110013103019200100368 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� vx��u��% ��bbjbj%�%� 4xG�G�0\��l ",HHH\DDD8|�4\iJ��"��I�I�I�I�I�I�I$_K M�JH��J�HH��#J��XH�H��I��I�r�d!��ElHH�I��`Ttx$c�\�DR6G*�IL9J0iJ2GjMN�jMN�I�\\HHHH�TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL DE DECISI�N Magistrada Ponente: DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N Bogot� D.C., diez (10) de junio de dos mil cinco (2005) Ref: 110013103019200100368 01 (Discutido y aprobado en sesi�n de 17 de mayo de 2005).

Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por las partes contra la sentencia de 30 de septiembre de 2004, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Gachet� (Cund), en descongesti�n del Juzgado 19 Civil del Circuito esta ciudad, dentro del proceso de la referencia. A N T E C E D E N T E S 1. Waldina Bernal de Moreno demand� a la Iglesia Cristina Cuerpo de Cristo y a �ngel Mar�a Moreno Vargas, para que se declare absolutamente nulo, �por adolecer de causa il�cita y objeto il�cito� (sic), el contrato de compraventa celebrado entre dichos demandados mediante la escritura p�blica No. 3378 de 5 de septiembre de 1996, otorgada en la Notar�a 12 de esta ciudad, seg�n la cual aquella adquiri� de �ste el 50% del inmueble �ubicado en la ciudad de Bogot� D.C., distinguido en la nomenclatura urbana con el n�mero 17-92 y 17-96 de la carrera doce (12)�.

En subsidio, para que declare simulado dicho negocio jur�dico, toda vez que �en realidad nunca existi� esa compraventa�, am�n de que �el inmueble pertenece a la sociedad conyugal en liquidaci�n�. 2. Las pretensiones tuvieron como soporte los hechos que a continuaci�n se sintetizan: a) El 25 de marzo de 1943 la demandante contrajo matrimonio con el vendedor de dicho inmueble.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 1961, instaur� demanda de separaci�n de bienes que correspondi� al Juzgado 6� Civil del Circuito de Bogot�, proceso en el que se orden� el embargo del inmueble antes referido, pero que termin� por haberse declarado �sin validez la actuaci�n procesal�. b) A continuaci�n, en virtud de la entrada en vigencia de la jurisdicci�n de familia, el proceso fue remitido al Juzgado 13 de Familia, el que mediante oficio No. 1018 de 23 de junio de 1998 le comunic� al Registrador de Instrumentos P�blicos la cancelaci�n de la referida medida cautelar. c) Sin embargo, con anterioridad, la demandante en el a�o de 1986, instaur� nuevamente id�ntica acci�n, oportunidad en la que correspondi� su conocimiento al Juzgado 23 Civil del Circuito, quien mediante sentencia de 18 de noviembre de 1988, decret� la �disoluci�n y liquidaci�n de la sociedad conyugal�, que confirm� la Sala de Familia del Tribunal. d) Como el inmueble materia de proceso fue adquirido por el c�nyuge �ngel Mar�a Moreno Vargas el 10 de noviembre de 1950, es decir, �durante la vigencia de la sociedad conyugal�, ese bien constituy� la partida �nica del activo inventariado, lo que significa que �se ha conformado una masa social de bienes, que corresponden a la sociedad conyugal disuelta y en estado de liquidaci�n�, a partir del �18 de noviembre de 1988, por decisi�n de la justicia y de la ley�, motivo por el cual aqu�l �no pod�a disponer v�lidamente de dicho inmueble, por ser de un tercero�. e) Adicionalmente, seg�n la matr�cula inmobiliaria del bien comprometido en este pleito, la cancelaci�n del embargo ordenado por el Juzgado Trece de Familia se registr� el 24 de junio de 1998, circunstancia de la que se deduce que es posterior al contrato de compraventa impugnado. f) Por �ltimo, la demandante hizo alusi�n a los aspectos f�cticos por los cuales considera que existi� simulaci�n de la venta, en especial, lo relativo a la entrega de la cosa, el precio de la misma y la edad del vendedor (86 a�os). 3.

El auto admisorio de la demanda fue notificado en forma personal a la Iglesia demandada, quien tras de oponerse a las s�plicas del libelo, formul� frente a la pretensi�n de simulaci�n la excepci�n de �petici�n de modo indebido� (fl. 109, cdno. 1). Por su parte, el se�or Moreno Vargas se notific� por intermedio de curador ad litem, sin que dicho auxiliar formulara medios exceptivos.

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En ella, el juez de descongesti�n acogi� la pretensi�n principal de la demanda, por lo que declar� la nulidad absoluta por objeto il�cito del contrato de compraventa materia de proceso, raz�n por la cual dispuso la cancelaci�n del registro inmobiliario de la escritura p�blica contentiva de dicho acto y, adem�s, conden� al demandado �ngel Mar�a Moreno Vargas a devolver y pagar a favor de la demandada Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo, la suma de $42�500.000,oo, �por concepto del precio pagado por virtud de la compraventa declarada nula, m�s su correcci�n monetaria teniendo en cuenta el IPC, desde el 5 de septiembre de 1996� (fl. 198, cdno. 1).

El funcionario encontr� configurados los requisitos para la prosperidad de dicha pretensi�n, pues �con anterioridad a la celebraci�n del contrato de compraventa contenido en la escritura p�blica No. 3378 del 5 de septiembre de 1996, se encontraba vigente e inscrita en el registro la medida cautelar de embargo ordenada dentro del proceso de separaci�n de bienes y liquidaci�n de la sociedad conyugal�, si se tiene en cuenta que la medida data �desde el a�o de 1963�, al paso que el oficio de desembargo se libr� en junio de 1996.

LOS RECURSOS DE APELACI�N 1. La parte demandante impugn� parcialmente el fallo, en lo relativo a la condena impuesta al se�or �ngel Mar�a Moreno por concepto de la devoluci�n del precio de la compraventa, pues considera que el juez �se extralimit� al condenar a un demandado a favor de otro�, pues �en ninguna parte de la demanda ni de la contestaci�n se pide tal condena y la sentencia debe tener �ntima relaci�n con los hechos y las pretensiones aducidas�.

Argument�, adem�s, que los perjudicados con dicho fallo son los herederos del vendedor, pues �tendr�n que responder por lo que su padre no recibi�, con intereses desde 1996 que sobrepasan el valor total del inmueble� (fl. 200, cdno. 1). 2. Por su lado, la Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo solicita la revocatoria de la sentencia, no s�lo porque se rompi� �con el principio de concentraci�n e inmediaci�n de que trata el art. 181 del C.P.C.�, as� como con el de territorialidad �al emitirse un acuerdo que modifica la competencia para extenderla por encima de la misma ley�, sino tambi�n porque �no existi� jam�s objeto il�cito en el contrato�, pues �para la fecha de la venta la medida cautelar ya hab�a sido cancelada, muy a pesar de que el oficio no hab�a sido registrado�, am�n del decreto de invalidez de parte del proceso en el cual dicha actuaci�n se cumpli� (fl. 203, cdno. 1).

C O N S I D E R A C I O N E S 1. Como el Tribunal tiene plena competencia para decidir sobre todos los aspectos de la litis, pues ambas partes apelaron la decisi�n de primer grado, la Sala proceder� en forma liminar a establecer si en puridad �como lo se�al� el juez de conocimiento- se configuran los presupuestos para la invalidez del contrato de compraventa materia de impugnaci�n, o s� por el contrario �de conformidad con la protesta de la parte demandada- no existi� objeto il�cito en dicho negocio jur�dico, hip�tesis �sta que de resultar probada, obligar�a al estudio de la pretensi�n de simulaci�n interpuesta de manera subsidiaria. 2.

En cuanto a lo primero cumple se�alar que, ciertamente, hay objeto il�cito en la enajenaci�n, cuando la cosa materia del negocio jur�dico de ese linaje est� embargada �por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello� (num. 3�, art. 1521 C.C.), vicio que, desde luego, genera la nulidad absoluta de aqu�l, seg�n lo establece categ�ricamente el art�culo 1741 de la misma codificaci�n. La claridad de dichas disposiciones no deja duda en el sentido de que el alcance de ellas es la de prohibir todo acto por el cual se disponga de un bien embargado para hacerlo salir del patrimonio de la persona que figura como due�a. Tambi�n es evidente que la sanci�n en comento s�lo se configura si la medida judicial est� vigente para el momento de la negociaci�n, entendida aquella como el vigor tanto de la orden del juez como el registro de la misma, pues no basta con que para la �poca del acto a�n permanezca inc�lume la anotaci�n que del embargo haya realizado el registrador, sino que tambi�n es menester el decreto judicial que justifique la vigencia del mismo.

Lo anterior por cuanto si bien es cierto para el perfeccionamiento de esa medida concurren dos actos consecuentes y sucesivos: el decreto judicial y su registro, �ste �ltimo por s� solo no tiene la virtualidad de estructurar el vicio de nulidad en estudio, en la medida en que inexorablemente debe estar respaldado por la orden judicial que acredite su vigencia, de suerte que si fue cancelada, el acto es v�lido, as� el registrador no haya tomado nota de esa posterior decisi�n, caso en el cual no cabe pregonar objeto il�cito, en tanto que para ese momento ya no existe �decreto judicial� que respalde el registro de la primigenia comunicaci�n. En ese sentido, puede afirmarse v�lidamente que la vigencia del embargo no la determina la ausencia de anotaci�n sobre cancelaci�n del registro del mismo, sino el sostenimiento de la cautela ordenada por el juez, lo cual presupone la inexistencia de pronunciamiento en contrario; o lo que es lo mismo, que la circunstancia de que en la matr�cula inmobiliaria no se haya registrado el oficio de cancelaci�n del embargo, no significa que la medida se conserve, pues puede acontecer que �sta se haya cancelado y �nicamente falte llevar al registrador el oficio respectivo, para que dicho funcionario tome nota de �l. Ahora bien, es cierto que el registro del embargo materializa el principio de publicidad del acto del juez, en tanto que es �en �ltimas- el que da a conocer �o entera- a los interesados en adquirir la cosa que sobre ella recae una prohibici�n legal.

Sin embargo, a ello no le sigue que el registro del embargo tenga la virtualidad de condicionar la validez del acto, en tanto que la vigencia de aqu�l no es formal (dada por su registro), sino material (por fuerza de la orden judicial), al punto que la anotaci�n sobre la cancelaci�n de la medida tambi�n concretiza dicho principio, pues alerta a cualquier persona sobre el levantamiento del obst�culo que exist�a para adquirir, pero nada m�s. No es dable, por consiguiente, asignar al registro del embargo efectos jur�dicos de la trascendencia y connotaci�n se�alada en el art�culo 1521 del C�digo Civil, en tanto �ste, se reitera, no est� soportado, para el momento de la enajenaci�n, en una orden judicial que de cuenta de su vigencia. 3.

En el caso sub lite, el contrato de compraventa que se pide anular data del 5 de septiembre de 1996, seg�n la escritura p�blica No. 3378 autorizada en esa misma fecha por el Notario 12 de esta ciudad, al paso que el embargo decretado por el Juzgado 6 Civil del Circuito sobre el bien materia de esa negociaci�n, en el marco del proceso de liquidaci�n de conyugal promovido por Waldina Bernal de Moreno contra �ngel Mar�a Moreno, es del a�o 1963, seg�n la anotaci�n No. 2 del certificado de tradici�n de aqu�l. Empero, ello no significa que el referido contrato sea nulo, toda vez que el Juez Trece de Familia a quien se le remiti� dicho proceso, indic� que la cautela en cuesti�n hab�a sido cancelada �en prove�do de fecha noviembre seis (6) de mil novecientos sesenta y siete (1967)�, sin que pueda arribarse a una conclusi�n distinta por aquello de que el registrador se haya enterado de esa decisi�n tan s�lo el 23 de junio de 1998, seg�n oficio No. 1018 de esa fecha (fl. 70, cdno. 1).

Por ende, s� para la �poca en que se celebr� el negocio jur�dico impugnado ya no estaba vigente el embargo aludido en la demanda, es claro que la prohibici�n legal hab�a desaparecido, precisamente por orden de la autoridad competente, desde luego que no reviste importancia el hecho de que para el momento en que se ajust� el contrato a�n permaneciera vigente en la oficina de registro esa cautela, tanto m�s si se considera que el tr�mite del oficio sobre cancelaci�n del referido embargo, tambi�n era asunto que concern�a a la propia demandante, en tanto que como c�nyuge del se�or �ngel Mar�a Moreno hab�a solicitado esa cautela y, desde luego, conoc�a la suerte del proceso, especialmente, que dicha medida se hab�a cancelado hac�a muchos a�os, porque �el juzgado declar� sin validez la actuaci�n procesal adelantada�, circunstancia que determin� que con posterioridad (en el a�o de 1985), nuevamente demandara la separaci�n de bienes (fls. 12 y ss. cdno. 1). 4.

En ese orden de ideas, la pretensi�n principal de la demanda no pod�a prosperar, sin que a ello se oponga la circunstancia de que el inmueble hubiese entrado a formar parte de una universalidad jur�dica: el haber social de la sociedad conyugal, pues basta prohijar lo se�alado por la Juez 20 de Familia en providencia de 11 de agosto de 1999 (fl. 49, cdno. 1), para resaltar que la venta parcial que realiz� el se�or Moreno con anterioridad a la liquidaci�n de aquella, a lo sumo equivaldr�a a una venta de cosa ajena, que de acuerdo con la legislaci�n es v�lida, �sin perjuicio de los derechos del due�o de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo� (art. 1871 C.C.), s�lo que �si el tradente no es el verdadero due�o de la cosa que se entrega por �l o a su nombre�, el adquirente no adquiere por medio de la tradici�n, sino los �derechos� que le fueron transmitidos (art. 751, ib.), desde luego que cualquier controversia que se origine sobre el particular, no estructura el vicio de nulidad pregonado en la demanda.

De manera que por ese motivo, ser�n otras las acciones y/o reclamos que, con apoyo en la normatividad que gobierna lo relacionado con la liquidaci�n de la sociedad conyugal, a la demandante le compete adelantar o gestionar en procura de salvaguardar sus intereses econ�micos, pues con arraigo en el derecho civil, no hay lugar a restar efectos jur�dicos al contrato impugnado, siendo que no se trata de un �contrato prohibido por la leyes�, que permita encasillarlo en la premisa que contiene el art�culo 1523 del C�digo Civil. 5.

Tampoco se opone a la conclusi�n en comento la censura que por causa il�cita tambi�n elev� la demandante frente al contrato de compraventa materia de pleito, toda vez que no existe prueba alguna de la que se pueda derivar que el motivo que indujo al acto fue uno de aquellos �prohibido por la ley�, o �contrario a las buenas costumbres o al orden p�blico� (art. 1524 C.C.), elementos estructurales de una tacha de ese linaje.

Al respecto, obs�rvese que la demandante pr�cticamente se limit� a transcribir textualmente el referido art�culo, y a pregonar que �con la compraventa realizada ha habido dolo motivo por la intenci�n il�cita manifiesta y un crimen en contra de los intereses de su c�nyuge Waldina Bernal, caus�ndole un perjuicio real tanto patrimonial como moral� (hecho 10; fl. 76, cdno. 1), pero sin preocuparse de probar su dicho. 6.

Corolario de lo expuesto, se habr� de denegar la s�plica principal de la demanda, circunstancia que a la par de la revocatoria del fallo impugnado, impone el estudio de la pretensi�n subsidiaria de simulaci�n, labor respecto de la cual cabe recordar que en no pocas ocasiones el negocio jur�dico expuesto, no es otra cosa que la versi�n de un contrato aparente, que lejos de incidir en el mundo jur�dico y, claro est�, en el �mbito patrimonial de los contratantes, cumple prop�sitos harto divergentes, hip�tesis en las cuales los supuestos negociantes no han celebrado el contrato que exponen a terceros, ni su voluntad ha sido comprometerse por raz�n del mismo, pues muy otro es su designio.

En palabras de la jurisprudencia, se trata de �eventos en que el desacople es consciente y querido por quienes protagonizan el contrato; las partes, cabalmente sabedoras de que lo que expresan disiente de lo que por s� y ante s� se guardan, lanzan unas palabras falaces, las mismas que est�n destinadas a llegar al conocimiento de los terceros�.

Ahora bien, la simulaci�n puede presentarse en forma absoluta, lo que acontece cuando los interesados ponen de manifiesto ante terceros un negocio jur�dico jam�s querido por ellos, sin que haya sido su prop�sito celebrar ninguno otro; pero tambi�n es posible que el negocio aparente encubra uno real, disfrazado a conveniencia en ritual de fingimiento; todo depende del �grado que la anomal�a revista�, pues en la simulaci�n de aqu�l linaje, �los interesados se ponen de acuerdo para enga�ar a los terceros realizando apenas en apariencia un acto cuyos efectos no desean, mientras que la segunda ocurre cuando bajo esa falsa apariencia existe un acto real y serio que los agentes ciertamente han celebrado pero con un ropaje distinto, habida cuenta que la naturaleza de dicho acto no es la del que se manifiesta al p�blico como verdadero, o a�n siendo la misma, se le atribuyen alcances que no coinciden con los que al exterior se presentan�. 7.

Los hechos expuestos por la demandante, pese a que ni siquiera permiten identificar con claridad los aspectos de orden f�ctico estructurales de la simulaci�n, en la medida en que se presentaron con gran desorden, entremezclados, con ausencia total de sind�resis, lo que no permiten pregonar que la demanda es un modelo en t�cnica jur�dica, en todo caso alcanzan a vislumbrar que la simulaci�n alegada es de la primera especie, c�mo que tratan de poner de manifiesto que entre los contratantes, en especial, en lo que respecta al se�or Moreno, no existi� una verdadera voluntad de transferir el dominio del inmueble, sino que se trat� de �maniobras� que �indican la componenda fraudulenta� que se gest� entre ellos (fl. 76, cdno. 1).

Lo anterior por cuanto en algunos hechos de la demanda se indica que �no es cierto� que la parte compradora hubiese recibido real y materialmente el inmueble negociado y, por lo mismo, �nunca ha realizado ni ejercido actos de se�or ni due�o, ni directamente ni por interpuesta persona, ni ha iniciado acci�n judicial alguna con miras a recuperar la posesi�n de la parte adquirida�, pues, �por el contrario, Waldina Bernal ha tenido la posesi�n y a�n la tiene de la totalidad del inmueble desde 1962� (12; fl. 77, cdno. 1), am�n de que �presume que �ngel Mar�a Moreno nunca recibi� de manos de la compradora la suma de cuarenta y dos millones quinientos mil pesos ($42�500.000,oo), por dicha negociaci�n� (15; fl. 78, ib.) Sin embargo, como se sabe, la sola manifestaci�n de la parte demandante no es suficiente para tener por acreditado un hecho, bajo el entendido de que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba fehaciente de lo que afirma.

En ese sentido, la jurisprudencia ha sido prolija en se�alar que quien ejerce la acci�n de prevalencia puede emplear cualquier medio de prueba que le permita develar la verdad tras la apariencia, lo que significa que la parte demandante no se puede limitar a la simple manifestaci�n de que el negocio es aparente, o a lanzar un velo de sospecha sobre el mismo, pues, en todo caso, al peticionario le corresponde como carga (art. 177 C.P.C.), demostrar en forma fehaciente y m�s all� de toda duda, que el contrato que opugna es falaz.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que �no bastan, entonces, las meras sospechas o especulaciones que nacen de la aprehensi�n maliciosa del acto dubitado o de la consideraci�n aislada �o insular- de los diferentes medios de prueba, espec�ficamente de los indicios, tomados en abstracto �o incluso en forma fragmentada- sin la necesaria contextualizaci�n en el �mbito propio del negocio censurado y en las particularidades �ello es neur�lgico- que ofrece el caso in concreto, insuficientes y anodinas para desvirtuar la arraigada presunci�n de sinceridad que lo abriga�. De all� que �la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios (In dubio benigna interpretatio ad hibenda est ut magis negotium valeat quam pereat)�. 8.

En el sub examine es palpable la ausencia de medios de prueba que permitan arribar a la conclusi�n vertida por la demandante en libelo, pues el testimonio de Jos� Mar�a Rodr�guez Osorio no aport� ning�n elemento nuevo a la discusi�n, dado que se limit� a indicar que s�lo se concret� a firmar la escritura de compraventa, pues �la negociaci�n de esta propiedad con el se�or Mora, fue �nica y exclusivamente con el se�or Guillermo Acosta, como director de la entidad que de mi parte no tuve que ver nada en ninguna negociaci�n� (fl. 169, cdno. 1).

De otro lado, ninguna confesi�n obtuvo la demandante del referido representante legal de la iglesia demandada, pues en el interrogatorio de parte que absolvi�, �ste refut� las presunciones de la se�ora Bernal y, contrario sensu, defendi� la validez y seriedad de dicho negocio jur�dico. Es as� como el se�or Acosta sostuvo que �personalmente hice el negocio con �l �se refiere a don �ngel Mar�a Moreno Vargas- estando en perfectas condiciones f�sicas, mental y sentimentalmente (sic)�; que al vendedor se le pag� el precio �parte en dinero, un promedio de 29 a 30�000.000 y parte en especie�, y que �muri� dejando en bancos promedio $70�000.000� (fl. 172, cdno. 1).

La ausencia de prueba que refute la manifestaci�n que en sentido contrario a la supuesta falta de pago del precio del inmueble que se consign� en el contrato, de lugar a que inexorablemente el Tribunal prefiera el tenor literal de la cl�usula 5� del mismo, de suerte que por dicho aspecto, no hay lugar a la prosperidad de la s�plica de simulaci�n. A similar desenlace se arriba tras de analizar lo relativo a la posesi�n que la demandante ejerce sobre la totalidad del inmueble, pues si bien el representante legal de la congregaci�n religiosa demandada confes� ese hecho, tambi�n lo es que a rengl�n seguido explic� que �tuve que colocar una demanda solicitando la entrega del inmueble ya que el se�or Torres hizo caso omiso y pas� por alto la orden del se�or Moreno� (fl. 173, cdno. 1), circunstancia que descarta cualquier conformidad de aquella con la referida posesi�n en cabeza de la peticionaria. 9.

Con fundamento en lo expuesto, se desestimar� igualmente la s�plica subsidiaria, am�n de que el documento obrante al folio 178 del cuaderno principal no tiene la virtualidad de cambiar el sentido de la decisi�n, no s�lo porque la ausencia de una firma en el mismo impide atribuir su autor�a a dicho vendedor, sino tambi�n porque no fue aportado regularmente al proceso, circunstancia que no le permiti� a la parte demandada ejercer su derecho de contradicci�n e impugnaci�n frente a ese escrito. 10.

En suma, se denegar�n todas las pretensiones de la demanda, auque ello no implique acoger la excepci�n de �petici�n de modo indebido�, dada su incomprensible y deficiente argumentaci�n. Por tanto, como ya se avizor�, se revocar� en su integridad del fallo materia de apelaci�n. D E C I S I � N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 30 de septiembre de 2004, para en su lugar, DENEGAR todas las pretensiones de la demanda, con la consecuente cancelaci�n de la inscripci�n de la demanda.

Of�ciese por el a quo al funcionario respectivo. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante. Liqu�dense. NOTIF�QUESE DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N Magistrada RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado CLARA BEATRIZ CORTES DE ARAMBURO Magistrada Cas. Civ, 11 de junio de 1991. Cas. Civ. de julio 30 de 1992. Exp: 2528. Cas.

Civ. de 15 de febrero de 2000; exp: 5438. G.J. CCVIII, p�g., 437. (..) el precio de esta venta ha sido la suma de cuarenta y dos millones quinientos mil pesos moneda corriente ($42�5000.000), que el vendedor los declara haberlos (sic) recibidos �ntegramente a su satisfacci�n directamente y personalmente de la comunicad compradora�. PAGE PAGE 17 DCBT Exp. 110013103019200100368 01 I]y{��!";3 4 � "Y|~ <=h��-%-�:@?MBNBQB��¼¶��즡��Ņ�{vnvkbkj0J@��U@��6�]�mH sH mH sH \�aJmH sH \� 6�\�]�CJOJQJ^JaJmH sH 5�CJ\�aJmH sH CJCJOJQJ^JmH sH 5�CJ\� 6�]�^J^JCJOJQJ^JaJOJQJ^J^JaJmH sH 5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J#(2IJ^z{�� !";<mn3 4 � � ��$a$$dha$dh$dha$0`�a�b��23� � ��Y|}~ !"<=��$a$$dha$dh�gh��!�!?$@$�&�&/)0)--//�0�0�4�4�8�8�:�:�<�� 5$7$8$9DH$$dha$�<�<:><>�@�@QBRBFF�H�H�K�K�N�N$R%ROTPT�V�VyZzZr\s\1]�]�� $dh*$a$ 5$7$8$9DH$QBRBFF�P�P$Q%Q�QR R!R$R/R:R$U5U�U�U�W�W�Z�]�]�]X^_^__�_�_�_�_`0`1`3`Q`R`S`U`~`��οκ��{x{qjqjCJOJQJ j0JUCJ CJ OJQJ^J5�6�\�]�6�CJOJQJ]�^J5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J6�]�mH sH j0J@��U 6�@��]�@��6�@��CJOJQJj0J@��CJOJQJU@��CJOJQJ@��CJOJQJmH sH )�]�]�]�]<_=_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_```%`0`R``��$a$$dha$$dha$ 5$7$8$9DH$~``�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�a�a�a�a�a�a�a�a�a�a�a�abbb1b[b�b�b��ĿĵĿ��CJ OJQJ^J5�\�0JCJmHnHu0JCJj0JCJU0J j0JU6�@��CJCJOJQJ^J@��CJOJQJ@��CJOJQJ j0JU`�`�`�`�a�a�a�a�a�a�a�ab�b�b�b�b�b�b�b�b��$dha$�h]�h��&`#$$a$$a$ $dh*$a$2 00 &PP��/ �"I!�� "��#�� $��%��n i8@��8NormalCJ_HaJmH sH tH b@bT�tulo 1$$$dh5$7$8$9D@&H$a$CJOJQJ^JaJmH sH ^@^T�tulo 2$$$dh5$7$8$9D@&H$a$OJQJ^JaJmH sH LLT�tulo 3$$dh@&a$5�CJOJQJ\�^JP@PT�tulo 4$$dh@&a$5�6�CJOJQJ]�^JL@LT�tulo 5$$dh@&a$6�CJOJQJ]�^JFA@��FFuente de p�rrafo predeter.vP@�vTexto independiente 2$dh5$7$8$9DH$a$CJOJQJ^JaJmH sH T@T Encabezado �C�"5$7$8$9DH$CJaJmH sH 0)@�0N�mero de p�ginaZ @"Z Pie de p�gina �C�"5$7$8$9DH$CJaJmH sH P@2PTexto nota pie5$7$8$9DH$CJaJmH sH :&@�A:Ref. de nota al pieH*<'@�Q<Ref. de comentarioCJaJ<b<Texto comentarioCJaJH�OrHBody Text 2$a$CJOJQJaJmH sH M>B$M N�S�^"O��^x��(2IJ^z{�� !";<mn34��23� � �� Y|}~ !"<=��gh��? 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