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Apoderado del Demandado: No asisti�. Acto seguido el Tribunal procede en forma oral a dictar la siguiente, OBJETO DE LA AUDIENCIA Estudiar en grado jurisdiccional de consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones � Colpensiones, la determinaci�n esbozada por el A quo en prove�do del 28 de julio de 2015. SENTENCIA DEMANDA: El se�or Elifonso P�rez Daza, a trav�s de apoderado judicial, pretende que se declare la nulidad de la afiliaci�n realizada a Colpatria S.A. el 18 de agosto de 1994 y, como consecuencia, se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 a partir del 22 de mayo de 2011, junto con los intereses moratorios, costas y agencias en derecho.
Respalda su petitum en los hechos relacionados a folios 32 a 34 del plenario. CONTESTACI�N: La demandada Administradora Colombiana de Pensiones � Colpensiones se opuso a las peticiones del libelo introductorio, por considerar que fue voluntad del demandante trasladarse al r�gimen de ahorro individual, perdiendo a su vez la transici�n pensional pues no cuenta con el tiempo de servicios al 1� de abril de 1994, al tenor de las sentencias C - 789 de 2002 y SU-062 por no contar con 15 a�os al 1� de abril de 1994.
Excepciones: propuso como excepciones prescripci�n y caducidad, compensaci�n, cosa juzgada, inexistencia del dercho y de la obligaci�n por falta de causa y titulo para pedir, cobro de lo no debido, buena fe y las que resulten probadas en el curso del litigio, folio 50 a 55. A su turno, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias Porvenir S.A. manifest� su oposici�n a las pretensiones de la demanda, en la medida que el traslado de r�gimen fue producto de una decisi�n libre y voluntaria del demandante.
Excepciones: propuso como excepciones inexistencia de la obligacion a cargo de mi representada, cobro de lo no debido, prescripci�n, prescripci�n de la acci�n que pretende atacar la nulidad de la afiliaci�n, buena fe, compensaci�n y las que resulten probadas en el curso del litigio, folio 82 a 92. DECISI�N: Luego de surtido el debate probatorio, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de esta ciudad en audiencia p�blica celebrada el 28 de julio de 2015, resolvi� declarar nula o invalida la afiliaci�n al r�gimen de ahorro individual administrado por Colpatria S.A. hoy Porvenir S.A. realizada por el demandante el 17 de agosto de 1994; como consecuencia de lo anterior, condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez al tenor del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1� de agosto de 2014 y en cuant�a inicial de $616.000, por trece mensualidades al a�o y reajustes de Ley y, absolver a las demandadas de las dem�s pretensiones invocadas (medio magnetof�nico fl. 109).
Contra esta sentencia los apoderados de las partes no interpusieron recursos, por lo cual el A - quo procedi� a enviar el presente asunto a esta Corporaci�n para que se surta el grado Jurisdiccional de Consulta, el cual procede a desatar esta Sala por cuanto no se observa causal que invalide lo actuado, se procede a decidir, previas las siguientes, C O N S I D E R A C I O N E S RECLAMACI�N ADMINISTRATIVA La parte actora cumpli� con el requisito de procedibilidad contemplado en el art�culo 6� del C.P.L. y de la S.S. modificado por el art�culo 4� de la Ley 712 de 2001, conforme se desprende de la Resoluci�n No. 118140 del 26 de agosto de 2011, folio 19 y
20. PROBLEMA JURIDICO Conforme a las pretensiones invocadas en el libelo demandatorio y las manifestaciones esbozadas por el Juzgador de primera instancia, esta Sala de Decisi�n en cumplimiento de sus atribuciones legales se permite establecer como problema jur�dico a resolver en el sub lite, el determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la afiliaci�n realizada por el se�or Elifonso P�rez Daza al r�gimen de ahorro individual administrado por Colpatria S.A. hoy Porvenir S.A. y, de acreditarse lo anterior, establecer la procedencia en el reconocimiento de la pensi�n de vejez al tenor del Acuerdo 049 de 1990.
NULIDAD DEL TRASLADO Con el fin de resolver la Litis planteada, esta Sala de Decisi�n se permite analizar las pruebas a que se contrae el expediente, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 60 y 61 del C.P.L., en especial, certificado de existencia y representaci�n legal de PORVENIR S.A. (fl.5 a 8), reporte de semanas cotizadas en pensiones (fl.9 a 15, 57 a 60), copia de formulario de afiliaci�n y traslado a la AFP COLPATRIA (fl.16, 96), informe expedido por BBVA Horizonte Pensiones y Cesant�as S.A. (fl.17), certificado emitido por el Consorcio Prosperar (fl.18), copia de Resoluci�n No. 118140 del 26 de agosto de 2011 y No. 19097 del 10 de mayo de 2012 (fl.19 a 24), derecho de petici�n (fl.25), Acto Administrativo GNR 022203 del 4 de marzo de 2013 (fl.28 y 29), copia del registro civil de nacimiento y documento de identificaci�n del accionante (fl.30 y 31), misiva remitida por PORVENIR S.A. (fl.97), misiva bajo asunto informaci�n de pago dirigida a la Colpensiones (fl.99), reporte de ASOFONDOS del 10 de abril de 2015 (fl.100); pruebas de las cuales se colige, que el demandante efectu� cotizaciones inicialmente al otrora Instituto de Seguros Sociales a partir del 18 de febrero de 1979 (folio 57), posteriormente se traslad� a Colpatria S.A. como administradora del r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 17 de agosto de 1994 y con fecha de efectividad el 1� de septiembre de la misma anualidad (folio 96 y 100) efectuando aportes hasta el ciclo de agosto de 1998, para luego reincorporarse al Seguro Social desde el 1� de septiembre de 1998 y hasta la fecha (folio 100).
Puestas as� las cosas, procede esta Sala de Decisi�n a establecer si el Juez de primer grado err� en su determinaci�n, para lo cual juzga conveniente recordar que el car�cter de afiliado al Sistema General en Pensiones lo adquiere el trabajador en una sola oportunidad y, que el mismo perdura en el tiempo hasta la fecha de su retiro del sistema.
Esta afiliaci�n, se recuerda, es permanente y no se pierde por el hecho existir un traslado de r�gimen o de haber dejado de efectuar cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, pues en dicho caso, solo puede considerarse como un afiliado inactivo, pero, se reitera, la afiliaci�n permanece, pues el ingreso al sistema de seguridad social lo es por una sola vez, en forma definitiva y obligatoria, tal y como lo establece el art. 13 del Decreto 692 de 1994, al se�alar: �Art�culo 13.
Permanencia de la afiliaci�n. La afiliaci�n al sistema general de pensiones es permanente e independiente del r�gimen que seleccione el afiliado. Dicha afiliaci�n no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios per�odos, pero podr� pasar a la categor�a de afiliados inactivos, cuando tenga m�s de seis meses de no pago de cotizaciones.� As� las cosas, y al punto en debate que se centra en corroborar si al momento de realizarse la afiliaci�n del se�or P�rez Daza a la administradora de fondos de pensiones, se procedi� a explicarle las ventajas y desventajas con el traslado del r�gimen pensional o, por el contrario, existi� falta de informaci�n en las caracter�sticas propias del RAIS, las modalidades liquidatorias de la mesada pensional y la p�rdida del r�gimen de qu� trata el art�culo 36 de la Ley 100 de 1993.
As� las cosas, se demuestra que la raz�n de la nulidad invocaba por Eliforo P�rez Daza se sustenta en el enga�o sufrido por parte de la AFP COLPATRIA S.A. ante la falta de informaci�n veraz y que atendiera su situaci�n pensional. Sobre el particular, la H. Corporaci�n de cierre de la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en sentencia del 22 de noviembre de 2011 bajo radicado 33083, con ponencia de la H. Magistrada Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calder�n, ense�� sobre la obligaci�n de las administradoras de fondos de pensiones en suministrar a sus afiliados toda la informaci�n sobre las falencias y prerrogativas superiores del traslado al RAIS, se�alando que: �En ese sentido, resultaba necesario y obligado que el Fondo de Pensiones demandado proporcionara al actor una suficiente, completa y clara informaci�n sobre las reales implicaciones que le conllevar�a dejar el anterior r�gimen y sus posibles consecuencias futuras.
(�) Precisamente, la Corte en asuntos de similares caracter�sticas al que es objeto de estudio, al referirse a la obligaci�n que tienen los Fondos de Pensiones de proporcionar a los afiliados una informaci�n completa, en sentencias del 9 de septiembre de 2008, radicaciones 31989 y 31314, dijo: �(�) Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de car�cter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le se�alan las normas, en especial las de los art�culos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y adem�s todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el art�culo 1603 del C.C., regla v�lida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.
La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con espec�fica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gesti�n fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de informaci�n. La informaci�n debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliaci�n hasta la determinaci�n de las condiciones para el disfrute pensional.
Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una informaci�n completa y comprensible, a la medida de la asimetr�a que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una informaci�n que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo est�, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias may�sculas y vitales, como en el sub lite, la elecci�n del r�gimen pensional, trasciende el simple deber de informaci�n, y como emanaci�n del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio m�s activo al proporcionar la informaci�n, de ilustraci�n suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y a�n a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opci�n que claramente le perjudica.
Bajo estos par�metros es evidente que el enga�o que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de informaci�n en que incurri� la administradora; en asunto neur�lgico, como era el cambio de r�gimen de pensiones, de quien ya hab�a alcanzado el derecho a una pensi�n en el sistema de prima media, su obligaci�n era la de anteponer a su inter�s propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por m�s de cinco a�os, bajo la advertencia de que el provecho de la pensi�n a los sesenta a�os, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redenci�n. En estas condiciones el enga�o, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisi�n que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.
No desdice la anterior conclusi�n, lo asentado en la solicitud de vinculaci�n a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al r�gimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que �se realiz� de forma libre, espont�nea y sin presiones�, pues lo que se echa de menos es la falta de informaci�n veraz y suficiente, de que esa decisi�n no tiene tal car�cter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entra�a. Se ha de se�alar que la actuaci�n viciada de traslado del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este �ltimo r�gimen; ciertamente, la decisi�n de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificaci�n de la decisi�n de cambio de r�gimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales�.
Criterio reiterado en prove�do SL 12136 � 2014 Rad. 46292 del 3 de septiembre de 2014 con ponencia de la H. Magistrada Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calder�n, al ense�ar: �Bajo el entendido de que �el sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protecci�n de las contingencias que la afectan� (art�culo 1�, Ley 100 de 1993) y que la elecci�n tanto del modelo de prima media con prestaci�n definida, como el de ahorro individual con solidaridad, es determinante para predicar la aplicaci�n o no del r�gimen de transici�n, es necesario entender, que las entidades encargadas de su direcci�n y funcionamiento, garanticen que existi� una decisi�n informada, y que esta fue verdaderamente aut�noma y consciente; ello es objetivamente verificable, en el entendido de que el afiliado debe conocer los riesgos del traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportar�a, de otro modo no puede explicarse el cambio de un r�gimen al otro.
A juicio de esta Sala no podr�a arg�irse que existe una manifestaci�n libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresi�n gen�rica; de all� que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de r�gimen, so pena de declarar ineficaz ese tr�nsito.
(�) Surge obvio que el alcance del tr�nsito del r�gimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad, pudo traer para un contingente de personas la p�rdida de la transici�n; por las caracter�sticas que el mismo supone, es necesario determinar si tambi�n en esos eventos puede predicarse simple y llanamente que existi� libertad y voluntariedad para que el mismo se efectuara.
Realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisi�n de esa �ndole, solo puede justificarse cuando est� acompa�ada de la informaci�n precisa, en la que se delimiten los alcances positivos y negativos en su adopci�n. Una inoportuna o insuficiente asesor�a sobre los puntos del tr�nsito de r�gimen son indicativos de que la decisi�n no estuvo precedida de la comprensi�n suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla.� (Acent�a la Sala) Conforme a la jurisprudencia antes esbozada, es claro para esta Colegiatura que COLPATRIA S.A. ten�a la carga probatoria en demostrar que cumpli� con su deber de ofrecer a su afiliado la informaci�n pertinente, veraz, oportuna y suficiente respecto del cambio de r�gimen pensional, los beneficios y consecuencias del mismo.
Situaci�n que no se encuentra acreditada en el plenario, pues en el mismo solo se evidencian los formularios de afiliaci�n y posterior traslado de AFP, sin que media prueba alguna en la que se evidencie que le hayan explicado las consecuencias de dicho traslado y la posible p�rdida del r�gimen de transici�n, del cual es beneficiario el demandante conforme se constata del documento de identificaci�n visible a folio 31, donde se desprende que para el 1� de abril de 1994 contaba con 42 a�os de edad, cumpliendo as� el pedimento del art�culo 36 de la Ley ejusdem.
Es por ello, que la Administradora de Fondos de Pensiones demandada incurri� en una falta a su deber de informaci�n, perjudicando as� las condiciones pensionales del demandante, cuando era su obligaci�n suministrar la misma al momento de la afiliaci�n, sin omitir datos legales y de cuant�a pensional con el fin de captar un nuevo afiliado (carga din�mica de la prueba).
Por lo anterior, se confirma la sentencia de primera instancia en tanto declar� la nulidad de la afiliaci�n al r�gimen de ahorro individual con solidaridad de la demandante, debido a la falta de informaci�n respecto de este, sin que la vinculaci�n que alguna vez tuvo con el RAIS surta alg�n efecto, teniendo entonces como �nica vinculaci�n valida y que produce efectos jur�dicos la realizada desde el 18 de febrero de 1979 al otrora Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con lo ense�ado por la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia rad. 37989 del 9 de septiembre de 2008, con ponencia del H. M. Dr. Eduardo L�pez Villegas, en donde indic�: �Las consecuencias de la nulidad de la vinculaci�n del actor a la Administradora de Pensiones del R�gimen Individual, por un acto indebido de �sta, tiene la consecuencia de no producir sus efectos propios, sino los que en su lugar establece la ley, de conformidad con lo que se pasa a decir.
La nulidad de la vinculaci�n a partir de cuando esta se declara la priva hacia futuro de todo efecto, esto es, de ella no se puede derivar ning�n derecho u obligaci�n entre el actor y la entidad demandada, por mesadas pensionales o gastos de administraci�n � E igualmente lo adujo la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL13873-2014 con radicaci�n No. 42500 del 8 de octubre de 2014 con ponencia del H. Magistrado Dr. Rigoberto Echeverri Bueno, al se�alar: �En efecto, en la sentencia CSJ SL, 7 feb. 2006, rad. 25069, reiterada en CSJ, SL, 13 mar. 2012, rad. 39772, esta Sala dijo: �Del texto transcrito es razonable colegir que, al determinar cu�l de las vinculaciones a una entidad de seguridad social es v�lida y cu�les no, la norma est� precisando la vinculaci�n que produce efectos jur�dicos y, as� no lo se�ale espec�ficamente, de manera indirecta la entidad que debe tener a su cargo el reconocimiento de la prestaci�n respectiva, que l�gicamente debe ser aquella respecto de la cual se haya hecho la vinculaci�n que es legalmente admisible y llamada a producir consecuencias para el afiliado� (�)� (Aparte resaltado de la Sala) En lo que respecta al reconocimiento de la pensi�n de vejez en los t�rminos del r�gimen de transici�n, se tiene que el art�culo 36 de la Ley 100 de 1993 indic� como finalidad del r�gimen de transici�n, otorgar el beneficio a los afiliados al r�gimen de prima media con prestaci�n definida que cumplieran con los requisitos de la edad para acceder a la pensi�n de vejez, el tiempo de servicio o el n�mero de semanas cotizadas y el monto de la pensi�n de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema (1� de abril de 1994) ten�an 35 o m�s a�os de edad si son mujeres o, 40 o m�s a�os de edad si son hombres, o 15 o m�s a�os de servicios cotizados, darles aplicaci�n al r�gimen legal anterior establecido y en el cual se encontraban afiliados, y en consecuencia, se les reconozca el derecho y se liquide la pensi�n en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieran tales requisitos.
En el sub judice, se reitera, el se�or Elifonso P�rez Daza demostr� contar con 42 a�os de edad al 1� de abril de 1994, pues naci� el 22 de mayo de 1951 (folio 31). Mediante Acto Legislativo 01 de 2005, se adicion� el art�culo 48 de la Constituci�n Nacional relativo al derecho a la seguridad social, y en el par�grafo 4� de dicha disposici�n se impuso un l�mite temporal al beneficio de la transici�n, indicando que el mismo no podr�a extenderse m�s all� del 31 de julio de 2010, salvo para los trabajadores que, estando en �ste r�gimen, tengan adem�s, 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo, a los cuales se les mantendr�a dicho r�gimen de transici�n hasta el a�o 2014.
Por tanto, pasa la Sala a determinar si de las pruebas allegadas se puede advertir que el demandante cumple con las previsiones para ser beneficiario del r�gimen de transici�n, en los t�rminos del art�culo 12 del Acuerdo 049 de 1990, norma que instituy�: �ART�CULO
12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendr�n derecho a la pensi�n de vejez las personas que re�nan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o m�s a�os de edad si se es var�n o cincuenta y cinco (55) o m�s a�os de edad, si se es mujer y, b) Un m�nimo de quinientas (500) semanas de cotizaci�n pagadas durante los �ltimos veinte (20) a�os anteriores al cumplimiento de las edades m�nimas, o haber acreditado un n�mero de un mil (1.0.00) semanas de cotizaci�n, sufragadas en cualquier tiempo.� Para tal efecto, revisada la historia de semanas cotizadas por el actor, se evidencia que para el 31 de julio de 2010, a�n no hab�a causado el derecho a la pensi�n de vejez en virtud del r�gimen anterior aplicable seg�n el r�gimen de transici�n, pues no ten�a la edad de pensi�n exigida por el Acuerdo 049 de 1990.
No obstante, para el 31 de julio de 2005, fecha en que entr� en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 sumaba 848.48 semanas de cotizaci�n, situaci�n que impone entonces aplicar el beneficio de la transici�n previsto en el art�culo 36 de la ley 100 de 1993 y el reconocimiento pensional al se�or P�rez Daza. Deriva de lo anterior, que el accionante adquiri� los sesenta (60) a�os de edad el 22 de mayo de 2011, folio 31, y que conforme al reporte de semanas cotizadas expedido por el Instituto de Seguros Sociales reuni� un total de 1.161,29 semanas de cotizaci�n para el 31 de julio de 2014, acreditando de esta manera el requisito del literal b, del art�culo 12 del Acuerdo 049 de 1990, este es, haber acreditado un total de mil semanas de cotizaci�n sufragadas en cualquier tiempo.
En lo correspondiente al ingreso base de liquidaci�n, esta Sala encuentra atinada la determinaci�n del Juez de Conocimiento, pues por disposici�n del art�culo 36 de la ley 100 de 1993, que establece el r�gimen de transici�n pensional del que se beneficia al accionante, el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar la pensi�n de quienes se les aplica tal transici�n, es el indicado en su inciso 3�, esto es, que a quienes les faltare menos de diez (10) a�os para adquirir el derecho, ser� el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.
Ahora, de una lectura de las documentales obrantes en el expediente, se tiene que el actor cumpli� la edad para pensi�n el d�a 22 de mayo de 2011, por haber nacido el mismo d�a y mes del a�o 1951, motivo por el cual, al 1� de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la nueva ley de seguridad social, le faltaban m�s de 10 a�os para adquirir su derecho pensional, as�, al no cumplir con las previsiones propias del r�gimen de transici�n, en lo que respecta a la modalidad liquidatoria del IBL, el estudio del presente proceso se gobernar� por el art. 21 de la Ley 100 de 1993, al se�alar que para calcular el salario base de liquidaci�n de la pensi�n debe tomarse el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) a�os anteriores al reconocimiento de la pensi�n, o en todo el tiempo si este fuera inferior, siempre que haya cotizado 1250 semanas como m�nimo.
Prestaci�n econ�mica que seg�n los lineamientos del art�culo 13 y 35 el Acuerdo 049 de 1990 se reconocer� a partir del 1� de agosto de 2014, por reportar como �ltimo ciclo de cotizaci�n a pensi�n el 31 de julio de esa anualidad. Efectuadas las operaciones aritm�ticas de rigor y, evidenci�ndose que los aportes realizados por el demandante durante los �ltimos diez (10) a�os anteriores al reconocimiento pensional, no superan el salario m�nimo mensual legal vigente, se confirma la cuant�a establecida por el A �quo en la sentencia objeto de consulta.
INDEXACI�N En lo correspondiente a la condena impuesta por concepto de indexaci�n y, en estudio de consulta a favor de la entidad demandada, suma agregar que esta Sala de Decisi�n de vieja data y en aplicaci�n de las regulaciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ha asentado la posibilidad de fulminar condena por concepto de actualizaci�n monetaria, en el entendido que el fin de esta instituci�n legal es propender por preservar el valor de los dineros dejados de reconocer en su debida oportunidad por la entidad obligada.
Manifestaci�n vista en sentencia SL 9457 Rad. 39846 del 16 de julio de 2014 M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve y, sentencia rad. 33723 del 3 de mayo de 2011 con ponencia del H. Magistrado Dr. Gustavo Jos� Gnecco Mendoza, al advertir: �Importa anotar que, sobre la procedencia de la indexaci�n en casos como el presente, esta Sala de la Corte se pronunci� con ocasi�n del proceso radicado bajo el n�mero 27919, explicando lo siguiente: �El actual criterio de la Sala admite la procedencia de la indexaci�n de las obligaciones laborales cuando �stas resultan reducidas por la p�rdida del poder adquisitivo del dinero durante el transcurso del tiempo y dentro de esas obligaciones se incluyen las mesadas pensionales que no son satisfechas de manera oportuna.
Quiere ello decir que la evoluci�n que en la jurisprudencia de la Sala ha tenido el mecanismo de la indexaci�n laboral ha permitido aplicarlo cuando se trata de acreencias laborales insatisfechas exigibles con anterioridad a la fecha de su soluci�n, por ser indiscutible que si la justicia no acude a restablecer ese derecho, las consecuencias de la depreciaci�n monetaria act�an de forma demoledora sobre la obligaci�n social, permitiendo un enriquecimiento sin causa en el deudor.
Y a ello no escapan las pensiones de jubilaci�n, sean de origen legal o extralegal. �Por esa raz�n, se considera ahora que es procedente la actualizaci�n del valor de la mesada pensional cuando ha mediado un incumplimiento en su reconocimiento oportuno o en su pago, como aqu� aconteci�. De no entenderse el asunto de esa manera se permitir�a la p�rdida del poder adquisitivo de la mesada que no es pagada en tiempo por el deudor, deterioro que desde luego no alcanza a ser compensado por los reajustes legales, pues no compensan de manera efectiva el detrimento que sufre el beneficiario del derecho por no haber recibido el pago en el momento en que legalmente correspond�a.� En claro lo anterior y siguiendo los lineamientos de la H. Corte Suprema de Justicia, se confirma la sentencia en cuanto a ordenar que las sumas reconocidas deber�n cancelarse debidamente indexadas.
COSTAS. Se confirma la condena en costas impuesta por el A-quo. En esta segunda instancia sin costas dado el grado jurisdiccional de consulta En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley. R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogot� D.C., en audiencia p�blica celebrada el d�a 28 de julio de 2015 dentro del proceso ordinario laboral seguido por ELIFONSO PEREZ DAZA contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES � COLPENSIONES y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: COSTAS: Se confirma la condena en costas impuesta por el A-quo. En esta segunda instancia sin costas dado el grado jurisdiccional de consulta Las partes se notifican en ESTRADOS. EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS BEATRIZ EUGENIA CASTRO G�MEZ DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA PAGE PAGE 14 Rep�blica de Colombia 15201400158 01 Tribunal Superior Bogot� Sala Laboral EXP.99170407 T 2Rfl�������. / O P k { � � � � � � - W X Y +M]~�����������������м���������������������������z�����h,!%hI=�^J h�J^J hI=�5�^J hI=�^Jho�hI=�5�hI=�mH sH *h�N`hI=�5�6�CJOJQJaJmH sH 'h�N`hI=�6�CJOJQJaJmH sH !hI=�6�CJOJQJaJmH sH h�8�hI=�5�h�N`hI=� hI=�5�hI=�ho�hI=�-���. / X Y MN������������������������ �CgdI=�gdI=� $dha$gdI=� $dha$gdI=�$ ��a$gdI=�$ �` dha$gdI=�$dh&d*$P��a$gdI=��PQRSjk) * 5 6 7 ��������������������������$a$gdI=�dhgdI=�$ &Fdha$gdI=� $dha$gdI=�$d -DM� ����a$gdI=�gdI=�PRSijkt�� ( ) * 6 7 > B I \ � � � � � � � � � � � � � � 4;H����� ')����ú϶��������������������������������������������h.zh�Vh.zh�VhI=�5�h/E�hI=�5�hI=�h�f`h�VhI=�h>9hI=�5�mHsHh�bThI=�5�mHsHhI=�mHsH hI=�^Jho�hI=�^J1hI=�5�B*CJ\�^JaJmH $nH $ph"""sH $tH 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nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char,texto de nota al pieCJOJQJaJV�/���V�$�0Texto nota pie Car1OJPJQJmH sH tH �& ���� �$�?Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pieH*Z�`��Z�$� Sin espaciado $CJOJPJQJ_HaJmH sH tH PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 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