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DERECHO DE PETICI�N / FINALIDAD Y PROTECCI�N El derecho de petici�n brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades en inter�s particular para obtener una respuesta dentro del t�rmino legalmente establecido. Esa garant�a se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio p�blico y a quien se eleva la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestaci�n sea negativa o positiva frente al inter�s planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisi�n. DERECHO DE PETICI�N / HECHO SUPERADO / DEFINICI�N � que el hecho superado se genera cuando en el transcurso de la acci�n de tutela desaparecen los motivos que dieron origen a la misma, esto es, se satisface la pretensi�n del amparo constitucional y cesa la vulneraci�n del derecho o derechos invocados, a consecuencia de lo cual es innecesario que se profiera la orden de protecci�n. Empero, ocurre que, aunque la ANT informa que dio respuesta a la petici�n, lo cierto es que la misma no es de fondo� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, seis (06) de julio de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n N� 676 Hora: 10:00 a.m. 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n presentada por el apoderado judicial de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -en adelante ANT-, frente al fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela interpuesta por el se�or CARLOS ANDR�S VEGA ORTIZ. 2.- DEMANDA En junio 22 de 2022 el se�or CARLOS VEGA radic� derecho de petici�n ante la ANT, en el cual narr� los hechos que motivaron solicitar �Se proceda a declarar la p�rdida de ejecutoria del acto administrativo No 0378 del 22 de mayo de 2008 expedida por la UNAT que constituy� reserva especial sobre diferentes predios ubicados en la Inspecci�n de Nueva Antioquia del municipio de La Primavera, departamento del Vichada�.
En septiembre 22 reiter� nuevamente el anterior derecho de petici�n, y mediante oficio de febrero 10 de 2023 la accionada contest�, pero se limit� a realizar un recuento de la solicitud que ya hab�a sido radicada incluso en noviembre 02 de 2021 y de la cual se obtuvo respuesta en abril 20 de 2022, pero no efectu� ning�n pronunciamiento respecto de la �ltima petici�n. Solicita el amparo de su derecho fundamental de petici�n, y se ordene a la entidad accionada dar respuesta a su solicitud. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho de primer nivel admiti� la acci�n constitucional mediante auto de abril 21 de 2023, y vincul� a la ANT, entidad que se pronunci� por intermedio de su apoderado judicial en los siguientes t�rminos: En este asunto se configura un hecho superado por cuanto la petici�n radicada en septiembre 22 de 2022 ya fue contestada en marzo 30 de 2023, y se notific� al correo electr�nico HYPERLINK "mailto:abogadocarlosvega@gmail.com" abogadocarlosvega@gmail.com.
En la respuesta se atendieron los puntos referenciados en el derecho de petici�n Pidi� que se denieguen las pretensiones de la acci�n de tutela, por cuanto no se ha vulnerado ning�n derecho fundamental. 3.2.- El despacho de primer nivel en decisi�n de mayo 03 de 2023 tutel� el derecho fundamental de petici�n del se�or CARLOS ANDR�S VEGA ORTIZ y le orden� a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS que en el t�rmino de quince (15) d�as h�biles, siguientes a la notificaci�n de la sentencia, resuelva de fondo la solicitud presentada en junio 22 de 2022 y reiterada en septiembre 22 de esa misma anualidad, donde el actor solicit� se proceda a declarar la p�rdida de ejecutoriedad del acto administrativo No 0378 de mayo 22 de 2008 expedida por la UNAT.
Para llegar a la anterior determinaci�n el juez a quo argument� que, la respuesta que brind� la ANT al se�or CARLOS VEGA no es congruente con lo solicitado, toda vez que solo hace referencia a peticiones y respuestas anteriores, pero no se dice nada en cuanto a la declaratoria de la p�rdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Y aunque, la accionada debe adelantar una serie de procedimientos institucionales para dar respuesta de fondo a la petici�n, si le puede informar al solicitante las razones que justifican la complejidad del caso, y se�alar un t�rmino razonable para dar una contestaci�n de fondo. 4.- IMPUGNACI�N En t�rmino oportuno el apoderado judicial de la entidad accionada impugn� la decisi�n, solicit� se revoque la misma, y en su lugar se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez en febrero 10 de 2023 se dio respuesta a la petici�n y la misma fue debidamente notificada al accionante.
En la comunicaci�n se le inform� al peticionario que, dada la complejidad del asunto, el caso se encuentra en fase de estudio, con la finalidad de consultar la viabilidad de expedici�n de la declaraci�n de p�rdida de ejecutoria del acto administrativo No 0378 de mayo 22 de 20008. Adem�s, la Resoluci�n fue emitida por la Unidad Nacional de Tierras Rurales, y la misma ha realizado acciones pertinentes ante la Oficina de Registro e Instrumentos P�blicos para poder contar con los insumos t�cnicos y jur�dicos para resolver lo pedido. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funci�n de conocimiento de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica, y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que contiene la providencia proferida por el juez de primera instancia, y de acuerdo con la impugnaci�n presentada establecer si en realidad fue errada la decisi�n del juzgado en cuanto tutel� el amparo del derecho fundamental de petici�n del se�or CARLOS ANDR�S VEGA ORTIZ.
De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, modific�ndola o revoc�ndola, como lo pide la entidad impugnante. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna.
De la informaci�n arrimada al dosier, se aprecia que el accionante reclama la protecci�n de su derecho fundamental de petici�n, el que considera vulnerado por parte de la ANT en cuanto no han procedido a dar respuesta de fondo, clara y congruente a solicitud presentada en junio 22 de 2022 y reiterada en septiembre 22, mediante la cual solicita declarar la p�rdida de ejecutoriedad del acto administrativo No 0378 de mayo 22 de 2008 expedida por la UNAT.
Frente a esa pretensi�n, el juzgado accedi� a la misma, por considerar que la entidad no ha emitido una respuesta a la petici�n que fue presentada por la accionante, porque, aunque la entidad hizo referencia a una comunicaci�n de febrero 10 de 2023, la misma no es congruente con lo pedido. Por su parte, la ANT se mostr� inconforme con la decisi�n tomada por el juez de primera instancia, en su sentir por cuanto ya existe una respuesta de fondo a la petici�n del se�or CARLOS VEGA, y se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
En relaci�n con el derecho de petici�n, debe advertirse, como as� lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que cuando se trata de proteger tal garant�a, el ordenamiento jur�dico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial id�neo ni eficaz diferente de la acci�n de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneraci�n a este derecho fundamental no dispone de ning�n mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizarlo.
El derecho de petici�n brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades en inter�s particular para obtener una respuesta dentro del t�rmino legalmente establecido. Esa garant�a se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio p�blico y a quien se eleva la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestaci�n sea negativa o positiva frente al inter�s planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisi�n. En cuanto a la finalidad del derecho de petici�n, la Corte Constitucional en sentencia T-206/18 sostuvo: 9.
El derecho de petici�n, seg�n la jurisprudencia constitucional, tiene una�finalidad�doble: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado.�Ha indicado la Corte que �(�)�dentro de sus garant�as se encuentran (i) la pronta resoluci�n del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del t�rmino legalmente establecido para ello; y (ii) la contestaci�n debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situaci�n real de lo solicitado�.
En esa direcci�n tambi�n ha sostenido�que a este derecho se adscriben tres posiciones:��(i) la posibilidad de formular la petici�n, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resoluci�n dentro del t�rmino legal y la consecuente notificaci�n de la respuesta al peticionario�. La Ley 1755 de junio 30 de 2015, en su art�culo 13 dispone: �Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los t�rminos se�alados en este C�digo, por motivos de inter�s general o particular, y a obtener pronta resoluci�n completa y de fondo sobre la misma�.
En el sub lite se percibe que le asisti� raz�n al se�or CARLOS VEGA al instaurar la tutela, porque pese a efectuar una solicitud que fue recibida por la ANT en junio 22 de 2022 y septiembre 22 del mismo a�o, para el momento en que present� la acci�n de tutela no hab�a recibido una respuesta de fondo, pues la comunicaci�n recibida en febrero 10 de 2023 se limitaba solo a hacer referencia a unas respuestas ya brindadas en ocasiones anteriores, pero nada en cuanto a la declaratoria de p�rdida de ejecutoriedad del acto administrativo No 0378 de mayo 22 de 2008 expedida por la UNAT.
As� las cosas, puede concluirse que se presenta una afectaci�n del derecho fundamental de petici�n. Sin embargo, la ANT en la impugnaci�n advierte que se debe declarar la carencia actual de objeto por hechos superado, toda vez que esa respuesta de febrero 10 del a�o que avanza advierte que, dada la complejidad del asunto, el caso se encuentra en fase de estudio, con la finalidad de consultar la viabilidad de expedici�n de la declaraci�n de p�rdida de ejecutoria del mencionado acto administrativo.
A ese respecto es pertinente precisar que el hecho superado se genera cuando en el transcurso de la acci�n de tutela desaparecen los motivos que dieron origen a la misma, esto es, se satisface la pretensi�n del amparo constitucional y cesa la vulneraci�n del derecho o derechos invocados, a consecuencia de lo cual es innecesario que se profiera la orden de protecci�n.
Empero, ocurre que, aunque la ANT informa que dio respuesta a la petici�n, lo cierto es que la misma no es de fondo, y como bien lo indic� el juez de primera instancia, en este asunto se hace necesario que la entidad le indique al actor las razones que justifican la complejidad del caso, y se�alar un t�rmino razonable para dar una contestaci�n de fondo.
Lo anterior, por cuanto no se puede quede extender en el tiempo el t�rmino con que cuenta la entidad para resolver de fondo lo pedido por el accionante, siendo necesario indicar la fecha probable en que contestar� de fondo lo pedido. As� las cosas, la Sala confirmar� el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira.
En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA el fallo proferido en mayo 03 de 2023 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.) que ampar� el derecho fundamental de petici�n del se�or CARLOS ANDR�S VEGA ORTIZ, vulnerado por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.
SEGUNDO: Por Secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado En ausencia justificada Sentencia T-206/18. Sentencia T-085/18. Sentencia de tutela 2� instancia N� 087 Radicaci�n: 66001310900120230003701 Accionante: Carlos Andr�s Vega Ortiz Confirma P�gina PAGE 4 de NUMPAGES 5 ./fg� � � � # 9 T U W � �ϸ����wbwN7N�,h�c�h�c�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�c�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�c�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h��h�c�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h��5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�{�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�{�h�{�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h��h�{�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h��h��5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /� � � " # U 1CRo�����������������������������dgdy $da$gdy $d�a$gdyd�gd�c�d�gd��d�gd�{�CDQRno��������뻝��t`M>/ h� �h)T@���CJEH��aJ h� �h"K@���CJEH��aJ$hyhyCJEH��PJaJnH tH 'hyhy5�CJPJ^JaJnH tH hyhyPJ^JaJnH tH /hyhy5�CJ OJPJQJ^JaJ nH tH ;hyhy5�:�B*CJ OJPJQJ^JaJ nH phtH $hyhyCJPJ^JaJ nH tH 8jhyhyCJOJPJQJU^JaJmHnHu'hyhy5�CJPJ^JaJ nH tH ������������������������ĵ�Ӧė��y�y�y�j[L�jL� h� �h�V�@���CJEH��aJ h� �h�#@���CJEH��aJ h� �h��@���CJEH��aJ h� �h�h�@���CJEH��aJ h� �h��@���CJEH��aJ h� �h$o�@���CJEH��aJ h� �h�#@���CJEH��aJ h� �h�-\@���CJEH��aJ h� �hWJ@���CJEH��aJ h� �h��@���CJEH��aJ h� �h{E@���CJEH��aJ h� �h�b�@���CJEH��aJ&'_o������ $+OX[\����������v�g�vX�I�: h� �h� @���CJEH��aJ h� �h ^,@���CJEH��aJ h� �hC@���CJEH��aJ h� �h$o�@���CJEH��aJ h� �he|3@���CJEH��aJ h� �hS =@���CJEH��aJ h� �h�`�@���CJEH��aJ h� �h��@���CJEH��aJ h� �h�P�@���CJEH��aJ h� �ht3+@���CJEH��aJ(h� �hJtSCJ OJPJQJaJnH tH h+&P@���CJEH��aJ h� �hJtS@���CJEH��aJ&'������%&; 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