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No obstante, el juez puede hacer excepciones al observar que est� frente a la posible vulneraci�n de prerrogativas fundamentales y se demuestren condiciones tales como: �[�] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestaci�n social vulnere alg�n derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el m�nimo vital�� SEGURIDAD SOCIAL / PRESTACIONES ECON�MICAS / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA � la Corte Constitucional ha indicado que la acci�n de tutela es procedente para exigir garant�as econ�micas laborales, cuando el no pago de las mismas vulnera o amenaza los derechos fundamentales como la vida digna, el m�nimo vital, la seguridad social y/o subsistencia, en cuanto dichas prestaciones constituyan la �nica fuente de ingresos para el sustento econ�mico y necesidades b�sicas del actor y sus familiares, con fundamento en que el pago de las incapacidades sustituye el salario durante el tiempo que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n N� 1082 Hora: 2:10 p.m. Radicaci�n: 66001310900120230008301 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el apoderado judicial de la NUEVA EPS y la Directora de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta capital, con ocasi�n de la acci�n instaurada por el se�or DANIEL MAR�A GONZ�LEZ MAR�N, contra las entidades impugnantes. 2.- DEMANDA Lo sustancial de los hechos que plantea el accionante, se puede sintetizar as�: (i) en mayo 27 de 2021 fue diagnosticado con Covid-19, y desde entonces se encuentra incapacitado de forma ininterrumpida;
(ii) los 180 d�as de incapacidad los pag� su empleador, es decir, hasta diciembre 05 de 2021, y desde esa fecha no percibe ning�n ingreso econ�mico; (iii) en junio 06 de 2022 la NUEVA EPS emiti� concepto de rehabilitaci�n con pron�stico no favorable, y fue remitido a COLPENSIONES para que inicie el proceso de calificaci�n de PCL; (iv) se ha presentado varias veces ante las oficinas de la AFP para radicar las incapacidades, pero los funcionarios siempre le indican que al tener concepto de rehabilitaci�n desfavorable no les asiste responsabilidad en el pago, y lo procedente es esperar la calificaci�n de PCL, proceso que se inici� en mayo 04 de 2023, pero a la fecha no le han practicado ninguna valoraci�n; y (v) lleva m�s de dieciocho meses sin percibir ning�n ingreso econ�mico, raz�n por la cual se encuentra con varias deudas.
Solicita la protecci�n de sus derechos fundamentales y en consecuencia se ordene a las entidades accionadas pagar las incapacidades referenciadas y las que a futuro se generen. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Una vez admitida la tutela �mediante auto de julio 28 de 2023�, el despacho dispuso vincular a la NUEVA EPS y a COLPENSIONES. Una vez surtido el traslado de la demanda, las entidades se pronunciaron as�: - La Directora de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES inform� que revisado el expediente administrativo se evidencia que la NUEVE EPS aport� mediante el radicado No 2022_7705815 de junio 10 de 2022 el concepto de rehabilitaci�n, con pron�stico desfavorable, en consecuencia, no es jur�dicamente procedente el pago de subsidios econ�micos por incapacidades.
En el presente asunto ya se dio inicio al proceso de calificaci�n de PCL en mayo 04 de 2023, pero realizada la respectiva valoraci�n documental, la Direcci�n de Medicina Laboral determin� que era necesario solicitar documentos adicionales al accionante, los cuales fueron requeridos mediante oficio de julio 19 de 2023. La acci�n de tutela es improcedente para el pago de incapacidades, toda vez que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener el pago de las mismas.
Pide se deniegue la acci�n de tutela, por cuanto las pretensiones son abiertamente improcedentes, y COLPENSIONES no ha vulnerado ning�n derecho fundamental del actor. - La apoderada judicial de la NUEVA EPS inform� que el se�or DANIEL GONZ�LEZ presenta 783 d�as de incapacidad continuos a julio 29 de 2023, y complet� los 180 d�as en diciembre 03 de 2021, a su vez complet� los 540 d�as en noviembre 28 de 2022.
La Direcci�n de Medicina Laboral le notific� inicialmente a COLPENSIONES en octubre 05 de 2021 el concepto de rehabilitaci�n favorable, pero en junio 10 de 2022 notific� el alcance de la actualizaci�n a dicho concepto, el cual arroj� un pron�stico desfavorable. En ese orden de ideas, no es jur�dicamente procedente el pago de subsidios econ�micos por incapacidad, sino la calificaci�n de PCL del accionante.
Es COLPENSIONES quien debe asumir el valor de las incapacidades emitidas al usuario, hasta tanto se realice la calificaci�n de PCL. No obstante, la acci�n de tutela no es procedente para el pago de prestaciones econ�micas, por lo que el accionante debe acudir a la jurisdicci�n laboral. Solicita sea denegada la acci�n de tutela, y que se declare que la EPS no est� vulnerando derecho fundamental alguno. Adicionalmente, por tratarse de una controversia de origen econ�mico, no es susceptible de protecci�n por v�a de acci�n de tutela. 3.2.- El funcionario de primer grado mediante sentencia de agosto 25 de 2023 ampar� el derecho fundamental al m�nimo vital del se�or DANIEL GONZ�LEZ, y emiti� las siguientes �rdenes: (i) a COLPENSIONES que en el t�rmino de diez (10) d�as siguientes a la notificaci�n de la sentencia, efect�e el reconocimiento y pago del subsidio econ�mico correspondiente a las incapacidades m�dicas otorgadas al accionante a partir del d�a 181 hasta el d�a 540 -es decir, desde diciembre 04 de 2021 hasta noviembre 28 de 2022-; y (ii) a la NUEVA EPS que en igual t�rmino, efect�e el pago de las incapacidades a favor del accionante, a partir del d�a 541 y hasta tanto cese la emisi�n de las mismas, ya sea por verificarse su rehabilitaci�n y reincorporaci�n a la vida laboral o hasta que se determine la p�rdida de su capacidad laboral superior al 50%. 4.- IMPUGNACI�N - La Directora de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES impugn� la sentencia y solicit� que se revoque la misma, por cuanto es improcedente la acci�n de tutela conforme a los postulados del art�culo 6� del Decreto 2591/91.
As� argument�: Revisado el expediente del accionante, se logra evidenciar que la NUEVA EPS alleg� concepto de rehabilitaci�n con pron�stico favorable en octubre 05 de 2021, y posteriormente; en junio 10 de 2022, radic� un concepto desfavorable, lo que da lugar a que proceda la calificaci�n de PCL. Empero, no se encontr� por parte del accionante alg�n derecho de petici�n pendiente por resolver, por lo que no se tienen solicitudes pendientes.
COLPENSIONES es una entidad cuya estructura se basa en proceso; por tal raz�n, por cada uno de ellos se desarroll� un formulario y solicitudes de documentos necesarios para el estudio de las prestaciones a cargo de la AFP, los cuales son obligatorios para todos los tr�mites y as� cumplir con el prop�sito de reunir los datos e informaci�n b�sica de cada ciudadano, para agilizar no solo la radicaci�n de la solicitud sino para dar una respuesta de fondo y oportuna por parte del �rea encargada.
Adem�s, la AFP se encuentra facultada para para exigir el diligenciamiento de ls formularios, conforme lo consagrada el decreto 019/12, art�culo 4 de la ley 1755/15. Igualmente, por tratarse de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, todo reconocimiento, pago o desembolso, debe hallarse soportado en los documentos que el ordenamiento exige, y con el lleno de los requisitos legales.
Por ende, por principio general del derecho, el actor no puede beneficiarse de su propio dolo, culpa o inacci�n, al pretender el pago de incapacidades por v�a de tutela, sin siquiera elevar la petici�n, en tal sentido ante la entidad. En conclusi�n, COLPENSIONES no ha vulnerado ning�n derecho fundamental. - Dentro del t�rmino oportuno, la apoderada judicial de la NUEVA EPS impugn� la sentencia y solicit� se revoque la misma, toda vez que la responsabilidad en el pago de incapacidades superiores a los 540 d�as recae en la AFP hasta tanto emita la calificaci�n de PCL.
Lo anterior, por cuanto una vez la EPS emita el concepto de rehabilitaci�n a la AFP -antes del d�a 150 de incapacidad, como sucedi� en este caso-, dicha entidad debe iniciar el pago de las incapacidades a partir del d�a 181, prorrogando el pago por 360 d�as calendario adicionales a los primeros 180 d�as de incapacidad que reconozca la EPS, y al finalizar dicho per�odo la AFP proceder� a calificaci�n de la PCL -Decreto 019/12-.
Es decir, no existe ninguna obligaci�n por parte de la NUEVA EPS en el pago de las incapacidades que se reclaman, y el reconocimiento est� a cargo de la AFP. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, seg�n las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en el fallo impugnado, en cuanto tutel� el derecho fundamental al m�nimo vital del se�or DANIEL MAR�A GONZ�LEZ MAR�N. De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, modific�ndola o revoc�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna.
En el presente caso lo pretendido por el accionante es el amparo de su derecho al m�nimo vital que considera vulnerado por parte de las entidades accionadas, toda vez que no se le han pagado las incapacidades generadas por el m�dico tratante desde diciembre 05 de 2021 -fecha en la que se completaron los 180 d�as de incapacidad- a la fecha de presentada la acci�n de tutela -las cuales ya superan los 540 d�as-.
En este asunto y de acuerdo con las manifestaciones esbozadas por la accionante por intermedio de su apoderado judicial, entiende la Sala que su solicitud est� dirigida b�sicamente a que las entidades accionadas reconozcan las incapacidades y las pague. No obstante, para llegar a tomar una decisi�n en tal sentido, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque como bien lo ha planteado en varias ocasiones la Corte Constitucional, se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales.
El art�culo 86 C.P, en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva); (ii) la�inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.
En cuanto al primero de ellos -legitimaci�n en la causa-, considera la Sala que se cumple, toda vez que va dirigida contra dos entidades encargadas de la prestaci�n de un servicio p�blico, como lo es la salud y el fondo de pensiones. Adicionalmente, la accionante est� legitimada en raz�n a que a ella se le atribuye la afectaci�n de los derechos fundamentales cuya protecci�n reclama.
Frente a la inmediatez, debe decirse que muy a pesar de no existir un t�rmino de caducidad establecido para interponer la acci�n de tutela, la misma debe ser utilizada oportuna y adecuadamente, en el entendido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga juez constitucional en forma pronta. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: �7.�Esta Corporaci�n ha resaltado que de conformidad con el art�culo 86 de la Constituci�n, la acci�n de tutela no tiene t�rmino de caducidad.
Sin embargo, como se mencion� con anterioridad, la solicitud de amparo debe formularse en un plazo razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador. Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acci�n constitucional, que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuaci�n r�pida de los jueces. Por ende, cuando el mecanismo se utiliza mucho tiempo despu�s de la acci�n u omisi�n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt�a su car�cter apremiante.� Sin embargo, sobre la aplicaci�n de la inmediatez en prestaciones de car�cter sucesivo, la Corte Constitucional ha dicho que no es exigible dicho principio cuando se demuestre que la vulneraci�n es permanente en el tiempo -sentencia T-161/19-, y de acuerdo a las circunstancias que rodean este asunto, se puede concluir que es v�lido flexibilizar la aplicaci�n de dicho requisito, toda vez que las incapacidades que se reclaman con posterioridad a diciembre 05 de 2021-fecha en la cual la EPS dej� de pagar las incapacidades- han sido generadas de manera continua e ininterrumpida, y ellas superan los 181 d�as de incapacidad; por tanto, ser�a inapropiado aplicar el principio de inmediatez, como requisito de caducidad para que el se�or DANIEL GONZ�LEZ presentara esta acci�n de tutela, cuando se advierte que estamos frente a una prestaci�n de tracto sucesivo.
Ya en lo referido a la subsidiariedad, y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la tutela es un mecanismo especial y transitorio que propende por el aseguramiento �gil de las garant�as constitucionales; y en tal sentido, en principio no est� llamada a prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional.
No obstante, el juez puede hacer excepciones al observar que est� frente a la posible vulneraci�n de prerrogativas fundamentales y se demuestren condiciones tales como: �[�] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestaci�n social vulnere alg�n derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el m�nimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su contradicci�n con los preceptos legales y constitucionales desvirt�en la presunci�n de legalidad de las actuaciones de la administraci�n p�blica o sea evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este servicio p�blico.� As� mismo, la Corte Constitucional ha indicado que la acci�n de tutela es procedente para exigir garant�as econ�micas laborales, cuando el no pago de las mismas vulnera o amenaza los derechos fundamentales como la vida digna, el m�nimo vital, la seguridad social y/o subsistencia, en cuanto dichas prestaciones constituyan la �nica fuente de ingresos para el sustento econ�mico y necesidades b�sicas del actor y sus familiares, con fundamento en que el pago de las incapacidades sustituye el salario durante el tiempo que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada -sentencia T-020/18-.
En este caso se avizora que el se�or DANIEL MAR�A GONZ�LEZ MAR�N presenta: �Covid-19, otros s�ntomas y signos que involucran la funci�n cognoscitiva y la conciencia y trastorno cognitivo leve� que le han generado continuas incapacidades, lo que llev� a que por parte de la NUEVA EPS se le pagaran las incapacidades hasta diciembre 05 de 2023 -fecha en la cual se completaron los primeros 180 d�as-.
Posterior a la fecha en la que se completaron los 180 d�as, el m�dico tratante le ha generado m�s incapacidades hasta julio 29 de 2023 -�ltima incapacidad otorgada antes de la fecha de presentaci�n de la acci�n de tutela, y que se encuentra dentro del grupo de incapacidades que superan los 540 d�as-, mismas que no han sido sufragadas. La decisi�n adoptada por el despacho, en efecto le endilg� responsabilidad tanto a COLPENSIONES como a la NUEVA EPS, a la primera de ellas para que pague las incapacidades superiores a los 180 d�as y hasta el d�a 540.
Y a la segunda entidad para que asuma el pago de las incapacidades superiores a los 540 d�as, hasta tanto ocurra cualquiera de las dos siguientes situaciones, (i) el afiliado se reintegre laboralmente; o (ii) reciba una calificaci�n de PCL superior al 50%. En la impugnaci�n, la AFP asevera no tener ninguna solicitud frente a lo que reclama el accionante.
Por su parte, la EPS fundamenta en la impugnaci�n que el pago de las incapacidades superiores a los 540 d�as es obligaci�n de la AFP sin importar el pron�stico favorable de recuperaci�n. Para resolver lo anterior, se referir� primero la Corporaci�n a las obligaciones que recaen en cada uno de los actores del sistema de seguridad social, en relaci�n con el pago de las acreencias laborales como las que aqu� se reclaman.
Frente a la responsabilidad del empleador, la EPS y el Fondo de Pensiones, respecto al pago de las incapacidades por enfermedades de origen com�n, la Corte Constitucional ha dicho: �(i) Los primeros dos d�as de incapacidad el�empleador�deber� asumir el pago del auxilio correspondiente. � (ii) Desde el tercer d�a hasta el d�a 180 de incapacidad, la obligaci�n de sufragar las incapacidades se encuentra a cargo de las�EPS. � (iii) A partir del d�a 180 y hasta el d�a 540 de incapacidad, la prestaci�n econ�mica corresponde, por regla general, a las�AFP, sin importar si el concepto de rehabilitaci�n emitido por la entidad promotora de salud es favorable o desfavorable. � (iv) No obstante, existe una excepci�n a la regla anterior.
Como se indic� anteriormente,�el concepto de rehabilitaci�n debe ser emitido por las entidades promotoras de salud antes del d�a 120 de incapacidad y debe ser enviado a la AFP antes del d�a 150. Si despu�s de los 180 d�as iniciales las EPS no han expedido el concepto de rehabilitaci�n, ser�n responsables del pago de un subsidio equivalente a la incapacidad temporal, con cargo a sus propios recursos hasta tanto sea emitido dicho concepto. � De este modo, es claro que la AFP debe asumir el pago de incapacidades desde el d�a 181 al 540, a menos que la EPS haya inobservado sus obligaciones, como se explic� previamente�.
Y frente al pago de las incapacidades que superen los 540 d�as, la Corte Constitucional en la Sentencia T-144/16 estableci�: �a) El reconocimiento y pago a las Entidades Promotoras de Salud por el aseguramiento y dem�s prestaciones que se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido el pago de incapacidades por enfermedad de origen com�n que superen los quinientos cuarenta (540) d�as continuos.
El Gobierno Nacional reglamentar�, entre otras cosas, el procedimiento de revisi�n peri�dica de la incapacidad por parte de las EPS, el momento de calificaci�n definitiva, y las situaciones de abuso del derecho que generen la suspensi�n del pago de esas incapacidades�. -negrilla de la Sala- Adem�s de lo anterior, el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 1333 de julio 27 de 2018, por medio del cual, entre otras situaciones, reglament� el tema de las incapacidades superiores a los 540 d�as a cargo de las EPS, para cuyo reconocimiento y pago deber�n establecer si la persona afectada en su salud ostenta alguno de los requisitos contenidos en el art�culo 2.2.3.3.1: �1.
Cuando exista concepto favorable de rehabilitaci�n expedido por el m�dico tratante, en virtud del cual se requiera continuar en tratamiento m�dico. 2. Cuando el paciente no haya tenido recuperaci�n durante el curso de la enfermedad o lesi�n que origin� la incapacidad por enfermedad general de origen com�n, habi�ndose seguido con los protocolos y gu�as de atenci�n y las recomendaciones del m�dico tratante. 3.
Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperaci�n del paciente�. Aunque la Corte Constitucional en la sentencia T-268/20 hab�a condicionado que el pago de las incapacidades superiores a los 540 d�as pod�a recaer en la AFP o en la EPS seg�n el resultado del concepto de rehabilitaci�n, a hoy se tiene que el citado �rgano de cierre en la decisi�n T-194/21, reiter� que la �nica entidad responsable del pago de las incapacidades que superen el referido t�rmino, son las EPS, a cuyo efecto se�al�: �De la norma transcrita se advierte:�i)�que el Legislador asign� la responsabilidad de sufragar las incapacidades superiores a 540 d�as a las EPS, y�ii)�que las EPS pueden perseguir el reconocimiento y pago de las sumas canceladas por dicho concepto en los t�rminos del art�culo 67 de la Ley 1753 de 2015 ante la�entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que asumi� funciones a partir del 1� de agosto de 2017, seg�n lo prescrito en el art�culo 1� del Decreto 546 de 2017. � Adicionalmente, es oportuno aclarar que de ninguna manera puede entenderse que el pago de los subsidios por incapacidad al asegurado se encuentra sujeto a condici�n alguna, toda vez que, conforme al texto normativo trascrito, lo que qued� en suspenso, fue la reglamentaci�n del procedimiento de revisi�n peri�dica de incapacidad por parte de las EPS, entre otros asuntos, y no el cumplimiento del deber de pagar los subsidios por incapacidades.
Por tanto, desde la entrada en vigor de la Ley 1753 de 2015, el pago del subsidio por incapacidades que superan el d�a 540, qued� a cargo de las EPS y desde entonces, tienen el deber de sufragar los valores por dicho concepto a favor del asegurado. � Igualmente, conviene reiterar que el deber legal de asumir las incapacidades originadas en enfermedad com�n que superen los 540 d�as (que est� a cargo de las EPS) tampoco se encuentra condicionado a que se haya surtido la calificaci�n de p�rdida de capacidad laboral del afiliado, toda vez que la falta de diligencia de las entidades no puede derivar en una carga m�s gravosa para quien afronta una incapacidad prolongada.� En ese orden de ideas, y en concordancia con el art�culo 142 de Decreto 019/12, se advierte que a partir del tercer d�a la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador debe efectuar el pago de los subsidios hasta el d�a 180, y seg�n se prob� la NUEVA EPS cumpli� con esa carga.
Adem�s, en dicho lapso la entidad promotora de salud debe emitir el concepto favorable de rehabilitaci�n, pero ello debe ocurrir antes del d�a 120 de incapacidad temporal, y a su vez enviarlo a m�s tardar el d�a 150 al Fondo de Pensiones pertinente -sentencia T-401/17-. Sobre ese �ltimo presupuesto se tiene que la NUEVA EPS lo atendi�, toda vez que en octubre 05 de 2021 le notific� a COLPENSIONES el concepto de rehabilitaci�n favorable, y posteriormente lo complementado con otro concepto en junio 10 de 2022, con pron�stico desfavorable.
En ese orden de ideas, se aprecia que la NUEVA EPS dentro del per�odo de los 120 a los 150 d�as de incapacidad -los 120 d�as se cumplieron en octubre 02 de 2021-, le notific� a la AFP el concepto de rehabilitaci�n, situaci�n que efectivamente es reconocida por COLPENSIONES. Ahora, la jurisprudencia constitucional ha sido enf�tica en afirmar que con posterioridad al d�a 180, son los Fondos de Pensiones los encargados del pago de los beneficios econ�micos por incapacidad, que se hacen extensivos hasta por 360 d�as m�s, es decir, hasta el d�a 540 -sentencias T-920/09 y T-245/15-, sin importar si el concepto de rehabilitaci�n emitido por la EPS es favorable o desfavorable -sentencia T-401/17-, y de acuerdo a la informaci�n que reposa en el dosier, el �ltimo concepto de rehabilitaci�n reportado al se�or DANIEL GOZ�LEZ arroja pron�stico desfavorable; es decir, ese concepto, no puede ser cortapisa alguna para poder acceder al reconocimiento y pago de las incapacidades como lo plantea COLPENSIONES.
Conforme a lo anterior, queda totalmente claro que s� le asiste responsabilidad a la AFP COLPENSIONES el pago de las incapacidades superiores a los 180 d�as que reclama el actor, y aunque la entidad se�ala desconocer alguna reclamaci�n en ese sentido, observa la Corporaci�n con extra�eza como puede negar COLPENSIONES una solicitud en tal sentido, si no solo el accionante manifest� bajo la gravedad de juramente haber acudido en varias oportunidades ante la entidad para reclamar el reconocimiento y pago de las incapacidades, sino que tambi�n la EPS advirti� haber notificado a la AFP dos conceptos de rehabilitaci�n, el primero en octubre 05 de 2021 y el segundo en junio 10 de 2020, lo que demuestra claramente que la entidad si ha tenido conocimiento de las incapacidades que le han sido generadas al actor -tema sobre el que COLPENSIONES tambi�n dio fe-.
Adicionalmente, se cuenta con el certificado de incapacidades generado por la NUEVA EPS del cual se extrae que los per�odos reclamados por el se�or DANIEL GONZ�LEZ se encuentra transcritos. Por tanto, resulta il�gico pensar que el actor no tiene derecho al pago de las incapacidades que reclama, cuando evidentemente la misma AFP reconoce que se encuentra dentro del proceso de calificaci�n de PCL, situaci�n que advierte que el no pago de las acreencias laborales vulnera los derechos fundamentales como la vida, el m�nimo vital, la seguridad social, y/o la subsistencia del se�or DANIEL GONZ�LEZ, toda vez que a trav�s de esta acci�n de tutela lo que reclama son aquellas prestaciones que constituyen la �nica fuente de sustento o recursos econ�micos que permitan sufragar sus necesidades b�sicas, personales y familiares, tema sobre el cual adem�s se�ala se ha visto perjudicado, como quiera que ha acudido a deudas econ�micas para poder subsistir.
En conclusi�n, le corresponde a COLPENSIONES pagar las incapacidades que superen los 180 d�as y hasta el d�a 540; no obstante, y contrario a lo reclamado por el accionante y a lo decidido por el juez de primera instancia, si bien los 180 d�as de incapacidad se cumplieron en diciembre 05 de 2021, lo cierto es que a partir de ese momento existen cinco d�as de incapacidad que ya fueron pagados -as� se desprende del certificado de incapacidades de la NUEVA EPS-, y siendo as� las cosas, el pago que debe realizar COLPENSIONES es a partir de diciembre 10 de 2021 y hasta noviembre 28 de 2022 -fecha en la cual se completan los 540 d�as-.
Lo antedicho da lugar a modificar la orden que fue impuesta a COLPENSIONES en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, para en su lugar advertir que el reconocimiento y pago de las incapacidades corresponder� a los per�odos comprendidos entre diciembre 10 de 2021 a noviembre 28 de 2022. En cuanto al tema planteado por la NUEVA EPS en su impugnaci�n, debe decirse que de conformidad a lo planteado por la jurisprudencia y la normativa, no queda duda que la NUEVA EPS tiene la carga en este asunto de asumir el pago de las incapacidades superiores a los 540 d�as en los t�rminos dispuesto por el juez a-quo, siendo inadmisible el argumento de la entidad cuando asevera que esa obligaci�n recae en COLPENSIONES, toda vez que la ley es clara en definir las cargas seg�n el per�odo de las incapacidades.
ANOTACI�N FINAL No puede pasar por alto esta Colegiatura que en el presente asunto se presenta una irregularidad que tendr� que ser susceptible de investigaci�n por parte de la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, toda vez que, de acuerdo a la informaci�n que reposa en el dosier se desprende que la decisi�n proferida en el presente asunto se hizo por fuera del t�rmino constitucional.
Veamos: La acci�n de tutela fue recibida y admitida por el despacho en julio 28 de 2023, en la misma fecha fue notificada v�a correo electr�nico a las entidades accionadas y al accionante. Posteriormente, le fue concedido al titular del despacho un permiso especial por comisi�n de servicio durante los d�as 2, 3 y 4 de agosto de 2023. Con base en lo anterior, los diez d�as para emitirse la decisi�n de primera instancia se cumpl�a en agosto 17 de 2023; sin embargo, la decisi�n se profiri� en agosto 25, lo que indica que ocurri� cinco (5) d�as h�biles despu�s a la fecha m�xima del vencimiento, y ninguna constancia se advierte acerca de alguna licencia o incapacidad que haya podido tener el juez diferente a aquella que le concedi� una comisi�n de servicios.
As� las cosas, se compulsar� copias a la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial para que sea tal Corporaci�n en el marco de su competencia, la que determine si el juez que intervino en el presente asunto pudo incurrir en el quebrantamiento de normas disciplinarias, ante la posible inobservancia de sus deberes funcionales. En conclusi�n, se confirmar� parcialmente la decisi�n del juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en el sentido de proteger el derecho fundamental al m�nimo vital del se�or DANIEL MAR�A GONZ�LEZ MAR�N, pero se modificar� el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de indicar que el pago de las incapacidades por parte de COLPENSIONES se dispondr� a partir de diciembre 10 de 2021 y hasta noviembre 28 de 2022.
En lo dem�s, la sentencia se mantendr� inc�lume. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida en agosto 25 de 2023, por el Juzgado Primero Penal del circuito con funci�n de conocimiento de Pereira (Rda.), en el sentido de proteger el derecho fundamental al m�nimo vital del se�or DANIEL MAR�A GONZ�LEZ MAR�N, pero SE MODIFICA el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de indicar que el pago de las incapacidades por parte de COLPENSIONES se dispondr� a partir de diciembre 10 de 2021 y hasta noviembre 28 de 2022.
En lo dem�s, la sentencia se mantendr� inc�lume.
SEGUNDO: Compulsar copias a la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial, en atenci�n a lo expuesto en la parte resolutiva de esta decisi�n.
TERCERO: Secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Sentencia T-087/17 Sentencia T-498/10. Informaci�n suministrada del concepto de rehabilitaci�n desfavorable expedido por la NUEVA EPS. Decreto 2943/13 Decreto 2943/13 y Ley 1753/15 Ley 962/05 Es indispensable aclarar que el empleador deber� asumir el pago de las incapacidades y en general de todas las prestaciones garantizadas por el Sistema de Seguridad Social Integral cuando no haya afiliado al trabajador o cuando a pesar de haber sido requerido por las entidades del sistema, se haya encontrado en mora en las cotizaciones al momento de ocurrir el siniestro.
Ver: sentencias T-146 de 2016 (M.P. Jorge Iv�n Palacio Palacio) y T-723 de 2014 (M.P. Mar�a Victoria Calle Correa). Sentencia T-401/17 Tal postura fue reiterada por el Alto Tribunal constitucional en la Sentencia T-200/17, y posteriormente en sentencia T-401/17 Sentencia de tutela 2a instancia N� 158 Radicaci�n: 660013109001 2023 00083 01 Accionante: Daniel Mar�a Gonz�lez Mar�n Confirma P�gina PAGE 11 de NUMPAGES 11 56q s F f g h � � � � � �һ����ydOy;$,h�v'h�v'CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�v'CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�v'5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�r�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hv�h{nCJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�T�h{nCJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�r�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�T�h�T�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h�T�h{n5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�T�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH 6g h � G H � ���� -Jat��������������������������� $da$gddgd{n $da$gd{n $d�a$gd{nd�gd�v'd�gd�T�d�gd{n� � D F G H [ � � � ���� ��쾪��iU>U�*'hv�h{n5�CJPJ^JaJ nH tH ,h�M h�M CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�M CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hv�h�v'CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�M 5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�v'5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h{nCJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hv�h{nCJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�v'h�v'CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�v'CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,-IJat������ϼ���uaNC8-h{nhbz�CJaJh{nhK�CJaJh{nh�x�CJaJ$hv�h{nCJEH��PJaJnH tH 'hv�h{n5�CJPJ^JaJnH tH hv�h{nPJ^JaJnH tH /hv�h{n5�CJ OJPJQJ^JaJ nH tH ;hv�h{n5�:�B*CJ OJPJQJ^JaJ nH phtH $hv�h{nCJPJ^JaJ nH tH 'hv�h{n5�CJPJ^JaJ nH tH 8jhv�h{nCJOJPJQJU^JaJmHnHu �������������������!#$%&������ɾɾɳ����|�tlaYNAh{nh� CJEH��aJh{nhCJaJhCJaJhhCJaJh�GvCJaJh��CJaJh{nh#nCJaJh{nh��CJaJh{nh�)#CJaJh{nh4CJaJh{nh&~�CJaJh{nh."CJaJh{nh�{�CJaJh{nh pkCJaJh{nh sCJaJh{nhbz�CJaJh{nhuCJaJh{nh�}dCJaJ�$%'34��������������9:��� �������������������������dgd{ndgd�� �jdgd{n $da$gd{n&'34}���C[i�����������������u��fW�WG�8 h{nh�S�@���CJEH��aJ h{nh s5�@���CJEH��aJ h{nhs�@���CJEH��aJ h{nh�x�@���CJEH��aJ h{nh1>@���CJEH��aJ h{nh� c@���CJEH��aJ h{nh�{�@���CJEH��aJ h{nh0 @���CJEH��aJ h{nh s@���CJEH��aJ h{nhyI�@���CJEH��aJ h{nhJtS@���CJEH��aJ(h��hJtSCJ OJPJQJaJnH tH h{nhJtSCJEH��aJ�����01�������taNa�;($h{nh�M@���CJEH��aJmH sH $h{nh�{�@���CJEH��aJmH sH $h{nh� �@���CJEH��aJmH sH $h{nh��@���CJEH��aJmH sH $h{nh1>@���CJEH��aJmH sH $h{nh s@���CJEH��aJmH sH $h{nhT@@���CJEH��aJmH sH $h{nh�x�@���CJEH��aJmH sH (h��hJtSCJ OJPJQJaJnH tH h{nh�S�@���CJEH��aJ6h{nhJtS@���B*CJEH��aJfHph---q� ���� �����"$%?Yq�����Ǵ��ǡ{hUB/$h��he/�@���CJEH��aJmH sH $h��h� �@���CJEH��aJmH sH $h{nh� �@���CJEH��aJmH sH $h{nhu@���CJEH��aJmH sH $h{nhxg�@���CJEH��aJmH sH $h{nh��@���CJEH��aJmH sH $h{nh& "@���CJEH��aJmH sH $h{nh�aC@���CJEH��aJmH sH $h{nh$�@���CJEH��aJmH sH $h{nh>�@���CJEH��aJmH sH $h{nh�H�@���CJEH��aJmH sH �������������� ��ȹ���|m]M=1�h�%�@���CJEH��aJ h{nh�Q�5�@���CJEH��aJ h{nh�H�5�@���CJEH��aJ h{nh� �5�@���CJEH��aJ h{nh Va@���CJEH��aJ h{nh\l�@���CJEH��aJ h{nhS1�@���CJEH��aJ h{nhv;�@���CJEH��aJ h{nhv;�5�@���CJEH��aJ h{nh$�@���CJEH��aJ(h��hJtSCJ OJPJQJaJnH tH $h��h��@���CJEH��aJmH sH h.T�@���CJEH��aJmH sH (,-9:NZf������������ĵĦ��y�fS?S'h{nh�H�6�@���CJEH��aJmH sH $h{nh�H�@���CJEH��aJmH sH $h{nh�x!@���CJEH��aJmH sH h{nh�w@���CJEH��aJ h{nh>�@���CJEH��aJ h{nhe/�@���CJEH��aJ h{nh�e6@���CJEH��aJ h{nh�EK@���CJEH��aJ h{nhZ'�@���CJEH��aJ h{nh�H�@���CJEH��aJ h{nh�Q�@���CJEH��aJ h{nh� �@���CJEH��aJ�uv��� � � � � � � � � � � � � � � > ? �������������yj[j[L@L[L[h�%�@���CJEH��aJ h{nhRH�@���CJEH��aJ h{nh�m@���CJEH��aJ h{nh�Q�@���CJEH��aJ h{nh�N�@���CJEH��aJ h{nh/i�6�@���CJEH��aJ h{nh�N�6�@���CJEH��aJ h{nh�6�@���CJEH��aJ h{nh�@���CJEH��aJ$h{nh�H�@���CJEH��aJmH sH $h{nhoS&@���CJEH��aJmH sH $h{nh�m@���CJEH��aJmH sH � � � � � � > ?:!;!�$�$�$�$�%�%7'8'))*)�)�)�+�+�+�+���������������������������dgd��dgd{n? 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