11001600010120210001501 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� U ��5gbjbj�n�n i��a��a�[��LL�(F )4R)R)R)��f)f)f)8�)�*Df)�Jd�*�*(+++�,"�, �,CJEJEJEJEJEJEJ$(N��PpiJR)�-�,"�,�-�-iJR)R)++�~J444�-R)+R)+CJ4�-CJ444+��?��(��.L4/J�J0�J4NQ�.�NQ448NQR)K4�--4%- 1-x---iJiJ�/6---�J�-�-�-�-��NQ---------LR �': IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES / IMPARCIALIDAD El instituto de los impedimentos y las recusaciones tienen una clara fuente constitucional, porque de un lado el art�culo 228 de la Carta Pol�tica dispone que la Administraci�n de Justicia es funci�n p�blica y sus decisiones son independientes; y, de otro, el art�culo 230 Superior prev� que en sus providencias los jueces s�lo est�n sometidos al imperio de la ley.

A consecuencia de esa independencia surge la necesidad del principio de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, y por tanto la legislaci�n procesal ha previsto una serie de causales de orden objetivo y subjetivo por virtud de las cuales el juez debe declararse impedido para decidir� IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES / TAXATIVIDAD Empero, como a los jueces no les est� permitido separarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido encomendadas, y a las partes no les est� dado escoger libremente la persona del juzgador, las causales que dan lugar a apartarse del conocimiento de un caso espec�fico no pueden deducirse por analog�a, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas con car�cter de orden p�blico fundadas en el convencimiento del legislador de que son �stas y no otras las circunstancias f�cticas que impiden que un funcionario judicial conozca de un determinado asunto� IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES / HABER EMITIDO CONCEPTO PREVIO / REQUISITOS En atenci�n a la causal esgrimida por la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia para apartarse del conocimiento del proceso, se tiene que la misma se encuentra consagrada en el numeral 4� del art�culo 56 de la Ley 906 de 2004� y, en concreto ante la hip�tesis referida a que el funcionario judicial haya manifestado su opini�n, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que para su configuraci�n han de tenerse en cuenta las siguientes directrices: i) No toda opini�n o concepto sobre el objeto del proceso conduce a que el funcionario deba separarse del mismo� ii) La opini�n no s�lo debe versar sobre un aspecto sustancial vinculante, sino que es necesario que est� relacionada con las premisas f�cticas y jur�dicas comprendidas en el juicio de reproche� iii) Los conceptos expuestos por los funcionarios judiciales en ejercicio de su labor no se encuentran cobijados por la causal, pues �ello entra�ar�a el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia�.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitr�s (2023). Aprobado por acta No. 1062 Hora: 7:20 a.m. Radicaci�n: 11001600010120210001501 1.- Vistos Procede el despacho a determinar lo procedente en relaci�n con el impedimento manifestado por la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), mismo que no fuera aceptado por su hom�logo del Promiscuo del Circuito de Ap�a (Rda.). 2.- PRECEDENTES Al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), le fue asignado en marzo 03 de 2023, el escrito de acusaci�n presentado por el Fiscal 96 Seccional, en apoyo de la Fiscal�a 94 adscrita a la Direcci�n Especializada contra la Corrupci�n de Bogot�, frente al se�or MARO por la presunta conducta de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, por la cual le fueron imputado cargos.

Con antelaci�n a la celebraci�n de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, la funcionaria a-quo por auto de septiembre 13 de 2023 manifest� su impedimento para dar tr�mite a este asunto, conforme el numeral 4�, art. 56 C.P.P. por cuanto en septiembre 12 resolvi� solicitud de verificaci�n de aceptaci�n de cargos al que mediante preacuerdo lleg� la Fiscal�a 96 Seccional de Bogot� D.C., con el coprocesado HVV, por el punible de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, donde le enviaron todos los EMP con los que se contaba, mismos que se tienen para el caso del se�or MARO, dada la ruptura que se gener�, y en tal diligencia valor� minuciosamente cada uno de esas pruebas -licitaci�n p�blica BLP-OP001-2021, propuesta presentada por el Consorcio Cancha Sint�tica ICOTOP, interceptaci�n de llamadas, movimientos bancarios, etc.-, las que al confrontar con el escrito acusatorio que se alleg� contra MARO, son iguales a las que ser�an descubiertas en la audiencia de acusaci�n. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57 CPP orden� enviar el tr�mite al Juzgado del Circuito de Ap�a (Rda.).

El proceso le fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap�a (Rda.), cuyo titular por auto de septiembre 15 de 2023, no acept� el aludido impedimento, al sostener que si bien su hom�loga aduce haber analizado la totalidad de los EMP, sobre los cuales especula que son iguales a los que se enunciaron en el escrito acusatorio, ello no es suficiente para establecer que emiti� un criterio de valoraci�n frente a la conducta punible que se le endilga al se�or MARO, m�xime que su finalidad era establecer si la aceptaci�n de cargos por HVV, fue voluntaria y que se contara con soporte probatorio que desvirtuara su presunci�n de inocencia, por lo cual no le era dable pronunciarse sobre la participaci�n de un tercero distinto a este, y pese a que all� aludi� que exist�an otras personas por investigar, entre ellas MARO, ello contrariaba su deber y era innecesaria tal observaci�n, pero aun as�, no implica que realiz� un juicio de responsabilidad contra este, aunado a que el sustento de la juez para negar el preacuerdo, lo fue el bajo monto de la pena y el desprestigio para la administraci�n de justicia, por lo cual no est� incurso en la causal aludida, ni comprometida para asumir este asunto.

Dispuso en consecuencia, remitir el expediente digital a esta Sala para definir lo pertinente. 3.- Para resolver, se CONSIDERA La Colegiatura es competente para pronunciarse acerca de la manifestaci�n de impedimento elevada por la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 57 de la Ley 906/04 modificado por el 82 de la Ley 1395/10, en concordancia con el art�culo 34.5 C.P.P. El instituto de los impedimentos y las recusaciones tienen una clara fuente constitucional, porque de un lado el art�culo 228 CN dispone que la Administraci�n de Justicia es funci�n p�blica y sus decisiones son independientes; y, de otro, el art�culo 230 Superior prev� que en sus providencias los jueces s�lo est�n sometidos al imperio de la ley.

Frente a lo anterior, surge pertinente el pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia acerca de la procedencia de los impedimentos, la que solo opera bajo la condici�n de que efectivamente se vea comprometida la garant�a de la imparcialidad del juez, al estimar que debe ser un tercero supra-partes, extra�o a la contienda, que no comparta los intereses o las pasiones de quienes que se confrontan entre s�.

En atenci�n a la causal esgrimida por la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia para apartarse del conocimiento del proceso, se tiene que la misma se encuentra consagrada en el numeral 4� del art�culo 56 de la Ley 906 de 2004, de la siguiente manera: Art�culo 56. Son causales de impedimento. (�) 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opini�n sobre el asunto materia del proceso.

(Subrayado fuera de texto) Sobre la causal bajo an�lisis y, en concreto ante la hip�tesis referida a que el funcionario judicial haya manifestado su opini�n, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que para su configuraci�n han de tenerse en cuenta las siguientes directrices: i) No toda opini�n o concepto sobre el objeto del proceso conduce a que el funcionario deba separarse del mismo, pues la opini�n que adquiere relevancia jur�dica para estos efectos es la que se emite por fuera de la actuaci�n y ha de ser de tal entidad o naturaleza, que lo vincule de antemano frente a las variables en las que recae el pronunciamiento. ii) La opini�n no s�lo debe versar sobre un aspecto sustancial vinculante, sino que es necesario que est� relacionada con las premisas f�cticas y jur�dicas comprendidas en el juicio de reproche en contra de quien es procesado en el tr�mite donde se expresa el impedimento o la recusaci�n, pues ello permitir�a anticipar el criterio del funcionario frente a la responsabilidad que pudiese asistirle. iii) Los conceptos expuestos por los funcionarios judiciales en ejercicio de su labor no se encuentran cobijados por la causal, pues �ello entra�ar�a el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia� .

Es decir, si la ley �ha deferido a un funcionario la facultad para que en conocimiento a su cargo y en una misma instancia adopte decisiones en las que expone obviamente sus conceptos u opiniones, mal podr�a operar ello a la vez como circunstancia que le impidiera asumir en otro proceso su labor� Ello significa, que no siempre que un juez haya conocido de un proceso y que luego deba asumir otra actuaci�n, quede autom�ticamente inmerso en tal causal de impedimento, en tanto para ello deben evidenciarse motivos relevantes, o en voces de la Alta Corporaci�n que la misma sea vinculante, sustancial y debe haberse emitido por fuera del proceso donde se profiri� el impedimento, como igualmente de tiempo atr�s se ha indicado al sostener: �Lo sustancial, es lo esencial y m�s importante de una cosa; en asuntos jur�dicos, se identifica con el fondo de la pretensi�n o de la relaci�n jur�dico material que se debate.

Se entiende que la opini�n es vinculante cuando el funcionario judicial que la emiti� queda unido, atado o sujeto a ella, de modo que en adelante no puede ignorarla o modificarla sin incurrir en contradicci�n. Y por fuera del proceso, significa que la opini�n sea expresada en circunstancias y oportunidades diferentes a aquellas que prev� la legislaci�n procesal para el asunto del cual se debe conocer funcionalmente.

(CSJ AP, 21 abr. 2004, rad. 22121). De manera pues que no cualquier opini�n tiene la virtualidad de separar al juez del conocimiento del asunto, s�lo alcanzar� esa fuerza aquella que por su entidad y naturaleza pueda comprometer su imparcialidad y ponderaci�n, por constituir un acto de prejuzgamiento sobre el hecho que le corresponde decidir (CSJ AP 20 oct. 1992, rad. 7899).�.

En relaci�n con la aludida causal que aqu� se esgrime, al Tribunal le corresponde decir desde ya que de lo plasmado en la audiencia por medio de la cual la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito La Virginia (Rda.), improb� el preacuerdo al que lleg� con el ente acusador el se�or HVV, s� se extrae una causal para apartar a dicha funcionaria del conocimiento de este tr�mite, y por ello la argumentaci�n planteada encuadra dentro del dispositivo en cita, en contrav�a de lo referido por su hom�logo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap�a (Rda.), al sostener que esta no emiti� un criterio de valoraci�n en tal determinaci�n con respecto al se�or MARO, ni realiz� un juicio de responsabilidad contra este.

Y es que de una atenta lectura de esa decisi�n se extrae inequ�vocamente que la funcionaria judicial no solo hizo alusi�n a la situaci�n f�ctica planteada por el ente acusador en el escrito acusatorio, donde se menciona el accionar que al parecer adelant� el se�or MARO, sino que adicionalmente en sentir de la Sala en su disertaci�n s� ingres� en lo tocante con la presunta responsabilidad que a este coprocesado le pudiera asistir en la actuaci�n. Para ello considera la Sala necesario hacer menci�n, en extenso, a lo referido por la a-quo al momento de argumentar la improbaci�n del aludido preacuerdo, donde sostuvo: �[�] no podemos predicar que ac� no se hablaron varias personas, tenemos que est�n seriamente comprometidos el se�or JUAN CARLOS MART�NEZ RODR�GUEZ, el se�or MARO, el se�or SANTIAGO CASTA�O MORALES, comprometidos con toda esta actividad, �cu�ndo? Cuando ellos entre s� se conectan para lograr un prop�sito, un prop�sito que desde el inicio de la actuaci�n se descart� que fuera econ�mico; sin embargo, la indicaci�n parece ser otra, seg�n las cuentas que presenta la Fiscal�a General de la Naci�n y sobre lo cual no hubo un profundo, una profunda investigaci�n, ni un trabajo metodol�gico como el mismo fiscal lo reconoci� el d�a de ayer, solamente se acopl� a lo dicho por el se�or SANTIAGO MORALES CASTA�O en sus entrevistas y en sus declaraciones, sin que se hiciera un trabajo profundo sobre un probable desmedro econ�mico que se surti� con esta actuaci�n, y estamos hablando de un tejido, de un tejido delictual grande, aqu� si bien la investigaci�n de la Fiscal�a ha sido monumental, ha logrado la Fiscal�a General de Colombia la judicializaci�n de muchas personas con ocasi�n de este entramado delictivo, a este tipo de entramados delictivos, que si bien agreden los inter�s de la comunidad, tenemos que observar que en este caso espec�fico se han tocado los intereses de un peque�o municipio, aqu� se quiso parecer o as� lo entendi� al suscrita, que se estaba haciendo un favor al municipio de Balboa con la instalaci�n de este tipo de canchas a nivel, eh, por parte de un funcionario del poder central, sin embargo, no creemos que se haga, que se haga ning�n favor a un municipio cuando existe, existe un trasfondo delictivo, con un entramado tan grande, que se acredita en este evento con las varias llamadas telef�nicas que se hicieron entre las partes, aqu� podemos observar que entre el se�or HVV, quien fung�a como Alcalde y su asesor jur�dico el se�or MARO, se realizaron 291 llamadas, que a su vez el se�or MARO llama al se�or alcalde 160 veces [as� se logr� entender], que a su vez el se�or HVV llama al se�or SANTIAGO CASTA�O MORALES en dos veces, el se�or CASTA�O MORALES pareciera que fuera una de las personas m�s influyentes en todo este entramado, que si bien se advierte que el Alcalde habl� con su asesor jur�dico y este a su vez hablo con JUAN CARLOS MART�NEZ RODR�GUEZ en much�simas oportunidades, que JUAN CARLOS MART�NEZ habl� con SANTIAGO CASTA�O 280 veces y si podemos ver, el hilo que llevan las interceptaciones telef�nicas y el contenido de sus conversaciones que es lo mucho m�s delicado, podemos advertir que fue un trabajo realizado por varios d�as y en muchas oportunidades y se llevaron a cabo conversaciones que comprometen de manera seria, de manera seria, a todos los implicados, entonces no podr�amos advertir que se imputa al se�or HVV �nicamente la comisi�n de un delito porque no fue probada la ocurrencia de ese aprovechamiento econ�mico, consideramos que el trabajo de investigaci�n en este aspecto fue d�bil [�]� Para la Corporaci�n, en dicha providencia judicial la funcionaria fue m�s all� de hacer alusi�n al contenido del escrito acusaci�n, donde se mencionaba como uno de los presuntos coautores al se�or MARO, y por el contrario, de su argumentaci�n se desprende sin lugar a equ�voco alguno que dej� entrever su presunta responsabilidad, as� como la de otras personas, en un �entramado delincuencial�, como as� lo se�al�, al punto incluso de decir que bien podr�an haber otras conductas distintas a aquellas que se les imput� y respecto de las cuales el ente acusador no efectu� labor investigativa.

Lo que en tal decisi�n esboz� la a-quo, en criterio de la Corporaci�n, y aunque en esta no se refiri� de manera espec�fica y concreta al an�lisis de los elementos probatorios que al momento de declararse impedida analiz� -licitaci�n p�blica BLP-OP001-2021, propuesta presentada por el Consorcio Cancha Sint�tica ICOTOP, interceptaci�n de llamadas-, s� dej� al descubierto el compromiso que a su juicio le podr�a asistir no solo al aqu� procesado en los aludidos acontecimientos, se reitera, sino inclusive a los dem�s personas que al parecer se encuentran involucradas en la presunta infracci�n penal.

Es cierto, reitera la Sala, que la juez no ingres� en un an�lisis �de fondo� de los elementos materiales probatorios con los que cuenta el �rgano encargado de la persecuci�n penal, y los que en su sentir, al parecer son los mismos a los que har� alusi�n el �rgano persecutor con ocasi�n de la investigaci�n penal que por cuerda separada se adelanta en contra del se�or MARO, m�xime cuando sobre ese particular �nicamente expres� que hizo un examen detenido y detallado, una a una de las cuentas bancarias del se�or HVV, pero aunque no hubiera realizado menci�n alguna ni analizado los elementos materiales probatorios que ostenta el ente acusador frente al ac� procesado, al haber argumentado textualmente que: �[�] est�n seriamente comprometidos el se�or JUAN CARLOS MART�NEZ RODR�GUEZ, el se�or MARO, el se�or SANTIAGO CASTA�O MORALES, comprometidos con toda esta actividad, �cu�ndo? Cuando ellos entre s� se conectan para lograr un prop�sito, [�] existe un trasfondo delictivo, con un entramado tan grande, que se acredita en este evento con las varias llamadas telef�nicas que se hicieron entre las partes, aqu� podemos observar que entre el se�or HVV, quien fung�a como Alcalde y su asesor jur�dico el se�or V, se realizaron 291 llamadas, que a su vez el se�or MARO llama al se�or alcalde 160 veces, [�] si podemos ver, el hilo que llevan las interceptaciones telef�nicas y el contenido de sus conversaciones que es lo mucho m�s delicado, podemos advertir que fue un trabajo realizado por varios d�as y en muchas oportunidades y se llevaron a cabo conversaciones que comprometen de manera seria, de manera seria, a todos los implicados�, ello sin lugar a dudas pone en entredicho su imparcialidad al momento en que deba definir de fondo el proceso surtido contra el ac� coprocesado; o, al menos, queda claro su sesgo interpretativo con respecto a lo que se perfila del caudal probatorio recopilado frente a uno de los coprocesados, esto es, quien pretendi� un preacuerdo, y ello ya es un factor desequilibrante y suficiente para estimar que el deber de ser imparcial ya se encuentra seriamente debilitado en el asunto.

As� las cosas, si en la mente de la se�ora juez Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.) ya se tiene sembrada la idea consistente en que coacusado MARO, al parecer hace parte de un �entramado delictivo� que, a voces de la funcionaria, lo compromete de manera ser�a en la ilicitud, entonces de all� a la emisi�n de una sentencia de condena en su desfavor, el trecho es corto.

Reitera eso s� la Sala, como no puede ser de otra manera, que cuando se dicta, como en este caso, una decisi�n que neg� un preacuerdo -o incluso de haberse aprobado-, ello per se no constituye autom�ticamente un preconcepto sobre la responsabilidad penal que pueda predicarse de otros copart�cipes, pero obviamente cada caso debe mirarse de manera singular, y en el presente, acorde con lo aludido, no cabe duda que la funcionaria que expresa su impedimento ha dejado comprometido su criterio y ha emitido un juicio de valor anticipado acerca de la participaci�n criminal incluso de �los dem�s coprocesados� no solo en la ilicitud por la cual el se�or MARO ser� convocado a juicio, sino en otras que en su sentir se pueden desprender de la situaci�n f�ctica esbozada al momento de formularle cargos, respecto de lo cual indic� que no se ha realizado un trabajo investigativo profundo.

Siendo as�, no le queda alternativa distinta al Tribunal que separar a la funcionaria de primer nivel del conocimiento de este asunto espec�fico, para que sea el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap�a (Rda.), quien asuma el conocimiento de forma objetiva e imparcial, y contin�e con el desarrollo del juicio oral. ANOTACI�N FINAL No puede la Sala pasar por alto lo ac� sucedido, y por consiguiente, como ya se ha hecho pret�ritamente con otros funcionarios que han procedido en igual sentido -como lo cit� el juez de Ap�a-, se ve obligado el Tribunal a llamar la atenci�n a la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), porque hacer pronunciamientos de esta naturaleza, donde de manera innecesaria, as� sea de manera somera, ingresa en temas de responsabilidad frente a coprocesados que no fueron quienes aceptaron cargos, es una mala pr�ctica que no se comparte, porque con ello -consciente o inconscientemente- lo que se provoca es la inevitable separaci�n del conocimiento de los restantes copart�cipes, como en efecto aqu� ha sucedido, cuando su deber es analizar �nica y exclusivamente lo atinente al compromiso que le asist�a a quien pretend�a terminar de forma temprana su proceso, nada m�s. Y aunque en este caso no se habl� por parte del ente acusador de la existencia de una organizaci�n delictiva, el que se tenga a otras personas potencialmente inmersas en el punible investigado, a quienes por el motivo que fuera la a-quo deb�a hacerse menci�n, acorde con la hip�tesis delictiva que plantea el ente acusador, ello no implicaba necesaria e inevitablemente que se tuviera que valorar anticipadamente, as� sea de manera tangencial, si los restantes ciudadanos pod�an haber incursionado en ilicitud alguna. 4- DECISI�N En m�rito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisi�n Penal, DECLARA FUNDADO el impedimento planteado por la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.) para conocer el proceso penal que se surte en contra del coprocesado MARO.

Se ordena en consecuencia, remitir las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap�a (Rda.), para que all� se contin�e con el tr�mite de la actuaci�n. Inf�rmese de esta determinaci�n al titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.). Contra este prove�do no procede recurso alguno. COMUN�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado CSJ AP, 19 oct. 2006, rad. 26246. CSJ AP, 26 nov. 2021, Rad. 49890, donde reiter� lo dicho en AP, 08 nov. 2018.

Rad. 53269. CSJ AP3467-2020, 2 dic. 2020, Rad. 58449, reiterada entre otras, en CS AP1920-2023, 12 jul. Rad. 64074 CSJ AP, 03 Sep. 2002, Rad. 19756, reiterado en CSJ AP2971-2020, 28 oct. 2020, rad. 58304. CSJ AP 6696-2017. CSJ AP 4977-2014. CSJ AP, 17 mar 1999, Rad. 15466. Cfr. CSJ AP4833-2018, 8 nov. Rad. 53269. Ver registro de audio a partir del minuto 26:51 La cual fue objeto de recurso por parte del apoderado del se�or HVV, cuyo conocimiento tambi�n le fue asignado al despacho del suscrito Magistrado, que funge como ponente este asunto. TSP AP, 13 dic. 2022, Rad. 6600160000002019-00187-01. Inter�s indebido en la celebraci�n de contratos radicaci�n: 11001600010120210001501 Procesado: MARO Declara Fundado Impedimento A. No. 068 P�gina PAGE 8 de NUMPAGES 8 +,� � � � � � � H K f � � ��g��隯�֯�s�a�aL�L�L�(hI�hN3�CJOJQJ^JaJ nH tH "h�r2CJOJQJ^JaJ nH tH "h�u�CJOJQJ^JaJ nH tH (h�u�h�u�CJOJQJ^JaJ nH tH (h�"�h�"�CJOJQJ^JaJ nH tH "hN3�CJOJQJ^JaJ nH tH (h R&h�ih�$5�@��OJQJ\�^JaJ h�ih�$@��OJQJ^JaJ h�ih�E@��OJQJ^JaJ$h�Ch�L-CJ OJQJ^JnH tH h�Ch�L-CJ OJQJnH tH $h�ih�L-@�EHOJQJ^JaJ h�ih�3�@��OJQJ^JaJ h�ihK�@��OJQJ^JaJ h�ihR�@��OJQJ^JaJ h�ih�L-@��OJQJ^JaJ h�ih�J@��OJQJ^JaJ8BCKSWXt��;P��Yeh��޾��yeyeyTy@/ hK �5�@��OJQJ\�^JaJ&h�ih�}�5�@��OJQJ\�^JaJ h�ih2g�@��OJQJ^JaJ&h�ih�2T5�@��OJQJ\�^JaJ h�ih�2T@��OJQJ^JaJ h�ihXF @��OJQJ^JaJ h�ih�E@��OJQJ^JaJ#h�ih^v5�@��OJQJ^JaJ hsK5�@��OJQJ^JaJ h�ih�N�@��OJQJ^JaJ h�ih^v@��OJQJ^JaJ h�ih�>�@��OJQJ^JaJh��Ixz3;MT[_ev��*+.6��޾��ޭޜ�z��i�X h�ih�)�@��OJQJ^JaJ h�ih�E@��OJQJ^JaJ h�ih�-@��OJQJ^JaJ h�ih�R�@��OJQJ^JaJ h�ihX5)@��OJQJ^JaJ h�ih29�@��OJQJ^JaJ h�ih�N�@��OJQJ^JaJ hsK5�@��OJQJ^JaJ h�ih2g�@��OJQJ^JaJ h�ih�2T@��OJQJ^JaJ"6IQx�� $8=� * I L \ c a e � � � ��ͼ�͚͚͋�z�lͫͫ͋ͫͫ[ h�ih"*N@��OJQJ^JaJhK 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