Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 26-98-1013-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Carlos Julio Moya Colmenares.

Fecha: 2004-09-01

Sujetos procesales: FABIOLA GRANADA LEAL / ALBA CUERVO MEDINA

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Magistrado Ponente: CARLOS JULIO MOYA COLMENARES. Ref.: Ordinario (reivindicatorio) de FABIOLA GRANADA LEAL contra ALBA CUERVO MEDINA. Discutido y aprobado por la Sala en sesi�n de 4 de agosto de 2004, seg�n Acta N� 30 de la misma fecha. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la demandada contra la sentencia que el once de diciembre de dos mil uno, profiri� el Juzgado Veintis�is Civil del Circuito de esta ciudad.

ANTECEDENTES Mediante libelo cuyo conocimiento correspondi�, previo reparto, al Juzgado Veintis�is Civil del Circuito de Bogot�, D.C., Fabiola Granada Leal formul� demanda reivindicatoria contra Alba Cuervo Medina para que, previos los tr�mites del proceso ordinario, se accediera, en s�ntesis, a las siguientes pretensiones: 1�) Se ordene a la demandada restituir a la demandante el local comercial marcado con el n�mero 76 � 03 de la carrera 62, el cual hace parte del inmueble ubicado en la carrera 62 N� 76 � 05 de esta ciudad, identificado, adem�s, por los linderos plasmados en la demanda, predio de mayor extensi�n al cual le corresponde el folio de matr�cula inmobiliaria N� 50C-262844 de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de esta ciudad, restituci�n que debe ir acompa�ada de las cosas que forman parte del predio o que se reputan como tales. 2�) Se condene a la demandada al pago de los frutos naturales o civiles que hubiere podido producir el bien con mediana inteligencia y cuidado, liquidados desde la fecha en que entr� en posesi�n del fundo por tratarse de una poseedora de mala fe, hasta cuando se realice la entrega pedida, as� como al valor de las reparaciones necesarias, y se absuelva a la demandante del pago de las expensas necesarias a que alude el art�culo 965 del C�digo Civil. 3�) Se ordene la cancelaci�n de cualquier gravamen que pese sobre el inmueble objeto de la acci�n. Las pretensiones as� deducidas se soportaron en los hechos que a continuaci�n, compendiados, se relatan: 1�) Fabiola Granada Leal adquiri� el inmueble ubicado en la Carrera 62 N� 76 � 05 de esta ciudad, por compra hecha a Manuel Jos� Bernal y Mar�a Anunciaci�n Rinc�n de Bernal, mediante escritura p�blica N� 7797 otorgada el 4 de diciembre de 1974 en la Notar�a 5� de esta capital. 2�) Hace parte de dicho predio el local comercial demarcado con el n�mero 76 � 03 de la carrera 62, donde funcionaba una sastrer�a de propiedad del padre de la demandante, Pedro Nel Granada, quien muri� el 15 de febrero de 1996. 3�) La demandada Alba Cuervo Medina trabajaba para Pedro Nel Granada por lo que, por tratarse de una empleada de confianza que conoc�a la clientela de la sastrer�a, las prendas pendientes de entregar, as� como el saldo por pagar de los trabajos, fue autorizada por la demandante para quedarse en el local hasta tanto culminara tales trabajos y recaudara los dineros pertinentes. 4�) Al cabo de unos meses Fabiola Granada Leal requiri� a Alba Cuervo Medina en aras de que devolviera el local, a lo cual se neg� �sta porque hab�a instalado su propia sastrer�a argumentando que el padre de aquella le deb�a prestaciones laborales. 5�) El local comercial aludido jam�s le fue arrendado o vendido a la demandada, por lo que la accionante se esta viendo perjudicada al no poder usufructuarlo.

Admitido a tr�mite tal libelo, la encartada se notific� personalmente y lo contest� en forma oportuna por medio de su apoderado judicial, oponi�ndose a sus pretensiones y se�alando ostentar la posesi�n del fundo por espacio superior a los veinte a�os, lo que realiz� junto con Pedro Nel Granada cuando �ste aun viv�a. Surtida la audiencia de que trata el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil y los tr�mites probatorio y de alegaciones, el Juzgado de conocimiento le puso fin a la primera instancia en sentencia de 11 de diciembre de 2001, por cuya virtud acogi� las pretensiones de la demanda ordenando a la demandada la devoluci�n del predio y conden�ndola al pago de los frutos a favor de la demandante.

LA SENTENCIA IMPUGNADA El a-quo, luego de historiar el proceso y de encontrar reunidos a cabalidad los presupuestos procesales, determin� los requisitos que hacen pr�spera la pretensi�n reivindicatoria e indagando la presencia de los mismos en el sub-examine con base en las pruebas practicadas, concluy� que en la demandante concurre la calidad de due�a del inmueble demarcado con el N� 76 � 05 de la Carrera 62, del cual hace parte el local comercial objeto de la litis, y en la demandada la de poseedora del predio, que existe plena identidad entre el bien de la actora y el que es objeto de sus pretensiones, a mas de que se trata de una cosa singular.

Afirm� que los testigos no fueron claros en se�alar la �poca desde la cual Alba Cuervo Medina ostenta la posesi�n por ella alegada, ni los actos de se�or�o que dice haber exteriorizado y, menos aun, si reconoc�a dominio ajeno o no. Agreg� que la parte actora tampoco demostr� la posesi�n de mala fe que endilg� a la accionada por lo que, en consecuencia, los frutos a reconocer deber�an serlo desde la fecha de contestaci�n del libelo.

Aludiendo �nicamente a la condena al pago de frutos y de costas que recay� en su contra, la demandada interpuso recurso de apelaci�n que, una vez rituado, procede el Tribunal a desatar. LA IMPUGNACI�N Indic� la recurrente que no debe pesar en su contra condena al pago de frutos ni costas procesales, porque la actora consinti� la ocupaci�n que realiz� respecto del local comercial objeto de la litis, a m�s de que lleva m�s de 20 a�os de posesi�n y de que nunca fue requerida por la demandante.

As� mismo se�al� que la prueba testimonial es indicadora de la buena fe que caracteriza su posesi�n, sin que sea cierta la relaci�n laboral de la encartada con Pedro Nel Granada, pues de all� lo que se desprendi� es la existencia de una relaci�n sentimental entre ellos. Por todo ello afirm� que por tratarse de una poseedora de buena fe no procede la condena al pago de frutos en aplicaci�n del art�culo 964 del C�digo Civil, y que tampoco resulta viable la condena en costas habida cuenta que la raz�n de ser del litigio fue la propia negligencia de la accionante al no exigir sus derechos oportunamente.

CONSIDERACIONES Ning�n reparo merecen los presupuestos procesales, pues se evidencia del sub-examine, la presencia plena de ellos. Igual cabe advertir que no se presenta vicio con entidad suficiente como para anular la actuaci�n. Corresponde entonces analizar la censura que contra el fallo de primer grado elev� la demandada, recordando que �sta se limit� a la condena al pago de frutos que le fue impuesta as� como a la de costas, por lo que igual l�mite tiene esta Corporaci�n. Ello en aplicaci�n del inciso 1� del art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Civil, scuyo tenor literal es el siguiente. �La apelaci�n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr� enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz�n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos �ntimamente relacionados con ella.� Pues bien: la calificaci�n de poseedor de buena o mala fe que se hace a la demandada no implica, como �sta lo sostiene en su alzada, su absoluci�n respecto de la condena al pago de frutos, pues aquella circunstancia es consecuencia de la prosperidad de la acci�n y tiene relevancia para determinar desde cuando deben liquidarse los frutos que est� obligado a pagar por haber pose�do el predio, esto es, si lo fue de mala fe desde cuando entr� en posesi�n del mismo o a partir de su notificaci�n si ocurri� de buena fe.

Por ello el inciso 3� del art�culo 964 del C�digo Civil se�ala que �El poseedor de buena fe no es obligado a la restituci�n de los frutos percibidos antes de la contestaci�n de la demanda; en cuanto a los percibidos despu�s, estar� sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores�. Sobre el particular vale recordar las ense�anzas de la Corte Suprema de Justicia: �La acci�n reivindicatoria o de dominio, conforme a la definici�n del art�culo 946 del C�digo Civil, comporta una pretensi�n principal y aut�noma, am�n de extracontractual.

Por lo dem�s, mientras que la restituci�n como consecuencia de la resoluci�n, no procede contra terceros poseedores subadquirentes de buena fe, en la acci�n reivindicatoria com�n esta calificaci�n s�lo resulta relevante para efectos de las restituciones mutuas, por cuanto la buena o mala fe del poseedor no es elemento estructural de la referida pretensi�n. En otras palabras, la acci�n reivindicatoria que reconoce el citado t�tulo XII, procede contra poseedores de buena o mala fe, pues como ya se anot�, esta circunstancia subjetiva juega papel significativo pero en el �mbito de las mencionadas restituciones, surgidas con ocasi�n de la orden reivindicatoria ". En consecuencia, acept�ndose por la encartada ser poseedora de buena fe del predio objeto de la litis, resulta irrelevante en el rito la forma en que entr� en dicha posesi�n, as� como la ausencia de requerimientos de parte de la demandante como propietaria del bien, como quiera que el inciso 2� del art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil se�ala que �La notificaci�n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.� En otros t�rminos, el requerimiento echado de menos por la recurrente se realiz� con la notificaci�n del auto admisorio del libelo y, por ende, desde tal data est� conminada a pagar los frutos civiles que el inmueble hubiera podido producir o haya producido.

Sobre el particular, bueno es precisar lo que la H. Corte Suprema de Justicia ha definido sobre el punto: � cuando los art�culos 964 y 966 del C.C. hablan de �contestaci�n de la demanda� no se refieren al hecho material de la respuesta del demandado al libelo con que se inicia el juicio, sino al fen�meno de la litis contestatio, o sea, a la formaci�n del v�nculo jur�dico-procesal que nace con la notificaci�n de la demanda. �La litis contestatio no surge, como creen algunos, despu�s de la respuesta a la demanda.

Aqu�lla no es sino el llamamiento a juicio de quienes deben responder de la acci�n incoada y la consiguiente formaci�n del v�nculo que liga por igual a las partes y al mismo juzgador respecto de la decisi�n que ha de proferirse sobre el fondo de la litis. La presentaci�n de la demanda por el actor, su admisi�n por el juez y su notificaci�n al reo, engendran la relaci�n jur�dico procesal.

La litis contestatio no nace pues, con la respuesta de la demanda, sino con la notificaci�n, de �sta al demandado. No sobra advertir, adem�s, que en nuestra ley procesal vigente, a diferencia de lo que dispon�a el antiguo C�digo Judicial, no es obligaci�n contestar la demanda y si el reo no lo hace dentro del t�rmino legal, el juicio sigue su curso.

Habr�, pues, muchos juicios en que no existe contestaci�n de la demanda�. As� las cosas, es evidente disponer la restituci�n de los frutos, pues siendo posible que la demandada mientras conserva la cosa en su poder se haya aprovechado de ellos, en el caso de que fuera condenada a restituirla, debe naturalmente proveerse lo conveniente sobre ese punto.

Y a ese tenor, atendiendo que el dictamen pericial obrante a folios 85 a 95 del cuaderno principal no fue objetado, cuenta con la debida consistencia y ofrece la suficiente seguridad en sus conclusiones, es procedente adoptar las pautas en �l se�aladas a efecto de determinar los frutos causados desde la fecha de la litis contestatio, esto es, desde el d�a 1� de diciembre de 1998, d�a en que Alba Cuervo Medina se notific�, y hasta cuando el inmueble sea entregado.

No obstante y como quiera que en el fallo acusado se liquidaron los frutos rese�ados desde el mes de enero de 1999 y no desde el 1� de diciembre de 1998, esta Corporaci�n no modificar� la condena en tal sentido porque la parte actora no recurri� tal decisi�n y, por ende, proceder en sentido contrario implicar�a un reforma de la sentencia en perjuicio del recurrente, lo que ciertamente aparece prohibido en el ordenamiento procesal civil (art. 357).

Se tiene entonces, que el valor total de los frutos liquidados entre el 1� de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001 (a�o hasta el cual los peritos dictaminaron sobre el particular), equivalen a la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.415.270). Para la determinaci�n de los frutos causados entre el 1� de enero de 2002 y la fecha de expedici�n de esta sentencia, se partir� del canon informado en la pericia para el a�o 2001, esto es $103.945, y se dar� aplicaci�n a lo dispuesto en el inciso 1� del art�culo 10� de la ley 56 de 1985 modificado por el art�culo 7� de la ley 242 de 1995.

Tal norma se�ala que �Cada doce (12) meses de ejecuci�n del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podr� incrementar el canon en una proporci�n que no sea superior a la meta de inflaci�n siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el art�culo 9� de la presente ley�. Siguiendo tal derrotero se tiene que entre el 1� de enero y el 31 de diciembre de 2002 el valor de los frutos ascendi� a $1.322.180 a raz�n de $110.181 mensuales ($103.945 + 6% x 12 meses).

Entre el 1� de enero y el 31 de diciembre de 2003 el valor de los frutos ascendi� a $1.394.891 a raz�n de $116.240 mensuales ($110.181 + 5.5% x 12 meses). Por �ltimo, entre el 1� de enero y el 4 de agosto de 2004 el valor de los frutos ascendi� a $874.783 a raz�n de $122.633 mensuales ($116.240 + 5.5% /30 x 214 d�as). En conclusi�n, los frutos causados entre el 1� de enero de 1999 y el 4 de agosto de 2004 ascienden a la suma de SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($7.007.124).

Ahora bien, observando la Sala que en el fallo de primer grado se orden� el pago de los frutos de marras corregidos monetariamente hasta cuando se produzca la entrega del inmueble, lo que contradice el postulado plasmado en el art�culo 964 del C�digo Civil a que ya se ha hecho referencia en esta providencia, deber� en esta oportunidad corregirse tal falencia. En efecto, la norma en cita es clara al disponer que en materia de restituciones mutuas derivadas de la prosperidad de la acci�n reivindicatoria, debe reconocerse el valor de los frutos producidos o que el fundo hubiere podido producir con mediana inteligencia y cuidado, m�s en tal disposici�n en manera alguna se contempla que tambi�n deba reconocerse la correcci�n monetaria de los mismos.

Recu�rdese que el inciso 2� del precepto en cita ense�a que �Si no existen los frutos, deber� el valor que ten�an o hubieran tenido al tiempo de la percepci�n: se considerar�n como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder�. (Resalta la Sala). Tal interpretaci�n ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia al se�alar lo siguiente: "En el aspecto de frutos se excedi� el fallador en la condena de correcci�n monetaria en relaci�n con los mismos, impuesta a los demandantes, pues la restituci�n de �stos debe limitarse a su valor al tiempo de la percepci�n, conforme al art�culo 964 del C�digo Civil debiendo deducirle al obligado lo que gast� en producirlos.

En este aspecto prospera el cargo. 15. Respecto, pues, de frutos, es ciertamente extravagante la condena a pagar la correcci�n monetaria que en relaci�n con �stos se impuso a los demandantes, pues la restituci�n de frutos debe limitarse a su valor, conforme el art�culo 964 del C�digo Civil, es decir, a lo que val�an o debieron valer al tiempo de la percepci�n, debi�ndose deducir al obligado lo que gast� en producirlos, y ese valor, y no otro adicional, es el que debe satisfacer el poseedor.

Ya desde antes hab�a advertido la Corte que la admisi�n del fen�meno de la desvalorizaci�n de la moneda no se puede ampliar ni aplicar en todos los casos, porque no siempre hace referencia a una misma situaci�n. Sobre el particular, en sentencia de 19 de marzo de 1986, dijo la corporaci�n: "Advierte la Corte, eso s�, de la cautela que se debe tener en la aplicaci�n de esos criterios en las relaciones obligatorias, puesto que el designio por falta de prudencia, de su generalizaci�n inconsulta, lejos de lograr una soluci�n en el tr�fico jur�dico lo hace inseguro y peligroso, en menoscabo de la justicia misma".

Pues bien, estando regulada expresamente en la ley la forma como debe responder el poseedor de buena fe por este concepto, debe seguirse que �ste no est� obligado sino a entregar los frutos percibidos y, si no existen, a pagar su valor al tiempo que los percibi� o los debi� percibir, esto es, bajo estos par�metros lo que la cosa produce o pudo producir entre el d�a de la contestaci�n de la demanda y el d�a de la restituci�n, deducidas las expensas de producci�n o custodia''. Se modificar� entonces el fallo impugnado en relaci�n con el monto total de frutos que debe cancelar el demandado a quien, consecuentemente, se le condenar� en un 70% de las costas de esta instancia. Huelga recordar que la condena en costas, por aplicaci�n del art�culo 392 del C�digo de Procedimiento Civil, es de car�cter obligatorio en contra de la parte perdedora de la contienda procesal, aspecto que resulta ajeno a la buena o mala fe con que el encartado en la acci�n de dominio haya ostentado el predio objeto de la misma.

Por ello es que el numeral 1� del art�culo 392 del Estatuto Procesal Civil, modificado por el art�culo 42 de la Ley 794 de 2003, se�ala que �Se condenar� en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci�n, casaci�n o revisi�n que haya propuesto.� Por m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR los numerales PRIMERO y TERCERO a QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia que en este asunto dict� el Juzgado Veintis�is Civil del Circuito de esta ciudad, el once de diciembre de dos mil uno.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia citada en precedencia para, en su lugar, condenar a la demandada ALBA CUERVO MEDINA a pagar en favor de FABIOLA GRANADA LEAL, en el t�rmino de diez (10) d�as contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, de acuerdo con los par�metros contenidos en la parte motiva de esta providencia y los contenidos en la experticia, el valor de los frutos producidos por el local comercial ubicado en la Carrera 62 N� 76 � 05 de esta ciudad, desde el d�a primero (1�) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) y hasta cuando se efect�e la entrega del inmueble; los que se tasan hasta el 4 de agosto de 2004, en la suma de SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($7.007.124).

TERCERO. Condenar a la apelante en un 70% de las costas del recurso. T�sense. Notif�quese, CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado. HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA Magistrado. MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de octubre 19 de 1999. Exp. 4823. M.P. Jos� Fernando Ram�rez G�mez.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil de 3 de junio de 1954.  Sentencia de agosto 25 de 1987.  PAGE  Apelaci�n Sentencia. Ordinario de Fabiola Granada Leal contra Alba Cuervo Medina. 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