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Bogot�, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil cinco (2005). Dec�dese el recurso de apelaci�n propuesto por Cruz Enrique Hern�ndez Fern�ndez contra la sentencia del 7 de noviembre de 2002, proferida por el Juzgado 2� Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ordinario que promovi� frente a Ana Gladys Garc�a Soler. Antecedentes 1. Solicit� el recurrente declarar que en el contrato de compraventa del inmueble ubicado en la calle 68 Bis No. 99 A-36, con matr�cula inmobiliaria 50 C 181090, materializado en la escritura p�blica 1917 del17 de junio de 1994, de la Notar�a 19 del C�rculo de Bogot�, "sufri� lesi�n enorme", por lo que se impone rescindir tal acto jur�dico, con la condena en costas de rigor. 2.
Soport� el petitum en que a trav�s del enunciado acuerdo de voluntades transfiri� a la demandada, a t�tulo de venta, el citado predio; "se acord� como precio total la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000), que a la firma de la escritura pag� la compradora al vendedor", pese a que para esa fecha el bien "val�a m�s de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000)", lo que denota que el valor convenido "tenga una desproporci�n que tipifica lesi�n enorme" (fl. 7, cdno. 1). 3.
Notificado el extremo pasivo del auto admisorio de la demanda, contest� oponi�ndose a las pretensiones; acept� algunos hechos, pero neg� otros y propuso excepciones que rotul� como: prescripci�n, caducidad, inexistencia de la lesi�n enorme, compensaci�n y estafa. A su tiempo, en adici�n, formul� demanda de reconvenci�n con el prop�sito de obtener la resoluci�n del citado contrato, debido a que no obstante que pag� la suma realmente acordada -$ 15.300.00-, el vendedor le "ocult�" que el inmueble estaba embargado por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot�. 4.
Cumplidos los tr�mites pertinentes, el a quo en la sentencia materia de la alzada, a vuelta de acoger la excepci�n de prescripci�n de la acci�n rescisoria por lesi�n enorme, deneg� las pretensiones de la demanda principal. Declar�, enseguida, la nulidad del acotado acuerdo de voluntades y le orden�, como consecuencia, al actor -vendedor- devolver a la compradora -demandada- la cantidad de $ 15.300.000, con el reajuste monetario desde el 17 de junio de 1994.
El cierre de la instancia compendiado se soport�, en lo basilar, en que cuando se present� la demanda principal -17 de junio de 1998- el t�rmino de 4 a�os previsto en la ley sustancial, ya hab�a transcurrido, en cuanto que la venta se "solemniz�" el 17 de junio de 1994, sin que tenga, entonces, vigor el precepto contenido en el art�culo 90 del C. de P. C. Y al dilucidar la contra-demanda dijo que aunque la escritura de marras se registr� en la oficina competente, tal "inscripci�n carece de eficacia" (fl. 200), debido a que el predio soporta un embargo que afecta de nulidad absoluta el contrato, pues, en tales condiciones, su objeto est� fuera del comercio.
El recurso de apelaci�n Acus� el fallo a partir de una equivocada interpretaci�n de las normas que rigen la prescripci�n de la acci�n de lesi�n enorme que, agreg�, est� probada, si se tiene en cuenta que, insisti�, el precio de la casa para la �poca superaba los $ 35.000.000. Acot�, de otro lado, que la nulidad declarada no se abre paso, debido que "los vicios ocultos deben ser ignorados por el comprador" y aqu� la demandada ten�a pleno conocimiento de las situaciones que afectaban al inmueble" (fl. 7, cdno. 3)".
Indic�, adem�s, que las sumas recibidas como precio difieren de las que orden� restituir el a quo, en cuanto que s�lo le pag� la cantidad de $ 7.500.000. y, remat�, no debe impon�rsele el pago de las costas del proceso. Consideraciones 1. No hay discusi�n en lo que toca con la estructura propia de un proceso judicial, esto es, los conocidos presupuestos o requisitos formales indispensables para la regular formaci�n y desarrollo de la relaci�n jur�dico procesal, hacen presencia y no se detecta motivo de nulidad que invalide lo actuado. 2.
El rigor de los actos y declaraciones de voluntad, previsto en el C�digo Civil, T�tulo II del libro IV, como punto de partida determina que "para que una persona se obligue a otra por un acto o declaraci�n de voluntad, es necesario: 1�) que sea legalmente capaz; 2�) que consienta en dicho acto o declaraci�n y su consentimiento no adolezca de vicio; 3�) que recaiga sobre un objeto l�cito; 4�) que tenga una cusa l�cita" (Cfme. inciso 1� del art�culo 1502). 3.
En el asunto bajo an�lisis, aunque las s�plicas impetradas en las demandas presentadas -principal y de reconvenci�n-, no involucraron, en estrictez, petici�n concreta relacionada con la validez del memorado acuerdo de voluntades, pac�fico resulta para la doctrina y la jurisprudencia que ante el escrutinio relacionado con el equilibrio de las prestaciones econ�micas acordadas, ora de cara al debate propio de la disciplina contractual que rige el roll de los protagonistas, se impone para el juzgador, ab initio, comprobar la ausencia de obst�culos jur�dicos que desemboquen en los motivos de nulidad absoluta que por su gravedad es imperativo averiguar ex officio.
(Cfme. Ley 50 de 1936 -art�culo 1742 del C�digo Civil-). 4. Pues bien, como viene de verse, el quit de ahora deriv� de la promesa de compraventa celebrada entre el demandante -como vendedor- y la demandada -como compradora- materializado en al escritura p�blica No. 1917 otorgada en la Notar�a 19 de Bogot�, el junio 17 de 1994, respecto del inmueble ubicado en la calle 68 Bis No. 99 A-36, con matr�cula inmobiliaria No. 050 0181090 y repasados tales documentos evidencia la Sala que el contrato otrora prometido qued� contaminado de un vicio que, sin duda, afecta su validez.
En efecto, el C�digo Civil al gobernar el objeto como requisito que debe concurrir en los actos o declaraciones de voluntad, en lo que hace a la enajenaci�n, previ� su ilicitud cuando se trate de "cosas que no est�n en el comercio" o se hubieren "embargado por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello", de donde aflora palmar que en la especie de esta litis la compraventa historiada, termina en motivo de nulidad absoluta.
Se soporta la conclusi�n precedente en que analizada la historia registral del predio que refleja la copia del folio de matr�cula aludido (fls. 2, 3, 12 y 13, cdno. 1), queda al descubierto que para cuando se celebr� el primer acuerdo de voluntades ajustado el 1� de marzo de 1994 (fl. 78 y 79, cdno. 1); otorg� el propio t�tulo escriturario; present� para su registro; m�s a�n: en la �poca en que �ste se present� para su inscripci�n, sobre el inmueble de marras reca�a medida cautelar de embargo, radicada el 21 de septiembre de 1993, por orden del Juzgado 31 Civil del Circuito, en el interior del hipotecario que Cecilia G�mez de Blanco le promovi� a Cruz Enrique Hern�ndez Fern�ndez (anotaci�n No. 11), que sin soluci�n de continuidad se mantuvo luego por determinaci�n del Juzgado 23 Civil del Circuito, pronunciada en el interiuor de la ejecuci�n que impetr� Mercedes Zambrano (anotaci�n No. 13 ).
Cumple recordar que el objeto, entendido como la cosa materia de las prestaciones que se pretenden realizar con el negocio, es un elemento esencial del acto jur�dico, de modo que sin su presencia �ste no puede producir efectos. Los requisitos respecto de este elemento se reducen, bien se sabe, a su posibilidad, determinaci�n y licitud. Y en el caso que ahora ocupa la atenci�n del Tribunal, es indubitable el cumplimiento de los dos primeros, mas no, como se dijo, del �ltimo.
Incontrovertible resulta, en ese puntual estado de cosas, que durante la temporalidad del acotado acuerdo de voluntades, por cuenta de la cautela descrita, el propietario - demandante en la acci�n de lesi�n enorme, no ten�a, en puridad, el derecho de disposici�n del dominio del aludido bien ra�z, lo que apareja que la negociaci�n realizada, al margen de que la compradora hubiere tenido conocimiento de esa situaci�n, no pueda superar exitosamente sus presupuestos de validez, pues, resulta claro que respecto de esa modalidad de vicio est� descartada la figura del saneamiento.
Es m�s tal problem�tica persisti�, al punto que cuando se expidi� la copia del certificado allegado (30 06 98), en orden a satisfacer la inadmisi�n de la demanda que dispuso el Juzgado del conocimiento, la medida manten�a vigor. Sobre el punto, se tiene dicho que �Con arreglo al C�digo Civil Colombiano, para que una persona se obligue a otra por acto o contrato, se requiere que �ste, a m�s de reunir otros requisitos, recaiga sobre el objeto l�cito (art. 1502, ord. 3�).
Si el objeto es il�cito, el contrato generador de la obligaci�n es absolutamente nulo, como con toda claridad lo pregonan los art�culos 1740 y 1741. �La obligaci�n de dar tiene por objeto hacer tradici�n de un derecho real, esto es, enajenar. Tal objeto es il�cito si consiste en enajenar cosa que a la saz�n est� embargada por decreto judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (art. 1521, ord. 3�).
Luego es absolutamente nulo el contrato creador de obligaci�n cuyo objeto sea hacer tradici�n de cosa sujeta a embargo, excepto en los dos casos anteriormente citados ( ). Y no se diga que los dos primeros casos del art�culo 1521 se refieren a nulidad absoluta, en tanto que los dos �ltimos s�lo ata�en al inter�s del demandante en el proceso en que se ha decretado el embargo o se ha registrado la demanda; porque todos cuatro, sin excluir ni uno solo, configuran objeto il�cito, o sea que concierten al inter�s p�blico y generan por igual nulidad de aquella especie, no apenas relativa " (CSJ, Cas.
Civil, Sent. dic. 14/76). Luego se reiter� que �En este orden de ideas, para comprender a cabalidad el genuino significado del numeral 3� del art�culo 1521 del C�digo Civil y evitar as� incurrir en inaceptables pretensiones invalidativas que cual sucede con la formulada de manera principal por el actor en esta causa, dicen fundarse en el precepto que acaba de citarse, forzoso es no perder de vista la raz�n de ser de la prohibici�n all� consagrada y de la nulidad que por mandato del art�culo 1741 de la misma codificaci�n sanciona su no observancia, e igualmente la funci�n concreta a que la primera va enderezada, temas estos que por muchos a�os han ocupado la atenci�n de la jurisprudencia en una ardua tarea no del todo terminada aun (cfr, G. J, t. CLII, p�gs. 530 y siguientes) y cuyo desarrollo no resulta pertinente rese�ar ahora.
Frente a la especie litigiosa en estudio y las particularidades que la individualizan de acuerdo con la perspectiva que de la misma ofrecen, tanto la sentencia impugnada como el recurso de casaci�n interpuesto, basta tan s�lo con advertir que en realidad de verdad, al referirse a cosas embargadas, el numeral 3� del art�culo 1521 del C�digo Civil se limita a consagrar, m�s que una rotunda prohibici�n � muestra del empe�o legislativo en reprimir concretas y may�sculas infracciones del ius cogens y orientada a la salvaguardia de aspectos fundamentales del oren social y �tico vigentes � (G.J.T. CXXIV, p�g. 138), una restricci�n de eficacia relativa, en tanto circunscrita por principio al inter�s de la persona que obtuvo en su favor el decreto de embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular de su poder de disposici�n sobre aquellas cosas sometidas a traba judicial, luego por simple l�gica ha de entenderse que de una consecuencia de esta �ndole, puesta de manifiesto en la sustracci�n transitoria de la posibilidad de enajenaci�n v�lida que el embargo implica, no puede ser destinataria persona diferente ese titular contra quien tendr� que adelantarse entonces el correspondiente proceso en el cual dicha medida desempe�e la misi�n cautelar que le atribuye la ley." �De suerte que si la norma en referencia persigue el amparo del derecho que tiene todo acreedor a ser pagado de su cr�dito con el producto de la realizaci�n forzosa de los bienes embargados, mediante el ejercicio de la acci�n general que sobre el patrimonio del deudor le concede el art�culo 2488 del C�digo Civil, y si a brindar esa seguridad confluye sin lugar a dudas la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto con que la legislaci�n civil sanciona las transferencias privadas que de los susodichos bienes se lleven a cabo sin licencia del juez o sin la autorizaci�n del acreedor, tiene por necesidad que concluirse que la restricci�n de cuyo quebrantamiento voluntario emerge esta radical declaraci�n de invalidez, no puede producir los efectos que le son peculiares en presencia de una orden de embargo no ajustada a la ley por haberse extendido sobre activos que no forman parte del patrimonio del deudor y por ello, debido precisamente a esta circunstancia, la enajenaci�n realizada por el sujeto legitimado, no obstante la existencia de la traba en cuesti�n, no admite tacha de ilicitud pues carece por completo de virtualidad nociva para los derechos del acreedor�.
(CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 24/97. Exp. 4816. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss). As� las cosas, se impon�a adoptar la consabida declaraci�n, de modo que sin posibilidad de mantener la compraventa celebrada, no tiene viabilidad alguna dilucidar lo pedido en los libelos que l�neas atr�s quedaron descritos, esto es, lo relativo a la lesi�n enorme o a la resoluci�n deducida en reconvenci�n, de modo que en esos t�rminos la sentencia del inferior luce equivocada en cuanto acusa un agrave defecto l�gico a la par que t�cnico, debido a que existiendo el indicado motivo de nulidad, no es posible estudiar lo que en derecho corresponde de cara a la "prescripci�n" de aqu�lla acci�n rescisoria, que como es obvio y natural tiene como supuesto la validez del respectivo contrato. 5.
Declaratoria de ese abolengo, obliga disponer las prestaciones o restituciones mutuas, respecto de las que ya se dijo hizo pronunciamiento expreso el funcionario del conocimiento, pero como el fallo s�lo lo apel� el demandante principal, la Sala despejar� el punto circunscrita a los trazados que sobre el particular dise�o el recurrente, que en lo medular tocan con el desacuerdo en torno a las cifras que debe devolver a su compradora.
Sobre el tema importa rese�ar que con independencia de lo que revela objetivamente la escritura p�blica y lo que el actor asegur� en el escrito genitor del tr�mite, lo cierto es que el contrato de promesa -que no fue materia de reproche- pone de presente que el precio acordado fue de $ 15.300.000, que se pagar�an de la siguiente manera: 7.500.000 a la firma; y el saldo $ 7.800.000 a la firma del contrato prometido (fl. 78).
Relativo al primero, no existe discusi�n puesto que en el propio escrito de sustentaci�n del recurso se admiti� su ocurrencia. No sucede lo mismo con el segundo instalamento pues el vendedor asegur� que esta prestaci�n no la honr� la compradora, sin embargo, al revisar lo plasmado en el contrato de venta, sobre dicho aspecto, el apelante como vendedor declar� haber recibido "en efectivo a su entera satisfacci�n de manos de la compradora" el preciso respectivo, lo que entonces refleja la extinci�n de la precisa obligaci�n, ya que con independencia de la divergencia num�rica atr�s comentada, anotaci�n de ese linaje comporta liberar a la adquirente del predio, de esa carga econ�mica, en cuanto que ninguna precisi�n o nota de igual alcance demostrativo milita en el expediente, tanto m�s cuanto que la demandada al replicar insisti� en la veracidad de tal estipulaci�n, detallando la manera como atendi� el saldo, con un resultado que evidenci� una suma a su favor.
Dicho de otra manera, por existir declaraci�n expresa en el sentido advertido, se impone la restituci�n del precio en la forma como lo sentenci� el Juez de primera instancia, toda vez que el interesado no se ocup� de desvirtuar, conforme a derecho, esa circunstancia. 5. Corolario de lo esbozado es que se modificar� la sentencia atacada en el sentido de revocar lo resuelto en torno a la acci�n rescisoria -�xito de la excepci�n de prescripci�n y negativa a las pretensiones de la demanda principal-, lo que apareja decisi�n semejante en torno a la condena en costas de primera instancia, para confirmar la nulidad absoluta declarada y la consecuencial restituci�n dineraria impuesta.
Ante la p�rdida del recurso ordinario, debe condenarse a su promotor al pago de las costas en esta instancia. Decisi�n Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, modifica la sentencia de fecha y procedencia anotadas, en los siguientes t�rminos: 1.
Confirmar la declaratoria de nulidad absoluta dispuesta en el numeral 3� y la orden de restituci�n incorporada en el numeral 4� de la parte resolutiva de la decisi�n protestada. 2. Revocar acorde con lo dicho las dem�s determinaciones. 3. Imponer las costas de esta instancia al recurrente en un 70%. T�sense. Notif�quese y oportunamente devu�lvase.
JAIRO ENRIQUE ALVARADO ALFONSO LIANA AIDA LIZARAZO VACA LUZ MAGDALENA MOJICA RODRIGUEZ 1 Vid Ordinales 1� y 3� del art�culo 1521 de la obra en comento. 2. Art�culo 1742 del C�digo Civil. TSB - Sala Civil - exp. 0219986216 01 PAGE 4 y������ (Rgmz L Q ����t����TX��#.������!�#�%�%�&''����������ҹүүҹүҹҤҤ������������}���}�CJOJQJ\�aJ!j0JCJOJQJU^JaJ6�CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ6�CJOJQJaJ5�>*CJOJQJaJCJOJQJaJmHsHCJOJQJaJCJOJQJaJmH sH CJaJmH sH 5�CJOJQJ\�aJCJ-y��������`�>6$d8a$Z$$If�F��<���� � �0�������6��������4� Fa�X$$If�F����� � �0�������6��������4� Fa� $$Ifa$$If�HdI�I��������)*Og�����()jklmz{��� � ! ���������������������������$d8a$d8$d8a$! ������st������hirsFG�!�!�#�#�&�&��������������������������$d8a$$d8a$�&i(j(�+�+?4@41929�;�;�=�=�?�?CC*D+D<F=FFFGF7G8G������������������������$d8a$ $d8*$a$$d8a$$dha$$ �0��dh*$a$'�+,1 1�8�809�;�E=FFF�F�F<GEG�G�G-H4HuHwH�H�H�H�HII?I@IcIdI�I�I�I�I�I�I�I�������ƻ�����������Ɯ�������tntbt0J5�CJmHnHu0J5�CJj0J5�CJU5�CJOJQJmH $sH $mH $sH $6�OJQJOJQJ5�CJOJQJaJ5�>*CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ\�aJ"6�CJOJQJ]�^JaJmH $sH $CJOJQJ^JaJmH sH CJOJQJ^JaJmH $sH $&8G�G�G)H*HuHvHwH�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H@IcIdI�I�I�I��������������������������$a$$d8a$$d8a$�I�I��I�I. 00&P��/ �"I!�� "��#��$��%��n�� i@@��@Normal5$7$8$9DH$_HmH sH tH J@JT�tulo 1$$d8@&a$5�CJOJQJaJP@PT�tulo 5$$dh@&a$5�CJOJQJ\�mH sH FA@���FFuente de p�rrafo predeter.4@�4 Encabezado ��8!0)@�0N�mero de p�gina: @: Pie de p�gina ��8!0@"0Texto nota pie:&@�1:Ref. de nota al pieH*DB`BDTexto independiente$a$CJ��!�EAdg�E`����y���������)*Og�����()jklmz{���� ! � � � � � � st������hirsFG�����"�"i$j$�'�'?0@01525�7�7�9�9�;�;??*@+@<B=BFBGB7C8C�C�C)D*DuDvDwD�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�DdE�E�E�0���0���0���0���0���0���0��H0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0�� 0���@0�� 088888;'�I�I&,/�! �&8G�I�I')*+-.�I(,35;!�����^a��ksW]������������koTX����&-04��������acnr���"�"�#�#�#�#n%r%y%}%�'�'�(�(�*�*�*�*--- --�-�-�-�4�4 55'5.5G;I;�;�;�DdE�E�Em{���'�'lDwD�D�D�D@EbEdE�E�E�E��Consejo SuperiorfC:\Mis documentos\Dr. Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo SuperiorfC:\Mis documentos\Dr. Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo SuperiorfC:\Mis documentos\Dr. Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo SuperiorfC:\Mis documentos\Dr. Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo Superiorq\\SC_JISAZADA\DocuTribunal\Jairo Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo Superiorq\\SC_JISAZADA\DocuTribunal\Jairo Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo Superiorq\\SC_JISAZADA\DocuTribunal\Jairo Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo Superiorq\\SC_JISAZADA\DocuTribunal\Jairo Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo Superiorq\\SC_JISAZADA\DocuTribunal\Jairo Alvarado\Sentencias\0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.docConsejo Superior�C:\TRIBUNAL 2005\SALA CIVIL\PROVIDENCIAS\ALVARADO A. JAIRO E\Clasificar\01.
Enero de 2005 Dr. Alvarado\Sent-0219986216 01 declara nuli absoluta venta bien embargado.doc������'dE�E�E���@�xxܙdxx��� �E@@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�ArialK,��Bookman Old Style5&��:�Tahoma"q����MʑF�<���ݑ�� �8y �9{��� �����0d�E�C 3�Q�H��1TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTAJose Alfonso Isaza DavilaConsejo Superior�� �����Oh��+'��0�����$4 P\ x�� ������2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTAlfRIBJose Alfonso Isaza DavilaRIoseoseNormalfConsejo Superiora D20sMicrosoft Word 9.0D@� @*��@�����@: ���� �8�� ��՜.��+,��0<hp�������� ��"CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y�E 2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTAT�tulo !"#$%&'()*+,-./0����23456789:;<=>?@����BCDEFGH����JKLMNOP��������S������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F� *���U�1Table������������1�WordDocument��������0`SummaryInformation(����ADocumentSummaryInformation8������������ICompObj����kObjectPool������������� *���� *��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q