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DEBIDO PROCESO / ASCENSO EN LA POLIC�A NACIONAL / EXAMEN DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD � para resolver la pretensi�n del se�or Carlos Mill�n, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque como bien lo ha planteado en varias ocasiones la Corte Constitucional, se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales.
El art�culo 86 C.P, en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva); (ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.
DEBIDO PROCESO / EXAMEN DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD � en relaci�n con el requisito de subsidiariedad, debe recordarse que por regla general la acci�n de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situaci�n y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley.
DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / PERJUICIO IRREMEDIABLE los elementos que concurren en un perjuicio irremediable se identifican as�: (i) ser cierto; (ii) ser inminente; y (iii) ser urgente, y ello a efectos de evitar la consumaci�n del da�o. Al respecto la Corte Constitucional indic�: �Este perjuicio se caracteriza: �(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que est� por suceder prontamente;(ii) por ser grave, esto es, que el da�o o menoscabo material o moral en el haber jur�dico de la persona sea de gran intensidad;
(iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes�� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, diez (10) de agosto de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n No 837 Hora: 11:15 a.m. Radicaci�n: 66001310900220230007701 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por el se�or CARLOS ADOLFO MILL�N ARANGO, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada frente a la Direcci�n de Sanidad de la Polic�a Nacional, la Junta M�dico Laboral, el Tribunal M�dico Laboral de Revisi�n Militar y de Polic�a y la Direcci�n de Talento Humano de la Polic�a Nacional.
Fueron vinculadas a la acci�n de tutela la Unidad Prestadora de Salud Risaralda � Polic�a Nacional y la Regional de Aseguramiento en Salud No 3 de la Polic�a Nacional. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el accionante, se pueden concretar as�: (i) desde julio 31 de 2018 fue diagnosticado por el m�dico ortopedista con �espol�n calc�neo� en ambos pies, por lo que fue remitido al �rea de medicina laboral para iniciar proceso de calificaci�n de su PCL;
(ii) en junio 08 de 2021 fue valorado por el Tribunal M�dico Laboral de Revisi�n Militar y de Polic�a, el cual concluy� �apto para la actividad policial�; (iii) como quiera que cumpl�a con cada uno de los requisitos para ser llamado a ascenso al grado de intendente jefe, esperaba ser propuesto para ello, pero no fue as�; (iv) en agosto 01 de 2022 le comunicaron �(�) en relaci�n a la calificaci�n de aptitud psicof�sica, usted se encuentra en condici�n de APLAZADO en el proceso de calificaci�n frente al Ascenso Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Patrulleros SEPTIEMBRE 2022�;
(v) en agosto 12 de 2022 le informan: �La Direcci�n de Sanidad mediante correo electr�nico de fecha 10/08/2022, lo reporta como PENDIENTE�; (vi) indag� al respecto, y en diciembre 07 de 2022 la Jefe Unidad Prestadora de Servicios Risaralda (E) le indic� que deb�a remitir el caso nuevamente al Tribunal M�dico para una reevaluaci�n m�dica laboral, por haber pasado 90 d�as de incapacidad parcial, con total desconocimiento que su patolog�a es permanente y que no se puede presumir una nueva valoraci�n de PCL por parte de esa instancia;
(vii) elev� solicitud a la Asesora Jur�dica del Tribunal M�dico, quien en enero 27 de 2023, le contest�: �As� las cosas, el empeoramiento de la lesi�n sufrida deber� ser diagnosticado, valorado, tratado y medicado, a trav�s del sistema de salud al cual pertenece, sistema con el que se le garantizar� asistencia m�dica, quir�rgica, terap�utica y farmac�utica, servicios de hospitalizaci�n, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagn�stico, tratamiento y rehabilitaci�n�;
(viii) en enero 23 de 2023 el Director de Talento Humano le indic� que se encontraba �propuesto� para ascenso a su grado de intendente jefe para el mes de marzo del a�o 2023, pero en la base de datos de Sanidad Seccional Risaralda aparec�a como aplazado; (ix) en marzo 03 el Jefe �rea Desarrollo Humano le notific�: �La Junta de Evaluaci�n y Clasificaci�n para Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes en ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 2 del art�culo 22 del Decreto Ley 1791 del 2000, concordante con el literal B art�culo 5 de la Resoluci�n No 01109 de 2022, NO PROPONE SU ASCENSO�;
(x) en julio 2 la Direcci�n de Talento Humano le comunic� que se encontraba �propuesto� para ascenso en el mes de septiembre de 2023; y (xi) las entidades han generado una incertidumbre, ya que en algunas oportunidades lo proponen para ascenso, pero despu�s aparece en estado aplazado o pendiente. Pidi� la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, igualdad, trabajo, carrera administrativa y dignidad humana, y en consecuencia, se ordene a la Polic�a Nacional a trav�s de la Direcci�n de Sanidad Seccional Risaralda y Talento Humano: (i) proferir una decisi�n favorable que garantice su ascenso al grado de intendente jefe por ser apto para las actividades policiales, tal como lo indica la Junta M�dico Laboral y Tribunal M�dico Laboral y de Revisi�n para el Ej�rcito y la Polic�a; y (ii) dar una respuesta clara, coherente y congruente a su postulaci�n para el ascenso, toda vez que ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos y exigencias de la instituci�n. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho a quo mediante auto de junio 15 de 2023 admiti� la demanda y corri� traslado a las entidades accionadas; es decir, a la Direcci�n de Sanidad de la Polic�a Nacional, la Junta M�dico Laboral, el Tribunal M�dico Laboral de Revisi�n Militar y de Polic�a y la Direcci�n de Talento Humano de la Polic�a Nacional.
Y vincul� oficiosamente a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda � Polic�a Nacional y la Regional de Aseguramiento en Salud No 3 de la Polic�a Nacional. Solo se pronunciaron las siguientes entidades: - La Coordinadora Grupo Asesor Tribunal M�dico Laboral de Revisi�n Militar y de Polic�a manifest� que en junio 04 de 2020 el accionante convoc� a Tribunal M�dico Laboral con la finalidad de obtener la revisi�n de la valoraci�n realizada por la Junta M�dico Laboral en enero 22 de 2020.
En diciembre 03 de 2020 el accionante asisti� voluntariamente a la valoraci�n m�dica, raz�n por la cual una vez realizada la entrevista y el examen f�sico, analizada su historia cl�nica, los conceptos m�dicos especializados registrados por la Junta M�dica Laboral objeto de revisi�n, y los dem�s documentos aportados, la Sala M�dica tom� la decisi�n de dejarlo en calidad de �APLAZADO�, toda vez que se requer�a practicar un concepto especializado de pie y tobillo.
En diciembre 09 de 2020 le solicitaron a la Direcci�n de Sanidad de la Polic�a Nacional practicar el concepto m�dico ordenado para definir situaci�n m�dico laboral. Y en marzo 24 de 2021 el accionante remiti� copia de la historia cl�nica en la que se encontraba registrado el evento 239 de marzo 17 de 2021 firmado por el m�dico ortopedista sub especialista en pie.
Con lo anterior, la Sala de Valoraci�n del Tribunal M�dico Laboral realiz� un an�lisis bajo criterios t�cnicos, cient�ficos, objetivos y especializados; del examen f�sico realizado al accionante en diciembre 03 de 2020, as� como de la historia cl�nica, los conceptos emitidos por los especialistas y los documentos aportados por el accionante, y en consecuencia se profiri� el acta en junio 08 de 2021 en la que se modificaron las decisiones contenidas en el acta de la Junta M�dico Laboral de primera instancia, y se determin� que el se�or CARLOS MILL�N era �APTO� para el servicio policial.
Por tanto, todas las situaciones administrativas que se relacionen con el ingreso, permanencia, retiro, ascenso, reintegro y/o reubicaci�n, entre otros, es competencia de la Direcci�n de Talento Humano de la Polic�a Nacional. Solicit� que se desvincule a la entidad, toda vez que no existe raz�n f�ctica, ni jur�dica que demuestre que la entidad ha vulnerado alg�n derecho fundamental. - El Director (e) de Talento humano de la Polic�a Nacional inform� que de acuerdo con el Decreto 1791/00, el personal de Nivel Ejecutivo de la Polic�a Nacional, que aspira ingresar al grado superior, debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales.
Y en el presente asunto el se�or Intendente CARLOS ADOLFO MILL�N ARANGO no cumpli� con uno de los requisitos, esto es, aptitud psicof�sica de acuerdo a lo contemplado en las normas sobre Incapacidades e Invalidez, toda vez que los ascensos no se causan por el solo transcurso del tiempo, lo anterior, conforme a lo establecido en el Decreto 1791/00, modificado por el art�culo 107 de la ley 2179/21, al ser reportado por la Direcci�n de Sanidad como aplazado.
Lo anterior, es de conocimiento del accionante, pues ello se le inform� en febrero 21 de 2021. En este asunto, la acci�n de tutela es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial en el cual se puede discutir las pretensiones del accionante. En efecto, el Intendente ha podido acudir a la mecanismo judicial o acci�n contenciosa; es decir, al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para atacar los actos administrativos que le afectan de manera particular.
Por tanto, no es apropiado que ahora, por v�a de tutela, pretenda el actor saltarse los procedimientos que debe agotar en sede contenciosa administrativa. Adicionalmente, el se�or CARLOS MILL�N no acredit� la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente la acci�n de tutela, pues actualmente el accionante se encuentra vincula a la instituci�n en grado de Intendente, devenga una retribuci�n salarial suficiente y digna, y adem�s, se beneficia del r�gimen especial al personal que integra la Fuerza P�blica, como salud, recreaci�n y bienestar social.
Pidi� que se declare improcedente la acci�n de tutela. - El Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda de la Polic�a Nacional indic� que no han vulnerado ning�n derecho fundamental, toda vez que le han garantizado al actor las valoraciones con grupo interdisciplinario, especialistas y ex�menes diagn�sticos que conllevaron al cierre de conceptos y realizaci�n de la Junta M�dico Laboral, debidamente motivada mediante el acto administrativo.
Sin embargo, y pese a resultar en dos instancias calificados como APTO, el actor sigui� presentando incapacidades del servicio, situaci�n que frena su intenci�n de ascenso, como quiera que para realizar el mismo debe contar con el 100% de su capacidad, lo que no ocurre en este asunto, pues el se�or CARLOS MILL�N sigue acumulando d�as de incapacidad, las cuales suman 330 d�as.
En el 2021 present� un total de 240 d�as de excusa parcial y en el 2022 un total de 120 d�as. Por continuar excusado por patolog�a y al revisar su historial de ascenso, definieron que qued� aplazado, por cuanto para ingresar al grado de inmediatamente superior el usuario debe estar en �ptimas condiciones, ya que sus responsabilidades son mayores y se requiere que este en disponibilidad de ejercer obligaciones.
En este caso, es el Tribunal M�dico el encargado de revalorar las afectaciones de patolog�as que fueron valoradas por la Junta M�dica, por lo que no es Competencia de la Unidad Prestadora de Salud la realizaci�n de un nuevo dictamen. Solicit� que se desvincule a la Direcci�n de Sanidad y que se niegue la acci�n de tutela. 3.2.- Agotado el tr�mite a seguir en fallo de junio 29 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, la juez a quo declar� improcedente la acci�n de tutela ante la existencia de otro medio de defensa judicial y el no haberse demostrado un perjuicio irremediable.
Argument� la falladora que este tipo de controversias no se pueden dirimir por esta v�a constitucional, ya que �sta es expedita y excepcional. 4.- IMPUGNACI�N El accionante se mostr� inconforme con la decisi�n, a cuyo efecto la impugn� y solicit� que se revoque el fallo. As� argument�: La juez no valor� el escrito de tutela y las pruebas que fueron presentadas, con las que se demuestra que el �ltimo acto administrativo ejecutada por la Polic�a Nacional � Direcci�n de Talento Humano fue en junio 15 de 2023, por lo que se encuentra acreditada la inmediatez.
Frente a la inmediatez la acci�n de tutela su muestra como eficaz para evitar la vulneraci�n de sus derechos fundamentales, toda vez que el goce del fruto de su trabajo y esfuerzo se est� viendo truncado por la accionada cuando en sus respuestas no especifica por qu� se encuentra �APLAZADO� cuando finalmente est� �propuesto� y apunto de ascender al grado de Intendente Jefe.
No se tuvieron en cuenta sus argumentos, y solo se aceptaron los argumentos de la entidad accionada. Presenta una afectaci�n a su salud emocional, toda vez que tiene el derecho a ascender, por cuanto su condici�n f�sica o patol�gica no ha impedido el cumplimiento de su cargo, y viene en proceso de recuperaci�n por parte de fisiatras especialistas.
No hay un mecanismo m�s eficaz que la acci�n de tutela a la cual pueda acudir para solicitar la protecci�n de sus derechos fundamentales. Acudir a la jurisdicci�n contenciosa administrativa para ejercer el control de legalidad de los actos administrativos emanados por las deferentes dependencias de la Polic�a Nacional demandar�a tiempo que sin lugar a duda estar�a alejando la posibilidad del anhelado ascenso.
Es inconcebible que la Polic�a Nacional encuentre escusas para ascender a su personal, con el argumento de que no se cumple con lo dispuesto en el art�culo 3� del Decreto 1796/00, cuando en realidad actualmente se encuentra desempe�ando su actividad policial y est� totalmente capacitado para el servicio. Efectivamente se configura un perjuicio irremediable, pues se encuentra en una clara imposibilidad de alcanzar un logro anhelado, el cual consiste en su ascenso.
No se puede decir que no existe vulneraci�n de derechos fundamentales cuando es claro que al d�a de hoy las entidades se excusan en la falta de requisitos, pero desconocen la informaci�n de la hoja de vida, la cual no cuenta con incapacidades parciales o totales por m�s de doce meses. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto declar� improcedente la acci�n constitucional presentada por parte del se�or CARLOS ADOLFO MILL�N ARANGO.
De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.
En este caso el se�or CARLOS MILL�N concurre ante el juez constitucional por considerar que por parte las entidades accionadas se le est� vulnerando sus derechos fundamentales a la salud, igualdad, trabajo, carrera administrativa y dignidad humana, toda vez que no se ha llevado a cabo su ascenso al grado de Intendente Jefe, con el argumento de encontrarse �APLAZADO� por sus condiciones de salud.
La titular del juzgado de primer nivel, luego de agotado el traslado de la acci�n de tutela, y una vez recibida la respuesta de las entidades demandadas, decidi� declarar improcedente la acci�n de tutela ante la existencia de otro medio de defensa judicial y la no acreditaci�n de un perjuicio irremediable. El accionante impugn� la decisi�n de primera instancia y se�al� que, se demostr� no solo el perjuicio irremediable, sino tambi�n la afectaci�n de los derechos fundamentales, e incluso que el otro medio de defensa judicial no es el id�neo.
En efecto, para resolver la pretensi�n del se�or CARLOS MILL�N, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque como bien lo ha planteado en varias ocasiones la Corte Constitucional, se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales.
El art�culo 86 C.P, en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva); (ii) la�inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.
En cuanto al primero y segundo de ellos -legitimaci�n en la causa e inmediatez- no encuentra la Corporaci�n ning�n reparo; sin embargo, en relaci�n con el requisito de subsidiariedad, debe recordarse que por regla general la acci�n de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situaci�n y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha dicho: 5. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en los art�culos 86 Superior y 6� del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protecci�n de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita que: (i) el mecanismo no es id�neo ni eficaz, o (ii) �siendo apto para conseguir la protecci�n, en raz�n a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prev� la procedencia excepcional de la tutela�. Por tanto, es indispensable para resolver de fondo el problema jur�dico planteado, analizar si en efecto se acredit� la existencia de un perjuicio irremediable tal como lo plantea la apoderada judicial del accionante, veamos: Sea lo primero recordar, que los elementos que concurren en un perjuicio irremediable se identifican as�: (i) ser cierto;
(ii) ser inminente; y (iii) ser urgente, y ello a efectos de evitar la consumaci�n del da�o. Al respecto la Corte Constitucional indic�: �Este perjuicio se caracteriza: � �(i)�por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que est� por suceder prontamente;(ii)�por ser grave, esto es, que el da�o o menoscabo material o moral en el haber jur�dico de la persona sea de gran intensidad;�(iii)�porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv)�porque la acci�n de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad�. � En relaci�n con la gravedad caracterizada en el segundo supuesto, esta Corporaci�n ha determinado que es necesario que se demuestre el da�o que representa una situaci�n determinada, para que se justifique la intervenci�n del�juez constitucional.
Lo anterior, con el fin de evitar la configuraci�n de un perjuicio irremediable, por lo que antes de esta injerencia se deben evaluar las posibilidades que tiene el accionante con los mecanismos ordinarios de defensa judicial y, en caso de que lleve a cabo una intervenci�n, debe examinar si el amparo constitucional procede de forma definitiva o transitoria.� � Bajo el anterior criterio jurisprudencial, observa la Corporaci�n que en este asunto no es procedente ordenar transitoriamente el amparo constitucional pedido, toda vez que el se�or CARLOS MILL�N de manera gen�rica expuso la afectaci�n de unos derechos fundamentales, pero no indici� espec�ficamente cual da�o cierto se le causar�a en el eventual caso de que la Polic�a Nacional no procediera a decretar el ascenso de Intendente Jefe; y se menciona eventualmente, como quiera que es el mismo actor quien se�al� en la demanda de tutela que fue propuesto para el ascenso de septiembre del a�o que avanza.
Es decir, solo hasta la mencionada fecha se sabr� si las condiciones de salud que ha advertido la instituci�n por parte del actor para el ascenso desaparecieron o a�n persisten. Adicionalmente, no se indic� cu�l es el da�o inminente y cu�l es la gravedad del mismo, y por qu� se hace necesaria la intervenci�n urgente del juez de tutela. As� las cosas, ninguna circunstancia excepcional se percibe que lleve a estimar que la intervenci�n de la justicia constitucional se haga indispensable, toda vez que no se vislumbra la inminencia, urgencia y gravedad de la situaci�n presentada; en consecuencia, se debe acompa�ar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de esta ciudad.
En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida en junio 29 de 2023 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de esta ciudad, por medio de la cual se declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por el se�or CARLOS ADOLFO MILL�N ARANGO la Direcci�n de Sanidad de la Polic�a Nacional, la Junta M�dico Laboral, el Tribunal M�dico Laboral de Revisi�n Militar y de Polic�a y la Direcci�n de Talento Humano de la Polic�a Nacional.
SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Con ausencia justificada C.C. Sentencia T-086/18 Sentencia T-086/18 Sentencia de tutela 2� instancia N� 116 Radicaci�n: 660013109002 2023 00077 01 Accionante: Carlos Adolfo Mill�n Arango Confirma P�gina PAGE 8 de NUMPAGES 8 /FG� � � 2 3 4 � � �������n�\�\G\2(h}�h� �CJOJQJ^JaJ mH sH (h� �h� �CJOJQJ^JaJ mH sH "h� �CJOJQJ^JaJ mH sH %h� �5�CJOJQJ^JaJ mH sH (h}�h}�CJOJQJ^JaJ mH sH (h�dh}�CJOJQJ^JaJ mH sH (h�dh�dCJOJQJ^JaJ mH sH +h�dh}�5�CJOJQJ^JaJ mH sH %hS*�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�dh�d5�CJOJQJ^JaJ mH sH G� � 3 Q PQ������� )@Ao��������������������� $da$gd�� $da$gd}� $d�a$gd}�d�gd-&�d�gd� �d�gd�dd�gd}� ' P Q S OPQb��op����������į��r_r�įį�J�: h}�h}�5�CJaJ mH sH (h}�h-&�CJOJQJ^JaJ mH sH %h-&�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�dh-&�5�CJOJQJ^JaJ mH sH "h}�CJOJQJ^JaJ mH sH (h}�h}�CJOJQJ^JaJ mH sH (h-&�h-&�CJOJQJ^JaJ mH sH "h-&�CJOJQJ^JaJ mH sH %h� �5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h�dh� �5�CJOJQJ^JaJ mH sH �� ()@ASUopxy~�������̲������|qf[f[fPE:h}�hI,:CJ^Jh}�h�[+CJ^Jh}�h�Y�CJ^Jh}�h4p�CJ^Jh}�h�CJ^Jh}�h�CJ^Jh��h}�CJEH��^Jh#5�h��5�CJ h#5�h��h��'h}�h}�5�CJ 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