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Indica el apoderado del accionante, que la captura de su defendido no fue sometida a control de legalidad, y que los hechos que la motivaron, ocurrieron en octubre 18 de 2020 en Yopal (Casanare), cuando dos personas en una motocicleta pretend�an hurtar a una dama un tel�fono celular marca IPhone, quien al forcejar con la misma la lesionaron, pero ante la reacci�n de la ciudadan�a huyeron, pero finalmente fue capturado, en situaci�n de flagrancia el se�or quien respondi� al nombre de ENDERSON DAVID LOZANO RODR�GUEZ, con c�dula venezolana 23.302.107, frente al cual se adelantaron actos urgentes, se logr� su identificaci�n, se tomaron fotograf�as donde se aprecian tatuajes en sus brazos, a quien se le acus� -am�n del procedimiento que regla la Ley 1826-, del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, nombre con el cual se le corri� traslado del escrito acusatorio por parte de la Fiscal�a 30 Local de Yopal, donde manifest� aceptar el delito endilgado; con posterioridad se presenta acompa�ado de un abogado para reclamar la motocicleta incautada, donde se�al� que en realidad se llama GAPR, con c�dula venezolana 20.194.089, llev�ndose a cabo la audiencia de verificaci�n de aceptaci�n de cargos ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de esa municipalidad en junio 17 de 2021, al cual no asisti� el procesado y donde se dej� constancia que por parte de la Fiscal�a que el nombre del procesado correspond�a al de GAPR, y luego de impartirse legalidad al allanamiento a cargos, se emiti� la sentencia en su contra y se orden� su aprehensi�n. Se�ala el defensor del actor, que este fue suplantado en su identidad, sin que la Fiscal�a y el juez se percataron de ello y basta mirar que los datos que este entreg�, y los tatuajes que ostenta en sus brazos, difieren de los de GAPR, con lo cual se ha cometido un yerro por parte de la justicia, por lo cual estima que la acci�n de habeas corpus es procedente para lograr que su representado recobre la libertad de la que se le ha privado ilegalmente por m�s de 20 d�as; pide en consecuencia se le conceda la libertad a su defendido y se ordene la compulsa de copias a que alude la Ley 1095 de 2006. 2.2.- La petici�n de orden constitucional fue asignada en septiembre 20 de 2023 al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), el cual por auto de esa misma fecha avoc� el conocimiento de la actuaci�n, y dispuso su admisi�n contra el Juzgado Segundo Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Yopal (Casanare), as� como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, y Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal (Casanare), quienes dentro de los t�rminos concedidos, se pronunciaron al respecto. 2.3.- Mediante decisi�n de septiembre 21 de 2023, el a-quo NEG� la acci�n constitucional de habeas corpus al considerar, que al momento de la aprehensi�n del se�or GAPR, se le dieron a conocer sus derechos y ese mismo d�a fue puesto a disposici�n del despacho competente, quien libr� la boleta de encarcelaci�n respectiva, en tanto al tratarse de una persona condenada, no se requer�a llevar ante juez de control de garant�as para legalizar su aprehensi�n. Ahora en punto de lo esgrimido por el apoderado del actor, en el sentido que este fue suplantado en su identidad, ac� se tiene que la restricci�n de la libertad, se dio con ocasi�n de proceso penal, donde se emiti� un fallo de condena y se libr� una orden de captura leg�tima, y por consiguiente lo relativo a cualquier circunstancia atinente a la individualizaci�n del sujeto objeto del mismo, deber� debatirse en la esfera del juez ordinario, ya sea ante el de Ejecuci�n de Penas que vigila la condena, por medio de una tutela ora de una acci�n de revisi�n, sin que el habeas corpus, sea el escenario para debatir la confusi�n de identidad que se plantea. 2.4.- Contra tal prove�do el delegado de la Procuradur�a, con antelaci�n a allegar su concepto, y al haber sido notificado en dicho interregno de la decisi�n adoptada, manifest� que interpondr�a recurso de apelaci�n, con iguales argumentos y para ello expuso: Estima que del recuento f�ctico, advierte que el reclamo elevado, erige a la acci�n de habeas corpus, como el mecanismo para reivindicar el derecho fundamental a la libertad del agraviado, tras contrastar con los medios de prueba que ciertamente fue usurpada su identidad en el proceso penal que deriv� en su condena y posterior captura, que se materializ� en agosto 31 de 2023, lo que se traduce en una privaci�n injusta de la libertad, por una �v�a de hecho� por error inducido, como lo ha sostenido la jurisprudencia, y si bien la alternativa de pretender la libertad ante el juez de ejecuci�n de penas, se muestra viable, pero es inid�nea en el corto plazo para que se restablezca su libertad, por lo cual lo m�s pronto es el habeas corpus, por cuanto estamos en presencia de un error jurisdiccional por indebida identidad del condenado imputable a la Polic�a Judicial, Fiscal�a y Juez que emiti� el fallo, sin haberse cumplido con el requisito de identificar plenamente al procesado, por lo cual concept�a favorablemente para la concesi�n del amparo, se disponga la libertad del aprehendido y se compulsen las copias respectivas. 3.- Para resolver, SE CONSIDERA De conformidad con lo reglado en el numeral 1�, art�culo 7� de la Ley 1095/06, esta Sala Unitaria, tiene competencia para resolver la impugnaci�n presentada por el Agente del Ministerio P�blico, contra el fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta capital en septiembre 21 de 2023, por medio del cual neg� la acci�n constitucional de habeas corpus al ciudadano GAPR.
Del escrito recibido se observa el inter�s de poner en marcha la Administraci�n de Justicia en pro de activar el derecho fundamental a la libertad personal por medio del ejercicio de la acci�n constitucional que encarna el habeas corpus (art�culos 28 y 30 de la Carta Pol�tica). De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la presente acci�n es procedente cuando alguien est� privado de la libertad con violaci�n de las garant�as constitucionales o legales, o la misma se prolonga ilegalmente.
Pero m�s espec�ficamente, cuando, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneraci�n de la libertad se produce por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los t�rminos legalmente establecidos; (iii) pese a existir una providencia judicial que ampara la limitaci�n del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formul� durante el per�odo de prolongaci�n ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisi�n judicial; y (iv) si la providencia que ordena la detenci�n es una aut�ntica v�a de hecho judicial.
Se trata de una prerrogativa intangible, de aplicaci�n inmediata, no susceptible de limitaci�n, aplicable de conformidad con una interpretaci�n ajustada a las reglas que integran el bloque de constitucionalidad, y que no s�lo propende por la protecci�n de la libertad sino tambi�n de la vida y la integridad personal como se dej� sentado en la Sentencia C-187/06.
De entrada advierte el suscrito magistrado que en el caso puesto de presente no est� demostrada la existencia de alguna de las causales que viabilizan la liberaci�n por esta v�a judicial especial�sima. De conformidad con la informaci�n con la que se cuenta, puede concluirse sin asomo de dudas, y en consonancia con lo plasmado por el funcionario de primer nivel, que contrario a lo sostenido por la accionante, su detenci�n no es arbitraria sino derivada de la imposici�n de una sentencia de condena en su contra por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal con funci�n de conocimiento de Yopal (Casanare) en julio 19 de 2021, por medio de lo cual lo sentenci� como autor responsable del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, a la pena de 36 meses de prisi�n, cuya aprehensi�n se materializ� en esta capital en agosto 31 de 2023.
Ahora bien, la presunta trasgresi�n que a la hora de ahora esgrime el apoderado del se�or GAPR, la hace consistir, en primer lugar, en que la detenci�n no fue debidamente legalizada y en segundo t�rmino en que la identidad del mismo fue suplantada en curso del proceso penal, por quien cometi� el hecho y que a la postre fue capturado en octubre 18 de 2020 en Yopal (Casanare), luego de cometer la conducta il�cita, y quien responde al nombre de ENDERSON DAVID LOZANO RODR�GUEZ, con c�dula venezolana N� 23.302.107.
En curso de lo primero, debe la Sala decir, que la captura que en este caso se orden� para el se�or GAPR, lo fue para purgar condena, lo que, como lo expres� el juez de primer nivel, excluye el asunto del �mbito de competencia del juez con funci�n de control de garant�as, para disponer que ese control de legalidad lo realizar el juez de conocimiento, o para este caso en concreto, el encargado de la vigilancia de la pena, que para ese momento lo era el Juzgado Segundo de Ejecuci�n de Penas de Yopal (Casanare), sin que sea necesario para ello efectuar audiencia preliminar en el curso de las 36 horas siguientes a la captura como al respecto lo ha sostenido la jurisprudencia, v�ase: �Lo anterior, por cuanto esa garant�a persigue blindar a los ciudadanos frente al potencial peligro y arbitrariedad de una detenci�n que se prolongue indefinidamente en el tiempo, sin que la jurisdicci�n haya definido la situaci�n jur�dica de aquel sobre el cual se ejerce ese poder coercitivo.
No obstante, esa finalidad pierde su raz�n de ser en aquellos asuntos en que, habi�ndose agotado a cabalidad las ritualidades propias del proceso penal, la jurisdicci�n ha resuelto de forma definitiva sobre un hecho penalmente trascendente, atribuy�ndolo a una persona condigna sanci�n. En estos casos, esa inmediatez exigida como garant�a del derecho a la libertad palidece ante la potestad sancionatoria del Estado, que ha derruido satisfactoriamente la presunci�n de inocencia del procesado.
De all� que, expresamente, la norma except�e la captura para cumplir pena de aqu�llas que deban ser objeto de control de legalidad por el Juez de Garant�as, filtro que acorde con lo dispuesto en el numeral 1� del art�culo 38 de la Ley 906 de 2004, corresponde realizarlo al Juez de Ejecuci�n de Penas o, en su defecto, al Juez de Conocimiento� -negrillas de la Sala- Y como as� lo plasm� el funcionario de primer nivel, en este caso en concreto, el mismo d�a en que se captur� al ciudadano GAPR fue puesto a disposici�n del Juzgado encargado de la vigilancia de su pena, quien emiti� la respectiva boleta de encarcelamiento, con lo que se entiende que su detenci�n fue debidamente legalizada.
Frente a lo segundo, aunque en palabras del se�or Procurador, en este caso luego de contrastar los medios de prueba considera que en efecto la identidad del se�or GAPR fue �usurpada�, contrario a tal postura, y en sentir de la Sala, para llegar a una aseveraci�n de tal naturaleza, se requiere m�s que verificar los documentos anexos, por cuanto, como se sabe, acorde precisamente con los elementos de prueba que se arrimaron, el funcionario que emiti� el fallo de condena tuvo en cuenta para establecer que el all� procesado era el se�or GAPR, el informe suscrito en diciembre 02 de 2020 por la patrullera NIDIA YASMIN SABOGAL BRAVO, perito en dactiloscopia de la Polic�a Nacional de Yopal, quien determin�, luego de cotejar una copia de la tarjeta de decadactilar -sin decirse de qu� persona-, con la de un documento que se le relacion� como �emitido por el servicio administrativo de identificaci�n, migraci�n y extranjer�a�, que conten�a una foto del ciudadano GAPR y huellas digitales en su parte inferior, que �Realizado el estudio de orden t�cnico al material allegado se concluye que al comparar, analizar, evaluar y verificar las impresiones dactilares obrantes en el documento [�] aportado por el investigador de la b�squeda �� servicio administrativo de identificaci�n migraci�n y extranjer�a�, se establece que existe CORRESPONDENCIA con las impresiones dactilares que obran en [�] tarjeta decadactilar, en cuanto a morfolog�a, seguimiento de crestas y ubicaci�n de puntos caracter�sticos�.
Ello para significar, en contrav�a a lo expresado por el se�or Procurador, que en ese proceso existi� un dictamen dactilosc�pico -aunque al parecer errado conforme lo alegado pro el apoderado del se�or GAPR-, por medio del cual se concluy� que las huellas tomadas por la Polic�a Nacional a quien fuera capturado en flagrancia, si pertenec�an al se�or GAPR, lo que llev� al Juez de Yopal, a dejar plasmado en la sentencia lo siguiente: �En primera medida es importante dejar constancia que como ya se mencion� en el ac�pite de identificaci�n e individualizaci�n del procesado, al momento de identificarse entreg� a la Fiscal�a General de la Naci�n un nombre que no le correspond�a, pero posterior a ello se identific� con su nombre y datos reales, por ello deja Constancia este Despacho que los documentos que reposan en el expediente y se encuentran suscritos a nombre del se�or ENDERSON DAVID LOZANO RODR�GUEZ fueron los diligenciados inicialmente cuando el mismo procesado se identific� as�, pero que tal y como se acredit� en constancia de fecha 20 de octubre de 2020 y chequeo dactilar, el nombre real de la persona inmersa en la comisi�n del delito es GAPR, as� las cosas se establece la plena identificaci�n; dejando como precedente que dicha situaci�n no fue objetada por ninguna de las partes en su momento.� Ahora bien en curso de la presente acci�n constitucional, lo que se desprende, sin lugar a equ�vocos, es que un debate atinente a la verificaci�n de la plena identidad del se�or GAPR lo asuma un juez constitucional, cuando este, a no dudarlo, debe darse dentro de los tr�mites ordinarios que se contempla para esta clase de asuntos, con lo cual se advierte que no se cumple con el requisito de la subsidiaridad, por cuanto el habeas corpus no es el procedimiento apropiado para una confrontaci�n como la que aqu� se plantea, y en ese sentido la jurisprudencia ha indicado: �[�] Al respecto, se ha de insistir en que esta acci�n no es una figura alternativa o suced�nea para debatir aspectos que se deben confrontar en desarrollo del proceso penal en relaci�n con los hechos que se investigan, el marco temporal y situacional de su ocurrencia o las causales de excarcelaci�n, pues por ser un tr�mite excepcional est� limitado a la protecci�n de la libertad y de los derechos fundamentales que se deriven de ella como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y torturas, como lo concluy� la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 2006 en el control previo realizado a la Ley Estatutaria de habeas corpus.
Precisamente, al constituir un medio excepcional de protecci�n de la libertad no puede desconocer los tr�mites judiciales dispuestos para el proceso penal, ni el juez constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales procedimientos ordinarios, al punto que le est� vedado cuestionar situaciones de fondo o de responsabilidad penal del procesado, debatir asuntos probatorios y de valoraci�n, porque s�lo se trata de una revisi�n de los aspectos formales o circunstanciales que rodearon la afectaci�n de la libertad. [�]� Y es que como bien lo se�al� el juez de primer nivel, el se�or GAPR de manera directa, ora por intermedio de su apoderado, o incluso, porque no decirlo, a trav�s del acucioso delegado de la Procuradur�a, como representante de la sociedad, puede solicitar al Juzgado encargado de la vigilancia de la pena, al ser actualmente su juez natural, que proceda a realizar de manera prioritaria, actividades tendientes a la verificaci�n de su plena identidad, la cual puede ejecutarse con la confrontaci�n de las huellas que obran en el proceso penal y que en su momento le fueron tomadas a la persona que fue aprehendido en flagrancia, esto es, al parecer el ciudadano ENDERSON DAVID LOZANO RODR�GUEZ, con aquellas que del ahora accionante reposan en la tarjeta decadactilar de ingreso al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira.
Siendo precisamente ese, en sentir de la Sala, el medio ordinario de defensa judicial al que puede acudir, sin que este, como lo indic� el Procurador, pueda ser tildado de inid�neo, por cuanto ser� all� donde se logre esclarecer en debida forma, si la persona que ahora pide la libertad por esta v�a, en realidad no es la misma contra la que se emiti� el fallo de condena, procedimiento que no podr�a realizar el juez constitucional en esta clase de asuntos, en tanto la perentoriedad que el mismo comporta dificulta la obtenci�n de tales pruebas.
Ser� en consecuencia, itera la Corporaci�n, ante el Juzgado de Ejecuci�n de Penas, donde el se�or GAPR, su apoderado o el delegado de la Procuradur�a, podr�n exponer sus argumentos y solicitar la libertad, de llegar a acreditarse que en efecto se present� un caso de suplantaci�n de identidad. En esos t�rminos, estima la Sala Unitaria que la protecci�n constitucional elevada a favor del se�or GAPR no estaba llamada a prosperar, y en consecuencia se confirmar� el prove�do adoptado por el funcionario de primer nivel. 4.- DECISI�N El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), en Sala Unitaria de Decisi�n Penal, CONFIRMA la determinaci�n adoptada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta capital, por medio del cual neg� la acci�n constitucional de habeas corpus pedida en favor del ciudadano GAPR.
Contra esta providencia no procede recurso alguno. COMUN�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado Ley 1095 de 2006, art�culo 1�. CSJ AHP4490-2019, 15 oct. rad. 56362, reiterado en CSJ AHP2234-2020, 09 sept. Rad. 58088. CSJ AP, 19 ene. 2010, rad. 33373. Habeas corpus � Segunda instancia Radicaci�n: 660013109008 2023 00128 01 Accionante: GAPR Confirma decisi�n A. N� 066 P�gina PAGE 6 de NUMPAGES 7 #$ G H J a � � � o p r � � � K ���������֯tb���P;(h*)h*)CJOJQJ^JaJ mH sH "h*)CJOJQJ^JaJ mH sH "h�RrCJOJQJ^JaJ mH sH (h�Rrh�RrCJOJQJ^JaJ mH sH %h*)5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h�8Q5�CJOJQJ^JaJ mH sH "hC]rCJOJQJ^JaJ mH sH (h��hC]rCJOJQJ^JaJ mH sH +h��hC]r5�CJOJQJ^JaJ mH sH %hC]r5�CJOJQJ^JaJ mH sH $I J � q r � 4567M_n����� -QRS������������������������dgd�{^ $da$gd�{^ $d�a$gd�{^d�gd�{^d�gdC]rK L M y{2347_`mn���������Dz��p�aG3G'h�{^h�{^5�CJ OJQJaJ mH sH 3h�{^h�{^5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH h�{^h�{^CJaJ mH sH 8jh�{^h�{^CJOJQJUaJmHnHsH tH u h�{^h�{^5�CJaJ mH sH (h�{^h�{^CJOJQJ^JaJ mH sH (h��hC]rCJOJQJ^JaJ mH sH "h*)CJOJQJ^JaJ mH sH "hC]rCJOJQJ^JaJ mH sH (h�zhC]rCJOJQJ^JaJ mH sH ������������ �������{�{n{na�TG:h�{^h,X�@���CJ^Jh�{^h35e@���CJ^Jh�{^h�l�@���CJ^Jh�{^h�2�@���CJ^Jh�{^h 0�@���CJ^Jh�{^h�Md@���CJ^Jh�{^h�@���CJ^Jh�{^h�u�@���CJ^J h�{^h�{^CJEH��^JmH sH h�{^h�{^5�CJmH sH h�{^h�{^aJmH sH 3h�{^h�{^5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH -h�{^5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH #,-1NPQRS_`oy������¸«��|kZI8Z h�{^h� �@���CJ^JmH sH h�{^h�6�@���CJ^JmH sH h�{^h�2�@���CJ^JmH sH h�{^h 0�@���CJ^JmH sH (hBC�h 0�CJ OJQJ^JaJmH sH h�{^h�1�@���CJ^Jh�{^h�6&@���CJ^Jh�{^h�/�@���CJ^Jh�/�@���CJ^Jh�/�h�/�@���CJ^Jh,X�@���CJ^Jh�{^hZa @���CJ^Jh�{^h�@���CJ^Jh�{^h�{^@���CJ^JS_`����*+� � � � $$%%�)�)�)�)++,+C,������������������������� d�gd�{^�j�7d]�j^�7gd�{^dgd�{^������������*9@by~������ͼﮡ��zm���\J�8#h�{^h�l�6�@���CJ^JmH sH #h�{^h�Md5�@���CJ^JmH sH h�{^h� �@���CJ^JmH sH h�{^h�Md@���CJ^Jh�{^h�'�@���CJ^Jh�{^h�5�@���CJ^Jh�{^h� �@���CJ^Jh�{^h$S�@���CJ^Jh�{^h�\�5�@���CJ^J h�{^h�p@���CJ^JmH sH h�{^h�5�@���CJ^JmH sH h�{^h�2�@���CJ^JmH sH h�{^h�Md@���CJ^JmH sH �����������,02CF��ν���tcR�A2A�A h%�5�@���CJ^JmH sH h�{^h�2�@���CJ^JmH sH h�{^h$S�@���CJ^JmH sH h�{^h�b@���CJ^JmH sH #h�{^h�b5�@���CJ^JmH sH h�{^hdfH@���CJ^JmH sH (hBC�h 0�CJ OJQJ^JaJmH sH h�{^h 0�@���CJ^JmH sH h�{^h� �@���CJ^JmH sH #h�{^h�2�5�@���CJ^JmH sH h�u�5�@���CJ^JmH sH h�{^h�l�@���CJ^JmH sH FWWb��*0AHae����)*DG�� � � �����ͼ͚ͫ͋�z�zkz�z�z�z�zZ h�{^h�"�@���CJ^JmH sH h%�5�@���CJ^JmH sH h�{^ht.X@���CJ^JmH sH h�u�5�@���CJ^JmH sH h�{^h�z�@���CJ^JmH sH h�{^h5e�@���CJ^JmH sH h�{^hNeG@���CJ^JmH sH h�{^h��@���CJ^JmH sH h�{^h�2�@���CJ^JmH sH h�{^h�Md@���CJ^JmH sH � � � � � � � � � � � 1 2 W X Y [ � � � � � � g � ��˺����˩��v�e�v�����T�T� h�{^h�a�@���CJ^JmH sH h�{^h�t�@���CJ^JmH sH h�{^h&1@���CJ^JmH sH h�{^h�"�@���CJ^JmH sH h�{^hz�@���CJ^JmH sH h�{^ht.X@���CJ^JmH sH h�{^h�g�@���CJ^JmH sH h�{^hS.9@���CJ^JmH sH h�{^h�q�@���CJ^JmH sH #h�{^h�q�5�@���CJ^JmH sH � � � � � � � � � � � � � � � � � � ) + V ��̻滋�w�e�S�B h�{^h�w�@���CJ^JmH sH #h�{^hH �6�@���CJ^JmH sH #h�{^h�a�5�@���CJ^JmH sH h�{^h�hO@���CJ^JmH sH h�{^hz�@���CJ^JmH sH h�{^h�a�@���CJ^JmH sH h�{^h�"@���CJ^JmH sH h�{^h�w�@���CJ^JmH sH #h�{^h�w�5�@���CJ^JmH sH h�{^h�\K@���CJ^JmH sH h�{^hH �@���CJ^JmH sH V Z �!�!�"�"�#�#$$I$%%% '�'�'�(�)�����߮���udSAS0 h�{^h�c�@���CJ^JmH sH #h�{^h�BY6�@���CJ^JmH sH h�{^h�BY@���CJ^JmH sH h�{^h�.�@���CJ^JmH sH #h�{^h�.�6�@���CJ^JmH sH h�{^h�c�@���CJ^Jh�{^h�.�@���CJ^Jh�{^h�w�@���CJ^Jh�{^hj�5�@���CJ^J#h�{^h�w�6�@���CJ^JmH sH h�{^hNeG@���CJ^JmH sH h�{^h�w�@���CJ^JmH sH h�u�5�@���CJ^JmH sH �)�)�)�)�)�)�)�)�))*G*g*�*�*�*�*�*�*�*�*%+��ŵ�œ�sdUdUdFUd4Ud"h�{^h((�5�CJ\�^JmH sH h�{^h� =>A> ? ??�����õõõõ���Æ�u�g�[L h�{^h�z�CJ^JmH $sH $h�*sCJ^JmH $sH $h%�@���CJ^JmH sH h�{^h�z�@���CJ^JmH sH #h�*sh%�5�@���CJ^JmH sH jh�*sh%�CJH*U^Jh�*sh%�CJH*^Jh�*sh%�5�CJ]�^Jh�*sh%�CJ]�^J h�{^hNeG@���CJ^JmH sH h%�5�@���CJ^JmH sH h�{^h%�@���CJ^JmH sH ? ?)?P?U?g?h?�?�?�?�?�@�@%A)A?AWAVBWB�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�BC�D�D�DE E CJ^JmH $sH $ h�&>h�TCJ^JmH $sH $ h�*sh�T6�CJ^JmH $sH $ h�{^h�T6�CJ^JmH $sH $ h�{^h qCJ^JmH $sH $h%�5�CJ^JmH $sH $h�u�5�CJ^JmH $sH $ h�{^h�TCJ^JmH $sH $ h�{^h�;
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