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REF. PROCESO ABREVIADO DE IMPUGNACI�N DE ACTOS O DECISIONES DE ASAMBLEA DE MAR�A CONSTANZA BENAVIDES RUEDA Y OTROS CONTRA SOCIEDAD INVERSIONES BENAVIDES RUEDA Y CIA S.C.A. RAD. 110013103030201200216 01. Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala del 22 de octubre de 2014. Acta N�041 I.- ASUNTO Procede la Sala a decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad en el proceso de la referencia. II.- ANTECEDENTES 1).
PETITUM: Blanca Patricia de los Dolores Rueda de Benavides, Mar�a Constanza Benavides Rueda y Juan Carlos Benavides Rueda, por intermedio de apoderado judicial especialmente constituido para el efecto, convocaron a la sociedad Inversiones Benavides Rueda & C�a S.C.A para que previo los tr�mites previstos para el proceso abreviado se hagan las siguientes declaraciones: Se declare la Nulidad total del acta contentiva de la transformaci�n de sociedad an�nima a sociedad en comandita por acciones, por no estar acorde a lo establecido por la ley y los estatutos sociales.
As� mismo pide se declare la nulidad total del acta contentiva de los estatutos de la sociedad transformada ya que �stos son la consecuencia de una transformaci�n que no se ajusta a los preceptos de la ley y de los estatutos sociales. Por lo anterior pide se declare la nulidad sobre los nombramientos primero del socio gestor Eduardo de Praga Benavides Guerrero como administrador y representante legal, as� como la designaci�n de Helbert Alfredo Marroqu�n Rodr�guez como revisor fiscal, Clara In�s Garc�a Mahecha como suplente y la supresi�n del cargo del se�or Juan Carlos Benavides Rueda como suplente del Gerente, por cuanto dichas determinaciones contravienen los estatutos y los preceptos de Ley.
Finalmente reclama se ordene al representante legal y gerente de la sociedad, tomar las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia correspondiente, entre otros realizar la inscripci�n en el registro mercantil (C�mara de Comercio de Bogot�) de la parte resolutiva de su decisi�n, condenando en costas a la demandada. 2). CAUSA: Como fundamentos f�cticos de las pretensiones, la parte actora expuso, en s�ntesis, los siguientes hechos relevantes: Afirma que la sociedad Inversiones Benavides Rueda & Cia S.C.A. fue constituida mediante Escritura P�blica N� 3717 del 8 de octubre de 1987 de la Notar�a Once del Circulo Notarial de Bogot�, posteriormente se transform� de sociedad en comandita simple a sociedad an�nima, por medio de aprobaci�n de la junta de socios en reuni�n realizada el 7 de octubre tal y como qued� registrado en el acta 016 la cual se protocoliz� mediante la Escritura P�blica 1774 del 22 de octubre de 2002 de la Notar�a Cuarenta y Cuatro del Circulo Notarial de Bogot�.
Posteriormente el gerente en su condici�n de representante legal de la sociedad Eduardo de Praga Benavides Guerrero se�ala dentro del acta 001-2012 que hab�a enviado comunicaci�n a cada uno de los accionistas el d�a 4 de enero de 2012, para reuni�n el 24 siguiente, sin embargo ninguno de los demandantes recibi� comunicaci�n convoc�ndolos a la reuni�n extraordinaria y, en consecuencia, no se cumpli� con lo previsto para los requisitos de convocatoria establecidos en el art�culo 182 del C�digo de Comercio.
Seguidamente y luego de hacer un recuento del contenido del acta 001-2012 refiere que la misma es ilegal y no se ajusta a la verdad, porque a pesar de se�alar que las decisiones all� contenidas se adoptaron por la mayor�a de forma un�nime ello no pudo ser, puesto que los demandantes no comparecieron a la reuni�n extraordinaria por no hab�rseles citado en debida forma y ellos representan la mayor�a al ser propietarios de trescientas acciones de las quinientas que conforman el total de la sociedad.
Finalmente se�ala que la reuni�n extraordinaria se efectu� el 24 de enero de 2012, siendo elevada a Escritura P�blica el 1� de febrero por medio del instrumento 1207 de la Notar�a Veintinueve del Circulo Notarial de Bogot� e inscrita en la C�mara de Comercio de Bogot� el 15 de febrero de la misma anualidad, por lo que la demanda se presenta dentro de los dos meses siguientes al d�a de haberse inscrito en el Registro Mercantil y en cumplimiento a lo previsto en el art�culo 191 del C�digo de Comercio y el 421 del C�digo de Procedimiento Civil. 3).
TR�MITE PROCESAL: Mediante providencia del 25 de abril de 2012, se admiti� la demanda ordenando su notificaci�n a la parte demandada, acto que se surti� mediante aviso el 20 de septiembre de 2013, quien dentro de la oportunidad contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones y formulando la excepci�n previa que denomin� �caducidad de la acci�n de impugnaci�n del acta 001 de 2012�.
Las anteriores defensas fueron sometidas a la debida contradicci�n y tras agotar el tr�mite correspondiente se dict� sentencia el 11 de abril de 2014 mediante la cual se declar� fundada la excepci�n de caducidad de la acci�n, declar� terminado el proceso y conden� en costas a los demandantes. Inconforme con la decisi�n de instancia, la parte actora interpuso recurso de apelaci�n que fue concedido en el efecto de ley, motivo por el cual se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n. III.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. El Juzgado de primera instancia luego de historiar el proceso y realizar un recuento de las normas, como de la jurisprudencia que regentan la figura de la caducidad estim� que en el presente asunto se configur� dicho fen�meno extintivo, porque conforme lo consagra el art�culo 194 de la Codificaci�n Mercantil se �prev� la posibilidad de impugnar las decisiones o actos de asamblea general de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales cuando se hayan celebrado sin ajustarse a las prescripciones legales o estatutarias, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la respectiva acta, y si se trata de acuerdos o actos sujetos a registro, el t�rmino se contar� desde la fecha de inscripci�n. Es de notar, que esta disposici�n mercantil, a su vez, remite a los procedimientos abreviados consagrados en el C�digo de Procedimiento Civil�.
Se�alando m�s adelante que �desde la fecha de registro del Acta No. 01 de 2012 que contiene las contingencias acaecidas en la Asamblea General extraordinaria de accionistas de la sociedad Inversiones Benavides Rueda y C�a S.C.A. celebrada el 24 de enero de 2012, que ocurri� en el mejor entendido con la anotaci�n en el registro mercantil verificado el 15 de febrero de 2012 (fl.29 C.1), a la fecha en que se perfeccion� la notificaci�n de la demandada, esto es el 24 de septiembre de 2013, se configur� la caducidad de la acci�n alegada, al haber trascurrido m�s del tiempo que la ley sustancial consagra para la extinci�n del t�rmino previsto para promover la impugnaci�n de actas�.
Concluye se�alando que al no haberse efectivizado la interrupci�n del fen�meno extintivo con la presentaci�n de la demanda �se estructuraba la caducidad de la acci�n, pues al haber notificado por fuera de la oportunidad prevista por el art�culo 90 del C. de P. Civil, no se impidi� que se produjera la caducidad de la acci�n, pues desde la fecha registro del acta impugnada que lo fue el 15 de febrero de 2012 (fl.29), a la fecha en que se notific� a la demandada esto es el 24 de septiembre de 2013, transcurrieron 1 a�o 05 meses 09 d�as, transcurri� m�s del t�rmino m�nimo requerido para que opere el fen�meno de la caducidad, esto es, un tiempo superior a los dos (2) meses que se consagran en el Art. 421 del C. de P. Civil en concordancia con el Art. 194 del C. de Co., para que se estructure el fen�meno extintivo de la caducidad�(Sic).
IV. EL RECURSO DE APELACI�N. La parte actora luego de memorar los fundamentos de la demanda, realizar un recuento de las pretensiones, y citar las normas y jurisprudencia proferidas en torno a las figuras jur�dicas de �notificaci�n por conducta concluyente�, �teor�a de los actos propios�, �la confianza legitima� y �buena fe� en lo medular se�ala que con la conducta desplegada por el representante legal de la demandada se est�n vulnerando dichos principios, por cuanto en el presente asunto el gerente de la convocada sabia de tiempo atr�s de la existencia de este proceso, puesto que el 31 de julio de 2012 se inicio reuni�n extraordinaria de la asamblea general, en la que entre otras se le autoriz� para que solicitara la terminaci�n del presente juicio, todo lo cual qued� consignado en el acta 02 de 2012.
Documento anterior que el juez no tuvo en cuenta al momento de dictar sentencia, puesto que de haberlo valorado se pod�a comprobar con facilidad �que el se�or Eduardo de Praga Benavides, representante legal de la demandada, tuvo conocimiento acerca de la existencia de este proceso y m�s a�n �l, en su calidad de Representante Legal, ten�a una responsabilidad adicional, la cual era terminar el presente proceso, por lo que no operar�a la prescripci�n ni la caducidad aducida por el apoderado de la sociedad demandada y que fue acogida en la providencia que resolvi� la excepci�n previa� (Sic.).
Concluye se�alando que en el acta 02 de 2012 claramente se determin� �Autorizar a cualquier representante legal de la sociedad para solicitar la terminaci�n del proceso de la forma m�s expedita, legal y razonable posible, sin que existan agencias en derecho (�). Puede entonces concluirse que el Representante Legal de la Sociedad, se�or Eduardo de Praga Benavides, no solo ten�a conocimiento del proceso, sino que exist�a un mandato claro y expreso, dado por los accionistas, para que procediera a dar por terminado el presente proceso de la forma m�s expedita razonable y sin que existiera costas en derecho, como se ha venido manifestando, lo que hace inoperante la excepci�n previa propuesta, pues de los hechos narrados anteriormente se desprende la renuncia t�cita a la prescripci�n y caducidad por parte de la sociedad demandada, al reconocer la existencia del Acta 002-2012 y en consecuencia la obligaci�n del representante legal de terminar el proceso de la referencia� (Sic).
Finalmente solicita con fundamento en sus argumentos la revocatoria de la sentencia apelada para que en su lugar se declare no probada la excepci�n previa propuestas ordenando seguir adelante el tr�mite del proceso. Por su parte el apoderado judicial de la sociedad demandada igualmente se pronunci� en oportunidad haciendo un recuento de la forma en que se notific� a su representado y las caracter�sticas m�s relevantes de la Caducidad, afirmando que dicho fen�meno acaeci� en el caso bajo estudio.
Lo anterior porque �del expediente se deduce que la demandante envi� el aviso citatorio (art. 315 C.P.C.), por INTERRAPID�SIMO a la demandada el d�a 13 de julio de mismo a�o, evidentemente el se�or Eduardo Benavides no concurri� al Juzgado a recibir la notificaci�n personal por compromisos personales adquiridos con anterioridad y decidi�, era su derecho, esperar el aviso notificatorio (Art.-320 C.P.C.), que deb�a llevar anexa copia de la demanda que necesitaba conocer.
El se�or apoderado de la demandante solo hasta el d�a 18 de septiembre de 2013 envi� por SERVIENTREGA y con la gu�a No. 7199161884 el referido aviso que fue entregado al destinatario el 19 de septiembre de 2013 quedando notificado del auto admisorio el d�a siguiente 20 de septiembre en que comenz� a correr el t�rmino para contestar la demanda y proponer excepciones, carga procesal que se verific� el 2 de octubre de 2013.
No se explica entonces la evidente contradicci�n del apoderado de la demandante sobre este particular: cumpli� aunque tard�amente con notificar el auto admisorio de la demanda y traslado de la misma, acto que gener� consecuencialmente su respuesta oportuna y ahora reclama una notificaci�n a la demandada �por conducta concluyente� destinada al rotundo fracaso en consideraci�n a que lo real, lo objetivo y evidente de la notificaci�n a mi poderdante prevalece sobre las presunciones de notificaci�n que contempla el art. 330 del CPC., ninguno de los eventos contemplados en la norma citada se dieron; no existe escrito firmado por Eduardo Benavides dentro del proceso que manifieste que conoce determinada providencia a la mencionada, no existe acta alguna de audiencia en que aparezca su voz o firma reconociendo o mencionando alguna actuaci�n suya: el primer escrito firmado por la demandada que obra en el expediente es el poder�� por lo cual solicita se confirme la providencia apelada, habida cuenta que los argumentos planteados por el recurrente est�n llamados al fracaso.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 1) PRESUPUESTOS PROCESALES: Sea lo primero advertir la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico-procesal. En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para resolver la alzada; las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal dada su condici�n de personas naturales y jur�dicas en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley.
Por lo dem�s, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la actuaci�n surtida, supuestos estos que permiten decidir de m�rito. 2). DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS: Tiene dicho la doctrina y la jurisprudencia, que las excepciones previas son el mecanismo que concibe la ley para que las partes, en ejercicio del deber de lealtad que preside su intervenci�n en el litigio, se�alen los eventuales defectos de que pueda adolecer el proceso, con el fin inequ�voco de subsanarlos y evitar nulidades y sentencias inhibitorias.
No obstante lo anterior el legislador con el prop�sito de descongestionar la Administraci�n Judicial y en aras de imprimir mayor celeridad a los procesos, adem�s de evitar desgastes innecesarios debatiendo argumentos que pueden ser resueltos sin necesidad de agotar todas las etapas propias de cada juicio, expidi� la Ley 1395 de 2010, la cual en su art�culo 6 reform� el inciso final art�culo 97 del C�digo de Procedimiento Civil, habilitando la posibilidad de alegar, pese a su car�cter sustancial, como excepciones previas las de �cosa juzgada, transacci�n, caducidad de la acci�n, prescripci�n extintiva y falta de legitimaci�n en la causa� las que de encontrarse acreditadas por el juzgador le impone su declaraci�n �mediante sentencia anticipada�. 3).
CADUCIDAD DE LA ACCI�N: El vocablo �caducidad�, lo determina el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, en los siguientes t�rminos: �Lapso que produce la p�rdida o extinci�n de una cosa o de un derecho. Efecto que en el vigor de una norma legal o consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cierto modo a una derogaci�n t�cita.
Ineficacia de testamento, contrato u otra disposici�n, a causa de no tener cumplimiento dentro de determinados plazos. Cesaci�n del derecho a entablar o proseguir una acci�n o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los t�rminos para ello�. �La caducidad proviene de diversas causas: la de las Leyes, del desuso; la de costumbre, por pr�ctica distinta o por simple falta de aplicaci�n durante mucho tiempo; la de acciones y recursos, por no tramitarlos; en otros casos, por el cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes.
En esta �ltima hip�tesis resulta m�s propio hablar de prescripci�n extintiva �. (Negrillas ajenas al texto). Desde el punto de vista procesal se ha definido como la �instituci�n jur�dico procesal a trav�s del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuraci�n normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicci�n con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jur�dica, para evitar la paralizaci�n del tr�fico jur�dico.
En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protecci�n de un inter�s general. La caducidad impide el ejercicio de la acci�n, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse v�lidamente el proceso�. La misma Corporaci�n ha precisado lo siguiente: "Consiste la caducidad en el fen�meno procesal de declarar extinguida la acci�n por no incoarse ante la jurisdicci�n competente dentro del t�rmino perentorio establecido por el ordenamiento jur�dico para ello.
Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acci�n. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden p�blico, lo cual s� ocurre en trat�ndose de la prescripci�n civil, medio �ste de extinguir las acciones de esta clase".
(Negrillas ajenas al texto). De su parte el m�ximo �rgano de la Jurisdicci�n Ordinaria con relaci�n a la caducidad de vieja data ha se�alado lo siguiente: �a) �[E]extingue derechos� (cas. civ. sentencia de 4 de noviembre de 1930, XXXVIII, 424). b) �[O]pera ipso jure y sus efectos se cumplen fuera del alcance de la voluntad particular, como un imperioso mecanismo legal� (cas. civ. sentencia de 11 de mayo de 1948, LXIV, 371). c) �[E]st� ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria.
De ah� que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del t�rmino que ha sido fijado por la ley para su ejercicio� [E]n la caducidad se considera �nicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del t�rmino prefijado�� (cas. civ. sentencia de 19 de noviembre de 1976, CLII, 505 ss.). d) �[E]s de car�cter perentorio, de orden p�blico, no renunciable en consecuencia por los particulares y no susceptible de interrupci�n ni suspensi�n civil, como ocurre con la prescripci�n. Se trata en este caso de un plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho de acci�n, a cuyo vencimiento se produce fatalmente la decadencia del derecho a reclamar que se ponga en movimiento la actividad de la rama judicial del Estado para proveer, mediante sentencia, sobre esa pretensi�n y, precisamente por ello, la caducidad autoriza al funcionario judicial para rechazar de plano la demanda cuando de ella o sus anexos aparezca la extinci�n del �t�rmino de caducidad para instaurarla� (art. 85, C.P.C.), doctrina reiterada entre otros, en fallos de 2 y 16 de agosto de 1972 (G.J., tomo CXXXIII, p�g.84), 5 de abril de 1973, 5 de diciembre de 1974, 29 de abril, 20 de junio y 4 de julio de 1975 y, recientemente, en sentencia No. 269 de 19 de julio de 1990 (Ordinario Rubiela de Jes�s y Elsy de Jes�s Parra contra Zoila de Jes�s Londo�o y otros)� (cas. civ.
Sentencia de 22 de febrero de 1995, Exp. N� 4455). e) �[E]l vocablo se encuentra sustancialmente determinado por el tiempo o el plazo� descansa, en �ltimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad� el tiempo corresponde a la funcionalidad t�pica de la instituci�n, de modo que se requiere �nicamente su transcurrir para que operen sus efectos letales, esto es que el t�rmino constituye, por s� mismo, una condici�n para el ejercicio id�neo del derecho, un requisito del mismo, de manera que si �ste no se realiza oportunamente, se extingue sin necesidad de la concurrencia de otros requerimientos, esto es, sin que sea menester v. gr. alegarlo. �[C]on la caducidad se pretende la seguridad de las diversas relaciones jur�dicas como premisa indispensable de la estabilidad del tr�fico jur�dico, mediante el se�alamiento de un plazo - dies fatalis - que no se suspende y que, por ende, se cumple inexorablemente a la hora precisa, es factible que el juez pueda decretarla de oficio, pues resultar�a inaceptable que vencido dicho plazo, se oyera al demandante cuya potestad ya se extingui�.
Desde esta perspectiva es palmario que la caducidad opera autom�ticamente, esto es, que no es necesaria instancia de parte para ser reconocida� (cas. civ. sentencia de 23 de septiembre de 2002, Exp. No. 6054; en el mismo sentido, Sala de Negocios Generales, SNG, 1� de octubre de 1945, CXI, 690; 1� de octubre de 1946, LXI, 588 y ss.; 11 de mayo de 1948, LXVIV, 371; cas. civ. sentencias de 28 de marzo de 1928, 7 de mayo de 1923, 27 de abril de 1972, 5 de diciembre de 1974, 22 de septiembre de 1955, LXXXI, 152; 19 noviembre de 1976, CLII, 505 y ss.)� En el caso particular de la impugnaci�n de decisiones de asambleas o junta de socios, ense�a el art�culo 191 del C�digo de Comercio que: �Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podr�n impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos.
La impugnaci�n s�lo podr� ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reuni�n en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contar�n a partir de la fecha de la inscripci�n� (Negrillas ajenas al texto).
Precepto legal que es arm�nico con el inciso primero del art�culo 421 del C�digo de Procedimiento Civil que se�ala �La demanda de impugnaci�n de actos o decisiones de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales, s�lo podr� proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deber� dirigirse contra la sociedad; si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t�rmino se contar� desde la fecha de la inscripci�n� (Negrillas de la Sala).
Emerge del contenido de las normas en cita que �stas son concordantes en se�alar que el ejercicio oportuno para impetrar acciones como la presente, es de dos meses, que deber�n computarse en caso de que el acto deba ser sometido a la formalidad de la inscripci�n desde que �sta se verifique, so pena de verse afectado por el fen�meno de la caducidad; t�rmino que resulta perentorio e improrrogable sin que pueda ser modificado por voluntad de las partes y que opera ipso jure. 4).
CASO CONCRETO: Aplicado el anterior marco conceptual al caso que concita la atenci�n de la Sala de forma prematura se advierte la necesidad de confirmar la sentencia apelada, en la medida que para el presente asunto es incuestionable el acaecimiento del fen�meno extintivo de la acci�n, aunado que los fundamentos planteados por el recurrente carecen de respaldo jur�dico que hagan viable su prosperidad, lo cual conlleva su fracaso, conforme se explica a continuaci�n. Revisada el acta 001 de 2012 de la cual se procura su anulaci�n, se observa que la misma fue protocolizada mediante Escritura P�blica n�mero 1207 del 1� febrero de 2012 de la Notar�a Veintinueve del Circulo Notarial de Bogot� e inscrita en la C�mara de Comercio el 15 siguiente conforme da cuenta el Certificado de Existencia y Representaci�n Legal de la Sociedad Inversiones Benavides Rueda & C�a. S.C.A., data esta �ltima desde la cual se deben contabilizar los dos meses que impone el Ordenamiento Comercial plazo que precluir�a inicialmente el 15 de abril de 2012.
Empero lo anterior, como la demanda se present� el 10 del mismo mes y a�o, siendo admitida el 25 de abril del mismo a�o, en principio �sta ��interrumpe el t�rmino para la prescripci�n e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aqu�lla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del t�rmino de un (1) a�o contado a partir del d�a siguiente a la notificaci�n al demandante de tales providencias, por estado o personalmente.
Pasado este t�rmino, los mencionados efectos s�lo se producir�n con la notificaci�n al demandado� (Negrillas ajenas al texto), de suerte que de cumplir cabalmente el demandante la carga procesal de notificar al extremo demandado oportunamente, la caducidad no se configurar�a hasta pasado el 25 de abril de 2013, habida consideraci�n que de hacerse la notificaci�n con posterioridad a esa calenda no se logar�a el beneficio contenido en el Estatuto Adjetivo.
As� las cosas y si en el caso sub-lite como se anot� en precedencia el auto admisorio se notific� al demandante por anotaci�n en estados el 27 de abril de 2012, en tanto que a la sociedad demandada mediante aviso el 20 de septiembre de 2013, para ese momento ya se hab�a superado ampliamente el a�o previsto por la norma procesal, por lo cual la presentaci�n de la demanda no tuvo la posibilidad de impedir el acaecimiento del fen�meno extintivo, por cuanto el tiempo corri� ininterrumpido hasta su advenimiento el 15 de abril de 2012 por lo cual, conforme a los preceptos normativos y jurisprudenciales atr�s citados, se impon�a su declaraci�n, como en efecto lo determin� el a-quo mediante sentencia anticipada.
En lo que hace a los argumentos planteados por el recurrente en cuanto a que en el caso bajo estudio no era procedente la declaratoria de caducidad porque el se�or Eduardo de Praga Benavides Guerrero en su condici�n de Representante Legal de la sociedad Inversiones Benavides Rueda & C�a S.C.A., conoc�a del presente juicio y en Asamblea Extraordinaria de Socios se le impuso que deb�a �solicitar la terminaci�n del proceso de la forma m�s expedita, legal y razonable posible, sin que existan costas�, por lo que, en palabras del recurrente, la sociedad demandada renunci� a la caducidad; argumento que se cae de su peso y se encuentra hu�rfano de preceptos jur�dicos que lo respalden, pues como se expuso en l�neas precedentes el fen�meno de la caducidad opera ipso jure, en otras palabras acaece de pleno derecho por el lapso del tiempo el cual una vez cumplido deviene fatalmente, sin que los sujetos puedan renunciar o restarle sus efectos.
Es lo cierto que el representante legal de la demandada conoci� de la existencia del presente juicio antes de su comparecencia al mismo desde mucho antes de su notificaci�n como se evidencia no solo de la constancia de remisi�n que se hiciera de la citaci�n de que trata el art�culo 315 del C.P.C., enviada en julio de 2012 en la cual se le insta para que comparezca a estar en derecho al juicio indic�ndose all� las partes del proceso, as� como del contenido del acta 002 de 2012 que se alleg� en copia simple �pero que no fue cuestionada por la pasiva-, sin embargo tal circunstancia por s� sola no tiene la virtualidad de impedir la caducidad de la acci�n, ni obliga al juez tener notificada a la demandada desde la fecha que el gerente aparentemente tuvo conocimiento de la existencia del proceso, pues, tal teor�a indudablemente atenta contra el debido proceso, por dem�s obligatorio en todas las actuaciones �Art. 29 C.P-.
Ello es as�, por cuanto el imperativo que exige el legislador para impedir la ocurrencia de caducidad es, a m�s de la presentaci�n oportuna de la demanda, que se NOTIFIQUE el auto admisorio al demandado dentro del perentorio t�rmino que consagra el art�culo 90 del C.P.C., so pena que el enteramiento tard�o devenga ineficaz, sin que los actos antes referidos cumplan con esa exigencia. En efecto, de un lado la citaci�n para notificar personalmente de que trata el art. 315 del C.P.C., no pasa de ser eso una simple citaci�n, en modo alguno constituye notificaci�n, pues este acto procesal respecto del auto admisorio, por ser el primero que se dicta en el proceso est� cobijado de una serie de formalidades para procurar garantizar el debido proceso del convocado, que de desconocerse afectan incluso su validez, motivo por el cual el legislador impuso que la notificaci�n se debe surtir de manera PERSONAL y solo para evitar dilaciones injustificadas de los juicios permiti� una forma supletiva que es la NOTIFICACI�N POR AVISO, contenida en el art�culo 320 del C.P.C., pero para su eficacia y validez debe realizarse acatando cabalmente las exigencias que consagra dicha norma; en tanto que la menci�n que se pudiera hacer por parte del demandado o su representante en escenario ajeno al proceso, como ser�a durante el desarrollo de una asamblea, ni siquiera resulta admisible con ese prop�sito, pues incluso la NOTIFICACI�N POR CONDUCTA CONCLUYENTE requiere el acatamiento de determinados presupuestos referidos en el art�culo 330 �dem, que en el presente asunto igualmente est�n ausentes.
De acuerdo con lo dicho y la documental que milita en el expediente demuestra que la notificaci�n del demandado del auto admisorio de la demanda se surti� POR AVISO, en los t�rminos del art�culo 320 del C.P.C., el d�a 19 de septiembre del a�o 2013 esto es pasado m�s de un a�o desde la notificaci�n al extremo demandante de dicho prove�do, lo que hace este acto ineficaz para evitar la caducidad de la acci�n. Deviene de lo expuesto que si bien en el presente asunto como qued� visto el representante legal de la convocada tuvo conocimiento de la existencia de este proceso con antelaci�n conforme se dice en el acta 002 de 2012 ya referida, en la que adem�s se le impuso la obligaci�n de finalizar el presente juicio �lo cual en principio desde el plano procesal no le ser�a posible, por no ser el demandante, am�n que se requerir�a acudir a cualquiera de las puntuales formas anormales de terminaci�n de los juicios prevista en el Ordenamiento-, su vinculaci�n formal al mismo solo es predicable una vez se le notifica legalmente mediante aviso.
Siendo as� las cosas y m�s all� que eventualmente podr�a considerarse por el demandante que el proceder del demandado de que pese a conocer con antelaci�n la existencia del proceso una vez notificado en los t�rminos de ley, en ejercicio del derecho de contradicci�n y defensa alegara la caducidad de la acci�n como desleal, contrario a la buena fe o irrespeto del acto propio, no puede el Tribunal desconocer imperativos legales para considerarlo notificado oportunamente como pretende el actor, aunado al hecho que el demandante fue negligente en el cumplimiento de sus cargas, porque bien pudo, surtido como estaba en debida forma la citaci�n para notificar prevista en el art�culo 315, procurar su enteramiento inmediato en los t�rminos del art�culo 320 del Estatuto Procesal o allegar copia debidamente expedida del acta atr�s aludida solicitando se tuviera a la sociedad convocada notificada por conducta concluyente si consideraba que del contenido de dicho documento se cumpl�an los requisitos previstos en el Art. 330 C.P.C., para que el juzgado de conocimiento examinara su pedimento y adoptara la decisi�n correspondiente, que le permitiera definir la conducta a seguir al respecto lo cual no hizo, pues contrario a ello por un lapso de tiempo superior a un a�o opt� por asumir una posici�n de total pasividad, pues salvo la materializaci�n de la medida cautelar de suspensi�n del acta impugnada, no realiz� gesti�n alguna, particularmente la notificaci�n del demandado que se dio solo hasta el mes de septiembre de 2013, circunstancias que inexorablemente conllevan consecuencias adversas a sus intereses, que se materializan en la caducidad de la acci�n formulada.
Puestas de ese modo las cosas sin que sea necesario realizar consideraci�n adicional, se impone confirma la sentencia apelada pero por las razones anotadas en esta providencia. VI. DECISI�N EN M�RITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., EN SALA DE DECISI�N CIVIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot� D.C., el 11 de abril de 2014, por lo anotado en la parte motiva. SEGUNDO.- CONDENAR a la parte recurrente en costas. T�sense y liqu�dense, incluyendo en �sta instancia por concepto de agencias en derecho la suma de $1.200.000,00. TERCERO.- Cumplido lo anterior rem�tase el expediente al juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Folio 80 Cd.1. Folio 98 Cd.1. Sent.
Corte Constitucional. C-832 del 8 de agosto de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sent. Corte Constitucional. T-433 de 1992. M.P. Sim�n Rodr�guez Rodr�guez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, Sentencia del 28 de abril de 2011, Magistrado Ponente Magistrado Ponente William Nam�n Vargas, Exp. 41001-3103-004-2005-00054-0. Folios 8-28 Cd.1 Folios 29-30 Cd.1. Art�culo 90 C�digo de Procedimiento Civil, norma vigente al momento de la presentaci�n de la demanda. Folio 80 Cd.1. Si en cuenta se tiene que el aviso se entreg� el 19 de septiembre de 2013 �Folio 98-, por lo que la notificaci�n se considerar� surtida al finalizar el d�a siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino �Art. 320 C.P.C.- ART�CULO 330.
NOTIFICACI�N POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Art�culo modificado por el art�culo 33 de la Ley 794 de 2003. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerar� notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentaci�n del escrito o de la audiencia o diligencia. Cuando una parte retire el expediente de la secretar�a en los casos autorizados por la ley, se entender� notificada desde el vencimiento del t�rmino para su devoluci�n, de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas.
Cuando el escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de conocimiento se entender� surtida la notificaci�n por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el d�a en que se notifique el auto que reconoce personer�a, a menos que la notificaci�n se haya surtido con anterioridad�� RI.13548 Rad. 110013103030201200216 01 Ref.
Proceso Abreviado de Impugnaci�n de Actas de Asamblea Decisiones de Mar�a Constanza Benavides Rueda y Otros contra Sociedad Inversiones Benavides Rueda y C�a. S.C.A. PAGE PAGE 11 RI. 13548 ftz}�������������^ n | } ~ � � � ����ǿǿ�ҿҴҩҩҘ�t�bt�VHh�>�h�o�5�>*CJaJh�>�h�o�5�CJaJ#h�>�hU]5�B*CJ\�aJph#h�>�h�o�5�B*CJ\�aJph#h�>�h��5�B*CJ\�aJph h�>�h�o�B*CJ\�aJphh�>�h(,jCJaJh�>�hv'CJaJh��CJaJh�>�hmq�CJaJh�>�h�o�CJaJ+jh��h�o�5�CJUaJmHnHuh��h�o�5�CJaJ%&'Ofg���_ ~ � � � � � � � � � � ��������������������������gdv'�`�gdv' $�`�a$gdv'� � � � � � � � � � � � � � � � � � o p q t w | � � � � � � ��������������������t�t�t�t�t�`&h�>�h�e�0J5�>*CJOJQJaJh�>�h�e�CJaJh�>�h�o�5�>*CJaJ#h�>�hv'0J5�CJOJQJaJh�>�h�kCJaJh�>�hmq�CJaJh�>�h2_�CJaJh�>�h�o�CJaJ h�>�hmq�0JCJOJQJaJ h�>�h�o�0JCJOJQJaJ#h�>�h�o�0J5�CJOJQJaJ � � � � � { � � � � M Q � � � +, �hmq�CJaJmH $sH $ h�>�h�GCJaJmH $sH $ h�>�h!�CJaJmH $sH $ h�>�h�V+CJOJQJaJh�>�hmq�CJaJh�>�h�V+CJaJh�>�h�GCJaJh�>�h�e�CJaJh�>�h�o�CJaJh�>�h�e�6�CJaJh�>�h�o�6�CJaJ h�>�h�o�0JCJOJQJaJ&h�>�h�o�0J5�>*CJOJQJaJ � � u v ? @ +,FGRS������������������������������� dhgdv' �S���^��`�gdv' & F �S�����^��`���gdv'gdv' h,^�0JCJOJQJaJ h�>�hmq�0JCJOJQJaJ 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