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Aprobado en Sala de 27 de noviembre de 2008. Acta de la misma fecha. Magistrado Ponente: RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS. Ref.: Acci�n de tutela (impugnaci�n) de FLOR MARINA MARTINEZ CANO contra EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Se decide la impugnaci�n interpuesta por la accionante contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot�, D.C., el seis de noviembre de dos mil ocho, en la acci�n de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES Flor Marina Mart�nez Cano instaur� acci�n de tutela contra la Empresa de Energ�a de Cundinamarca S.A., para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Como fundamento de su s�plica, la accionante, indic�: Que su esposo, Miguel Antonio Campos �vila, abandon� la posesi�n que ostentaba sobre un globo de terreno ubicado en el sector rural de Macapay o la Raya, jurisdicci�n del Municipio de Paratebueno, debido, al parecer, a motivos de orden p�blico, por la presencia de grupos ilegales en la regi�n. Que, no obstante lo anterior, dej� en arriendo el lote de terreno indicado, en donde funcionaba un kiosco, pero que los arrendatarios no pagaban el servicio de energ�a el�ctrica porque la gente no acud�a al lugar debido a la situaci�n de orden p�blico mencionada.
Que lleg� la factura No. 7766821, respecto del bien referido, mediante la cual la empresa accionada est� cobrando la suma de $4.805.990, pero la misma no se ha pagado porque ha sido imposible, teniendo en cuenta la situaci�n tan agobiante en la que vive la actora, y porque no cuenta con dinero para surtir el negocio que exist�a en tal lugar.
Por �ltimo, indica, que la empresa accionada no dio cumplimiento a la Ley 142 de 1994, suspendiendo el servicio de energ�a al no haberse pagado las dos primeras facturas. Una vez se asumi� el conocimiento de la acci�n por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta capital, al que le correspondi� por reparto, se enter� a la entidad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, la cual guard� silencio dentro del t�rmino legal.
Seguidamente, el Juzgado de primera instancia, profiri� la sentencia impugnada, en la que deneg� el amparo deprecado, argumentando que, el mismo, era improcedente debido a que la llamada a resolver la situaci�n planteada era la entidad accionada. Adem�s, sostuvo, que para alcanzar los fines pretendidos por la actora el sistema jur�dico ha previsto t�rminos y recursos ordinarios, los cuales son �giles y adecuados a la finalidad perseguida.
Con lo as� resuelto se mostr� inconforme la accionante, por lo que interpuso la impugnaci�n que se desata, argumentando, en s�ntesis, que la entidad accionada ha incumplido la normatividad contenida en la Ley 142 de 1994, al no suspender el servicio p�blico que presta, ante el incumplimiento en el pago de las dos primeras facturas. CONSIDERACIONES La tutela es un instrumento jur�dico previsto para la protecci�n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n u omisi�n de cualquier autoridad p�blica y, excepcionalmente, por los particulares.
Por su car�cter residual s�lo procede cuando el ciudadano afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Pretende la accionante, mediante la acci�n de tutela interpuesta, que se le ordene a la entidad accionada que expida una nueva factura, en la que se incluyan los valores de los dos primeros periodos impagados y, previo el pago de tal valor, se proceda a la reconexi�n del servicio de energ�a, lo anterior con fundamento en el incumplimiento legal que, la actora, le imputa a la empresa accionada.
Al respecto se ha pronunciado la jurisprudencia, indicando: �Si bien es cierto la Corte ha reiterado la improcedencia de la acci�n de tutela para resolver litigios surgidos de obligaciones contractuales, tambi�n ha sostenido que, en trat�ndose de servicios p�blicos, dicho mecanismo resulta procedente para proteger los derechos de los usuarios, pero siempre y cuando tales derechos tengan el car�cter de fundamentales o se encuentren en conexidad con alguno que s� tenga esa naturaleza2.
Debe el juez estudiar las circunstancias del caso concreto y verificar si se halla o no vulnerado o amenazado un derecho fundamental. Una vez hecho lo anterior y si llegare a la convicci�n de que la violaci�n se present�, est� en la obligaci�n de establecer si existe o no otro medio de defensa judicial al alcance del peticionario, y si �ste resulta id�neo para lograr la protecci�n efectiva del derecho del que se trata3.
De no ser as�, se desnaturalizar�a la acci�n de tutela toda vez que �sta no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o supletorio de los ordinarios. �Debido a la gran importancia que revisten los servicios p�blicos para la comunidad, el juez debe verificar cada caso para determinar si existe o no violaci�n de derechos fundamentales de los usuarios o de los propietarios, seg�n sea el caso, pues de la suspensi�n o corte del servicio, de la negativa de las empresas a prestar el mismo, o inclusive de la mala prestaci�n del servicio, pueden resultar afectados o amenazados derechos tales como la salud, la vida o la dignidad de la persona, quien cuenta con tales servicios para adelantar sus labores cotidianas.
El nivel de cobertura y la calidad de su prestaci�n se han convertido en indicadores para la calificaci�n de su nivel de vida4. �3.2. Pero, en estos casos el usuario o propietario no puede acudir de manera inmediata y directa a la acci�n de tutela en procura de remediar la situaci�n5, pues debe agotar previamente los mecanismos que la ley le otorga para obtener el restablecimiento de sus derechos.
En materia de servicios p�blicos y para efectos de reclamaciones ante las empresas que los prestan la ley prev� mecanismos administrativos y judiciales a los cuales pueden acudir los usuarios. �En efecto, quien se considere afectado debe, en primera instancia, dirigirse a la empresa que corresponda y hacer el reclamo a que haya lugar. Debe ponerla al tanto de la situaci�n an�mala que se presenta, de la actitud irregular o de la conducta omisiva de aqu�lla.
En trat�ndose de decisiones de la empresa que afecten la prestaci�n del servicio o la ejecuci�n del contrato, ya sea por inconsistencias en las facturas, suspensi�n o corte del servicio, la ley contempla la posibilidad de presentar recursos (art. 154 de la Ley 142 de 1994). El usuario o propietario no puede quedarse inerme frente a un escenario de arbitrariedades y mucho menos cuando con tales actitudes pueden resultar amenazados o vulnerados sus derechos.
La negligencia del propietario o del usuario en ese sentido no puede despu�s tratar de remediarse con el ejercicio de la acci�n de tutela. �3.3. La empresa, por su parte, cuando advierta alg�n incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario, debe proceder a la suspensi�n del servicio en los t�rminos del art�culo 140 de la Ley 142 de 1994, norma que fue modificada por el art�culo 19 de la Ley 689 de 2001, y si el consumo irregular persiste, proceder al corte definitivo del mismo. �Una de las causales para suspender el servicio es la falta de pago por el t�rmino que fije la entidad prestadora, sin que exceda en todo caso de tres periodos de facturaci�n -luego de la modificaci�n a que se hizo alusi�n, son dos periodos de facturaci�n-.
La empresa, teniendo en cuenta que los servicios p�blicos son un bien de uso p�blico, debe estar atenta y ser diligente para evitar fraudes o p�rdidas econ�micas que van en detrimento no s�lo de su patrimonio, sino del resto de la poblaci�n y del propietario del inmueble, en caso de que el incumplimiento sea atribuible a los arrendatarios y usuarios.
En efecto, la omisi�n de tales obligaciones y responsabilidades implica la afectaci�n de los derechos de los usuarios o del mismo propietario. La empresa no puede desatender los constantes pedimentos y reclamos que haga el usuario o propietario, relativos a la suspensi�n o corte por consumo irregular. �Lo anterior significa que la empresa est� en la obligaci�n de suspender el servicio cuando el usuario ha incumplido con el pago de tres periodos de facturaci�n, y, en el evento de que no cumpla con esa obligaci�n, debe asumir los riesgos que ello le genera.
Si a pesar de proceder a la suspensi�n dentro del t�rmino previsto por la ley, los usuarios continuaren disfrutando del servicio a trav�s de la reconexi�n fraudulenta, la empresa est� en la obligaci�n de proceder al corte y/o taponamiento inmediato y definitivo de esa reconexi�n y a denunciar penalmente tal hecho. Pero lo que no es admisible es que deje transcurrir el tiempo y tolere esas irregularidades� (Subraya la Sala).
Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, y revisado el material probatorio aportado con la tutela, considera la Sala que el amparo solicitado se torna improcedente. En efecto, del referido material, as� como de las afirmaciones de la actora, se puede concluir, fehacientemente, que la presente acci�n se est� ejerciendo de forma principal, sin que previamente se haya acudido a la entidad accionada para plantearle la situaci�n ac� expuesta, siguiendo el conducto regular establecido en la propia Ley 142 de 1994, citada en la acci�n. N�tese que la actora no prueba, ni siquiera afirma, que con antelaci�n a la presente acci�n haya presentado un reclamo o queja ante la empresa de servicios p�blicos accionada, ni que haya propuesto recurso alguno contra la factura de servicios p�blicos materia de su inconformidad, circunstancia que, sin lugar a mayor an�lisis, permite evidenciar la improcedencia del presente reclamo.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que la tutela no es un mecanismo alternativo ni supletorio de los medios ordinarios y, adem�s, que la accionante ha tenido una actitud de absoluta inactividad para remediar la situaci�n presentada, pese a que, seg�n su propia afirmaci�n, hace aproximadamente dos meses antes de la interposici�n de la acci�n, le fue suspendido el servicio de energ�a, la Sala confirmar� la sentencia impugnada, puesto que no concurren los presupuestos de procedibilidad de la acci�n. DECISI�N Por m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. Confirmar la sentencia que, en la acci�n de tutela de la referencia, profiri� el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot�, D.C., el seis de noviembre de dos mil ocho.
SEGUNDO. Comun�quese telegr�ficamente a las partes en la presente acci�n.
TERCERO. En los t�rminos de Ley, rem�tanse las diligencias a la H. Corte Constitucional para la eventual revisi�n de la presente providencia. RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado JOS� ELIO FONSECA MELO Magistrado Corte Constitucional SENTENCIA T-262/03. PAGE Acci�n de Tutela (Impugnaci�n) de Flor Marina Martinez Cano contra Empresa de Energia de Cundinamarca S.A. E.S.P. 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