Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001310900220230008901

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2023-09-04

Sujetos procesales: Mario Fernando Serrano Herrera

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DEBIDO PROCESO / ESTUDIOS EN EL EXTERIOR / HOMOLOGACI�N El t�tulo de posgrado presentado, al ser expedido en el exterior -M�xico-, deb�a cumplir al momento de aportarlo en el t�rmino legal -diciembre 10 de 2020- con el requisito de homologaci�n o convalidaci�n por parte del Ministerio de Educaci�n Nacional, tal como lo demanda el Decreto 1083/15 y la Resoluci�n 0687/19.

(�) El debido proceso en este asunto fue garantizado, y la decisi�n de no inscripci�n en el Escalaf�n Docente no fue resultado de una determinaci�n aut�noma y arbitraria, sin por el contrario por la falta de requisitos no acreditados por el accionante, conforme a la normativa vigente. REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n No 928 Hora: 8:40 a.m. Radicaci�n: 66001310900220230008901 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por el se�or MARIO FERNANDO SERRANO HERRERA, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada frente a la Secretar�a de Educaci�n de Pereira, fue vinculada oficiosamente la Comisi�n Nacional del Servicio Civil -en adelante CNSC-. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el accionante, se pueden concretar as�: (i) en septiembre 03 de 2019 renunci� al cargo de docente en provisionalidad que ejerc�a en el departamento del Tolima, municipio de Chaparral, para asumir el nombramiento en per�odo de prueba en la ciudad de Pereira, realizado mediante Resoluci�n No 9068 de agosto 26 de 2019, por haber ganado el concurso de m�ritos de la convocatoria nacional para docentes realizado por la CNSC, la posesi�n en el cargo fue en septiembre 04 de 2019;

(ii) en noviembre 24 de 2020 obtuvo evaluaci�n de desempe�o con un puntaje de 88.33; (iii) en diciembre 01 de 2020 radic� ante la Secretar�a de Educaci�n de Pereira el certificado de estudio de maestr�a en educaci�n -requisito para profesionales no licenciados, seg�n decreto 1657/16, art. 2.4.1.4.1.4-; (iv) en marzo 25 de 2021 le informaron que el estado de la inscripci�n al escalaf�n docente con No 12985 quedaba sujeto al concepto que emitiera el Ministerio de Educaci�n Nacional frente a la consulta que hab�a elevado, pero no recibi� respuesta;

(v) en julio 07 de 2021 se gradu� como magister en educaci�n de la Universidad Montrer de M�xico, Estado de Michoac�n, por lo que en diciembre 01 inici� proceso de convalidaci�n del t�tulo ante el Ministerio de Educaci�n Nacional, radicado al No 2021-EE-384722, la cual fue negada en abril 04 de 2022 mediante Resoluci�n No 004843; (vi) contra dicho acto administrativo interpuso los recursos, pero a la fecha no hab�a recibido respuesta alguna;

(vii) en julio 09 de 2022 en pro de adquirir su nombramiento en propiedad, inici� diplomado en pedagog�a, brindado por la Universidad Tecnol�gica de Pereira, el cual finaliz� en noviembre 29 de ese a�o; (viii) en diciembre 08 de 2022 aport� el certificado de aprobaci�n y participaci�n a dicho diplomado; (ix) con la radicaci�n de dicho documento, solicit� la inscripci�n en el grado 2 del Escalaf�n Nacional Docente y el nombramiento de docente en propiedad, junto con las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Educaci�n sobre el proceso de convalidaci�n de la maestr�a;

(x) en febrero 27 de 2023 le fue notificada la Resoluci�n No 001205 de febrero 17 de 2023 a trav�s de la cual le fue negada la inscripci�n en el Escalaf�n Nacional Docente, decisi�n contra la cual interpuso los recursos de ley, pero mediante Resoluci�n 7860/23, confirmaron la determinaci�n; (xi) la entidad no tuvo en cuenta las peticiones deprecadas, ni tampoco que est� en tr�mite un recurso ante el Ministerio de Educaci�n para la convalidaci�n del t�tulo de magister, mismo que ser�a valido como requisito para acceder al nombramiento;

(xii) a la fecha cumple con todos los requisitos exigidos por la ley; (xiii) la desvinculaci�n de su cargo es inminente, lo que afecta su m�nimo vital y el de su familia, en especial de sus dos hijas menores de edad; y (xiv) la tutela es el �nico medio judicial efectivo e id�neo para analizar la situaci�n que se presenta. Pidi� la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m�nimo vital, seguridad social, educaci�n y petici�n, y en consecuencia, se ordene: (i) dejar sin efectos las Resoluciones de la Secretar�a de Educaci�n de Pereira que negaron la inscripci�n en el Escalaf�n, y (ii) que la Secretar�a de Educaci�n acepte el t�tulo de diplomado de la Universidad Tecnol�gica de Pereira, y proceda con el acto de nombramiento en propiedad. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho a quo mediante auto de julio 12 de 2023 admiti� la demanda contra la Secretar�a de Educaci�n de Pereira, y vincul� oficiosamente a la CNSC.

Las entidades se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - El apoderado judicial de la CNSC inform� que la jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo es el escenario natural para la reivindicaci�n de los derechos fundamentales que reclama el actor, proceso en el cual el se�or MARIO SERRANO puede reclamar el restablecimiento de sus derechos.

La Direcci�n de Vigilancia y Registro P�blico de Carrera Administrativa de la CNSC mediante Resoluci�n No 7860/23 resolvi� el recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la Resoluci�n 1205/23, por medio de la cual la Secretar�a de Educaci�n de Pereira neg� la inscripci�n en el escalaf�n docente, y se confirm� lo all� decidido. La decisi�n fue tomada teniendo en cuenta el art�culo 3 del Decreto 915/16.

El se�or SERRANO HERRERA fue nombrado en periodo de prueba a trav�s de Resoluci�n 9068/19, como docente de aula �rea ciencias sociales, en el establecimiento educativo Normal Superior el Jard�n de Pereira, y tom� posesi�n en septiembre 04 de 2019. En noviembre 24 de 2020 se realiz� protocolo de evaluaci�n de periodo de prueba, y donde el servidor obtuvo un puntaje de 88.33, clasificada en un nivel satisfactorio.

La raz�n fundamental para negar la inscripci�n en el Escalaf�n Docente, obedece a que el t�tulo de posgrado si bien fue obtenido antes del plazo definido por la Universidad -julio de 2021-, solo se acredit� ante esa instancia en diciembre 12 de 2022, seg�n oficio radicado 35587 de la misma fecha. Pero no se cumpli� con el requisito de convalidaci�n por parte del Ministerio de Educaci�n Nacional, pues al ser expedido en el exterior deb�a cumplir con la exigencia -Decreto 1083/15 art. 2.2.2.3.4. y la Resoluci�n 0687 de octubre 09 de 2019-, y la misma fue negada mediante Resoluci�n 4843 de abril 04 de 2022, confirmada por la Resoluci�n 0178726 de septiembre 09 de 2022, situaci�n que impide procede a su inscripci�n en el Escalaf�n Docente.

En el mismo sentido, el Comit� de Escalaf�n indic� que el diplomado en el programa de pedagog�a est� en curso de extemporaneidad, pues tal como lo exig�a la norma, tanto este requisito como el posgrado en educaci�n o el certificado de estar cursando, el plazo perentorio era la fecha de firmeza de la evaluaci�n del per�odo de prueba; es decir, diciembre 10 de 2020, y su acreditaci�n solo se hizo en diciembre 12 de 2022.

Mediante Resoluci�n No 02966 de abril 26 de 2023, el Comit� de Escalaf�n resolvi� el recurso de reposici�n y en subsidio el de apelaci�n contra la Resoluci�n No 1205/23, y decidi� confirmar la negativa de la inscripci�n. Por tanto, la CNSC ha obrado en estricto cumplimiento de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y por ende no ha generado agravio alguno a los derechos fundamentales del actor.

Solicit� que se declare improcedente la acci�n de tutela. - La Secretaria de Educaci�n de Pereira luego de hacer un resumen respecto de la forma en que se llev� a cabo la vinculaci�n del se�or MARIO SERRANO como docente del �rea de Ciencias Sociales en per�odo de prueba, se�al� que al momento de tomar posesi�n el accionante acredit� una profesi�n diferente a la de licenciado en educaci�n, por lo que estaba en la obligaci�n de acreditar uno de los siguientes requisitos: (i) certificado de cursa o ha terminado un posgrado en educaci�n; y (ii) ha realizado un programa en pedagog�a de acuerdo a lo establecido en el par�grafo 1, del art�culo 12 del Decreto 1278/02, por cuanto su vinculaci�n a la docencia se hizo bajo el r�gimen de dicha norma.

El Ministerio de Educaci�n Nacional al reglamentar dicha norma, expidi� el Decreto 915/16, en el que se exige como requisito que una vez en firme la evaluaci�n del per�odo de prueba, acreditar adicionalmente estar cursando o haberse graduado de un posgrado en educaci�n o que ha realizado un programa de pedagog�a. Dicha norma precis� que el profesional con titulo diferente al de licenciado en educaci�n que est� cursando un programa de especializaci�n, maestr�a o doctorado, deber� anexar la certificaci�n de la respectiva instituci�n de educaci�n superior en la que se indique el plazo m�ximo con el que cuenta el profesional para cumplir con los requisitos de grado y obtener el correspondiente t�tulo acad�mico.

Los requisitos exigidos por la norma son de obligatorio cumplimiento para seguir ejerciendo el cargo de docente, pues de no acreditarse, se incurrir� en el ejercicio del cargo sin el cumplimiento de los requisitos, lo que genera con ello la desvinculaci�n del respectivo cargo. Los t�rminos que ten�a el accionante para acreditar tal situaci�n eran perentorios, pues cualquiera de ellos ten�a como fecha limite el de la firmeza del per�odo de prueba.

El t�tulo de posgrado presentado, al ser expedido en el exterior -M�xico-, deb�a cumplir al momento de aportarlo en el t�rmino legal -diciembre 10 de 2020- con el requisito de homologaci�n o convalidaci�n por parte del Ministerio de Educaci�n Nacional, tal como lo demanda el Decreto 1083/15 y la Resoluci�n 0687/19. El proceso de convalidaci�n del t�tulo obtenido en M�xico le fue negado al accionante por el Ministerio de Educaci�n, mediante Resoluci�n 4843 de abril 04 de 2022, confirmada mediante Resoluci�n 17826 de septiembre 09 de 2022.

En todo caso, como la decisi�n de convalidaci�n se encontraba en segunda instancia, el actor no pod�a obtener la inscripci�n en el Escalaf�n, toda vez que el t�tulo deb�a presentar en diciembre 10 de 2020, situaci�n que no se cumpli�. Igual suerte corri� el programa de pedagog�a, el cual se acredit� extempor�neamente. El debido proceso en este asunto fue garantizado, y la decisi�n de no inscripci�n en el Escalaf�n Docente no fue resultado de una determinaci�n aut�noma y arbitraria, sin por el contrario por la falta de requisitos no acreditados por el accionante, conforme a la normativa vigente.

Solicit� no se tutelen los derechos que dice el se�or MARIO SERRANO fueron vulnerados. 3.2.- El Procurador 290 Judicial I Penal de Pereira emiti� un concepto a trav�s del cual indic� que el amparo deprecado es improcedente, como aplicaci�n del principio de subsidiariedad e inexistencia de vulneraci�n de derechos fundamentales. Si bien es cierto, el futuro del accionante se muestra desolador al verse desempleado y frustrado intempestivamente, ello no es suficiente para considerarlo de manera preferencial o brindarle un trato de especial protecci�n constitucional. 3.3.- Agotado el tr�mite a seguir en fallo de julio 27 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, la juez a quo declar� improcedente la acci�n, toda vez que las decisiones que adoptaron la entidades accionadas se encuentran ajustadas a derecho, si en cuenta se tiene adem�s, que el se�or SERRANO HERRERA a sabiendas de los requisitos que deb�a cumplir al momento de quedar en firme la calificaci�n de superaci�n del per�odo de prueba, no lo hizo, pues el t�tulo que obtuvo en el extranjero para tal fin no fue convalidado por el Ministerio de Educaci�n Nacional, tal como lo demanda el art�culo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083/15, y el diplomado de pedagog�a realizado en la Universidad Tecnol�gica de Pereira fue acreditado de manera extempor�nea. 4.- IMPUGNACI�N El accionante se mostr� inconforme con la decisi�n, a cuyo efecto la impugn� y solicit� que se revoque el fallo.

Expuso los siguientes argumentos: El juzgado de primera instancia omiti� pronunciarse sobre hechos y pruebas de la tutela que son relevantes para demostrar la vulneraci�n de los derechos fundamentales. Cit� la sentencia SU-1219/01. En el hecho quinto de la acci�n de tutela se hace menci�n a la respuesta parcial que brind� la Secretar�a de Educaci�n de Pereira, sobre el documento aportado en diciembre 01 de 2020 en cuanto al estado que ten�a para el momento en que realizaba la maestr�a, y la Secretar�a de Educaci�n se comprometi� a elevar concepto ante el Ministerio de Educaci�n. En la respuesta que da la Secretar�a de Educaci�n al juzgado no hace referencia a dicho concepto; es decir, no se sabe si se hizo.

Contrario a las manifestaciones hechas por las accionadas para el momento en que radic� su solicitud -diciembre 01 de 2020- s� se encontraba en t�rminos para entregar la respectiva informaci�n que le permitiera el nombramiento en propiedad. Frente al oficio de diciembre 01 de 2020 la accionada omite precisar que guard� silencio, por cuanto no hubo ninguna manifestaci�n verbal o escrita por parte de la Administraci�n, y en tal sentido, oper� el silencio administrativo positivo, lo que gener� confianza leg�tima.

Confi� en la Administraci�n municipal en cuanto al concepto que iba a pedir a la cartera ministerial. Empero, la entidad; adem�s, guard� silencio en relaci�n con la documentaci�n que fue presentada oportunamente. Est� al borde de quedar sin empleo, con deudas y sin la posibilidad de brindar alimento a sus hijas, y acudir a una demanda, no tendr�a certeza sobre la aplicaci�n o no de una medida cautelar, o si fallan a su favor.

El actor mencion� las sentencias T-731/17, 371/15, y T-260/18. Adicionalmente, el juzgado de primera instancia omiti� pronunciarse sobre el derecho a la igualdad, el cual debe aplicarse por el Estado Colombiano independientemente de la limitaci�n geogr�fica o divisi�n pol�tico-administrativa. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto declar� improcedente la acci�n constitucional presentada por parte del se�or MARIO FERNANDO SERRANO HERRERA.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.

En este caso el se�or MARIO SERRANO concurre ante el juez constitucional por considerar que por parte de las entidades accionadas se le est� vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el m�nimo vital, toda vez negar la inscripci�n en el Escalaf�n Docente con el argumento de no haber acreditado estar cursando o haberse graduado de un posgrado en educaci�n o que ha realizado un programa de pedagog�a, cuando en realidad si lo hizo desde diciembre 01 de 2020 al informar a la Secretar�a de Educaci�n de Pereira que se encontraba estudiando una maestr�a en una universidad del extranjero.

Para entrar en un an�lisis de fondo acerca de ese tema espec�fico puesto en consideraci�n por parte del se�or MARIO SERRANO en esta acci�n de tutela, indudablemente habr�a que superarse el test de procedibilidad, el que por supuesto no se super� tal cual como lo concluy� la juez a-quo. En efecto, aunque no hay ning�n reparo en relaci�n con la legitimaci�n en la causa -por activa y por pasiva-, y la inmediatez, no ocurre lo mismo en cuanto a la subsidiariedad, toda vez que si se pretende discutir la legalidad de las resoluciones que negaron la inscripci�n en el Escalaf�n Docente, esa controversia debe resolver ante la Jurisdicci�n Contenciosa Administrativa.

Ahora, de acuerdo con los argumentos expuesto en la sentencia de primera instancia, la acci�n de tutela no resulta eficaz e id�nea para decidir sobre las pretensiones del se�or MARIO SERRANO, como quiera que no se vislumbra por parte de las entidades accionadas alguna actuaci�n irregular. Frente a ese tema, debe recordar la Corporaci�n que es igualmente causal de improcedencia de la acci�n de tutela la no ocurrencia de acci�n u omisi�n vulneratoria de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, al respecto la Corte Constitucional ha dicho: �La acci�n de tutela fue consagrada en la Constituci�n de 1991, como una herramienta jur�dica con la que cuenta toda persona para solicitar la protecci�n de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p�blica.

As� el art�culo 86 Superior consagr� �el derecho de toda persona a interponer acci�n de tutela '(�) para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, (�) la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica (�)' o particulares, entre otros, que presten servicios p�blicos, o ante quienes el afectado se encuentre en una situaci�n de indefensi�n o subordinaci�n.� En desarrollo del precepto constitucional, el Decreto 2591 de 1991 estableci� en el art�culo 5, las reglas de procedencia general de la solicitud de amparo, en los siguientes t�rminos: �La acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el art�culo 2 de esta ley.

Tambi�n procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Cap�tulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ning�n caso est� sujeta a que la acci�n de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jur�dico escrito.� (Subrayas fuera de texto original) Entonces para que �proceda la acci�n de tutela contra una autoridad p�blica deben darse dos (2) elementos o presupuestos b�sicos, a saber: (i) Acci�n u omisi�n proveniente de la autoridad p�blica y (ii) Efectiva violaci�n o amenaza de violar un derecho constitucional fundamental�, seg�n lo ha reafirmado la jurisprudencia constitucional.

Adem�s, esta Corporaci�n ha reiterado que de la lectura sistem�tica del mencionado art�culo y del art�culo 6 que contempl� las causales de improcedencia, se infiere que la existencia de una acci�n u omisi�n de la autoridad accionada, con la cual se trasgredan los derechos fundamentales del actor, es un requerimiento �l�gico-jur�dico para la procedencia de la acci�n tuitiva de derechos fundamentales�.

As� las cosas, la acci�n de tutela est� llamada a no proceder, cuando se funde en suposiciones, conjeturas o violaciones hipotecas. Como se consider� en la sentencia T-066 de 2002: �(�) Con todo, ello no significa que los ciudadanos puedan desconocer los procedimientos establecidos por la ley en los diversos ordenamientos jur�dicos, que para el caso que nos ocupa es la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo y, acudir a la acci�n de tutela bajo la suposici�n o conjetura de que se vulnerar�n derechos fundamentales por actos negativos de la administraci�n, sin darle a �sta siquiera la oportunidad de pronunciarse en ese o en otro sentido.

No se puede llegar al absurdo de acudir a la acci�n de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no solo viola el debido proceso de las entidades p�blicas, que, valga repetirlo, tambi�n lo tienen, sino que, atentar�a contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el de asegurar la vigencia de un orden justo.� (Subrayas originales) En consecuencia, la procedencia general de la protecci�n constitucional v�a tutela est� condicionada a que se cumpla con el requisito de existencia de acciones u omisiones que conculquen o pongan en peligro los derechos de las personas, como quiera que una situaci�n diferente se circunscribir�a al �campo de las meras especulaciones o hip�tesis�. En ese orden de ideas, y analizado el caso con detenimiento se aprecia que no existe ninguna acci�n u omisi�n por parte de las accionadas que se traduzca en afectaci�n de derecho fundamental alguno, por lo siguiente: Dice el se�or MARIO SERRANO que la decisi�n de la Secretar�a de Educaci�n de Pereira de no inscribirlo en el Escalaf�n Docente es arbitraria y vulneradora de derechos fundamentales, toda vez que s� acredit� uno de los requisitos exigidos por la norma, como lo es haber certificado estar cursando un posgrado en educaci�n. Sin embargo, y contrario a lo aseverado por el actor, la determinaci�n de la entidad accionada si cuenta con un fundamento normativo, toda vez que el par�grafo 1, del art�culo 12 del Decreto 1278/02, exige la acreditaci�n de un programa en pedagog�a, lo cual debe demostrar en la fecha en que cobra firmeza el acto mediante el cual se determina la evaluaci�n del per�odo de prueba, que seg�n se informa ocurri� en diciembre 10 de 2020.

Ahora, el actor se�ala que antes de esa fecha le comunic� a la entidad que se encontraba cursando el mencionado programa, lo que en efecto permite acreditar la norma; no obstante, lo que omite informar el se�or MARIO SERRANO es que pese a estar cursando el mencionado programa en una universidad de M�xico, �ste no se encontraba convalidado por el Ministerio de Educaci�n Nacional, lo que indica que desde un principio ese requisito no se encontraba cumplido.

Por tanto, surge el siguiente interrogante: �consult� el se�or MARIO SERRANO antes de iniciar el programa en una universidad de M�xico si �ste se encontraba homologado o convalidado por el Ministerio de Educaci�n? Pues bien, de acuerdo a los hechos narrados por el accionante se podr�a concluir que no lo hizo, siendo ello una carga propia del estudiante, en este caso del se�or SERRANO HERRERA -quien deb�a acreditar tal requisito- y no de la Secretar�a de Educaci�n de Pereira -ante quien se deb�a acreditar el programa de pedagog�a-.

Adem�s de lo anterior, igual suerte corre el diplomado de pedagog�a, como quiera que se present� de manera extempor�nea; es decir, por fuera de la fecha en que se declar� la firmeza la evaluaci�n del per�odo de prueba. En ese orden de ideas, es evidente que hasta aqu� la entidad actu� bajo los criterios de la norma que dispone el Escalaf�n Docente, y de esa determinaci�n que tom� no se vislumbra ninguna acci�n vulneradora de derechos fundamentales como lo advierte el se�or MARIO SERRANO, pues se insiste era su obligaci�n acreditar el requisito del programa de pedagog�a. As� las cosas, no se puede calificar ahora de arbitraria la decisi�n que tom� la Secretar�a de Educaci�n de Pereira, pues es un requisito sine qua non para realizar la inscripci�n en el Escalaf�n Docente el que se acredite un programa de pedagog�a, lo que no logr� demostrar el se�or MARIO SERRANO. Por todo lo expuesto, la Corporaci�n confirmar� la determinaci�n adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento en cuanto declar� la improcedencia de la acci�n de tutela.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida en julio 27 de 2023 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, por medio de la cual se declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por el se�or MARIO FERNANDO SERRANO HERRERA, de conformidad con los argumentos previamente expuestos.

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  En la acci�n de tutela el se�or MARIO SERRANO manifest� que interpone igualmente la acci�n en representaci�n y nombre de sus hijas menores MAR�A JOS� y MAR�A JULIANA SERRANO MART�NEZ.  La acci�n de tutela inicialmente correspondi� por reparto al Juzgado Segundo Penal Municipal con funci�n de control de garant�as, el cual dispuso la remisi�n del expediente a la Oficina Judicial, para que se sometiera a reparto entre los Jueces Penales del Circuito, como quiera que en el asunto se encontraba vinculada una entidad del orden nacional.  Sentencia T-1076/12     Sentencia de tutela 2� instancia N� 131 Radicaci�n: 660013109002 2023 00089 01 Accionante: Mario Fernando Serrano Herrera Confirma P�gina  PAGE 2 de  NUMPAGES 9 ./1    D E G � � � ��������o�]H3�(h�kh�:MCJOJQJ^JaJ mH sH (h�kh�kCJOJQJ^JaJ mH sH "h�kCJOJQJ^JaJ mH sH %h�k5�CJOJQJ^JaJ mH sH (h�:Mh�:MCJOJQJ^JaJ mH sH (hy�h�:MCJOJQJ^JaJ mH sH (hy�hy�CJOJQJ^JaJ mH sH "h�*�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�*�h�:M5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�*�h�*�5�CJOJQJ^JaJ mH sH / E � � � KLMNdv������'(���������������������dgd�:M $da$gd�:M $d�a$gd�:Md�gd�Ccd�gd�kd�gd�*�d�gdy�d�gd�:M� � � �, 1 JKMNvw����������scFc7 h�:Mh�:MCJaJ mH sH 8jh�:Mh�:MCJOJQJUaJmHnHsH tH u h�:Mh�:M5�CJaJ mH sH (h�:Mh�:MCJOJQJ^JaJ mH sH "h�kCJOJQJ^JaJ mH sH (h�Cch�:MCJOJQJ^JaJ mH sH "h�CcCJOJQJ^JaJ mH sH (h�Cch�CcCJOJQJ^JaJ mH sH %h�Cc5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�*�h�k5�CJOJQJ^JaJ mH sH ����������������  $%&'���Ķ����y���nc�XMXMXBh�:Mh,X�CJ^Jh�:Mh�P�CJ^Jh�:MhI,:CJ^Jh�:MhN�CJ^Jh�:Mh�Y�CJ^Jh�:MhB�CJ^Jh�:Mh��CJ^Jh�:Mh�CJ^Jh�:Mh�CJ^J h�:Mh�:MCJEH��^JmH sH h�:Mh�:M5�CJmH sH h�:Mh�:MaJmH sH 'h�:Mh�:M5�CJ OJQJaJ mH sH 3h�:Mh�:M5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH '(=>ABHQRVsuwx��������������������yj[L= h�:Mh� #@���CJEH��^J h�:MhN�@���CJEH��^J h�:Mh�P�@���CJEH��^J h�:Mh}PU@���CJEH��^J h�:Mh�P�@���CJEH��^J$hg hj�CJ OJQJaJmH sH h�:Mh�:MCJ^Jh�:MCJ^JhPCJ^JhPhPCJ^JhoLyCJ^Jh�:Mhj�CJ^Jh�:Mh��CJ^Jh�:MhgCJ^Jh�:Mh,X�CJ^Jh�:Mh�v?CJ^J(BRvwx��-/>?� � � � � � � � � � S"T"M#N#�#�#���������������������������dgd�:M $da$gd�:M��/7eu���+,-./=>?��Ŷ��ʼn���zk�XC4 h�:Mh�"@���CJEH��^J(hg h�"CJ OJQJ^JaJmH sH $hg hj�CJ OJQJaJmH sH h�:Mh9c�@���CJEH��^J h�:Mh�2@���CJEH��^J h�:MhHX�@���CJEH��^J h�:Mh�P�@���CJEH��^J h�:MhN�@���CJEH��^J h�:Mh�le@���CJEH��^J h�:Mh}PU@���CJEH��^J4jh�:MhoLy0J5�@���CJEH��OJQJU^J h�:Mh�le5�@���CJEH��^J?��������i�� � � � � � � � � � � ������ĵ������y�j�[Lj9$hg hj�CJ OJQJaJmH sH h�:Mh�[ @���CJEH��^J h�:Mhd4~@���CJEH��^J h�:Mh�z�@���CJEH��^J h�:Mh�8@���CJEH��^J h�:Mh��@���CJEH��^J h�:Mh%\@���CJEH��^J h�:Mh^s�@���CJEH��^J h�:Mhch�@���CJEH��^J h�:Mh�le@���CJEH��^J h�:MhY�@���CJEH��^J h�:MhN�@���CJEH��^J h�:Mh�j�@���CJEH��^J� � � � � � � � � � � � � 7 8 � ��ʺ���~o`QBo`1` jh�:Mh%\CJH*U^J h�:MhHR�@���CJEH��^J h�:Mh�.�@���CJEH��^J h�:Mh%\@���CJEH��^J h�:Mh�Q�@���CJEH��^J h�:Mh\ k@���CJEH��^J h�:Mhl@���CJEH��^J h�:Mhg}|@���CJEH��^J h�:Mh"k�@���CJEH��^J h�:Mh"k�5�@���CJEH��^J h�:Mh��5�@���CJEH��^J$hg hj�CJ OJQJaJmH sH $hg hlCJ OJQJaJmH sH � � � � � w � � � ]"l"�%�%�%�&�&F(H(O(P(n*{*�*�*���ĵ�����������x�x�hXI h�:MhO �>�?�?�@�@�A�A�B�B�C�C�C�C�D�D�D�D���������������������������dgdg dgd�:M|8�8�8�8�8�8�899):�:�:a;b;c;s;t;v;�;�;�;����񾯠���vgR�vC4C h�:Mh� @���CJEH��^J h�:Mh+.�@���CJEH��^J(hg hlCJ OJQJ^JaJmH sH h�:Mh�6@���CJEH��^J h�:Mh� r@���CJEH��^Jh�)�@���CJEH��^J h�:Mh$�@���CJEH��^J h�:Mh.�@���CJEH��^J h�:Mh�"P@���CJEH��^J h�:Mh�g�@���CJEH��^J"h�:Mh�g�5�@���CJEH��\�^J"h�:Mh.�5�@���CJEH��\�^J h�:Mhl@���CJEH��^J�;�;�;�;�;�;�;�;�;�; 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