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LEGITIMACI�N DE UN TERCERO. Debe demostrar el perjuicio presente o futuro que le puede generar la negociaci�n de la que no hizo parte. Fuente Formal: Art�culo 2488 del C�digo Civil. REP�BLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C. SALA CIVIL Bogot�, D.C., doce (12) de junio de dos mil trece (2013). Proceso: ORDINARIO Radicaci�n: 11001-31-03-019-2008-00369-02 Demandantes: UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MAR�TIMO Y FLUVIAL.
Demandadas: COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. (C.I.F.M.S.A) en Liquidaci�n, FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, DIEGO CH�VEZ ALARC�N, LUIS FELIPE ACERO L�PEZ, OSCAR ANTONIO HERN�NDEZ, SIGIFREDO y RAM�REZ CARMONA. Magistrada Sustanciadora: JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE Discutido y aprobado en Sala de Decisi�n Civil de 23 de mayo de 2013, seg�n Acta 22.
Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n que formularon la parte demandante y la Federaci�n Nacional de Cafeteros, contra la sentencia anticipada que pronunci� el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad el veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012).
ANTECEDENTES 1. La asociaci�n demandante acudi� a la tutela jurisdiccional, para que se hicieran las siguientes declaraciones (fls. 632 a 638, C. 1-2): 1.1. Que es nula absolutamente, la negociaci�n celebrada entre la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en Liquidaci�n, representada por la sociedad Fiduciaria Industrial S.A. Fiduifi S.A., hoy sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. �Fiduagraria S.A. y la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, por la cual, bajo la denominaci�n �Convenci�n de Ejecuci�n y Liquidaci�n de contratos celebrados entre la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia�, de junio de 2001, se liquidaron los contratos de compraventa, con pacto de retroventa, celebrados entre las referidas entidades, respecto de las siguientes acciones de que la citada compa��a era titular: 3.689.172 de ACES, 758.599 de CONTECAR y 3.244 de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA. 1.2.
Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la Federaci�n demandada a restituir a favor de la mencionada compa��a, �con la finalidad de integrar la prenda general de los acreedores�, las aludidas acciones; o en subsidio, se obligue a la Federaci�n Nacional de Cafeteros, Fiduagraria S.A., Diego Ch�vez Alarc�n, Luis Felipe Acero L�pez, Oscar Antonio Hern�ndez, Sigifredo Ram�rez Carmona, a pagar, solidariamente, a su favor, y con la misma finalidad, �el valor de las precitadas acciones, con sus rendimientos, intereses y correcci�n monetaria, desde cuando las recibi� y hasta cuando el pago se verifique y conforme al valor que en el proceso se establezca�. 1.3.
Se condene a los demandados al pago de los perjuicios que por el da�o emergente y lucro cesante se hubieren causado como consecuencia de las negociaciones cuya nulidad se demanda. 2. Subsidiariamente, formul� los siguientes pedimentos: Primera subsidiaria 2.1. Que se declare que existi� fraude pauliano y, en tal virtud, que es nula la referida negociaci�n; consecuentemente se emitan las condenas antes referidas.
Segunda subsidiaria 2.2. Se declare que la Convenci�n en cuesti�n �constituy� un acto de apropiaci�n de la prenda representada por 3.689.172 de ACES, 758.599 y CONTECAR y 3.244 de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA de las cuales la demandante era titular��, y en consecuencia: 2.2.1. Se declare su nulidad. 2.2.2. Se condene a la Federaci�n Nacional de Cafeteros, a favor de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. �En Liquidaci�n-, a restituir las acciones mencionadas; o en subsidio, se obligue a los demandados, a pagarle solidariamente a la citada entidad, el valor de las acciones, con sus rendimientos, intereses y correcci�n monetaria, desde cuando las recibi�, hasta que el pago se verifique y de acuerdo con el precio que en el proceso se determine. 2.2.3.
Se condene a los demandados al pago del valor de los perjuicios que por da�o emergente y lucro cesante se hubieren causado como consecuencia de las negociaciones acusadas. Tercera subsidiaria 2.3. Se declare rescindida la pluricitada negociaci�n, y en tal virtud, se hagan las condenas de la pretensi�n principal. Cuarta subsidiaria 2.4. Se declare que existi� enriquecimiento sin causa en favor de la Federaci�n Nacional de Cafeteros y en contra de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidaci�n, determinada por la diferencia entre el precio pagado por aqu�lla, en virtud de la �Convenci�n de Ejecuci�n y Liquidaci�n de contratos celebrados entre la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia��, y el valor real de las acciones de que era titular la demandante en las empresas ACES, CONTECAR y SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA. 2.4.1.
En consecuencia, se condene a los demandados a pagar, solidariamente, en favor de la demandante, �el mayor valor resultante del precio real que en el juicio se determine para las precitadas acciones, con sus rendimientos y correcci�n monetaria y el pagado por la FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS de que da cuenta el�� memorado convenio. 2.4.2.
En subsidio de dicho valor, se condene a los demandados a pagar, solidariamente, a favor de la citada Compa��a, y con miras a integrar la prenda general de los acreedores, las siguientes cantidades: La suma de $14.819�015.258.00, o la que en juicio se establezca, por concepto de parte del precio que no ingres� a la liquidaci�n y que se imput� al pago de la deuda preexistente; el monto de $3.210.000.00, o la que el proceso se determine, por sub-valoraci�n que las partes dieron al momento de la liquidaci�n de los contratos y frente al valor estimado para diciembre 31 de 1998. 2.4.3.
Se condene a los demandados a pagar, de manera solidaria, en favor de La Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidaci�n, el valor de los perjuicios que por da�o emergente y lucro cesante se hubieren causado como consecuencia de las negociaciones que generaron dicho enriquecimiento. 2.4.4. Se declare que los pagos se har�n con la correspondiente correcci�n monetaria, m�s sus intereses comerciales. 3.
En apoyo de las pretensiones se adujeron los hechos que a continuaci�n se compendian (fls. 636 al 644, ib.). 3.1. La Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia celebr� con la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A., durante los a�os 1998 y 1999 contratos de compra, con pacto de recompra, sobre las siguientes acciones: 7.266.679 ACES 758.599 CONTECAR 3.244 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA. 3.2.
El valor estimado por las partes para dicha negociaci�n, a corte de 31 de diciembre de 1998, por la totalidad de las acciones precitadas, fue de cuarenta y dos mil veintitr�s millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos un pesos con noventa y cinco centavos ($42�023.478.501,95). 3.3. Por auto No. 411-11731 de 31 de julio de 2000, el cual se inscribi� en la C�mara de Comercio de Bogot� el 3 de agosto del mismo a�o, la Superintendencia de Sociedades dispuso la liquidaci�n obligatoria de la C.I.F.M. S.A., tr�mite dentro del cual fue reconocida como acreedora la Uni�n de Trabajadores de la Industria del Transporte Mar�timo y Fluvial �Unimar, en representaci�n de los trabajadores de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. 3.4.
Para dicha �poca en el inventario del patrimonio de la compa��a demandada, suscrito por el Contador y el Revisor Fiscal, en la nota No. 2, figuraban �Inversiones. derechos de recompra de inversiones por $22.233.963.438,oo� y en la nota No. 10 �Obligaciones Financieras a favor de la Federaci�n de Cafeteros de Colombia, por $14�819.015.258,oo�. 3.5.
Sin embargo, y pese a que se hab�a decretado el embargo de la raz�n social y bienes que integraban el patrimonio de dicha Compa��a, �sta y la Federaci�n demandada a trav�s del negocio jur�dico acusado finiquitaron el contrato de venta, con derecho de recompra, fijando como precio definitivo de las acciones la suma de $31.390.490.778.00, lo que se tradujo �de un lado, en el pago del valor equivalente al cr�dito insoluto en favor de la FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS en cuant�a de $14.818.015.258.00 y, de otro, se dispuso del derecho de recompra de las acciones mencionadas, existente y reconocido en favor de la entidad en liquidaci�n, por valor de $16.571.475.520.00�; lo que finalmente aparej� que las susodichas acciones se vendieran �con sub-valoraci�n respecto del valor real que ten�an al momento en que dicha liquidaci�n del contrato se realiz�. 3.6.
Con dicha negociaci�n, que se hizo por fuera del proceso liquidatorio, se produjo un enriquecimiento sin causa a favor de la Federaci�n reconvenida, y se sustrajo la prenda general de los acreedores, haciendo nugatorio as� el derecho de los trabajadores a ser pagados preferentemente (fls. 86 a 98, C. 1). 4. Los demandados comparecieron al proceso as�: Jos� Sigifredo Ram�rez Carmona y la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. �En Liquidaci�n Obligatoria- se notificaron personalmente del auto admisorio de la demanda el 5 de agosto de 2008 (fl. 102, C. 1-1) y 1� de junio de 2009 (fl. 185, ib.), respectivamente. �scar Antonio Hern�ndez (fls. 142 a 146, ib.) y la Federaci�n Nacional de Cafeteros (fls. 164 a 166, C. 1-1), fueron puestos a derecho mediante aviso judicial.
Luis Felipe Acero L�pez, se notific� por conducta concluyente el 19 de agosto de 2009, en virtud del reconocimiento de su apoderado (fls. 605 y 618, C. 1-2); y el se�or Diego Ch�vez Alarc�n, el 31 de agosto del mismo a�o, en el momento en el que fue notificado personalmente el curador ad litem que se le design� tras su emplazamiento (fls. 614, 618 y 623, ib.). 5.
Tras haberse reformado la demanda, los reconvenidos Luis Felipe Acero L�pez y la Federaci�n Nacional de Cafeteros, quienes con anterioridad, luego de enterados del libelo inicial, y en escritos separados hab�an formulado las excepciones previas de �falta de competencia� (el primero, fls. 1 a 3, C. 3), �ineptitud de la demanda por indebida acumulaci�n de pretensiones�, �haberse dado a la demanda el tr�mite del proceso diferente al que corresponda� (la otra demandada, fls. 1 a 6, C. 2), plantearon las de �falta de legitimaci�n� y �prescripci�n�, (fls. 1 a 4, y 5 a 8, �CUADERNO 01�).
Para soportar la primera, el profesional del derecho que los representa adujo que la Uni�n de Trabajadores de la Industria del Transporte Mar�timo y Fluvial �Unimar� �no tiene personer�a para representar a los trabajadores o pensionados de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante y la Federaci�n Nacional de Cafeteros�, tampoco pod�a enfilar la acci�n de enriquecimiento sin causa, toda vez que tendr�a que ser incoada �por la supuesta v�ctima del empobrecimiento correlativo que denuncia el demandante, es decir, la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante��, sin que esa calidad se la otorgue su condici�n de acreedora interesada; circunstancia f�ctica que tambi�n pod�a predicarse de la pretensi�n dirigida a la declaratoria de apropiaci�n indebida de la prenda.
Respecto de la segunda, anot� que la acci�n presentada, bajo la �ptica de la Ley 222 de 1995, �se trata de una acci�n revocatoria que busca integrar los bienes de la masa de liquidaci�n bajo el supuesto de insuficiencia de los mismos con el fin de conformar la prenda general de los acreedores�. Pero si se considera que la norma aplicable es la Ley 1116 de 27 de diciembre de 2006, deb�a tenerse en cuenta que de acuerdo al art�culo 75: ��Las acciones revocatorias y de simulaci�n podr�n interponerse por cualquiera de los acreedores, el promotor o el liquidador hasta dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificaci�n y graduaci�n de los cr�ditos y derechos de voto��.
De otro lado, la pauliana o revocatoria, se�ala el art�culo 2491 del C�digo Civil, expira en un a�o, contado desde la fecha del acto o contrato; y el plazo para pedir la rescisi�n es de cuatro (4) a�os a la luz del art�culo 1750 ejusdem. Adicional a estas dos excepciones el se�or Acero L�pez aleg� la �falta de legitimaci�n en la causa por pasiva�, pues consider� que �como miembro de la Junta Asesora del Superintendente de Sociedades, no ha sido parte en las�� operaciones que cuestiona la entidad demandante, �ni est�, por consiguiente, comprometida su responsabilidad personal en las pretendidas declaraciones de nulidad absoluta, de acto de apropiaci�n de prenda, de rescisi�n, ni de enriquecimiento sin causa, as� como tampoco en las consecuenciales de condena, solicitadas en su contra; dem�s, no se enfil� ninguna pretensi�n orientada a la declaratoria de responsabilidad contractual o extracontractual alguna�.
LA SENTENCIA APELADA El Juzgado de primera instancia liminarmente puntualiz� que los medios de defensa en cuesti�n �no gozaron de la posibilidad de ser exteriorizadas al momento de contestar la demanda primigenia, debido a una imposibilidad legal para esa fecha��, que se abri� paso luego de su reforma. Seguidamente abord� la tem�tica de la legitimaci�n de la parte demandante, y consider� que le asiste una justa causa para adelantar este tr�mite, pues de acuerdo con las certificaciones provenientes de la Coordinaci�n del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades, la Uni�n de Trabajadores de la Industria del Transporte Mar�timo y Fluvial �Unimar� figura como graduada y calificada dentro del tr�mite liquidatorio de la Sociedad Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidaci�n Obligatoria, perteneciente a la quinta clase de cr�ditos, por un valor reconocido de doscientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($284�140.874.00), m�s las sumas correspondientes a los descuentos a que haya lugar sobre los salarios a pagar a los se�ores Carlos Julio Laverde Cort�s, Cesar Antonio Rojas Erazo, Jorge Arias Nope y Orlando Neusa, desde el mes de septiembre de 1997 hasta el 31 de julio de 2001, por concepto de cuotas sindicales.
Frente a la prescripci�n se�al� por un lado, que se hab�a configurado frente a la acci�n pauliana, ya que de acuerdo con el art�culo 2491 del C�digo Civil, deb�a ser interpuesta dentro del a�o siguiente a la fecha en que se perfeccion� el contrato oneroso, hipoteca, prenda y/o anticresis que haya otorgado el deudor en perjuicio del acreedor, y en el caso el convenio acusado data de junio de 2001, mientras que la demanda se present� el 27 de junio de 2008.
De otro, precis� que la acci�n rescisoria tambi�n hab�a fenecido, ya que el plazo para deprecarla es de cuatro a�os (art. 1750 ejusdem), los cuales vencieron en junio de 2005. En torno a la falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, sin soslayar que figuraba para el momento de la Convenci�n de Ejecuci�n y Liquidaci�n de Contratos celebrados entre la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, como miembro de la Junta Asesora del Liquidador dijo que �no se encontr� al interior del dossier relaci�n vinculante alguna entre el demandado Luis Felipe Acero L�pez y el hoy demandante, ni mucho menos su participaci�n dentro del acto solicitado como nulo�, ya que fue omitido develar dicho aspecto con la interpretaci�n de la demanda�.
Consecuentemente, resolvi�: �PRIMERO. Declarar infundada la exceptiva previa sustentada en �Falta de legitimaci�n en la causa por activa��. �SEGUNDO. Declarar la prosperidad de las excepciones previas intituladas �Prescripci�n� y �Falta de legitimaci�n en la causa por pasiva��. �TERCERO. Como consecuencia de la anterior determinaci�n, contin�ese el conocimiento del presente proceso, �nicamente respecto de la pretensi�n �CUARTA SUBSIDIARIA�, contenida en el escrito mediante el cual se reform� la presente demanda ordinaria (fls. 619-631). �CUARTO. Declarar terminado el presente asunto respecto del demandado LUIS FELIPE ACERO L�PEZ. �QUINTO. Condenar en costas de instancia a la parte demandante y a favor del demandado LUIS FELIPE ACERO L�PEZ�, (fls. 34 a 38, �CUADERNO 01�).
EL RECURSO 1. Inconforme, el apoderado de la parte actora apel� la decisi�n, a fin de que de manera principal, �se de aplicaci�n a los mandatos imperativos de declarar desiertas las excepciones de prescripci�n alegadas por los demandados y se impongan las dem�s sanciones y declaraciones de ley, por INASISTENCIA INJUSTIFICADA de �stos, a la audiencia de conciliaci�n de que trata el art. 101 del C. de P. C. en acatamiento de la Ley 446 de 1998, Art. 103, num. 4� ��el Juez declarar� desiertas las excepciones de prescripci�n���.
En subsidio solicit� se revoquen los numerales segundo, tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia, y en consecuencia, se declaren impr�speras las precitadas excepciones y se condene a los demandados al pago de las costas, con estribo en los siguientes argumentos: (i). �Al dejar vigente tan solo la acci�n de enriquecimiento sin causa (Pret. 4a Subsidiaria) acab�, sin raz�n alguna, con las acciones de nulidad absoluta y de apropiaci�n de la prenda, promovidas contra FEDECAFE y dem�s entes jur�dicos que intervinieron en la negociaci�n de la demanda, olvidando que contra ella no se formul� excepciones y que el t�rmino de accionar es de 20 a�os, trat�ndose de una acci�n ordinaria�, (la negrita es original del texto).
(ii) Con todo hizo las siguientes precisiones: Para el fraude pauliano tambi�n deber�a aplicarse el t�rmino de 20 a�os, �en consideraci�n a que la prescripci�n se�alada en el Art. 2491 del C. Civil, se refiere a actos ejecutados antes de la apertura del proceso concursal, situaci�n que no es la que nos ocupa, dado que los actos demandados se ejecutaron paralelamente a tal proceso�.
Frente a la rescisi�n, debe aplicarse el inciso 3� del art�culo 1750 ib�dem, que prev� que �cuando la incapacidad proviene de incapacidad legal, el cuatrenio se cuenta desde cuando est� desaparece y, la Junta de la cual hace parte el demandado ACERO no ten�a capacidad legal para autorizar lo que en la demanda se denuncia�. (iii) Se aplic� el t�rmino de prescripci�n de la acci�n rescisoria, cuando se impetr� la de nulidad absoluta, �lo que se traduce en extender de manera oficiosa la nulidad relativa a todas las acciones acumuladas, no obstante que ni de la formulaci�n de la excepci�n de los hechos (que no se invocaron) puede deducirse tal medio extintivo�; precisando que, las acciones que se ejercen son: �Nulidad absoluta de la negociaci�n demandada y consecuenciales, entre otros motivos, por haberse celebrado el contrato con violaci�n de la ley; haberse celebrado el contrato con violaci�n de la ley;
Fraude Pauliano y consecuenciales; Declaratoria de apropiaci�n de prenda y consecuenciales; Rescisi�n de la negociaci�n; Enriquecimiento sin causa y consecuenciales� (iv) El fallo es incongruente, al no basarse en hechos alegados por la parte demandada, ya que no se indic� con precisi�n contra cual de las cinco acciones se formulaba la prescripci�n; circunstancia f�ctica que imped�a pronunciarse favorablemente sobre dicha excepci�n, pues esta no puede ser declarada de oficio.
(v) Se olvida que el se�or Acero L�pez es demandado ��como responsable solidario, no por haber dispuesto de bienes, sino por haber avalado, como miembro de la junta asesora, la negociaci�n (Art. 178 L.222/95)�, y as� consta en las excepciones que plante� aqu�l en los hechos 17, 18, 34; y si amerita condena o no es una situaci�n que s�lo podr� definirse en la sentencia, una vez agotado el per�odo probatorio.
(vi) La alegaci�n de los medios de defensa en cuesti�n es inoportuna, habida cuenta que a la luz de lo dispuesto en el inciso 3� del numeral 2� art�culo 99 del estatuto procesal civil, cuando hay reforma de la demanda, las nuevas excepciones previas que se formulen deben versar sobre el contenido de aqu�lla, de tal suerte que en el sub lite, las �nicas procedentes ��son las que se refieren a: �Prescindir de Fiduagraria como demandada y de nulidad absoluta por apropiaci�n de la prenda��, (fls. 39 a 44, ib. y 5 a 12, de este cuaderno). 2.
De otra parte, la Federaci�n Nacional de Cafeteros se adhiri� a dicha alzada, con el objeto de que se revoque la decisi�n de no haberse declarado probada la falta de legitimaci�n por activa, y, consecuentemente, la de continuar el tr�mite del proceso frente a la pretensi�n de enriquecimiento sin causa. En apoyo de lo solicitado el gestor judicial de dicho extremo procesal se�al� que �aut�nomamente consideradas, las pretensiones de indebida apropiaci�n de la prenda, y de rescisi�n del contrato��, no pueden despacharse por cuanto el demandante carece de legitimaci�n para entablarlas, pues en primer lugar, y en lo que toca con la primera, �el �nico que puede demandar esa declaratoria es el propietario de la cosa entregada en prenda; propiedad que en ning�n caso recae en la parte actora��; y respecto de la segunda, �es indiscutible que la misma s�lo puede ser reclamada por alguno de los intervinientes en el contrato cuya rescisi�n se pretende; calidad� que no puede predicarse de la demandante, pues s�lo eran partes involucradas la CIFM y la Federaci�n Nacional de Cafeteros�.
Lo mismo puede decirse frente a la acci�n de enriquecimiento sin justa causa, ya que s�lo fue concebida en favor del supuesto empobrecido, condici�n que s�lo ostenta la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidaci�n Obligatoria (fls. 14 a 17 y 33 a 36, ib.). CONSIDERACIONES 1. Es sabido que el Estatuto Procesal Civil en atenci�n a la orientaci�n trazada en el art�culo 6� de la Ley 1395 de 2010, que lo modific�, le otorg� a las partes la posibilidad de alegar la falta de legitimaci�n en la causa y la prescripci�n extintiva bajo la modalidad de excepci�n previa, de tal suerte que cuando el juez las encuentre probadas las declare mediante sentencia anticipada, y si es del caso, disponga la terminaci�n del proceso. 2.
Para resolver la alzada, inicialmente es necesario precisar que si bien en la decisi�n g�nesis de inconformidad no se hizo alusi�n a las excepciones previas que plante� la Federaci�n Nacional de Cafeteros, sino tan s�lo a las del se�or Luis Felipe Acero L�pez, se advierte que las referentes a la �falta de legitimaci�n en la causa por activa� y �prescripci�n�, que alegaron ambos demandados est�n edificadas sobre los mismos supuestos f�cticos; incluso v�ase que la prosperidad del segundo de los medios de defensa anotados condujo a que se ordenara la consecuci�n del tr�mite s�lo respecto de la pretensi�n cuarta subsidiaria de la demanda, esto es, la que se enfil� a que se declare que existi� enriquecimiento sin causa en favor de la Federaci�n Nacional de Cafeteros y en contra de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidaci�n, por tanto no cabe duda que sus efectos fueron extendidos a dicha Federaci�n. 3.
La tercera puntualizaci�n que cumple hacer, es que no es procedente la solicitud que de manera principal deprec� la parte demandante en el recurso, porque si bien es cierto el numeral 4� del art�culo 103 de la Ley 446 de 1998, prev� frente a la inasistencia del demandado a la audiencia reglada en el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, que el Juez declare desiertas las excepciones de prescripci�n, compensaci�n y nulidad relativa si las hubiere propuesto, dicho supuesto no se cumple, por una sencilla raz�n, y es que en el sub lite no se ha llevado a cabo la citada audiencia, pues por un lado, las excepciones previas en cuesti�n se decidieron antes de que se programara fecha y hora para su celebraci�n, y de otro, despu�s se suspendi� a prop�sito del recurso que concita la atenci�n de la Sala.
En efecto, el Juzgado de conocimiento en prove�do de la misma fecha de la sentencia impugnada, es decir, el d�a 29 de junio de 2012, aunque no acertadamente, pues se sabe que conforme lo reglado en el numeral 6� del art�culo 99 del C�digo de Procedimiento Civil, en los procesos en los que tenga lugar la audiencia regulada en el art�culo 101 ejusdem, las excepciones previas deben resolverse en dicha oportunidad, cit� a las partes para esa diligencia el d�a 10 de agosto de la misma anualidad; y llegado el d�a y la hora fijado para el efecto se dispuso: �En raz�n a que el expediente del proceso se marras se encuentra al despacho, con el fin de resolver el recurso de reposici�n presentado por el apoderado judicial de la entidad demandante contra el auto [sic] que resolvi� las excepciones previas se suspende la presente audiencia la cual se reanudar� en la fecha que se fije mediante auto�, (fls. 701 a 703, ib.). 4.
Bajo este contexto se procede a dilucidar los otros argumentos que le sirven de sustento a la alzada; y no necesitan mayores esfuerzos para advertir el desacierto del Juez de primera instancia al adoptar la decisi�n censurada, por las siguientes razones: 4.1. Como lo anot� el gestor judicial de la parte actora, la reforma de la demanda no le abri� a los demandados la posibilidad de que alegaran las excepciones previas de �falta de legitimaci�n en la causa� y �prescripci�n�, frente a la totalidad de las pretensiones de la Uni�n de Trabajadores de la Industria de Transporte Mar�timo y Fluvial -Unimar-.
Porque si bien para cuando ese acto procesal se ejerci�, se encontraba vigente el mencionado art�culo 6� de la Ley 1395 de 2010, no se debe perder de vista los art�culos 89 (numeral 5�) y 99 (inciso 3� del numeral 2�), que regulan lo referente a la formulaci�n de las excepciones previas con ocasi�n de la reforma de la demanda. As�, establece el primero de los preceptos: �Dentro del nuevo traslado el demandado podr� ejercitar las mismas facultades que durante el inicial, salvo lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 2� del art�culo 99 respecto de las excepciones previas�.
Y la segunda de ellas se�ala: �Dentro del traslado de la reforma, el demandado podr� proponer nuevas excepciones previas que versen sobre el contenido de aqu�lla. Estas y las anteriores que no hubieren quedado subsanadas, se tramitar�n conjuntamente una vez vencido dicho traslado�. Al respecto, importa resaltar lo que ha doctrina ha dicho sobre el particular: �L�gicamente, dentro del t�rmino de traslado de la reforma de la demanda, el demandado podr� ejercer las mismas facultades que durante el de la demanda inicial, inclusive proponer nuevas excepciones previas que versen sobre el contenido de aquella�, (Curso de Derecho Procesal Civil Parte General.
Hernando Morales Molina, p�g. 355.) �Dispone el numeral 5� del art. 89 que dentro del nuevo traslado de la reforma podr� el demandado ejercer los mismos derechos que se le permiten, incluso proponer excepciones previas, siempre que versen sobre aspectos contenidos en la reforma, pero no las que tengan que ver con la demanda inicial cuya oportunidad est� preclu�da a la luz del art�culo 99, numeral 2��, (se enfatiza, Instituciones del Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I Parte General, Hern�n Fabio L�pez Blanco, p�g. 534).
Luego, aqu� la cuesti�n no era un problema de vigencia de la Ley 1395, pues est� claro que la parte demandada estaba habilitada para plantear las citadas excepciones, sino de la oportunidad que de acuerdo con la ley, ten�a dicho extremo procesal, ante dicha reforma, las cuales deb�an circunscribirse a su contenido, se itera. 4.2. Y si en el caso sub examine, como se advierte del respectivo libelo, la modificaci�n consisti� en prescindir �de la demanda contra la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. �Fiduagraria S.A.�, y sustituir ��la acci�n de simulaci�n de que trataba la pretensi�n segunda subsidiaria, por la de nulidad por apropiaci�n de la prenda��, (fl. 637, C. 1-2), a tales aspectos deb�an enfilarse las excepciones previas que se formularan, y por tanto, a los mismos estaba limitada la competencia del Juez de conocimiento, sin que so pretexto de la econom�a procesal pudiera extenderse a otras pretensiones, en tanto que las normas procesales, son de orden p�blico, derecho p�blico y, por consiguiente de obligatorio cumplimiento.
Es l�gico que as� sea, en atenci�n al principio de preclusi�n que rige el procedimiento procesal civil, que es ��la p�rdida, extinci�n o consumaci�n de una facultad procesal, y resulta ordinariamente, de tres situaciones procesales: a) por no haberse acatado el orden u oportunidad preestablecido por la ley para la ejecuci�n de un acto; b) por haberse realizado una actividad incompatible en el ejercicio de otra; c) por haberse realizado ya, anterior y v�lidamente esa facultad��, que fue lo que aconteci� en el sub j�dice, como que ante la demanda primigenia, el se�or Acero L�pez y la Federaci�n Nacional de Cafeteros ya hab�an planteado unas excepciones previas, �poca para la cual y al contestar la demanda inicial alegaron como de m�rito la falta de legitimaci�n en la causa de la parte demandante y la prescripci�n (fls. 342 a 366, C. 1 y 605 a 612, C. 1-2).
Sobre el mencionado principio cumple anotar: ��El paso de un estadio al siguiente supone la clausura del anterior, de tal manera que los actos procesales cumplidos quedan firmes y no puede volverse sobre ellos�. Jofr� ense�a: �Hay sin embargo, en el procedimiento que se sigue en un pleito, una serie de resoluciones que no producen cosa juzgada; pero que no pueden repetirse dentro del mismo, porque lo perturbar�an, abriendo la puerta a la chicana.
As� por ejemplo, cuando se da por deca�do el derecho para contestar la demanda, o para alegar el bien probado; o se rechaza una diligencia de prueba o se acepta otra, no puede decirse que haya cosa juzgada; pero s� puede afirmarse que hay preclusi�n, es decir, que ese tr�mite ha sido ya cumplido y que est� cerrado el camino para repetirlo�. �El concepto de preclusi�n en todas sus formas est� vinculado con el de decaimiento de un derecho o de una facultad, o sea la imposibilidad de cumplir un acto en el futuro�. 4.3.
Como consecuencia de lo anterior, deviene ineluctablemente que las dem�s acciones que se incoaron, verbigracia, la de nulidad absoluta, pauliana, rescisoria y de enriquecimiento sin causa y consecuenciales, formuladas como principal y subsidiarias, respectivamente, deb�an permanecer inc�lumes, como que frente a ellas no era posible plantear las aludidas excepciones previas, antes porque la ley no lo autorizaba, y ahora, porque las susodichas pretensiones no hicieron parte de variaci�n alguna en la reforma; debi�ndose por tanto limitarse el an�lisis a la pretensi�n segunda subsidiaria consistente en la nulidad por indebida apropiaci�n de la prenda. 5.
Falta de legitimaci�n S�bese que quien acude a la tutela jurisdiccional, para el �xito de su pretensi�n, debe tener por ley sustancial la facultad para demandar, es decir, ser el sujeto que por designaci�n legal puede �disputar el derecho debatido ante la jurisdicci�n�, ora por su calidad en la relaci�n sustancial debatida en el proceso, bien porque pese a no haber intervenido en ella, tiene un inter�s jur�dico que le permite deprecar la acci�n respectiva; circunstancia f�ctica que se predica tambi�n del llamado a soportar la pretensi�n. �Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ning�n otro an�lisis, la expedici�n de un fallo absolutorio; de all� que se imponga examinar de entrada la legitimaci�n que le asiste a la parte demandante para formular la pretensi�n�; decisi�n que a prop�sito de la expedici�n de la Ley 1395 de 2010 puede proferirse ahora desde el umbral del proceso, lo que claro est�, no se podr� hacer en todos los casos, si no solo en aqu�llos en los que el asunto de la legitimaci�n pueda establecerse a priori y sin necesidad del desarrollo de todo el litigio. 5.1.
As� por v�a de ejemplo, hay eventos en los que ��la ley exige prueba de la legitimaci�n para obrar desde la iniciaci�n del proceso��, verbigracia, el art�culo 417 del estatuto procesal civil, ��dice que quien intente demanda de entrega material de la cosa adquirida por tradici�n, debe acompa�ar a aquella la correspondiente escritura p�blica en que conste la obligaci�n, pues se trata de una acci�n prevalente funci�n ejecutiva; el que abre un proceso de sucesi�n ha de presentar desde el comienzo del t�tulo que tenga para ello (Art. 588), que justifica su inter�s en intentarlo; el proceso de ejecuci�n principia con la prueba de que el demandante posee un t�tulo ejecutivo, pues su objeto es el cumplimiento de una obligaci�n, que luego puede ser contradicho en excepciones (Art. 497); quien intenta una demanda de lanzamiento, ha de acompa�ar a ella la prueba sumaria del contrato (Art. 424) y lo mismo en los dem�s procesos de tenencia (Arts. 425, 426), porque, el proceso tiende a ejecutar una obligaci�n de restituir tenencia; cuando alguien promueve demanda de divisi�n de bienes comunes debe presentar la prueba de que es comunero (art. 467), porque solo pueden intervenir en el proceso los copart�cipes en la cosa com�n; a la demanda de expropiaci�n han de acompa�arse las pruebas indicadas en el Art. 451�; en el proceso de deslinde deber� allegarse la prueba de la condici�n en la que se demanda (Art. 460), y la de los destinatarios, ��porque solo intervienen los titulares de predios contiguos�. 5.2.
Ahora, en el sub lite es claro, que la legitimaci�n de la Uni�n de Trabajadores de la Industria de Transporte Mar�timo para pedir que se declare que la Convenci�n de Ejecuci�n y Liquidaci�n de contratos celebrados entre la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. -En Liquidaci�n- y la Federaci�n Nacional de Cafeteros, �constituy� un acto de apropiaci�n de la prenda representada por 3.689.172 de CES, 758.599 de CONTECAR Y 3.244 de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA�, y que por tanto es nulo, tiene que verse desde la perspectiva de su inter�s, toda vez que frente al negocio jur�dico cuestionado ostenta la condici�n de un tercero. Sobre el punto ha dicho la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia: ��el inter�s que legitima al tercero es un inter�s econ�mico que emerge de la afecci�n que le irroga el contrato impugnado.
(Casaciones de 17 de agosto de 1893, G.J. t. IX, p�g. 2; 13 de julio de 1896, G.J. t. XII, p�g. 13; 29 de septiembre de 1917, G.J. t. XXVI, p�g. 180; 8 de octubre de 1925, G.J. t. XXXV, p�g. 7; 20 de mayo de 1952, G.J. t. LXXII, p�g. 125, entre otras). Desde luego que el �inter�s� al cual se refiere el art�culo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del inter�s para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivar�a del despacho favorable de la pretensi�n, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que adem�s de la relevancia jur�dico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relaci�n sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio econ�mico o moral, pero en el �mbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el inter�s debe existir para el momento de la demanda, descart�ndose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros�.
(Cas. Civil. Sent. 031 de 2 de agosto de 1999)�, (el subrayado es del texto). �Y en sentencia anterior expres� que �en los casos en que la ley habla del inter�s jur�dico para el ejercicio de una acci�n, debe entenderse que ese inter�s venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el inter�s�; y que con ese perjuicio � es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad�, a�adiendo que �el derecho de donde se derive el inter�s jur�dico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acci�n, porque el derecho no puede reclamarse de futuro en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el inter�s para obrar en juicio se concretan en el calificativo de leg�timo o jur�dico, para significar, en s�ntesis, que al intentar la acci�n debe existir un estado de hecho contrario al derecho�.
(G. J. LXII P. 431)�. 5.3. Inter�s que sin duda tiene la referida entidad, y que se concreta en el perjuicio que aduce le caus� la celebraci�n de dicha negociaci�n, pues a su juicio con ella �se sustrajo la prenda general de los acreedores y se hizo nugatorio del derecho de los trabajadores, pensionados y demandante, a ser pagados de preferencia�, como que la �Federaci�n Nacional de Cafeteros se apropi� de la prenda por medios diferentes a los establecidos en la ley para la cancelaci�n de las obligaciones prendarias o hipotecarias�, (fl. 640, ib.).
Y como acreedora que es UNIMAR de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. -En Liquidaci�n-, seg�n consta en la Certificaci�n que remiti� la Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades (fls. 22 a 23, �CUADERNO No. 01�), por la suma de doscientos ochenta y cuatro millones ciento cuarenta mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($284�140.874.00), m�s �las sumas correspondientes a los descuentos a que haya lugar sobre los salarios a pagar a los se�ores CARLOS JULIO LAVERDE CORT�S, CESAR ANTONIO ROJAS ERAZO, JORGE ARIAS NOPE y ORLANDO NEUSA, desde el mes de septiembre de 1997 hasta el 31 de julio de 2001, que por concepto de descuentos de CUOTAS SINDICALES se cause�, es obvio que le asiste el derecho de reclamar la restituci�n de las acciones materia de dicha Convenci�n, a fin de reintegrar al patrimonio de su deudor, y de ese modo satisfacer su acreencia. Sobre el particular v�ase el hecho 37 de la reforma integrada de la demanda: �La UNI�N DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MAR�TIMO Y FLUVIAL �UNIMAR-, en representaci�n de los trabajadores de la COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., y en nombre de propio, fue debidamente reconocida como acreedora en el proceso de liquidaci�n obligatoria de �sta, luego tiene inter�s serio y actual en las pretensiones, en la medida que el patrimonio a liquidar no alcanz� para satisfacer los pasivos por obligaciones salariales, prestacionales y pensionales�, (fl. 640, ib.). 5.4.
En lo que ata�e a la falta legitimaci�n que se predica del demandado Acero L�pez tampoco tiene vocaci�n de prosperidad, por los siguientes motivos: 5.4.1. Es verdad, como la a quo lo plasm� en el prove�do recurrido, que el citado reconvenido no particip� en la negociaci�n acusada, no obstante no debe olvidarse que fue convocado a este tr�mite por el hecho de haberla autorizado, en su condici�n de miembro de la Junta Asesora del Liquidador de la mencionada Compa��a, y es �sa la condici�n que le otorga la legitimaci�n para soportar las pretensiones que en su contra se enfilaron, en la medida que con estribo en ella fue llamado al litigio de la referencia, la que por lo dem�s se encuentra demostrada, no solo con la confesi�n de su apoderado, quien al contestar la demanda primigenia, y plantear la excepci�n de fondo de �legitimaci�n en la causa por pasiva�, sostuvo: �Por lo tanto mi mandante, como miembro de la Junta Asesora del Superintendente de Sociedades, no ha sido parte en las referidas operaciones, ni est�, por consiguiente, comprometida su responsabilidad personal en las pretendidas declaraciones de nulidad absoluta, de simulaci�n, de acto de apropiaci�n de prenda, de rescisi�n, ni de enriquecimiento sin causa, as� como tampoco en las consecuenciales de condena, solicitadas en su contra�, sino tambi�n con las copias que militan en el expediente a folios 74 a 81 del cuaderno 1-1, las cuales fueron adosadas en copia simple, porque �los originales se hallan en poder de las entidades demandadas�, (fl. 95, ib. y 641, C. 1-2). 5.4.2.
Ahora, no cabe duda que el demandado referido no es el llamado a resistir la pretensi�n dirigida a que se declare que hubo indebida apropiaci�n de los bienes en cuesti�n, as� como tampoco las acciones de nulidad, pauliana o rescisoria, habida consideraci�n que no intervino en su ejecuci�n, las que en todo caso no se formularon en su contra; basta ver que luego de solicitar el respectivo pronunciamiento, se pide que se �condene a la FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA a restituir, en favor de LA COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. �en liquidaci�n-, con la finalidad de integrar la prenda general de los acreedores, las siguientes acciones: 3.689.172 de ACES; 758.599 de CONTECAR; 3.244 de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA�, y luego subsidiariamente, ah� s� frente a los dem�s reconvenidos: �FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, DIEGO CH�VEZ ALARC�N, LUIS FELIPE ACERO L�PEZ, OSCAR ANTONIO HERN�NDEZ, SIGIFREDO RAM�REZ CARMONA, que se les condene ��a pagar solidariamente, en favor de LA COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., en liquidaci�n- y con miras a integrar la prenda general de los acreedores, el valor de las precitadas acciones, con sus rendimientos, intereses y correcci�n monetaria, desde cuando las recibi�, hasta cuando el pago se verifique y conforme al valor que en el proceso se establezca�, (fls. 621 y 622, C. 1-2), am�n del pago �en favor de LA COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. � En Liquidaci�n, del valor de perjuicios que por da�o emergente y lucro cesante se hubieren causado como consecuencia de las negociaciones cuya nulidad se demanda�. 5.4.3.
De donde se concluye que lo que se le enrostra al demandado Acero es su responsabilidad por haber autorizado, como miembro de la Junta Asesora, una negociaci�n supuestamente contraria a la ley. As� se desprende de los hechos de la demanda: �17).- La Junta asesora del liquidador, en la sesi�n de Febrero 6 del 2001, autoriz� la liquidaci�n de los contratos de reporto mencionados, tomando en consideraci�n los aval�os dados a las acciones en Junio del 2000; �18).-La autorizaci�n mencionada en el numeral anterior, para liquidar con precios no actualizados, que no tuvieron en cuenta la valorizaci�n de las acciones y con prescindencia de los aval�os de ley, viola de manera directa las leyes que regulan dichos actos dispositivos dentro del proceso de liquidaci�n forzosa; �21).- Las negociaciones de liquidaci�n de los contratos de reporto de que dan cuenta los numerales anteriores, que declararon extinguidos los plazos de recompra e imputaron el cr�dito al precio que en dicho acto se estableci�, se llevaron a cabo estando la COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. en liquidaci�n y contra expreso mandato de la ley de graduaci�n de cr�ditos�. �29).- La capacidad del liquidador, como representante de la sociedad en proceso de liquidaci�n C.I.F.M. S.A., as� como la de la junta asesora del liquidador y Superintendencia de Sociedades, para la disposici�n de bienes o autorizar la misma, est� limitada por las normas que regulan el proceso, entre otras las que disponen previo aval�o, desembargo, fijan facultades del liquidador y de la junta asesora, establecen prelaci�n de cr�ditos, etc., las cuales no se observaron por los funcionarios que intervinieron en las negociaciones mencionadas; �30).- Las personas y funcionarios que intervinieron en los actos de liquidaci�n que son base de las pretensiones contenidas en la demanda, desbordaron las facultades y competencias que la ley les concede para disponer de bienes de la entidad en proceso de liquidaci�n�. �34)- Tanto el representante de la entidad acreedora como la Revisora Fiscal y los miembros de la Junta Asesora que son demandados, tuvieron conocimiento de las operaciones o actos de disposici�n demandados y no obstante su manifiesta ilegalidad, los autorizaron, celebraron o no se opusieron y, por lo mismo, son responsables solidariamente de los perjuicios causados�. �36).- Las personas jur�dicas y naturales demandadas, en su condici�n de mandatarios, lo mismo que los miembros de la junta asesora del liquidador, responden hasta de culpa leve por los perjuicios que se causen a terceros�, (se resalta, fls. 638 y 639, C. 1-2).
He ah� su legitimaci�n, pues el se�or Acero L�pez debe comparecer al proceso a responder por las imputaciones que se le hacen frente a la mencionada autorizaci�n, y tendr� que explicar a tono con ellas, cu�l fue su papel dentro de la citada Convenci�n de Ejecuci�n y Liquidaci�n de contratos celebrados entre la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. -En Liquidaci�n- y la Federaci�n Nacional de Cafeteros, m�xime si se tiene en cuenta, que como se advierte liminarmente, particip� alguna vez como representante de la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en varios otros� �AL CONTRATO CELEBRADO POR LA COMPA��A DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. Y LA FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA LA VENTA CON OBLIGACI�N DE RECOMPRA��, (fls. 17, 23 a 29, 37 a 43, 46, C. 1-1), y figura en esa misma calidad, suscribiendo el contrato de venta de acciones con obligaci�n de recompra, sobre la cantidad de 93795 acciones de CONTECAR (fls. 49 a 50, ib�dem). 5.4.4.
Es cierto que en varios apartes se cita la solidaridad como fuente de la presunta obligaci�n de reparaci�n que tiene el reconvenido en cuesti�n, sin embargo en realidad, como se vio, no es �ste el fundamento del reproche que se le endilga, sino esencialmente, la circunstancia de haber autorizado la celebraci�n de un acto ilegal. Por tal virtud, el se�or Luis Acero L�pez debe comparecer al proceso como demandado; y si no es responsable por los actos que se le achacan, es una discusi�n que deber� suscitarse dentro del tr�mite de litigio, luego de que se recauden las pruebas que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo lugar de la referida Convenci�n, y el papel que jug� aqu�l en ella. 5.4.5.
En todo caso es preciso advertir, que si por la forma en que est�n enfocadas las pretensiones, esto es, no es posible efectuar ese juicio de responsabilidad, es un asunto que deber� dilucidarse en la oportunidad procesal respectiva, pues por lo pronto, y atenci�n a lo expuesto, encuentra la Sala, en el citado demandado, la calidad que el Juzgado de primera instancia extra��, y por tanto debe seguir vinculado a la litis. 6.
La Prescripci�n Dilucidado lo anterior, cumple se�alar que el art�culo 2535 del C�digo Civil dispone que �la prescripci�n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones�. Y circunscrita la competencia de la Sala a analizar lo concerniente a la pretensi�n segunda subsidiaria, se reitera, en la medida que la �nica introducida en la reforma de la demanda, est� claro que la acci�n all� deprecada es de aquellas ordinarias, pues no existe norma especial que la regule, y el t�rmino respectivo ser� un lapso de veinte (20) a�os en la redacci�n del art�culo 2536 ej�sdem, o de diez (10) conforme a la modificaci�n introducida por el art�culo 8 de la Ley 791 de 2002, contados desde el momento de la confecci�n del contrato o desde la fecha en que la nueva legislaci�n entr� en vigencia, de acuerdo con la regla dirimente de conflictos de transici�n normativa prevista en el art�culo 41 de la Ley 153 de 1887; t�rminos que no se han cumplido si se tiene en cuenta que desde junio de 2001, cuando se celebr� el aludido Convenio, hasta que se present� la demanda -27 de junio de 2008, (fl. 99, C. 1-1)- han transcurrido apenas siete (7) a�os.
No se soslaya que en esta s�plica, la parte actora se refiere a la nulidad, sin embargo, frente a esta acci�n no se analiza el t�rmino de prescripci�n, porque a vuelta de interpretar la demanda, es claro que la pretensi�n en comento es independiente frente a las de nulidad absoluta y rescisi�n que plante� dicho extremo procesal como principal y subsidiaria, respectivamente.
Y se itera, dada la restricci�n que ten�a la parte demandada para formular excepciones previas tras la reforma de la demanda, este estudio no puede extenderse a las otras acciones que de forma principal y subsidiaria plante� UNIMAR, dej�ndose su resoluci�n para el momento en que se pronuncie la respectiva sentencia que resuelva de m�rito las pretensiones y excepciones de las partes. 7.
Con todo, la suerte no es diferente si se admite, como lo sostuvieron los apoderados de la Federaci�n Nacional de Cafeteros y el se�or Luis Acero L�pez, que la posibilidad de alegar las excepciones en cuesti�n como previas, naci� en virtud de la reforma introducida la Ley 1395 de 2010, y que por tanto aqu�llas pod�an enfilarse en contra de la totalidad de las pretensiones, por los siguientes motivos: 7.1.
En primera medida, como lo dijo el gestor judicial de la parte demandante al descorrer el traslado de las excepciones, por cuesti�n de t�cnica procesal no es posible abordar el an�lisis de las pretensiones subsidiarias sin antes haber resuelto lo referente a la principal, de tal suerte, que s�lo podr�a predicarse la prescripci�n de estas �ltimas y/o la ausencia de legitimaci�n ora por activa o bien por pasiva frente a las mismas, luego de haber determinado si la nulidad absoluta deprecada procede o no, estudio que no es posible hacer a estas alturas del litigio, sino que debe dilucidarse tras haberse culminado todas sus etapas.
Por lo pronto, lo �nico que puede decirse, y lo que permite la prosecuci�n del tr�mite, visto el asunto panor�micamente, es que por un lado, la Uni�n de Trabajadores de la Industria del Transporte Mar�timo y Fluvial -Unimar- tiene inter�s para pedir la declaraci�n de nulidad referida, y en suma para ejercer todas las acciones dirigidas a obtener la restituci�n de los bienes que considera hac�an parte del patrimonio de su deudor, la Compa��a de Inversiones de la Flota Mercante S.A., que es el prop�sito al fin y al cabo de todas las que aqu� se intentaron.
Esto en virtud, del llamado derecho de prenda general sobre el patrimonio del deudor, consagrado en el art�culo 2488 del C�digo Civil, seg�n el cual: �Toda obligaci�n personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecuci�n sobre todos los bienes ra�ces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptu�ndose solamente los no embargables designados en el art�culo 1677�; principio de cuya existencia se derivan consecuencias relevantes; �ellas dicen, en primer lugar, relaci�n con la conservaci�n de los bienes que forman el activo patrimonial del deudor; luego, con el reintegro a dicho patrimonio de ciertos bienes escapados de �l en perjuicio de los acreedores; finalmente, con las medidas de ejecuci�n, esto es, las acciones que tiene en su favor todo acreedor para pagarse sobre los bienes del deudor�, (destaca la sala).
Y por otro, sabido es que el t�rmino de prescripci�n de la nulidad absoluta es el establecido en el art�culo 2536 del C�digo Civil, el cual a la presentaci�n de la demanda no se hab�a consolidado. Sobre la legitimaci�n en la causa del demandado Acero L�pez, las mismas razones que sirvieron para no declararla frente a la pretensi�n que se reform� de la demanda, sirven para predicarla frente a la pretensi�n principal, am�n de las subsidiarias, pues se insiste, su vinculaci�n al litigio obedeci� a su participaci�n como miembro de la Junta Asesora del Liquidador de la mencionada Compa��a, la que a su turno se le achaca la responsabilidad de haber autorizado un acto en perjuicio de los derechos de los trabajadores a ser pagados preferentemente. 8.
As� las cosas, se revocar� la sentencia g�nesis de inconformidad, y en su lugar, se dispondr� la continuaci�n del tr�mite. Consecuentemente, se condenar� en costas de ambas instancias a la Federaci�n Nacional de Cafeteros y al se�or Luis Acero L�pez (num. 4� del art�culo 392 del C. de P. Civil), m�s se impondr� una suma mayor a aqu�lla, en virtud del fracaso de su impugnaci�n. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., en una de sus Salas de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia anticipada que pronunci� el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad el veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), a excepci�n del numeral primero, y en su lugar, se ordena al Juzgado de primera instancia que proceda a continuar con el tr�mite de este proceso.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia y al se�or Luis Acero L�pez. Para efectos de la liquidaci�n de las de �sta, la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho, para dicha Federaci�n, la suma de dos millones de pesos ($2�000.000.00); y para aqu�l, el monto de quinientos mil pesos ($500.000.00).
C�piese, notif�quese y c�mplase. Los Magistrados, JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE Rad.: 2008-00369-02 MAR�A PATRICIA CRUZ MIRANDA Rad.: 2008-00369-02 (En permiso) RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Rad.: 2008-00369-02 La demanda se present� el 27 de junio de 2008 (fls. 86 a 98, C. 1-1), y luego se reform� el 11 de noviembre de 2009 (fls. 632 a 644, C. 1-2), libelo que fue admitido mediante prove�do de 5 de septiembre de 2011 (fl. 645, ib.). Se admiti� mediante prove�do de 2 de abril de 2013 (fl. 31, de este cuaderno). MORALES Molina, Hernando.
Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Editorial ABC � Bogot�, 1991. Und�cima Edici�n, p�gs. 204 y 205. Cfr. Sal. Cas. Civ. Sent. 23-04-03. M. P.: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno. Exp. 7651, citada en la Sentencia de Casaci�n de 23-04-07. M. P.: Dra. Ruth Marina D�az Rueda. Exp. 733193103001999-00125-01. Ib�dem, nota al pie No. 3, p�gs. 159 y 160. Cfr. Sal.
Cas. Civ. Sent. 18-08-02. M. P.: Dr. Jorge Santos Ballesteros. Exp. 6888. C. Const., sent. C-398, 24-05-2006, M. P.: Dr. Alfredo Beltr�n Sierra, numeral � 4.3 de las consideraciones. En esta oportunidad, el Alto Tribunal Constitucional declar� exequible la consecuencia jur�dica de que el t�rmino prescriptivo comience a contabilizarse a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley si el prescribiente elige �sta. P�REZ Vives �lvaro, �Teor�a General de las Obligaciones�, Volumen III Parte Segunda �Clasificaci�n, Efectos, Transmisi�n y Extinci�n de las Obligaciones�, Editorial Temis Bogot� 1995, p�g. 240. PAGE PAGE 17 JMBL, Exp. 11001-31-03-19-2008-00369-02 U�$ 3 S T U V � � � � � � � ������ģ�|kVAV,(h� �h�u�@���OJQJ^JaJmHsH(h� �h�GQ@���OJQJ^JaJmHsH(h� �hp�@���OJQJ^JaJmHsH h� �hp�@���OJQJ^JaJ$h"0h"0OJQJ^JaJmH sH 'h"0h"05�OJQJ^JaJmH sH Ajh"0h"0B*OJQJU^JaJmHnHphsH tH $u4hy hy B*OJQJ^JaJmHnHphtH $uh.I�h.I�OJQJh.I�h�6LOJQJh.I�hy OJQJ 6% T U W m � � � � � + � ����������������$ �0��L���d*$^�L`���a$gd"0$ �0�d*$a$gd�f$ �0�d*$a$gdp�$d�1$7$8$H$a$gd"0$ � d�1$7$8$H$a$gd"0gdy � � � � � � � � � � � � � � � * + 5 6 7 �����ܵ�����zhzhYGz9zh�0�@���OJQJ^JaJ#h� h�f5�@���OJQJ^JaJ h�-m5�@���OJQJ^JaJ#h� hp�5�@���OJQJ^JaJ h� �hp�@���OJQJ^JaJ(h� �h,1@���OJQJ^JaJmHsH(h� �hp�@���OJQJ^JaJmHsH(h� �h�f@���OJQJ^JaJmHsH"hT*�@���OJQJ^JaJmHsH"h��@���OJQJ^JaJmHsH"h�KD@���OJQJ^JaJmHsH7 8 p q � � � � � � � � o p | � � ����Ŵ����tet�S�B� h� �h�p@���OJQJ^JaJ#h� hp�5�@���OJQJ^JaJ h�r�5�@���OJQJ^JaJ hJ5�@���OJQJ^JaJ hd1�5�@���OJQJ^JaJ h� �hk�@���OJQJ^JaJ h� �h/1@���OJQJ^JaJ h� �hp�@���OJQJ^JaJ h"05�@���OJQJ^JaJ h��5�@���OJQJ^JaJ 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