandante en la acci�n de lesi�n enorme, no ten�a, en puridad, el derecho de disposici�n del dominio del aludido bien ra�z, lo que apareja que la negociaci�n realizada, al margen de que la compradora hubiere tenido conocimiento de esa situaci�n, no pueda superar exitosamente sus presupuestos de validez, pues, resulta claro que respecto de esa modalidad de vicio est� descartada la figura del saneamiento.
Es m�s tal problem�tica persisti�, al punto que cuando se expidi� la copia del certificado allegado (30 06 98), en orden a satisfacer la inadmisi�n de la demanda que dispuso el Juzgado del conocimiento, la medida manten�a vigor. Sobre el punto, se tiene dicho que �Con arreglo al C�digo Civil Colombiano, para que una persona se obligue a otra por acto o contrato, se requiere que �ste, a m�s de reunir otros requisitos, recaiga sobre el objeto l�cito (art. 1502, ord. 3�).
Si el objeto es il�cito, el contrato generador de la obligaci�n es absolutamente nulo, como con toda claridad lo pregonan los art�culos 1740 y 1741. �La obligaci�n de dar tiene por objeto hacer tradici�n de un derecho real, esto es, enajenar. Tal objeto es il�cito si consiste en enajenar cosa que a la saz�n est� embargada por decreto judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (art. 1521, ord. 3�).
Luego es absolutamente nulo el contrato creador de obligaci�n cuyo objeto sea hacer tradici�n de cosa sujeta a embargo, excepto en los dos casos anteriormente citados ( ). Y no se diga que los dos primeros casos del art�culo 1521 se refieren a nulidad absoluta, en tanto que los dos �ltimos s�lo ata�en al inter�s del demandante en el proceso en que se ha decretado el embargo o se ha registrado la demanda; porque todos cuatro, sin excluir ni uno solo, configuran objeto il�cito, o sea que concierten al inter�s p�blico y generan por igual nulidad de aquella especie, no apenas relativa " (CSJ, Cas.
Civil, Sent. dic. 14/76). Luego se reiter� que �En este orden de ideas, para comprender a cabalidad el genuino significado del numeral 3� del art�culo 1521 del C�digo Civil y evitar as� incurrir en inaceptables pretensiones invalidativas que cual sucede con la formulada de manera principal por el actor en esta causa, dicen fundarse en el precepto que acaba de citarse, forzoso es no perder de vista la raz�n de ser de la prohibici�n all� consagrada y de la nulidad que por mandato del art�culo 1741 de la misma codificaci�n sanciona su no observancia, e igualmente la funci�n concreta a que la primera va enderezada, temas estos que por muchos a�os han ocupado la atenci�n de la jurisprudencia en una ardua tarea no del todo terminada aun (cfr, G. J, t. CLII, p�gs. 530 y siguientes) y cuyo desarrollo no resulta pertinente rese�ar ahora.
Frente a la especie litigiosa en estudio y las particularidades que la individualizan de acuerdo con la perspectiva que de la misma ofrecen, tanto la sentencia impugnada como el recurso de casaci�n interpuesto, basta tan s�lo con advertir que en realidad de verdad, al referirse a cosas embargadas, el numeral 3� del art�culo 1521 del C�digo Civil se limita a consagrar, m�s que una rotunda prohibici�n � muestra del empe�o legislativo en reprimir concretas y may�sculas infracciones del ius cogens y orientada a la salvaguardia de aspectos fundamentales del oren social y �tico vigentes � (G.J.T. CXXIV, p�g. 138), una restricci�n de eficacia relativa, en tanto circunscrita por principio al inter�s de la persona que obtuvo en su favor el decreto de embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular de su poder de disposici�n sobre aquellas cosas sometidas a traba judicial, luego por simple l�gica ha de entenderse que de una consecuencia de esta �ndole, puesta de manifiesto en la sustracci�n transitoria de la posibilidad de enajenaci�n v�lida que el embargo implica, no puede ser destinataria persona diferente ese titular contra quien tendr� que adelantarse entonces el correspondiente proceso en el cual dicha medida desempe�e la misi�n cautelar que le atribuye la ley." �De suerte que si la norma en referencia persigue el amparo del derecho que tiene todo acreedor a ser pagado de su cr�dito con el producto de la realizaci�n forzosa de los bienes embargados, mediante el ejercicio de la acci�n general que sobre el patrimonio del deudor le concede el art�culo 2488 del C�digo Civil, y si a brindar esa seguridad confluye sin lugar a dudas la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto con que la legislaci�n civil sanciona las transferencias privadas que de los susodichos bienes se lleven a cabo sin licencia del juez o sin la autorizaci�n del acreedor, tiene por necesidad que concluirse que la restricci�n de cuyo quebrantamiento voluntario emerge esta radical declaraci�n de invalidez, no puede producir los efectos que le son peculiares en presencia de una orden de embargo no ajustada a la ley por haberse extendido sobre activos que no forman parte del patrimonio del deudor y por ello, debido precisamente a esta circunstancia, la enajenaci�n realizada por el sujeto legitimado, no obstante la existencia de la traba en cuesti�n, no admite tacha de ilicitud pues carece por completo de virtualidad nociva para los derechos del acreedor�.
(CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 24/97. Exp. 4816. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss). As� las cosas, se impon�a adoptar la consabida declaraci�n, de modo que sin posibilidad de mantener la compraventa celebrada, no tiene viabilidad alguna dilucidar lo pedido en los libelos que l�neas atr�s quedaron descritos, esto es, lo relativo a la lesi�n enorme o a la resoluci�n deducida en reconvenci�n, de modo que en esos t�rminos la sentencia del inferior luce equivocada en cuanto acusa un agrave defecto l�gico a la par que t�cnico, debido a que existiendo el indicado motivo de nulidad, no es posible estudiar lo que en derecho corresponde de cara a la "prescripci�n" de aqu�lla acci�n rescisoria, que como es obvio y natural tiene como supuesto la validez del respectivo contrato. 1.
La parte demandante impugn� parcialmente el fallo, en lo relativo a la condena impuesta al se�or �ngel Mar�a Moreno por concepto de la devoluci�n del precio de la compraventa, pues considera que el juez �se extralimit� al condenar a un demandado a favor de otro�, pues �en ninguna parte de la demanda ni de la contestaci�n se pide tal condena y la sentencia debe tener �ntima relaci�n con los hechos y las pretensiones aducidas�.
Argument�, adem�s, que los perjudicados con dicho fallo son los herederos del vendedor, pues �tendr�n que responder por lo que su padre no recibi�, con intereses desde 1996 que sobrepasan el valor total del inmueble� (fl. 200, cdno. 1). 2. Por su lado, la Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo solicita la revocatoria de la sentencia, no s�lo porque se rompi� �con el principio de concentraci�n e inmediaci�n de que trata el art. 181 del C.P.C.�, as� como con el de territorialidad �al emitirse un acuerdo que modifica la competencia para extenderla por encima de la misma ley�, sino tambi�n porque �no existi� jam�s objeto il�cito en el contrato�, pues �para la fecha de la venta la medida cautelar ya hab�a sido cancelada, muy a pesar de que el oficio no hab�a sido registrado�, am�n del decreto de invalidez de parte del proceso en el cual dicha actuaci�n se cumpli� (fl. 203, cdno. 1).
C O N S I D E R A C I O N E S 1. Como el Tribunal tiene plena competencia para decidir sobre todos los aspectos de la litis, pues ambas partes apelaron la decisi�n de primer grado, la Sala proceder� en forma liminar a establecer si en puridad �como lo se�al� el juez de conocimiento- se configuran los presupuestos para la invalidez del contrato de compraventa materia de impugnaci�n, o s� por el contrario �de conformidad con la protesta de la parte demandada- no existi� objeto il�cito en dicho negocio jur�dico, hip�tesis �sta que de resultar probada, obligar�a al estudio de la pretensi�n de simulaci�n interpuesta de manera subsidiaria. 2.
En cuanto a lo primero cumple se�alar que, ciertamente, hay objeto il�cito en la enajenaci�n, cuando la cosa materia del negocio jur�dico de ese linaje est� embargada �por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello� (num. 3�, art. 1521 C.C.), vicio que, desde luego, genera la nulidad absoluta de aqu�l, seg�n lo establece categ�ricamente el art�culo 1741 de la misma codificaci�n. Exp. 014200400086 01, sentencia 27 de junio de 2012. 1 Vid Ordinales 1� y 3� del art�culo 1521 de la obra en comento. 2.
Art�culo 1742 del C�digo Civil. Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil PAGE PAGE 13 M.A.GO. Exp. 031201200202 01 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil 6KPRTVghuv{}~�������������� & ��������Ÿ���������������ylbUbUbh�kIh�sCJOJQJh�Z�CJOJQJh�kIh�TICJOJQJh�TICJOJQJh�kIh�sCJOJQJh�Z�CJOJQJh��CJOJQJh�8CJOJQJhWL[CJOJQJh�kIh�TICJOJQJh�Z�h�TI5�CJOJQJh�85�CJOJQJh�sh�TICJOJQJh�sh�TI5�CJOJQJh�sh�TI 67Khi��' ( ) ] ^ _ G H p q M N ��������������������dhgdW4� $dha$gd�TI�hdh^�hgd�TI$a$gd�Z� $dha$gd�N� $dha$gd�N� �(ndhgd�N�gd�N�& ' ( ) K L Z ] ^ _ i � � � � � � � � � � � H o p q r t x } ������Ҿ������������Җ�uh[Q[h�x�CJOJQJh�q�hW4�CJOJQJh�q�h�q�CJOJQJh�TIB*CJOJQJph�$h�TIh�TI5�B*CJOJQJph�h�kIh�TI5�CJOJQJh�kIh�kICJOJQJh�kIh�N�CJOJQJh�TICJOJQJhWL[CJOJQJh�kIh�TICJOJQJh�kIh�Z�CJOJQJh�Z�CJOJQJh�TICJOJQJ} � � � � � � � � � � VX]bijvwxz������������������ "47>IJP�������������������������������������������������鷖����h�q�h�"zCJOJQJh�N�CJOJQJhpCJOJQJh�?CJOJQJh>f�CJOJQJhr$CJOJQJhZ.�CJOJQJh.C'CJOJQJh�q�hW4�CJOJQJh�x�CJOJQJ8������� 6:; = ? @ A K L M N Q a p � � � � � � � �������ȾȾȾȾ�ұ������uiXJh�.&CJOJQJ^JaJ 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