Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001220400020230011500

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2023-07-31

Sujetos procesales: AFVB

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Acta de Aprobaci�n No. 793 Hora: 2:00 p.m. Procede la Sala a decidir la acci�n de tutela instaurada por AFVB, interno en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira (Rda.), contra el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, as� como el Director y el �rea del Consejo de Evaluaci�n y Tratamiento de dicho centro carcelario, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad, igualdad y vida digna. 1.- SOLICITUD El escrito de tutela arrimado por el se�or AFVB, se puede sintetizar de la siguiente manera: (i) fue condenado por la Sala Penal de este Tribunal a la pena de 22 a�os, 04 meses y 15 d�as de prisi�n por homicidio, los cuales ha estado unos lapsos privado de su libertad en su domicilio y otros en su residencia, la que le fuera revocada;

(ii) en noviembre 30 de 2022 se le neg� el cambio de fase, por un error del establecimiento carcelario, la que se corrigi� por acta de enero 31 de 2023, pero debido a ello el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas, solo le reconoci� algunas horas de redenci�n, no a las que ten�a derecho, (iii) as� mismo, el establecimiento carcelario dio concepto desfavorable para la libertad condicional, lo que no entiende dado que su conducta ha sido ejemplar y ha participado en los procesos de resocializaci�n;

(iv) el Juzgado al negar la libertad condicional, se tard� m�s de tres meses en decidir y aduce que no ha recibido el tratamiento penitenciario necesario para retornar a la sociedad, cuando ha participado en los diferentes programas del INPEC para acceder a tal beneficio; (v) aunque cuando estuvo en prisi�n domiciliaria, sali� de la vivienda lo que conllev� a su revocatoria, notific� al juzgado el cambio de su lugar de trabajo, pero la respuesta fue la aludida revocatoria, de la que se enter� meses despu�s y se present� voluntariamente al establecimiento carcelario;

(vi) ha superado las 3/5 partes de la pena, y efectuado el proceso de resocializaci�n, y (vii) aunque otros compa�eros de patio se les concedi� la libertad condicional por otros juzgados de ejecuci�n de penas, al cumplir las 3/5 partes, el ahora accionado lo niega, con miras a dilatar la concesi�n de tal beneficio. Pide en consecuencia que se le otorgue la libertad condicional, y ante la carencia de recursos econ�micos de su familia, se le permita pagar una p�liza por tres salarios m�nimos. 2.- CONTRADICTORIO La Sala por auto de julio 21 de 2023, admiti� la presente acci�n y orden� correr traslado de la tutela al despacho y autoridades carcelarias accionadas, quienes al respecto as� se pronunciaron: -.

El Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, pide se niegue el amparo reclamado al no vulnerarse derecho fundamental alguno al actor, y para ello expresa: (i) con ocasi�n de la solicitud de libertad condicional que elev� el se�or VARON BONILLA, se remiti� en mayo 30 de 2023 la documentaci�n al Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas;

(ii) en uso de las facultades legales, dicha direcci�n emiti� un concepto desfavorable por cuanto el actor no cumpl�a con el factor objetivo, esto es las 3/5 partes de la pena impuesta, de igual manera se enfatizaba en el auto que revoc� su libertad domiciliaria, ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos, y (iii) el CET mediante acta de mayo 20 de 2022, evidenci� la dificultad del interno en el cumplimiento del reglamento interno, acorde con lo informado en auto de diciembre 24 de 2021 del Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas que le revoc� la prisi�n domiciliaria, lo que conllev� a un retroceso en su plan de tratamiento, por lo cual se clasific� en fase de mediana a alta seguridad, pero acorde con los seguimientos que el CET realiza a la poblaci�n privada de la libertad, cada seis meses, misma que se efectu� en enero 31 de 2023, al verificar los avances del interno se clasific� en fase de mediana seguridad y en el mes de julio se encuentra incluido para su cambio a m�nima seguridad. -.

La titular del Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, pide se decrete la improcedencia de la tutela, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, por cuanto contra la decisi�n de junio 09 de 2023 que le neg� la libertad condicional al interno AFVB, no se agotaron los recursos ordinarios, lo que descarta la procedencia de la acci�n constitucional. 3.- PRUEBAS Se tuvieron como tales los documentos aportados por el actor y los dem�s intervinientes, los cuales obran en el expediente. 4.- Para resolver, SE CONSIDERA El Tribunal es competente para fallar este caso de conformidad con la facultad consagrada en la Constituci�n Pol�tica en su art�culo 86 y en los Decretos 2591/91 y 1382 de 2000, modificado por el 1069 de 2015, y este �ltimo a su vez, por el 1983 de 2017 y el 333 de 2021. 4.1.- Problema planteado Debe establecer la Sala si por parte del juzgado accionado se incurri� en vulneraci�n a los derechos fundamentales reclamados por el se�or AFVB; en caso afirmativo, se deber� determinar cu�l es la actuaci�n que corresponde a efectos de cesar dicha vulneraci�n. 4.2.- Soluci�n La tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna.

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el accionante AFVB, se tiene que reclama por esta v�a la protecci�n de sus derechos fundamentales a la libertad, igualdad y vida digna, los que estima transgredidos por parte del Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, la Direcci�n y el CET del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, al hab�rsele negado la libertad condicional, pese a que en su sentir, supera las 3/5 partes de la pena, as� como el tratamiento penitenciario al haber hecho uso de los programas de resocializaci�n dispuestos por el INPEC.

De lo planteado por el actor, advierte la Sala que el mismo lo que pretende atacar concretamente el prove�do de junio 09 de 2023 por medio del cual el juzgado que vigila la pena le neg� la libertad condicional, determinaci�n que como as� lo inform� a la Sala el Juzgado accionado, no fue objeto de recurso, y por consiguiente es indispensable estudiar de manera inicial lo relacionado con la viabilidad de la tutela a efectos de revisar la citada providencias, para luego establecer si hay o no lugar a realizar un an�lisis de fondo en el caso concreto.

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional recopil� y reiter� los requisitos generales para que proceda la tutela contra providencias judiciales, as� como las causales de procedencia especiales de acuerdo con lo que en tal sentido se plasm� en la sentencia C-590/05, en la que adem�s se precis�: �En definitiva, como ha sido se�alado en reciente jurisprudencia, la acci�n de tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisi�n del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisi�n incompatible con la Constituci�n. En este sentido, la acci�n de tutela contra decisi�n judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de correcci�n del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusi�n de los asuntos de �ndole probatoria o de interpretaci�n normativa, que dieron origen a la controversia. [�]� La jurisprudencia constitucional es contundente al afirmar que el car�cter subsidiario y residual de la acci�n constitucional significa que solo es procedente de forma supletoria, esto es, cuando no se contemplen otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o que pese a ello se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situaci�n y la importancia del auxilio constitucional, como as� lo refiere el canon 86 C.N. Precisamente, am�n de la subsidiariedad que rige este tr�mite, ello conlleva a sostener que deben agotarse todos los mecanismos ordinarios con los que se cuenta para procurar la protecci�n de los derechos presuntamente quebrantados, sin que puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley.

Tal situaci�n comporta una carga para el accionante en el sentido de tener que desplegar todos los medios de impugnaci�n que el sistema jur�dico ha dispuesto para la defensa de sus derechos. En tal sentido, la tutela no es un instrumento procesal alternativo adicional o complementario al proceso que adelanta el funcionario judicial correspondiente, pues se correr�a el riesgo de vaciar de contenido las competencias de las distintas autoridades judiciales e implicar�a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de la jurisdicci�n constitucional, y solo proceder�a al acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable o que los recursos o mecanismos a su alcance no resulten id�neos para la protecci�n de los derechos afectados, como lo tiene sentado la jurisprudencia.

As� mismo, ante la interposici�n de acciones de tutela contra decisiones judiciales, explic� la Alta Corporaci�n: �La doctrina constitucional igualmente ha sido clara en se�alar que cuando se trata de providencias judiciales, la acci�n de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnaci�n instituidos en los c�digos de procedimiento.

No obstante, por v�a jurisprudencial se ha venido decantando el alcance de tal postulado, dando paso a la procedencia de la acci�n de tutela cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivaci�n o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales, de ah� que, por excepci�n se permitir� que el juez de tutela pueda intervenir en orden a hacer cesar los efectos nocivos que la causal especial de procedibilidad detectada puede ocasionar en relaci�n con los derechos fundamentales�  De la informaci�n arrimada al dosier, espec�ficamente por parte del Juzgado accionado, se advierte que en momento alguno el se�or AFVB, interpuso recurso contra el auto de junio 09 de 2023, que le neg� la libertad condicional, y acorde con la jurisprudencia constitucional, el requisito de la subsidiariedad solo puede ser flexibilizado cuando: (i) se demuestre que el medio ordinario es inid�neo o ineficaz para que se d� cumplimiento a lo pretendido por el accionante, y (ii) que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, v�ase: �No obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protecci�n, resulta admisible acudir directamente a la acci�n de tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a trav�s de estos es imposible obtener un amparo integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protecci�n de �l requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; hip�tesis dentro de las que se encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condici�n de sujeto de especial protecci�n constitucional y, por ello, su situaci�n requiere de una particular consideraci�n por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protecci�n a trav�s de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuraci�n de un perjuicio de car�cter irremediable, evento en el cual el juez de la acci�n de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protecci�n provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.

Sobre el primero de los eventos anteriormente mencionados, esta Corporaci�n indic� en la Sentencia SU-772 de 2014, que para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario es necesario que el juez constitucional valore: �i) que el tiempo de tr�mite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de la decisi�n (�); ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la situaci�n en que se encuentra el afectado (�); iii) que el remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades de los sujetos, como cuando la resoluci�n del problema (�) dependa estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una persona.� ( ) Respecto del segundo de ellos, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable.

Entre ellos se encuentran: que (i) se est� ante un da�o inminente o pr�ximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del da�o; (ii) de ocurrir, no existir�a forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectaci�n de un bien susceptible de determinaci�n jur�dica que se estima como altamente significativo para la persona;

(iv) se requieran medidas urgentes para superar la condici�n de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protecci�n deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumaci�n del da�o irreparable.� En este evento en particular, estima la Sala que acorde con lo arrimado a la actuaci�n, no existen elementos para considerar que los mecanismos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jur�dico, sean inid�neos o ineficaces para lograr el fin propuesto por el se�or AFVB, m�xime cuando se sabe que pese a la determinaci�n adoptada por el juzgado encargado de vigilar la pena impuesta, guard� silencio y no interpuso los recursos de reposici�n y apelaci�n, ni tampoco se evidencia la comisi�n de un perjuicio irremediable.

Y es que se reitera, �la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios� , raz�n por la cual no es de recibo que pese a que el accionante cuente con un mecanismo id�neo y eficaz para controvertir una determinaci�n judicial que le fue adversa, guarde silencio y acuda a la acci�n constitucional, cuando tales asuntos deben ser debatidos ante el juez natural, que para este caso, no es otro diferente al encargado de la vigilancia de su pena.

Aunado a lo anterior, el accionante tampoco acredit� la urgencia, gravedad, inminencia o postergabilidad del amparo, ni mucho menos hay lugar a considerar que se encuentra ante un perjuicio irremediable, m�xime que, como se sabe, bien puede elevar nuevamente la petici�n para que sea estudiada la libertad condicional que reclama, para lo cual, como lo indic� el director del Establecimiento Carcelario, ya incluso contar� con una nueva clasificaci�n de su fase, esto es la de m�nima seguridad, lo que posiblemente conllevar� a que por parte del CET, se emita un concepto favorable, sin dejar de lado claro est�, que en �ltimas la decisi�n de concederse o no el beneficio liberatorio estar� en cabeza del Juzgado de Ejecuci�n de Penas.

Y aunque alude que a otros internos ya se les otorg� la libertad condicional, por despachos distintos al que le neg� la suya, debe decirse que cada caso debe mirarse de manera individual y concreta, en tanto lo supuestos de hechos que llevaron a que a los mismos se les haya otorgado dicho beneficio liberatorio, pudieron ser diferentes a los que se hallaban en cabeza del ahora accionante, por lo que no puede pregonarse vulneraci�n alguna al derecho a la igualdad.

En ese orden, estima el Tribunal que en este asunto no se acredit� por parte del actor las exigencias jurisprudenciales para proceder a un an�lisis de fondo de la situaci�n planteada por el actor, por lo cual se declarar� su improcedencia. 5.- DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica, por mandato de la Constituci�n y de la Ley, FALLA PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de los derechos fundamentales reclamados por el sentenciado AFVB, acorde con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, rem�tase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado En ausencia justificada  Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 2007.  T-094/13  �a.) Que la cuesti�n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b.) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci�n de un perjuicio iusfundamental irremediable. c.) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. d.) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e.) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci�n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci�n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f.) Que no se trate de sentencias de tutela.�  �a.) Defecto org�nico; b.) Defecto procedimental absoluto; c.) Defecto f�ctico; d.) Defecto material o sustantivo; e.) Error inducido; f.) Decisi�n sin motivaci�n; g.) Desconocimiento del precedente, y h.) Violaci�n directa de la Constituci�n.�  Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.  Cfr. Sentencia T-649/16.  Sentencias SU-026 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;

SU-424 de 2012 Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, reiteradas en sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iv�n Palacio Palacio.  Sentencia T-397/18.  Sentencia T-102 de 2006, reiterada en SU-128 de 2021.     Sentencia de tutela 1� instancia N� 029 Radicaci�n: 66001220400020230011500 Accionante: AFVB Declara improcedente P�gina  PAGE 3 de  NUMPAGES 7 '23   D E G X � � � � � � � � � ���������r�r���\I6\%hNX{5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h{)�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h6>Oh{)�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h6>Oh�5�CJOJQJ^JaJ mH sH (h�h�CJOJQJ^JaJ mH sH "h�CJOJQJ^JaJ mH sH "h6>OCJOJQJ^JaJ mH sH (h6>Oh6>OCJOJQJ^JaJ mH sH %h�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h6>Oh6>O5�CJOJQJ^JaJ mH sH 3F G � � � � ����� :Qd~������������������������� $da$gd_O�dgd� � $da$gd� � $d�a$gd� �d�gd{)�d�gd�d�gd6>O� ������  9:Qd~����Dz���v\H\;-h Oh6>OCJOJQJ^JaJ mH sH "hNX{CJOJQJ^JaJ mH sH "h{)�CJOJQJ^JaJ mH sH (h{)�h{)�CJOJQJ^JaJ mH sH ~������������������������������ƻѰ�����y�y�y�ncXMXѥ�h� �hbECJ^Jh� �h�7�CJ^Jh� �h��CJ^Jh� �h- �CJ^Jh� �h�C�CJ^Jh� �h[cnCJ^Jh� �h� �CJ^Jh� �h�aLCJ^Jh� �h,X�CJ^Jh� �h�orCJ^Jh� �h�NaCJ^Jh� �hej�CJ^Jh� �h&8/CJ^Jh� �h�{�CJ^Jh� �h�: CJ^Jh� �CJEH��^JmH sH ���������ij  12��P Q �!�!�!�!e"f"�"�"�#���������������������������dgd� � 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