Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001310900720230003601

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2023-07-10

Sujetos procesales: Luz Stella Pérez López

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SEGURIDAD SOCIAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD TUTELA El art�culo 86 C.P., en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva);

(ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad. SEGURIDAD SOCIAL / INMEDIATEZ / SUBSIDIARIEDAD Frente a la inmediatez, debe decirse que muy a pesar que no existe un t�rmino de caducidad establecido para interponer la acci�n de tutela, la misma debe ser utilizada oportuna y adecuadamente, en el entendido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga juez constitucional en forma pronta� la Sala advierte desde ya se incumple no solo el requisito de inmediatez, sino tambi�n el de subsidiariedad� la jurisprudencia constitucional ha sostenido que acci�n de tutela es un mecanismo especial y transitorio que propende por el aseguramiento �gil de las garant�as constitucionales; en tal sentido, no est� llamada a prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional, salvo las excepciones que el juez puede aplicar al observar que una posible vulneraci�n de prerrogativas fundamentales y que se demuestren condiciones tales como: �[�] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable�� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, diez (10) de julio de dos mil veintitr�s (2023).

Acta de Aprobaci�n N� 685 Hora: 2:00 p.m. 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el apoderado judicial de la se�ora LUZ STELLA P�REZ L�PEZ, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento con sede en esta capital, con ocasi�n de la acci�n instaurada contra la NUEVA EPS, NICOLE S.A.S. y COLPENSIONES. 2.- DEMANDA Lo sustancial de los hechos que plantea el abogado de la accionante, se puede sintetizar as�: (i) la se�ora LUZ P�REZ fue contratada por NICOLE S.A.S para desempe�arse como operaria de m�quina;

(ii) empez� a presentar problemas de salud, raz�n por la cual le fueron generadas una serie de incapacidades, que al d�a de hoy superan los 180 d�as continuos por el diagn�stico F412; (iii) a pesar de sus tratamientos m�dicos no ha podido lograr su reparaci�n; (iv) desde el a�o 2018 ha presentado incapacidades por trastorno depresivo grave;

(v) la NUEVA EPS expidi� certificado de rehabilitaci�n desfavorable, lo que dio lugar al inicio del proceso de PCL; (vi) en agosto 09 de 2022 COLPENSIONES notific� el dictamen de PCL, el cual determin� un porcentaje de 35.70% por enfermedad de origen com�n, con fecha de estructuraci�n de junio 03 de 2022; (vii) la calificaci�n se encuentra en tr�mite de apelaci�n ante la Junta Regional de Calificaci�n de Invalidez;

(viii) actualmente se contin�an generando incapacidades, pero no se han expedido por la EPS; y (ix) desde junio 14 de 2018 y hasta la actualidad no han sido pagadas las incapacidades, a pesar de que se han radicado ante su empleador. Solicit� en consecuencia la protecci�n de sus derechos fundamentales a la seguridad social y m�nimo vital, y se ordene a las entidades accionadas pagar las incapacidades comprendidas entre junio 14 de 2018 a marzo 30 de 2023. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Una vez admitida la tutela -mediante auto de marzo 31 de 2023-, el despacho dispuso vincular a la NUEVA EPS, a COLPENSIONES y a la empresa NICOLE S.A.S. Las entidades se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - El apoderado especial de la NUEVA EPS manifest� que la se�ora LUZ P�REZ lleva m�s de 540 d�as de incapacidad con varias interrupciones de pr�rroga, pero algunas de ellas ya perdieron su vigencia para cobro, y otras ya fueron pagadas al empleador NICOLE S.A.S. A trav�s de fallo se autoriz� el pago de seis de sus incapacidades.

Adem�s, la accionante ya cuenta con un dictamen de PCL inferior al 50%, por lo que no aplica la autorizaci�n de pago de incapacidades, por lo que se hace necesario que se inicie el proceso de reintegro laboral para garantizar su m�nimo vital. La acci�n de tutela no es el mecanismo judicial para reclamar prestaciones econ�micas, por cuanto se torna improcedente.

Pidi� que se nieguen las pretensiones de la accionante. - Directora de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES expres� que revisado el sistema de informaci�n, se evidencia que la NUEVA EPS ha radicado dos conceptos de rehabilitaci�n de car�cter desfavorable, por lo que no es procedente el reconocimiento de subsidios por incapacidad. Aunado a ello, la accionante se encuentra reclamando periodos que ya est�n prescritos; es decir, no se cumple con el requisito de inmediatez.

En este caso no es posible considerar que COLPENSIONES ha vulnerado derechos fundamentales de la accionante, por cuanto no tiene responsabilidad en la transgresi�n de los derechos fundamentales invocados por la se�ora LUZ P�REZ por intermedio de su apoderado judicial. Adicionalmente, es improcedente la acci�n de tutela para ordenarse el pago de prestaciones econ�micas, y no se demostr� la eventual amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Solicit� que se declare improcedente la acci�n de tutela. - La representante legal de NICOLE S.A.S. indic� que en el presente caso el empleador no se cumple con el requisito de subsidiariedad estipulado en el art�culo 86 C.N. Adem�s, han obrado de buena fe pagando las incapacidades que por ley le corresponden asumir al empleador. Empero, las incapacidades que se reclaman deben ser pagadas por la EPS, toda vez que no se superan los 540 d�as.

Los llamados a responder en este caso lo son la NUEVA EPS y COLPENSIONES. 3.2.- Culminado el t�rmino constitucional, la juez a-quo mediante sentencia de abril 20 de 2023 declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por la se�ora LUZ STELLA P�REZ L�PEZ, toda vez que no se cumple con la inmediatez y no se demostr� la existencia de un perjuicio irremediable.

La accionante reclama el pago de incapacidades generadas desde junio 14 de 2018 a marzo 30 de 2023; es decir, las primeras de estas prestaciones se generaron hace cerca de cinco a�os, lo que a todas luces desdibuja el requisito de procedibilidad de la inmediatez, pues el tiempo que ha pasado es muy significativo, es irrazonable y desproporcionado, y no se dieron argumentos que justifiquen tal pasividad, lo que denota que no hay una afectaci�n al m�nimo vital, puesto que la accionante ha cubierto sus necesidades sin recibir el pago de sus incapacidades, lo que deslegitima que ahora le d� el car�cter de urgente a la acci�n de tutela. 4.- IMPUGNACI�N Dentro del t�rmino oportuno, el apoderado judicial de la se�ora LUZ P�REZ impugn� el fallo adoptado y solicita se revoque el mismo, para que se acceda a las pretensiones de la tutela, a cuyo efecto argument�: En este caso se ignor� la calidad de sujeto de especial protecci�n constitucional de la se�ora LUZ P�REZ, quien ya fue calificada desde agosto 09 de 2022 con un porcentaje de PCL de 35.70% de origen com�n y fecha de estructuraci�n junio 03 de 2022.

Se han generado incapacidades medidas desde junio 14 de 2018 y hasta la actualidad; sin embargo, no han sido pagadas, pese a que fueron radicadas ante su empleador. Adem�s, se hizo la solicitud de pago de incapacidades ante COLPENSIONES, pero la entidad en noviembre 21 de 2020 neg� el reconocimiento y pago. La se�ora LUZ P�REZ no recibe salario por parte de NICOLE S.A.S pese a que contin�a incapacitada y con tratamientos m�dicos.

Se requiere la intervenci�n de los �rganos judiciales para que cese la afectaci�n de sus derechos fundamentales. La jurisprudencia ha indicado que el reconocimiento y pago de las incapacidades a partir del d�a 180 y hasta el d�a 540 deben ser asumidas por los Fondos de Pensiones. Se requiere que la protecci�n sea de manera efectiva con la finalidad de evitar que por cada incapacidad que sea negada por las entidades accionadas, se tenga que acudir a las acciones legales para obtener su pago, lo que ocasiona un desgaste al aparato jurisdiccional y un fuerte detrimento al patrimonio econ�mico de la accionante.

Se debe tener en cuenta el estado de debilidad manifiesta de la se�ora LUZ P�REZ, por cuanto no puede ejercer ninguna actividad que le permita generar ingresos y as� suplir sus gastos de subsistencia para ella y su n�cleo familiar. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, seg�n las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica, y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en el fallo impugnado, en cuanto declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por la se�ora LUZ STELLA P�REZ L�PEZ por intermedio de apoderado judicial.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, modific�ndola o revoc�ndola, como lo pide el abogado de la accionante. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna.

En el presente caso lo pretendido por la accionante es el amparo de su derecho fundamental al m�nimo vital que considera vulnerado por parte de COLPENSIONES y la empresa NICOLE S.A.S, en cuanto no le han reconocido y pagado las incapacidades a las que tiene derecho y que corresponden a los per�odos comprendidos entre junio 14 de 2018 y hasta la fecha.

En este asunto y de acuerdo con las manifestaciones esbozadas por la accionante por intermedio de su apoderado judicial, entiende la Sala que su solicitud est� dirigida b�sicamente a que las entidades accionadas reconozcan las incapacidades y las pague. No obstante, para llegar a tomar una decisi�n en tal sentido, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque como bien lo ha planteado en varias ocasiones la Corte Constitucional, se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales.

El art�culo 86 C.P., en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva); (ii) la�inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.

En cuanto al primero de ellos -legitimaci�n en la causa-, considera la Sala que se cumple, toda vez que va dirigida contra dos entidades encargadas de la prestaci�n de un servicio p�blico, como lo es la salud y el fondo de pensiones, y contra una entidad de car�cter privado que tiene una relaci�n contractual tipo laboral con la se�ora LUZ P�REZ.

Adicionalmente, la accionante est� legitimada en raz�n a que a ella se le atribuye la afectaci�n de los derechos fundamentales cuya protecci�n reclama. Frente a la inmediatez, debe decirse que muy a pesar que no existe un t�rmino de caducidad establecido para interponer la acci�n de tutela, la misma debe ser utilizada oportuna y adecuadamente, en el entendido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga juez constitucional en forma pronta.

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: �7.�Esta Corporaci�n ha resaltado que de conformidad con el art�culo 86 de la Constituci�n, la acci�n de tutela no tiene t�rmino de caducidad. Sin embargo, como se mencion� con anterioridad, la solicitud de amparo debe formularse en un plazo razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador.

Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acci�n constitucional, que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuaci�n r�pida de los jueces. Por ende, cuando el mecanismo se utiliza mucho tiempo despu�s de la acci�n u omisi�n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt�a su car�cter apremiante.� Al descender al caso concreto, la Sala advierte desde ya se incumple no solo el requisito de inmediatez, sino tambi�n el de subsidiariedad, por las siguientes razones, veamos: El abogado de la se�ora LUZ P�REZ se�ala que las entidades accionadas no han pagado las incapacidades que se han generado desde junio 14 de 2018 a la fecha.

Ahora, revisada la documentaci�n aportada por la accionante, se observa lo siguiente: (i) la accionante presenta varios periodos de incapacidad por m�ltiples enfermedades; (ii) frente a la patolog�a con el c�digo F412 y relacionada con la tutela, la primera incapacidad se gener� en febrero 27 de 2018 a marzo 28 de 2018 y fue pagada; (iii) el segundo periodo de incapacidad por ese mismo diagn�stico se gener� en agosto 14 de 2019 y hasta septiembre 12 de 2019, luego de septiembre 13 de 2019 a septiembre 25 de 2019, las cuales no fueron pagadas;

(iv) posteriormente, por esa misma enfermedad se empezaron a generar varias incapacidades, desde marzo 04 de 2020 hasta marzo 20 de 2021, sin pagar; (v) luego de esa fecha se generan m�s incapacidades pero por otras patolog�as, de las cuales se observa varias fueron pagadas; y (vi) el �ltimo periodo de incapacidad que se aprecia en el certificado de incapacidades de la NUEVA EPS va de agosto 07 de 2020 a septiembre 03 de 2020, por la enfermedad con c�digo F412.

En ese orden de ideas, es claro que existen unas incapacidades que fueron transcritas con el c�digo F412 y que las mismas no han sido pagadas. Ahora, en cuanto a las reclamaciones que hizo la accionante para que se procediera por parte de las entidades accionadas a reconocer y pagar esas incapacidades, se tiene que elev� una petici�n en el a�o 2019 a la NUEVA EPS, pero la entidad le contest� en enero 21 de esa misma anualidad que no proced�a el pago, como quiera que exist�a un concepto desfavorable de rehabilitaci�n. A su vez, en noviembre 03 de 2019 le pidi� a COLPENSIONES proceder con el pago de nueve periodos de incapacidad; sin embargo, la AFP en respuesta de noviembre 21 de 2019 le indic� que no era procedente ese pago.

Con lo anterior, surge entonces el siguiente interrogante: �si desde enero 21 de 2019 y noviembre 21 de 2019 la accionante ya conoc�a las razones de la NUEVA EPS y COLPENSIONES para negar el reconocimiento y pago de las incapacidades, por qu� acudi� tan solo hasta marzo 31 de 2023 a la acci�n de tutela para reclamar la protecci�n de su derecho fundamental al m�nimo vital? Pues bien, la accionante no demostr� siquiera sumariamente por qu� motivo tuvo esa inactividad, y si ella obedeci� por razones de salud.

Ahora, y aunque podr�a entenderse que por tratarse de prestaciones sucesivas se cumple el requisito de inmediatez, si llama la atenci�n de la Sala por qu� se pide a trav�s de este medio constitucional el reconocimiento y pago de per�odos de incapacidad otorgados desde el a�o 2018, cuando evidentemente han transcurrido m�s cuatro a�os. Adicionalmente, se observa; seg�n el certificado de incapacidades de la EPS, que el �ltimo per�odo otorgado para la patolog�a F412 es de agosto 07 de 2020 a septiembre 03 de 2020, y no a la fecha como lo se�ala el abogado de la accionante, o por lo menos ning�n documento se aport� que as� lo indique.

Ya en lo referido a la subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que acci�n de tutela es un mecanismo especial y transitorio que propende por el aseguramiento �gil de las garant�as constitucionales; en tal sentido, no est� llamada a prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional, salvo las excepciones que el juez puede aplicar al observar que una posible vulneraci�n de prerrogativas fundamentales y que se demuestren condiciones tales como: �[�] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestaci�n social vulnere alg�n derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el m�nimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su contradicci�n con los preceptos legales y constitucionales desvirt�en la presunci�n de legalidad de las actuaciones de la administraci�n p�blica o sea evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este servicio p�blico�.

En relaci�n con la procedencia excepcional de la acci�n constitucional para exigir garant�as econ�micas laborales, ya desde la sentencia T-212/10 la Alta Corporaci�n precis� que cuando el no pago de las acreencias laborales vulnera o amenaza los derechos fundamentales como la vida, el m�nimo vital, la seguridad social y/o la subsistencia, la tutela procede por v�a de excepci�n, para la reclamaci�n de aquellas prestaciones que constituyen la �nica fuente de sustento o recursos econ�micos que permitan sufragar las necesidades b�sicas, personales y familiares de la persona afectada.

As� pues, la acci�n de tutela en este caso y por este t�pico no es procedente, como quiera que existen otros mecanismos de defensa, como lo es la funci�n jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud (procedimiento que no se ha activado) y la acci�n ordinaria ante la jurisdicci�n laboral; adem�s, por ausencia de pruebas que permitan establecer la concurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos del actor, en tanto la presunci�n que puede surgir de desprotecci�n por falta de pago de los subsidios por incapacidad, no se configura en el presente caso: de un lado, porque se trata de prestaciones causadas con mucha anterioridad y que no fueron reclamadas oportunamente; y de otro, porque la urgencia con que se reclama el pago, no existe, porque como se indic� en ac�pites anteriores, la accionante solo acudi� en el a�o 2019 a solicitar el pago de las incapacidades y a partir de esa fecha se mostr� totalmente indiferente frente a la posibilidad de reclamar por v�a constitucional dichas prestaciones econ�micas.

Finalmente, la condici�n de disminuci�n f�sica que presenta la se�ora LUZ P�REZ dado que registra una PCL inferior al 50%, no es per se raz�n suficiente para acreditar la procedencia de la acci�n de tutela, pues esa condici�n solo permite que el an�lisis de procedibilidad sea m�s flexible en cuanto a los requisitos, y como ya se indic�, estamos ante una reclamaci�n que no es urgente, como quiera que han transcurrido varios a�os entre la �ltima reclamaci�n a la AFP y la fecha en que se acude a la acci�n de tutela, lo que demuestra que la se�ora LUZ P�REZ ha logrado subsistir econ�micamente durante ese tiempo sin el pago de las mencionadas incapacidades.

Por tanto, no existe una raz�n que justifique la intervenci�n del juez de tutela de manera excepcional, primero, porque no se supera el requisito de inmediatez, y segundo, porque no se acredit� la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervenci�n del juez de tutela para ordenar el pago de las incapacidades. En ese orden de ideas, la accionante pod�a acudir a los medios judiciales ordinarios creados por la ley para reclamar el pago de las incapacidades que dice no le fueron reconocidas.

Ante la existencia de un mecanismo ordinario de defensa judicial, es oportuno recordar lo dicho por la Corte Constitucional: �En otros t�rminos,�las discusiones que versan sobre el reconocimiento y pago de prestaciones econ�micas, como son los subsidios de incapacidad, deben ser controvertidas en principio en el natural espacio de debate de la jurisdicci�n laboral o contencioso administrativa, o ante la Superintendencia Nacional de Salud, seg�n el caso, y s�lo de manera excepcional a trav�s de la acci�n de tutela, siempre y cuando, el medio de defensa judicial previsto en el ordenamiento jur�dico, apreciado en concreto, no resulte eficaz para la protecci�n del derecho fundamental invocado � como el m�nimo vital-, y que las circunstancias espec�ficas del caso hagan necesaria la intervenci�n del juez de tutela.� De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existen otros mecanismos de defensa judicial, como ser�a la funci�n jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud y la jurisdicci�n ordinaria laboral, medios que se estiman id�neos, y que en el caso concreto no se ha desvirtuado su eficacia para dirimir la controversia que tiene un car�cter inminentemente prestacional, ya que debe determinarse si hay lugar al reconocimiento y pago de los subsidios por incapacidades, y en qu� entidad recae la obligaci�n de pagarlas; todo lo cual implica una valoraci�n de aspectos legales y probatorios que desbordan la competencia del juez de tutela.

As� las cosas, la Corporaci�n confirmar� la decisi�n adoptada por la juez de primera instancia. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en abril 20 de 2023, que declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por la se�ora LUZ STELLA P�REZ L�PEZ contra la NUEVA EPS, la AFP COLPENSIONES y la empresa NICOLE S.A.S.

SEGUNDO: Por Secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  El expediente digital fue recibido por el despacho del Magistrado Ponente en junio 13 de 2023 v�a correo electr�nico; sin embargo, se observa que, desde mayo 10 de este a�o, el Juzgado de Primera Instancia hab�a dispuesto la remisi�n a esta Corporaci�n para surtir el tr�mite de impugnaci�n, y tan solo hasta junio 07 de 2023 la Oficina Judicial de Reparto de Administraci�n Judicial realiz� el respectivo reparto.  Sentencia T-087/17  Corte Constitucional, Sentencia T-498/10.  Art. 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el art. 6 de la Ley 1949 de 2019.  Sentencia T-246/18     Sentencia de tutela DE 2a instancia N� 091 Radicaci�n: 66001310900720230003601 Accionante: Luz Stella P�rez L�pez Confirma P�gina  PAGE 8 de  NUMPAGES 8 1� � � � 3 5 H R c d � � � �и���и�w��cO8O,h� � h $h�N�@���CJEH��aJ h $h1>@���CJEH��aJ h $hyI�5�@���CJEH��aJ h $h�;�5�@���CJEH��aJ h $h�;�@���CJEH��aJ h $hyI�@���CJEH��aJ h $hJtS@���CJEH��aJ(h�~�hJtSCJ OJPJQJaJnH tH  h $h�~�@���CJEH��aJhJtS@���CJEH��aJh $h#n@���CJaJh $h��@���CJaJh $hJ�@���CJaJ !"./����EF)*?@WX��� � �������������������������dgd $dgd�~�dgd $ $da$gd�~�E\]cmx�����������ĵә�ubO �6�@���CJEH��aJ h $hpm6�@���CJEH��aJ h $hpm@���CJEH��aJ h $hk c@���CJEH��aJ h $hk c6�@���CJEH��aJ h $hYbU6�@���CJEH��aJ h $h�N}6�@���CJEH��aJ h $h�6r@���CJEH��aJ h $hK>�@���CJEH��aJ� � �  � � � � �.$/$?$@$%% & &�&�&D'E'3(4(�(�(-*.*+���������������������������dgd�~�dgd $� � � � � � � � � � � � � � � $!*!+!,!B!D!���ôå���ucuT�T�TDT h $hre�5�@���CJEH��aJ h $h�Fs@���CJEH��aJ"h $hre�5�@���CJEH��\�aJ"h $h�Fs5�@���CJEH��\�aJ h 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