66001318700220230002501 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� U ��9rbjbj�n�n i��a��aLg3��H$X$h$h$h$��|$|$|$8�$�`%D|$$D�%�%(�%�%�%�'"( (�C�C�C�C�C�C�C$ X(,N,�($�(�(((�C�C�*f((($D�)�)�)�)��dJ(((((((((�R #: DEBIDO PROCESO / ACCI�N DE TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Como quiera que la acci�n de tutela fue consagrada expresamente por el constituyente como un tr�mite preferente y sumario que procede s�lo en las situaciones aludidas, en principio no resulta procedente para controvertir actos administrativos toda vez que para ello est� prevista la v�a administrativa; sin embargo, en una actitud previsiva del constituyente primario, se abri� la posibilidad para que de manera excepcional y de acuerdo con las caracter�sticas del caso, se pudiera utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garant�as superiores que requieran soluci�n inmediata.

DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE M�RITOS / CONVOCATORIA / DEFINICI�N Mediante los concursos de m�ritos, se establece la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan aspirar a ocupar un cargo p�blico de carrera en igualdad de armas, y es por ello que la administraci�n debe fijar a trav�s de la convocatoria respectiva los par�metros que ser�n de obligatorio acatamiento para los que cumplan los requisitos m�nimos; es decir, la convocatoria es la norma que regula todo concurso y obliga tanto a la administraci�n como a las entidades encargadas de su realizaci�n e igualmente a las personas que participaran en las mismas� DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE M�RITOS / ACTOS PREPARATORIOS / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA Sobre la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra actos administrativos de tr�mite, la Corte Constitucional indic� en sentencia SU-077/18:� (�) En la sentencia SU-201 de 1994, la Corte Constitucional indic� que corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto, seg�n las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de tr�mite tiene la virtud de definir una situaci�n especial y sustancial dentro de la actuaci�n administrativa y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneraci�n de un derecho constitucional fundamental.

Entonces, en caso de ser as�, la tutela es procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acci�n de la administraci�n. En ese orden de ideas, la tutela procede excepcionalmente para cuestionar actos administrativos de tr�mite, cuando constituya una medida preventiva�� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de aprobaci�n N� 1081 Hora: 2:05 p.m. Radicaci�n: 66001318700220230002501 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el ciudadano LEONARDO ANDR�S PINZ�N CASTA�O, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), a consecuencia de la acci�n de amparo promovida contra la Comisi�n Nacional del Servicio Civil -en adelante CNSC- y la Universidad Libre. 2.- DEMANDA Lo sustancial de los hechos que plantea el se�or LEONARDO PINZ�N se pueden sintetizar as�: (i) es docente vinculado y con derechos de carrera, adscrito a la Secretar�a de Educaci�n de Risaralda, con t�tulo profesional en qu�mica industrial, magister en educaci�n y experiencia profesional de m�s de quince a�os como docente;

(ii) realiz� y formaliz� inscripci�n a trav�s de la plataforma SIMO al concurso de m�ritos denominado �Procesos de selecci�n No 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 � Directivos Docentes y Docentes�, para el cargo de Directivo Docente -rector rural- en el Departamento de Risaralda, para lo cual carg� los documentos pertinentes, en los tiempos establecidos por la Comisi�n Nacional del Servicio Civil, cuya fecha limite fue junio 24 de 2022;

(iii) de acuerdo con la Resoluci�n No 3842 de 2022 emitida por el Ministerio de Educaci�n Nacional, cumple con el presupuesto m�nimo para ser directivo docente rector; (iv) en la plataforma SIMO adjunt� la certificaci�n de experiencia laboral tanto en el sector p�blico como el privado; (v) la experiencia laboral como docente de aula, conforme al Decreto 574 de 2022 prioriza el tiempo de labores en zona rural pero no exige que en el concurso de m�ritos para Rector�a Rural haya sido en ejercicio de funciones directivas o administrativas;

(vi) en su caso el tiempo totalizado de experiencia brinda un resultado num�rico de 170 meses (82 meses en zona urbana y 88 meses en zona rural), pero la CNSC y la Universidad Libre en el proceso de valoraci�n de antecedentes conceden sin raz�n alguna �nicamente 96 meses, lo cual afecta su puntuaci�n; (vii) subi� a la plataforma SIMO en tiempo debido, cuatro documentos que se deben tener en cuenta y no fueron validados, ni puntuados, como lo son una publicaci�n en calidad de autor, el examen de suficiencia de ingl�s certificado por el Instituto de Lengas Extranjeras ILEX de la UTP, la evaluaci�n de desempe�o docente, y el examen de ICFES; y (viii) ocupa el cuarto lugar en la lista de admitidos para continuar en el proceso de selecci�n y tener la oportunidad de integrar la lista de elegibles para el cargo al cual se postul�, pero se le desconoce de forma arbitraria sus derechos a ser puntuado y ubicado de manera justa en el proceso de selecci�n, a lo cual hizo uso del proceso de reclamaci�n, y en junio 26 de 2023 su proceso de reclamaci�n fue finalizado, y su puntuaci�n y ubicaci�n en la lista de admitidos permanece igual.

Pide la protecci�n de sus derechos fundamentales, y como consecuencia de lo anterior, se ordene a las entidades accionadas: (i) verificar y realizar la adjudicaci�n correcta de puntos, en el que se tenga en cuenta la experiencia que fue demostrada y dem�s documentos aportados; y (ii) si no se accede a la anterior pretensi�n, se aclare y demuestre de manera comparativa que los otros tres concursantes en la lista de admitidos cuentan con un mayor tiempo de experiencia, mayor nivel de formaci�n, publicaciones internacionales y valoraciones superiores en la evaluaci�n de desempe�o. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admiti� mediante auto de junio 27 de 2023, mediante el cual dispuso correr traslado a la CNSC y a la UNIVERSIDAD LIBRE.

Las accionadas se pronunciaron de la siguiente manera: El Asesor Jur�dico de la CNSC solicit� se declare improcedente la acci�n de tutela, al respecto argument� que la presente acci�n de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad, por cuanto existen mecanismos de defensa judicial id�neos para resolver el problema jur�dico planteado por el actor.

Adem�s, no se demostr� la inminencia, urgencia, gravedad y el car�cter impostergable del amparo que se reclama, como quiera que no puede trasladarse la responsabilidad del aspirante frente a la acreditaci�n de estudio y experiencia, que quiere se tenga en cuenta en esta etapa del proceso. La CNCS y la Universidad Libre han sido garantes del debido proceso administrativo, toda vez que actuaron de conformidad con lo dispuesto a la normativa vigente, y los principios que orientan el ingreso a los empleos p�blicos de carrera administrativa establecidos en el acuerdo de proceso de selecci�n. - El apoderado especial de la Universidad Libre expres� que, en todo proceso de selecci�n por concurso de m�ritos, la convocatoria es la regla a seguir tanto por la parte convocante como por todos y cada uno de los participantes o aspirantes.

Por tanto, es la norma reguladora de todo concurso. Para el caso concreto se expidi� el Acuerdo No 2120 de octubre 29 de 2021, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selecci�n para proveer los empleos en vacancia definitiva de Directivos Docentes y Docentes pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Docente en el Departamento de Risaralda.

El accionante realiz� y formaliz� inscripci�n a dicho concurso a trav�s de la plataforma SIMO. Por su parte, el art. 3 del Acuerdo 249 de 2022 determin� la estructura del proceso de selecci�n, en cuyas etapas fij� la valoraci�n de antecedentes, publicaciones y reclamaciones, normativa que tambi�n precis� en su art�culo 7� los requisitos generales para participar en el concurso donde se destaca que los participantes deben �aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selecci�n al formalizar la inscripci�n a trav�s del SIMO�.

En cuanto a las reclamaciones que hace el accionante, debe tenerse en cuenta que el plazo para realizarlas es de cinco d�as h�biles contados a partir del d�a siguiente a la publicaci�n de los resultados, en los t�rminos del art�culo 13 del Decreto 760/05, y el t�rmino para resolver lo define el art�culo 22 del CPACA. En este asunto, los aspirantes pod�an presentar la reclamaci�n �nicamente a trav�s de SIMO, y de acuerdo a la reclamaci�n presentada por el actor contra la valoraci�n de antecedentes, la entidad se encuentra dentro del t�rmino para resolver la misma.

Respecto al c�lculo de puntaje asignado en SIMO por experiencia laboral, la certificaci�n de la Secretar�a de Educaci�n de Risaralda fue validada para la asignaci�n de puntaje como experiencia desde julio 06 de 2015 hasta agosto 08 de 2016, fecha �ltima en que se expidi� la certificaci�n. Respecto de los documentos mencionados por el accionante, se observa que los mismos no se encuentran cargados, por lo que no es procedente acceder a la valoraci�n de los mismos.

Pidi� que se declare improcedente la acci�n de tutela, toda vez que la existencia del otro medio de defensa judicial el cual es eficaz e id�neo es al que debe acudir el accionante. 3.2.- Vencido el plazo constitucional, el a quo mediante sentencia de julio 11 de 2023 neg� la protecci�n de los derechos fundamentales reclamados por el se�or LEONARDO ANDR�S PINZ�N CASTA�O por intermedio de esta acci�n de tutela, toda vez que el proceso de la convocatoria no ha culminado, no existe a�n una lista de elegibles, y principalmente, la entidad accionada no ha resuelto la reclamaci�n presentada por el accionante, por cuanto se encuentra en t�rmino para ello. 4.- IMPUGNACI�N Inconforme con la decisi�n el accionante la impugn�, solicito se revoque la misma, y en su lugar se acceda a las pretensiones de la acci�n de tutela, a cuyo efecto argument�: Resulta preocupante que la Universidad Libre se�ale que los documentos que fueron cargados correctamente en los m�dulos de experiencia, producci�n intelectual y otros documentos, no se encuentran en la plataforma SIMO.

El cargue y actualizaci�n de documentos estaba permitido hasta las 23:59 horas del 21 de marzo de 2023. Por tal raz�n, el certificado laboral de la Secretar�a de Educaci�n de Risaralda fue cargado en noviembre 19 de 2022. La publicaci�n internacional de investigaci�n en pensamiento cr�tico de dominio disciplinar en qu�mica fue cargado en octubre 05 de 2021 y modificado en noviembre 05 de 2022.

La evaluaci�n de desempe�o de 2022 fie cargada en febrero 05 de 2023. El certificado de presentaci�n de examen de ingl�s fue cargado en noviembre 30 de 2022. El resultado del examen ICFES fue cargado en febrero 05 de 2023. Y aunque en los hechos de la demanda no se hizo menci�n al certificado expedido por la UTP del doctorado que actualmente cursa, lo hace en esta oportunidad ante la manifestaci�n hecha por la Universidad Libre de que los anteriores documentos no se encuentran cargados en la plataforma del SIMO.

Igualmente, con base en la respuesta dada por la CNSC al despacho, comprende solo hasta ahora que la entidad se encuentra en t�rmino para resolver la reclamaci�n realizada. El presente debate constitucional gira en torno a que las entidades accionadas y vinculadas en la acci�n de tutela; principalmente la Universidad Libre, reconoce no haber validado y puntuado la documentaci�n que fue presentada en la plataforma SIMO, pero se encuentra demostrado que la documentaci�n si fue cargada. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), acorde con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en el fallo opugnado, en cuanto neg� el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el se�or LEONARDO PINZ�N. De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalid�ndolo, modific�ndolo o revoc�ndolo, seg�n se desprende de lo pedido por el recurrente. 5.2.- Soluci�n a la controversia De acuerdo con el art�culo 86 Superior, toda persona podr� acudir a la tutela para reclamar la protecci�n de sus derechos constitucionales fundamentales, y proceder� contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, o particulares seg�n se trate, siempre que �el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu�lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�.

Como quiera que la acci�n de tutela fue consagrada expresamente por el constituyente como un tr�mite preferente y sumario que procede s�lo en las situaciones aludidas, en principio no resulta procedente para controvertir actos administrativos toda vez que para ello est� prevista la v�a administrativa; sin embargo, en una actitud previsiva del constituyente primario, se abri� la posibilidad para que de manera excepcional y de acuerdo con las caracter�sticas del caso, se pudiera utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garant�as superiores que requieran soluci�n inmediata.

Mediante los concursos de m�ritos, se establece la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan aspirar a ocupar un cargo p�blico de carrera en igualdad de armas, y es por ello que la administraci�n debe fijar a trav�s de la convocatoria respectiva los par�metros que ser�n de obligatorio acatamiento para los que cumplan los requisitos m�nimos; es decir, la convocatoria es la norma que regula todo concurso y obliga tanto a la administraci�n como a las entidades encargadas de su realizaci�n e igualmente a las personas que participaran en las mismas, quienes de contera desde el momento de la inscripci�n aceptan de manera t�cita todas las condiciones all� contenidas.

Obs�rvese: �La convocatoria es �la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administraci�n, como a las entidades contratadas para la realizaci�n del concurso y a los participantes�, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, enti�ndase administraci�n y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los par�metros que guiar�n el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza leg�tima, esperan su estricto cumplimiento.

La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertir�a en una trasgresi�n de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, as� como el respeto por las leg�timas expectativas de los concursantes.

En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculaci�n y autocontrol porque la administraci�n debe �respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selecci�n de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.� En el caso sometido a estudio el actor solicit� la protecci�n de sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, y debido proceso, por cuanto en su criterio las entidades accionadas no han aplicado la puntuaci�n correspondiente a la valoraci�n de antecedentes, toda vez que no han tenido en cuenta varios de los documentos que carg� en la plataforma SIMO.

Ahora, es situaci�n que plantea el se�or LEONARDO PINZ�N, no puede ser objeto de tr�mite por este medio preferente y sumario, por varias razones: (i) es cierto, como lo plante� la falladora a-quo, las entidades accionadas no se han pronunciado definitivamente sobre la reclamaci�n presentada por el actor; (ii) la convocatoria est� en etapa inicial, lo que advierte que ni siquiera existe una lista de elegible;

(iii) las accionadas bien podr�an acceder a la pretensi�n del actor frente a la reclamaci�n presentada en junio 07 de 2023, en cuyo caso cualquier acci�n judicial resulta inocua; y (iv) en el eventual caso de ser negada la reclamaci�n, ello per se no habilita la procedencia de la acci�n de tutela, porque aunque los actos de tr�mite no son demandables ante la Jurisdicci�n Contenciosa Administrativa, si se podr�n cuestionar cuando se impugne el acto final.

Sobre la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra actos administrativos de tr�mite, la Corte Constitucional indic� en sentencia SU-077/18: �13.��El art�culo 43 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo define los actos definitivos como aquellos que��(�) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuaci�n�. � Por regla general, seg�n lo dispone el art�culo 74 de la normativa en cita, contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos: �1.

El de reposici�n, ante quien expidi� la decisi�n para que la aclare, modifique, adicione o revoque; 2. El de apelaci�n, para (sic) ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo prop�sito (�) y; 3. El de queja, cuando se rechace el de apelaci�n (�)�. � De otra parte, los actos de tr�mite, que comprenden los preparatorios, de ejecuci�n y, en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no crean, modifican o extinguen una situaci�n jur�dica concreta, sino que est�n encaminados a contribuir con su realizaci�n. Con respecto a dichos actos, esta Corporaci�n ha establecido que��(�) no expresan en conjunto la voluntad de la administraci�n, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formaci�n de la decisi�n administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayor�a de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jur�dicas.� � 14.��La distinci�n entre actos definitivos y de tr�mite obedece a la forma que adoptan las actuaciones de la administraci�n, en la que se adelantan actos previos para la determinaci�n o alteraci�n de una situaci�n jur�dica -preparatorios-, se emiten decisiones que crean, modifican o extinguen la situaci�n jur�dica concreta -definitivos- y se realizan diversos actos dirigidos a ejecutar u obtener la realizaci�n efectiva de la decisi�n de la administraci�n -de ejecuci�n-. � La diferenciaci�n en menci�n es relevante para determinar cu�les son los mecanismos de contradicci�n con los que cuentan los ciudadanos. As� pues, mientras el art�culo 74 del CPACA prev� los recursos que proceden contra los actos definitivos, el art�culo 75�ib�dem�establece que��[n]o habr� recurso contra los actos de car�cter general, ni contra los de tr�mite, preparatorios, o de ejecuci�n excepto en los casos previstos en norma expresa.� � La jurisprudencia constitucional se ha referido a la clasificaci�n de los actos antes descrita.

En particular, en la�sentencia C-557 de 2001, este Tribunal�indic�: � �(�) los actos de tr�mite son �actos instrumentales�, que integran el procedimiento anterior a la decisi�n que finalmente resuelva el asunto y sus defectos jur�dicos podr�n cuestionarse cuando se impugne el acto definitivo, el cual podr� ser inv�lido, v.gr., por haberse adoptado con desconocimiento del procedimiento previo que constituye requisito formal del mismo acto.

Por lo tanto, es necesario esperar a que se produzca la resoluci�n final del procedimiento para poder plantear la invalidez del procedimiento por haberse presentado anomal�as en los actos de tr�mite.� � 15.��De la clasificaci�n de los actos de la administraci�n y, en particular, la categor�a de actos de tr�mite, se deduce que por regla general la tutela es improcedente para cuestionarlos, en la medida en que no expresan en concreto la voluntad de la administraci�n y son susceptibles de control por parte del juez natural del asunto cuando se controvierta la legalidad del acto administrativo definitivo. � En la�sentencia SU-201 de 1994,�la Corte Constitucional indic� que corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto, seg�n las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de tr�mite tiene la virtud de definir una situaci�n especial y sustancial dentro de la actuaci�n administrativa y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneraci�n de un derecho constitucional fundamental.

(ii) que el acto acusado defina una situaci�n especial y sustancial que se proyecte en la decisi�n final; y (iii) que ocasione la vulneraci�n o amenaza real de un derecho constitucional fundamental. � En el mismo sentido, de forma reciente la Corte�ha considerado que contra los actos de tr�mite procede excepcionalmente la acci�n de tutela�cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situaci�n sustancial dentro de la actuaci�n administrativa y ha sido fruto de una actuaci�n��abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garant�as establecidas en la Constituci�n�.

En el asunto objeto de an�lisis, se observa que no se cumple con todas las situaciones aludidas en la jurisprudencia en cita para predicar que la acci�n de tutela sea el mecanismo id�neo para discutir acerca de la irregularidad que se plantea respecto de la puntuaci�n que no se ha asignado por la valoraci�n de antecedentes. Veamos: Aunque la etapa respecto de la cual presenta su inconformidad el actor a�n no ha concluido, y ella define una situaci�n especial que se puede ver reflejada en la decisi�n final (enti�ndase los resultados que arrojen las pruebas), no por ello se puede concluir como lo hace el actor, que se causa una amenaza real de su derecho al debido proceso.

Y as� es, porque la situaci�n que no comparte el demandante se desenvuelve sobre una mera expectativa de poder superar la prueba. En todo caso, no se puede desconocer que ambas entidades accionadas advierten que la reclamaci�n no se ha resuelto de fondo; por tanto, no puede el juez de tutela en esta instancia decidir sobre lo que no se ha decido.

Ahora, es cierto, la Universidad Libre en la respuesta al juez de primera instancia se�alo que los documentos a los que hace referencia el actor no se encuentran visibles en la plataforma del SIMO; sin embargo, ser� un tema que la misma universidad debe analizar en la respuesta que le brinde al se�or LEONARDO PINZ�N a la reclamaci�n que �l present�, en la que seguramente le demostr� a la entidad haber realizado el cargue efectivo de los referidos documentos.

Finalmente, no hay lugar a predicar que la acci�n de tutela sea el mecanismo id�neo para evitar un perjuicio irremediable, m�s cuando su ocurrencia debe estar debidamente demostrada. Y para el presente caso ello no ha ocurrido, puesto que el accionante solo se refiri� a la situaci�n problem�tica que ata�e con la afectaci�n al debido proceso respecto del cargue de los documentos que dice no han sido valorados, pero esa mera circunstancia te�rica no lleva aparejada por s� sola, ni es suficiente, para que el juez de tutela usurpe la labor que debe ser realizada por la jurisdicci�n ordinaria.

ANOTACI�N FINAL. Se hace un fuerte llamado de atenci�n al secretario de la Sala Penal de esta Corporaci�n, ante la situaci�n presentada en este asunto, toda vez que la acci�n de tutela fue remitida al despacho del magistrado ponente un mes y medio despu�s de haberse recibido por parte de la Oficina Judicial de Reparto, sin existir ning�n tipo de explicaci�n a esa omisi�n presentada.

As� las cosas, se requiere al secretario de la Sala para que tome los correctivos necesarios, con el fin de que los asuntos de segunda instancia que sean recibidos procedentes de la Oficina Judicial Reparto se entreguen de manera inmediata en el respectivo despacho del magistrado ponente; por cuanto, de presentarse otra omisi�n en tal sentido se tomaran las medidas a que haya lugar.

Por lo anterior, se confirmar� la determinaci�n proferida por la primera instancia, en el sentido de declarar improcedente el amparo. Por lo expuesto y como quiera que la acci�n de tutela no se erige como la v�a por la cual el se�or LEONARDO PINZ�N puede buscar la protecci�n de las garant�as constitucionales que estima violadas, se confirmar� la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) en julio 11 de 2023, dentro de la acci�n de tutela presentada por el se�or LEONARDO ANDR�S PINZ�N CASTA�O contra la CNSC y la Universidad Libre.

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado El recurso de impugnaci�n fue sometida a reparto por la Oficina Judicial en julio 24 de 2023 -misma fecha de recibido por parte de la Secretar�a de la Sala Penal v�a correo electr�nico-.

Sin embargo, el despacho del magistrado ponente solo hasta septiembre 11 de 2023 recibi� el expediente digital a trav�s del correo oficial, sin ninguna explicaci�n por parte de la Secretar�a del motivo por el cual transcurri� cerca de un mes y medio entre la fecha de recibido de la acci�n de tutela, y el env�o del expediente al magistrado ponente. Sentencia SU-446/11. Sentencia de tutela 2� instancia N� 157 Radicaci�n: 660013187002 2023 00025-01 Accionante: Leonardo Andr�s Pinz�n Casta�o Se confirma P�gina PAGE 2 de NUMPAGES 9 ?@� � � � � � � � � � ^ _ � �һ��w�c�Nw7,h�3 h�3 CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h 6�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�rCJOJPJQJ^JaJ nH tH /h�rh�r5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�=�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hv�hv�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�rh�rCJOJPJQJ^JaJ nH tH /h�rhv�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�r5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH @� � � � � _ ��(E\o��dgdv� $da$gdv� $d�a$gdv�d�gd�3 d�gd�rd�gdv�� WX��'(D��쾪��bO1;hv�hv�5�:�B*CJ OJPJQJ^JaJ nH phtH $hv�hv�CJPJ^JaJ nH tH 8jhv�hv�CJOJPJQJU^JaJmHnHu'hv�hv�5�CJPJ^JaJ nH tH ,hv�h�3 CJOJPJQJ^JaJ nH tH &hv�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hv�hv�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�3 h�3 CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�3 CJOJPJQJ^JaJ nH tH DE\o��ɸ��{pepeZOZOZOZ�D9Dhv�hv�CJaJhv�h�GzCJaJhv�h�L�CJaJhv�h��CJaJhv�h��CJaJhv�h�CJaJhv�h]C�CJaJhv�h��CJaJ$hv�hv�CJEH��PJaJnH tH 'hv�hv�5�CJPJ^JaJnH tH hv�hv�PJ^JaJnH tH ;hv�hv�5�:�B*CJ OJPJQJ^JaJ nH phtH /hv�hv�5�CJ OJPJQJ^JaJ nH tH �� "./x�� 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