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PROCESO ORDINARIO DE SILVIA NORELA SARMIENTO ORTIZ Y JUAN DAVID MURCIA SARMIENTO CONTRA BUSES ROJOS LTDA., ACE SEGUROS S.A. Y CARLOS ALFONSO YAMAYUSA FLORI�N. RAD. 18201100009-01 MAGISTRADA PONENTE. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala de decisi�n del 19 de noviembre de 2014 Acta N� 043 I. ASUNTO Procede la Sala a decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por la demandada BUSES ROJOS LTDA. contra la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito en el asunto de la referencia. II.
ANTECEDENTES: 1). PETITUM: Silvia Norela Sarmiento Ortiz actuando en nombre propio y en representaci�n de Juan David Murcia Sarmiento, por medio de su apoderado judicial, present� demanda para que previo los tr�mites del proceso ordinario se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Que se declare responsable civil y extracontractualmente a los demandados por la muerte del se�or Pedro Pablo Murcia Zarate, acaecido el 30 de junio del a�o 2004.
Como consecuencia de lo anterior se condene a los demandados a pagar solidariamente las siguientes sumas de dinero: A favor de Silvia Norela Sarmiento Ortiz 100 salarios m�nimos legales mensuales vigentes por perjuicio moral y $420.000.000,00 por perjuicios materiales a t�tulo de lucro cesante. A favor del menor Juan David Murcia Sarmiento 100 salarios m�nimos legales mensuales vigentes por perjuicio moral y $276.000.000,00 por perjuicios materiales a t�tulo de lucro cesante.
Decretar la indexaci�n monetaria de las sumas de dinero indicadas en las pretensiones anteriores acorde con la p�rdida del poder adquisitivo de nuestra moneda para el momento del fallo. 2). CAUSA: Como fundamentos f�cticos de las pretensiones, la parte actora expuso los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: El d�a 30 de junio de 2004 a las 7:30 a.m. el se�or Pedro Murcia se movilizaba en una bicicleta por la v�a p�blica de la Diagonal 130 N� 149-75 de esta ciudad y el se�or John Henry Ortiz Rodr�guez quien conduc�a el bus de placas SFM 498 lo arroll� caus�ndole la muerte instant�nea.
La muerte del se�or Murcia se produjo por la impericia, imprudencia y negligencia del conductor del automotor, quien no detuvo el veh�culo a tiempo e invadi� el espacio por donde transitaba el hoy occiso. El se�or Pedro Murcia contaba con 38 a�os de edad, era esposo y padre de los demandantes y trabajaba como vigilante en una empresa de vigilancia llamada Atempi Ltda., devengando un salario de $700.000,00 mensuales con el cual manten�a el sustento diario de su familia, suministrando a su esposa e hijo los alimentos en todo el sentido de la palabra, que ya no recibir�n en el futuro m�s esa ayuda econ�mica.
El proceso penal por el delito de homicidio culposo fue llevado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito donde profirieron sentencia que fue confirmada por esta Corporaci�n. El bus de placas SFM 498 estaba afiliado a la empresa Buses Rojos Ltda., es de propiedad del se�or Carlos Alfonso Yamayusa Flori�n 3). ACTUACI�N PROCESAL: La demanda fue admitida por auto del 6 de mayo de 2011, ordenando su notificaci�n al extremo demandado, actuaci�n que se surti� personalmente a ACE Seguros S.A., el d�a 13 de septiembre de 2011 conforme las previsiones de los art�culos 315 a 320 del C.P.C. la empresa Buses Rojos Ltda., seg�n dan cuenta las constancias existentes en los folios 107 a 109 y 167 a 169 del expediente y al se�or Carlos Alfonso Yamayusa Flori�n por medio de curador ad litem, luego de surtirse su emplazamiento en los t�rminos del art�culo 318 �dem, el d�a 19 de diciembre de 2012.
Las personas jur�dicas que conforman el extremo demandado replicaron la demanda ejercieron su derecho de contradicci�n y defensa, se opusieron a las pretensiones de la demanda y formularon excepciones, en tanto que el curador del se�or Yamayusa Flori�n no se opone a �stas �siempre y cuando se acrediten dentro del proceso las condiciones de facto sobre las cuales se edific� la demanda y su reforma�.
Ace Seguros S.A., por medio de apoderado judicial debidamente constituido para el efecto, contest� la demanda, y formul� excepciones previas y de m�rito, las primeras que denomin�: Cosa Juzgada frente a los perjuicios morales�; en tanto que como perentorias reformula la ya mencionada y adem�s plantea las de �prescripci�n de la acci�n de perjuicios�, �improcedencia de la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual y condena en forma solidaria en contra de ACE Seguros S.A.�, L�mite de la p�liza de responsabilidad civil extracontractual por evento� y la �Gen�rica�.
De su parte Buses Rojos Ltda., a m�s que objet� la estimaci�n de los perjuicios formul� la excepci�n de falta de legitimaci�n por activa� �Ausencia de responsabilidad�, �Excepci�n plus petitum� �Cosa Juzgada� y �Gen�rica�. Adicionalmente llam� en garant�a a la aseguradora ya referida. El curador ad litem del demandado Carlos Alfonso Yamayusa Flori�n si bien no se opuso a las pretensiones formul� la excepci�n �Gen�rica� a fin que se decrete �cualquier medio de defensa que resulte acreditado dentro del proceso�.
Sometidas a la debida contradicci�n las defensas planteadas por los demandados el convocante se opuso a su prosperidad y solicit� se declaren no probadas. Por auto del 20 de noviembre de 2013 se resolvieron las excepciones previas planteadas por Ace Seguros S.A. declarando probada la de prescripci�n y en consecuencia se dispuso declarar finalizado el juicio respecto de dicha aseguradora y continuarlo contra los dem�s y condenar en costas al demandante.
Rituada en debida forma la instancia, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot� D.C., profiri� sentencia el 19 de junio de 2014, en la que (1) declara probada la excepci�n de cosa juzgada formulada por Ace Seguros S.A. y (2) no probadas las planteadas por Buses Rojos Ltda., (3) declara civil y solidariamente responsables a Buses Rojos Ltda., y Carlos Alfonso Yamayusa por los da�os causados a los demandantes con ocasi�n de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2004 y a los cuales se contrae la demanda, (4) en consecuencia los condena al pago de $40.000.000,00 por concepto de perjuicios morales, lo cual deber� realizarse dentro de los 10 d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia, (5) niega cualquier otro reconocimiento econ�mico y (6) condena en costas a los referidos integrantes del extremo demandado.
Inconforme con la mentada decisi�n, Buses Rojos Ltda. formul� recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto de ley, motivo por el cual se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n. III.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. El Sentenciador de primer grado, tras el recuento obligado de los antecedentes del caso y referirse a los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, la presunci�n de culpa que en este tipo de asuntos se presenta, la responsabilidad que le asiste a las empresas afiliadoras y la necesidad de la prueba para la prosperidad de las pretensiones concluy� que el extremo demandante no cumpli� con la carga de demostrar los perjuicios materiales, por lo que ning�n reconocimiento hay lugar a hacer por ese concepto.
Respecto de los perjuicios morales rememora lo considerado y decidido por los juzgadores penales en el juicio punitivo que se adelant� contra el conductor del bus John Henry Ortiz Rodr�guez con ocasi�n a los hechos que produjeron la muerte del se�or Pedro Pablo Murcia, en los que se concluy� en la ausencia de responsabilidad por este concepto por parte de Ace Seguros Ltda. y por tanto �ya fue un tema ampliamente debatido y decidido ante la justicia penal luego resulta contrario a derecho discutir nuevamente sobre el particular, pues de lo contrario, se atentar�a contra la cosa juzgada, lo que de contera acarrear�a una total inseguridad jur�dica�, por lo que acoge la exceptiva que en esa direcci�n dicha sociedad plante�.
Frente a este mismo t�pico en relaci�n a con los restantes demandados establece que la decisi�n penal arrimada al juicio da cuenta de la responsabilidad del conductor del bus en la ocurrencia del insuceso en el que perdi� la vida el se�or Pedro Pablo Murcia y asevera que ��no admite duda alguna que el lamentable accidente en cuesti�n se debi� a la falta de cuidado de su conductor� por lo que �el propietario del automotor y la empresa afiliadora, son los llamados a responder por los da�os �morales- causados con ocasi�n del fat�dico suceso� y finaliza indicando que �no hace falta realizar profundos an�lisis para concluir que la muerte del se�or Pedro Pablo Murcia Zarate le caus� a su esposa e hijo un hondo padecimiento y sentimiento de dolor, toda vez que era su esposo y padre, adem�s la forma violenta como se produjo el deceso permite inferir a�n m�s la configuraci�n de los perjuicios de esa �ndole�.
IV. ARGUMENTOS DE LA APELACI�N La sociedad Buses Rojos Ltda., centra su inconformidad con lo que denomina �ausencia absoluta del estudio de la prueba de acuerdo con los par�metros de la sana cr�tica, como es el informe del accidente y la incongruencia de la misma de la parte resolutiva con la sustentaci�n con relaci�n a las excepciones de fondo propuestas oportunamente�.
Se�ala que �el juzgador se limita a realizar el estudio que fundamenta la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, que si bien es cierto en el caso que nos ocupa est� bien determinada, no se encuentra por ninguna parte establecida la responsabilidad de los terceros en el resultado�. Reitera lo indicado en la instancia en lo que hace a la falta de legitimaci�n por activa soportada en la eventual responsabilidad que pudo tener el occiso Pedro Pablo Murcia en los hechos en que perdi� la vida por la infracci�n por parte de �ste de las normas de tr�nsito que generaron el resultado da�oso y que �era consciente del riesgo que corr�a al realizar su recorrido con una carga de baldosas en su bicicleta por una v�a concurrida por veh�culos de servicio p�blico y en hora pico, a pesar de estas circunstancias asumi� el riesgo gener�ndose el desafortunado accidente�, por lo que considera que dicha excepci�n est� llamada a prosperar y en la sentencia no se hace ning�n an�lisis de donde se pueda establecer los fundamentos por los cuales no prospera.
Finaliza indicando que �en hechos como el que nos ocupa, es decir cuando los involucrados ejercen actividades de riesgo, para reclamar la indemnizaci�n de perjuicios causados con el hecho, es necesario probar, que el actuar del demandante NO tiene ninguna injerencia o culpa en el resultado da�oso, en el presente debate, muy por el contrario se cuenta con prueba legalmente recaudada y aportada con la demanda que demuestra plenamente y sin duda alguna, como el se�or MURCIA ZARATE incurri� en violaci�n de reglamentos�, por lo que solicita la revocatoria de la sentencia �pues en ning�n aparte de la sentencia se establece que se haya probado dicha responsabilidad�.
Tramitada �ntegramente la segunda instancia es del caso decidir el recurso de alzada para lo cual estima pertinente la Sala realizar previamente las siguientes, V. CONSIDERACIONES 1). PRESUPUESTOS PROCESALES. Sea lo primero advertir, la presencia de los denominados presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico-procesal por cuanto, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley; las personas enfrentadas en la litis, ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas jur�dicas y naturales en ejercicio de sus derechos; y por �ltimo, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para desatar la alzada.
La presente demanda, va encaminada a que se declare la responsabilidad civil extracontractual de los demandados y, en consecuencia, se les condene al pago de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasi�n al accidente de tr�nsito en el que result� muerto el se�or Pedro Pablo Murcia Zarate, cuando fue arrollado al conducir su bicicleta por el bus de placas SFM 498 afiliado a la empresa Buses Rojos Ltda., y de propiedad del se�or Carlos Alfonso Yamayusa Flori�n, de manera que para el examen, se estudiar� lo referente a la responsabilidad civil en actividades peligrosas y con base en ello analizar el caso en concreto.
Sin embargo, si bien de vieja data se ha indicado que el orden para proferir las sentencias es evaluar de manera inicial la procedencia o no de las pretensiones de la demanda, pues de hallarse en principio prosperas impondr�an la necesidad de examinar las excepciones perentorias que se hubieran formulado para enervarlas, es incuestionable que para realizar dicho ejercicio preciso es comenzar por el estudio de la legitimaci�n en causa, habida consideraci�n que si la misma se encuentra ausente bien por activa o pasiva har�a inane cualquier valoraci�n adicional, toda vez que ello ser�a suficiente para el fracaso de la acci�n incoada, m�xime cuando en casos como el presente ha sido alegada su ausencia en el extremo demandante, por lo que habr� de analizarse este t�pico de manera previa. 2).
DE LA LEGITIMACI�N EN CAUSA. Ha sostenido de manera reiterada la doctrina y la jurisprudencia nacional que la legitimaci�n en la causa, por activa, la tiene la persona �que seg�n la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por �l no exista o corresponda a otra persona y por pasiva, aqu�l a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensi�n del demandante o frente al cual se debe declarar la relaci�n jur�dica material objeto de la demanda�; entonces, tal como se vislumbra del estudio en conjunto del acervo probatorio, en especial de los certificados de registro civil y de tradici�n obrantes a folios 7 a 11 del expediente, se concluye que en el sub-judice, existe legitimaci�n en la causa tanto activa como pasiva, en la medida que los actores Silvia Norela Sarmiento Ortiz y Juan David Murcia Sarmiento fungen como afectados por el deceso del se�or Pedro Pablo Murcia Zarate, debido a la condici�n de esposo y padre que �ste ten�a respecto de ellos y los convocados, Carlos Alfonso Yamayusa Flori�n y Buses Rojos Ltda. aparecen registrados el primero como propietario del rodante que se dice causante del insuceso y la �ltima como empresa afiliadora del mismo, calidad que expresamente acept� con fuerza de confesi�n en la contestaci�n de la demanda la aqu� recurrente, por lo que consecuentemente en tales calidades estar�an llamados a responder por los da�os que con ocasi�n al accidente se pudieron generar.
Si ello es as� no viene a duda que la legitimaci�n en causa est� plenamente acreditada en el sub examine en donde por dem�s los argumentos que soportan la exceptiva no se enmarcan dentro de los supuestos que la configuran, lo que por s� solo hace impr�spera la as� formulada. 3) EL RECURSO DE APELACI�N Y ALCANCE DE LA SUSTENTACI�N: Dado que el recurso de apelaci�n fue interpuesto s�lo por la empresa Buses Rojos Ltda., se entiende que los dem�s sujetos que conforman el extremo pasivo y el demandante se conformaron con la decisi�n, motivo por el cual para todos los efectos procesales la determinaci�n de instancia en relaci�n a los restantes intervinientes (demandante- demandados), cobr� firmeza.
As� mismo que en raz�n al principio dispositivo, de este medio de impugnaci�n y el de congruencia que regenta las sentencias civiles el marco fundamental de competencia de esta Sala lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen contra la decisi�n censurada, por lo cual, en principio, los dem�s aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate, conforme ha indicado la jurisprudencia nacional al decir que �las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo.
Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el �mbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: �tantum devolutum quantum appellatum��. En efecto la Corte Suprema de Justicia en relaci�n al alcance que tiene la sustentaci�n del recurso de apelaci�n frente a la decisi�n que se debe adoptar por el Juzgador de segunda instancia, ha indicado lo siguiente: ��la exigencia legal de sustentar el recurso de apelaci�n, reserva al recurrente la tarea de denunciar expl�citamente los aspectos de la decisi�n de primera instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la opci�n de descartar algunas aristas de la decisi�n, siempre y cuando tales restricciones se deriven n�tidamente del contenido de la sustentaci�n, caso en el cual, la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo.
En el fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado para que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una impugnaci�n que el recurrente no hizo. En suma, hay un desv�o de poder si el juez, ante el silencio y abandono del apelante sobre ciertas zonas del litigio, decide involucrar su propia visi�n para completar o adicionar la impugnaci�n omitida por el recurrente, y hacerlo cuando las partes ya nada pueden hacer para oponerse.
En este escenario, el no apelante se preguntar�a v�lidamente si debi� defenderse de los argumentos de su antagonista, o si debe replicar a las razones que de su propio cu�o abon� el juez, para completar los silencios del impugnador�� Puntualizado esto y de cara al recurso impetrado por la sociedad Buses Rojos Ltda. se advierte que la impugnaci�n se contrae a la desestimaci�n de la excepci�n de falta de legitimaci�n que se formul�, que haciendo abstracci�n de la denominaci�n en �ltimas pretende enervar las pretensiones de la demanda en raz�n a la presunta infracci�n por parte de la v�ctima de los reglamentos de circulaci�n de las bicicletas, que a su juicio lo exonera de responsabilidad, de suerte que es en relaci�n a �ste puntual aspecto al que se limita el poder decisorio de la Corporaci�n. 4).
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y LA CONCURRENCIA DE CULPAS. Precisado lo anterior tenemos que, el art�culo 2341 del C. C., establece, que: �El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da�o a otro, es obligado a la indemnizaci�n, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido�, lo que equivale a afirmar, que quien por s� o a trav�s de sus agentes, cause a otro un da�o, originado en hecho o culpa suya, est� obligado a resarcirlo, por lo que, quien reclame indemnizaci�n por este concepto, tendr� que demostrar, en principio, el perjuicio padecido o da�o, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un nexo de causalidad entre ambos factores.
Sin embargo, no siempre tales premisas conllevan la determinaci�n de responsabilidad por parte del sujeto agente, por cuanto, pueden darse circunstancias que rompen el nexo causal, como son la fuerza mayor, el caso fortuito o la culpa exclusiva de la v�ctima, o bien pueden darse eventos en que, pese a existir la responsabilidad, esta puede verse reducida, como es el caso de la concurrencia de culpas, prevista en el art. 2357 del C.C., de regular ocurrencia en los accidentes de tr�nsito; de igual manera puede acaecer que, por el s�lo hecho del da�o, la culpa se presuma, como cuando el mismo se causa por el ejercicio de una actividad calificada como peligrosa.
Se ha sostenido, que una actividad es de tal magnitud, cuando en atenci�n a su propia naturaleza o por los medios empleados para llevar a cabo su desempe�o, est� mayormente expuesto a provocar accidentes, pues se genera inseguridad a los conciudadanos por el riesgo palmar que ofrecen, consider�ndose como tal, entre otras conductas, el manejo de automotores, presumi�ndose en ella, como antes se anot�, la culpa del actor causante del da�o. Pese a ello, cuando �ste es producto de la actividad peligrosa, desarrollada simult�neamente por demandante y demandado, tal presunci�n se neutraliza y por eso, deben aplicarse los principios de la responsabilidad directa con culpa probada, establecida en el Art. 2341 del C�digo Civil.
En este sentido se ha pronunciado el autor P�rez Vives cuando expone: � en nuestro derecho, por las razones que adelante exponemos, cuando dos presunciones de igual grado se contraponen, tienden a neutralizarse, de modo que hay que acudir al art. 2341 para elucidar el grado de culpabilidad de cada adversario y, de este modo, graduar su responsabilidad� .
En la tarea de demostrar la culpa del demandado, ya no puede acudirse a la presunci�n de responsabilidad derivada del ejercicio de la actividad peligrosa, sino que se deber� acreditar �sta fehacientemente, que permita inferir la obligaci�n a cargo del agente de responder por el da�o causado, para lo cual se impone como carga adicional, demostrar los hechos constitutivos de su actuar, bien por dolo o culpa, por acci�n u omisi�n, imprudencia, negligencia, impericia, violaci�n de reglamentos, etc., sin que en todo caso este ejercicio pueda ser realizado de manera abstracta o general, pues como a bien ha tenido oportunidad de indicarlo la Corte Suprema de Justicia �� no puede formularse en los t�rminos tan gen�ricos e indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de justicia en los que est� inspirada, puede llegar a constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando de ese modo los cimientos cardinales de la responsabilidad civil extracontractual; por supuesto que cuando un da�o se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la v�ctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilaci�n de la presunci�n de culpa que favorece al damnificado, el juez deber� establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboraci�n deber� tomar en consideraci�n la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad da�ina de la una frente a la otra.
M�s exactamente, la aniquilaci�n de la presunci�n de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generaci�n de un da�o, presupone que el juez advierta, previamente, que en las espec�ficas circunstancias en las que se produjo el accidente, exist�a cierta equivalencia en la potencialidad da�ina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitar� siempre en favor de la v�ctima la presunci�n de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparaci�n demanda� (Sentencia del 5 de mayo de 1999.
Expediente 4978). (Negrillas ajenas al texto). En lo tocante al t�pico de la Concurrencia de Culpas el Alto Tribunal de la Jurisdicci�n Ordinaria en relaci�n a la incidencia que pudiera tener la conducta de la v�ctima en la ocurrencia del insuceso ha precisado lo siguiente. �En cuanto a la intervenci�n de la v�ctima, menester "precisar la incidencia de su conducta apreciada objetivamente en la lesi�n" (cas. civ. sentencia de mayo 2 de 2007, exp. 73268310030021997-03001-01) al margen de todo factor �tico o subjetivo, es decir, corresponde al juzgador valorarla en su materialidad, contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del da�o seg�n el marco de circunstancias y elementos probatorios para "determinar su influencia decisiva, excluyente o confluyente, en el quebranto", si es causa �nica o concurrente (imputatio facti) y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio (cas. civ. sentencias de diciembre 19 de 2008, SC-123-2008, exp.11001-3103-035-1999-02191-01; 18 de septiembre de 2009, exp. 20001-3103-005-2005-00406-01).
En lo que concierne a la conducta de la v�ctima, en tiempos recientes, precis� la Corte: "5. Ahora bien, es claro que el hecho o la conducta �positiva o negativa- de la v�ctima siempre tiene una incidencia relevante en el an�lisis de la responsabilidad civil. As�, en primer t�rmino, es evidente que en la mayor�a de las ocasiones la persona que sufre los da�os desempe�a un rol, as� sea meramente pasivo, para que el perjuicio se materialice.
En ese sentido, se se�ala que el hecho o el comportamiento de la v�ctima puede corresponder a una �condici�n� del da�o, en cuanto que se convierte en el sustrato necesario para su concreci�n. No obstante, es claro, tambi�n, que una participaci�n del perjudicado como la que se ha rese�ado no tiene eficacia para infirmar la responsabilidad civil del autor, ni para modificar el quantum indemnizatorio, pues, en tales eventos, la participaci�n de la v�ctima o perjudicado no act�a como causa exclusiva o concurrente del da�o que ella misma padece.
En ese orden de ideas, se puede se�alar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el da�o pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que �sta haya sufrido. En el primer supuesto �conducta del perjudicado como causa exclusiva del da�o-, su proceder desvirtuar�, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el da�o inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparaci�n. Para que el demandado se libere completamente de la obligaci�n indemnizatoria se requiere que la conducta de la v�ctima re�na los requisitos de toda causa extra�a, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al c�rculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad.
En el segundo de tales supuestos -concurrencia del agente y de la v�ctima en la producci�n del perjuicio-, tal coparticipaci�n causal conducir� a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia v�ctima en la producci�n del resultado da�oso (�) (�) "Respecto de esta tem�tica, la jurisprudencia de la Corte ha explicado, de manera general, que �el hecho de la v�ctima puede influir en el alcance de la responsabilidad, llegando en muchas situaciones hasta constituirse en la �nica causa del perjuicio� y que �tambi�n sin mayor dificultad se comprende que esa participaci�n del damnificado puede determinar tanto la ausencia total de la relaci�n de causalidad en cuesti�n -cual acontece en las aludidas situaciones en que el hecho de la v�ctima es causa exclusiva del da�o y por ende conduce a la liberaci�n completa del demandado- como implicar la ausencia apenas parcial de dicho nexo, caso este �ltimo que se presenta cuando en el origen del perjuicio confluyen diversas causas -entre ellas la conducta imputable a la propia v�ctima- de modo que al demandado le es permitido eximirse del deber de resarcimiento en la medida en que, por concurrir en aquel agregado causal el elemento en estudio, pruebe que a �l no le son atribuidos en un todo el hecho da�oso y sus consecuencias� (Cas.
Civ., sentencia del 23 de noviembre de 1990, G.J. CCIV, No. 2443, p�g. 69). �[�] Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pac�fica en se�alar que para que el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinaci�n de la obligaci�n reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producci�n del da�o y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que �l haya provocado esa reacci�n en la v�ctima.
Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuaci�n, independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella. [�] En todo caso, as� se utilice la expresi�n �culpa de la v�ctima� para designar el fen�meno en cuesti�n, en el an�lisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto t�cnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputaci�n es de car�cter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracci�n de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relaci�n de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio inter�s. Esta reflexi�n ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que la �culpa de la v�ctima� corresponde -m�s precisamente- a un conjunto heterog�neo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no s�lo comportamientos culposos en sentido estricto, sino tambi�n actuaciones an�malas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producci�n del da�o, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el art�culo 2357 del C�digo Civil, aun cuando all� se aluda a �imprudencia� de la v�ctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son �capaces de cometer delito o culpa� (art. 2346 ib�dem) o a comportamientos de los que la propia v�ctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuaci�n (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre el da�o).
As� lo consider� esta Corporaci�n hace varios lustros cuando precis� que �[e]n la estimaci�n que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acci�n civil de reparaci�n, no hay para qu� tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fen�meno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la v�ctima, porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual, que exigir�a la aplicaci�n de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extra�o a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jur�dica patrimonial en relaci�n con otra persona� (Cas.
Civ. 15 de marzo de 1941. G.J. L, p�g. 793. En el mismo sentido, Cas. Civ. 29 de noviembre de 1946, G.J. LXI, P�g. 677; Cas. Civ. 8 de septiembre de 1950, G.J. LXVIII, p�g. 48; y Cas. Civ. 28 de noviembre de 1983. No publicada). Por todo lo anterior, la doctrina contempor�nea prefiere denominar el fen�meno en cuesti�n como el hecho de la v�ctima, como causa concurrente a la del demandado en la producci�n del da�o cuya reparaci�n se demanda." (cas. civ. sentencia de 16 de diciembre de 2010, exp. 1989-00042-01)�.
RESPONSABILIDAD DE GUARDI�N De vieja data la jurisprudencia nacional ha sido enf�tica al afirmar que las consecuencias por el da�o generado en ejercicio de actividades calificadas como peligrosas, no s�lo son atribuibles a quien materialmente ejecuta tal actividad, sino que igualmente pueden imputarse a quien la desarrolla por medio de una cosa que le pertenece, o sobre la cual tiene el poder de mando, direcci�n o control, o sea, a quien por tal raz�n se considera guardi�n de la actividad, conceptos y alcances que ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia, as�: " la calidad en cuesti�n, esto es, la de guardi�n de la actividad peligrosa y la consecuente responsabilidad que de ella emerge, se presumen, en principio, en el propietario de las cosas con las cuales se despliega, pues el poder aut�nomo de direcci�n y control sobre ellas, es atribuci�n que naturalmente emana del dominio.
Por tal raz�n, la doctrina de la Corte ha se�alado que " si a determinada persona se le prueba ser due�a o empresaria del objeto con el cual se ocasion� el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunci�n de ser guardi�n de dicho objeto -que desde luego admite prueba en contrario- pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, si hace presumirla en quien tiene el car�cter de propietario".
En otros t�rminos, " la responsabilidad del due�o por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de guardi�n que de ellas pres�mese tener", presunci�n que desde luego puede destruir "si demuestra que transfiri� a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un t�tulo jur�dico, ( ) o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada " (G.J., t. CXLII, p�g. 188).
No se desconoce que el car�cter de propietario no implica en todos los casos la de guardi�n, sin embargo dicha calidad se presume como atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario, de manera, que quien pretenda derivar responsabilidad contra el propietario � guardi�n deber� acreditar en el proceso tal calidad, siendo prueba id�nea, respecto de muebles sujetos a registro como el veh�culo automotor, la proveniente del funcionario registrador, donde se identifique plenamente el veh�culo.
En lo que hace a la eventual responsabilidad que pudiera asistir a las empresas en las cuales est� afiliado el automotor causante del da�o, se ha sostenido respecto de ellas el mismo calificativo de guardianes, al ejercer un poder de direcci�n y control, y en tal virtud responsables de los da�os que se causen, como tambi�n lo ha sostenido el Alto Tribunal, que sobre el punto se�al�: ��c�mo las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestaci�n regular del servicio a su cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del veh�culo respectivo, ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las cuales ejecutan las actividades propias de su objeto social, no s�lo porque obtienen aprovechamiento econ�mico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores as� vinculados sino debido a que, por la misma autorizaci�n que le confiere el Estado para operar la actividad, p�blica por dem�s, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de direcci�n y control, dada la calidad que de tenedoras leg�timas adquieren a ra�z de la afiliaci�n convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las l�neas o rutas que debe servir cada uno de sus veh�culos, as� como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestaci�n irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reuni�n integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jur�dico y las condiciones mec�nicas y t�cnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado�� M�s recientemente la misma Corporaci�n puntualiz�: �En especial, las empresas transportadoras son responsables solidarias del quebranto por la vinculaci�n del automotor (art�culos 983 y 991, C�digo de Comercio; 36, Ley 336 de 1996; 20 y 21 decreto 1554 de 1998), "no s�lo porque obtienen aprovechamiento econ�mico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores as� vinculados sino debido a que, por la misma autorizaci�n que le confiere el Estado para operar la actividad, p�blica por dem�s, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de direcci�n y control" (cas. civ. sentencia de 20 de junio de 2005, exp. 7627).
En consecuencia, por principio la prueba por cualquier medio probatorio id�neo de la afiliaci�n o vinculaci�n del veh�culo destinado al transporte, �legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entra�a la movilizaci�n de veh�culos automotores para la satisfacci�n del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo ��" (cas.civ.
Sentencia n�mero 021 de 1� de febrero de 1992) debe responder por los da�os causados, dado que �el solo hecho de estar afiliado un veh�culo a determinada sociedad, implica que �sta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga alg�n control sobre el veh�culo� (CCXXXI, 2� volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o c�rculo de su actividad peligrosa (Negrillas ajenas al texto).
Fijado el anterior marco conceptual, compete a la Sala verificar el lleno de los presupuestos para que opere la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, por el hecho de las cosas animadas o inanimadas (Arts. 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356), dentro de la cual se enmarca la responsabilidad en ejercicio de actividades peligrosas, deprecada en esta causa contra los demandados. 6).
EL CASO CONCRETO: En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala se tiene que la responsabilidad que se imputa a los convocados emerge por causa del siniestro en el que perdi� la vida el se�or Pedro Pablo Murcia Zarate, pretendi�ndose de los terceros civilmente responsables el reconocimiento de los perjuicios que el hecho il�cito gener� a los demandantes, dada su condici�n de esposo y padre de �stos; condici�n que como se indic� en precedencia fue acreditada con las correspondientes actas de registro civil que dan cuenta de dicho parentesco.
Se ados� como prueba de la responsabilidad del conductor del bus causante del insuceso copias de las sentencias proferidas por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogot� del 28 de septiembre de 2007 y esta Corporaci�n en Sala de Justicia y Paz del 9 de noviembre de 2009 en la cual a partir del material probatorio recaudado por las autoridades punitivas se concluy� que fue �ste quien gener� el siniestro, sin que mediara en modo alguno culpa o actuar imprudente de la v�ctima, por lo que le impuso medida de aseguramiento.
Valga la pena anotar que dichas providencias muy a pesar de haber sido arrimadas al juicio en copias �incluso fueron copias las que a instancia del juez de conocimiento remiti� el Centro de Servicios Administrativos Juzgado 1 de Ejecuci�n de Penas son susceptibles de ser valoradas a pesar de que la misma no cumple los postulados previstos por el ordenamiento procesal, pues el mismo recurrente en su contestaci�n solicit� que se tuvieran como pruebas los anexos de la demanda entre los que se encuentran las referidas providencias a m�s que �la aducci�n a este proceso civil de la sentencia proferida por la justicia penal es un diligenciamiento probatorio cuya incorporaci�n a los autos no corresponde a la hip�tesis prevista en el art�culo 185 del C�digo de Procedimiento Civil, para que pueda considerarse dicho documento como prueba trasladada.
La sentencia aqu� incorporada, procedente de un proceso diferente, considerada como tal, sirve s�lo para acreditar su existencia, lo en ella decidido, su procedencia y su fecha�. En torno a la eficacia probatoria que pudiera tener la referida documental la Jurisprudencia Patria ha dicho lo siguiente: ��se denominan pruebas trasladadas ��las que practicadas en un proceso se hacen valer despu�s en otro�� cuyo valor externo dependen de que ��la parte frente a la cual se aducen haya tenido oportunidad de impugnarlas dentro del proceso en que originalmente se produjeron�� (sentencia 213 del 24 de septiembre de 1985, no publicada oficialmente), premisa que, por venir al caso permite a la Sala insistir en que la copia de un fallo proferido en materia penal no puede, en estrictez, enmarcarse dentro del fen�meno jur�dico de la prueba trasladada, por lo que no resulta posible exigir que su aportaci�n a un proceso civil se someta a los par�metros que la disciplinan, como tampoco lo es formular un reparo sobre la base de que as� no se procedi�.
(Negrillas ajenas al texto). Siendo as� las cosas y como en el presente caso la copia de la sentencia condenatoria proferida por la autoridad penal contra el conductor del veh�culo causante de la muerte del se�or Pedro Pablo Murcia Zarate que se encontraba afiliado a la empresa recurrente se ados� al juicio atendiendo lo ordenado por el juez de instancia, siendo remitida directamente por el Juzgado de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad (fl. 295), en la cual qued� condensada la responsabilidad del se�or John Henry Ortiz Rodr�guez en la ocurrencia de los hechos, resulta eficaz para demostrar que efectivamente la justicia penal imput� �sta al mentado y que en su ejecuci�n se utiliz� el bus de placas SFM 498 afiliado a la empresa de transportes Buses Rojos Ltda., elemento que apuntala a�n m�s la presunci�n de culpa que gravita sobre el causante directo del da�o cometido en ejercicio de actividad peligrosa y que se extiende a quienes ostentan la condici�n de guardi�n, que son en principio el propietario y la empresa afiliadora.
Esa responsabilidad de la sociedad recurrente, como qued� expuesto en l�neas anteriores, surge debido a que el veh�culo causante del da�o es un automotor destinado a la prestaci�n del servicio p�blico de transporte terrestre, que se surte bajo la responsabilidad de �sta en su calidad de empresa afiliadora, sin que se haya alegado y menos acreditado una justa causa que la exonere de la misma.
Ello no tiene reparo alguno, porque como igualmente se apuntal� en precedencia las empresas transportadoras de ninguna manera pueden ser consideradas terceros ajenos a la responsabilidad derivada de los perjuicios que eventualmente se causen en ejercicio o con ocasi�n de la prestaci�n del servicio p�blico de transporte terrestre, con los equipos que cumplen su objeto social, por el contrario, acorde con la normativa que regula el tema es dable afirmar que tales sociedades ejercen el poder de mando, direcci�n y control sobre los veh�culos que afilian y en esa condici�n, ostenta la calidad de guardianas de la cosa y responsables directos de los da�os que con ellas se generen.
Es as� que el Decreto 170 de 2001, que regula todo lo relacionado con la prestaci�n del servicio p�blico de transporte terrestre colectivo de pasajeros, reserva esta labor a empresas debidamente constituidas y autorizadas que cumplan a cabalidad las exigencias contempladas all� mismo; es decir dicha labor no la despliega un particular por su cuenta y riesgo, sino que por el contrario; el Estado consiente de la responsabilidad y el riesgo que encierra la prestaci�n de este servicio, impone que el mismo solamente pueda ser desarrollado por empresas autorizadas, las cuales directamente asumen la responsabilidad por los perjuicios que generen con ocasi�n o en ejercicio de dicha actividad.
En efecto desde la definici�n que consagra la mentada disposici�n, se pone en evidencia la responsabilidad que asumen estas empresas respecto de las conductas da�osas que se produzcan con ocasi�n a la prestaci�n de este servicio, es as� como en su art�culo 6� indica que el �Servicio p�blico de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros.
Es aqu�l que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en �sta modalidad, a trav�s de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el veh�culo de servicio p�blico a �sta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o m�s rutas legalmente autorizadas.�.
(Negrillas fuera de texto). Se evidencia entonces, que ese servicio no puede ser prestado de manera libre por cualquier sujeto interesado en obtener una ganancia, sino por el contrario obligatoriamente se debe desarrollar bajo la responsabilidad de una empresa debidamente habilitada y autorizada por las autoridades de tr�nsito competentes, empresas transportadoras que a su vez determinan las rutas y los horarios que deben ser cubiertos por lo automotores afiliados a las mismas, sin que el conductor designado para operar el equipo pueda motu proprio resolver porqu� rutas -en este caso en el Distrito Capital- y a qu� hora las cubrir�, pues de acuerdo a la normativa en cita es la empresa transportadora la encargada de dirigir esa operaci�n. De acuerdo con lo anterior, es la empresa quien a trav�s de la vinculaci�n asume la responsabilidad por la prestaci�n del servicio, pues es por su iniciativa que las autoridades de transporte permiten el rodamiento de determinado automotor con tal finalidad, al punto que la ley la obliga a tomar p�lizas de seguros no s�lo de responsabilidad civil contractual, sino adem�s extracontractual, para responder por los da�os que se causen sin importar que los veh�culos sean de su propiedad o de terceros.
Esta rese�a normativa, permite inferir indiscutiblemente que la actividad del transporte p�blico terrestre colectivo de pasajeros, se presta bajo la responsabilidad de una empresa transportadora, cumpliendo as� su objeto social por el cual obtiene rentabilidad y, ante aquella posibilidad jur�dica de control que le otorga la ley en el ejercicio de su actividad, cual es determinar los veh�culos que afiliar�, las rutas y la frecuencia con la cual las cubrir�n, se genera de facto aquella relaci�n de control, direcci�n y manejo sobre el rodante, razones suficientes para conferirle la calidad de guardi�n que las obliga a resarcir como �responsable directo� los perjuicios que se generen con los equipos que tiene afiliados.
Responsabilidad directa que en efecto ha sido reconocida por la jurisprudencia que en casos an�logos ha expuesto ��el art�culo 2356 del C�digo Civil, al tiempo que regula lo atinente a la responsabilidad que surge del desarrollo de las actividades peligrosas, reglamenta, al lado del supuesto previsto en el art�culo 2347 ib�dem, la llamada responsabilidad directa, predicable, como se sabe, no solamente del autor material del hecho da�oso sino tambi�n de las personas, naturales o jur�dicas, que ostentaren la condici�n de guardianas de la cosa inanimada con la cual se produjo el da�o, desde luego que como la responsabilidad atribuible al autor material del suceso y la que se deriva de la ejecuci�n de una labor considerada de riesgo no se excluyen �la presunci�n de culpabilidad en contra de quien ejercita una actividad peligrosa afecta no s�lo al dependiente o empleado que obra en el acto peligroso, sino tambi�n al empleador, due�o de la empresa o de las cosas causantes del da�o�(G. J., t. LXI, pag.569).
Ha de decirse, entonces, que como esa presunci�n necesariamente se extiende a todos aquellos a quienes pueda ten�rseles como responsables de la actividad en cuyo desarrollo se produjo el evento causante del da�o, ella es predicable, por lo mismo, del guardi�n de la actividad, es decir, de quien en ese �mbito tenga o ejerza �la direcci�n, control y manejo, como cuando a cualquier t�tulo se detenta u obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el cual se realizan actividades caracterizadas por su peligrosidad�(G. J., t. CXCVI, pag.153), ya que, como tambi�n lo ha se�alado la Corporaci�n, la mera circunstancia de que la cosa �se halle al momento del accidente en manos de un subordinado y no del principal, no es obst�culo para que con apoyo en el art�culo 2356 del C�digo Civil la obligaci�n resarcitoria pueda imput�rsele al segundo directamente�, lo cual de paso da ocasi�n para puntualizar que la responsabilidad demandada al amparo del citado precepto legal no necesariamente debe estar ligada a la titularidad de un derecho sobre la cosa, puesto que, como ya se expuso, bajo la concepci�n de guardi�n de la actividad con la cual se produce la lesi�n �ser� entonces responsable la persona f�sica o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del da�o un poder efectivo e independiente de direcci�n, gobierno o control, sea o no due�o, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder�, de donde se desprende que para llevar a la pr�ctica el r�gimen de responsabilidad del que se viene hablando, entre otros sujetos, adquieren la mencionada condici�n �los poseedores materiales y los tenedores leg�timos de la cosa con facultad de uso, goce y dem�s, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticr�tica, acreedores pignoratarios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados�(G. J., t., CCXVI, pags.505 y 506).� (Negrillas ajenas al texto).
As� las cosas y que conforme se determin� en el juicio penal, que por los mismos hechos adelantaron las autoridades competentes, el se�or Pedro Pablo Murcia Zarate perdi� la vida como consecuencia de las lesiones recibidas en su humanidad al ser atropellado por el veh�culo de servicio p�blico, de placas SFM 498, afiliado a la empresa de transportes Buses Rojos Ltda. conducido por John Henry Ortiz Rodr�guez, a quien se hall� responsable de los mismos y por ende se le impusieron las sanciones penales correspondientes, sin que pueda ahora pretenderse como lo hace el recurrente entrar a debatir esa responsabilidad en el siniestro, para imputarla a la v�ctima, presuntamente por transgredir reglas sobre la circulaci�n de las bicicletas, en la medida que fue enf�tica la autoridad penal al indicar que �la raz�n del accidente que origin� en atropellamiento del ciclista y que le produjo la muerte de manera instant�nea, no fue por culpa atribuible al hoy occiso, sino al acusado, quien adem�s se desplazaba por una v�a de bastante flujo vehicular, entre ellos, transporte p�blico, sino tambi�n era arteria, con dos carriles para transitar en doble sentido, plana, en buen estado, seca y buena iluminaci�n��, �quien falt� al deber de cuidado que le era exigible en la conducci�n de veh�culos automotores, fue el acusado ORTIZ RODR�GUEZ, lo que conllev� a que el hecho aconteciera� ��es decir que, la violaci�n del deber de cuidado fue la determinante del resultado muerte de la v�ctima.
Y as� ha de concluirse, que el acusado JOHN HENRY ORTIZ RODR�GUEZ es responsable de la conducta punible culposa g�nesis del proceso; se reitera, por haber producido un resultado da�oso como consecuencia de haber infringido el deber de cuidado de ejecutar la conducci�n de su veh�culo�. En cuanto a la participaci�n culposa que pudiera haber tenido el occiso en el accidente es del caso anotar de un lado el derecho que le asiste a todos los ciudadanos de utilizar las v�as p�blicas para su desplazamiento, sin que en nuestro pa�s est� prohibido a las bicicletas circular en ellas, sin perjuicios de las limitaciones en cuanto a espacios por normas de seguridad, por lo que su uso por parte de los usuarios de este medio de transporte no gener� per se una conducta reprochable o culposa que permita predicar una exposici�n injustificada al riesgo, al punto que el juzgador punitivo fue enf�tico al precisar en relaci�n a ello que la v�ctima �conduc�a por su derecha como lo exige el art�culo 94 del C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre�, por lo que fue la acci�n del conductor del bus la que de forma exclusiva caus� el accidente, quien �debi� contar con el espacio suficiente para que su maniobra no ofreciera da�o alguno, evitando estrechar o privar de la v�a al pedalista que estaba igualando o a terceros que compart�an la v�a con �l��, al punto que respecto de la presunta carga indebida que aqu�l llevaba y que seg�n su decir le imped�a maniobrar adecuadamente se examin� indicando que �se tratan de meras especulaciones que no encuentran soporte probatorio alguno; en segundo t�rmino, porque adem�s de ser las v�as comunes a todos, no es cierto que la v�ctima llevara una �carga pesada� y menos que hubiera sido la raz�n eficiente del accidente, al impedirle maniobrar la bicicleta; en cambio probado est� que lo que transportaba el hoy interfecto era una sola baldosa de 20 x 20 cms �� y colige que �la raz�n del accidente que origin� el atropellamiento del ciclista y que le produjo su muerte instant�nea, no fue por culpa atribuible al hoy occiso, sino al acusado��, sin que en el curso de la presente causa se hubiera allegado prueba alguna que desvirtuara aquellas conclusiones, lo que permite afirmar haciendo el juicio de proporcionalidad en las acciones de victimario y v�ctima en los hechos generadores de la responsabilidad reclamada que no se puede predicar una concurrencia culpas como pretende el recurrente.
Aunado a lo anterior debe memorarse que en relaci�n a la incidencia de la cosa juzgada penal condenatoria el Alto Tribunal de la Justicia Ordinaria ha dicho que: �La fuerza de cosa juzgada que se reconoce a ciertos pronunciamientos de los jueces penales en lo que concierne a la acci�n criminal, sobre el proceso civil indemnizatorio, no surge de la simple aplicaci�n de los principios que gobiernan el instituto de la cosa juzgada en materia civil, pues las diferencias que ontol�gicamente caracterizan la actividad jurisdiccional en uno y otro proceso, determinadas fundamentalmente por el bien jur�dicamente tutelado, descartan la coincidencia de los elementos procesales en los cuales subyace el instituto mencionado. �El fundamento de tal autoridad, como lo precisa la doctrina �reside en un motivo de orden p�blico sumamente simple.
Los tribunales represivos, cuando resuelven la acci�n p�blica, fallan dentro de un inter�s social; no juzgan entre dos partes determinadas, sino entre una parte y la sociedad entera. Lo que deciden para fallar sobre la acci�n p�blica debe, pues, imponerse a todos. Nadie puede ser llevado a discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses civiles.
Por eso, la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil; se impone sean cuales sean las partes; sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil�. (Henri y Le�n Mazeaud, Andr� Tunc, Tratado Te�rico y Pr�ctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo Segundo, Volumen II, p�gina 354). Deviene de lo dicho que la empresa recurrente en su condici�n de guardi�n del veh�culo que caus� la muerte del se�or Pedro Pablo Murcia Zarate est� llamada a responder como responsable por los da�os que del il�cito se derivaron a favor de los demandantes afectados Silvia Norela Sarmiento Ruiz y Juan David Murcia Sarmiento, en su condici�n de esposa e hijo de �ste y consecuentemente a reconocer y cancelar los perjuicios que se produjeron, en especial cuando el juez punitivo no hizo reconocimiento alguno en esa direcci�n y dej� a los afectados en libertad de acudir a la jurisdicci�n civil, de suerte que como a esa conclusi�n igualmente arrib� el a quo se impone la confirmaci�n de la decisi�n apelada.
VI. DECISI�N: POR LO EXPUESTO EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., EN SALA CIVIL DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esta ciudad, el 19 de junio de 2014 por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo del apelante, para lo cual se se�alan como agencias en derecho de esta instancia la suma de $1.200.000.00 M/Cte. Por secretar�a liqu�dense.
TERCERO. - Devu�lvase el expediente al Juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Folio 83 Cd.1. Folio 103 Cd 1) Folio 296-310 Cd.1. Devis Echand�a Hernando. Compendio de Derecho Procesa, Tomo I Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: �La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jur�dica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el �rgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin�.
O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los �rganos de la jurisdicci�n la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso� �Son caracter�sticas de esta regla las siguientes: �(�). El campo de decisi�n del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado� (negrillas adicionales).
L�pez Blanco, Hern�n Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupr� Editores, Bogot�, 2005, P�g. 106. ART�CULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deber� estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem�s oportunidades que este C�digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as� lo exige la ley.
No podr� condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en �sta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocer� solamente lo �ltimo. En la sentencia se tendr� en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu�s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m�s tardar en su alegato de conclusi�n, y cuando �ste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio. Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997. Sent.
C.S.J. de 8 de septiembre de 2009 M.P. Edgardo Villamil Portilla P�rez Vives �lvaro, Teor�a General de las Obligaciones, Universidad Nacional, Bogot�, 1957, p�g. 338. Sent. C.S.J. Sala de Casaci�n Civil del 3 de septiembre de 2002 M.P. Jorge Antonio Castillo R�geles. Exp. 6358. " Visintini, Giovanna. Tratado de la Responsabilidad Civil.
Tomo II. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999. P�g. 292. De Cupis, Adriano. Op. Cit. P�g. 278. Santos Briz, Jaime. La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, s�ptima edici�n, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1993. P�g. 118". " Medina Alcoz, Mar�a. La culpa de la v�ctima en la producci�n del da�o extracontractual. Editorial Dykinson.
Madrid, 2003. P�gs. 135 y 165. Dom�nguez �guila, Ram�n. Sobre la culpa de la v�ctima y la relaci�n de causalidad. En Responsabilidad Civil. Directora: A�da Kemmelmajer de Carlucci. Editorial Rubinzal Culzoni. Buenos Aires, 2007. P�g. 134". Sent. C.S.J. del 19 de mayo de 2011 M.P. William Nam�n Vargas. C.S.J. Sent. de Casaci�n Civil de junio 20 de 2005, M.P. Dr. Cesar Julio Valencia Copete. Sent.
C.S.J. del 17 de mayo de 2011 M.P. Dr. William Namen Vargas Exp. 25290-3103-001-2005-00345-01 As� lo ha indicado de manera reiterada la Corte Suprema de Justicia entre otras en la sentencia del 13 de diciembre de 2000 M.P. Nicol�s Bechara Simancas. Sent. C.S.J. del 29 de noviembre de 2006 M.P. Cesar julio Valencia Copete ARTICULO 12.-Habilitaci�n. Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el servicio p�blico de transporte terrestre colectivo de pasajeros en el radio de acci�n metropolitano, distrital y municipal deber�n solicitar y obtener habilitaci�n para operar.
La habilitaci�n concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa, pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad, los requisitos de habilitaci�n exigidos. Ver entre otros el Cap�tulo V del Decreto 170 de 2001. ARTICULO 19.-Obligatoriedad.
De conformidad con los art�culos 994 y 1003 del C�digo de Comercio las empresas de transporte p�blico colectivo terrestre automotor de pasajeros del radio de acci�n metropolitano, distrital y/o municipal de transporte p�blico deber�n tomar con una compa��a de seguros autorizada para operar en Colombia, las p�lizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare de los riesgos inherentes a la actividad transportadora, as�: 1.
P�liza de responsabilidad civil contractual que deber� cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte; b) Incapacidad permanente; c) Incapacidad temporal, y d) Gastos m�dicos, quir�rgicos, farmac�uticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podr� ser inferior a 60 smmlv por persona. 2. P�liza de responsabilidad civil extracontractual que deber� cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona; b) Da�os a bienes de terceros, y c) Muerte o lesiones a dos o m�s personas.
El monto asegurable por cada riesgo no podr� ser inferior a 60 smmlv, por persona. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n civil, sentencia del 20 de junio de 2005, Magistrado Ponente Dr. C�sar Julio Valencia Copete, Expediente n�mero 7627. C.S.J. Sala de Casaci�n Civil y Agraria, sentencia 12 de agosto de 2003, radicaci�n 7346, M.P. Jos� Fernando Ram�rez G�mez. PAGE RI. 13593 Rad. 110013103018201100009 01 Ref.
Proceso Ordinario de Silvia Norela Sarmiento Ortiz y Juan David Murcia Sarmiento contra Buses Rojos Ltda., Ace Seguros S.A. y Carlos Alfonso Yamayusa Flori�n. PAGE \* MERGEFORMAT21 RI. 13593 REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EMBED Word.Picture.8 TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� .49:;<=>X����� & ' ( U V W [ �������źպպկ�������}ui[S�S��Sh�jOJQJh�h:h�j5�>*OJQJh�h:h�j5�OJQJh�xtOJQJhn(Sh�xtOJQJho`+5�OJQJhn(Sh�h:5�OJQJh�xt5�OJQJhn(S5�OJQJh/"ho`+OJQJho`+ho`+OJQJho`+OJQJh�h:OJQJh/"OJQJh-d�ho`+OJQJh-d�hn(SOJQJhn(Sh�xt5�OJQJ <=>���& ' ( m y z � � i j | } � � �����������������������$��dh`��a$gdn(S��dh`��gdn(S $dha$gd�ZI$��dh`��a$gdn(S $dha$gdn(S[ l m x y z } � � � � � � � � � $ W h i j n | } � � � � � � � � A������������ļ�����ݚ��w�o�g\����h-d�h-d�OJQJh-d�OJQJh�llOJQJh-d�h�xt6�OJQJh-d�h-d�6�OJQJhn(Sh�J�OJQJh�jh�xt5�>*OJQJh�jh�xt>*OJQJh�xtOJQJh�k�OJQJhn(Sh�xtOJQJh�jhn(S5�>*OJQJh�ZI5�>*OJQJhn(SOJQJh�jOJQJho`+OJQJ#AI����b c ���j��`f��3456[lm������������л���Ʊ��������л�r�j\�jjh�k�0JOJQJUh-�OJQJh�k�5�OJQJ\�^Jh�ZIOJQJ^Jh-�OJQJ^Jh�h:OJQJ^Jh�1�OJQJ^Jh�llOJQJ^Jh1TgOJQJ^Jh�k�6�OJQJ^Jh�OJQJ^Jh�k�OJQJ^Jh�OJQJh�k�OJQJhn(Sh�xtOJQJhn(Sh�llOJQJ#��9:��c 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