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(2009) REF: HIPOTECARIO de AV VILLAS contra RUTH BARBOSA BARBOSA. Radicaci�n No. 2002 01099 01 Magistrada Ponente: Dra. LIANA AIDA LIZARAZO V. Discutido y aprobado en Sala del 22 de abril de 2009. Se decide el recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada contra la sentencia calendada veintis�is (26) de agosto de dos mil ocho (2008) proferida por el Juzgado Quince (15) Civil del Circuito de esta ciudad.
I.
ANTECEDENTES 1. AV VILLAS, por medio de apoderada judicial, instaur� demanda ejecutiva de acci�n hipotecaria contra RUTH BARBOSA BARBOSA para que previos los tr�mites respectivos, se librase mandamiento de pago as�: Pagar� n�m. 136208 � 729.001,4555 UVR�s que el 24 de octubre de 2002 equival�an a $93�325.964,00 por concepto de capital insoluto, m�s los intereses de mora, liquidados a la tasa del 16,50% efectivo anual, desde la presentaci�n de la demanda hasta verificar el pago.
Pagar� n�m. 243054 5 52 � 44.472,9374 UVR�s que al 24 de octubre de 2002 equival�a a $5�693.377,00, m�s los intereses de mora, liquidados a la tasa del 7.5% efectivo anual, desde la presentaci�n de la demanda hasta verificar su pago. 2. El libelo se sustent� en los siguientes hechos: 2.1. La ejecutada Ruth Barbosa Barbosa recibi� de la ejecutante a t�tulo de mutuo comercial el 10 de septiembre de 2001 la cantidad de $90�477.977,70, oblig�ndose a pagar el capital en 147 cuotas mensuales sucesivas desde el 5 de octubre de 2001. 2.2.
La se�ora Barbosa incurri� en mora en el pago de las cuotas desde el 5 de marzo de 2002 raz�n por la que la ejecutante hizo exigible la totalidad de la obligaci�n. 2.3. La ejecutada Ruth Barbosa Barbosa recibi� de la ejecutante a t�tulo de mutuo comercial el 5 de mayo de 1999 la cantidad de $5�766.959,00, oblig�ndose a pagar el capital en 120 cuotas mensuales sucesivas desde el 5 de junio de 1999. 2.4.
La se�ora Barbosa incurri� en mora en el pago de las cuotas desde el 5 de mayo de 2002 raz�n por la que la ejecutante hizo exigible la totalidad de la obligaci�n. 2.5. El extremo pasivo a fin de garantizar las obligaciones deprecadas constituy� hipoteca abierta sin l�mite de cuant�a a favor de AV VILLAS, por medio de escritura p�blica n�m. 4655 del 25 de noviembre de 1997 otorgada en la Notaria 49 del C�rculo de Bogot� D. C., sobre un inmueble de su propiedad distinguido con el folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-333185. 3.
Por reparto le correspondi� el conocimiento de la demanda al Juzgado Quince (15) Civil del Circuito de esta ciudad, Despacho que por auto de fecha 19 de diciembre de 2002 libr� mandamiento de pago en la forma solicitada; as� mismo, se decret� el embargo y secuestro del inmueble objeto de la garant�a hipotecaria y se orden� la notificaci�n al extremo pasivo.
(fl. 45 c.1) 4. La ejecutada se notific� personalmente del mandamiento de pago el 6 de mayo de 2005 y, oportunamente formul� las excepciones de m�rito que denomin�: �EXCEPCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OBLIGACI�N INCOADA, COBRO DE LO NO DEBIDO, PAGO, PAGO PARCIAL, COMPENSACI�N, CONTRATO NO CUMPLIDO, ABUSO DEL DERECHO, ABUSO DE LA POSICI�N DOMINANTE, MALA FE, DOLO, FALTA DE PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y VIGENCIA DE LA OBLIGACI�N INCOADA COMO PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, CAMBIO FUNDAMENTAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS (IMPREVISI�N EN LA EJECUCI�N DEL CONTRATO), FALSEDAD IDEOL�GICA, ABUSO DE CONFIANZA, PREJUDICIALDAD�.
(fls. 128-136 c.1) 4.1. Por auto calendado 13 de junio de 2006, se otorg� traslado de los enervantes a la parte ejecutante, quien oportunamente lo descorri� oponi�ndose inexorablemente a su prosperidad. (fls. 153-160 c.1) 5. El a-quo mediante auto de fecha 4 de agosto de 2006 abri� a pruebas el proceso, decretando y practicando, en la medida de lo posible las pedidas a instancia de los extremos de la litis.
(fl. 161 c.1) 6. Posteriormente, el juez de primera instancia, en auto del 11 de febrero de 2008, dispuso correr el traslado necesario a las partes para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusi�n, del cual ambas partes hicieron uso. (fls. 281-284 c.1) 7. Posteriormente, se dict� sentencia con fecha del 26 de agosto de 2008, en la que declararon improbadas las excepciones propuestas, se decret� la venta en p�blica subasta del bien hipotecado para que con su producto se pague a la ejecutante las sumas ordenadas en el auto de mandamiento de pago, orden� el aval�o del bien objeto de garant�a hipotecaria, la liquidaci�n del cr�dito conforme al art�culo 521 del C�digo de Procedimiento Civil, para finalmente condenar en costas a la parte ejecutada.
(fls. 285-288 c.1) II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 8. El Juzgado 15 Civil del Circuito de esta cuidad, luego de referirse a los antecedentes del caso, frente al primer enervante consider� que el hecho de no redenominarse en pesos la obligaci�n, obedeci� a que se atendi� la Ley 546 de 1999 y de todas formas por tratarse de un ejecutivo donde coercitivamente se persigue la satisfacci�n de una obligaci�n, se torna inconducente el enervante de inconstitucionalidad. 8.1.
En relaci�n con los restantes medios exceptivos el a-quo razon� que debieron demostrarse sus supuestos de hecho y que con tal prop�sito �nicamente se adujo prueba pericial, pero con ella, el sentenciador no tiene certeza de que la parte ejecutante unilateralmente �imput� las tasas de inter�s sin tener en cuenta las directrices que, inicialmente, estableciera la doctrina constitucional, ��.
Realizando un estudio de la prueba pericial, el a-quo concluy� que en su contenido el experto se refiri� a que en algunos per�odos se liquid� el cr�dito a unas tasas superiores a las legales, pero en realidad, ello no obedeci� a una pol�tica de resorte de la entidad ejecutante, sino a otros factores tales como las altas variaciones mensuales a que el emisor sujet� la UVR y, en todo caso con el dictamen pericial no alcanza a controvertirse el estado de cuenta que present� la ejecutante. 8.2.
Juzg� que la excepci�n relativa a la prejudicialidad no pod�a prosperar, porque la existencia de un proceso ordinario propuesto entre otras por la demandada, no puede tener los efectos que el excepcionante persigue, por razones que dada su claridad no requieren de una explicaci�n m�s ampl�a. Menos a�n, las referidas a la imprevisi�n contractual puesto que ello es propio de la acci�n ordinaria.
III. LA IMPUGNACI�N 9. El apoderado de la parte ejecutada interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia el que edific� sobre los siguientes argumentos: 9.1. Argument� que en el proceso no existe reliquidaci�n del cr�dito, la que debi� aportarse por el extremo ejecutante en cumplimiento de los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. 9.2.
Trajo a manera de referencia una decisi�n que adopt� el Tribunal Superior de Medell�n al resolver una solicitud de nulidad, en el sentido de que todos los cr�ditos erigidos en UPAC �tienen derecho a reliquidaci�n, sin excepci�n� (Sentencia. Feb/24/2003). Igualmente, cit� la sentencia C-1140 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, para sustentar que en lo que toca con la reliquidaci�n del cr�dito, debe ser punto a tratar en el escenario del proceso y antes de proferirse la correspondiente sentencia y como as� no actu� el juez de conocimiento �se est�n vulnerando los derechos de mi representado y se esta haciendo caso omiso al mandato constitucional�. 9.3.
Agreg�, que en el evento sub-examine ha finiquitado la oportunidad para que se formulen excepciones de m�rito e inclusive para la suspensi�n del proceso por prejudicialidad y en esa medida, simplemente constituye un se�alamiento razonado que se le hace al juez, �en el sentido de que otro juez debe decidir una cuesti�n que se le ha sometido de antemano�, por manera que, la solicitud de suspensi�n en este caso, opera en inter�s de las partes y en inter�s general de la administraci�n de justicia. IV.
CONSIDERACIONES 1. Los llamados presupuestos procesales se encuentran acreditados en el presente proceso, y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuaci�n o impedimento para proferir la decisi�n que en derecho corresponda. Es necesario precisar que los documentos que respaldan los cr�ditos que aqu� se deprecan re�nen las exigencias del art�culo 488 del C�digo de Procedimiento Civil, como que contienen unas obligaciones claras, expresas y exigibles; que como garant�a de la obligaci�n adquirida por la ejecutada RUTH BARGOSA BARBOSA, constituy� hipoteca de primer grado sin l�mite de cuant�a a favor de la parte acreedora, seg�n consta en la escritura p�blica n�m. 4655 del 25 de noviembre de 1997, otorgada en la Notar�a 49 del Circulo de Bogot�, registrada en el correspondiente folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-333185.
Igualmente, los t�tulos valores (pagar�s) allegados cumplen con los requisitos consagrados en el art�culo 709 del C�digo de Comercio, por lo cual es viable el recaudo pretendido por la v�a ejecutiva. 2. Hechas las anteriores precisiones, abordar� la Sala el estudio del tema del recurso de apelaci�n propuesto por el extremo ejecutado. 2.1.
Entiende la Sala que la inconformidad de la parte impugnante, radica en que el juez de primera instancia profiri� su decisi�n sin percatarse que en el sub-lite no exist�a la reliquidaci�n del cr�dito al tenor del art�culo 41 de la Ley 546 de 1999. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el pagar� No. 136208 fue creado en UNIDADES DE VALOR REAL (UVR) por tanto no necesitaba de determinarse sobre ella reliquidaci�n de ning�n tipo. 2.1.1.
Debe anotarse que uno de los fines de la creaci�n de la UPAC era corregir la depreciaci�n de la moneda, acudi�ndose al efecto a diferentes par�metros, pues en ocasiones se les at� al �ndice de precios al consumidor, a la variaci�n de las tasas de inter�s de los certificados de dep�sito a t�rmino en bancos y corporaciones, al promedio de la inflaci�n y a la DTF y, por �ltimo, al costo frugal de las captaciones de dinero del p�blico. 2.1.2.
Sin embargo, al cabo del tiempo dicho sistema colaps�, situaci�n que conllev� la formulaci�n de innumerables demandas por la v�a de la acci�n p�blica, provoc�ndose las sentencias C-383 y C-700 de 1999, mediante las que se declar� la inconstitucionalidad del sistema en raz�n de que el procurar que en la determinaci�n de los valores en moneda legal de la UPAC se reflejen los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a, adem�s del defecto t�cnico de la intromisi�n del legislador en fijaci�n del par�metro a seguir para la actualizaci�n, es violatorio del art�culo 51 de la Constituci�n y no se encuentra en armon�a con la concepci�n del Estado Social de Derecho, en cuya consecuencia, se determin� la necesidad de expedir una nueva legislaci�n que consagrara un sistema por el que se lograra el equilibrio de las cargas entre deudores y acreedores de cr�ditos de vivienda. 2.1.3.
En armon�a con el querer plasmado anteriormente, se expidi� la ley 546 de 1999, cuyo prop�sito es proteger el derecho fundamental a la vivienda digna que consagra el art�culo 51 de la Constituci�n Pol�tica como uno de los derechos econ�micos, sociales y culturales, con la que se pretende reparar o por lo menos atenuar los nocivos efectos que el extinto sistema UPAC caus� a los ahorradores y usuarios que buscaban adquirir su vivienda familiar, por lo que se implementaron las ya existentes Unidades de Valor Real -UVR- que pretende crear un escenario m�s justo y equitativo en los referidos cr�ditos. 2.1.4.
As� las cosas, la perfidia del sistema UPAC con su consecuente inexequibilidad y la creaci�n del denominado en Unidades de Valor Real, imponen la necesaria obligaci�n de que las entidades financieras para adquisici�n de vivienda est�n sujetas a las disposiciones consagradas en el memorado estatuto con el objetivo tambi�n de recibir los beneficios que de manera espec�fica estableci� el legislador a favor de estos deudores; y adem�s, porque con el desarrollo del art�culo 51 de la Constituci�n Pol�tica, el dador de la ley implant� en el ordenamiento jur�dico normas de orden p�blico econ�mico, de obligatoria y rigurosa aplicaci�n, tanto que su inobservancia, en l�nea de principio, puede llegar a afectar el derecho fundamental que se quiso proteger con la expedici�n de la ley de vivienda. 2.1.5.
Descendiendo al caso que ocupa la atenci�n de la Sala, se observa que las partes �en principio� celebraron un contrato de mutuo en UPAC, situaci�n que se acredita con la escritura p�blica n�m. 4655 del 25 de noviembre de 1997, en virtud de la cual se garantiz� hasta la cifra de 5444.4612 UPAC que para esa fecha equival�an a $62�000.000,00; situaci�n que a posteriori qued� supeditada a los lineamientos de la Ley 546 que entr� a afectar la totalidad de los cr�ditos de vivienda existentes al 31 de diciembre de 1999, sin importar que estuvieran en mora o al d�a, as� como los procesos ejecutivos en curso sea cual fuere la etapa en la que se encontraran, poni�ndose en evidencia que para el expedidor de la norma, la teleolog�a y cometido principal lo constitu�a el que los beneficios se extiendan a todos los deudores, con absoluta abstracci�n, se repite, de las condiciones en que se encontrara la prestaci�n el propio proceso. 2.1.6.
En franco respeto de las disposiciones legales la entidad bancaria ejecutante reliquid� la deuda y tambi�n aplic� el alivio, inclusive, la ejecutada suscribi� un nuevo pagar� en UVR con el saldo que arroj� la obligaci�n a 31 de diciembre de 1999, lo que a su turno explica que las pretensiones hayan sido solicitadas en Unidades de Valor Real y su respectivo equivalente en pesos pues, como se se�al�, ya la actora hab�a efectuado la reliquidaci�n del cr�dito, solicitud que as� fue aceptada por la ejecutada al momento de suscribir el nuevo cartular. 2.1.7.
En esa medida, no se discute lo esgrimido por el apelante, quien en cita de jurisprudencia, adujo que todos los cr�ditos a los cuales se les cobro UPAC tiene derecho a la reliquidaci�n, puesto que el aqu� ejecutado no fue la excepci�n. 3. Ahora bien, s� en gracia de discusi�n se advirtiera que la cuant�a de la reliquidaci�n y el alivio no es correcta ese ser�a tema de las excepciones de fondo que debi� proponer la ejecutada, am�n del control jurisdiccional que debe observar la funcionaria judicial en aras de la legalidad del proceso, hecho que no se materializ� en el sub-lite pues de la simple confrontaci�n del planteamiento de las pretensiones y de los hechos del libelo ��terase� se determina que la obligaci�n primigenia fue constituida en UPAC y que los deudores suscribieron un nuevo cartular en UVR, raz�n por la cual el extremo ejecutante aport� con el libelo incoatorio la correspondiente reliquidaci�n del cr�dito aplic�ndose alivios de $11�876.775,90 y $252.960,45 y, s�lo con la presentaci�n del escrito de apelaci�n es que busca atacar el proceso de reliquidaci�n, situaci�n que luce extempor�nea, circunstancia que debi� plantearse desde el inicio y sobre el mismo, haber permitido el desarrollo del debate con la garant�a para la parte ejecutante de poderse defender de ella.
Adem�s, porque los art�culos 174 y 183 del C�digo de Procedimiento Civil, precept�an que toda decisi�n debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y que deben solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los t�rminos y momentos se�alados por el mismo c�digo. 4. Expres� el apelante que los alegados de conclusi�n se adicionaban en los argumentos esgrimidos en una solicitud de nulidad y en un recurso de reposici�n, empero, no se avizora a cu�les escritos se hace referencia, pues revisado el expediente no se hallaron. 5.
En cuanto a la prejudicialidad, sea que se resuelva con anterioridad a la sentencia de primera instancia, o en ella, lo ver�dico es que no se abre paso tal solicitud, por cuanto lo perseguido con la acci�n de grupo es una presumible indemnizaci�n de los da�os y perjuicios causados a consecuencia del cobro excesivo de la entidad ejecutante, en tanto aqu�, se circunscribe al cobro coercitivo de las obligaciones cartulares. 6.
Por �ltimo, advierte la Sala que debe modificarse la orden de pago, teniendo en cuenta que la ejecuci�n contenida en el pagar� n�m. 243054 5 52, que como ella fue pactada en moneda de curso legal y no en unidades de valor constante, como era el caso de las UPACs, hoy de las UVRs, su liquidaci�n deber� efectuarse en pesos, sin que haya lugar a la redenominaci�n en estas �ltimas unidades, teniendo en cuenta, claro est�, el saldo adeudado, descontando los abonos resultantes de la reliquidaci�n ordenada por la Ley 546 de 1999, pero aplicados con observancia de los criterios establecidos en esta ley y en la sentencia de la Corte Constitucional que la declar� exequible, entre ellos, que la tasa de inter�s no puede capitalizarse y, teniendo en cuenta los abonos realizados por el deudor de conformidad con lo se�alado en el hecho 3� de la demanda.
(Art.17) Al punto la jurisprudencia de este Tribunal ha expuesto: �Es tan claro que las obligaciones contra�das en pesos se deben seguir manejando en moneda legal, salvo que las partes hayan acordado su redenominaci�n en UVR, que la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, al fijar la tasa m�xima de los intereses remuneratorios, seg�n lo previ� el numeral 2� de art�culo 17 de la referida normatividad, en concordancia con los dictados de la Corte, estableci� a trav�s de la Resoluci�n Externa N� 14 de septiembre 3 de 2000, que �Para los cr�ditos de que trata el anterior inciso -los denominados en pesos- perfeccionados antes de la vigencia de la presente resoluci�n, la tasa m�xima de inter�s remuneratoria ser� equivalente a 13% puntos porcentuales, nominales anuales, pagaderos mes vencido, adicionado con la variaci�n de la UVR de los �ltimos 12 meses, contados a partir de 3 de septiembre de 2000. �Huelga anotar que el Decreto 2703 de 1999, tampoco orden� la redenominaci�n que se viene analizando, pues sus disposiciones se limitan a establecer la equivalencia entre la UVR y la UPAC, as� como la metodolog�a para calcular el valor de aquella, aspecto este al que se circunscribe la resoluci�n N� 2896 del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�. 7.
Corolario de lo anterior, se modificar� el ordinal 3� en el sentido indicado en el punto 5� de la parte motiva, en lo dem�s se confirmar� y se condenar� en costas a la parte apelante. V. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D. C., en Sala Civil de decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal 3� de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 26 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, D. C., en el sentido de que la obligaci�n contenida en el pagar� n�m. 243054 5 52 deber� liquidarse en moneda de curso legal conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. En lo dem�s se CONFIRMA.
TERCERO. CONDENAR en costas a la parte apelante. T�sense. C�PIESE Y NOTIF�QUESE LIANA AIDA LIZARAZO V. Magistrada CLARA IN�S M�RQUEZ B. LUZ MAGDALENA MOJICA R. Magistrada Magistrada T. S. de Bogot�. Sala Civil. Sentencia 27 de mayo de 2002. Ref: Ejecuci�n con titulo hipotecario de Corporaci�n de ahorro y vivienda �A.V VILLAS� contra CARLOS EDUARDO MEDINA HUERTAS e ISABEL SIERVO DE MEDINA. PAGE PAGE 13 _____________________________________________________________________________________ EJECUTIVO ACCI�N REAL.
BANCO AV. VILLAS Contra RUTH BARBOSA BARBOSA. 567CDFGp����������������� ! " # 7 S u w | � � � � � � ���̻շ�������������������������������������|v h��CJ hh�CJ hh�6�CJh�u�h�u�5�6�CJ h�u�6�CJ h�_�6�CJ h��6�CJh��5�6�CJh��h�u� j"��J h�u�5�OJQJUVh�u�5�OJQJjh�u�5�OJQJUhBkKh�u�6�OJQJht9mh�u�6�CJOJQJaJ.6Gp���� ! 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