Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001310300320060048701

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Manuel Parada Ayala

Fecha: 2010-10-07

Sujetos procesales: BANCO GANADERO

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ANTECEDENTES El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. � BBVA COLOMBIA, quien absorbi� a la CORPORACI�N GRANCOLOMBIANA DE AHORO Y VIVIENDA �GRANAHORRAR�, a trav�s de apoderado judicial demand� a los se�ores FRANCISCO VENANCIO CASTELLANOS GARC�A y SANDRA YASMIN ROLDAN ROMERO pretendiendo el pago de varias UVR correspondientes a cuotas venc�as y capital acelerado.

Mediante providencia del 14 de septiembre de 2006, el Juzgado 3� Civil del Circuito de Bogot�, a quien le correspondi� el tr�mite de esta acci�n ejecutiva, con base en el pagar� N� 1094690 suscrito por los demandados el 24 de marzo de 1998, libr� orden de pago a favor de la entidad bancaria demandante por el valor de 6 cuotas en mora comprendidas entre el 24 de enero y el 24 de junio de 2006 y por la cantidad de 271.474,5139 UVR como saldo insoluto de capital, m�s los intereses de mora a la tasa del 16.50% anual, liquidados desde la fecha de presentaci�n de la demanda y hasta cuando se verifique el pago.

Notificados los ejecutados, a trav�s de apoderado judicial y de manera conjunta ejercieron su derecho de defensa proponiendo las excepciones que denominaron �COBRO DE LO NO DEBIDO�, �LA PARTE ACTIVA INCUMPLIO EL CONTRATO DE MUTUO Y CARECE DE DERECHO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO AL DEUDOR (1609 C.C.)�, �RELIQUIDACION Y CONVERSION UNILATERAL DEL CREDITO�, �LESION ENORME EN CONTRA DEL DEUDOR DEMANDADO�, �PERDIDA TOTAL DE LOS INTERESES CONFORME AL ART. 884 DEL C. CO.�, �FALTA CLARIDAD EN LAS CLAUSULAS DEL PAGARE Y EN LA FORMA COMO SE ESTABLECIO EL MONTO DE LA OBLIGACION�, �EL TITULO EJECUTIVO NO CUMPLE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY�, �EXTINCION DE LA OBLIGACION POR HABERSE PAGADO SU VALOR�, �IMPUTACION AL PAGO DEL CAPITAL EN VALOR PRESENTE DE TODAS LAS SUMAS COBRADAS INDEBIDAMENTE POR EL DEMANDANTE�, �CADUCIDAD DE LA ACCION�, e �INEXISTENCIA DEL TITULO VALOR QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO�.

En t�rminos generales soportan sus defensas en que lo pedido por la entidad demandante no es real, puesto que ellos pagaron los meses de enero a abril de 2006, que la entidad demandante incumpli� el contrato al capitalizar los intereses, existiendo una dualidad de ellos, haber reliquidado y convertido el cr�dito unilateralmente, exigir el pago en UPAC o UVR cuando la moneda oficial de Colombia es el peso y que no se aport� la orden de llenado del pagar�.

A las citadas defensas se opuso la parte demandante con el argumento de que siempre ha aplicado los abonos realizados de acuerdo con la forma de amortizaci�n pactada, primero en UPAC y luego en UVR, lo cual se refleja en los registros contables, que la redenominaci�n y reliquidaci�n de los cr�ditos de vivienda individual a largo plazo, no son actos unilaterales de las entidades financieras, sino cumplimiento de la ley 546 de 1999, que no se acredit� que se hubiera cobrado intereses por encima de los legalmente autorizados, que el t�tulo valor contiene una obligaci�n clara, expresa y exigibles pactada en UPAC, legalmente autorizado para cuando se suscribi� y ahora expresada en UVR por ministerio de la ley 546 de 1999, y finalmente, que los excepcionantes no demostraron cu�les han sido las sumas que el Banco ha cobrado indebidamente.

Posteriormente se abri� el proceso a pruebas, decret�ndose un dictamen pericial con miras a determinar el comportamiento de la obligaci�n ejecutada, experticia que fue objeto de objeci�n por error grave. Concluida la etapa probatoria, se procedi� a correr traslado para alegar, derecho del cual hicieron uso los dos extremos de la litis. SENTENCIA RECURRIDA El 13 de agosto de 2009, el Juzgado 3� Civil del Circuito decidi� la instancia declarando no probadas las excepciones propuestas por los demandados y en consecuencia, ordenando continuar adelante la ejecuci�n, decretando la venta en p�blica subasta del inmueble hipotecado, liquidar el cr�dito y condenando en costas a la parte ejecutada.

Como fundamento de su decisi�n, la juez de conocimiento se�al� que la entidad bancaria ejecutante hab�a aplicado los abonos en debida forma y que si en alguna oportunidad hab�a cobrado valores en exceso, efectu� la reliquidaci�n de acuerdo con la Ley 546 de 1999, por lo que dichas cantidades fueron redimidas. Que el dictamen pericial no se ce��a a las normas reguladoras de la materia, porque la demandante hab�a ajustado su proceder a las disposiciones que se encontraban vigentes, raz�n por la cual declar� probada la objeci�n por error grave invocada por la parte actora respecto del an�lisis allegado por el auxiliar de la justicia. Finalmente adujo que el documento allegado para el cobro cumpl�a los requisitos del art�culo 488 del C. de P.C. as� como los presupuestos de los art�culos 621 y 709 del C.Co., por lo que las excepciones propuestas no pod�an abrirse paso.

RECURSO DE APELACI�N La parte demandada, inconforme con el fallo, lo impugn� manifestando, en s�ntesis, que de acuerdo con el historial de pagos allegado por la parte demandante, se advert�a un mayor valor recaudado por �sta y por tanto un cobro de lo no debido, lo que deb�a conllevar a una rebaja de los intereses de mora que incluyera la sanci�n del art�culo 72 de la Ley 45 de 1990, pues ello da lugar a la lesi�n enorme propuesta como excepci�n de m�rito y la de incumplimiento del contrato de mutuo, por cuanto no se mantuvieron los intereses pactados, ni se conservaron las cuotas fijas.

Expuso tambi�n que las excepciones de p�rdida total de los intereses, de acuerdo con el art�culo 884 del C. Co. y la falta de claridad de las cl�usulas del pagar� y en la forma como se estableci� el monto de la obligaci�n, tambi�n estaban llamadas a prosperar, como se hab�a demostrado con la prueba documental allegada al proceso, junto con la pericia practicada, donde se aprecia el cobro excesivo de los r�ditos e incluso, el cobro de intereses sobre intereses.

Finalmente adujo, que al efectuar la liquidaci�n del cr�dito, existe un saldo a favor de la demandada como consecuencia del cobro excesivo, el cual se debe imputar al capital de la obligaci�n, por lo que se abr�a paso la defensa de IMPUTACION AL PAGO DEL CAPITAL EN VALOR PRESENTE DE TODAS LAS SUMAS COBRADAS INDEBIDAMENTE POR EL DEMANDANTE.

Con base en lo anterior, solicit� que se revoque la sentencia de primera instancia, frente a lo cual, la parte actora se opuso, con similares argumentos a los esgrimidos al responder las excepciones y objetar el dictamen pericial. CONSIDERACIONES Como la sentencia s�lo fue apelada por el extremo demandado, la Sala, en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 1� del art�culo 357 del C. de P.C., proceder� al examen del aspecto objeto de inconformidad.

De manera liminar, se observa que los presupuestos procesales se encuentran acreditados, pues no se advierte irregularidad con capacidad para invalidar lo actuado, lo cual viabiliza una decisi�n de fondo. Como, en compendio, los apelantes le endilgan a la entidad ejecutante incumplimiento del contrato de mutuo, por no haber mantenido la tasa de inter�s y la cuota fija pactados, cobrar unos intereses que sobrepasan los l�mites fijados por la ley, no existir claridad en las cl�usulas del pagar�, y unilateralmente haber reliquidado y convertido el pr�stamo que �se dio en pesos�, la sala proceder� a determinar si les asiste o no raz�n, para lo cual deber� acudirse al instrumento de cr�dito presentado como soporte de la ejecuci�n. De acuerdo con el citado documento, los aqu� demandados, el 24 de marzo de 1998 se comprometieron para con la entonces CORPORACI�N GRANCOLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA GRANAHORRAR a pagarle la cantidad de 2.941.4481 UPAC, para ese momento equivalentes a $35.350.000.oo, en 180 cuotas mensuales, expresadas en UPAC y reducidas a moneda legal colombiana seg�n la equivalencia de dicha unidad econ�mica el d�a de cada pago, siendo la primera el d�a 24 de abril de 1998, la segunda el 24 de mayo del mismo a�o y as� sucesivamente cada mes, sin interrupci�n hasta la cancelaci�n total de la deuda.

As� mismo se comprometieron a pagarle, junto con las cuotas de capital o separadamente si as� lo exig�a la Corporaci�n, intereses sobre saldos a su cargo a la tasa fija anual efectiva del 12.0%, m�s la tasa variable correspondiente a la correcci�n monetaria, y que en caso de mora, pagar�an intereses a la tasa anual efectiva m�xima permitida por las leyes de nuestro pa�s, aclarando que la correcci�n monetaria tendr�a car�cter de inter�s de plazo constituy�ndose como base para el c�lculo de los intereses moratorios y que ambas clases de intereses ser�an liquidados en UPAC y pagaderos en moneda legal colombiana de acuerdo con la equivalencia de la UPAC el d�a en que se efectuara el pago.

Igualmente facultaron a la entidad crediticia para reajustar el tipo de inter�s de la obligaci�n hasta la tasa m�xima que autorizaran las disposiciones legales que se expidieran con posterioridad a la fecha de ese documento. El clausulado que integra el pagar� desvirt�a las afirmaciones de los apelantes, seg�n las cuales, el pact� involucraba unos intereses y una cuota fija, puesto que como se acaba de ver, las 180 cuotas mensuales en que se pagar�a el capital mutuado se hallaban expresadas en UPAC, pero deb�an reducirse a moneda legal colombiana seg�n la equivalencia de dicha unidad econ�mica el d�a de cada pago.

Si lo anterior es as�, dada la variaci�n del valor de cada unidad econ�mica en que se acord� pagar la obligaci�n, deja sin piso la invariabilidad de las cuotas predicada por los demandados. Como igualmente se duelen de que la entidad prestamista hubiera incumplido el contrato de mutuo, al no haber mantenido la tasa de inter�s fija pactada y cobrar unos intereses que sobrepasan los l�mites fijados por la ley, vemos que ello tampoco resulta acertado, puesto que ni la tasa de inter�s pactada fue fija, ni se demostr� que la entidad hubiera cobrado intereses por encima de los legalmente permitidos.

Seg�n lo pactado, los demandados se comprometieron a pagar, junto con las cuotas de capital o separadamente si as� lo exig�a la Corporaci�n, intereses sobre saldos a su cargo a la tasa fija anual efectiva del 12.0%, m�s la tasa variable correspondiente a la correcci�n monetaria, y en caso de mora, pagar�an intereses a la tasa anual efectiva m�xima permitida por las leyes de nuestro pa�s, habiendo dejado en claro que la correcci�n monetaria tendr�a car�cter de inter�s de plazo y se constituir�a como base para el c�lculo de los intereses moratorios, y que ambas clases de intereses se liquidar�an en UPAC y se pagar�an en moneda legal colombiana de acuerdo con la equivalencia de la UPAC el d�a en que se efectuara el pago.

Lo expuesto infirma la invariabilidad de la tasa de inter�s que refieren los apelantes, m�xime cuando, para asegurar la correcci�n monetaria, las UPAC desde sus or�genes se vieron sometidas a varios m�todos para calcularla. Recu�rdese, que inicialmente se calculaba basado en el �ndice de precios al consumidor IPC; posteriormente, mediante el Decreto 1131 de 1984 se pas� a otro instrumento que ten�a en cuenta la variaci�n de las tasas de inter�s que correspond�a a la de los certificados de dep�sito a t�rmino en bancos y corporaciones financieras; m�s tarde, de acuerdo con el Decreto 1319 de 1988, la actualizaci�n del valor se calcul� conforme al promedio ponderado de la inflaci�n y la DTF.

En 1993 la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica adopt� como criterio para fijar el valor de la correcci�n monetaria el costo ponderado de las captaciones de dinero del p�blico, basado en las Resoluciones Externas n�meros 26 de 1994 y 18 de 1995, de acuerdo con las cuales, la correcci�n monetaria se fij� en un 74% de la DTF. Como, precisamente, la fluctuaci�n de la tasa de inter�s condujo a que se elevara el valor de las cuotas, el Consejo de Estado en sentencia de 21 de mayo de 1999 declar� la nulidad del art�culo 1� de la resoluci�n 18 de junio de 1995 y el 27 de mayo de 1999 la Corte Constitucional declar� inexequible la expresi�n �procurando que esta tambi�n refleje los movimientos de la tasa de inter�s de la econom�a� contenida en el literal f del art�culo 16 de la ley 32 de 1992.

En acatamiento a esas sentencias en la resoluci�n N� 10 del 1� de junio de 1999, la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica se�al� que la correcci�n monetaria ser�a equivalente al promedio aritm�tico de las tasas anuales de inflaci�n, medidas con base en el �ndice de precios al consumidor IPC de los doce meses anteriores a aquel en el cual se hace el c�lculo.

Como resultado de todo este proceso macroecon�mico, la Corte Constitucional en la Sentencia C-700 del 16 de diciembre de 1999, declar� inexequible algunas normas del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Org�nico del Sistema Financiero), que conten�an el sistema de financiaci�n a largo plazo UPAC, comprendiendo dentro de �sta, el m�todo para calcular las unidades de poder adquisitivo constante, que era sobre el DTF, m�todo que tambi�n fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Lo expuesto ratifica la ausencia de invariabilidad de la tasa de inter�s pactado en el cr�dito que ahora se ejecuta y por lo mismo, las defensas en ella soportadas, no pod�an acogerse, como tampoco las edificadas sobre la base del cobro indebido de intereses, puesto que ello no se acredit�. Es cierto que en la primera instancia se practic� un dictamen pericial encaminado a determinar el comportamiento de la obligaci�n; sin embargo, ese labor�o no puede ser tomado en cuenta porque no se realiz� de conformidad con las previsiones de la Ley 546 de 1999, las Circulares Externas 007 y 048 de 2000 y con los lineamientos dados la Proforma F 0000-50 de la entonces Superintendencia Bancaria, normas de obligatorio acatamiento.

Es m�s, para determinar el valor de la UPAC, el perito utiliz� el �ndice de Precios al Consumidor � IPC y no la correcci�n monetaria como estaba plenamente autorizado por las entidades reguladoras, y a pesar de la aclaraci�n efectuada a la experticia, no se incluy� como abono, el alivio que se aplic� al cr�dito, circunstancia que contribuy� a que arrojara un valor de cobro en exceso, que por las particularidades anotadas no puede ser objeto de apreciaci�n por esta Corporaci�n, menos cuando, como ya se dijo, se desconoci� la manera de realizar el c�lculo y el formato de 20 columnas previsto para esos efectos, en el cual se incluyera una secci�n para los datos correspondientes a la ejecutante y la otra para la liquidaci�n en UVR, a fin de determinar la diferencia y por tanto, el alivio establecido por la Ley de Vivienda.

Por eso, ante la objeci�n por error grave, bien hizo el juzgado de conocimiento en declararla probada, porque no solo presenta defectos de forma, sino que maneja rubros distintos en las tasas de inter�s efectivamente autorizadas. Con base en lo anterior y dado que no se demostr� el indebido cobro de intereses, ni con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, ni posteriormente a la entrada en vigencia del numeral 2� del art�culo 17 de la Ley 546 de 1999, ni se aportaron elementos probatorios que desvirtuaran la cantidad exigida por la entidad ejecutante, no resultaba admisible acoger las excepciones invocadas, como tampoco el fundamento de lo planteado en el recurso de apelaci�n. Como igualmente, los demandados se quejan de que no hay claridad en las cl�usulas del pagar�, la revisi�n del citado instrumento negociable nos demuestra todo lo contrario, es decir, que satisface, no solo el requisito de claridad, sino los dem�s previstos en el art�culo 488 del C. de P.C., pues la obligaci�n tambi�n se presenta expresa y exigible, a m�s de que consta en un pagar� que proviene de los deudores, constituyendo plena prueba contra ellos, el cual, adem�s re�ne las exigencias previstas en los art�culos 620 y 709 del C�digo de Comercio.

En estas condiciones, si la obligaci�n asume la calidad de expresa, cuando aparece consignada en un escrito o documento; exigible, cuando puede solicitarse su cumplimiento ya porque se trata de una obligaci�n pura y simple, ora porque no hay plazo o condici�n pendiente y, finalmente, clara, cuando la obligaci�n no exterioriza confusi�n, oscuridad, vaguedad o duda, no s�lo en lo atinente en los aspectos formales, sino tambi�n en lo que ata�e a los elementos constitutivos de la misma y en este asunto, todos ellos se satisfacen, entonces, la ejecuci�n, no solo pod�a iniciarse, sino tramitarse y decidirse, puesto que, de ese instrumento se deriva el m�rito ejecutivo pregonado en la demanda y mayor a�n, cuando igualmente se aport� la primera copia de la escritura p�blica de hipoteca N� 1216 otorgada el 3 de marzo de 1998 en la Notar�a 37 del C�rculo de Bogot�.

Finalmente, frente a la censura de que la entidad acreedora, unilateralmente reliquid� y convirti� el pr�stamo que �se dio en pesos�, debe decirse que, dicho proceder, en lugar de desconocer la ley, lo que ha hecho es observarla, si se tiene en cuenta que, al desaparecer la UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), la ley 546 de 1999, en su reemplazo cre� la nueva unidad actualmente en vigencia denominada UVR (Unidad de Valor Real), a la cual se deben adecuar los t�tulos valores creados con anterioridad a la vigencia de dicha ley.

Esa misma ley orden� la reliquidaci�n de los cr�ditos que se hab�an creado en UPAC, con la finalidad de eliminar la forma de c�lculo de dicha unidad econ�mica. De acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 39 de la Ley 546 de 1999, conocida como la Ley de Vivienda, las obligaciones contra�das con anterioridad a la mencionada normatividad, es decir, pactadas en UPAC, por ministerio de la ley, ahora deben entenderse expresadas en Unidades de Valor Real � UVR, procedimiento este que, se reitera, fue ordenado para zanjar cualquier diferencia que surgiera entre las entidades crediticias y los deudores del sistema UPAC, no s�lo en lo concerniente a la capitalizaci�n de intereses, sino tambi�n en lo relativo al porcentaje de la tasa de inter�s, de suerte que aqu�l fue consecuencia de la declaraci�n de inexequibilidad del literal f), in fine, del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992, que ordenaba tener en cuenta los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a, para fijar los valores en moneda legal de la referida unidad de cuenta, as� como de los art�culos 121, numeral 3�, 18 a 23 y 134 a 140 del Decreto Ley 663 de 1993, relativos a la capitalizaci�n de intereses y a la estructura del aludido sistema de financiaci�n.

Los elementos materiales de prueba demuestran que, la entidad demandante para la presentaci�n de la demanda efectu� la reliquidaci�n de las obligaciones contenidas en el pagar� N� 1094690, base de la ejecuci�n, bajo los t�rminos de la Ley 546 de 1999 y acatando las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional, aplic�ndole el alivio correspondiente y los abonos efectuados por los demandados, incluyendo los de los meses de enero, febrero, marzo y abril, por ellos cuestionados, los cuales se aplicaron, primero a las cuotas atrasadas y luego al saldo de capital, como se aprecia de la reliquidaci�n que integra los folios 118 y ss del expediente, proceso de conversi�n y reliquidaci�n que se realiz� bajo los lineamientos establecidos por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y la Superintendencia Bancaria.

En estas condiciones, si la reliquidaci�n del cr�dito y aplicaci�n del alivio fue producto de lo dispuesto por la Ley 546 de 1999, por el Gobierno Nacional y por la jurisprudencia constitucional, que valga reiterar, tales medidas se adoptaron para remediar la situaci�n presentada frente al colapso del sistema de financiaci�n UPAC, la conclusi�n no puede ser distinta a que la entidad demandante actu� dentro de los causes legales y por tanto, el reproche de los demandantes en este aspecto, tampoco puede prosperar.

Con fundamento en lo expuesto y dado el acierto del juzgado de primer grado al definir la instancia, la confirmaci�n del fallo impugnado debe ser la consecuencia, debi�ndose condenar en las costas de esta instancia al extremo demandado, dada la improsperidad de la alzada, como lo dispone el numeral 3� del art�culo 392 del C. de P.C. Sean suficientes las precedentes consideraciones, para que LA SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de alzada.

SEGUNDO: CONDENAR en las costas de esta instancia a la parte apelante.

TERCERO: INCLUIR la suma de $500.000.oo en la liquidaci�n de costas, por concepto de agencias en derecho, a cargo de la parte demandada y a favor de la demandante.

CUARTO: DEVOLVER la actuaci�n surtida al juzgado de origen, una vez en firme �ste prove�do y cumplido el numeral anterior. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MANUEL PARADA AYALA MAGISTRADO PONENTE JOS� DOMINGO RONCANCIO PATI�O MAGISTRADO JAIME CHAVARRO MAHECHA MAGISTRADO  Corte Constitucional. Sentencia C-383 de 1999.  Corte Constitucional. Sentencia C-747 de 1999 y C-700 de de 1999.     PAGE  PAGE 2 Proceso Ejecutivo Hipotecario N � 11001310300320060048701 Proceso Ejecutivo Hipotecario N � 11001310300320060048701 Demandante: BANCO GANADERO Demandados: FRANCISCO VENANCIO CASTELLANOS GARC�A Y SANDRA YASMIN ROLDAN ROMERO SENTENCIA E.H. N� 007/10 7Sabghinv��������������  ���������������~o]~YRKRYRYRYR h�i�hMD3 h�i�hD=�hD=�#hD=�h�_�5�6�B*CJaJphh�2h�_�B*CJaJphh�_�B*CJaJphh[<�h�_�B*CJaJphh�vwCJaJh -aCJaJh[<�h�_�CJaJh�m�h�_�CJOJQJ"h�m�h�_�5�6�CJ OJQJaJ h,;5�6�CJ OJQJaJ h��5�6�CJ OJQJaJ h�_�5�6�CJ OJQJaJ 7S������   & ' (    & ' ( ������������������������ $dha$gd�_�gd�_�$a$gdD=�$a$gd�_�$a$gd�_�$a$gd�_��\ ]2^���   % ( � �  % & ' ) + 1 j � � � � �: D E \ j � � �    } � � � � ����������������~�v������������k�k�k�k�h�Yh�CJaJh�! 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