66001600003620220669501 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� U ��bjbj�n�n ^��a��a��^��&�&^4�5tx5x5x5��5�5�58�5�p7��5�U�$8(L8(t8�8�8I:F�: �:MUOUOUOUOUOUOU$NY�\hsUx5l;':"I:l;l;sUx5x5�8�8��U???l;�x5�8x5�8MU?l;MU??VCF@G�8�� ` �:�:�:�Ul;l;l;l;��l\�:�:�:�:�:�:�:�:�:�&R $3: OMISI�N DE AGENTE RETENEDOR / PRECLUSI�N DE INVESTIGACI�N / DUPLICIDAD DE CAUSALES El asunto que concita la atenci�n de la Sala se contrae b�sicamente a establecer el grado de acierto que contiene la decisi�n emitida por el funcionario a-quo al haber decretado la preclusi�n de la indagaci�n, b�sicamente al considerar que se acredit� la causal de atipicidad del hecho; o si, por el contrario, como se entiende de lo reclamado por la representante de la v�ctima recurrente, el delito endilgado si existi� y por tal motivo no era la causal correcta, sino aquella derivada del pago de la obligaci�n tributaria� PRECLUSI�N DE INVESTIGACI�N / ATIPICIDAD DEL HECHO / ATIPICIDAD DEL HECHO / CARGA PROBATORIA / RETECREE � que al tratarse la preclusi�n de una determinaci�n judicial que hace tr�nsito a cosa juzgada, la causal esgrimida debe estar debidamente demostrada, sin que exista duda alguna al respecto, carga esta, que en sentir de la Sala no fue debidamente acreditada por el ente acusador -aunada a su escueta argumentaci�n�-, y que, por lo mismo, no pod�a ser avalada por el funcionario de primer nivel, m�xime que contrario a la postura de la Fiscal�a, para la Sala la ilicitud endilgada si se configur� el Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE-, fue creado por la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012� dicha norma fue reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013, donde se plasm� en su art�culo 1� que son sujetos pasivos de tal contribuci�n �las sociedades, personas jur�dicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios�� PRECLUSI�N DE INVESTIGACI�N / POR CAUSAL DISTINTA A LA INVOCADA � dada la posibilidad que la jurisprudencia ha otorgado a los operadores jur�dicos para que se dicte preclusi�n por una causal distinta a la invocada, siempre y cuando esta se encuentre plenamente demostrada, se proceder� a estudiar la cuesti�n para establecer si se puede acceder a ello en favor de la ac� procesada� pese a pedirse por causal diferente, el fiscal tambi�n dio cuenta que la se�ora DCPF ya hab�a pagado la obligaci�n tributaria del per�odo 2012-13, correspondiente al Impuesto sobre la Renta para la Equidad � CREE y para ello hizo alusi�n al correo electr�nico que en diciembre 13 de 2022, se le env�o por parte de la DIAN, donde se le inform� la p�rdida de inter�s de la entidad para proseguir con esta actuaci�n, por cuanto ya se cancel� en su integridad lo adeudado.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, primero (01) de agosto de dos mil veintitr�s (2023) ACTA DE APROBACI�N N� 799 SEGUNDA INSTANCIA Indiciado: DCPFC�dula de ciudadan�a:Delito:Omisi�n del agente retenedor o recaudadorV�ctima:DIANProcedencia:Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) con funciones de conocimientoAsunto:Decide apelaci�n interpuesta por el representante de v�ctimas contra auto proferido en mayo 02 de 2023, por medio del cual se precluy� la investigaci�n. CONFIRMA PARCIALMENTE.Radicaci�n66001600003620220669501 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y precedentes 1.1.- Los hechos de acuerdo con la denuncia formulada en agosto 31 de 2022 por un apoderado de la Unidad Penal de la Direcci�n Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira -en adelante DIAN- se hicieron consistir en que la se�ora DCPF, representante legal de la empresa �Topigen�tica S.A.S.� como responsable de consignar las sumas recaudadas por concepto del Impuesto sobre la Renta para la Equidad � CREE, -en adelante RETECREE como as� lo refiri� la apoderada de la DIAN- originados por los ingresos resultantes de la explotaci�n econ�mica de la cr�a de ganado porcino, omiti� consignar a �rdenes del erario p�blico, dentro de los dos meses siguientes a la fecha se�alara por el Gobierno Nacional para su presentaci�n y pago, lo correspondiente al per�odo 2013-12, por valor de $615.000,oo, suma que adeuda, pese a los requerimientos persuasivos efectuados para lograr su cancelaci�n. 1.2.- En febrero 16 de 2022 se present� por parte de la Fiscal 10 Seccional de Pereira solicitud de preclusi�n, cuyo tr�mite le fue asignado al Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta capital, autoridad ante la cual se llev� a cabo la audiencia en mayo 02 de 2023, donde se argument� por parte de la Fiscal�a lo siguiente: Empez� por decir que si bien ser�a del caso pedir la preclusi�n por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la accion por el pago de la obligaci�n tributaria, debe hacerlo por atipicidad del hecho, para estar acorde con la l�nea del despacho y de la Fiscal�a, en consenso con todos los jueces penales del Circuito, en tanto esta conducta no debi� ser denunciada por la DIAN, al ser un asunto meramente tributario, ello conforme el canon 10 C.P., sin desconocer que existen normas en blanco, sin que este sea el caso.

El legislador en el art�culo 402 C.P. -al que hace alusi�n-, de manera expresa e inequ�voca estableci� que se incurre en tal il�cito, en el caso de la retenci�n en la fuente o frente al impuesto sobre las ventas o el impuesto al consumo, sin dar lugar a interpretaciones, y es por ello que pide que se precluya la actuaci�n y se decrete la extinci�n de la acci�n penal, en aplicaci�n del numeral 4�, art. 332 C.P.P., por atipicidad del hecho; advierte sin embargo, que en este caso mediante correo de diciembre 13 de 2022, suscrito por ANGELICA MAR�A RAM�REZ MARROQUIN, se dice que la DIAN pierde inter�s porque se ha pagado en su totalidad la obligaci�n y allega la certificaci�n pertinente, donde se evidencia que el a�o y per�odo concepto de denuncia, se encuentra a paz y salvo. - La apoderada de la DIAN, manifiesta que si la preclusi�n se da por la causal 1� del art. 332 C.P.P., sobre imposibilidad de continuar el ejercicio de la acci�n penal no tendr�a objeci�n, pero si por el contrario lo es por atipicidad del hecho, contenida en el numeral 4�, si lo har� por cuanto respecto al art�culo 402 C.P., la Corte Constitucional en sentencia C-290 de 2019, dice que hace parte de los tipos penales en blanco, y por consiguiente los supuestos de hecho se hallan regulados total o parcialmente en normas extrapenales, que para este caso es el Estatuto Tributario -en adelante E.T.- y sus decretos reglamentarios, aunado a que el canon 665 E.T. habla sobre la responsabilidad penal por no consignar retenciones en la fuente e IVA.

Ahora, debe saberse que la retenci�n en la fuente -en adelante RETEFUENTE- es un cobro anticipado de un impuesto que se pagara a futuro, sin que en la menci�n que se hace en el art�culo 402 C.P., se especifique sobre qu� tipo de RETEFUENTE se penaliza al contribuyente, m�xime que cuando se habla de esta puede ser a t�tulo de renta, ventas o industria y comercio y por ende tal normativa refiere a t�tulo general de la RETEFUENTE, sin importar de cu�l se trate y por esa raz�n debe entenderse como si fueran absolutamente todas, ya que el legislador no quiso especificar por cu�les se incursiona en tal il�cito.

Puntualmente la retenci�n por RETECREE, creada por Decreto 862 de 2013, es un pago de impuesto a futuro que se realiza anticipadamente con una destinaci�n espec�fica -parafiscales-, y cuando se cre� el legislador no la dej� por fuera del �mbito penal, a que alude el art�culo 402, por lo que se opone a que se precluya por atipicidad, toda vez que el hecho investigado si est� tipificado; no obstante, si es por el pago que efectu� la indiciada, cuya cancelaci�n fue certificado por el funcionario de la Divisi�n Jur�dica, no se opondr�a a la preclusi�n. -No obstante que a la audiencia acudi� la se�ora DCPF, no hizo presencia defensor alguno, en tanto, seg�n la constancia dejada en esa ocasi�n, se solicit� al Centro de Servicios la designaci�n de un defensor p�blico, sin haberse recibido respuesta alguna. 1.3.- Una vez analizados los argumentos esbozados, el funcionario de primer grado accedi� a la solicitud preclusiva invocada, conforme el numeral 4� del canon 332 C.P.P., para lo cual esgrimi�: Debe ser coherente con las decisiones ya adoptadas, por cuanto la RETECREE es un impuesto que se cobra por anticipado, aunque se dice que hace parte de la RETEFUENTE, pero a ese respecto seg�n el canon 402 C.P., se incurre cuando no se consignan las sumas retenidas o autorretenidas, sin que tal norma haya sido modificada, misma que tambi�n cobija al impuesto de IVA, por lo que mantiene su postura que la RETECREE no est� all� establecida, esto es, que sea un impuesto de tipo sancionable, y en su sentir la causal invocada es la que se ajusta a la preclusi�n, aunado a que en la etapa de investigaci�n tal facultad la ostenta la Fiscal�a, al ser la �nica que puede invocar dichas causales, y que ya emitido frente a esa nueva modalidad de denuncia de la DIAN sobre un impuesto diferente a RETEFUENTE, IVA, renta e impuesto al consumo, lo que apenas apareci� ahora y en las decisiones ha dejado sentada su posici�n, al considerar que le asiste raz�n a la Fiscal�a en el sentido que ac� no hay delito, al no configurarse la tipicidad de la conducta que regula el art. 10 C.P. ni lo contemplado en el art. 402 C.P. 1.4.- Inconforme con dicho prove�do, la apoderada de la DIAN interpuso recurso de apelaci�n. 2.- Debate 2.1.- Representante de v�ctimas (DIAN) -recurrente- Pide se revoque la determinaci�n proferida, de precluir por atipicidad de la ilicitud y para ello manifest�: La causal aducida no es la adecuada, en tanto la omisi�n del agente retenedor o recaudador, s� es t�pica, por cuanto la se�ora DCPF como representante legal de �Topigen�tica S.A.S.� no pag� la RETECREE del per�odo 2013-12 por valor de $615.000,oo, con lo que incurri� en tal ilicitud, misma que por ser un tipo penal en blanco debe acudirse a normas extrapenales, como lo es el E.T., el que en su art�culo 665 se refiere a la responsabilidad por no consignar en los plazos fijados la RETEFUENTE e IVA, y por ello se queda sometido a las penas a que alude el canon 402 C.P. Reitera que la RETEFUENTE m�s que un impuesto, es un recaudo anticipado de un impuesto, sin que el art�culo 402 indique qu� tipo de RETEFUENTE se sanciona, al ser un sin n�mero de retenciones, sin que el legislador indicara en la norma penal puntualmente qu� tipo de retenci�n ser�a sancionable.

Aduce que el Decreto 862 de 2013 regul� la retenci�n sobre el Impuesto sobre la Renta para la Equidad o RETECREE, el cual siempre va a ser un tipo de RETEFUENTE para llevar un tipo espec�fico de recaudos, esto es, los parafiscales, dej�ndose claro que el par�grafo 1� del art�culo 2� de esa normativa, dispone que los agentes de retenci�n o autorretenci�n, deben cumplir las mismas obligaciones para los agentes de retenci�n sometidos al procedimiento y r�gimen sancionatorio del E.T., lo que nos gu�a al art. 665 que alude a la responsabilidad penal por la no consignaci�n de la RETEFUENTE, por lo que el art�culo 402 no puede verse de manera cerrada y decirse que RETEFUENTE hay solo una, al existir un sin n�mero de ellas, m�xime que la RETECREE se cre� con un fin espec�fico, sin que con ello se pueda decir que se modifique el art�culo 402 C.P., sino que debe verse de forma amplia junto con el E.T. Pide se revoque lo decidido, para que posteriormente se pida la preclusi�n por la causal correcta, ante el pago de la obligaci�n. 2.2.- Fiscal -no recurrente- Solicita se confirme la decisi�n emitida y para ello expone: No hay duda, que en este caso ya hay pago de la obligaci�n, lo que dar�a lugar a la preclusi�n por tal raz�n, pero se invoc� la causal 4� del art. 332 C.P.P., por cuanto el RETECREE o Impuesto sobre la Renta para la Equidad, no es una retenci�n, sino un impuesto aplicable solo a las personas jur�dicas, el que mirado desde el punto de vista ontol�gico es igual al de renta, y por ende definido claramente en qu� consiste este, al mirar el esp�ritu del legislador, frente a la RETEFUENTE, el IVA y el impuesto al consumo nacional, se aprecia que se sanciona la apropiaci�n indebida de dineros por parte de una persona, lo que no es un pago de un impuesto, esto es, la persona retiene a un tercero un dinero que no es suyo, mismo que debe cancelarlo al erario, lo que tambi�n sucede con el IVA y el impuesto al consumo, es decir, solo se tiene la funci�n de recaudar.

Aunque la abogada de la DIAN, habla del tipo penal en blanco, ac� se advierte una parte que en determinado momento debe ser interpretada, como qu� es el impuesto al IVA, pero distinto es cuando el legislador de forma expresa que es por RETEFUENTE, sin dejarlo al arbitrio del int�rprete, y por ende darle v�a libre a la posici�n de la DIAN al ejecutar unos cobros porque as� est�n establecidos por la ley, genera que se termine por ser sus cobradores, y aunque el legislador ha dejado unos apartes en blanco que se deben interpretar, ello no puede hacerse de la manera amplia como lo pretende la DIAN, m�xime que la RETECREE es un impuesto como lo dispone la norma, no una retenci�n, y as� se debe analizar, mismo que incluso ya no existe al ser derogado.

Reitera que, aunque procede la preclusi�n por pago, se debe poner un �contenedor� ante ese exceso o abuso de la DIAN, entidad que aprecia, ante esa desmedida tipificaci�n que realiza y decidir por medio de la jurisdicci�n penal que se efect�en recaudos de impuestos, cuando el legislador no lo contempl� como punible, por lo que pide se confirme el prove�do, al ser el criterio de todos los jueces de Pereira. 2.3.- Sustentado el recurso, el funcionario de primer nivel lo concedi� el en efecto suspensivo, y dispuso enviar el expediente digital a esta Sala para desatar la alzada. 3.- Para resolver, se considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -modificado este �ltimo por el art�culo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelaci�n contra providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso el representante de v�ctima-. 3.2.- Problema jur�dico planteado El asunto que concita la atenci�n de la Sala se contrae b�sicamente a establecer el grado de acierto que contiene la decisi�n emitida por el funcionario a-quo al haber decretado la preclusi�n de la indagaci�n, b�sicamente al considerar que se acredit� la causal de atipicidad del hecho; o si, por el contrario, como se entiende de lo reclamado por la representante de la v�ctima recurrente, el delito endilgado si existi� y por tal motivo no era la causal correcta, sino aquella derivada del pago de la obligaci�n tributaria, respecto de la cual en caso de haberse soportado probatoriamente, la Sala estudiar�, una vez analizado lo anterior, si puede dar aplicaci�n a la misma. 3.3.- Soluci�n a la controversia Previo a incursionar en el fondo de la situaci�n problem�tica y como quiera que en este caso fue la representante de v�ctimas quien se mostr� inconforme con la determinaci�n preclusiva con las consecuencias que ello genera -al hacer tr�nsito a cosa juzgada-, se hace indispensable resaltar la importancia de la participaci�n de este sujeto procesal en la audiencia referida, en los t�rminos resaltados por la H. Corte Suprema de Justicia, as�: �De all� que si a la v�ctima le asiste el derecho a estar informada en todo tiempo sobre el resultado de las investigaciones, a que se le escuche y se le facilite la labor de aportar pruebas, a que se le ilustre y asista para ejercer sus derechos, con mayor �nfasis ha de concluirse que tiene derecho de hacerse presente y ser escuchada en aquellas audiencias en que la Fiscal�a pone en consideraci�n del Juez su intenci�n de declinar su obligaci�n de presentar acusaci�n contra el imputado, bien porque pretenda la aplicaci�n del principio de oportunidad, ora porque ha llegado al convencimiento de que concurre una causal de preclusi�n de la investigaci�n, eventos ambos en que la presencia de la v�ctima se torna indispensable, pues en firme una de tales decisiones cesa con efectos de cosa juzgada material la persecuci�n penal en contra del imputado por los hechos que la han originado -art�culos 329 y 334-�. Igualmente, y como se observ� en la audiencia de sustentaci�n y decisi�n de preclusi�n, la se�ora DCPF, no estuvo provista de defensa t�cnica, en tanto si bien el juzgado emiti� la solicitud pertinente al Centro de Servicios Judiciales y con destino a la Defensor�a P�blica, ninguna respuesta se recibi�, pero aun as� el despacho procedi� a la realizaci�n de la diligencia. En condiciones normales, se dir�a que una situaci�n de tal naturaleza resquebrajar�a de tajo el derecho a la defensa que le asiste a todas las personas, por cuanto, este, como componente del debido proceso, se debe garantizar en todas las etapas del proceso.

No obstante, en este evento en particular se tiene que la investigaci�n seguida contra la ciudadana DCPF, se encuentra en etapa de indagaci�n y que fue precisamente en la misma, que el fiscal que adelanta la investigaci�n pidi� que se decretara a su favor la preclusi�n de la actuaci�n, como facultad exclusiva y excluyente del �rgano persecutor para proceder de tal manera, acorde con lo reglado en los art�culos 331 y 332 C.P.P., los cuales prev�n dos oportunidades para reclamar tal solicitud, a saber: (i) en la etapa de indagaci�n e investigaci�n, �nicamente el representante del ente acusador est� facultado para pedir al juez de conocimiento la preclusi�n de la investigaci�n por cualquiera de las causales previstas en la referida norma, y (ii) en la etapa de juzgamiento, oportunidad en la que la petici�n puede ser elevada por la Fiscal�a, el Ministerio P�blico y el defensor, pero s�lo cuando se trate de las causales previstas en los numerales 1� y 3� del canon 332 C.P.P. Por lo anterior, si bien es cierto �nicamente el delegado de la Fiscal�a pod�a postular la preclusi�n y consecuencialmente, impugnar la decisi�n judicial de resultarle adversa, se hac�a necesario convocar al abogado de la indiciada, en tanto el ejercicio al derecho a la defensa, no se pregona �nicamente desde la imputaci�n de cargos, sino desde el momento mismo en que la persona tiene conocimiento de una actuaci�n penal en su contra, m�xime que, como as� lo ha sostenido la Corte Constitucional, es posible que una vez incoada la preclusi�n por la Fiscal�a, la defensa coadyuve la petici�n, invoque una causal no esbozada pero acreditada, o incluso controvierta los argumentos de los dem�s intervinientes, con lo que el juez tendr�a m�s elementos de juicio al momento de resolver acerca de la procedencia de la solicitud, sin desconocer claro est�, que dada la etapa de indagaci�n en que se eleva tal pretensi�n, la defensa carecer�a de legitimaci�n para controvertir lo decidido, por cuanto en la misma, se itera, el rol protag�nico lo ejerce la Fiscal�a, al ser el �nico sujeto procesal que podr�a controvertir la decisi�n adoptada, de no consultar sus intereses.

No obstante lo anterior y pese a que la se�ora DCPF no tuvo una representaci�n de un defensor en la audiencia de preclusi�n, ya fuera de confianza o adscrito a la defensor�a p�blica, dada la limitaci�n del rol que all� le asiste, el cual, se reitera, podr�a serlo �nicamente para coadyuvar lo sostenido por el delegado fiscal o controvertir lo expuesto por la apoderada de v�ctimas, el que ello en este asunto en concreto no se hubiera efectuado, no genera irregularidad alguna para retrotraer la actuaci�n, m�xime que, como se ver�, del estudio que la Sala abordar�, finalmente se acceder� a la solicitud preclusiva pretendida en favor de la indiciada, pero se modificar� la causal previamente invocada.

De igual manera, y aunque tambi�n podr�a pensarse que la DIAN carecer�a de legitimaci�n para atacar la determinaci�n adoptada, por cuanto al avalar la decisi�n de preclusi�n, pese a la discrepancia con la causal invocada, no ha sufrido perjuicio econ�mico, no puede olvidarse que seg�n la ley y la jurisprudencia el derecho de las v�ctimas y perjudicados por un delito�no se circunscribe exclusivamente�a temas de naturaleza econ�mica, sino que tambi�n�incorpora asuntos de justicia y�verdad;� y en este contexto para la Sala, la DIAN s� est� legitimada para apelar una decisi�n en la que la�conducta denunciada�por dicha entidad se consider�at�pica, lo que le permitir�a a la Fiscal�a continuar�en el fututo presentando solicitudes de preclusiones en el mismo sentido.

Adicionalmente, es derecho de las v�ctimas que al hecho denunciado se le imprima la calificaci�n jur�dica que en efecto le corresponde. Luego de ese necesario pre�mbulo, se tiene que en este caso el tema central que debe ser objeto de an�lisis, como se desprende de lo argumentado por la recurrente, consiste en dilucidar si en este caso se presenta el punible de omisi�n del agente retenedor o recaudador, contemplado en el canon 402 C.P., por el cual fuera denunciada la se�ora DCPF, en su calidad de representante legal de la sociedad �Topigen�tica S.A.S.�, al no haber consignado al erario p�blico, dentro de los plazos fijados por la ley, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE- correspondiente al per�odo 2013-12, por valor de $615.000,oo; o si por el contrario, como as� lo consider� el a-quo al avalar la solicitud del �rgano persecutor, la conducta es at�pica, por cuanto en su sentir tal impuesto no se encuentra cobijado por dicha normativa.

Al respecto, debe empezar por decirse, como se sabe, que la tipicidad constituye uno de los elementos estructurales de la conducta punible, y que permite establecer si los hechos atribuidos en efecto tienen consonancia con la descripci�n t�pica prevista en la norma sustantiva, aunado a que, como tambi�n es sabido, para que prospere una preclusi�n por la causal 4�, debe tratarse de una atipicidad absoluta y no meramente relativa, como lo ha sostenido de tiempo atr�s la jurisprudencia.

De igual manera, y como lo ha sostenido la Corte Suprema, para que opere la causal de preclusi�n, debe haberse demostrado que la causal invocada est� plenamente soportada m�s all� de toda duda, v�ase: �La Sala tiene pac�ficamente sentado que la decisi�n por la cual se decreta la preclusi�n tiene efectos de cosa juzgada, de modo que un pronunciamiento favorable a la pretensi�n de poner fin anticipado a la actuaci�n �exige que la causal que la funda se encuentre demostrada de manera cierta o, lo que es igual, que respecto de la misma no exista duda o posibilidad de verificaci�n contraria con un mejor esfuerzo investigativo�.

Dicho en otros t�rminos, �la alternativa de poner fin al proceso por esta v�a supone la existencia de prueba de tal entidad que determine de manera concluyente la ausencia de inter�s del Estado en agotar toda la actuaci�n procesal prevista por el legislador para ejercer la acci�n penal, dando paso a un mecanismo extraordinario por virtud del cual pueda cesar de manera legal la persecuci�n penal�.

En ese entendido, la preclusi�n s�lo ser� viable cuando el peticionario -y en este caso la Fiscal�a-, acredite argumentativa y probatoriamente que i) se han agotado plenamente las posibilidades investigativas, y ii) la causal invocada est� configurada m�s all� de cualquier duda�. De lo anterior, se puede pregonar entonces, que al tratarse la preclusi�n de una determinaci�n judicial que hace tr�nsito a cosa juzgada, la causal esgrimida debe estar debidamente demostrada, sin que exista duda alguna al respecto, carga esta, que en sentir de la Sala no fue debidamente acreditada por el ente acusador -aunada a su escueta argumentaci�n, que trat� de suplir al adicionar como no recurrente aspectos que no indic� al elevar su pretensi�n-, y que por lo mismo, no pod�a ser avalada por el funcionario de primer nivel, m�xime que contrario a la postura de la Fiscal�a, para la Sala la ilicitud endilgada si se configur�, lo que sostenemos con fundamento en lo siguiente: El art�culo 402 C.P., por el cual se formul� denuncia penal por parte de la DIAN en contra de la se�ora DCPF, dispone: �Art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html" \l "402" 402.�Omisi�n del agente retenedor o recaudador.�El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retenci�n en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno nacional para la presentaci�n y pago de la respectiva declaraci�n de retenci�n en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones p�blicas no las consigne dentro del t�rmino legal, incurrir� en prisi�n de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT.

En la misma sanci�n incurrir� el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligaci�n legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno nacional para la presentaci�n y pago de la respectiva declaraci�n del impuesto sobre las ventas.

El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que omita la obligaci�n de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado a ello, incurrir� en la misma pena prevista en este art�culo. Trat�ndose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.

PAR�GRAFO.�El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a la ventas, el impuesto nacional al consumo o el recaudador de tasas o contribuciones p�blicas, que extinga la obligaci�n tributaria por pago o compensaci�n de las sumas adeudadas, seg�n el caso,�junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se har� beneficiario de resoluci�n inhibitoria, preclusi�n de investigaci�n o cesaci�n de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar� -subrayas de la Sala.

A voces del delegado de la Fiscal�a, la DIAN no debi� denunciar a la se�ora DCPF por el aludido punible, al estimar que es un asunto meramente tributario, aunado a que el legislador previ� de manera expresa que incursiona en tal il�cito quien no consigne lo relativo a la RETEFUENTE o impuestos al IVA y al consumo, por lo que en su sentir como en este caso se trata de un Impuesto sobre la Renta para la Equidad, no opera la normativa penal, postura, que como viene de verse fue avalada por el a-quo, quien como as� lo sostuvo es una decisi�n ya reiterada, no solo por �l, sino por los dem�s jueces del Distrito Judicial -aunque a la Sala es la primera decisi�n que arriba en tal sentido, sin conocerse ninguna otra sobre esa misma tem�tica-.

Para la Corporaci�n, en contrav�a de la postura del delegado fiscal, y que aval� el a-quo, no es cierto que el no pago de ese tributo, se encuentre excluido del tipo penal, como de manera contundente lo afirman los aludidos funcionarios, en tanto conforme con la disertaci�n elevada por la apoderada de la DIAN, para entender los supuestos de hecho contemplados en el canon 402 C.P., como tipo penal en blanco, se hace necesario acudir a normas jur�dicas extrapenales, esto es, que no hacen parte del C�digo Penal para completar o entender su significado, y en ese orden podr�a decirse, que le asiste raz�n a la DIAN en el sentido que al incurrir en el no pago del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, dentro de los plazos fijados por el Gobierno Nacional, ello comportar�a la incursi�n en la norma prohibitiva, lo que desvirt�a el argumento central de la preclusi�n. La Corte Constitucional, en punto de los tipos penales en blanco, y con miras a establecer si respetan o no los principios de legalidad y taxatividad, evalu� el grado de determinaci�n del il�cito a partir los siguientes requisitos: �(i) La remisi�n normativa debe ser clara y precisa a efectos de que permita a la ciudadan�a delimitar inequ�vocamente el alcance de la conducta penalizada y la sanci�n correspondiente.

(ii) La redacci�n de la norma debe permitir al int�rprete establecer claramente cu�l es la conducta que el legislador pretende sancionar y determinar, al menos, los elementos estructurales del tipo penal; es decir, la conducta y las sanciones. (iii) Solo si la indeterminaci�n de un tipo penal es insuperable puede ser declarada inexequible.

Es decir, si existen elementos que permitan a los operadores jur�dicos establecer el alcance de los tipos penales en blanco, entonces la Corte debe respetar el principio democr�tico y conservar la norma penal. (iv) La remisi�n normativa, puede ser propia o impropia. En caso de una remisi�n propia no existe mayor tensi�n con la reserva de ley.

Sin embargo, cuando las remisiones son impropias su adecuaci�n con la Constituci�n depender� de que el reenv�o normativo sea: (i) preciso, (ii) previo a la configuraci�n de la conducta, (iii) tenga un alcance general y sea de conocimiento p�blico y (iv) preserve los principios y valores constitucionales. (v) La norma a la que se hace la remisi�n debe existir al momento de materializarse la conducta y debe realizar la respectiva adecuaci�n t�pica en el caso particular.

Esta regla admite que la norma complementaria sea expedida con posterioridad al tipo penal, siempre y cuando la adecuaci�n t�pica sea posterior a la norma complementaria. Esto garantiza el derecho a ser juzgado solo con base en las leyes preexistentes� . En este caso en particular, tenemos que el Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE-, fue creado por la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, y acorde con lo reglado en el Cap�tulo II, art�culo 20, se dio vida a tal contribuci�n, al plasmarse: �Art�culo�20.-�Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).�Cr�ase, a partir del 1 de enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jur�dicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generaci�n de empleo, y la inversi�n social en los t�rminos previstos en la presente ley. � Tambi�n son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Para estos efectos, se consideran ingresos de fuente nacional los establecidos en el art�culo 24 del Estatuto Tributario�. Tal y como se aprecia, dicho impuesto tuvo una creaci�n de car�cter legal, y como as� debe entenderse de lo referido por la apoderada de la DIAN, dicha norma fue reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013, donde se plasm� en su art�culo 1� que son sujetos pasivos de tal contribuci�n �las sociedades, personas jur�dicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes�, y as� mismo tambi�n se dispuso: �Art�culo 2�.�Retenci�n en la fuente.�De conformidad con lo dispuesto en el art�culo� HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51040" \l "37" 37�de la Ley 1607 de 2012, a partir del 1� de mayo de 2013, para efectos del recaudo y administraci�n del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE, establ�zcase una retenci�n en la fuente a t�tulo de este impuesto, la cual se liquidar� sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes acti vidades econ�micas y a las siguientes tarifas: [�] C�digo actividad econ�micaNombre actividad econ�micaTarifa de retenci�n aplicable sobre todos los pagos0144Cr�a de ganado porcino0.30% [�] Para tal efecto, al momento de efectuar el respectivo pago o abono en cuenta, el agente retenedor o el autorretenedor, seg�n el caso, deber� practicar la retenci�n a t�tulo del impuesto sobre la renta para la equidad �CREE en el porcentaje aqu� previsto. [�] Art�culo 3�.�Retenci�n y/o autorretenci�n.�Para efectos de lo previsto en el presente art�culo, los agentes de retenci�n se�alados en el inciso 1� del art�culo 368, con excepci�n de las personas naturales que no tengan la calidad de comerciantes, las comunidades orga nizadas y las sucesiones il�quidas, y en los art�culos 368-1 y 368-2 del Estatuto Tributario, deber�n efectuar la retenci�n del tributo cuando efect�en pagos o abonos en cuenta a las sociedades, personas jur�dicas y asimiladas, as� como a las sociedades y entidades extran jeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que unas y otras sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad � CREE. [�] Ser�n autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad � CREE quienes a la fecha de la entrada en vigencia del presente decreto tengan dicha calidad, as� como quienes en adelante designe el Director General de la U.A.E. Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). [�] Par�grafo 1�.�Los agentes de retenci�n y de autorretenci�n por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad � CREE, deber�n cumplir las obligaciones establecidas para los agentes de retenci�n en el T�tulo II del Libro Segundo del Estatuto Tributario y estar�n sometidos al procedimiento y r�gimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario. [�] Los plazos para presentar las declaraciones de retenci�n en la fuente correspondientes a los meses del a�o 2013 y cancelar el valor respectivo, vencen en las fechas del mismo a�o que se indican a continuaci�n, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el a�o 2014.

Estos vencimientos corresponden al �ltimo d�gito del NIT del agente retenedor, que conste en el Certificado del Registro �nico Tributario (RUT), sin tener en cuenta el d�gito de verificaci�n [�]� Ahora bien, de lo referido en dicha normativa y contrario sensu a lo sostenido por el delegado del ente acusador, se evidencia que si bien, t�cnicamente la Ley 1607 de 2012, cre� el aludido impuesto, es evidente de la norma que lo reglament�, que dada la manera en que el legislador previ� la forma de recaudarlo, como fue atribuirle la misma a los agentes recaudadores o autorretenedores, ello indudablemente en sentir de la Corporaci�n, puede conllevar a que se catalogue como una RETEFUENTE, como se desprende de tal precepto legal y como as� lo ha sostenido la apoderada de v�ctimas.

En consecuencia, m�rese que el art�culo 367 E.T., dispone que la RETEFUENTE tiene �por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause�, y adem�s, que est�n obligados a realizar la aludida retenci�n o percepci�n del tributo �los agentes de retenci�n que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposici�n legal, efectuar dicha retenci�n o percepci�n�, como lo dispone el canon 375 �dem.

Aunado a ello, y como lo refiri� la apoderada de la DIAN, la RETEFUENTE, puede provenir de muchas fuentes, como as� se plasm� en el t�tulo III del E.T. dispone a saber: (i) ingresos laborales, (ii) dividendos y participaciones, (iii) honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos, (iv) rendimientos financieros, (v) enajenaci�n de activos fijos de personas naturales, (vi) otros ingresos tributarios, y (vi) por pagos al exterior.

De ah� que para la Sala no hay duda, que la posibilidad que previ� el ordenamiento jur�dico para recaudar el Impuesto sobre la Renta para la Equidad, lo fue precisamente mediante los agentes retenedores o autorretenedores, y para este caso en particular, tal funci�n, am�n de su condici�n de representante legal de la sociedad �Topigen�tica S.A.S.�, le fue atribuida legalmente a la se�ora DCPF, am�n de la actividad econ�mica desempe�ada, esto es, por los ingresos resultantes de la explotaci�n econ�mica de la cr�a de ganado porcino. Ahora bien, m�rese igualmente que el par�grafo 1� del art. 3� del Decreto 862 de 2013, dispuso que los agentes de retenci�n y de autorretenci�n por concepto del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, no solo deben cumplir las obligaciones erigidas para los agentes de retenci�n en el T�tulo II del Libro Segundo E.T., sino que adem�s estar�n sometidos al procedimiento y r�gimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario�.

Y a ese respecto se tiene que el art�culo 665 E.T., se�ala: �ART�CULO 665. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y EL IVA.� El Agente Retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro de los dos (2) meses siguientes a aquel en que se efectu� la respectiva retenci�n, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores p�blicos que incurran en el delito de peculado por apropiaci�n. En la misma sanci�n incurrir� el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligaci�n legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro del mes siguiente a la finalizaci�n del bimestre correspondiente.

Trat�ndose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto, las empresas deber�n informar a la administraci�n de la cual sea contribuyente, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la autonom�a suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptaci�n. De no hacerlo las sanciones previstas en este art�culo, recaer�n sobre el representante legal.

Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligaci�n tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensaci�n de las sumas adeudadas, no habr� lugar a responsabilidad penal,� -subrayas de la Sala-. Para la Sala entonces, y en contrav�a de lo sostenido por el delegado del ente acusador, deb�a acudirse a dichas normas extrapenales para verificar si en efecto la omisi�n en el pago del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, a la que estaba obligada la empresa Topigen�tica S.A.S., por intermedio de su representante legal, como obligada a su retenci�n o autorretenci�n -seg�n el caso-, comportaba alg�n tipo de sanci�n, y de su estudio, como viene de verse, se puede establecer sin lugar a equ�voco, que de incursionarse en tal omisi�n, ello per se, la har�a ingresar en los linderos del canon 402 C.P., de ah� que para la Corporaci�n, en consonancia con lo sostenido por la apoderada de la DIAN, la conducta atribuida a la se�ora DCPF, s� est� prevista en el ordenamiento punitivo.

Ahora, no puede la Sala compartir la postura de la Fiscal�a y el a-quo, al dar a entender que de acuerdo con lo reglado en el art�culo 402 C.P., all� no se encuentra como tipificado el impuesto RETECREE -que como se sabe fue derogado desde diciembre 29 de 2016-, en tanto solo se contempla el IVA y el impuesto al consumo nacional, cuando como se vio con antelaci�n, para su recaudaci�n, se le otorg� tal facultad a los agentes retenedores o autorretenedores, calidad, que se reitera, ostenta la ac� procesada.

De all�, que no le asiste raz�n alguna a la Fiscal�a, ni mucho menos al funcionario judicial en su disertaci�n, para proceder a disponer la preclusi�n de la actuaci�n, con fundamento en la causal 4� del art�culo 332 C.P.P., en tanto como viene de verse, la ilicitud que se le atribuida a la ac� procesada, si tuvo ocurrencia. Tales razonamientos ser�an suficientes para que la Corporaci�n revoque la providencia adoptada por el a-quo con miras a disponer, como as� lo pidi� la apoderada de la DIAN, que la Fiscal�a eleve nuevamente la solicitud preclusiva, pero por la causal 1� del art. 332 C.P.P., en tanto ac� ya se verific� el pago de la obligaci�n tributaria; no obstante, en atenci�n a la celeridad, econom�a procesal, as� como al principio rector de la actuaci�n procesal y criterio de orientaci�n hermen�utico, con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial, se abstendr� la Corporaci�n de emitir una decisi�n en tal sentido y por el contrario, sin desconocer, como no puede hacerlo, que la titularidad de la acci�n penal recae en el �rgano persecutor, as� como el car�cter adversarial y el sistema de partes que rige el sistema penal acusatorio, pero dada la posibilidad que la jurisprudencia ha otorgado a los operadores jur�dicos para que se dicte preclusi�n por una causal distinta a la invocada, siempre y cuando esta se encuentre plenamente demostrada, se proceder� a estudiar la cuesti�n para establecer si se puede acceder a ello en favor de la ac� procesada.

Al tenor de lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido: �Dada la trascendencia del decreto de la preclusi�n de la investigaci�n, en el sentido de que hace tr�nsito a cosa juzgada, el �rgano competente para proferirla es el juez de conocimiento (sentencias C-872 de 2003, C-591 de 2005 y C-920 de 2007 emitidas por la Corte Constitucional), y su pronunciamiento debe restringirse a la causal invocada por la Fiscal�a, el Ministerio P�blico o la defensa, seg�n la etapa procesal donde se presente la solicitud.

De manera que, por regla general, el juez no debe adoptar decisi�n alguna en relaci�n con causales no alegadas, so pena de vulnerar el debido proceso establecido en la Ley 906 de 2004 para ese instituto jur�dico. En este sentido, si la causal alegada se encuentra probada, el juez debe disponer la preclusi�n, aun cuando considere que la terminaci�n del proceso tambi�n procede por motivo diferente.

Por el contrario, si la decisi�n consiste en negar la existencia de la causal propuesta �no pueden los jueces entrar a hacer juicios de valor sobre otras causales que no le han sido puestas de presente, porque en tal caso se estar�a desbordando la actividad judicial al entrar a resolver cuestiones que no le han sido planteadas y tampoco debatidas�.

(CSJ AP 8 feb. 2008. Radicado 28908; CSJ AP. 15 jul. 2009. Radicado 31780; CSJ AP 18 may. 2011, Rad. 35826). Por excepci�n, cuando los elementos de conocimiento base de la solicitud permiten establecer la procedencia de la preclusi�n por alg�n motivo diferente al invocado, por econom�a procesal debe decretarse, siempre que �sus componentes estructurales (�) as� lo determinen [�]�. -negrillas fuera del texto original- De lo acaecido en la audiencia de sustentaci�n de la solicitud preclusiva y como se dej� plasmado en la g�nesis de esta providencia, se evidencia sin hesitaci�n alguna, que el �rgano persecutor pese a contar con elementos probatorios para solicitar en favor de la se�ora DCPF la preclusi�n de la actuaci�n, con fundamento en la causal objetiva a que alude el numeral 1� del art�culo 332 C.P.P., esto es, la �imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n penal�, como causal meramente objetiva por ser de simple constataci�n, decidi� embarcarse sin raz�n alguna, en una que le era de dif�cil constataci�n. Dicha causal, en consecuencia, se refiere a los eventos donde concurre alguno de los supuestos f�cticos de extinci�n de la acci�n, pues son ellos los que impiden el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.

Por tanto, esa preceptiva remite a los art�culos 77 C.P.P. y 82 C.P. por tratarse de las normas que establecen los motivos por los cuales, en un evento particular, fenece el ius puniendi; as�, son circunstancias objetivas que imposibilitan iniciar o continuar la acci�n penal: (i) la muerte del imputado o acusado, (ii) la prescripci�n, (iii) la aplicaci�n del principio de oportunidad, (iv) el desistimiento, (v) la amnist�a, (vi) la oblaci�n, (vii) la caducidad de la querella, (viii) el desistimiento, (ix) el pago, (x) la indemnizaci�n integral y (xi) la retractaci�n en los casos previstos en la ley.

En este evento en particular y en curso de la solicitud preclusiva, pese a pedirse por causal diferente, el fiscal tambi�n dio cuenta que la se�ora DCPF ya hab�a pagado la obligaci�n tributaria del per�odo 2012-13, correspondiente al Impuesto sobre la Renta para la Equidad � CREE y para ello hizo alusi�n al correo electr�nico que en diciembre 13 de 2022, se le env�o por parte de la DIAN, donde se le inform� la p�rdida de inter�s de la entidad para proseguir con esta actuaci�n, por cuanto ya se cancel� en su integridad lo adeudado.

En efecto, al verificar los EMP obrantes en el expediente digital de primera instancia, se encuentra correo electr�nico de diciembre 13 de 2022, alusivo a oficio virtual Nro. 1.16.201.259.1259 de esa misma fecha, remitido por ANG�LICA MAR�A RAM�REZ MARROQU�N, Gestor II de la Divisi�n Jur�dica de la DIAN Seccional Pereira, al Dr. JOS� OVIDIO SALAZAR GALINDO, Fiscal 10 Seccional de Pereira, donde le comunica lo siguiente: �ASUNTO: CERTIFICACION CANCELACION DE OBLIGACIONES DENUNCIADAS RADICADO SPOA: 660016000036202256695 2744TOPIGENETICA SAS900.431.274DCPF 52.085.956RETECREE201312 Respetado se�or Fiscal: �Por medio de la presente, de manera atenta me permito remitir, el correo electr�nico y sus adjuntos, allegados por parte del funcionario KATHERINE VASCO MORENO, perteneciente a la Divisi�n de Recaudo y Cobranzas, G.I.T. Cobranzas de esta Direcci�n Seccional, quien tiene a su cargo el proceso de cobro a nombre del indiciado (a) del asunto, en el cual consta, seg�n la revisi�n realizada por el citado funcionario, tanto al proceso, como a los recibos oficiales de pago y aplicativos, la cancelaci�n del concepto, a�o y periodo previamente descrito, esto es, que ha cancelado el valor total del Impuesto que adeudaba, as� como tambi�n los intereses correspondientes a la fecha de la cancelaci�n, quedando con ello a paz y salvo por estos conceptos, que para el caso, fueron objeto de la denuncia penal instaurada.

Conforme con lo precedente, esta Direcci�n Seccional PIERDE INTERES EN LA PERSECUCION PENAL de la se�ora DCPF CC 52085956, en calidad de representante legal de TOPIGENETICA S.A.S NIT 900.431.274, dado que se ha extinguido en su totalidad la obligaci�n tributaria, conforme lo prev� el art�culo 339 de la ley 1819 de 2016, en armon�a con los art�culos 331 y numeral 1 del art�culo332 del C.P.P. y el par�grafo del art�culo 402 del C.P. en concordancia con el art�culo 82 numeral 06 C.P�. -negrillas del despacho-.

As� mismo, para corroborar tal solicitud se aportaron a la actuaci�n dos recibos de pago; uno por valor de $2.012.000,oo fechado 2022/11/28; y otro por $142.000,oo de fecha 2014/01/14, efectuados por la sociedad �Topigen�tica S.A.S.�, ambos correspondientes a la cancelaci�n del impuesto por el per�odo 2012-13. De igual manera, la apoderada de la DIAN no mostr� oposici�n alguna en el evento que la Fiscal�a encausara la preclusi�n por el pago de la obligaci�n tributaria, por cuanto es un hecho cierto y debidamente comprobado que la ciudadana DCPF, como representante legal de la sociedad �Topigen�tica S.A.S.� ya cancel� al erario p�blico el impuesto que adeudaba y por el cual se formul� denuncia penal en su contra.

En ese orden y acorde con lo sostenido en el par�grafo �nico del art�culo 402 C.P., al haberse extinguido la obligaci�n tributaria por el pago de la misma, la decisi�n que en derecho corresponde por parte de la Sala, ser� la de confirmar parcialmente la preclusi�n de la acci�n penal, con efectos de cosa juzgada, en favor de DCPF, pero con la modificaci�n de que la causal por la cual se precluye la misma es la �imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n penal�, consagrada en el numeral 1 del art�culo 332 de la Ley 906 de 2004, no la atipicidad del hecho investigado.

Como consecuencia de ello se ordenar� el archivo de la actuaci�n. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisi�n Penal, confirma parcialmente el auto por medio del cual el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de Pereira (Rda.), decret� la preclusi�n de la investigaci�n en favor de la indiciada DCPF, en su condici�n de representante legal de la sociedad �Topigen�tica S.A.S.�, pero con la modificaci�n de que la causal por la cual se precluye la misma es la �imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n penal�, consagrada en el numeral 1 del art�culo 332 de la Ley 906 de 2004, no la atipicidad del hecho investigado.

Como consecuencia de ello se ordena el archivo de la actuaci�n. En atenci�n a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura, y por ende esta providencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, determinaci�n contra la cual no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado CSJ STP, 25 may. 2005, rad. 20578. Sentencia C-648 del 24 de agosto de 2010, por cuyo medio se declar� inexequible la expresi�n �en el evento en que quisieren oponerse a la petici�n del fiscal�, del art�culo 333 de la Ley 906 de 2004, as�: �En efecto, la expresi�n �en el evento en que quisieren oponerse a la petici�n del fiscal�, del art�culo 333 de la Ley 906 de 2004, si bien tiene sentido en relaci�n con las v�ctimas y el Ministerio P�blico, constituye una medida de intervenci�n desproporcionada del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecuci�n de ning�n fin constitucionalmente admisible.

Sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan s�lo una intervenci�n limitada, excepcional y poco consecuente con su actuaci�n en el curso de una audiencia de petici�n de preclusi�n, es una medida que no apunta a (i) racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; (ii) tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aqu�l, ni (iii) mucho menos atenta contra los derechos y las garant�as de las dem�s partes e intervinientes en el proceso.

Por el contrario, facultar al defensor del imputado para que interviniera no s�lo en caso de oponerse a la petici�n del fiscal, sino adem�s cuando desee desplegar otras actuaciones m�s acordes con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar a la solicitud de la Fiscal�a; (ii) alegar una causal de preclusi�n distinta de la planteada por la �rgano investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los dem�s intervinientes, le permitir� al juez de conocimiento contar con m�s elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de petici�n de preclusi�n�. Cfr. CSJ SP,01 jul. 2009, rad. 31763. CSJ AP3168, 25 jul. 2018, rad. 53107, citado en CSJ AP4722, 05 oct. 2022, rad. 61868. La Corte en CSJ AP3560, 10 ago. 2022, rad. 61858, ha sostenido que la apelaci�n no puede �suplirse con nuevas razones que soporten la pretensi�n denegada�, misma que indudablemente aplica para quien tambi�n lo hace como no recurrente. La Sala de Casaci�n Penal en CSJ SP 7253, 10 jun. 2015, rad. 41053, indic�: �Como se trata de un tipo penal en blanco, su contenido ha de ser llenado con las disposiciones de �ndole tributaria a fin de establecer qu� se entiende por retenedor o autorretenedor, y cu�les son los t�rminos fijados para rendir cuentas ante la administraci�n de impuestos�. Sobre esta exigencia la sentencia C-501 de 2014 retoma lo expresado en la C-605 de 2006, seg�n la cual, �(�) s�lo a partir de la certeza de la remisi�n se garantiza plenamente el principio constitucional dependiente del debido proceso que impone la prohibici�n de que alguien sea condenado por motivo no establecido en la ley�. Sentencia C-605 de 2006 Sentencias C-501 de 2014, C-539 de 2016, C-091 de 2017 y C-041 de 2017. Corte Constitucional, Sentencia C-367 de 2022. �Por�la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones�. Dicho art�culo fue derogado de manera expresa, acorde con el numeral 3�, art. 376 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, �Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasi�n y la elusi�n fiscal, y se dictan otras disposiciones� Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley� HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51040" \l "0" 1607�de 2012, que cre� a partir del 1� de enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad � CREE. Decreto 624 de 1989. Art. 383 y ss.

E.T. Art. 389 y ss. E.T. Art. 392 y ss. E.T. Art. 395 y ss. E.T. Art. 398 y ss. E.T. Art. 401 E.T., el cual reza �Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedici�n de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenaci�n de activos fijos, loter�as, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podr� establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jur�dicas y las sociedades de hecho�. Art. 406 y ss.

E.T. Ley 906 de 2004, art�culo 10, �La actuaci�n procesal se desarrollar� teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales har�n prevalecer el derecho sustancial [�] Art�culo 26 ib�dem, �Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposici�n de este C�digo.

Ser�n utilizadas como fundamento de interpretaci�n�. Cfr. CSJ AP6930-2016, Rad. 45851, reiterada en CSJ AP4924-2018, Rad. 52232; CSJ AP127-2020, Rad. 53630; CSJ AP1093-2020, Rad. 54953; CSJ ap2768-2021, Rad. 56236. Ver expediente digital, documento rotulado �13. Correo_ Jose Ovidio Salazar Galindo�. Ver expediente digital, documento rotulado �11.

RECIBO 1�. Ver expediente digital, documento rotulado �12. RECIBO 2�. Omisi�n del agente retenedor Radicaci�n: 660016000036 2022 06695 01 Procesada: DCPF Confirma parcialmente auto A N�057 P�gina PAGE 2 de NUMPAGES 17 $$If�F��0�"��0�� 4�4� Fa�FytB��Y�{{ $Ifgd�e|{kd�$$If�F��0�"��0�� 4�4� Fa�FytB�YZb�{{ $Ifgd�e|{kd|$$If�F��0�"��0�� 4�4� Fa�FytB�m�� ĵ��ӈxiWH� ?@AFJ]��:��Ⱥ��Ւ�v�vh�Z�L�Ւv�hK^Ph��0J5�^JaJhK^Ph�L�0J5�^JaJhK^Ph^>J0J5�^JaJhK^Phz1c0J5�^JaJhK^Ph�Nt0J5�^JaJhK^Ph�x�0J5�^JaJhK^Ph�x�0J^JaJhK^PhvK%0J^JaJh�e|h5 �0J5�^JaJhK^Ph�h�0J^JaJhK^Ph�h�0J5�^JaJhK^Ph wM0J5�^JaJhK^PhzE'0J5�^JaJ:;Jw��.AU\i��4=�� P Q � � � � � � � � A ��ǹ��~��p�~�b�㌹��T��hK^Ph!�0J5�^JaJhK^Ph�)�0J5�^JaJhK^PhUH0J5�^JaJhK^Ph{! 0J5�^JaJhK^Phl�0J5�^JaJhK^Ph�h�0J\�^JaJ!hK^Ph�h�0J5�6�]�^JaJhK^Ph�h�0J5�^JaJhK^Ph^>J0J5�^JaJhK^Ph�x�0J5�^JaJhK^Ph�:�0J5�^JaJhK^Ph� t0J5�^JaJ A K � � � � � � � � O c ~ � � x y � � !!!!.!?!@!l!r!�!��Ⱥ��t��f�X�X�XtX�X�X�X�X�XhK^PhOR�0J5�^JaJhK^Ph�m�0J5�^JaJhK^Ph�:�0J5�^JaJhK^Ph�Nt0J5�^JaJhK^Ph�&�0J5�^JaJhK^Ph�W�0J5�^JaJhK^Phhv�0J5�^JaJhK^Ph)0J5�^JaJhK^Ph�1dCJ^JaJhK^Ph�h�0J5�^JaJhK^Phl�0J5�^JaJhK^Ph�\�0J5�^JaJ!� �!�!'&(&(')'�'�'H,I,�,�,�,�,�,�,U-V-�/�/�4�4�4�4$5�8�8=��dgdK^P �!�!�!�!�!�!�! 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0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@ OJPJQJ_HmH nH sH tH T`��T �gMNormal$dha$ CJOJPJQJ_HmH sH tH BB �gMT�tulo 2$@&5�CJmH sH NA ��N Fuente de p�rrafo predeter.Ri@��R 0 Tabla normal �4� l4�a�,k ��, 0 Sin lista X�/��X �gM T�tulo 2 Car'5�CJOJPJQJ^JaJmH sH tH x ��x JB Pie de p�gina#$ ��8!5$7$8$9DH$a$ CJOJPJQJ_HmH sH tH V�/��V JBPie de p�gina Car CJOJPJQJmH sH tH > @"> 8I!�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car,texto de nota al pie,ft,Refd�5$7$8$9DH$CJOJ QJ tH,�/��1, 8I!�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Car,FA Fu Car Car Car1,FA Fu Car Car Car Car Car,FA Fu Car Car Car Car1,Car Car,FA Car,Texto nota pie Car Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car,Ref. de nota al pie1 CarOJ PJQJ mH sH tH $&`��A$ '�gM�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,FC,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,f,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,de nota al pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,4_G,16 Point,F,4,RCJH*OJ QJ RQRR �gM0Texto independiente 3�xCJaJn�/��an �gM0Texto independiente 3 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH J�o��qJ �gMNumeraci�n t�tulo5�CJOJQJ4�o��4 �gMAlgerian CJ OJQJN @�N �gM Encabezado$ �C�"a$ CJOJQJX�/��X �gMEncabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH R�O�R �gM0Tabla identificadorad�CJaJhR@�h �gM Sangr�a 2 de t. independiente �d��x^�~�/��~ �gM!Sangr�a 2 de t. independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH R��R �S0Texto de globo d�CJOJ QJ ^J aJ`�/��` �S0Texto de globo Car$CJOJ PJQJ ^J aJmH sH tH b^b �M 0 Normal (Web) $d��d�d[$\$a$CJOJQJaJtH *B*ph�>W ��!> �M `Texto en negrita5�\�FB2F $/B0Texto independiente#�xb�/��Ab #/B0Texto independiente Car CJOJPJQJmH sH tH ^�OR^ �8� Profesi�n%$ �ndha$5�CJ OJQJmH $sH $tH,�/��a, �\��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car,Ref Car,texto de nota al pie Car,Ca CarOJPJQJmHsHtH��r� �\��4_G Char,Appel note de bas de page Char,Appel note de bas de page Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char,Appel note de bas de page Char Char Char Char'd� CJH*OJ PJQJ mH $sH $tH $\�/��\ + BpCuerpo del texto_!OJPJQJ^JfHq� ��/�� BpCuerpo del texto + 10 ptoR5�6�7�:�>*@�B*CJEHOJPJQJRHd\�]�^J_H aJmH phsH tH ��/�� Bp�Cuerpo del texto + 10,5 pto,Negrita,Versales,Nota al pie + Franklin Gothic Heavy,9,Cursiva,Espaciado 0 pto,Cuerpo del texto (3) + 16 pto,Cuerpo del texto (4) + 9 ptoR5�6�7�:�>*@�B*CJEHOJPJQJRHd\�]�^J_H aJmH phsH tH |��| ( BpCuerpo del texto*+$d�� *@�B*CJEHOJPJQJRHd\�]�^J_H aJmH phsH tH ��/�� BpCuerpo del texto (6)R5�6�7�:�>*@�B*CJEHOJPJQJRHd\�]�^J_H aJmH phsH tH l�/��l 8 BpCuerpo del texto (8)_)CJOJ PJ QJ ^J aJfHq� ��r�/��!r 9 BpCuerpo del texto (9)_/5�CJOJPJQJ\�^JaJfHq� ��n�/��1n: BpCuerpo del texto (10)_)CJOJ PJ QJ ^J aJfHq� ��n�/��An;

BpCuerpo del texto (11)_)CJOJ PJ QJ ^J aJfHq� ��r�Rr, BpNota al pie (2)"5$d-D1$M� ��a$CJPJ^JmH $sH $tH $h�bh - Bp Nota al pie 6d(�-D1$M� �� CJPJ^JaJmH $sH $tH $~�r~. BpCuerpo del texto (4)$7d�,��-D1$M� ��CJPJ^JmH $sH $tH $~��~ 1 BpCuerpo del texto (8) 8d��-D1$M� �� OJ PJ QJ ^J aJmH $sH $tH $�� 2 BpCuerpo del texto (9) 9d-D1$M� ��"5�CJPJ\�^JaJmH $sH $tH $�� 3 BpCuerpo del texto (10):d-D1$M� �� OJ PJ QJ ^J aJmH $sH $tH $�� 4 BpCuerpo del texto (11);d�-D1$M� ��$CJOJ PJ QJ ^J aJmH $sH $tH $^Z�^ =">�0Texto sin formato �0Texto sin formato Car OJPJQJ^JmH sH tH h�O�h t!�Texto independiente 31 >�3]�3CJ OJQJmH sH tH $Z��Z�_�Car?$d��a$(B*CJOJQJmHnHphsH $tH u,X`��, R'@�nfasis6�]�~��~ �0pTabla con cuadr�cula7:VA�0��A �o��! �+b_aj �o��1 fB�i_ajb�o��Bb �YDefault D7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH $phsH $tH $PK!�� [Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� !F\�(a�M�s�8 D�!�Cc6��HyY�B�� s:��F��&��CL�0^Gs�"��!�� }$B��"� ��)��1�6�[ �WK� �{��"2�� G6��1 �eGA��; q�c?�G0E�s� ��+D�C P�5��6�}��)�&�|2O,��1:AXI C�#�+�k��w�"z��sˈޏ�� b]M{k� �.�K��.�Ƿ1,��Q�?ʶ��m��J�A��5ݮ��{�u�>!�Ă�}�� Ҹ��N��]n¥\�Ё��&H�8 _B4�=~ٕN� !�� ϩ�*�p�� T�Le��C�- �r� i��J~� *~P(5�^��z�B�oW m߯�{~��T CaaT�ӓ�>|��E�o��D�/mWF,*2u�RT��L�b��)�P ��yT��f�VhV��4 ͠�)tkA��~��:� 쵫�W�5 �r�ZI�o4 u�Ri{�v�� g�y* Y, ��PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0��wooӺ�&݈Э��5 6?$Q�� ,.�a��i��c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT��8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P��8�g/ ]�QAsم(��#��L�[��PK-!�� [Content_Types].xmlPK-!�֧��6 0_rels/.relsPK-!ky�� theme/theme/themeManager.xmlPK-!�ؾ4��theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'� theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]� �?0HDVj[6]�k�n�r�s�tu�x�y\��=�_�~�d��ӷ�� %�� l � � K � � � � 2H^��8�� ]`�� v�� 2�\m _:A �!'&�'I, -�05�;�=�@RD�JFQV}ZE^jc f�l�q�u�|)}��ܒ��X��=�N�ι��7�L�Z��G�k��prstz|~��{��Y6� =�R�k�} �.�:��s�$��quvwxy{}��^__�{�{�{��X��X��!T��T�� k p `X��l� �,b�$�)�� o3�ls��#;v��@ �� ( � �� s � *�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags �PersonName� � la Fiscal��a �ProductID� � �%&�R�Rʍ֍L�X�h�k��o�{��[�^�j�n�� !�#�$�&�'�� g y � �� !�#�$�&�'��333a { � � � � � Z b � 8 �^ _�}�} ~/~0~5~��ͱα��s�� !�#�$�&�'�D�k��4� � �. / ��Z�� !�#�$�&�'��_�*V�.@��?�nF�\��~Xq��%��^��`��OJPJQJ^Jo(-��^��`��OJQJ^Jo(�h�Ho��p��^�p`��OJ QJ o(�h�H��@ ��^�@ `��OJQJo(�h�H��^�`��OJQJ^Jo(�h�Ho��^��`��OJ QJ o(�h�H��^��`��OJQJo(�h�H��^��`��OJQJ^Jo(�h�Ho��P��^�P`��OJ QJ o(�h�H��^��`��OJPJQJ^Jo(-��^��`��OJQJ^Jo(�h�Ho��p��^�p`��OJ QJ o(�h�H��@ ��^�@ `��OJQJo(�h�H��^�`��OJQJ^Jo(�h�Ho��^��`��OJ QJ o(�h�H��^��`��OJQJo(�h�H��^��`��OJQJ^Jo(�h�Ho��P��^�P`��OJ QJ o(�h�H�� A��^�A`��5CJ H*OJQJ^JaJ o(.��^��`��^J.��p�L�^�p`�L�^J.��@ ��^�@ `��^J.��^�`��^J.��L�^��`�L�^J.��^��`��^J.��^��`��^J.��P�L�^�P`�L�^J.�?�n_�*~Xq��4� $ $ $ $ $ $ $ $t0� $ $ $ $ $ $ $ $�� $ $ $ $ $ $ $ $�7bf\% �(�]\ �azA )JVT}�DiE5nlRbv�;}q� vE% � �J %j �o �x � � = �C hJ �S_ ypDmlY��0]QVXO/25�S{]�+�Y�F 'S Y � {! �* u{ �) v/ �[ �d uv a bL > � J f �Q U �f 7 !3!�$!�'!8I!�~!�"�O"�Z"Ab"km"�v"$n%�I%vK%L%H\%�|%R'`5'zE'� (�G(Sb(d|(.) �=>�L>b>:(?�o?�v?�R@" A0;ATjAcB\B/BJB�C�%C2HCYC�{CXD� D;JDUQD�E�=E�]EjaF iF�rF HqCH}I%`I�`I^>J�KJ YJ�\JT K�KK�pK�L6L�&M�gM wME|M�NO?NsDN�ON'PNKOPEOUHO�RO�:PK^P)7Q�]Q�eQ}"ROBRqqRmS�S`TJ:T;T�OToT�UbRU}U�#V78V;GV�UV2VWOXh)X�2X�UX�}X�7Y�fY�Z" Z�KZXRZ�oZ�[�[ [�#[�j[Q8\�F\a\\L]�A]�s]}z]�|]\^6^�W^�o^(q^vX_�]_�s_�E` \`s=aIPa{Wa}.b#?b$Nb/cz1c�Sctbcqdc7xcA1d�1d� e|e�de�ee�seHxezf�f@.f�7f�Rf�\guygr|g#$hR7h� iHi Ci�j�jq-jd>j@j'ij� k0kLzk�-l�Sliltsl�m� m�ymqn�,n)Nn�Yn�,o#Ro�p�@p Bp'HpQ^p�q�+qFZqzmq� r6rV>r[ sTsZ3s�ts#t�t� t�Nt9`t}2u�du�fu�~v�ww.>w/ xSxH.x�hx�.yhly z�*z�,z�Rzn#{�a{&|�|�%|�c|�e|�o|*}�}�}c}#h}�z}� ~�#~�F~ZX~c~0l~�y~M��6��G��J��N��M�� mA�pO�kl��-;�TI�X^��U/�L|�p � �,��A� I�ZY�L��]��B� E��W�l`�ay�$�y>�$h��,��3�� >�� v��_��-��0��F�T��_��M'��>�HB�� D��Y��_�Fm��1�2�`2� E��a��b��n��p�� +��S��Y�Us�;��}�# ��9�&V�5#��&� �q��v��.��#�9{�$�[L��j�6�K$��C�� O�fN��b�^o� I��i��k��K�cg�x}�4`�gS��X��\�rq�) �7V�c�=�� *8��D��K��g�5{� l�T�Ww�#Q��Z�Y[��!��'�50�&?��_��d�f�)t�GG�'S��_��d��O�'Y�d�P�!U�7Y�"|�-�[3�OA��D�xe�Ar��u�t �+�S?��@��_��z�G��]�� 6��x�&�L*�P*�U,�E�_~�s ��d��g�� J��5�`g��k��L��\��6��j�Iv��:�~>��8��8��S��_��f�j ��3��)�V;��=�]M�8*�!��)�6k�)0�" ��:�q-�:�n"�i&��9��C��Y��f�"�t&��:��[�tj�� 5 ��+��?�'J�YK��d�k4�hm��xC��R�ff�l�]#�� ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�� Root Entry�� F��@Data ��1Table��\WordDocument ��^�SummaryInformation(��DocumentSummaryInformation8��MsoDataStore��`\�� PK�2VVO�2��K��W�V�E��==2��`\�� Item �� 2Properties��UCompObj�� v�� F$Documento de Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8�9�q