Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001318700420230003201

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2023-08-29

Sujetos procesales: Katalina Ospina Villamil

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Frente a esa pretensi�n y luego del traslado de la acci�n de tutela, la UTP manifest� que el Acuerdo 013/15 se encuentra publicado en la p�gina web de la universidad, y no puede alegarse que la falta de conocimiento del mismo es suficiente para exonerar a la estudiante de los restantes tres niveles de ingl�s que no ha cursado, y que son requisito necesario para graduarse.

DERECHO A LA EDUCACI�N / CAR�CTER FUNDAMENTAL / DEBIDO PROCESO � es procedente para resolver de fondo el problema jur�dico planteado por la accionante, como quiera que no solo se discute la protecci�n del derecho fundamental al debido proceso, sino tambi�n el de la educaci�n, y �ste �ltimo puede ser garantizado por esta v�a constitucional, raz�n por la cual se analizar� si existe afectaci�n o no de dicho derecho.

De este modo, dada la importancia del derecho a la educaci�n �ste puede ser garantizado a trav�s de la acci�n de tutela frente a omisiones o acciones de las autoridades p�blicas o particulares que impidan su efectividad. DERECHO A LA EDUCACI�N / PUBLICIDAD ACTO ADMINISTRATIVO De la informaci�n brindada por la UTP se tiene que efectivamente la UTP tiene divulgado el Acuerdo 013/15 en la p�gina web de la universidad� As� las cosas, si el Acuerdo se encuentra publicado en la p�gina web de la entidad, cu�l puede ser la raz�n para concluir que no existe una debida publicidad del mismo, cuando incluso se trata de un acto administrativo con una vigencia de m�s de ocho a�os, de lo que f�cilmente se puede inferir que existe un masivo conocimiento por parte de la comunidad universitaria de la existencia de unos requisitos de grado respecto de los niveles de ingl�s exigidos por el Acuerdo 013/15.

DERECHO A LA EDUCACI�N / PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEG�TIMA / PRESUPUESTOS Sobre el principio de confianza leg�tima la Corte Constitucional ha dicho: Para que se configure este principio la Corte ha decantado los siguientes presupuestos generales: (i) la necesidad de preservar de manera concreta un inter�s p�blico, esto es, resulta indispensable para la administraci�n generar un cambio en sus actuaciones en aras de proteger el inter�s general;

(ii) la demostraci�n de que el particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; (iii) la desestabilizaci�n cierta, razonable y evidente en la relaci�n entre la administraci�n y los administrados; y (iv) la obligaci�n de adoptar medidas por un per�odo transitorio que adec�en la actual situaci�n a la nueva realidad.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n No 906 Hora: 7:30 a.m. Radicaci�n: 66001318700420230003201 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por la accionante KATALINA OSPINA VILLAMIL y por el rector de la Universidad Tecnol�gica de Pereira -en adelante UTP-, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada por la se�ora OSPINA VILLAMIL contra la referida universidad. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la accionante se puede concretar as�: (i) estudia en la UTP desde el a�o 2016 en el programa de licenciatura en Etnoeducaci�n;

(ii) cuando ingres� a la universidad no recibi� inducci�n u orientaci�n por parte del ILEX -Instituto de Lenguas Extranjeras- frente al plan de estudios que conforman el programa que cursa; (iii) durante el programa asumi� como responsabilidad acad�mica los cinco niveles del plan de estudios de ingl�s que aparec�an registrados en el portal estudiantil;

(iv) a solicitud realizada en julio 05 de 2023, el ILEX le comunic� que de conformidad con el Acuerdo 013-2015UTP no cumpl�a con el requisito de competencia de biling�ismo, y que en consecuencia, deb�a habilitar los niveles 6, 7 y 8, como obligatorios y pendientes por aprobar; (v) hasta el momento que recibe esa respuesta no conoc�a el Acuerdo 013-2015UTP;

(vi) en ninguno de los cap�tulos o art�culos 60 y 61 del reglamento estudiantil se dispone que los estudiantes de pregrado debe estar al tanto de las funciones administrativas del ILEX; (vii) por el error de la UTP se puede ver inmersa en un perjuicio irremediable, toda vez que se retrasar�a su grado por lo menos un semestre m�s, el cual tiene un costo de $18.000.000; y (viii) actualmente participa por una beca de maestr�a, en el cual uno de los requisitos es estar graduada de licenciada en 2023-2, para poder ubicarse entre los elegibles de la beca Nicanor Restrepo 2024-1.

Solicita la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, educaci�n, igualdad y principio de favorabilidad, y, en consecuencia, se ordene a la UTP: (i) no obligarla a presentar los niveles 6, 7 y 8 de ingl�s; y (ii) que se pueda graduar con la competencia del manejo ingl�s que tiene actualmente. Subsidiariamente, en caso de que no prosperare ninguna de las anteriores pretensiones, que la UTP asuma el costo del sostenimiento para el semestre, el cual representa $18.000.000. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Una vez admitida la tutela mediante auto de julio 11 de 2021 el juez corri� traslado a la UTP y al ILEX, las cuales se pronunciaron as�: - El rector de la UTP manifest� que en ejercicio de la autonom�a universitaria se profiri� el Acuerdo 13/15 y la Resoluci�n No 18583/17, por medio de las cuales se regulan casos como el planteado en esta acci�n de tutela.

La respuesta que otorg� en su momento el ILEX a la accionante corresponde a la normativa aplicable al caso, y no es el reglamento estudiantil el que regula este tipo de situaciones, sino el Acuerdo 13/15, el cual debe ser conocido por la accionante, al igual que toda la dem�s normativa que regula los temas de la universidad. El error administrativo que se menciona no existi�, y al parecer por descuido o irresponsabilidad la accionante se entera recientemente de su realidad acad�mica, siendo ella la �nica estudiante que hace unos inadecuado de la herramienta de la acci�n de tutela.

La acci�n de tutela es improcedente, por cuanto no es el mecanismo judicial id�neo para dirimir este conflicto. 3.3.- El despacho requiri� a la UTP para que informara cu�l era el medio que utilizaba para socializar los acuerdos y resoluci�n de la universidad, y si exist�an otros casos similares a los de la estudiante KATALINA OSPINA. La accionada inform� que los actos administrativos de car�cter general emitidos por el Consejo Superior Universitario y el Consejo Acad�mico, se publican en la p�gina web de la universidad, y precis� que la accionante es la �nica estudiante que ha presentado la reclamaci�n con fundamento en las dificultades se�aladas. 3.2.- Agotado el tr�mite a seguir, en fallo de julio 25 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, la a quo tutel� el derecho fundamental al debido proceso de la se�ora KATALINA OSPINA VILLAMIL y le orden� a la UTP: (i) que en el t�rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci�n de la sentencia, destine lo necesario para que la accionante pueda acceder a realizar los tres niveles pendientes de la asignatura de ingl�s (6, 7 y 8) dentro del segundo semestre del a�o en curso; y (ii) que en el t�rmino de diez (10) d�as realice las gestiones pertinentes para que d� a conocer a toda la comunidad estudiantil el Acuerdo 013/15 de manera eficaz, esto es, compartir su contenido, remitirlo a los correos electr�nicos y relievar su importancia en la p�gina web.

Para llegar a la anterior determinaci�n la juez a quo argument� que la UTP dentro de su autonom�a universitaria puede fijar los acuerdos y reglamentos que ce�ir�n el comportamiento de los estudiantes en la instituci�n, pero ello con observancia del debido proceso; es decir, con publicidad, para que las normas sean conocidas por la comunidad estudiantil.

En este asunto, el Acuerdo 013/15 es relevante y debe asegurarse de que toda la comunidad estudiantil lo conozca, y aunque la entidad se�ala que el caso de la estudiante KATALINA OSPINA es �nico, lo cierto es que ella se�al� que este inconveniente se ha presentado con otros estudiantes. Por tanto, existi� una vulneraci�n del debido proceso por parte de la UTP, primero, porque no le dio la debida publicidad al mencionado acuerdo, y segundo, no report� en el portal estudiantil los cursos de ingl�s faltantes. 4.- IMPUGNACI�N - La accionante KATALINA OSPINA VILLAMIL se mostr� inconforme con la decisi�n, raz�n por la cual la impugn� y solicit� se modifique el numeral segundo, a cuyo efecto argument�.

En el fallo se hizo referencia a la afectaci�n que est� sufriendo, toda vez que los estudiantes de la licenciatura de Etnoeducaci�n de la UTP se grad�an con una competencia de idioma de ingl�s A2-B1 inicial, y en su caso, aprob� los 5 cursos de ingl�s, pero la universidad le exige hacer tres cursos m�s, pese a que ha demostrado que hubo un error administrativo y una vulneraci�n al debido proceso en la forma como se le aplic� el Acuerdo 013/15.

El juzgado le solicit� a la UTP responder un cuestionario con respecto a la divulgaci�n del mencionado acuerdo, pero la universidad no demostr� una adecuada publicada o promoci�n del acuerdo. Al requerimiento del juzgado la UTP contest� que no exist�an mas casos similares al suyo, pero no ha sido la �nica estudiante con id�ntico problema.

La decisi�n dispuesta en el fallo subsiste el perjuicio, toda vez que cursar los tres niveles restantes de ingl�s para el semestre 2023-2, ser�a posible matriculando un curso intensivo, el cual tiene un costo de entre $330.000 a $400.000, aproximadamente, y se realizar�a en un horario que se cruza con sus practicas educativas y/o con la asistencia a clase de las asignaturas que tiene matriculadas, entre las cuales est� trabajo de grado.

Cursar y aprobar los tres niveles de ingl�s para el semestre 2023-3 ser�a posible si presenta y aprueba el examen de suficiencia de nivel B1-B2 inicial, la cual se llevar� a cabo en septiembre 09 de 2023, pero si no pasa la prueba no se puede graduar en diciembre de 2023, y le tocar�a esperar la otra prueba de suficiencia y pagar por ella.

En todo caso, qui�n pagar�a el costo del docente de ingl�s para prepararse para la prueba de suficiencia, qui�n le garantiza que aprobar� el examen, y c�mo puede dedicar esfuerzo adicional para el ingl�s. Lo anterior, no est� dentro de sus planes exclusivos para graduarse. Por tanto, en un t�rmino de cuatro meses debe cursar y aprobar los niveles 6, 7 y 8 de ingl�s, pero actualmente se encuentra en �ltimo semestre de pregrado y tiene una carga acad�mica considerable.

Si los niveles 6, 7 y 8 le hubieran aparecido en su pan de estudios desde el a�o 2016 los hubiese distribuido dentro del correspondiente per�odo acad�mico, pero no fue as�. Existi� un error de la universidad en no socializar el acuerdo. La orden del juzgado obliga a cursar si o si los tres niveles de ingl�s, y de ello depende su graduaci�n y poder acceder a la maestr�a. La Corte Constitucional en sentencias T-106/19, T-308/11, T-152/15 y T-1159/04 se refiri� a temas similares. - El rector de la UTP impugn� el fallo y pidi� se declare la no vulneraci�n de derechos fundamentales, por las siguientes razones: El fallo resulta ambiguo, toda vez lo ordenado en el numeral primero resulta acorde con la posici�n de la universidad; sin embargo, en el numeral segundo se se�ala una afectaci�n al debido proceso.

La juez a quo encuentra sin m�s, que est� probado que existi� una vulneraci�n del debido proceso supuestamente por una inadecuada publicaci�n del acto administrativo -Acuerdo 13/15-, sin tenerse en cuenta que la comunidad universidad se entera de estas regulaciones a trav�s de la plataforma estudiantil y los canales de informaci�n espec�ficos como lo es la p�gina web.

Para el caso concreto el Acuerdo 13/15 se encuentra en el link  HYPERLINK "https://www2.utp.edu.co/ilex/noticias/up-to-date-todo-sobre-el-acuerdo13.html" https://www2.utp.edu.co/ilex/noticias/up-to-date-todo-sobre-el-acuerdo13.html Adem�s, durante la asistencia a la semana de adaptaci�n o inducci�n a la vida universitaria a los alumnos nuevos se les explica sobre la aplicaci�n del Acuerdo y al mismo tiempo en el comunicado de citaci�n a las actividades se incluye informaci�n sobre la prueba de ILEX en el link https://app4.utp.edu.co/manuales/Mensajes/2023/Comunicado.html.

No se puede entonces afirmar que se viol� el debido proceso por carencia de publicidad por parte de la Universidad. Este asunto no se trata de un plan de estudios extraordinario, y el acuerdo no es reciente, pues se promulg� antes de que la estudiante ingresara a la universidad. Sobre la premisa de la accionante es imposible que ella no conociera la normativa que regula el tema, m�xime cuando se trata de una norma con vigencia de hace ocho a�os y que todo estudiante responsable debe conocer como parte de sus derechos y deberes, so pena de incurrir en desidia, negligencia o desinter�s, optando por lo m�s f�cil; es decir, endilgar omisi�n a la UTP, cuando no es as�.

La Corte Constitucional en sentencia C-651/97 se refiri� sobre la justicia material e ignorancia de la ley. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto tutel� el derecho fundamental al debido proceso reclamado por la se�ora KATALINA OSPINA VILLAMIL.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.

En este caso la accionante KATALINA OSPINA concurre ante el juez constitucional con el fin de que se ordene a la UTP no exigir los niveles de ingl�s 6, 7 y 8 y permitir acreditar el requisito de ingl�s con los cinco niveles que ya curs�, toda vez que desconoc�a tal exigencia de la universidad, como quiera que nunca le informaron del Acuerdo 013/15 que regula el tema.

Frente a esa pretensi�n y luego del traslado de la acci�n de tutela, la UTP manifest� que el Acuerdo 013/15 se encuentra publicado en la p�gina web de la universidad, y no puede alegarse que la falta de conocimiento del mismo es suficiente para exonerar a la estudiante de los restantes tres niveles de ingl�s que no ha cursado, y que son requisito necesario para graduarse.

El juzgado de primer nivel amparo el derecho fundamental al debido proceso, por considerar que la UTP no ha tenido una debida comunicaci�n del Acuerdo 013/15 que regula el tema del requisito de ingl�s, toda vez que dicho acto administrativo si bien se encuentra en la p�gina web de la entidad, su visualizaci�n no es nada f�cil. Por lo anterior, emiti� dos �rdenes: (i) que se le garantice a la accionante realizar los tres niveles de ingl�s que le faltan en el segundo semestre del a�o 2023; y (ii) que la UTP realice una efectiva publicidad del mencionado acuerdo.

Tanto la accionante como la accionada se mostraron inconformes con la decisi�n tomada por el juzgado de primera instancia. La se�ora KATALINA OSPINA se�ala que la primera orden no resuelve en nada su situaci�n, toda vez que se ver�a forzada a tener que cursar los niveles de ingl�s en el siguiente semestre con los problemas y dificultades que ello representa, toda vez que actualmente requiere terminar otras asignaturas, entre ellas trabajo de grado, adicionalmente, no tiene ninguna garant�a en cuanto a la posibilidad de presentar el examen de validaci�n. Por su parte, la UTP se�ala que el Acuerdo 013/15 ha contado con plena publicidad, y se trata de un acto administrativo que tiene vigencia de m�s de ocho a�os y ha sido conocido por toda la comunidad estudiantil.

Sea lo primero decir, que la acci�n de tutela en este asunto, tal como lo refiri� la juez de primera instancia, es procedente para resolver de fondo el problema jur�dico planteado por la accionante, como quiera que no solo se discute la protecci�n del derecho fundamental al debido proceso, sino tambi�n el de la educaci�n, y �ste �ltimo puede ser garantizado por esta v�a constitucional, raz�n por la cual se analizar� si existe afectaci�n o no de dicho derecho.

Al respecto la Corte Constitucional dijo: �En lo que concierne al derecho a la educaci�n, la jurisprudencia de la Corte en distintas oportunidades ha exaltado la importancia de la protecci�n de esta garant�a, puesto que es un factor determinante para el desarrollo social e individual. A trav�s de este derecho se materializa al acceso al conocimiento, a la ciencia, a la t�cnica y a los dem�s bienes y valores de la cultura intr�nsecos al ser humano. De este modo, dada la importancia del derecho a la educaci�n �ste puede ser garantizado a trav�s de la acci�n de tutela frente a omisiones o acciones de las autoridades p�blicas o particulares que impidan su efectividad.

Adem�s, esta Corporaci�n ha destacado que en virtud del car�cter fundamental de la educaci�n, la acci�n de tutela resulta un instrumento adecuado para contrarrestar cualquier acci�n u omisi�n que provoque la vulneraci�n o la limitaci�n de las prerrogativas en las que se materializa este derecho. Descrita la anterior situaci�n, la Sala considera que por las razones espec�ficas que se advierten en este caso concreto la acci�n de tutela es el mecanismo id�neo para solicitar el amparo de los derechos mencionados, a pesar de existir otros mecanismos de defensa ante la jurisdicci�n contenciosa administrativa, puesto que los derechos en juego y la perentoriedad de la soluci�n del problema planteado est�n ligados a la posible configuraci�n de un perjuicio irremediable, motivo por el que la acci�n era procedente como a bien lo supieron entender los jueces de instancia en el presente caso.� De la informaci�n brindada por la UTP se tiene que efectivamente la UTP tiene divulgado el Acuerdo 013/15 en la p�gina web de la universidad, y aport� inclusive los respectivos links, los cuales fueron verificados por la Corporaci�n. Ahora, y como en efecto tambi�n lo advirti� la juez de primera instancia, el mencionado acto administrativo efectivamente puede ser consultado en la p�gina de internet de la UTP.

As� las cosas, si el Acuerdo se encuentra publicado en la p�gina web de la entidad, cu�l puede ser la raz�n para concluir que no existe una debida publicidad del mismo, cuando incluso se trata de un acto administrativo con una vigencia de m�s de ocho a�os, de lo que f�cilmente se puede inferir que existe un masivo conocimiento por parte de la comunidad universitaria de la existencia de unos requisitos de grado respecto de los niveles de ingl�s exigidos por el Acuerdo 013/15.

Se suma a lo anterior, que la entidad accionada aport� el correspondiente link mediante el cual se informa a los estudiantes en la inducci�n al proceso de pruebas y adaptaci�n a la vida universitaria acerca de la prueba de ingl�s. Es decir, se trata de una informaci�n de relevancia que indudablemente es puesta en conocimiento por parte de la Universidad a los estudiantes.

Hasta aqu�, para la Corporaci�n no puede se�alarse que existe una vulneraci�n al debido proceso por indebida comunicaci�n del Acuerdo 013/15, toda vez que el mismo ha contado con la publicidad por el medio m�s expedito que cuenta la universidad, en este caso la p�gina de internet, la cual es de libre acceso para los estudiantes. Ya en cuanto a la otra raz�n mencionada por el despacho para indicar que existe una afectaci�n al debido proceso -no haberse reportado en el portal estudiantil los cursos de ingl�s faltantes-, desde ya anuncia la Sala que tampoco constituye una afectaci�n al debido proceso, por las siguientes razones: Es cierto, en junio 21 de 2023, la accionante realiz� solicitud a la Escuela de Ciencias Sociales para matricular �Seminario Especializado (Base trabajo de grado)� y la misma fue aprobada por el sistema en la misma fecha, y la informaci�n que se le report� a la estudiante es que �Se aprueba esta solicitud dado que a la fecha no debe ninguna asignatura, diferentes a las pr�cticas de noveno y d�cimo, ya aprob� todos los cursos de ingl�s y su promedio es superior a 4.0�.

Lo que indica que para esa fecha la Universidad le comunic� a la estudiante que ya hab�a aprobado los cursos de ingl�s, lo que result� no ser cierto ante la consulta que le hizo posteriormente la se�ora KATALINA OSPINA al ILEX, en el cual le informaron que se encontraban pendientes los niveles 6, 7 y 8 de ingl�s. De lo previamente mencionado es que se deriva la controversia, y de acuerdo a lo informado por la UTP tanto en el traslado de la acci�n de tutela como en el escrito de impugnaci�n existe una carga por parte de la estudiante de completar los niveles de ingl�s, situaci�n que permite concluir que lo comunicado en junio 21 de 2023 constituye un error de la universidad al momento de informarle a la estudiante el estado de su solicitud para el �Seminario Especializado (Base trabajo de grado)�.

Siendo as�, surge el siguiente interrogante: �es raz�n fundamental para exonerar a la estudiante de los restantes niveles de ingl�s pendientes por cursar, ante el error que tuvo la universidad de informar que dichos niveles ya se hab�an cursado, cuando no era as�? Para la Corporaci�n, la respuesta indudablemente tiene que ser no, y lo es principalmente por la exigencia que contempla en Acuerdo 013/15 respecto a dicho requisito de los niveles de ingl�s, el cual no puede ser soslayado ante la existencia de ese error, y aunque aparentemente podr�a alegarse el principio de confianza leg�tima, lo cierto es que el mismo no se configura.

Sobre el principio de confianza leg�tima la Corte Constitucional ha dicho: Para que se configure este principio la Corte ha decantado los siguientes presupuestos generales: (i) la necesidad de preservar de manera concreta un inter�s p�blico, esto es, resulta indispensable para la administraci�n generar un cambio en sus actuaciones en aras de proteger el inter�s general;

(ii) la demostraci�n de que el particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; (iii) la desestabilizaci�n cierta, razonable y evidente en la relaci�n entre la administraci�n y los administrados; y (iv) la obligaci�n de adoptar medidas por un per�odo transitorio que adec�en la actual situaci�n a la nueva realidad. � En esa medida, las actuaciones de la Administraci�n que generen un cambio s�bito en las condiciones que regulan las relaciones con los administrados, en donde exista una expectativa justificada, deben estar precedidas de un t�rmino de transici�n donde se brinde a los particulares el tiempo y los medios necesarios para que se ajusten a la nueva situaci�n jur�dica.

Esa confianza, producto de la buena fe, da lugar a la aplicaci�n de soluciones por parte del Estado, sin que esto signifique una donaci�n, reparaci�n, resarcimiento o indemnizaci�n a favor del particular, ni el desconocimiento del principio del inter�s general. � Ahora bien, no toda expectativa se encuentra jur�dicamente protegida. La confianza debe ser justificada y solo se protegen aquellas circunstancias��objetivas, plausibles, razonables y verdaderas que la motivan y explican, revisti�ndola de un halo de credibilidad y autenticidad indiscutibles�.

En otras palabras, el principio de confianza leg�tima solo opera ante comportamientos justificados, razonables y genuinos, donde el particular tenga una expectativa justificada de que una situaci�n de hecho o una regulaci�n jur�dica no ser�n modificadas intempestivamente; y no cobija aquellas circunstancias en las cuales la Administraci�n ha establecido con anterioridad que puede modificar la situaci�n individual en cualquier tiempo. � Adicionalmente, la Corte Constitucional ya hab�a precisado los elementos para considerar que el principio de confianza leg�tima ha sido desconocido, al respecto ha dicho: �Deben coincidir entonces tres elementos para considerar que el principio de respecto del acto propio ha sido desconocido, a saber: � (i) Es necesario que haya sido proferido un acto en virtud del cual fuese creada una situaci�n concreta que genere, de manera cierta, un sentimiento de confianza en un sujeto.

Tal expectativa ha de consistir en que la persona pueda considerar de manera razonable que es el titular de una posici�n jur�dica definida. � (ii) Es preciso que la decisi�n que ha favorecido el surgimiento de la situaci�n que acaba de ser descrita y, en consecuencia, de la confianza leg�tima, haya sido objeto de modificaci�n de manera s�bita y unilateral.

Una vez m�s, es preciso reiterar que no necesariamente la conducta posterior se encuentra prohibida por el ordenamiento, en tanto el fundamento de la restricci�n no se encuentra en una disposici�n normativa sino en la expectativa que la decisi�n precedente ha generado en el destinatario. � (iii) Es necesario que exista identidad entre los sujetos entre los cuales prosper� la situaci�n concreta, y que se modifique el objeto de la aludida situaci�n, el cual es, precisamente, el contenido que ha sido objeto de alteraci�n.� En efecto, existe un acto administrativo desde el a�o 2015, que actualmente se encuentra publicado en la p�gina web de la universidad, y el cual no ha sufrido ninguna variaci�n o modificaci�n que hubiera sido desconocida por la comunidad estudiantil; es decir, se ha mantenido inc�lume en el tiempo, y bajo esas circunstancias no podr�a decirse que el error que tuvo la universidad la momento de informarle a la accionante que hab�a cursado todos los niveles de ingl�s cuando en realidad no fue as�, no puede entenderse como un cambio repentino para la estudiante cuando queda m�s que claro que siempre la exigencia de los niveles de ingl�s se ha mantenido.

Ahora, la accionante se�ala que en las decisiones T-106/19, T-308/11, T-152/15 y T-1159/04 la Corte Constitucional trat� temas similares a los que son materia pronunciamiento en esta instancia; empero, revisadas cada una de ellas, aunque son acciones de tutelas contra universidades, en realidad no tiene similitud alguna con el tema aqu� estudiado.

Frente a la exposici�n que hace la accionante acerca de la imposibilidad que tiene de realizar los tres niveles de ingles restantes y que representa para ella esa situaci�n que representa mucha dificultad en el pr�ximo semestre, no vislumbra la Sala en que constituir�a un perjuicio irremediable. Sobre el perjuicio irremediable la Corte Constitucional ha dicho: �12.�El principio de subsidiariedad, conforme al art�culo 86 de la Constituci�n, implica que la acci�n de tutela solo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.�Sobre el car�cter subsidiario de la acci�n, la Corte ha se�alado que �permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protecci�n judicial, como dispositivos leg�timos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos�.�Es ese�reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situaci�n que estimen lesiva de sus derechos. � En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situaci�n que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como v�a preferente o instancia judicial adicional de protecci�n. � 13.�No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acci�n de tutela, debe analizarse en cada caso concreto.

Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, esta Corporaci�n ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: � (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es�id�neo y�eficaz�conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como�mecanismo definitivo; y, � (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial id�neo, �ste no impide la ocurrencia de un�perjuicio irremediable, caso en el cual la acci�n de tutela procede como�mecanismo transitorio. � 14.�En cuanto a la primera hip�tesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que �sta no puede determinarse en abstracto sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protecci�n del derecho debe evaluarse en el contexto concreto.

El an�lisis particular resulta necesario, pues en �ste podr�a advertirse que la acci�n ordinaria no permite resolver la cuesti�n en una dimensi�n constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protecci�n o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados. � 15.�Ahora bien, en cuanto a la segunda hip�tesis, cabe anotar que su�prop�sito no es otro que el de conjurar o evitar una afectaci�n inminente y grave a un derecho fundamental.

De este modo, la protecci�n que puede ordenarse en este evento es�temporal, tal y como lo dispone el art�culo 10� del Decreto 2591 de 1991, el cual indica:��[e]n el caso del inciso anterior, el juez se�alar� expresamente en la sentencia que su orden permanecer� vigente s�lo durante el t�rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci�n instaurada por el afectado�. � As� mismo,�dicha excepci�n al requisito de subsidiariedad exige que se verifique:�(i) una afectaci�n�inminente�del derecho�-elemento temporal respecto del da�o-;

(ii) la�urgencia�de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la�gravedad�del perjuicio -grado o impacto de la afectaci�n del derecho-; y (iv) el car�cter�impostergable�de las medidas para la efectiva protecci�n de las garant�as fundamentales en riesgo. � 16.�Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluaci�n de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados.

Este an�lisis debe ser sustancial y no simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la acci�n puede proceder de forma definitiva.� Como se aprecia, no existe una afectaci�n inminente, toda vez que las manifestaciones hechas por la se�ora KATALINA OSPINA en cuanto a la presi�n que podr�a tener el estudiar tres niveles de ingl�s en un semestre en el cual tiene igualmente otro compromiso acad�mico, no puede interpretarse como una afectaci�n de garant�as fundamentales.

Tampoco, puede decirse que la acci�n de tutela es urgente para exonerar a la estudiante de dichos niveles de ingl�s, toda vez que en este asunto se habla igualmente de otra alternativa como lo es la prueba de validaci�n de ingl�s. Adem�s, no se vislumbra una gravedad del perjuicio, se insiste son dos las opciones que tiene la se�ora OSPINA VILLAMIL para demostrar ese requisito que exige la universidad del nivel de ingl�s. Finalmente, no existe una raz�n impostergable para realizar tal actividad acad�mica.

Se suma a lo anterior, que no son atendibles las razones que expone la accionante para no presentar el examen de validaci�n como una alternativa diferente a la realizaci�n de los cursos de ingl�s, toda vez que se trata de presunciones acerca de la posibilidad de aprobar o no dicho examen. Conforme a lo previamente aludido, la Corporaci�n revocar� la decisi�n adoptada por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medida de Seguridad de Pereira (Rda.), y en su lugar se negar� el amparo de los derechos fundamentales que fueron deprecados por la se�ora KATALINA OSPINA VILLAMIL contra la UTP.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE REVOCA la decisi�n adoptada por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medida de Seguridad de Pereira (Rda.), y en su lugar SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales que fueron deprecados por la se�ora KATALINA OSPINA VILLAMIL contra la UTP.

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  Cfr. Sentencias T-203/09, T-473/09 y T-593/09, entre otras.  Sentencia T-526/16  Sentencia T-608/15  Sentencia T-375/18     Sentencia tutela 2� instancia N� 130 Radicaci�n: 6600131870042023 0003201 Accionante: Katalina Ospina Villamil Revoca P�gina  PAGE 2 de  NUMPAGES 11 BC+, - F [ ] k l n � � � �Ӿ��~k~k�YD/�(h/+IhQ!CJOJQJ^JaJ mH sH (h/+Ih/+ICJOJQJ^JaJ mH sH "h/+ICJOJQJ^JaJ mH sH %h/+I5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�Kh/+I5�CJOJQJ^JaJ mH sH (hQ!hQ!CJOJQJ^JaJ mH sH (h�KhQ!CJOJQJ^JaJ mH sH (h�Kh�KCJOJQJ^JaJ mH sH +h�KhQ!5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�Kh�K5�CJOJQJ^JaJ mH sH C, - l � � � RS�klmn��������������������������� $da$gdb{x $da$gdQ! $d�a$gdQ!d�gd|b�d�gd/+Id�gd�Kd�gdQ!� � � � prQRSl��jkln�������r\I髙4�(hQ!h|b�CJOJQJ^JaJ mH sH %h�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�Kh�5�CJOJQJ^JaJ mH sH "hQ!CJOJQJ^JaJ mH sH (hQ!hQ!CJOJQJ^JaJ mH sH "h|b�CJOJQJ^JaJ mH sH (h|b�h|b�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�Kh/+I5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h|b�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�Kh|b�5�CJOJQJ^JaJ mH sH n���������    !$&���˱�����{peZODZOD9hQ!h�RHCJ^JhQ!h��CJ^JhQ!h(^NCJ^JhQ!h8v�CJ^JhQ!h�lCJ^JhQ!h�CJ^Jhb{xhQ!CJEH��^J hb{x5�CJhb{xhb{xaJmH sH 'hQ!hQ!5�CJ OJQJaJ mH sH 3hQ!hQ!5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH hQ!hQ!CJaJ mH sH (jhQ!hQ!UaJmHnHsH u hQ!hQ!5�CJaJ mH sH  JKeu����MN]^+,   0 1 � � � � � � �!�!��������������������������� $da$gdQ!dgdQ!&,-BFHIJK`adektu�������������ɾɳ�ɝ���t�iVG hQ!h�P�@���CJEH��^J$hQ!hj�CJ OJQJaJmH sH hQ!h�EbCJ^Jh�Nh�NCJ^Jh�NCJ^JhQ!hQ!CJ^JhQ!h�6&CJ^JhQ!hj�CJ^JhQ!h(^NCJ^JhQ!hgCJ^JhQ!h�v?CJ^JhQ!h,X�CJ^JhQ!h8ECJ^JhQ!h|}@CJ^JhQ!h�RHCJ^JhQ!h�+=CJ^J�� k����  ,KLMN\]^��������ô�����t_PA� hQ!hQ~@���CJEH��^J hQ!h�"@���CJEH��^J(hQ!h�"CJ OJQJ^JaJmH sH $hQ!hj�CJ OJQJaJmH sH hQ!h8@k@���CJEH��^J hQ!h�+-@���CJEH��^J hQ!h|}@@���CJEH��^J hQ!h�P@���CJEH��^J hQ!h��@���CJEH��^J hQ!h�+=5�@���CJEH��^J hQ!h�+=@���CJEH��^J hQ!h}PU@���CJEH��^J�������������1X) * +, 5 a � � � � a ����ĵĵ��������yjy[L�L�L� hQ!h�k-@���CJEH��^J hQ!hb�@���CJEH��^J hQ!h�:@���CJEH��^J hQ!h8@k@���CJEH��^J hQ!h�;u@���CJEH��^J hQ!hh �@���CJEH��^J hQ!h�L�@���CJEH��^J hQ!h�K�@���CJEH��^J hQ!h�+=@���CJEH��^J hQ!h�z�@���CJEH��^J hQ!hQ~@���CJEH��^J hQ!h_�@���CJEH��^Ja b    / 0 1 6 7 R c s v � � � � � � ���ı���pa���a�aRCR hQ!h�t-@���CJEH��^J hQ!h~9@���CJEH��^J hQ!h�+-@���CJEH��^J hQ!hitd@���CJEH��^J hQ!hitd5�@���CJEH��^J hQ!hj�@���CJEH��^J$hQ!hlCJ OJQJaJmH sH $hQ!hj�CJ OJQJaJmH sH hQ!h�z�@���CJEH��^J hQ!h8@k@���CJEH��^J hQ!h�;u@���CJEH��^J hQ!h�=�@���CJEH��^J� � � � � � � � � � a"f"0#?#�$�$�$�$�$����������t�t�eUF7 hQ!hl@���CJEH��^J hQ!h�q�@���CJEH��^J hQ!ha3�5�@���CJEH��^J hQ!ha3�@���CJEH��^J hQ!h��5�@���CJEH��^J hQ!h>R�@���CJEH��^J hQ!h��@���CJEH��^J hQ!h�F�@���CJEH��^J hQ!h�;u@���CJEH��^J hQ!hSj�@���CJEH��^J hQ!h�;u6�@���CJEH��^J hQ!hSj�6�@���CJEH��^J hQ!h *6�@���CJEH��^J�!`"a"�$�$�'�'**�*�* + +�+�+}-~->.?.�.�.�0�0�1�1�3�3�4�4����������������������������dgdQ! �$�$�$�$�$�$�$�$/%G%H%U%�'�'�'�'�'�(�)�)**�*�*�*�*�����ĵӥ���x����iYi�iJ�x hQ!h h�@���CJEH��^J hQ!h7�5�@���CJEH��^J hQ!h7�@���CJEH��^J hQ!h ~�@���CJEH��^J hQ!h�5@���CJEH��^J hQ!h� @���CJEH��^J hQ!h��5�@���CJEH��^J hQ!h�U�@���CJEH��^J hQ!h�Z�@���CJEH��^J hQ!h��@���CJEH��^J hQ!hl@���CJEH��^J hQ!hZ@���CJEH��^J�* + + ++2+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�,�,|-}-\.�.�. 1��ͽ��������~�o`oQoBoB hQ!h�%*@���CJEH��^J hQ!h(] @���CJEH��^J hQ!h�x@���CJEH��^J hQ!h:'@���CJEH��^J hQ!hk,�@���CJEH��^J hQ!h7�@���CJEH��^J hQ!h h�@���CJEH��^J"hQ!h7�5�6�@���CJEH��^J hQ!h7�6�@���CJEH��^J hQ!h�c�@���CJEH��^J hQ!hl@���CJEH��^J(hQ!hlCJ OJQJ^JaJmH sH  1�1�193=3X3�3�3�314�4�4;5�5�5�5�506�6�6�8�89 9V9��������ĵӵ���w�h�hUhU>,hQ!h`�0J4>*@���B*CJEH��^Jph�%jhQ!h`�@���CJEH��U^J hQ!h`�@���CJEH��^J hQ!h1iC6�@���CJEH��^J hQ!h�c�6�@���CJEH��^J hQ!h�c�@���CJEH��^J hQ!h��@���CJEH��^J hQ!h1iC@���CJEH��^J hQ!h��@���CJEH��^J hQ!h� '@���CJEH��^J hQ!h�%*@���CJEH��^J hQ!h��@���CJEH��^J�4;5 ?"?#?�@�@�@����������������������������dgdQ! 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