Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001318700420230004201

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2023-09-13

Sujetos procesales: Álvaro Mora Arenilla

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Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: �� En desarrollo del precepto constitucional, el Decreto 2591 de 1991 estableci� en el art�culo 5, las reglas de procedencia general de la solicitud de amparo, en los siguientes t�rminos: �La acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el art�culo 2 de esta ley.

Tambi�n procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Cap�tulo III de este Decreto�� (�) En consecuencia, la procedencia general de la protecci�n constitucional v�a tutela est� condicionada a que se cumpla con el requisito de existencia de acciones u omisiones que conculquen o pongan en peligro los derechos de las personas, como quiera que una situaci�n diferente se circunscribir�a al �campo de las meras especulaciones o hip�tesis�.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, trece (13) de septiembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n No 984 Hora: 10:30 a.m. Radicaci�n: 66001318700420230004201 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por el se�or �LVARO MORA ARENILLA, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada frente a la Superintendencia Financiera, Condensa, Expirian Colombia S.A. � Datacr�dito, Transuni�n Colombia � Cifin y Procr�dito -Fenalco Antioquia-, y vinculada Serlefin. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el accionante, se pueden concretar as�: (i) en junio 25 de 2023, present� reclamaci�n ante Condensa con la finalidad de que le fuera eliminado el reporte negativo que posee en centrales de riesgo, por cuanto no se realiz� en debida forma el requerimiento de que trata el inciso 3� del art�culo 12 de la ley 1266/08;

(ii) la entidad no acredit� el env�o y recibido a satisfacci�n del requerimiento exigido por la norma; y (iii) adem�s, no existe constancia de autorizaci�n para el tratamiento de datos personal, suscrita electr�nica o f�sicamente, por lo que carece de eficacia probatoria e idoneidad para reporte ante centrales de riesgo. Pidi� la protecci�n de sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas eliminar la informaci�n negativa que reposa en las centrales de riesgo respecto de las obligaciones de las cuales es titular.

Y se le ordene a la Superintendencia ejercer la correspondiente vigilancia y sanciones a Davivienda. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho a quo mediante auto de julio 24 de 2023 admiti� la acci�n de tutela contra la Superintendencia Financiera, Codensa, Expirian Colombia S.A �Datacr�dito-, Transuni�n Colombia �Cifin-, Scotiabank Colpatria y Procr�dito.

Posteriormente, el juzgado vincul� a Serlefin Las entidades se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La Superintendencia Financiera expres� que en sus aplicativos no se encontr� queja o reclamaci�n alguna formulada por el accionante y que se relacione con los hechos narrados. Por tanto, la Superintendencia, no se menciona como una entidad vulneradora de derechos fundamentales, y de los hechos tampoco se infiere tal situaci�n. Pidi� que se desvincule a la entidad. - La Apoderada General de Cifin S.A.S Transuni�n, manifest� que la entidad no hizo ni hace parte de la relaci�n contractual que existe y/o existi� entre Condensa, quien en los t�rminos de la ley 1266/08, tiene la calidad de fuente de informaci�n y titular de la informaci�n del accionante.

Cifin es un operador de informaci�n conforme a las previsiones del literal �c� del art�culo 3� de la ley 1266/08; es decir, recibe de las entidades que contratan con �sta y que act�an en calidad de fuentes de informaci�n, el reporte de los datos personales sobre varios titulares de la informaci�n, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios, que son entidades pertenecientes a los diferentes sectores de la econom�a, tales como el sector financiero, real, de telecomunicaciones, solidario y asegurador.

La entidad no es la responsable de la veracidad y la calidad de los datos que reportan las fuentes de la informaci�n. Sin embargo, en la base de datos de Cifin, no tiene registrados reportes negativos del accionante frente a la fuente de informaci�n CODENSA No obstante, el amparo que se reclama por esta v�a constitucional es improcedente, por cuanto el accionante tiene los otros medios de defensa judicial. - La representante legal de Fenalco Antioquia �Procr�dito- inform� que no existe reclamaci�n hecha por el actor ante la entidad, y para el n�mero de c�dula del se�or ALVARO MORA no se obtuvo resultado negativo.

Solicit� se declare improcedente la acci�n de tutela por falta de legitimaci�n en la causa por pasiva. - El representante legal para asuntos judiciales de Scotiabank Colpatria � refiri� que el accionante tuvo vinculo comercial con la entidad a trav�s de la figura cr�dito f�cil Condensa y en raz�n a la alta mora del accionante, en ejercicio de sus derechos y facultades contractuales, en julio 19 de 2022 le cedi� la obligaci�n a la entidad Serlefin, de lo cual fue debidamente informado el actor v�a correo electr�nico en julio 27 del a�o en curso.

El cr�dito que adquiri� el se�or ALVARO MORA fue a trav�s de la factura de energ�a; no obstante, se le realiz� el env�o de la carta de requerimiento previo, en el cual se le inform� que de continuar la mora se har�a el reporte en las centrales de riesgo, documento enviado en noviembre 19 de 2022. Pidi� se declare improcedente la acci�n de tutela ante la inexistencia de vulneraci�n de derechos fundamentales, y se declare un hecho superado. - El representante legal judicial para asunto judiciales de Enel Colombia S.A. manifest� que hace diecisiete a�os cr�dito f�cil Condensa naci� con el prop�sito de crear significado social en el marco de la ley de servicios p�blicos, que permit�a a las personas que no pueden acceder a un cr�dito formal o al sistema bancario adquieran productos y bienes que mejoren su calidad de vida y la de sus familias, con cr�ditos realizados a trav�s de la facturaci�n del servicio p�blico correspondiente.

El actor tuvo vinculo comercial con la tarjeta de cr�dito f�cil Codensa, el cual por el no pago de las cuotas se remiti� al �rea de castigo en diciembre del 2021; sin embargo, la entidad no es la responsable del cobro de la obligaci�n ni del reporte en las entidades de riesgo. - El representante legal judicial de Serlin S.A.S. indic� que mediante contrato de compraventa de cartera suscrito con el banco Scotiabank Colpatria S.A. dicha entidad cedi� la obligaci�n del accionante, la cual se encuentra en estado avanzado de mora de 594 d�as, misma que fue informada al actor en agosto 03 de 2023, fecha en la cual se dio respuesta a la petici�n elevada por �ste y que fue traslada por competencia por Scotiabank Colpatria en julio 17 hoga�o. Al accionante le informaron que, una vez hecha la respectiva validaci�n, actualmente por parte de la entidad no registra ni obra en las bases de datos de las centrales de la informaci�n financiera, reportes negativos relacionados con la obligaci�n en mora, seg�n consta en los soportes generados en las bases de datos de las centrales de la informaci�n financiera Datacr�dito Experian y Transuni�n Cifin.

Adicionalmente, la obligaci�n no se encuentra �judicializada�. - La apoderada judicial Experian Colombia S.A. � Datacr�dito, inform� que el accionante no registra ninguna informaci�n respecto de la obligaci�n con Condensa, pues la historia de cr�dito no puesta acreencias con dicha entidad. Pidi� se declare la improcedencia de la acci�n de tutela. 3.2.- Agotado el tr�mite a seguir en fallo de agosto 08 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, la juez neg� la acci�n de tutela promovida por el se�or �LVARO MORA ARENILLA, toda vez que en este asunto Scotiabank Colpatria y Codensa aportaron copia de la respuesta emitida al accionante, donde se le explica punto por punto lo correspondiente a la obligaci�n reportada en mora.

Igualmente, el banco inform� c�mo se realiz� la notificaci�n al actor de la mora de su cr�dito, lo cual se hizo a trav�s de la factura de la empresa de energ�a, informaci�n que fue corroborada por Codensa y Enel Colombia S.A. Empero, llama la atenci�n el hecho de que todas las entidades accionadas informan no haber realizado o tener dentro de sus bases de datos reporte alguno contra el accionante ante las centrales de riesgo.

La �ltima entidad en hacerse cargo del cr�dito de mora del actor -Serlefin- expone que no solo no ha hecho reporte negativo ante las entidades de riesgo, sino que adem�s no ha iniciado en contra del actor acci�n judicial alguna. Por tanto, no existe prueba que el accionante se encuentra reportado, ni que haya iniciado acci�n ante la Superintendencia Financiera.

Se concluye que no existe reporte negativo ante las centrales de riesgo, y el requerimiento previo fue comunicado al titular de la informaci�n, con el env�o de notificaciones a su domicilio, el cual fue adjunto en la factura de servicio p�blico. Lo que advierte que cualquier discusi�n al respecto escapa de la esfera del juez de tutela. 4.- IMPUGNACI�N El accionante se mostr� inconforme con la decisi�n, a cuyo efecto la impugn� y solicit� que se revoque el fallo.

Expuso los siguientes argumentos: El habeas data es un derecho aut�nomo, el cual no requiere del agotamiento previo de otros mecanismos de defensa, por cuanto el amparo deprecado es el procedimiento id�neo y principal para obtener la salvaguarda de esa garant�a ante la fuente o los operadores de datos, tendiente a obtener la actualizaci�n, modificaci�n o rectificaci�n de un dato que repose ante las centrales de riesgo -Sentencias T-811/10 y T-360/22-.

Dentro del n�cleo esencial del habeas data, se encuentra inmerso �el derecho a excluir una informaci�n que se encuentra contenida en una base de datos�, y su caso, la fuente �Codensa- no demostr� haber agotado el requerimiento previo de que trata el inciso 3� del art�culo 12 de la Ley 1266 de 2008, carga que la ley establece, previo al reporte negativo ante las centrales de riesgo.

Revisados los documentos allegados al plenario, se advierte que el juez de primera instancia dio pleno valor probatorio a los mensajes de datos remitidos v�a correo electr�nico; sin embargo, no se detuvo a verificar si efectivamente dicho acto cumpli� su finalidad, pues el mismo estaba desprovisto de las constancias de recibido, dado que el solo env�o no comporta notificaci�n. Por tanto, era obligaci�n de la fuente notificar al deudor previamente, y adem�s debi� allegar la certificaci�n relativa a la entrega y lectura del mensaje de datos, lo cual no fue acreditado, pues no existe trazabilidad del mismo.

As� las cosas, como no existe certificaci�n electr�nica del env�o del mensaje de datos, no es posible asumir su recibido a satisfacci�n. La conducta de la fuente es violatoria del debido proceso, habida consideraci�n que el env�o no equivale a recepci�n y acceso al contenido del mensaje de datos, dado que debe mediar un documento indicativo de que el receptor conoce a satisfacci�n el mismo, lo cual no qued� acreditado en la respuesta emitida por la fuente. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto neg� la protecci�n de los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data deprecados por el se�or ALVARO MORA ARENILLA.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.

En este caso el se�or ALVARO MORA concurre ante el juez constitucional por considerar que por parte de Codensa se le est� vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y habeas data, toda vez que en junio 25 de 2023 elev� reclamaci�n a dicha entidad con la finalidad de que se elimine informaci�n negativa que aparece en su nombre.

Luego del traslado de la acci�n de tutela, el juzgado neg� la protecci�n de los derechos fundamentales del debido proceso y habeas data, por dos razones: (i) porque tanto Scotiabank Colpatria como Codensa le informaron al actor acerca de la mora que registraba el cr�dito que adquiri� con la entidad; (ii) porque aunque existe una mora en el cr�dito, se tiene que Serlefin -entidad que compr� la cartera- le inform� al despacho que no ha reportado en las centrales de riesgo la morosidad que presenta el accionante, ni ha iniciado un proceso judicial.

Frente a la decisi�n que adopt� el despacho, el se�or ALVARO MORA se mostr� inconforme, e insisti� que Condensa s� vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data, toda vez que la entidad no realiz� en debida forma el requerimiento de que trata el inciso 3� del art�culo 12 de la Ley 1266/08. Para entrar en un an�lisis de fondo acerca de ese tema espec�fico puesto en consideraci�n por parte del se�or ALVARO MORA en esta acci�n de tutela, indudablemente habr�a que superarse el test de procedibilidad -legitimaci�n, inmediatez y subsidiariedad-, el que lleva igualmente impl�cito por supuesto la ocurrencia de acci�n u omisi�n vulneratoria de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada.

En efecto, como lo indic� el juzgado de primera instancia el se�or ALVARO MORA supera esos requisitos generales de procedibilidad; sin embargo, lo mismo no ocurre en relaci�n con la procedencia de la tutela cuando la misma se apoya en conjeturas, suposiciones o violaciones hipot�ticas. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: �La acci�n de tutela fue consagrada en la Constituci�n de 1991, como una herramienta jur�dica con la que cuenta toda persona para solicitar la protecci�n de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p�blica.

As� el art�culo 86 Superior consagr� �el derecho de toda persona a interponer acci�n de tutela '(�) para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, (�) la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica (�)' o particulares, entre otros, que presten servicios p�blicos, o ante quienes el afectado se encuentre en una situaci�n de indefensi�n o subordinaci�n.� En desarrollo del precepto constitucional, el Decreto 2591 de 1991 estableci� en el art�culo 5, las reglas de procedencia general de la solicitud de amparo, en los siguientes t�rminos: �La acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el art�culo 2 de esta ley.

Tambi�n procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Cap�tulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ning�n caso est� sujeta a que la acci�n de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jur�dico escrito.� (Subrayas fuera de texto original) Entonces para que �proceda la acci�n de tutela contra una autoridad p�blica deben darse dos (2) elementos o presupuestos b�sicos, a saber: (i) Acci�n u omisi�n proveniente de la autoridad p�blica y (ii) Efectiva violaci�n o amenaza de violar un derecho constitucional fundamental�, seg�n lo ha reafirmado la jurisprudencia constitucional.

Adem�s, esta Corporaci�n ha reiterado que de la lectura sistem�tica del mencionado art�culo y del art�culo 6 que contempl� las causales de improcedencia, se infiere que la existencia de una acci�n u omisi�n de la autoridad accionada, con la cual se trasgredan los derechos fundamentales del actor, es un requerimiento �l�gico-jur�dico para la procedencia de la acci�n tuitiva de derechos fundamentales�.

As� las cosas, la acci�n de tutela est� llamada a no proceder, cuando se funde en suposiciones, conjeturas o violaciones hipotecas. Como se consider� en la sentencia T-066 de 2002: �(�) Con todo, ello no significa que los ciudadanos puedan desconocer los procedimientos establecidos por la ley en los diversos ordenamientos jur�dicos, que para el caso que nos ocupa es la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo y, acudir a la acci�n de tutela bajo la suposici�n o conjetura de que se vulnerar�n derechos fundamentales por actos negativos de la administraci�n, sin darle a �sta siquiera la oportunidad de pronunciarse en ese o en otro sentido.

No se puede llegar al absurdo de acudir a la acci�n de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no solo viola el debido proceso de las entidades p�blicas, que, valga repetirlo, tambi�n lo tienen, sino que, atentar�a contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el de asegurar la vigencia de un orden justo.� (Subrayas originales) En consecuencia, la procedencia general de la protecci�n constitucional v�a tutela est� condicionada a que se cumpla con el requisito de existencia de acciones u omisiones que conculquen o pongan en peligro los derechos de las personas, como quiera que una situaci�n diferente se circunscribir�a al �campo de las meras especulaciones o hip�tesis�. En ese orden de ideas, y analizado el caso con detenimiento se aprecia que no existe ninguna acci�n u omisi�n por parte de Codensa que se traduzca en afectaci�n de los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data, por cuanto no ejercido ninguna acci�n tendiente a causar un da�o o perjuicio al se�or ALVARO MORA.

Como lo indicaron las entidades accionas es cierto el se�or ALVARO MORA adquiri� un cr�dito con Scotiabank Colpatria en la modalidad de cr�dito con Codensa; empero, la entidad bancar�a cedi� dicha obligaci�n a la empresa Serlefin, entidad que afirm� no haber reportado a las centrales de riesgo la mencionada deuda, ni haber iniciado proceso judicial.

A su vez, se tiene que las entidades a cargo de administrar la informaci�n advirtieron no registrar reporte negativo a nombre del accionante por la deuda vigente con Condensa. De lo anterior, se desprende que las entidades han actuado bajo los criterios legales y ninguna irregularidad se avizora de parte de ellas, incluso queda totalmente claro que no existe un reporte negativo en las centrales de riesgo a nombre del se�or ALVARO MORA ARENILLA.

Ahora, el se�or ALVARO MORA ARENILLA en el escrito de impugnaci�n resalta la importancia que tiene el requerimiento de que trata el inciso 3� del art�culo 12 de la Ley 1266/08, previo a que las entidades como Codensa procedan a realizar un reporte negativo; empero, no entiende la Corporaci�n qu� prop�sito puede tener tal requerimiento cuando qued� demostrado que el accionante no registra ning�n reporte negativo, siendo esa la principal pretensi�n del se�or MORA ARENILLA en esta acci�n de tutela.

As� las cosas, no existe m�rito sobre el cual sobre el cual emitir un pronunciamiento de fondo ante la inexistencia de una acci�n u omisi�n por parte de la entidad accionada. Por todo lo expuesto, la Corporaci�n confirmar� la determinaci�n adoptada por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida en agosto 08 de 2023 por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que neg� la protecci�n de los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data que fueron deprecados por el se�or ALVARO MORA ARENILLA, de conformidad con los argumentos previamente expuestos.

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  Sentencia T-1076/12     Sentencia de tutela 2� instancia N� 143 Radicaci�n: 660013187004 2023 00042 01 Accionante: �lvaro Mora Arenilla Confirma P�gina  PAGE 2 de  NUMPAGES 8 -078P\]_� � � � � � �   0 1 ������ñ�������u`P38jh R>h R>CJOJQJUaJmHnHsH tH u h R>h R>5�CJaJ mH sH (h R>h R>CJOJQJ^JaJ mH sH (hqOhqOCJOJQJ^JaJ mH sH "hqOCJOJQJ^JaJ mH sH (h�6yh�6yCJOJQJ^JaJ mH sH "h�6yCJOJQJ^JaJ mH sH +h�Nh R>5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h�*o5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h�N5�CJOJQJ^JaJ mH sH ]    0 ? \ s � � � � � � 123>?������������������������dgd R> $da$gd R> $d�a$gd R>d�gd�6yd�gd R>1 > ? 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