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MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA Ref.: Ordinario (Revisi�n Contrato de Mutuo) JOS� MANUEL LATORRE GARAVITO Y MARGARITA MAR�A DOM�NGUEZ DE LATORRE CONTRA BANCO BANCAF�. Decide el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2006 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Palma, Cundinamarca, ejerciendo funciones de descongesti�n, dentro del proceso de la referencia. A N T E C E D E N T E S 1.- JOS� MANUEL LATORRE GARAVITO y MARGARITA MAR�A DOM�NGUEZ DE LATORRE, mediante apoderado judicial, formularon demanda contra el BANCO BANCAF�, para que por los tr�mites del proceso ordinario se hagan las siguientes declaraciones: 1.1.- Se declare que circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebraci�n del contrato de pr�stamo de dinero con garant�a hipotecaria entre BANCAF� y los demandantes, identificado con el No. 483216, alteraron y agravaron las prestaciones de futuro cumplimiento a cargo de los deudores, en grado tal que devinieron en excesivamente onerosas e impagables. 1.2.- Como consecuencia de la anterior declaraci�n, se ordene la reliquidaci�n del cr�dito No. 483216 otorgado por BANCAF� a los actores desde su iniciaci�n, conforme lo previsto en las sentencias C-383 de 1999, C-747 de 1999, C-955 de 2000 y C-1140 de 2000 de la Corte Constitucional. 1.3.- Que se ordene al banco demandado reintegrar a los demandantes todas las sumas de dinero que resulten de la reliquidaci�n del cr�dito realizada por peritos por concepto de: intereses cobrados en exceso junto con la sanci�n de que trata el art�culo 72 de la Ley 45 de 1990, capitalizaci�n de intereses, diferencia entre tasas efectivas y tasas nominales, aplicaci�n de tasas DTF, pagos efectuados por conceptos declarados inexequibles por la Corte Constitucional, entre otros. 1.4.- Que se declare suspendido el plazo de la obligaci�n a cargo de los demandantes desde el momento en que se distorsion� el sistema UPAC hasta cuando quede en firme la sentencia que ponga fin a la controversia. 2.- Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos: 2.1.- El banco demandado otorg� a los actores el cr�dito No. 25038-6, posteriormente identificado con el No. 483216, por la suma de $6.700.000.oo., para adquirir vivienda, habi�ndose efectuado la compraventa el 14 de diciembre de 1988 mediante escritura p�blica No. 9119 de la Notar�a Sexta de Bogot�, D.C. 2.2.- Con ocasi�n del citado cr�dito, el banco acreedor ha cobrado a los deudores intereses excesivos, capitalizaci�n de intereses, tasas efectivas, tasas DTF y en general se ha violado la Constituci�n y la ley en el manejo de la obligaci�n. 2.3.- Los demandantes solicitaron la reliquidaci�n del cr�dito pero el acreedor no lo hizo desde su inicio sino desde la vigencia de la Ley 546 de 1999, desatendiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 2.4.- Como los actores no pudieron seguir pagando las cuotas convenidas, la entidad acreedora inici� un proceso ejecutivo con t�tulo hipotecario, el cual cursa en el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad. 2.5.- Seg�n la liquidaci�n elaborada por BANCAF�, el cr�dito de $6.700.000.oo., supera la suma de $100.000.000.oo., y como en los dem�s cr�ditos UPAC excede el valor de la vivienda. 3.- Admitida la demanda mediante auto de 7 de septiembre de 2001 (fl. 82), fue notificada a la entidad demandada, quien propuso las siguientes excepciones: (a) Inaplicabilidad de la acci�n de revisi�n al contrato de mutuo;
(b) Inexistencia de las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebraci�n del contrato, para pedir su revisi�n. (Falta de los presupuestos para la acci�n de revisi�n); (c) Improcedencia de la teor�a de la imprevisi�n (acci�n de revisi�n art. 868 C. de Co.) para reestructurar obligaciones pasadas; y, (d) Pago de lo pretendido. 4.- Agotados los actos procesales, se decidi� la primera instancia mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2006, declarando que la entidad demandada cobr� a los actores sumas excesivas dentro del cr�dito hipotecario; ordenando a BANCAF� restituir a los demandantes los mayores valores cobrados y realizar la reliquidaci�n del cr�dito conforme los par�metros trazados en la Ley 546 de 1999 y en las sentencias C-136, C-383, C-700, C-747 de 1999, SU-846 y C-955 de 2000 de la Corte Constitucional; y, declarando parcialmente probada la excepci�n de pago formulada por la demandada. 5.- Esta decisi�n constituye el objeto de la apelaci�n que pasa el Tribunal a decidir a instancia de la parte demandada, quien mostr� su inconformidad frente al fallo impugnado aduciendo, en s�ntesis, que el a-quo no se refiri� al caso concreto sino que se ocup� de un asunto general resuelto por las cortes sin fundamentar la decisi�n final, desconociendo el acerbo probatorio recaudado y extremos del proceso.
Como muestra de lo anterior, se observa que el fallador encontr� probado el cobro excesivo de intereses y el anatocismo sin mencionar la prueba que sustenta tales conclusiones. Asimismo, la sentencia apelada se equivoc� al ordenar al banco demandado reliquidar el cr�dito cuanto tal actividad ya fue desplegada por �ste, seg�n obra en las pruebas allegadas al proceso.
Adem�s, en el expediente no hay medio de convicci�n que contradiga la reliquidaci�n efectuada por el BANCO BANCAF�, la cual fue avalada por la Superintendencia Bancaria, imaginando el juzgador de instancia que la reliquidaci�n aportada fue incompleta. C O N S I D E R A C I O N E S 1.- Los presupuestos procesales est�n cumplidos y no se observa vicio en la actuaci�n procesal, por tanto, debe proferirse una decisi�n que resuelva la controversia planteada. 2.- Obran en el plenario las siguientes pruebas: a) Copia de la escritura p�blica No. 9119 otorgada el 14 de diciembre de 1988 ante el Notario Sexto del C�rculo de Bogot�, D.C., por medio de la cual los demandantes celebraron el contrato de venta con la vendedora y otorgaron a favor de la CORPORACI�N CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA hipoteca abierta de primer grado para garantizar el pago del cr�dito que esta entidad les concedi� para cancelar el precio del inmueble que adquirieron. b) El certificado de libertad del inmueble materia de la negociaci�n (fls. 72 y 73). c) Comunicaci�n enviada por BANCAF� a los demandantes el 28 de julio de 2000, en la cual les informa (fl. 27): �1.
Bancaf� ha efectuado la reliquidaci�n al cr�dito de la referencia, la cual dio como resultado el valor de $7.421.927; dicho valor fue aplicado con fecha 21 de abril del 2000 cubriendo 6 cuotas en mora. 2. A la fecha, el cr�dito presente una mora de 76.15 cuotas por valor de $47.600.000.oo; adicionalmente, por encontrarse en cobro jur�dico, est�n pendientes honorarios y gastos judiciales. 3.
Respecto de las tasas de inter�s, le informamos que el cr�dito 25038 ten�a una tasa del 8.5% y el cr�dito subrogado, o sea el 48321-6 fue aprobado con una tasa del 16%, esta situaci�n se debe a que la tasa de inter�s para cada cr�dito es la que est� vigente en el momento de la aprobaci�n del mismo, de acuerdo con la certificaci�n de la Superintendencia Bancaria.
Esta tasa de inter�s qued� estipulada en la carta de aprobaci�n del cr�dito y por usted aceptada en el momento de la firma del pagar�. d) Tambi�n aparece la certificaci�n de la reliquidaci�n definitiva en la que consta el n�mero de la obligaci�n hipotecaria, la aplicaci�n de un alivio de $7.421.927.oo., y el saldo de la obligaci�n a 31 de diciembre de 1999, $32.895.089.oo.
(fls. 30 y 31). 3.- La pretensi�n de revisi�n del contrato de mutuo se apoya en que con posterioridad al otorgamiento del cr�dito No. 483216, sobrevinieron circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que alteran y agravan la prestaci�n de futuro cumplimiento a cargo de los demandantes, torn�ndolo excesivamente oneroso, por lo que consecuencialmente se solicita se ordene la reliquidaci�n de cr�dito y la devoluci�n de las sumas pagadas en exceso. 4.- Se analiza si los requisitos para que proceda la revisi�n del contrato de mutuo se cumplen en este caso.
Precept�a el art�culo 868 del C�digo de Comercio, que �Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebraci�n de un contrato de ejecuci�n sucesiva, peri�dica o diferida, alteren o agraven la prestaci�n de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podr� �sta pedir su revisi�n�, caso en el cual, �El juez proceder� a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenar�, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretar� la terminaci�n del contrato�, La revisi�n del contrato ha sido prevista en el art�culo 868 del C�digo de Comercio, respecto de los contratos con prestaciones rec�procas que a su vez sean de ejecuci�n continuada o peri�dica y que est�n todav�a en ejecuci�n. En la ejecuci�n contractual se distingue la onerosidad normal y anormal y �sta aunque no produzca una imposibilidad absoluta de cumplimiento se torna en una dificultad superlativa y sobreviniente, porque la situaci�n econ�mica existente al momento de la celebraci�n del contrato se transforma al momento de ejecutarse.
Los contratantes no han podido prever sino las eventualidades habituales o que ocurran en la vida normal del derecho, hay un margen de imprevisi�n. Se suele derivar la revisi�n contractual de la cl�usula subentendida en los contratos que se enuncia bajo el brocardo �rebus sic stantibus�, que significa que el contrato se mantiene en cuanto la situaci�n econ�mica existente al momento de celebrarlo permanezca al momento de la ejecuci�n; y no se mantiene cuando se modifica en el intervalo de su celebraci�n y de cumplimiento, trayendo como consecuencia la excesiva onerosidad para los contratantes.
En las obligaciones con prestaciones en dinero se presenta la excesiva onerosidad si sobreviene una inequivalencia entre el valor que una parte debe pagar con respecto a la contraprestaci�n del otro contratante. La calificaci�n de esta inequivalencia queda al prudente juicio del juez pero en todo caso debe surgir como efecto del advenimiento de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles al momento de la celebraci�n del contrato.
En general se puede afirmar que existe excesiva onerosidad en las obligaciones en dinero cuando la carga o prestaci�n dineraria aumenta exageradamente con respecto a lo que era el valor al momento de la celebraci�n del contrato a consecuencia de un acontecimiento que no es normal que ocurra y que las partes no imaginaron, pues se requiere que tal acontecimiento sea imprevisible.
No se configura, entonces, la excesiva onerosidad cuando la determinan acontecimientos ordinarios, que pudieron preverse, ni por hechos que son imputables al propio obligado por dolo o negligencia, ni el incumplimiento voluntario del que invoca la excesiva onerosidad. Para la revisi�n del contrato se exige igualmente que el hecho extraordinario e imprevisible sea la causa de la excesiva onerosidad, causa exclusiva o por lo menos prevalente.
De conformidad con lo precedente, para que se configure un estado de imprevisi�n es preciso que ocurra un conjunto de acontecimientos o hechos con las siguientes caracter�sticas: a) Los hechos que modifiquen la situaci�n del contratante, hechos anormales o excepcionales. Hechos que por su naturaleza o amplitud se salgan de lo normal. b) Es preciso que esos acontecimientos adem�s, sean imprevisibles, es decir, que no haya sido posible preverlos.
La imprevisi�n se refiere a los hechos causantes de la agravaci�n de una situaci�n. c) Los hechos no pueden ser obra de las partes ni directa ni indirectamente. d) Los hechos deben ser posteriores al contrato y ocasionar un trastorno econ�mico. No es necesario que esos hechos hagan la ejecuci�n imposible, s�lo se requiere que la situaci�n se torne m�s onerosa hasta el punto de producir desbarajuste econ�mico y que sean la causa de la excesiva onerosidad. 5.- De conformidad con el art�culo 868 del C�digo de Comercio, se requieren estos requisitos para la aplicaci�n de la teor�a de la imprevisi�n y la prosperidad de la revisi�n del acto: a) Que se trate de contratos de ejecuci�n sucesiva, peri�dica o diferida que est�n en ejecuci�n. No se aplica, por tanto, a contratos terminados o de ejecuci�n instant�nea. b) Que ocurran circunstancias imprevistas e imprevisibles.
Es decir, acontecimientos que cumplan las caracter�sticas que anteriormente se indicaron para el estado de imprevisi�n. 6.- Se analiza ahora si los supuestos normativos que se concretaron anteriormente se configuran en el caso de esta controversia. a) En cuanto al primer requisito, esto es que se trate de un contrato de ejecuci�n sucesiva o de ejecuci�n continuada que a�n se encuentre en estado de cumplimiento, surge el primer tropiezo, por cuanto no se prob�.
Se sabe que el BANCO BANCAF�, antes CORPORACI�N CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA otorg� un cr�dito, por la l�nea de cr�dito de valor constante a JOS� MANUEL LATORRE GARAVITO y MARGARITA MAR�A DOM�NGUEZ DE LATORRE (fls. 8 vto. a 15), pero no se alleg� el pagar� en que se document�, por lo que se torna imposible establecer la cuant�a y modalidad del cr�dito y, por supuesto, los sujetos implicados en tal relaci�n obligacional.
La inspecci�n judicial con exhibici�n de documentos solicitada por la parte actora para probar las condiciones del cr�dito fue negada, sin reclamo alguno de �sta. Es cierto que en el proceso existe una serie de datos relativos al contrato de mutuo al que se refiere la demanda, pero ellos no son suficientes para dar por establecido el contrato con todas sus condiciones. b) Del libelo demandatorio se deduce que los acontecimientos imprevistos e imprevisibles que causaron la falta de liquidez de los demandantes y, por ende, el incumplimiento en el pago de las cuotas del cr�dito convenidas fueron el aumento exagerado de las tasas de inter�s por la vinculaci�n de la DTF al c�lculo de la UPAC y la capitalizaci�n de intereses en las obligaciones contra�das con el sector financiero. c) Corresponde, pues, analizar las circunstancias que seg�n la demanda determinaron la alteraci�n de las bases del contrato.
Est� probado que la determinaci�n del valor de la UPAC se at� a las tasas de inter�s porque esto se produjo como consecuencia de la vigencia del literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992, que otorg� a la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica la facultad de fijar la metodolog�a de c�lculo de la UPAC procurando que �sta tambi�n refleje los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a, y con la expedici�n de la Resoluci�n Externa No. 18 de junio 30 de 1995, en la cual se dispuso que el Banco de la Rep�blica calcule el valor de la UPAC teniendo en cuenta el 74% del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva de que trata la Resoluci�n 42 de 1988 de la Junta Monetaria.
No obstante, en el proceso no se demostr� que este hecho, considerado por los demandantes como perturbador del contrato y alterador de las circunstancias que rodearon su celebraci�n, tenga las caracter�sticas de excepcional, imprevisto e imprevisible. En efecto, se afirma en el hecho segundo de la demanda que BANCAF� otorg� a los actores el cr�dito No. 25038-6, el cual identific� posteriormente con el No. 483216.
Por otra parte, en comunicaci�n de agosto 22 de 2000, visible a folios 21 y 22, el demandante JOS� MANUEL LATORRE GARAVITO le manifest� al banco demandado: �Quiero insistirle en que tengan en cuenta que los intereses del cr�dito No. 25038 estaban al 8.5% y en la refinanciaci�n me lo subieron al 16% �. Asimismo, en la misiva fechada el 28 de julio de 2000, la entidad demandada le informa al mismo demandante que � Respecto de las tasas de inter�s, le informamos que el cr�dito 25038 ten�a una tasa del 8.5% y el cr�dito subrogado, o sea el 48321-6 fue aprobado con una tasa del 16%, esta situaci�n se debe a que la tasa de inter�s para cada cr�dito es la que est� vigente en el momento de la aprobaci�n del mismo, de acuerdo con la certificaci�n de la Superintendencia Bancaria.
Esta tasa de inter�s qued� estipulada en la carta de aprobaci�n del cr�dito y por usted aceptada en el momento de la firma del pagar� (fl. 27). Tambi�n, en comunicaci�n enviada por el acreedor al demandante GARAVITO LATORRE el 5 de diciembre de 2000, le indica que � El saldo aproximado de la deuda del cr�dito No. 25938 al 16 de febrero de 1995, ascend�a a la suma de $25.490.000 � (fl. 25).
De lo anterior se deduce, que los demandantes contrataron con el banco demandado dos cr�ditos, estos son, los Nos. 25938 y 48321-6. Sin embargo, no hay certidumbre en el proceso de la fecha en que tales cr�ditos fueron desembolsados, pero si fueron posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 31 de 1992, por medio de la cual se otorg� a la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica la facultad de establecer la metodolog�a para calcular el valor de la UPAC teniendo en cuenta que �ste refleje los movimientos de las tasas de inter�s en la econom�a, es evidente que los demandantes ten�an conocimiento que el valor de la UPAC variar�a cuando variaran las tasas de inter�s, lo que descartar�a que el hecho de haberse atado el valor de la UPAC a las tasas de inter�s sea excepcional, imprevisto e imprevisible.
Pero, aceptando en gracia de discusi�n, que tal hecho produjo un desequilibrio en la relaci�n contractual de mutuo, esta alteraci�n se conjur� con el r�gimen de transici�n que estableci� la Ley 546 de 1999, en el que se orden� abonar a los cr�ditos de vivienda a largo plazo. El monto de este abono se calcul� sacando la diferencia entre el valor del cr�dito, calculado en UPAC, a 31 de diciembre de 1999 y el valor del mismo cr�dito teniendo en cuenta la UVR, es decir, sin tener en cuenta la tasa de inter�s, porque como se sabe esta �ltima unidad de cuenta refleja el poder adquisitivo de la moneda teniendo en cuenta exclusivamente la variaci�n del �ndice de Precios al Consumidor (IPC).
En suma, todo lo que se cobr� a los deudores durante el tiempo que la UPAC se calcul� teniendo en cuenta las tasas de inter�s se devolvi� a trav�s del abono a que se ha hecho alusi�n, el cual obra en la reliquidaci�n del cr�dito allegada al expediente, la cual no fue desvirtuada por ning�n medio probatorio (fls. 30 y 31). De esta manera, la alteraci�n o desequilibrio en las relaciones del mutuante y el mutuario se subsan� y el trastorno en la econom�a del contrato se restableci�.
Las consideraciones que preceden est�n indicando que realmente no se configuran los requisitos para revisar el contrato de mutuo a que se refieren los demandantes, debi�ndose revocar la sentencia apelada, pues no hace referencia directa al caso concreto, para negar las pretensiones de la demanda, siendo por ello innecesario adentrarse en el estudio de las excepciones de m�rito formuladas por el banco demandado.
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E: 1.- REVOCAR en su integridad la sentencia apelada. En su lugar, se dispone: 2.- NEGAR las pretensiones de la demanda. 3.- CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas de ambas instancias.
T�sense las de �sta. Esta decisi�n fue aprobada en Sala convocada mediante Aviso No. 14 C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA MANUEL JOS� PARDO CARO ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Exp. 110013103018200100647 01 (DR~�) 7 H I ` b e f � � LR���. 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