11001 3103 014 2000 00264 05 · Tribunal de Bogotá

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ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA PRINCIPAL. Pidi� la libelista que se condene a su contraparte a pagarle el valor de las mejoras que ella habr�a efectuado, �con su propio peculio�, sobre el inmueble ubicado en la calle 145 No. 26-02 de Bogot�, con matr�cula 50N-359360 (del cual, tanto aquella, como estos, son copropietarios), mejoras que estim� en $500�000.000, �o el valor que se pruebe dentro del proceso�.

En s�ntesis, aleg� la se�ora Vargas Casta�o que �ha ejercido la posesi�n quieta y pac�fica sobre el predio desde octubre de 1974, sin reconocer due�o alguno� y que, en tal calidad, �ha realizado mejoras al predio� (pago de impuestos, instalaci�n de servicios p�blicos, construcci�n de garajes exteriores, de dos bodegas e independizaci�n de 6 locales comerciales, entre otros) y �ha iniciado un proceso de pertenencia sobre el inmueble, el cual se sigue ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot�.

Anot� que �cuando los demandados tuvieron conocimiento del proceso de pertenencia, iniciaron un proceso divisorio que correspondi� al Juzgado D�cimo Civil del Circuito de Bogot� (�) en el que no se decretaron mejoras, por haberse realizado la notificaci�n (de la aqu� demandante) por curador, por lo que se hace necesario pedir las mejoras mediante este proceso, porque dentro del divisorio precluy� la oportunidad para hacerlo, por ser la contestaci�n de la demanda la oportunidad para pedirlas�. 2.

LA CONTESTACI�N Y DEMANDA DE RECONVENCI�N. Los demandados se opusieron a la demanda principal y con su contrademanda pidieron que se ordene �a Hugo Ernesto Fern�ndez Arias y Clara Elisa Vargas Casta�o, realizar el pago efectivo de los frutos y los rendimientos (�) generados por la administraci�n y manejo simult�neo ejercido por ellos sobre el inmueble materia de litigio�.

Alegaron que �el 5 de octubre de 1974 falleci� Francisco Antonio Becerra Mu�oz (inicial propietario del predio) dejando una sucesi�n intestada que se tramit� ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot�, proceso en el que, mediante auto del 19 de mayo de 1979, se design� a Hugo Ernesto Fern�ndez Arias como curador ad litem de los aqu� demandados (hijos extramatrimoniales del causante) y que en esa condici�n, el se�or Fern�ndez asumi� el manejo y administraci�n del inmueble dando a sus representados como frutos del mismo, solamente las sumas necesarias para su congrua subsistencia en un orfanato de caridad y sin entregar ninguna suma a los aqu� demandados�.

A�adieron que �seg�n consta en escrito de 27 de abril de 2000, el se�or Fern�ndez, h�bilmente y con argucias, logr� apropiarse de la parte (del susodicho inmueble) correspondiente a los herederos leg�timos de Francisco Antonio Becerra Mu�oz (Fanny, Martha Roc�o, H�ctor Enrique, Nancy y Luz Mery Becerra P�rez), dej�ndola en cabeza de su esposa Clara Elisa Vargas Casta�o�; que �dado que a la fecha ninguna de las argucias jur�dicas tramadas por el se�or Fern�ndez le ha dado resultado (�), ahora pretende que dentro del presente proceso se le reconozcan mejoras sin demostrar cuales y cuantas� y que �hasta la fecha, los demandados en reconvenci�n no han rendido cuenta de los frutos civiles percibidos del inmueble�.

Manifestaron, finalmente, que los frutos civiles que ahora reclaman, �se refieren a los c�nones de arrendamiento percibidos por los demandados en reconvenci�n de 8 locales que se encuentran ubicados en la casa de propiedad de los demandantes y demandados, los cuales oscilan en un valor promedio de $6�000.000 mensuales, los cuales percibe la demandante y su apoderado (el se�or Fern�ndez Ariza) desde 1979, fecha en la que este �ltimo tom� el inmueble bajo su cuidado y que luego entreg� a su esposa Clara Elisa Vargas�. 4.

La demanda de reconvenci�n solo se admiti� frente a la se�ora Clara Elisa Vargas Casta�o, quien se abstuvo de pronunciarse respecto de las pretensiones en ella contenidas. 5. Por solicitud expresa de la demandante principal y de Bertilda, Jeaneth, Gloria, Teresa y Francisco Becerra S�enz, mediante auto del 29 de octubre de 2005, el juez a quo dispuso la terminaci�n del proceso en cuanto se refiere a dichos litigantes (quienes alegaron haber celebrado un contrato de transacci�n sobre lo que aqu� es materia de disputa).

6. EL FALLO IMPUGNADO. El juez a quo desestim� ambas demandas y declar� �probada la objeci�n por error grave del dictamen pericial presentado por Pedro Jos� Vargas Morato�. Sostuvo que, aunque �la demandante principal no acudi� al proceso divisorio que curs� en el Juzgado D�cimo Civil del Circuito de Bogot� a solicitar el reconocimiento de mejoras, circunstancia que la legitima en la causa para solicitar aqu� tal reconocimiento, no se puede pasar por alto que en el desarrollo de este proceso, la se�ora Vargas Casta�o no acudi� a practicar ninguno de los medios de prueba solicitados en la demanda�.

A�adi� que, si bien �a Gustavo y Jos� Antonio Becerra S�enz les asiste el derecho de cobrar frutos civiles en un 16.666% que corresponde a su cuota parte sobre el inmueble�, �de revisar el dictamen pericial y las pruebas documentales aportadas en el proceso, se evidencia que no existe ning�n medio de prueba que acredite cu�l fue el valor de los c�nones de arrendamiento pactado para los 8 locales comerciales ubicados en el inmueble, para que de este modo el Despacho de oficio pudiere proceder a liquidar los frutos causados desde el 19 de mayo de 1979�, pues �la experticia elaborada por Pedro Jos� Vargas Morato no es precisa y no se encuentra debidamente soportada�.

7. LOS RECURSOS DE APELACION. La demandante principal aleg� que �el hecho de acudir al Juzgado D�cimo Civil del Circuito a reclamar mejoras es opcional y no obligatorio�, pues �la ley no proh�be que estas sean pedidas en proceso separado y lo no prohibido es permitido�; que �el despacho no estudi� las pruebas aportadas y dej� de apreciar otras pruebas que dan cuenta de las mejoras y del tipo de ellas, m�s los costos de las mismas�, y que �de haberse nombrado un perito avaluador id�neo que hubiere hecho el trabajo pedido, la claridad sobre las mejoras hubiere sido diferente�.

Por su parte, los se�ores Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz alegaron que �en el proceso que cursa en el Juzgado D�cimo Civil del Circuito de Bogot�, cuyo expediente se alleg� en copia como medio probatorio, obran algunas copias de contratos de arrendamiento de los locales en cuesti�n que permitir�an dar sustento a lo argumentado dentro de la demanda de reconvenci�n�, y que �ellos han realizado todas las posibles actividades probatorias tendientes a demostrar que la demanda ha venido usufructuando el inmueble, pero la demandante ha ocultado il�citamente toda informaci�n, a tal punto de tener sentencia penal condenatoria por estas actividades�.

CONSIDERACIONES 1. Verificada la ausencia de irregularidades que comprometan la validez de la actuaci�n, anuncia la Sala que de los recursos de apelaci�n en estudio, se acoger� �nicamente la que formularon los demandantes en reconvenci�n (pero �nicamente en cuanto ata�e a la se�ora Vargas Casta�o, pues fue solo contra ella que dicha contrademanda fue admitida) y se confirmar� el despacho adverso que el juez de primera instancia dispuso frente a la demanda principal.

A espacio se ver� a continuaci�n, a Clara Elisa Vargas Casta�o demandante principal (copropietaria del inmueble en disputa desde el a�o 1988, le precluy� la oportunidad para solicitar el reconocimiento y pago de mejoras por no haber elevado tal pedimento en el proceso divisorio que se sigui� en su contra ante el Juzgado D�cimo Civil del Circuito de Bogot� (rad. 1995 01713), al paso que no se encuentra impedimento alguno para disponer el reconocimiento de frutos civiles que reclamaron Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz. 2.

En efecto, no proced�a el reconocimiento de mejoras que implor� la se�ora Vargas Casta�o, no tanto por los argumentos (de estirpe probatoria) que esgrimi� el juez de primera instancia, sino dado el alcance que amerita el art�culo 472 del C. de P. C., y por cuanto, entre quienes aqu� contienden se promovi� un proceso divisorio sobre el mismo inmueble, sin que la all� demandante hubiera reclamado las mejoras a que hizo alusi�n en su demanda ordinaria.

Tal contingencia, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia desde hace varios a�os, cierra definitivamente la posibilidad de que cualquiera de los ex cond�minos solicite, en proceso judicial distinto, el reconocimiento del aludido concepto. La Corporaci�n en cita precis�: �Si bien es cierto que el auto que decreta la divisi�n de la cosa com�n, ora material o ya ad valorem, no termina el proceso respectivo, pues que decretada la divisi�n corresponde ejecutar los actos indispensables para realizarla, ora el remate o ya la partici�n (arts. 471 a 474); no puede ser menos cierto que, en cuanto decide la pretensi�n divisoria y rechaza la oposici�n a ella formulada, si agota la funci�n jurisdiccional, como que es justamente por virtud del ejercicio de ella que el juez ha ordenado repartir la cosa com�n entre los comuneros o el producto de su remate.

En materia de mejoras, el C�digo de Procedimiento Civil hoy vigente adopta en principio el criterio de que, para que ellas den lugar al derecho de retenci�n del inmueble en que se han plantado, deben haberse alegado en el proceso respectivo por las partes y encontrarse reconocidas en la sentencia de cuya ejecuci�n se trata. Estim� el legislador colombiano de 1970, que la controversia sobre mejoras es punto que queda incluido dentro del thema decidendum y que, por tanto, en acatamiento a los principios de la econom�a y lealtad procesales, se deben alegar en la demanda o en su contestaci�n, a fin de que en la sentencia que se dicte se resuelva definitivamente lo relacionado con ellas.

Trat�ndose de los procesos divisorios, el art�culo 472 de la codificaci�n procesal citada, establece que �el comunero que tenga mejoras en la cosa com�n deber� reclamar su derecho en la demanda o en la contestaci�n especific�ndolas debidamente y pidiendo las pruebas correspondientes. Si se hubiera formulado oposici�n, el juez decidir� sobre las mejoras en el auto que la resuelva, de lo contrario, el reclamo relativo a estas se tramitar� como incidente.

En el auto que reconozca las mejoras, el juez dispondr� que los peritos las aval�en por separado. Se ve, entonces, que por claro mandato legal, lo relacionado con las mejoras que los comuneros aleguen en el proceso divisorio, constituye un litigio incidental que se decide siempre por medio de un prove�do que esa misma ley insistentemente llama auto: el auto que decide la oposici�n y decreta la divisi�n, si el demandado impugn� la pretensi�n del demandante; o el que resuelve el incidente de mejoras si no hubo oposici�n a la divisi�n. (�) Se trata en verdad de una providencia judicial que por su forma es un auto, pero que, en cuanto a su materia o contenido, equivale a una sentencia; frente a dicho proveimiento, la ley consagra impl�citamente la cosa juzgada, puesto que reconocida la comunidad, tanto en el predio como en las mejoras plantadas en �l y decretada la divisi�n del bien com�n, esta espec�fica resoluci�n judicial tiene que estar y evidentemente est� prevista de fuerza vinculante suficiente como expresi�n definitiva de la voluntad de la ley que es, y, por lo mismo, la cuesti�n as� decidida no podr� ventilarse nuevamente en el mismo proceso en que se ha proferido; ni en otro posterior, desde luego que la ley no autoriza expresamente que pueda revisarse no obstante su ejecutoria, salvo el recurso extraordinario de revisi�n. (�).

Porque si la insatisfacci�n que lo decidido en el proceso divisorio produjo en el recurrente lo autorizara para formular luego, otra y cuantas veces lo quisiera, nuevas demandas sobre el mismo asunto de las mejoras plantadas en el lote de terreno com�n, sin ser �ste precisamente uno de los casos en que la ley expresamente uno de los casos en que la ley expresamente establezca semejante especie de revisi�n, a m�s de que los litigios se tornar�an indefinibles, habr�a que aceptar que las decisiones incidentales, por no ser sentencias en sentido formal, carecen de toda fuerza vinculante y de todo efecto definitivo, lo que es inadmisible�.

Ante la contundencia de las pautas reci�n transcritas, sobran consideraciones adicionales para colegir que es inatendible la apelaci�n que interpuso la se�ora Vargas Casta�o, no por las razones que esgrimi� el juez de primera instancia, sino por cuanto el auto (del 24 de febrero de 1998) con que el juez D�cimo Civil del Circuito dispuso la divisi�n del susodicho inmueble, sin efectuar pronunciamiento alguno en punto a mejoras (ninguno de los all� litigantes las reclam� oportunamente), cobr� ejecutoria (ver fl. 60, c. 1, proceso divisorio), vicisitud que inclusive la misma se�ora Vargas Casta�o de alguna manera la refiri� en su libelo incoativo, al destacar que �dentro del proceso divisorio precluy� la oportunidad para reconocer mejoras, por ser la contestaci�n de la demanda la oportunidad para pedirlas� (fl. 11, c. 1). 3.

Suerte distinta merec�an las pretensiones que formularon los hermanos Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz (demandantes en reconvenci�n), quienes, en su calidad de copropietarios del predio (solemnidad sustancial y procesal que aqu� se supli� en cuanto que se alleg� copia de la sentencia aprobatoria del trabajo de partici�n, y de su inscripci�n en el respectivo folio de matr�cula inmobiliario), pidieron que se ordenara a su contraparte pagar el porcentaje que a aquellos les correspond�a, sobre los frutos civiles causados a partir del a�o de 1979.

V�ase, de un lado, que el derecho a percibir frutos de los aludidos demandantes (cada uno e titular de un 5.73% de los derechos de dominio del inmueble con matr�cula 50N-359360), encuentra cabal respaldo en lo preceptuado en el art�culo 2328 del C�digo Civil, a cuyo tenor, �los frutos de la cosa com�n deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas�, a lo que se suma que aqu� ni siquiera la se�ora Vargas Casta�o contest� la demanda de reconvenci�n. A la luz del ordenamiento jur�dico y a diferencia de lo que ocurre con las mejoras, los prenombrados litigantes no pod�an ejercitar el derecho al reconocimiento de frutos en el proceso divisorio en referencia. Ha dicho la Corte que, �de acuerdo con las normas legales reguladoras de su tr�mite (arts. 467 a 474 del C. de P. C.), el procedimiento para dividir materialmente o por su valor un bien com�n, es especial�simo, en cuanto se establece �nicamente para tramitar y decidir esta espec�fica controversia surgida entre los cond�minos de una cosa singular� y, en tal medida, la disputa por frutos que se llegare a suscitar entre los condue�os, es �asunto que escapa totalmente del terreno del proceso divisorio en el cual seg�n los t�rminos de los art�culos 467 y 472 del C�digo de Procedimiento Civil el �nico derecho que es permisible alegar por el comunero demandante en la demanda o por el demandado en la contestaci�n es el de mejoras, pretendiendo la ley que en estas acciones no se involucren cuestiones propias de otras clases de procesos�.

Tambi�n es tema indiscutido en este litigio que la se�ora Vargas Casta�o ha percibido los frutos producidos por el inmueble desde que ella lo detenta materialmente, y que los hermanos Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz no han recibido ninguna suma de dinero por ese concepto. De hecho, la demandante principal afirm� en su libelo incoativo (radicado el 26 de mayo de 2000, fl. 16, c. 1) que �ha ejercido la posesi�n quieta y pac�fica (sobre el inmueble) desde octubre de 1984, hasta la fecha, sin reconocer due�o alguno sobre el predio (fl. 11, c. 1).

Con igual orientaci�n se resalta que el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogot�, mediante sentencia del 31 de agosto de 2006, conden� a la se�ora Vargas Casta�o a 12 meses de prisi�n por el delito de �fraude a resoluci�n judicial�, precisamente por haber seguido recibiendo los c�nones de arrendamiento del referido inmueble con posterioridad al 12 de mayo de 2000, fecha en la que ese predio fue secuestrado en el proceso divisorio No. 1995 1713 y en la que se orden� que el producto de esas rentas deb�a ser entregado al respectivo auxiliar de la justicia (fls. 500 a 518, c. 1, proceso divisorio).

Ahora, si pese a lo anotado en precedencia subsistiera alg�n manto de duda en punto a la existencia de la obligaci�n en comento (recepci�n de frutos desde el a�o de 1979 por parte de la se�ora Vargas Casta�o, sin restituci�n alguna a los hermanos Becerra S�ez), la misma quedar�a absuelta por virtud de la confesi�n ficta que se gener� en contra de la demandante principal, quien ni contest� la contrademanda, ni justific� su ausencia a la cita conciliatoria que se llev� a cabo en el decurso de esta tramitaci�n judicial, efecto procesal que, valga destacar, fue declarado por el juez de primera instancia (auto del 5 de septiembre de 2002, que cobr� ejecutoria sin protesta de la parte interesada, fls. 104 y 105, c. 1) y que no result� infirmado por los dem�s elementos de juicio que obran en la foliatura, cual lo permite el art�culo 201 del C. de P. C. 4.

Ya en lo que ata�e propiamente a la prueba de la cuant�a de los frutos que la se�ora Vargas Casta�o ha de restituir a los apelantes victoriosos (Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz), observa el Tribunal que, contrario a lo que sostuvo el juez de primera instancia, en el expediente existen elementos de juicio que arrojan suficiente luz al respecto.

Tres trabajos periciales: el que se alleg� al proceso divisorio No. 1995 01713 (signado por los expertos Fernando Rodr�guez y Mar�a Victoria Quintero); el que se practic� en el proceso de pertenencia que adelant� la se�ora Vargas Casta�o (por N�stor Calder�n Jim�nez y Martha Bedoya Florez) y el que se recaud� en esta tramitaci�n ordinaria (elaborado por Pedro Jos� Vargas Morato), coinciden en indicar (sin protesta, por lo menos expresa, de quienes aqu� contienden) que en el inmueble sobre el que versa este litigio existen 8 locales comerciales independientes, en los que funcionan 8 establecimientos de comercio distintos, arrendados a terceros, seg�n contrataciones que estos convinieron con Clara Elisa Vargas Casta�o, en su condici�n de arrendadora.

Adem�s, en la experticia que se elabor� y recaud� para esta espec�fica tramitaci�n, el perito Pedro Jos� Vargas Morato se�al� el monto que, seg�n los respectivos arrendatarios, recib�a la se�ora Vargas Casta�o (directamente o a trav�s de su compa�ero sentimental y apoderado general Hugo Ernesto Fern�ndez Arias) por cuenta de los contratos de locaci�n celebrados sobre 7 de los 8 locales (fls. 4 a 7, c. 3).

Y aunque el juez a quo acogi� la objeci�n (por error grave) que en contra de la experticia en comento formul� la demandada en reconvenci�n (decisi�n que ninguno de los apelantes cuestion�), lo cierto es que en su memorial de objeci�n, la se�ora Vargas Casta�o se limit� a reprochar el valor que el perito le asign� al metro cuadrado de la construcci�n y a que no hubiera estimado el precio de las mejoras que a la misma se le implantaron, pero dej� por fuera de su inconformidad el monto al que, seg�n el mismo experto, ascend�an los c�nones de arrendamiento de los locales con que cuenta el inmueble.

Las afirmaciones del perito Vargas Morato sobre el monto de las referidas rentas, armonizan con el clausulado de los �contratos de arrendamiento� que (en copia aut�ntica) aportaron los ocupantes de 6 de los 8 locales en la diligencia de entrega que se surti� el 28 de noviembre de 2011 en el proceso divisorio, escritos en los que, valga a�adir, la se�ora Vargas Casta�o figura como arrendadora (fls. 719 a 757, continuaci�n c. 1 �691 a 798�).

Para acometer la labor de calcular el valor de los frutos que la demandada en reconvenci�n adeuda a Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz, nada impide al Tribunal, en la situaci�n que aqu� se configur�, acudir a las pautas que contienen las probanzas en comento (dictamen pericial y contratos de arrendamiento), respecto al valor que la se�ora Vargas Casta�o recib�a peri�dicamente a t�tulo de c�nones de arrendamiento.

As� las cosas y con base en esos elementos de juicio, se calcular�, a partir de la f�rmula de que en seguida se indica, a cu�nto equival�an esas sumas para el a�o 1979 (�poca desde la cual los demandantes en reconvenci�n reclamaron frutos, fl. 93, c. 2) y con esa misma metodolog�a se actualizar� anualmente cada uno de los c�nones hasta el 2 de agosto de 2012 (fecha en que, finalmente, la rematante en el proceso divisorio hizo saber que recibi� materialmente el inmueble de manos de los arrendatarios de la se�ora Vargas Casta�o).

Bueno es precisar que con ese procedimiento, en rigor, el Tribunal no est� actualizando el valor de los frutos (eso no lo autoriza el art�culo 964 del C�digo Civil), sino que simplemente procura aportar bases claras y admisibles para cifrar (a�o a a�o, desde 1979, hasta el 2012) el monto mensual de esos frutos. Los elementos de prueba a que se hizo alusi�n l�neas atr�s, permiten las siguientes conclusiones: (i) el local de la calle 145 No. 26-38 (Cigarrer�a J&M) produc�a para el a�o 2011 un canon de $900.000, mes;

(ii) el de la Calle 145 No. 26-30 (Pizzer�a Taz Burguer) produc�a mensualmente para el a�o 2011 $650.000; (iii) el de la calle 145 No. 26-24 (antiguamente Panader�a Trigal y en la fecha del dictamen Restaurante Yzac) generaba, en el a�o 2010, una renta mensual de $780.000; (iv) el de la calle 145 No. 26-20 (Sal�n de Belleza Amelia) tambi�n produc�a en el a�o 2010 un canon mensual de $780.000;

(v) el de la calle 145 No. 26-14 o 13a-06 (Cigarrer�a Belmonte) produc�a para el a�o 2011 una renta de $1�000.000; (vi) el de la calle 145 No. 26-02 o 13a-02 (Lavander�a) generaba, en el a�o 2010, un canon de $850.000; (vii) el de la calle 145 No. 26-22 (antes Gimnasio Cedro Gym y actualmente Sal�n de Billar Somar) produc�a, para el a�o 2002, un canon de $800.000 y (viii) el de la carrera 26 No. 145 � 15 (antes Taller de Latoner�a y Pintura y hoy un local de reconstrucci�n de muebles y enseres) generaba en el a�o 2010 la suma peri�dica de $800.000.

Ya se advirti� que a las anteriores sumas se les aplicar� la f�rmula que a continuaci�n se indica, para establecer su equivalencia para el a�o 1979. Y a los resultados que tal operaci�n arroje, se les aplicar� otra vez la misma f�rmula con el prop�sito de calcular anualmente esas rentas hasta la fecha en que la se�ora Vargas Casta�o dej� de percibir los frutos cuyo reembolso aqu� se le reclam� (2 de agosto de 2012).

As� las cosas, se tiene que: If Vp = Vh x -------- en donde: Ii Vp, es el valor a establecerse; Vh, es el valor hist�rico que se pretende indexar; If, es el �ndice final de precios al consumidor (IPC), y Ii, es el IPC inicial. Entonces, LOCAL CANON DE REFERENCIAA�O IPC FINAL(MAYO 1979)IPC INICIAL EQUIVALENTEEN 1979Calle 145#26-38 $ 900.000 20110,9106,19 $ 7.628 Calle 145#26-30 $ 650.000 20110,9106,19 $ 5.696 Calle 145#26-24 $ 780.000 20100,9102,7 $ 6.835 Calle 145#26-22 $ 800.000 20020,967,26 $ 10.705 Calle 145#26-20 $ 780.000 20100,9102,7 $ 6.835 Calle 145#26-14 $ 1.000.000 20110,9106,19 $ 8.475 Calle 145#26-02 $ 850.000 20100,9102,7 $ 7.449 Cra.26 # 145-15 $ 800.000 20100,9102,7 $ 7.011 Ahora se calcular�n los c�nones mensuales causados por el arrendamiento de los 8 locales comerciales desde mayo de 1979 hasta agosto de 2012, a partir de la variaci�n anual del IPC, operaci�n que arroja, de conformidad con las tablas que se anexan a este fallo, la suma de $ 1.103�446.284.

Como la cuota de dominio de cada apelante victorioso (Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz) ascend�a apenas al 5.73% de la totalidad del inmueble (ver trabajo de partici�n obrante a fls. 9 a 15, c. 2), es en esa proporci�n que se les ha de reconocer frutos a dichos litigantes (art. 2328, C�digo Civil), lo cual arroja, para cada uno de ellos, la cantidad de $63�227.472. 5.

No olvida la Sala que en su demanda de reconvenci�n, los prenombrados litigantes reclamaron que se ordenara a la demandante principal pagar los susodichos frutos �con su respectivo inter�s legal, por tratarse de una obligaci�n monetaria� (fl. 92, c. 2), pedimento que se denegar�, en la medida en que, por disposici�n expresa de la regla cuarta del art�culo 1617 del C�digo Civil, las rentas, c�nones y pensiones peri�dicas atrasadas (que, en �ltimas, es lo que aqu� reclamaron los contrademandantes) no producen intereses.

Sobre estas tem�ticas, autorizada doctrina for�nea (al referirse sobre el art�culo 1559 del C�digo Civil Chileno, que, en su contenido, es id�ntico al 1617 del C�digo Civil Colombiano), conceptu� que, �como los intereses de los capitales, las rentas, c�nones y pensiones peri�dicas son frutos civiles y bajo este respecto se sujetan a las mismas reglas, cualquiera que sea su cuant�a y el periodo a que correspondan, las rentas, c�nones y pensiones peri�dicas no producen frutos, sino que constituyen frutos�.

RECAPITULACI�N De las dos apelaciones en estudio, �nicamente se atender� la que formularon algunos de los demandantes en reconvenci�n (Jos� Antonio y Gustavo Becerra S�enz). Por ende, se confirmar� el despacho adverso que el juez de primera instancia le imprimi� a la demanda principal (en la que se pidi� el pago de unas mejoras) y se revocar� la negativa que el mismo juzgador le imparti� a la solicitud de frutos que formularon los prenombrados contrademandantes, a quienes se les reconocer�, por separado, la suma de $63�227.472, a t�tulo de frutos producidos por el inmueble de marras desde mayo de 1979 hasta agosto de 2012.

DECISION El Tribunal Superior de Bogot�, Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, REVOCA PARCIALMENTE el fallo que el 24 de mayo de 2013 profiri� el Juzgado 13 Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� en el proceso ordinario de la referencia. En su lugar, DECLARA que Clara Elisa Vargas Casta�o deber� pagar (en forma separada y dentro de los cinco d�as que sigan a la ejecutoria de esta providencia), tanto a Jos� Antonio Becerra S�enz, como a Gustavo Becerra S�enz, la cantidad de $63�227.472, a t�tulo de frutos producidos por el inmueble con matr�cula No. 50N-359360 desde mayo de 1979 hasta agosto de 2012.

Costas de ambas instancias a cargo de la se�ora Vargas Casta�o. Liqu�dense por Secretar�a, incluyendo, como agencias en derecho, la cantidad de $ 3�500.000, seg�n lo estima el Magistrado Ponente. En lo dem�s, el fallo permanece inc�lume. Cumplido lo anterior, devu�lvase el expediente a la oficina de origen. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados OSCAR FERNANDO YAYA PE�A JAIME CHAVARRO MAHECHA Ver folios 101 7 107, del cuaderno 2. CSJ, sent. de enero 24 de 1983, CLXXII, p�g. 12. Ver fls. 9 a 15, c. 2 y 100 a 102, c. 3 CSJ, sent. de enero 24 de 1983, CLXXII, p�g. 12. CSJ., sent. de tutela de 4 de septiembre de 2009, exp. 01533 00 Fls. 106 a 114, c. 1, proceso divisorio Fls. 16 a 47, c. 2 Fls.1 a 27, c. 3 Bajo las direcciones Calle 145 No. 26-38/30/24/22/20/14/02 y Carrera 26 No. 145-15 Una cigarrer�a (antiguamente una bodega de cerveza); una Pizzer�a; un restaurante (antiguamente una panader�a); un sal�n de belleza; otra cigarrer�a; una lavander�a; un local de restauraci�n de muebles y enseres y un sal�n de billar (en donde antes funcionaba un gimnasio). fl. 794, cuaderno 1, expediente del proceso divisorio. (fl. 719, c. 1, expediente divisorio y fl. 4, c. 3) (fl. 782, c. 1, expediente divisorio y fl. 4, c. 3) (fl. 5, c. 3) (fl. 5, c. 3) (fls. 750, c. 1, expediente divisorio y fl. 5, c. 3) (fls. 5, c. 3 y 737, c. 1, expediente divisorio) (fl. 739, c. 1, expediente divisorio) (fls. 6, c. 3 y 725, c. 1, expediente divisorio) EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, Luis Claro Solar, T. 5�, ed. Temis, p�g. 767. OFYPCHM PAGE \* MERGEFORMAT1 <Ohw|�� < I � � )*� ��ŶŶ�ř��}�o�o�o�^�o�P�h3CJOJQJ^JaJ h�S|5�CJOJQJ\�^JaJhC}CJOJQJ^JaJhk=�CJOJQJ^JaJh�CJOJQJ^JaJh�S|CJOJQJ^JaJh�CJOJQJ\�^JaJh�*XCJOJQJ\�^JaJh�S|CJOJQJ\�^JaJh�S|CJOJQJ\�aJh�S|5�CJOJQJ\�aJh�S|5�CJOJQJ^JaJ;<Ohi��; < I J �� $��d�`��a$gd�S| $d�a$gd�S| $d�a$gdC}$��dh`��a$gd�S| &F �dhgd�S| $dha$gd�S|� � ��(=BC��)��'Pq"��}��k#h3h�S|0J6�CJOJQJaJh=�CJOJQJ^JaJh�HjCJOJQJ^JaJ"h3CJOJQJ^JaJmH $sH $h�S|6�CJOJQJ^JaJhC}CJOJQJ^JaJhk=�CJOJQJ^JaJh3CJOJQJ^JaJh�S|CJOJQJ^JaJh�*XCJOJQJ^JaJ#��AB��tu��" "�$�$�$�$�(�(�� $d�a$gd�S| &F �dhgd�S|$��dh`��a$gd�S|$��d�`��a$gd�S|��5<��!�!.":"�#�#�$�$�$/%��οαΥ��u�gVE!h�S|@��CJOJQJ\�^JaJ!h�S|5�@��CJOJQJ^JaJh�S|@��CJOJQJaJh�tECJOJQJaJhBV.CJOJQJaJh4AFCJOJQJaJhC}CJOJQJaJh�S|CJOJQJaJh3CJOJQJ^JaJh�S|6�CJOJQJ^JaJh�S|CJOJQJ^JaJ 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