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(ii) se trata de un hecho vigente; y (iii) el interesado requiri� la cancelaci�n de la medida de aseguramiento y la orden de captura que todav�a le figuran como activas� HABEAS DATA / DERECHO DE PETICI�N / NO APLICA EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES Como se sabe el derecho de petici�n brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades p�blicas en inter�s particular para obtener una respuesta dentro del t�rmino legalmente establecido.
Esa garant�a se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando la autoridad o persona que atiende el servicio p�blico y a quien se eleva la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestaci�n sea negativa o positiva� � en aquellos eventos donde los sujetos procesales elevan peticiones dentro de una actuaci�n penal, estas no deben ser entendidas como una manifestaci�n del derecho fundamental de petici�n, sino de postulaci�n, mismo que tiene cabida dentro de la garant�a del debido proceso� HABEAS DATA / DEFINICI�N El mismo art�culo 15 Superior regula el derecho al habeas data, el cual dispone que las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades p�blicas y privadas; por tanto, ese derecho adquiere la connotaci�n de garant�a constitucional aut�noma e independiente.
REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n No. 776 Hora: 1:45 p.m. 1.- VISTOS Procede esta Corporaci�n a decidir la acci�n de tutela instaurada por el se�or CFGM, contra el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad y Primero Penal Municipal de Pereira (Rda.), por considerar vulnerado su derecho fundamental de petici�n y habeas data. 2.- SOLICITUD Manifiesta el se�or CFGM, que estuvo privado de su libertad por el delito de concierto para delinquir agravado, y actualmente se encuentra en libertad por pena cumplida, conforme la boleta expedida por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas de esta capital, pero aun as� ha encontrado diversas barreras, por cuanto las empresas le niegan la posibilidad de trabajar en raz�n a que en la p�gina de la Polic�a aparece que el certificado no le puede ser generado, pese a no poseer �rdenes de captura ni antecedentes penales vigentes, con lo que se afecta su derecho al habeas data.
Indica que en abril 27 elev� petici�n al Juzgado Primero Penal Municipal para que se borrara la anotaci�n que aparece en la p�gina de la Polic�a y en junio 06 elev� similar petici�n al Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y a la Polic�a Nacional, sin obtener respuesta de los dos primeros, en tanto la Polic�a le comunic� que se hac�a indispensable que la autoridad judicial dispusiera la cancelaci�n de la medida de aseguramiento y la orden de captura que a�n le figura vigente, cuya eliminaci�n requiere para integrarse de manera correcta a la sociedad, dado los problemas para conseguir un trabajo.
Pide en consecuencia se protejan sus derechos de petici�n y habeas data y se ordene a los juzgados accionados, que den respuesta de fondo a su petici�n, y se indique la fecha en que se actualizar� la informaci�n en la base de datos de la Polic�a. 3.- CONTESTACI�N La Sala por auto de julio 14 de 2023, admiti� la acci�n Constitucional, corri� traslado de la misma a los juzgados accionados, y dispuso la vinculaci�n oficiosa de los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado, Primero y Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de esta capital, as� como al jefe del Grupo de An�lisis de la Informaci�n Criminal-SIJ�N MEPER, de la Polic�a Nacional, quienes al respecto as� se pronunciaron: 3.1.- La titular del Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, actualmente denominado Octavo Penal Municipal refiri� que luego de la b�squeda realizada en el correo electr�nico, no se encontr� ninguna petici�n enviada por el se�or CFGM, y de los anexos de la tutela, se advierte que tal petici�n al parecer se radic� ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta capital, por lo que considera que fue un error del accionante, al hacer menci�n a su despacho, m�xime que all� no ha adelantado tr�mite alguno respecto al proceso con radicaci�n 6600160000036-2014-03096.
Por tal raz�n, pide su desvinculaci�n de esta tutela. 3.2.- El titular del Juzgado Primero Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Pereira expres� que en la Secretar�a no se encontr� petici�n alguna del se�or CFGM, por lo cual no se ha vulnerado su derecho de petici�n; as� mismo, se�ala que en punto de la informaci�n que registra en la base de datos de la Polic�a Nacional, es dicha entidad la que tiene el deber de mantenerla actualizada con los datos que suministren los juzgados que profirieron decisiones atinentes a su situaci�n jur�dica, y tal juzgado cumpli� en su momento con comunicar lo correspondiente a la expedici�n de la orden de captura, pero su cancelaci�n o p�rdida de vigencia desborda su competencia, por lo que no ha vulnerado derecho alguno y pide su desvinculaci�n. 3.3.- La titular el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira inform� lo siguiente: (i) por auto 2106 de mayo 30 de 2019, se le concedi� la libertad por pena cumplida a CFGM, se dispuso devolver el expediente el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira para su archivo definitivo y se orden� enterar de tal decisi�n a las mismas autoridades a las que se les comunic� sobre el fallo de condena;
(ii) en febrero 08 de 2023 se recibi� petici�n del actor, que se remiti� al juzgado fallador al haber perdido competencia luego de declarar la extinci�n de la sanci�n penal; (iii) en junio 06 se recibi� nueva solicitud del accionante, la que se entendi� de manera err�nea, al creer que lo pedido era el ocultamiento al p�blico de la informaci�n del proceso, por lo cual se remiti� a la Secretar�a para el tr�mite respectivo;
(iv) con ocasi�n de esta tutela, y percibido el error, mediante oficio 071 se dio respuesta a su petici�n y por segunda vez se reiter� a la Polic�a Nacional la extinci�n de la sanci�n penal, pese a no existir registro alguno de la sentencia de condena que fuera objeto de vigilancia, por cuanto las anotaciones que le figuran lo son con la radicaci�n N� 660016000036-2014-03026, y el proceso que vigilaron fue el N� 6600016000000-2016-00112, y (v) como la inconformidad del actor se dio por no hab�rsele dado respuesta a su derecho de petici�n, considera que ello fue subsanado y por tal motivo solicita se decrete un hecho superado. 3.4.- La titular del Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Pereira, indic� que revisadas sus bases de datos y correo electr�nico no se encontr� petici�n alguna que elevara el se�or CFGM, y en lo que respecta a ese despacho, solo se conocieron las audiencias preliminares efectuadas en agosto 12, donde se le impuso medida de aseguramiento en el proceso con radicaci�n N� 660016000036-2014-03096-00, cuyo link deja a disposici�n. Agrega que al haber vulnerado derecho alguno pide su desvinculaci�n de esta tutela. 3.5.- El titular del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, se�ala lo siguiente: (i) se tramit� el proceso con radicaci�n N� 660016000000-2016-00112 contra el se�or CFGM, el cual se encuentra en archivo definitivo por extinci�n de la pena, y aclara que ello se dio como consecuencia de la RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL del caso matriz con radicaci�n N� 660016000036-2010-03096 (sic), por lo cual cabe la posibilidad que las anotaciones que le aparecen vigentes, relacionadas con audiencias preliminares, se hayan efectuado con la anterior radicaci�n, toda vez que la sentencia dictada lo fue con la radicaci�n 2016-00112.;
(ii) se recibi� petici�n en marzo 15 de 2023, donde el actor pidi� un paz y salvo sobre la extinci�n de la pena para el ocultamiento de datos, con destino a diferentes autoridades, por lo que se pidi� el desarchivo del proceso, y con miras a atender los requerimientos del actor, se solicit� a la Oficina Judicial se les capacitara para el proceso de �ocultamiento� de datos en el aplicativo Siglo XXI, sin obtener respuesta, por lo que no se ha podido resolver de fondo lo reclamado por el actor;
(iii) el despacho ha realizado las labores tendientes a resolver lo pedido, para ocultar la informaci�n solicitada, sin �xito, dado que para ello deben concurrir otras dependencias, por lo que una vez se brinde la capacitaci�n respectiva, se dar� respuesta de manera inmediata a lo requerido por el accionante. 3.6.- El Jefe del Grupo de An�lisis y Administraci�n de la Informaci�n Criminal Sij�n de la Polic�a Metropolitana de Pereira, se�al� que al revisar los datos registrados a nombre del se�or CFGM, aparece vigente una orden de captura y una medida de aseguramiento dictadas, en su por los Juzgado Primero y Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Pereira, respectivamente, bajo el radicado N� 660016000036-2014-03096 por concierto para delinquir, en tanto la anotaci�n que le figuraba por la sentencia de condena emitida en el proceso con radicaci�n N� 660016000000-2016-00112 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, se encuentra en estado �extinto�.
Agrega que no cuentan con soportes para actualizar tales datos, cuya obligaci�n recae en los despachos judiciales que conocieron del proceso 36-2014-03096, misma que no ha sido allegada, por lo que estima que se configura un hecho superado y por consiguiente pide su desvinculaci�n. 4.- PRUEBAS Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes. 5.- Para resolver, SE CONSIDERA El Tribunal es competente para fallar este caso de conformidad con la facultad consagrada en la Constituci�n Pol�tica en su art�culo 86 y en los Decretos 2591/91 y 1382 de 2000, modificado por el 1069 de 2015 y este a su vez por el 1983 de 2017 y el 333 de 2021. 5.1.- Problema planteado Corresponde establecer a la Sala si por parte de los Juzgados o entidades accionadas, se ha incurrido en vulneraci�n de los derechos fundamentales de petici�n y a habeas data de los cuales es titular el se�or CFGM, respecto al deber de actualizar la informaci�n sobre antecedentes judiciales derivados de la sanci�n que obrara en las diligencias penales que se tramitaron en su contra, cuya sentencia de condena en la actualidad se encuentra extinta. 5.2.- Soluci�n La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.
En primer lugar, aprecia la Colegiatura que se satisfacen los requisitos de procedencia de la acci�n constitucional, por la presunta vulneraci�n de su derecho fundamental al habeas data, habida cuenta que: (i) el se�or CFGM es el titular de los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama, toda vez que sus pretensiones recaen sobre las autoridades judiciales que se involucraron en el conocimiento de la causa penal y de aquellas otras de orden administrativo que regentan informaci�n de las sentencias y anotaciones del tr�mite penal, funciones de las que se deriva la presunta vulneraci�n por omisi�n;
(ii) se trata de un hecho vigente; y (iii) el interesado requiri� la cancelaci�n de la medida de aseguramiento y la orden de captura que todav�a le figuran como activas, cuya eliminaci�n requiere para ingresar de manera correcta a la sociedad, am�n de los problemas que dichos registros le ocasionan para conseguir un trabajo. Y en relaci�n con el derecho de petici�n, debe advertirse, como as� lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que cuando se trata de proteger tal garant�a, el ordenamiento jur�dico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial id�neo ni eficaz diferente de la tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneraci�n a este derecho fundamental no dispone de ning�n mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizarlo.
De ah�, que se entienda la procedencia de la acci�n de tutela, en punto de los derechos que considera quebrantados, por lo cual se ingresar� en su estudio de fondo. Del derecho de petici�n. Como se sabe el derecho de petici�n brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades p�blicas en inter�s particular para obtener una respuesta dentro del t�rmino legalmente establecido.
Esa garant�a se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando la autoridad o persona que atiende el servicio p�blico y a quien se eleva la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestaci�n sea negativa o positiva frente al inter�s planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisi�n. Ahora bien, aunque el actor estima que con la no respuesta de las solicitudes que elev� en junio 06 a los Juzgados Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Primero Penal del Circuito Especializado, se quebranta el derecho fundamental de petici�n, para la Sala ello lo que comportar�a ser�a la afectaci�n del derecho de postulaci�n que hace parte del debido proceso y del acceso a la Administraci�n de Justicia, en tanto lo pretendido por el mismo implicaba, la adopci�n de una determinaci�n por parte del funcionario judicial, y, por consiguiente, hay lugar a exigir el agotamiento del procedimiento establecido.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-215A de 2011 sostuvo que: �el juez o magistrado que conduce un proceso judicial est� sometido �como tambi�n las partes y los intervinientes� a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habr�n de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (art�culo 29 C.P.)�, postura que acogi� la Sala de Casaci�n Penal en sede de tutela -STP SP, 20 nov. 2021, Rad. 126198- para expresar que: �en los eventos en los cuales los sujetos procesales elevan peticiones dentro del proceso, estas no deben ser entendidas como el ejercicio del derecho fundamental de petici�n, sino del derecho de postulaci�n, el que ciertamente tiene cabida dentro de la garant�a del debido proceso y, por tanto, su ejercicio est� regulado por las normas procesales que determinan la oportunidad de su ejercicio�.
En ese orden, en aquellos eventos donde los sujetos procesales elevan peticiones dentro de una actuaci�n penal, estas no deben ser entendidas como una manifestaci�n del derecho fundamental de petici�n, sino de postulaci�n, mismo que tiene cabida dentro de la garant�a del debido proceso, respecto del cual se ha referido profusamente la jurisprudencia constitucional y a voces del dispositivo 29 Superior, este: �[�] se entiende como �la oportunidad reconocida a toda persona, en el �mbito de cualquier proceso o actuaci�n judicial o administrativa, de ser o�da, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la pr�ctica y evaluaci�n de las que se estiman favorables�.
Tal derecho, siendo de aplicaci�n general y universal �constituye un presupuesto para la realizaci�n de la justicia como valor superior del ordenamiento jur�dico�, y por tanto, su ejercicio est� regulado por las normas procedimentales que establezca cada proceso. Ahora bien, en este caso en particular, se tiene que el se�or CFGM, solicit� en junio 06 de 2023, al Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas que le fuera actualizada la informaci�n y cambiada la leyenda del certificado de antecedentes, por cuanto ya cumpli� la pena impuesta, sin poseer �rdenes de captura ni procesos vigentes en su contra, como se advierte de la documentaci�n que reposa en link del expediente digital del Juzgado encargado de la vigilancia de su pena, que fuera compartido a la Sala.
En ese orden, se entend�a que lo pretendido pro el actor, no era nada diferente a que su certificado de antecedentes, donde le figuran vigentes dos anotaciones, relacionadas con la expedici�n de orden de captura y de medida de aseguramiento en su contra, fuera eliminadas y por consiguiente actualizado tal certificado, por cuanto ya purg� la pena impuesta.
No obstante, conforme lo indicado por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas, tal petici�n inicialmente fue entendida de manera equ�voca y procedieron a darle tr�mite, como si se tratara de un ocultamiento de la informaci�n que reposa en el aplicativo Siglo XXI, -al parecer dada una petici�n anterior de la cual se dio traslado al juzgado fallador, por carecer de competencia- pero con ocasi�n de la interposici�n de esta tutela, se percataron que lo que realmente ped�a el se�or CFGM era la actualizaci�n de la base de datos de la Polic�a, frente a lo cual le comunicaron mediante oficio 071 de julio 18 de 2021, que por auto 2106 de mayo 30 de 2019 se le concedi� en su favor la libertad por pena cumplida y se declar� la extinci�n de la acci�n penal, en el proceso radicado 660016000000-2016-00112-00, comunic�ndose de ello a las mismas autoridades a las que se les notific� sobre el fallo de condena, e igualmente que se dispuso remitir el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta capital, para su archivo definitivo, sin que tenga otra sentencia por ejecutar, ni �rdenes de captura en su contra, y si bien en el reporte aportado, le aparecen registros, lo son por el proceso radicado 660016000036-2014-03096, pero ninguno por el que all� se adelant�, el cual como as� lo indic� el Grupo de An�lisis Criminal de la Polic�a, fue debidamente registrado, no evidenci�ndose ning�n otro fallo en contra del accionante.
De tal respuesta, se evidencia que al no contar con la actuaci�n pertinente, carec�a de m�s datos para atender de manera concreta lo pedido por el actor, no obstante, lo que se avizora es que de los datos con los que all� se contaba, �nicamente se pod�a dar cuenta que el proceso que se tramit� en su contra correspond�a a una radicaci�n diferente a aquella respecto de la que aparec�an las anotaciones vigentes en el certificado de antecedentes.
En ese orden, no pod�a tal despacho adoptar ninguna determinaci�n para atender lo pedido por el actor, por cuanto ya no se encontraba en su poder el proceso respectivo, toda vez que desde el instante en que se decret� la extinci�n de la sanci�n penal, dej� de ostentar competencia para emitir cualquier clase de providencia judicial, por tal raz�n, considera la Sala que la respuesta que la a-quo le otorg� al accionado, si bien no atend�a de fondo su reclamo, era la �nica que pod�a entregarle, por lo que no se evidencia vulneraci�n alguna al derecho de postulaci�n. Ahora bien, en relaci�n con igual petici�n que aduce el actor elev� al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, aunque adujo haber remitido la misma solicitud que elev� al de ejecuci�n de penas, no existe soporte al respecto, pero de la respuesta entregada a la Sala por el mencionado despacho se tiene que all� recibieron una petici�n en abril 27 de 2023, pero fechada 06 de 2023 -la que acorde con la respuesta del Juzgado Cuarto de EPMS, al parecer fue la que all� se les remiti� inicialmente-, donde el se�or CFGM ped�a la �extinci�n de la pena� y los respectivos �paz y salvos� con miras a que se enviaran a las autoridades competentes para el �ocultamiento de datos�, y frente a esa petici�n, misma que en sentir de la Sala deb�a entenderse, como lo clarific� el actor en la petici�n de junio 06 -aunque esta la desconoce el juzgado, por cuanto al respecto nada dijo, aunado a que el actor no acredit� que se las haya enviado-, como una solicitud para que su certificado de antecedentes fuera debidamente actualizado dada su situaci�n jur�dica, se le dio el tr�mite de un �ocultamiento� de los datos contenidos en el Sistema Siglo XXI de la Rama Judicial, dada la expresi�n que all� uso el peticionario, cuando son dos circunstancias completamente diferentes, m�xime que tales anotaciones que all� se registran, carecen de la condici�n de antecedentes penales.
Y es que lo que realmente pretende el ahora accionante, es que en la base de datos de la Polic�a Nacional, se consigne la informaci�n actualizada del proceso que se adelant� en su contra. No obstante, se sabe que el Juzgado Especializado le expidi� una constancia relativa al paz y salvo del proceso que se adelant� en su contra, bajo radicaci�n 660016000000-2016-00112, e igualmente le comunic� que una vez tuviera un servidor capacitado para ocultar los datos del Sistema de la Rama Judicial, se proceder�a en consecuencia. Y ello se dio, porque la �nica solicitud que se le arrim� al juzgado fue precisamente encaminada a esos dos aspectos, nada m�s, por cuanto la �ltima petici�n de junio 06 de 2023, la que como viene de verse fue m�s clara y ped�a la actualizaci�n de su certificado de antecedentes, no se arrim� al aludido despacho, o por lo menos de ello nada se acredit� en esta actuaci�n. En ese orden, como quiera que el Juzgado atendi�, as� fuera con ocasi�n de este tr�mite, la petici�n que en su momento elev� el actor, donde dio cuenta de las vicisitudes para el �ocultamiento� de los datos del proceso que se surti� en su contra, la Sala considera que con ello se dio por superada la presunta vulneraci�n de su derecho fundamental de petici�n, al tratarse esa espec�fica circunstancia, de una actividad netamente administrativa, como as� lo entendi� el juzgado de primer nivel, por lo cual el amparo se negar�.
Del habeas data Como se evidencia, la pretensi�n del actor est� encaminada b�sicamente a que los datos que aparecen vigentes en la oficina de la Polic�a Nacional, encargada de administrar la base de datos de antecedentes penales, sea actualizada, por cuanto si bien fue objeto de una sentencia de condena, la misma ya fue declarada extinta y por consiguiente, como as� lo entiende la Sala, no existe raz�n alguna para que anotaciones previas, en curso del mencionado proceso penal, todav�a se encuentren activas.
Para resolver la controversia, la Corporaci�n debe empezar por recordar que el art�culo 15 CN garantiza el derecho al buen nombre, el cual puede ser vulnerado tanto por las autoridades p�blicas como por particulares, siempre que se divulgue informaci�n falsa o err�nea, lo que conlleva a que la reputaci�n o el concepto que se tiene de la persona se distorsione, afect�ndose sin duda alguna su dignidad humana.
Acerca del derecho al buen nombre, la jurisprudencia constitucional ha expresado: �[�] el derecho al buen nombre debe ser objeto de protecci�n constitucional cuando se divulgan p�blicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen, por consiguiente, para constatar una eventual vulneraci�n al buen nombre es preciso examinar el contenido de la informaci�n, y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas.
Para el mismo efecto resulta imprescindible establecer si las expresiones cuestionadas corresponden al ejercicio de la libertad de informaci�n o se inscriben en el �mbito de la libertad de opini�n� El mismo art�culo 15 Superior regula el derecho al habeas data, el cual dispone que las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades p�blicas y privadas; por tanto, ese derecho adquiere la connotaci�n de garant�a constitucional aut�noma e independiente.
En relaci�n con la administraci�n de informaci�n personal sobre antecedentes penales, es una actividad a cargo del Ministerio de Defensa � Polic�a Nacional, -Decreto 4057/11-. No obstante, el Decreto 0233/12: �por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa�, le confi� a la Direcci�n de Investigaci�n Criminal e Interpol de la Polic�a Nacional la funci�n de administrar la base de datos personales sobre antecedentes penales; es decir, organizar, actualizar y conservar los registros, al igual que los mecanismos de consulta en l�nea, y garantizar la seguridad de los mismos.
Sobre el concepto de certificado de antecedentes judiciales, la Corte Constituci�n indic� que se trata de: �[�] un documento [�] en el cual se certifica la situaci�n judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas. Estipula si el titular no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de polic�a, o si no es solicitado por las mismas autoridades�.
En ese orden de ideas, el registro sobre antecedentes judiciales, por tener la naturaleza de dato personal, es objeto de protecci�n constitucional por medio del habeas data. En este evento en particular, es cierto, como as� lo indic� el actor y lo ratific� a la Sala el Jefe del Grupo de An�lisis y Administraci�n de la Informaci�n Criminal Sij�n de la Polic�a Metropolitana de Pereira, vinculado a esta tutela, que a nombre del se�or CFGM, aparece vigente una orden de captura y una medida de aseguramiento dictadas por los Juzgados Primero y Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Pereira, respectivamente, bajo el radicado N� 6600160000-36-2014-03096 por el delito de concierto para delinquir.
En efecto, como as� lo indicaron a la Sala los titulares de los mencionados despachos, y de los anexos aportados, se tiene que en audiencia de septiembre 17 de 2015, la Fiscal�a 31 Seccional de Pereira, solicit� al Juzgado Primero Penal Municipal con funci�n de control de garant�as, dentro del proceso radicado al N� 6600156000036-2014-03096, que se librara orden de captura, entre otras 15 personas m�s, al ciudadano CFGM, cuya vigencia era de un a�o, conforme el canon 298 C.P.P., y una vez se materializ� su detenci�n, se llev� a cabo el d�a 12 de agosto de 2016, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de esta capital, y a petici�n de la Fiscal�a 2� Especializada de Pereira, las audiencias preliminares por medio de las cuales se legaliz� su aprehensi�n y como as� lo evidenci� la Sala, en esa ocasi�n, una vez el a-quo determin� que la detenci�n del se�or CFGM era legal, dispuso la cancelaci�n de la orden de captura N� 290014671 expedida en septiembre 17 de 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal con funci�n de control de garant�as.
Igualmente, y luego de formularle imputaci�n al procesado por el il�cito de concierto para delinquir agravado con fines de tr�fico de estupefacientes, cuyos cargos no acept�, se le impuso medida de aseguramiento de detenci�n preventiva en establecimiento carcelario. No obstante tal mandato judicial, se aprecia que a la hora de ahora tal cancelaci�n de la orden de captura, no se ha efectivizado, pese a que as� fue ordenado de manera expresa por el funcionario judicial, y ello apareja como consecuencia, como as� lo advierte el accionante y se acredita con los documentos arrimados, que tal captura permanezca a�n vigente en la base de datos de antecedentes que administra la Polic�a Judicial, con los consabidos inconvenientes que ello le puede generar.
Se observa entonces una omisi�n de parte del mencionado despacho judicial, bajo la direcci�n de quien para ese momento fung�a como juez -no de quien actualmente ostenta tal cargo-, falencia que a todas luces comporta la vulneraci�n del derecho al habeas data que le asiste al se�or CFGM, por lo que se hace necesaria su protecci�n. Ahora bien, en punto de la medida de aseguramiento que en agosto 12 de 2016 tambi�n le impuso el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as, se advierte que igualmente se encuentra vigente, seg�n la anotaci�n que le aparece en la base de datos de la Polic�a Nacional al se�or CFGM, cuando la misma, en sentir de la Sala y acorde con los elementos de prueba arrimados a la presente acci�n, debi� haberse eliminado, lo cual lo sostenemos por lo siguiente: Es un hecho cierto, que al se�or CFGM, le fue impuesta medida de aseguramiento en agosto 12 de 2015, a ra�z del proceso matriz que en su contra y otros 15 ciudadanos m�s, se adelant� por concierto para delinquir agravado, bajo radicaci�n N� 660016000036-2014-03096-00, pero tambi�n es una realidad procesal, conforme la informaci�n que a la Sala entreg� el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, que ante la aceptaci�n de cargos por la v�a del preacuerdo a la que se lleg� con el se�or CFGM, se produjo la RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL, y por consiguiente la actuaci�n seguida en su contra, continu� con la radicaci�n N� 660016000000-2016-00112-00, en la que finalmente se dict� sentencia en su contra en enero 11 de 2017, por medio de la cual se conden� a la pena de tres a�os y tres meses de prisi�n y multa de 4.087.50 s.m.l.m.v., al haber sido hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado con fines de tr�fico de estupefaciente.
Dicha pena, como obra en el dosier, fue vigilada por el Juzgado Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho que por auto de mayo 30 de 2019, declar� que el se�or CFGM cumpli� la totalidad de la pena impuesta y orden� su liberaci�n definitiva, procediendo a restituirle sus derechos pol�ticos. Si ello es as�, como las pruebas arrimadas a esta acci�n lo ense�an, deb�a aplicarse el aforismo latino �Accesorium sequitur principale�, esto es, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y bajo ese entendido no exist�an razones jur�dicas para que continuara vigente la medida de aseguramiento que en su momento y con ocasi�n del proceso matriz se le impuso al se�or CFGM, al ser un hecho cierto e incontrovertible, que al haber aceptado cargos y emitido una sentencia de condena en su contra, ello comportaba que tal medida, perd�a su eficacia jur�dica, en tanto la detenci�n del mismo ya no depend�a de ella, sino de la sentencia proferida por el despacho fallador, en tanto como as� lo ha sostenido la Sala de Casaci�n Penal �[�] armonizando la vigencia de la jurisprudencia penal especializada con la norma en menci�n [art. 307 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 1� de la Ley 1786 de 2016], pone de presente que la referida medida de aseguramiento s�lo opera hasta la sentencia de primera instancia o la lectura de �sta si la decisi�n es condenatoria [�]�.
No obstante lo que ac� se evidencia, de manera similar a lo que sucedi� con la no cancelaci�n de la orden de captura, es que pese a la informaci�n arrimada a la actuaci�n, donde se demostraba que al se�or CFGM se le hab�a impuesto medida de aseguramiento en el proceso matriz (036-2014-03096-00), al haberse dispuesto la ruptura de la unidad procesal, lo que conllev� a que la sentencia se dictara bajo otro radicado (000-2016-00112-00), una vez se declarar� la extinci�n de la sanci�n penal en este caso, debi� comunicarse igualmente a la Polic�a Nacional, como encargada de administrar los registros de antecedentes penales, que tal decisi�n tambi�n cobijaba las anotaciones anteriores, que am�n de las determinaciones judiciales emanadas en sede de control de garant�as, bajo la radicaci�n inicial, se hubieran adoptado en desfavor del se�or CFGM, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.
Pero como ello no sucedi� as�, y por el contrario lo que se aprecia es que la medida de aseguramiento, as� como la orden de captura que en su momento se dict� en contra del se�or CFGM permanecen vigentes, cuando indudablemente las mismas carecen actualmente de sustento jur�dico, la Sala, con miras a remediar la afectaci�n que con la omisi�n de los despachos judiciales se ha incurrido, y en aras de la celeridad que un asunto de tal naturaleza requiere, am�n del tiempo que tales registros han perseverado activos, con lo cual, a no dudarlo, eventualmente le podr�a ocasionar sendos inconvenientes no solo en lo atinente a la movilidad del se�or CFGM, -ya sea por la orden de captura o la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, que a�n le figuran-, sino adem�s la dificultad que puede ostentar, como as� lo asegur�, para encontrar empleo, precisamente, por cuanto no se le expide el certificado de antecedentes penales, dadas las aludidas anotaciones, raz�n por la cual la Corporaci�n debe se procurar por su salvaguarda, y en ese orden se proceder� a amparar su prerrogativa fundamental al habeas data.
Lo anterior, dada la omisi�n en que para la Sala incurrieron en su momento el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Pereira, al no haber comunicado la cancelaci�n de la orden de captura, como as� se dispuso por auto de agosto 12 de 2016; e igualmente, los Juzgados Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad y Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, al no aclarar al instante de decretar la extinci�n de la pena impuesta al se�or CFGM en el proceso con radicaci�n N� 6600160000000-2016-00112-00, o con antelaci�n a disponer el archivo de tal actuaci�n, que por tratarse de una ruptura de la unidad procesal, las decisiones judiciales previas emitidas por los juzgados con funci�n de control de garant�as, dentro de la radicaci�n N� 660016000036-2014-03096-00 que a este le figuraran activas para ese momento corr�an la misma suerte procesal, pero al no obrarse de tal manera conllev� a que tales anotaciones permanezcan a�n vigentes, pese a carecer de soporte jur�dico alguno. Como consecuencia de ello, se ordenar� al jefe del Grupo de An�lisis y Administraci�n de la Informaci�n Criminal - Sij�n de la Polic�a Metropolitana de Pereira -pese a no haber sido tal dependencia la que vulner� tal derecho fundamental-, como administradora de los datos relativos a los antecedentes y anotaciones penales, que a m�s tardar dentro de las 48 horas, siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, proceda a sustraer de la base de datos a nombre del ciudadano CFGM, los registros que all� le figuran vigentes, a ra�z del proceso con radicaci�n N� 660016000036-2014-03096-00, a saber: (i) la orden de captura N� 290014671 expedida en septiembre 17 de 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal con funci�n de control de garant�as, cuya cancelaci�n, como viene de verse, fue debidamente ordenada por su hom�logo del juzgado Cuarto, en agosto 12 de 2015, y (ii) la medida de aseguramiento de detenci�n preventiva en establecimiento carcelario, que en esa misma calenda le impuso el referido despacho al se�or CFGM, dej�ndose constancia en el respectivo aplicativo que ello obedeci� a que en contra de este y por igual asunto se dict� sentencia en enero 11 de 2017 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, bajo la radicaci�n N� 660016000000-2016-00112-00, am�n de la ruptura de la unidad procesal, que se deriv� del proceso matriz N� 660016000036-2014-03096-00.
As� mismo, se dispondr� que de no existir otras anotaciones o sentencias dictadas en contra del citado CFGM, por procesos diferentes a los aludidos en p�rrafos precedentes, se deber� incluir en la base de datos abierta al p�blico que este �NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES�, el cual, como se sabe, va dirigido a quienes no registran antecedentes penales, y efectuado ello, se le enviar� al accionante al correo HYPERLINK "mailto:andressp1969@gmail.com" andressp1969@gmail.com, reportado en este tr�mite, copia del certificado de antecedentes debidamente actualizado.
Igualmente, y como quiera que la Sala considera que en efecto en ninguna clase de vulneraci�n a derechos fundamentales se incurri� por parte de los Juzgados Primero Penal Municipal de Conocimiento, en tanto no fue el despacho que adelant� el proceso penal contra el actor, ni del Primero Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de esta capital, por cuanto solo se limit� a expedir la orden de captura, pero no fue quien dispuso su cancelaci�n, toda vez que tal labor, como ya se vio, correspondi� a uno de sus hom�logos, se dispondr� su desvinculaci�n de esta acci�n tutela.
ANOTACI�N ADICIONAL: Sea esta la oportunidad para exhortar a los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado y Cuarto de Ejecuci�n de Penas, para que en eventos similares a lo que ac� se evidenci�, esto es, cuando se trate de actuaciones donde son diversos los coprocesados frente a los cuales se haya ordenado la expedici�n de �rdenes de capturas o impuesto medidas de aseguramiento en un proceso matriz, que en caso de presentarse aceptaci�n de cargos de uno o varios de ellos, ya sea de manera unilateral ora por la v�a del preacuerdo, situaci�n que comporta la ruptura de la unidad procesal con la consecuente generaci�n de un nuevo n�mero de radicaci�n, partida bajo la cual se contin�a el proceso hasta su finalizaci�n, que una vez se adopte decisi�n que ordene la extinci�n de la acci�n penal por pena cumplida, como ac� sucedi�, o incluso con antelaci�n a disponer su archivo, se tenga la precauci�n de verificar la existencia de decisiones judiciales emitidas previamente en sede de control de garant�as, con miras a clarificarle a la dependencia encargada del registro de tales anotaciones penales, que aquellas originadas con el n�mero de radicaci�n inicial, igualmente deben ser actualizadas, para evitar que permanezcan vigentes, pese al decaimiento de su eficacia jur�dica, con miras a evitar con ellos efectos negativos para los ciudadanos all� reportados. 6.- DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica, por mandato de la Constituci�n y de la Ley, FALLA PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales de postulaci�n y de petici�n reclamado por el se�or CFGM; no obstante, se TUTELA el derecho fundamental al habeas data, del que es titular, trasgredido por los Juzgados Cuarto Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Pereira, Cuarto de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad y Primero Penal del Circuito Especializado de esta capital.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y pese a no haber sido tal dependencia la que quebrant� tal derecho fundamental, SE ORDENA, al Jefe del Grupo de An�lisis y Administraci�n de la Informaci�n Criminal - SIJ�N de la Polic�a Metropolitana de Pereira, que a m�s tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci�n de esta decisi�n, proceda a actualizar la base de datos correspondiente al ciudadano CFGM, y elimine de esta los registros que le figuran vigentes -orden de captura y medida de aseguramiento-, asentados con ocasi�n del proceso radicado al N� 660016000036-2014-03096-00, acorde con lo plasmado en la parte motiva de esta decisi�n; as� mismo, en caso de que carezca de otras anotaciones o sentencias proferidas en procesos diferentes al antes referido, se deber� incluir en la base de datos abierta al p�blico que �NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES�, y se le enviar� al accionante a su correo electr�nico, copia del certificado de antecedentes.
TERCERO: Se ordena la desvinculaci�n de la presente acci�n constitucional, de los Juzgados Primero Penal Municipal con funci�n de conocimiento y Primero Penal Municipal con funci�n de control de garant�as, ambos de esta capital, conforme lo sostenido en precedencia.
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, rem�tase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ARTURO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Sentencia T-206/18. Sentencia SU-116 de 2018. Cfr. Sentencia C-401 de 2013. Sentencia C-617 de 1996.
Reiterada en la sentencia C-401 de 2013. Sentencia C-799 de 2005. 04ChristianGodoy35309Petici�nCorrecionInfoProceso.pdf Lo que hizo �nicamente a los Juzgados Tercero y Cuarto de Ejecuci�n de penas, como se aprecia de la constancia de env�o de los aludidos correos electr�nicos. Ver documento rotulado �02tutela�, folio 8. Ver documento rotulado �14RespuestaJuzgado01PenalEspecializado202300109�, folio 27. Sentencia 015/15 Sentencia T-542/03 As� se advirti� al acceder al enlace de tal audiencia, enviado por tal despacho. CSJ SP, 24 jul.2017, rad. 49734. Sentencia de tutela 1� instancia N� 028 Radicaci�n: 66001220400020230010900 Accionante: CFGM Se niega derecho petici�n y concede derecho habeas data P�gina PAGE 2 de NUMPAGES 13 ; ?�����ٿ��������̘���~�q��dWh�~h�H�@���CJ^Jh�~h @���CJ^Jh�~hj�@���CJ^J h�~hj�5�@���CJ\�^J h�~h�v35�@���CJ\�^Jh�~hz#a@���CJ^J"7 7H7I7P7�7�7�9�9�9�9�9% �@7A�B�B�B�C�C2D3DbD����ιήΠ����w�j�j�]�w�J�$jh�~h�;�@���CJH*U^Jh�~h�:P@���CJ^Jh�~h�;�@���CJ^J h�~h�;�6�@���CJ]�^Jh�~h�1@���CJ^Jh�~h�;�5�CJ^Jh�~h�;�5�6�CJ^Jh�~hZ|^CJ^J)jh�~h�;�B*CJH*U^Jphh�~h�;�CJ^Jh�~hb>@���CJ^Jh�~h�;�@���CJ^Jh�~h) )@���CJ^J�9$ �>�B�B�F�F�H�HJJ�O�O�S�S Y!Y/[0[�^�^�^�^�`�`�������������������������� & Fdgd�~dgd�~bD�D�D�E�E�E�EQFRFSF�F�FG GDG@HFHTH\H�H�H�HtJ�J K�K�K�K�K�K�L M?M���������ӵӨӛ�����{�n�n�a���T�h�~hT_ @���CJ^Jh�~hwE@���CJ^Jh�~h�@���CJ^J$jh�~h�2�@���CJH*U^Jh�~h�2�@���CJ^Jh�~h*�@���CJ^Jh�~hp$�@���CJ^Jh5?�5�@���CJ^J$jh�~h�;�@���CJH*U^Jh�~h�;�@���CJ^J$jhSj�h�;�@���CJH*U^JhSj�h�;�@���CJ^J ?MMMUMM�M�M�M OOO�O)P h�~he)�@���CJ^Jh�~h�E�@���CJ^J h�~h�\zCJEH��^JaJ h�~h�0CJEH��^JaJ1jh�~h�E�0JCJEH��OJQJU^JaJ h�~h�E�6�CJEH��^JaJ *h�~h�E�CJEH��^JaJ hSj�h�E�CJEH��^JaJ-jhSj�h�E�0JCJOJQJU^JaJhSj�h�E�CJ^JaJ h�~h�i{CJEH��^JaJ h�~h�E�CJEH��^JaJ�`VbWb�b�bQeRe�f�fii�j�jNkOkqmrm�r�r�u�u�w�w�|�|������������������������dgd�~����d��]��^��gdSj� � �d�]�gd�~kkok$l3l;l=lTlXl�l�l0n;n�n�nooMoToooro}o�o�o�o�p�pqq7q=qbq�q������������������槚����yk]k�h�~hX* 5�@���CJ^Jh�~h.�5�@���CJ^Jh�~h�'�5�@���CJ^J$jh�~h�'�@���CJH*U^Jh�~h�'�@���CJ^Jh�~h.�@���CJ^Jh�~hy�@���CJ^Jh5?�5�@���CJ^Jh�~h�}4@���CJ^Jh�~h�i{@���CJ^Jh�~h��@���CJ^Jh�~h�E�@���CJ^J �q�q�q^rkr�r�r�r�r-s0s9s �F�r�v�w�������� �33�P�$���C[a ܆ ��/ �� bXc��a�'SɃ���s%U�=)�PUz!��鮲e}�9���9�Jn�)��'��a�j IN7�y����;S��VU�(%/�ڽ+��%��9g�TV�j�m��ػ=5Pl �缦�������eg�?5�Hz(QX�s��r�o8DQ����~ޒ������R�pEz��[0�o�H�o�ݒj8���W@�'�sAU �q,NQ��I mc��G�#�:��=p�c�F7�#5��v��G�J�q�zE �;���[9yj��8E��-lU^U �'��(�M������~���8i�'�N�/L� ��� ���m��v3,u�4Wa6�p��}h�����e�o��J�{w*@1X vp ��U%���i*x�o���&!��Em�Z�|h��ϐ �*6-UNL[P�p� 0ޅ�6%��ɟN��έݭ )+]�&�ߏOQ�~Ꮓ�PM[L�D�e-HV�x��E�D�?�nv�)2p)��J�4�J߂ �sql 6����š��� �&���BPM�o6��aC�w�Xx��H��Xx�4��8w �"a�_ *�^ȣ6���o��y!��LTG V״0DC��x���#����\�� "˂�]��LT��.\��w��V1� F?���y�'�hw�7!�-�2Pc X= ��b�^eCV���e�~���d�THZ09�����wIl���:��Du� EH�%�P�w�����m�X�`,��W�VR*�� ��u�P�/��[y'q �"�0P�%���$ݞ���Rφ ��sq����T*ʍ��e � �|!Z�fV�;Q#�.u,O \��q �ڕG䚪���h7�Ov=�%* 8�n���O��TW�@}U9������T���� ǯ��w�F�Wh,��ND�"��k�� i�P�� ��w�pj Da/�wO�7�}%�{��h��xH!�\�P̫i3ljv�F/5��~�L��5B֩�0���jl��9S`�.�_�K��3�5 `{cs�Z�V9G� �H|,�T���f���w������o� lޫ%/��a�T�Dc ��4p.D��֚�0ڙٜ�د�\1l3t�%��J�)�T\\������~��� 5p ���A�3��}�qh��`����� O���x*m&q�����a��]� Ff��Ibxo+GF�J�j�� ����X��Х�e�����]x�M����U ���e��P �'��������V..�X=�k�2� �p�GdžՕӣ F�������� �K�.w�Wj\� �Y2_��.��6-hn��ʇ � ]1�.�x�5 ����j(��p-���a��(\+������+�C���C� 8�r 0 >�Gx�e�rf��j�)y[�L�Sp!P�Tp'��"�F�b$$ ��ѓ����~������.(~�Hİ�i�|ȑ��'v ��'��݁� Pp��>7�r.���$ � �n ������LC]8G��5 �� 帵ܪ�]��kjm l��i��{=o�Zm����;y�O�g(��og*��S���F�rBr1{ژ�U��� ����ټ�����=�5�k�0���ﰳ�ҫu�i���{(Źv�ݖ�}�[�0�ԟ���)Ӫ��k�R�c��ԹPx-'��� �8�u��;�O�S�fN��Q���c� S-��'�O�s:¸ƤRQ�+�_�����{Yn��BL�"����' R'�y�o�����^e4��vg��mȑ�Nۋ}?����[�f-� D�մ8�e�����6dM��>���R�G$7k�6({���ۗ��ɓdVAb�� �malS�� �v.�8iȹ 9��5ڠ���Z ȪVsR��!�a�i������G�����4qSw�G�ߓ�_��X� R�Ł.�I@5�v��i4zc���� �7-��_~��t�S�� ���"_]����Fo���Y ����A'�6��� Ľ���600 �"�8�O�XѨ q}�3��!��E�K���_G[/����)/ȑ�J�:���P��M������D��T�eP*��8���OQ��:�NP�y����� �UL}�A[?���i��T�@��`u���B�:� v�qv��؎��|\p;1����WӖ�kg�c`[��v� X+jN��sט?��ם֯ ���׆���6���&r���]��>M�_�5��sY���5�����h��˿/� e5�q�������-na �ō?\�6U�+ �� Q�̟!e����S���y\[ �T7V�h4̿C Ld=^�a�9ܝ(Q�q�0�ޜJd���h4RW��P�4'i �ؚ�Tn�&kX7^� ����B��E� �}^)[�N�p��e���رU��� �u�:��qwWj�h>L�xx"�����WQW�IU�è"� ��Ov�p�9h���Q�g+Ԣ*���l��Jp )���ߺ� �����鍳BU))W�E8M� :� ]�)�aj"�Q.[VV?Ъ��Wg���!�t��Z-�G�˿\�{"�(�KEs��3���[O���FW����lXB �φ+�hZ��RZ¾ ��}}�%�&��R�dA�� L��?T��P ��u[�e𰨯nbk6j��k��¼��,RM*��l �2 SY��ֆ�0�G� Q�(����:Մ�x�:��φ�T�` W5QP�U*⓸C��Ӗ����u� 3��6YbY�?�R��#hR���qj�Z�Y b�٢�e�ixH����W֞/���_Ui3��T�S��퇟(l������ƀaW_��jI�gs��>��z& ���3\v�\*'\q��� �}�]��c�X��]R ��\c�"����*vC�-��Q�$����N��'\m\a�������d � �\���`�>���@�>�y���v�F�MRB�����ԓuU�e�'b��am*6;P#���n>���q�s߷Q� �.O�Cs��V���#5� �+�o̺�+H����� �� L� ��a��-�*��w�(~ ��'Dk�z������v��F���� ��3@ ����4���ԕ�������ި�����`Z���F�G��`��٦e�=R�_���P��qb3�Z@?g �,�s�AӍ+�{��Tcߗ����o\�� � ��Fq+�=R�c�ە��F�}R� Т�>R����y ?� 7����f�� ��K�7���f+���M���t���h�*��u��i���?zp7*��e�(�, �j�)6n���I �od�� �T�tulo 3$��� � T�tulo 3 Car*5�CJOJPJQJ\�^JaJmH sH tH r�/���r 8>�Estilo1*$$5$7$8$9DH$a$.5�CJ OJPJQJ\�^J_HaJ mH sH tH d��d P4 Body Text 2+d�5$7$8$9DH$ CJ OJQJaJmH sH tH f^�f �6 *B*phc�V�/��!V ��0Menci�n sin resolverB*ph`^\q� ����,X ��1, O)��nfasis6�]�PK!���� [Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� !F\�(a�M�s�8 D�!�Cc6���HyY�B��� �s:��F���&���CL�0^Gs�"��!�� �}$B��"� ��)���1�6�[ �WK� �{��"2�� G6���1 �eGA���; 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