Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001310400520230005101

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2023-07-18

Sujetos procesales: Ángela María González Marín

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Esa garant�a se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando la autoridad o persona que atiende el servicio p�blico y a quien se eleva la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestaci�n sea negativa o positiva frente al inter�s planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisi�n. En cuanto a la finalidad del derecho de petici�n, la Corte Constitucional en sentencia T-206/18 sostuvo: �9.

El derecho de petici�n, seg�n la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado�� DERECHO DE PETICI�N / OBLIGACI�N DE EMITIR RESPUESTA / SEA FAVORABLE O NO � es claro que existe una obligaci�n de toda entidad p�blica o privada en contestar todo derecho de petici�n que le sea presentado, y es cierto, la respuesta no tiene que ser favorable a los intereses del peticionario.

Ahora, ocurre que no toda petici�n en una primera oportunidad merece una repuesta de fondo, como quiera que ello depende de infinidad de circunstancias, V.G. la autoridad que recibe una petici�n y no tiene competencia para resolver lo pedido� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, dieciocho (18) de julio de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n N� 731 Hora: 8:45 a.m. 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do, la impugnaci�n interpuesta por SUPERINTENDENCIA FINANCIERA por intermedio de su funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo, frente al fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela presentada por la se�ora �NGELA MAR�A GONZ�LEZ MAR�N, contra la entidad impugnante y el banco DAVIVIENDA S.A. 2.- DEMANDA Lo consignado en el escrito de acusaci�n por la accionante se puede resumir as�: (i) en octubre 11 de 2022 lleg� a un acuerdo de pago con el banco DAVIVIENDA en relaci�n con una deuda que ten�a por el uso de una tarjeta de cr�dito;

(ii) la deuda la pactaron en $4.749.000, y se hizo a trav�s de la apertura de un producto denominado �Crediexpres Fijo�; (iii) realiz� los pagos pactados en los meses de octubre y diciembre de 2022, enero, febrero, marzo y abril de 2023; (iv) para el mes de abril deb�a dos cuotas de $592.000, y en el banco le informaron que para quedar al d�a con la deuda deb�a cancelar la suma de $4.150.539, motivo por el cual present� un reclamo a la entidad bancaria, lo cual realiz� a trav�s de la l�nea telef�nica;

(v) en abril 26 acudi� en queja a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA para que la entidad bancaria diera cumplimiento al acuerdo de pago, conforme a lo previsto en la ley 1428/09; (vi) en el mes de mayo realiz� pago por la suma de $592.000, pero le contin�an llegando mensajes para que pagara la totalidad de lo adeudado; (vii) en atenci�n a la queja presentada ante la Superintendencia, DAVIVIENDA le inform� que se encontraba estudiando el caso y que requer�a de ocho d�as m�s para resolver;

(viii) telef�nicamente le informaron del banco que ten�a cuatro d�as de mora, y que los productos estaban bloqueados; y (ix) las accionadas le vulneran sus derechos fundamentales, toda vez que la Superintendencia no hizo cumplir el acuerdo de pago y DAVIVIENDA no contesta las peticiones. Pide la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, m�nimo vital y vida digna, y que en consecuencia que se ordene: (i) a DAVIVIENDA continuar con el acuerdo de pago que fue pactado; y (ii) a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA hacer cumplir el acuerdo de pago. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho admiti� la demanda -mediante auto de mayo 17 de 2023- y corri� traslado al banco DAVIVIENDA S.A. y a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Entidades que se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La funcionaria del Grupo de lo Contencioso Administrativo de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA inform� que las quejas radicadas directamente ante la Superintendencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art�culo 11.2.1.4.11 del Decreto 2555 de 2010 y en concordancia con lo se�alado en la Circular B�sica Jur�dica Parte I, T�tulo IV, capitulo II, numeral 8� y siguientes, se trasladan a la entidad vigilada, quien deber� gestionar con estricta observancia del principio de responsabilidad que le asiste, atenderla y dar respuesta a la misma de acuerdo con lo previsto en los literales d) y k) de los art�culo 3� y 7� de la ley 1328 de 2009.

Adem�s, mediante el Decreto 2399 de diciembre 27 de 2019, que modific� el Decreto 2555 de 2010, se transform� la estructura de la Superintendencia, y se cre� la delegatura para el consumidor financiero y las direcciones de conductas Uno y Dos. Por tanto, la funci�n de la entidad respecto de las inconformidades radicadas por los consumidores financieros es �tramitar� las quejas, de tal manera que la atenci�n y resoluci�n de las mismas se encuentran a cargo de las entidades vigiladas, en la medida en que son ellas quienes prestan de forma directa el producto o servicio a los consumidores.

Sus funciones de supervisi�n van encaminadas a identificar, corregir y prevenir las causas generadoras del da�o al consumidor financiero y para actuar sobre los mecanismos de atenci�n y resoluci�n de las quejas de las entidades vigiladas, para que sean id�neos y otorguen respuestas claras, oportunas y completas mediante una labor conjunta y no individual.

Es decir, la Superintendencia no puede decidir sobre situaciones particulares puestas en su conocimiento acerca de las entidades vigiladas, por cuanto a trav�s del tr�mite de una queja o reclamo no est� facultada para reconocer o negar derechos, se�alar responsabilidades, ordenar el pago de indemnizaciones, disponer la realizaci�n de negociaciones, declarar el incumplimiento de obligaciones, establecer las consecuencias de incumplimientos, ni otras atribuciones para la soluci�n de controversias particulares, que son propias de los jueces de la rep�blica y de la Delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia en ejercicio de la acci�n de protecci�n al consumidor consagrada en el art�culo 57 y siguientes de la ley 1480 de 2011.

En el caso concreto la se�ora �NGELA GONZ�LEZ interpuso queja contra DAVIVIENDA, y la Superintendencia mediante oficio 2023055761-000-000 de mayo 23 de 2023 requiri� al banco emitir un pronunciamiento en relaci�n con las quejas 1391-30559183871 y 1391660428172922968, sobre el manejo operativo de las mismo dado que se trataba del mismo tema.

Igualmente, se solicit� pronunciamiento frente al tema del incumplimiento de un acuerdo de pago. A su vez, se solicit� explicaci�n por falta de respuesta y solicitud de pr�rroga a la queja 1391682548868405435. La respuesta que en su momento brindara la entidad vigilada, ser�a objeto de revisi�n por parte de la Superintendencia, con la finalidad de determinar si su contenido satisface los requisitos dispuestos por la Circular B�sica Jur�dica-029 de 2014, o si, por el contrario, resulta procedente adelantar alguna actuaci�n adicional.

Dentro de las funciones de la Superintendencia no se contempla la de intervenir en la celebraci�n, ejecuci�n y terminaci�n de los negocios de car�cter privado suscrito entre las entidades vigiladas con los consumidores financieros. Frente a la existencia de un conflicto derivado de un contrato ser� el consumidor financiero el que deba iniciar el correspondiente proceso judicial, si as� lo considera; para ello, puede instaurar una demanda, bien ante un juez de la rep�blica o la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia. Solicit� que se nieguen las pretensiones de la accionante incoadas en contra de la Superintendencia. - El apoderado judicial del banco DAVIVIENDA S.A. manifest� que la accionante radic� petici�n ante el banco mediante la cual solicit� que se le informara el estado de los productos a su cargo y del acuerdo de pago alcanzado con anterioridad.

Al respecto, una vez se realizaron las verificaciones correspondientes, el banco dio respuesta en mayo 24 de 2023, la cual fue favorable a los intereses de la accionante, y la misma se notific� al correo electr�nico que para tal fin dispuso la se�ora �NGELA GONZ�LEZ. Por tanto, y en atenci�n a que el derecho de petici�n tiene como fin obtener una respuesta de fondo sobre las pretensiones con �l incorporadas, ya no existe vulneraci�n del derecho fundamental de petici�n. Solicit� que no se accedan a las pretensiones de la se�ora �NGELA GONZ�LEZ y se declare la carencia actual de objeto por hecho superado. 3.2.- En decisi�n de mayo 29 de 2023 el despacho de primer nivel declar� un hecho superado en relaci�n con el derecho de petici�n invocado por la se�ora �NGELA MAR�A GONZ�LEZ MAR�N en contra de DAVIVIENDA, como quiera que la entidad emiti� una respuesta a la petici�n de la accionante.

Pero protegi� dicho derecho, en lo que corresponde a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, y le orden� a la entidad que, en el t�rmino de 48 horas, contado a partir de la notificaci�n de la sentencia, disponga y verifique que se informe a la accionante el tr�mite que se le dio a su queja y los alcances de la misma. Para llegar a la anterior determinaci�n, la funcionaria a-quo argument� que, si bien la Superintendencia no pod�a decidir de fondo respecto del cumplimiento del acuerdo de pago, como m�nimo debi� informar dentro de los quince d�as siguientes a su presentaci�n que tr�mite le dieron a la queja, lo cual no acredit� la entidad con alguna comunicaci�n dirigida a la accionante a su correo electr�nico, circunstancia que genera vulneraci�n del derecho fundamental de petici�n de la accionante. 4.- IMPUGNACI�N La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA se mostr� inconforme con la decisi�n de primera instancia, raz�n por la cual solicit� que se revoque la sentencia, a cuyo efecto present� similares argumentos a lo expuesto ante el juez de primera instancia, para adicionar que la Superintendencia no ten�a el deber de informar a la accionante sobre un traslado de competencias, toda vez que la solicitud fue tramitada como queja a trav�s de la herramienta tecnol�gica de la entidad, la cual est� dise�ada para informar al consumidor que la inconformidad fue puesta en conocimiento de la entidad vigilada y que ser� aquella la responsable de brindar una respuesta. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto tutel� el derecho fundamental de petici�n de la se�ora �NGELA MAR�A GONZ�LEZ MAR�N en relaci�n con la queja presentada ante la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia De acuerdo con el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, toda persona podr� acudir a la tutela para reclamar la protecci�n a sus derechos constitucionales fundamentales, y proceder� contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, o particulares seg�n se trate, siempre que �el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu�lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�.

Se advierte entonces que la acci�n constitucional ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna. La se�ora �NGELA MAR�A GONZ�LEZ MAR�N concurri� ante el juez constitucional con el fin de lograr la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, m�nimo vital y dignidad humana, los cuales estim� vulnerados por parte del banco DAVIVIENDA y la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, la primera por no contestar sus derechos de petici�n, y la segunda, por no hacer cumplir el acuerdo de pago que suscribi� con el banco.

Frente a esta espec�fica pretensi�n, el juzgado de primer nivel tutel� exclusivamente el derecho fundamental de petici�n y solo contra la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, para ordenarle a la entidad le informe a la accionante qu� tr�mite le dieron a la que queja presentada por ella contra el banco DAVIVIENDA y que alcances tiene la misma. Decisi�n contra la cual no estuvo de acuerdo la Superintendencia, por considerar que no tiene ninguna injerencia frente a los acuerdos en que pudieron haber llegados las partes, y su funci�n solo se limita a la de correr traslado de la queja a la entidad bancar�a para que resuelva lo pertinente.

Adicion� la entidad impugnante, que no est� en la obligaci�n de comunicarle a la accionante acerca de ese traslado de competencia al banco, por cuanto para ello est� la herramienta tecnol�gica para tal fin la cual puede revisar la accionante. Con fundamento a lo anterior, desde ya la Corporaci�n anuncia que comparte la decisi�n de la juez de primera instancia, toda vez que en efecto estamos ante la vulneraci�n del derecho fundamental de petici�n, como pasar� a explicarse.

Debe recordar la Corporaci�n que el derecho de petici�n brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades p�blicas en inter�s particular para obtener una respuesta dentro del t�rmino legalmente establecido. Esa garant�a se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando la autoridad o persona que atiende el servicio p�blico y a quien se eleva la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestaci�n sea negativa o positiva frente al inter�s planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisi�n. En cuanto a la finalidad del derecho de petici�n, la Corte Constitucional en sentencia T-206/18 sostuvo: �9.

El derecho de petici�n, seg�n la jurisprudencia constitucional, tiene una�finalidad�doble: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado.�Ha indicado la Corte que �(�)�dentro de sus garant�as se encuentran (i) la pronta resoluci�n del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del t�rmino legalmente establecido para ello; y (ii) la contestaci�n debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situaci�n real de lo solicitado�.

En esa direcci�n tambi�n ha sostenido�que a este derecho se adscriben tres posiciones:��(i) la posibilidad de formular la petici�n, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resoluci�n dentro del t�rmino legal y la consecuente notificaci�n de la respuesta al peticionario�. Adem�s, la Ley 1755 de junio 30 de 2015, en su art�culo 13 dispone: �Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los t�rminos se�alados en este C�digo, por motivos de inter�s general o particular, y a obtener pronta resoluci�n completa y de fondo sobre la misma�.

Igualmente, el canon 14 de la referida normativa y en relaci�n con el plazo para responder peticiones, expresa: �Salvo norma legal especial y so pena de sanci�n disciplinaria, toda petici�n deber� resolverse dentro de los quince (15) d�as siguientes a su recepci�n [�]� El mismo art�culo en cuanto al t�rmino para resolverse las peticiones de documentos y de informaci�n, dispuso diez (10) d�as siguientes a su recepci�n, y para resolver consultas a las autoridades relacionadas con las materias a su cargo el t�rmino de 30 d�as.

En este asunto, en efecto, la juez de primera instancia identific� que la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA se encontraba vulnerando el derecho fundamental de petici�n, como quiera que la se�ora �NGELA GONZ�LEZ elev� una queja ante dicha entidad respecto de un reclamo que le hizo al banco DAVIVIENDA y ninguna respuesta hab�a recibido por parte de la Superintendencia en relaci�n con la queja presentada.

As� las cosas, es claro que existe una obligaci�n de toda entidad p�blica o privada en contestar todo derecho de petici�n que le sea presentado, y es cierto, la respuesta no tiene que ser favorable a los intereses del peticionario. Ahora, ocurre que no toda petici�n en una primera oportunidad merece una repuesta de fondo, como quiera que ello depende de infinidad de circunstancias, V.G. la autoridad que recibe una petici�n y no tiene competencia para resolver lo pedido, en cuyo caso, tiene dos obligaciones, primero la de remitir la petici�n a la autoridad competente para ello, y segundo, informarle tal situaci�n al peticionario.

Por tanto, no entiende la Corporaci�n la postura de la entidad impugnante cuando resalta que no tiene ninguna responsabilidad en el tipo de soluci�n que pueda llegar a tener la respuesta que emita el banco, cuando eso no es lo que orden� el fallo de tutela, toda vez que la sentencia lo que consider� necesario es la necesidad de que se le informe a la accionante que tr�mite se le da a su queja y cuales son los alcances de la misma.

Finalmente, no puede aceptarse el argumento de la Superintendencia de no tener la obligaci�n de emitir una repuesta a la petici�n, cuando es evidente que la queja presentada por la accionante, m�nimamente merece que se indique cu�l es su tr�mite, y por obvias razones ello se le debe informar a la ciudadana. Por tanto, se confirmar� la determinaci�n proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), por medio de la cual ampar� el derecho fundamental de petici�n. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA el fallo de tutela proferido en mayo 29 de 2023 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), que ampar� el derecho fundamental de petici�n de la se�ora �NGELA MAR�A GONZ�LEZ MAR�N, vulnerado por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

SEGUNDO: Por Secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado     Sentencia de tutela 2� instancia N� 099 Radicaci�n: 66001310400520230005101 Accionante: �ngela Mar�a Gonz�lez Mar�n Confirma P�gina  PAGE 7 de  NUMPAGES 7 ,-/_ ` � � � � � -. 0 � � � �Ҿ�������~fR;R�,h�k�h�k�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�k�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h3�h�k�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�k�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h3�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h�y8h�y8CJOJPJQJ^JaJ nH tH &h�y8CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h3�h�y85�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h3�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH -� �. � � � � '6Sj}����������������������������� $da$gd� 0dgd%t3 $da$gd%t3 $d�a$gd%t3d�gd�k�d�gd�y8� '(56RSj}�������뻝��t`MB7,h%t3h GZCJaJh%t3h)TCJaJh%t3h"KCJaJ$h%t3h%t3CJEH��PJaJnH tH 'h%t3h%t35�CJPJ^JaJnH tH  h%t3h%t3PJ^JaJnH tH /h%t3h%t35�CJ OJPJQJ^JaJ nH tH ;h%t3h%t35�:�B*CJ OJPJQJ^JaJ nH phtH $h%t3h%t3CJPJ^JaJ nH tH 8jh%t3h%t3CJOJPJQJU^JaJmHnHu'h%t3h%t35�CJPJ^JaJ nH tH  ����������������������������ɾ��������ꨇ�t_P h%t3hJtS@���CJEH��aJ(h� 0hJtSCJ OJPJQJaJnH tH h%t3h�k�CJaJhR.KCJaJh%t3h�V�CJaJh%t3h�WBCJaJh%t3h�#CJaJh%t3h��CJaJh%t3h�_kCJaJh%t3hKBCJaJh%t3h�9/CJaJh%t3h� CJaJh%t3hTh�CJaJh%t3h�$CJaJh%t3h�:�CJaJ������������NOD E � � �!")$*$t%���������������������������dgd%t3dgd� 0:;W[������FHNOPQklm�������ĵ�Ĉy�y�iYJyJ;� h%t3hB@���CJEH��aJ h%t3h�_k@���CJEH��aJ h%t3h�9/5�@���CJEH��aJ h%t3h�:�5�@���CJEH��aJ h%t3h�n@���CJEH��aJ h%t3hKB@���CJEH��aJ h%t3he|3@���CJEH��aJ h%t3hS =@���CJEH��aJ h%t3h,Q�@���CJEH��aJ h%t3h�9/@���CJEH��aJ h%t3h�6�@���CJEH��aJ h%t3hU�@���CJEH��aJ h%t3ht3+@���CJEH��aJ�������� eiy�����������Ӿ����r_r_r_L_L_L_9$h%t3h�'�@���CJEH��aJmH sH $h%t3hf:�@���CJEH��aJmH sH $h%t3hb �@���CJEH��aJmH sH $h%t3h�9/@���CJEH��aJmH sH $h%t3hA_�@���CJEH��aJmH sH $h%t3h�_k@���CJEH��aJmH sH $h%t3hJtS@���CJEH��aJmH sH (h� 0hJtSCJ OJPJQJaJnH tH  h%t3ht3+@���CJEH��aJ h%t3hS =@���CJEH��aJ h%t3h� @���CJEH��aJ������������(,5����Ǵ��{�{�{hU�B�h�$h%t3h�^@���CJEH��aJmH sH $h%t3hl@���CJEH��aJmH sH $h%t3h�'�@���CJEH��aJmH sH $h%t3h N@���CJEH��aJmH sH $h%t3hY@���CJEH��aJmH sH $h%t3h3./@���CJEH��aJmH sH $h%t3h�[�@���CJEH��aJmH sH $h%t3h�n@���CJEH��aJmH sH $h%t3h�1�@���CJEH��aJmH sH $h%t3h��@���CJEH��aJmH sH ���������"#$&67}����Ŷ����yj[L=y�y�=L=[ h%t3h� @���CJEH��aJ h%t3h�'�@���CJEH��aJ h%t3h�n@���CJEH��aJ h%t3hH?"@���CJEH��aJ h%t3h3./@���CJEH��aJ h%t3h�\�@���CJEH��aJ h%t3hh@���CJEH��aJ h%t3hh5�@���CJEH��aJ h%t3hJtS@���CJEH��aJ(h� 0hJtSCJ OJPJQJaJnH tH $h%t3hR.K@���CJEH��aJmH sH $h%t3hn e@���CJEH��aJmH sH �� KNWC D " " "-"($)$/'�'�'(((3(�����������t���e�e�UE h%t3ho �6�@���CJEH��aJ h%t3h�t�6�@���CJEH��aJ h%t3ho �@���CJEH��aJ h%t3h+YK5�@���CJEH��aJ h%t3h�:�5�@���CJEH��aJ h%t3h+YK@���CJEH��aJ h%t3h�2@���CJEH��aJ h%t3h�t�@���CJEH��aJ h%t3h�'�@���CJEH��aJ h%t3h� @���CJEH��aJ h%t3h�'�6�@���CJEH��aJ h%t3h� 6�@���CJEH��aJt%u%]&^&�'�'((**�*�*]+^+�-�-�/�/�/�/F2G2_2`2h3i3�3�3���������������������������dgd� 0dgd%t33(>(�)�)�)**�*�* ++ +Y+\+]+^+b+d+e+s+z+�����������񤕅vgXF"h%t3ho �5�@���CJEH��\�aJ h%t3h�' @���CJEH��aJ h%t3h�t@���CJEH��aJ h%t3hulJ@���CJEH��aJ h%t3hulJ5�@���CJEH��aJ h%t3h� @���CJEH��aJ h%t3h�t�@���CJEH��aJ h%t3h�:�@���CJEH��aJ h%t3ho �5�@���CJEH��aJ h%t3h�:�5�@���CJEH��aJ h%t3ho �@���CJEH��aJ h%t3h�sF@���CJEH��aJz+�+�+�+�+�+,|,�,�,�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-.����������ufW�WH�W9W h%t3hqN�@���CJEH��aJ h%t3h�@���CJEH��aJ h%t3hs9�@���CJEH��aJ h%t3h>@���CJEH��aJ h%t3h�`�@���CJEH��aJ h%t3h"|@���CJEH��aJ h%t3h�)$@���CJEH��aJ h%t3ho �5�@���CJEH��aJ h%t3h�:�@���CJEH��aJ h%t3ho �@���CJEH��aJ h%t3h�k�@���CJEH��aJ h%t3h�e�@���CJEH��aJ"h%t3h�sF5�@���CJEH��\�aJ...�/�/�/�/�/�/�/�/`0E2F2G2_2`2h2���ĵ���s�d�dY�F3$h%t3h�C�@���CJEH��aJmH sH $h%t3hJtS@���CJEH��aJmH sH h%t3h"|CJaJ h%t3h�L@���CJEH��aJ h%t3h�a�@���CJEH��aJ(h� 0hJtSCJ OJPJQJaJnH tH  h%t3h=-�@���CJEH��aJ h%t3h>@���CJEH��aJ h%t3h _P@���CJEH��aJ h%t3h{S�@���CJEH��aJ h%t3h�)$@���CJEH��aJ h%t3hG �@���CJEH��aJ h%t3h�-c@���CJEH��aJh2�2�2�2�2M3O3h3i3n3o3�3�34(46474R4�48595�����񥕆��w�hXH�w6" *h%t3h�aD5�@���CJEH��aJ h%t3h"|5�@���CJEH��aJ h%t3h�:�5�@���CJEH��aJ h%t3hZ@���CJEH��aJ h%t3hZM�@���CJEH��aJ h%t3h%Fi@���CJEH��aJ h%t3h%Fi5�@���CJEH��aJ h%t3hZ5�@���CJEH��aJ h%t3h UQ@���CJEH��aJ h%t3h� �@���CJEH��aJ h%t3hN=%@���CJEH��aJ h%t3h"|@���CJEH��aJ h%t3h�C�@���CJEH��aJ�38595Z5[577%8&8�9�9G=H=3>4>�@�@�@�@D�D�G�G���������������������� ���d]���gd%t3����d�]��^��gd� 0 d1$gd%t3 ��d1$]��gd%t3dgd%t395Y5Z5[5y6777%8&8/80818K8L8S8U8�8�8�8�8�8���³££�„td�U�F7�7 h%t3h"|@���CJEH��aJ h%t3hZ@���CJEH��aJ h%t3h�~�@���CJEH��aJ h%t3h��5�@���CJEH��aJ h%t3h"|5�@���CJEH��aJ h%t3h�:�5�@���CJEH��aJ h%t3h"1A@���CJEH��aJ *h%t3h��@���CJEH��aJ h� 0h��@���CJEH��aJ h%t3h��@���CJEH��aJ h%t3h�h�@���CJEH��aJ h%t3h%Fi@���CJEH��aJ h%t3h%Fi5�@���CJEH��aJ�8�8�8�8999�9�9�9�9�9�9:�:�:�:�:(;*;�;�;�;�;�; 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