11001 3103 044 2009 00575 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� hj��g��_� ��BQbjbj 8pbbrD�(��f#4�#($$$��&$&$&$8^$L�$4&$C6�$�$�$�$�$�&�&�&�5�5�5�5�5�5�5$Q8�;��5$�1�&�&"�1�1�5�#�#�$�$��5F3F3F3�1X�#�$�#8�$�5F3�1�5F3F3J5�#r5�$��p��L�0��1db5�560C6j5�;<2��;r5�;$r5<�&�j)�F3D+|�,��&�&�&�5�5�2v�&�&�&C6�1�1�1�1��;�&�&�&�&�&�&�&�&�&$,": $ TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA S�PTIMA DE DECISI�N CIVIL Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot� D. C., cuatro de abril de dos mil trece (aprobado en sala de marzo 19 de 2013) 11001 3103 044 2009 00575 01 Decide la Sala la apelaci�n que formul� la parte demandante contra la sentencia que el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot� profiri� el 10 de octubre de 2012, en el proceso ordinario que adelantan Carlos Augusto Escobedo Garc�a y Cecilia Murillo de Escobedo contra el Banco Comercial AV Villas S.A.

ANTECEDENTES 1. LA DEMANDA. Los libelistas pidieron que se declare que �con motivo de la ejecuci�n del contrato de mutuo contentivo de la obligaci�n hipotecaria 133834190 del mes de octubre de 1997, el Banco AV Villas ( ) no dio cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-955 de 2000, especialmente en lo referente al r�gimen de transici�n previsto en los art�culos 38 a 43 de la Ley 546 de 1999�, y que �como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensi�n, el cr�dito aludido debe ser objeto de una revisi�n detallada a trav�s de una justa reliquidaci�n, a fin de determinar el saldo que a la actual fecha se debe realmente, o si por el contrario, el Banco debe reintegrar alg�n valor a los demandantes�.

Tambi�n solicitaron que �como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones primera y segunda, si el Banco sale a deber alguna suma de dinero ( ) condenarlo al reembolso de la suma que se establezca pericialmente dentro de los 5 d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia, junto con los intereses bancarios corrientes que se causen a partir de la firmeza del fallo�.

La parte actora relat�, entre otras cosas, que en el mes de octubre de 1997 tom� del banco demandado un pr�stamo, por 2.665,2310 UPACs ($30'000.000), pagaderos en 180 meses; que �el sistema de amortizaci�n que se aplic� al cr�dito es de aquellos que normalmente, durante las dos terceras partes de su vigencia (los primeros 10 a�os), es creciente en pesos, pero durante el �ltimo tercio (del a�o 11 al 15) necesariamente tiene que ser decreciente en moneda legal colombiana�, y que �la forma como se est�n liquidando las cuotas por parte de la entidad acreedora es antojadiza y constituye un abuso arbitrario de su posici�n dominante frente al cliente (sistema de amortizaci�n creciente durante toda la vida del cr�dito)�.

Agregaron que tras �m�s de 11 a�os de estarse pagando mensualmente el cr�dito (m�s de 132 cuotas), el quantum de cada mensualidad sigue siendo sumamente creciente�; que �el saldo del cr�dito, pese a que se encuentra al d�a es de $36'624.517� y que �no es posible que la cuota del mes de enero de 2009 sea por una cifra cercana a $1'000.000�. 2.

LA OPOSICI�N. AV Villas esgrimi�, entre otras defensas, las de �pago�; �legalidad en la actuaci�n de AV Villas�; �cumplimiento estricto de la normatividad vigente�; �conocimiento de la valoraci�n legal de la UPAC�; �inaplicabilidad de la teor�a del pago de lo no debido�; �inexistencia de supuestos para declarar que ha existido abuso de derecho o de una pretendida posici�n dominante�; �irretroactividad de las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado�; �inexistencia de la intervenci�n de AV Villas en la expedici�n de la normatividad� e �inaplicabilidad de la teor�a de la imprevisi�n�.

3. LA SENTENCIA RECURRIDA. El juez a quo neg� las pretensiones. Destac� que la parte actora �se benefici� de la aplicaci�n del alivio previsto en la Ley 546 de 1999 por valor de $5'551.935,3499 y la consecuente reliquidaci�n de su cr�dito, seg�n da cuenta el oficio remitido por la Superintendencia Financiera de Colombia y la copia de la reliquidaci�n de cr�ditos en UPAC que dicha entidad remiti� y que �desde el momento mismo de otorgamiento de cada uno de los t�tulos-valores que han signado, los deudores asumieron de antemano las contingencias derivadas de los sistemas de amortizaci�n de su cr�dito en UPAC y en UVR all� se�aladas�.

A�adi� que pese a que la experticia recaudada en el decurso de la primera instancia concluy� que �se encuentra un saldo de capital por 178.523,8941 UVR equivalentes a $33'339.368 al 31 de agosto de 2009, mientras que el Banco presenta a esa misma fecha un capital por 181.210,8886 UVR equivalentes a $33'841.165, lo cual genera una diferencia o mayor valor cobrado por 2.686,9945 UVR equivalentes a $501.797�, el aserto reci�n rese�ado �no cumple con las exigencias previstas en el numeral 6� del art�culo 237 del Estatuto Procesal, pues no indica de manera clara, precisa y detallada cu�les fueron los per�odos en que se presentaron dichas diferencias y menos a�n cu�les fueron los fundamentos t�cnicos que le permitieron arribar a esta �ltima conclusi�n�. 4.

LA APELACI�N. Los inconformes resaltaron que �la prueba pericial que obra en el proceso habr�a sido suficiente para acceder a las pretensiones de revisi�n del contrato de mutuo�; que dicha probanza �muestra que por circunstancias desconocidas e imprevistas para la parte m�s d�bil de la relaci�n contractual, al cr�dito se le han venido capitalizando intereses desde mucho antes del a�o 2009�; que �en cada reestructuraci�n o refinanciaci�n de la obligaci�n, la capitalizaci�n de intereses ha sido la constante� y que �en el momento del contrato era imprevisible lo que finalmente se present�, esto es, que por m�s que pagaran, los saldos en UVR ir�an en aumento�.

CONSIDERACIONES 1. Se verifica la concurrencia de los presupuestos procesales y la ausencia de irregularidades que comprometan lo actuado, raz�n por la cual se resolver� de fondo el presente asunto, precis�ndose que para ese efecto la Sala se prevale de la facultad contemplada en el art�culo 115 de la Ley 1395 de 2010, que permite, ante la existencia de claros precedentes jurisprudenciales atinentes a situaciones de hecho similares, no sujetarse estrictamente al turno de negocios para fallo. 2.

Observa el Tribunal que en rigor, lo que pretenden los demandantes es el resarcimiento de los perjuicios que pudiera irrogarles el Banco AV Villas, con ocasi�n del incumplimiento de las pautas previstas en los art�culos 38 a 43 de la ley 546 de 1999, y en la sentencia C 955 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, sobre el sistema de amortizaci�n propio de los cr�ditos de vivienda a largo plazo (fls. 25 a 29 y 42 a 44, cdno. 1), debi�ndose a�adir que tan solo al sustentar su alzada, aquellos expresaron su inconformidad sobre el tema de la capitalizaci�n de intereses.

En la misma oportunidad procesal, la parte actora manifest� en forma inequ�voca su intenci�n de que en este litigio se acceda a �las pretensiones de revisi�n del contrato de mutuo� (fl. 411). As� las cosas, la Sala despachar� en primer lugar lo atinente a la viabilidad de la aludida indemnizaci�n de perjuicios, para luego examinar si en este litigio concurren los requisitos que prev� el art�culo 868 del C�digo de Comercio en punto a la viabilidad de la revisi�n del contrato de mutuo que se rese�� en los antecedentes de esta providencia. 3.

Es bien sabido que la normatividad y la jurisprudencia que dieron al traste con la unidad de cuenta UPAC (Ley 546 de 1999, la providencia del Consejo de Estado de mayo 21 de 1999 -Rad. 9280- y las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999, C-747 de 1999, SU-846 de 2000 y C-955 de 2000 de la Corte Constitucional), no contemplan efectos retroactivos, situaci�n que no llama a asombro, en tanto que, seg�n autorizada doctrina, �la nueva Ley no puede desconocer derechos, hechos y relaciones jur�dicas v�lidamente formados bajo el imperio de una Ley anterior�, prohibici�n que tiene asiento en el principio de seguridad jur�dica y en la confianza leg�tima de los particulares que act�an siguiendo las pautas previstas en el ordenamiento jur�dico vigente.

Obs�rvese, adem�s, que en la �poca en que se libr� el pagar� de marras (octubre 29 de 1997) y hasta el 31 de diciembre de 1999, el ordenamiento jur�dico colombiano permit�a la capitalizaci�n de intereses en trat�ndose de cr�ditos de vivienda, acorde con la normatividad que reg�a en esa �poca (Ley 31 de 1992; Resoluciones Externas 26 de 1994 y 18 de 1995, del Banco de la Rep�blica).

Aunque en las sentencias C-700 y C-747 de 1999, y C-1140 de 2000, se se�al� que los deudores hipotecarios estaban facultados para acudir a las autoridades judiciales en orden a reclamar devoluciones e indemnizaciones por concepto de las liquidaciones de los cr�ditos en UPAC o de los pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos, tambi�n es cierto que �el propio legislador, a trav�s de la Ley 546 de 1999, se anticip� a las decisiones judiciales, pues le orden� a los establecimientos de cr�dito que reliquidaran tales obligaciones, esto con miras a expresar su verdadero saldo en funci�n de una 'unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al consumidor certificada por el DANE' (arts. 3� y 41), como resultado de la cual autoriz� unos abonos con cargo a recursos del presupuesto nacional, que constituyen pago total o parcial, seg�n sea el caso, tanto para el establecimiento de cr�dito como para el Estado, en los procesos que se adelanten por los deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones por concepto de las liquidaciones de los cr�ditos o de los pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos� (se resalta), seg�n lo ha entendido esta misma Corporaci�n en asuntos similares cuyo sustrato f�ctico no difiere mayormente del litigio sub lite.

El expediente reporta que a la obligaci�n contra�da por la parte actora se le imput� un abono por $5'551.935,3499, sin que los recurrentes hubieran acreditado, como era de su incumbencia, que dicha operaci�n vulner� lo dispuesto en la Ley 546 de 1999. Ha de asumirse, entonces, que con el mencionado alivio, el cual fue aprobado por la Superintendencia Financiera, �la entidad demandada sufrag� la totalidad de los perjuicios generados al deudor con ocasi�n del otorgamiento de un cr�dito de vivienda atado a factores de actualizaci�n distintos del IPC�, y por ende, dio aplicaci�n �al art�culo 43 de la Ley 546 de 1999, norma que consagra que ese abono 'constituir� una excepci�n de pago total o parcial, seg�n sea el caso, tanto para el establecimiento de cr�dito como para el Estado, en los procesos que se adelanten por los deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones por concepto de las liquidaciones de los cr�ditos o de los pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos'� (subrayas y negrillas del Tribunal). 4.

La Sala no puede pasar por alto que el auxiliar de la justicia Javier Erazo L�pez (perito contador) concluy� que �actualizando la liquidaci�n del cr�dito a partir del a�o 2000, se encuentra un saldo de capital por 178.523,8941 UVR equivalentes a $33'339.368 al 31 de agosto de 2009, mientras que el Banco presenta a esa misma fecha un capital por 181.210,8886 UVR equivalentes a $33'841.165, lo cual genera una diferencia o mayor valor cobrado por 2.686,9945 UVR equivalentes a $501.797� (se subraya, fl. 191), punto sobre el cual los apelantes resaltaron que �por p�rrica que parezca una diferencia como la anotada por el perito, la misma, v�a capitalizaci�n de la deuda, va adquiriendo un comportamiento en espiral con el transcurrir del tiempo� (fl. 412).

Obs�rvese que ni la mencionada experticia, ni ning�n otro elemento de juicio, corrobora el novedoso aserto de los apelantes consistente en que AV Villas capitaliz� intereses �en cada reestructuraci�n o refinanciaci�n de la obligaci�n� (fl. 412), operaciones de las que dan el informe del Banco AV Villas obrante a folios 210 y 211 del cuaderno principal, y los pagar�s que los demandantes suscribieron los d�as 10 de marzo de 2000 (por 357.565,9372 UVR, fls. 217 y 218) y 22 de diciembre de 2008 (por 195.024,5800 UVR, fls. 219 a 222).

Ha de resaltarse, adem�s, que aunque el perito Erazo L�pez anunci� el procedimiento a utilizar en la referida liquidaci�n (fls. 189 a 191), en realidad no especific� las pautas que lo llevaron a deducir la diferencia reci�n mencionada (�2.686,9945 UVR equivalentes a $501.797�), motivo por el cual la conclusi�n reci�n trascrita resulta carente de fundamento.

No se olvide que �uno de los requisitos sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que versa, consiste en que sea debidamente fundamentado; y que compete al juzgador apreciar con libertad esa condici�n, dentro de la autonom�a que le es propia, no obstante que el dictamen no haya sido materia de tacha u objeci�n de las partes en el traslado correspondiente�, a lo que se a�ade que el art�culo 241 del C. de P. C. �da al juzgador amplitud de juicio y de criterio para fijar en cada caso el valor de un peritazgo, sin estar forzado nunca a admitirlo o rechazarlo mec�nica o ciegamente�, y que �resulta absurdo que el juez est� obligado a declarar que un dictamen es plena prueba de un hecho cualquiera, si le parece absurdo, carente de razones t�cnicas o cient�ficas, contrario a la l�gica o a las reglas generales de la experiencia o a hechos notorios.

Esa sujeci�n servil har�a del juez un aut�mata, lo privar�a de la funci�n de fallador y convertir�a a los peritos en jueces de la causa, lo que es inaceptable� (destacado ajeno al texto original). 5. Lo expuesto en las consideraciones precedentes tambi�n contribuye al despacho desfavorable de la novedosa solicitud de revisi�n del contrato de mutuo en referencia, punto sobre el cual precisa el Tribunal que al invocar el cabal cumplimiento de los requisitos previstos en el art�culo 868 del estatuto mercantil, la parte actora tiene la carga de �establecer con creces que las nuevas circunstancias exceden en mucho las previsiones que racionalmente pod�an hacerse al tiempo de contratar, y que esos acontecimientos son de tal car�cter y gravedad que hacen intolerable la carga de la obligaci�n para una de las partes, am�n de injusta ante las nuevas circunstancias� (se subraya).

Al respecto, cumple memorar que los demandantes tomaron su cr�dito por el sistema de valor constante (fls. 212 y 217, cdno. 1), que implica la contingencia o la incertidumbre sobre el grado de desvalorizaci�n del poder adquisitivo del peso, expuesto al fen�meno inflacionario, medida de impacto aleatorio en el desarrollo del contrato que, por regla general a la que no escapa el asunto sub lite, desnaturaliza la posibilidad de revisi�n. Los se�ores Escobedo Garc�a y Murillo de Escobedo celebraron el contrato de mutuo cuya revisi�n persiguen el d�a 29 de octubre de 1997 (fl. 212, c. 1), fecha para la cual la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica (en uso de las facultades conferidas en el art�culo 16 de la Ley 31 de 1992) hab�a expedido la Resoluci�n Externa 6 del 15 de marzo de 1993, a cuyo tenor, �el Banco de la Rep�blica calcular� mensualmente para cada uno de los d�as del mes siguiente e informar� con id�ntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, equivalente al noventa por ciento (90%) del costo promedio ponderado de las captaciones en las cuentas de ahorro de valor constante y Certificados de Ahorro de Valor Constante del mes calendario anterior�.

Expresado con otras palabras, para la fecha de celebraci�n del contrato de mutuo tantas veces aludido (29 de octubre de 1997), el c�lculo del valor de las UPAC se hab�a desligado por completo de la variaci�n del �ndice de precios al consumidor, de donde puede colegirse que los se�ores Escobedo Garc�a y Murillo de Escobedo conoc�an, o deb�an conocer, las reglas jur�dicas que gobernaban el cr�dito contratado con la otrora Corporaci�n de Ahorro y Vivienda Las Villas (hoy Banco AV Villas), as� como las condiciones econ�micas espec�ficas que para esa anualidad determinaban la cuant�a de las obligaciones contra�das en la referida unidad de cuenta, por manera que las condiciones que, en �ltimas, habr�an generado el desequilibrio contractual alegado en la demanda, no les eran imprevisibles.

RECAPITULACI�N Ante la falta de demostraci�n de la causa de los perjuicios alegados (un inadecuado sistema de amortizaci�n y una indebida capitalizaci�n de intereses), se concluye que la reparaci�n de los mismos no pod�a ser acogida, debi�ndose resaltar que tal ausencia probatoria deriva, principalmente, de las deficiencias metodol�gicas atribuibles al dictamen pericial que elabor� el se�or Javier Erazo L�pez.

Tampoco resultaba atendible la solicitud de revisi�n del contrato de mutuo que los se�ores Escobedo Garc�a y Murillo de Escobedo pactaron con su contraparte, en tanto que no se acredit� a cabalidad el requisito de imprevisibilidad que consagra el art�culo 868 del C�digo de Comercio. No prospera, por ende, la alzada en estudio. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de octubre 10 de 2012, dictada por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot� en el proceso ordinario que adelantan Carlos Augusto Escobedo Garc�a y Cecilia Murillo de Escobedo contra el Banco AV Villas S.A. Sin costas en esta instancia, por no aparecer justificadas.

Devu�lvase la actuaci�n al juzgado de origen. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA GERM�N VALENZUELA VALBUENA VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, �lvaro. Derecho Civil - Parte General. Ed. Temis, Bogot�. 2002, p. 201. TSB, sent. de septiembre 18 de 2006, exp. 2003 00061, reiterada en sents. de julio 2 de 2008, exp. 2002 00984; octubre 14 de 2009, exp. 2006 00473; junio 15 de 2010, exp. 2003 00672 y agosto 15 de 2012, exp. 2006 00293. V�ase el oficio 2010053215-001 de la Superintendencia Financiera (fls. 161 a 164), lo mismo que el �formato 254� de �reliquidaci�n de cr�ditos en UPAC y pesos con UVR�, visible a folio 166 del expediente. TSB, sent. de noviembre 18 de 2009, exp. 1999 01484; octubre 6 de 2010, exp. 2006 00070, y julio 5 de 2011, exp. 2008 00036. CSJ, sent. de agosto 2 de 2006, exp. 6192, entre otras. CSJ, sentencia 172 de mayo 20 de 1992, G.J. CCXVI, n�m. 2455, p�gs. 440 y 441. DEVIS ECHAND�A, Hernando.

Teor�a General de la Prueba Judicial � Tomo II. Bogot�: Temis/Pontificia Universidad Javeriana, 6a ed., 2012, p�gs. 336 y 337. CSJ, sents. de octubre 29 de 1936 (MCMXVII, 457) y febrero 25 de 1937 (MCMXX, 616), citadas por este Tribunal en sent. de octubre 6 de 2010, exp. 2006 00070 01, M. P. Oscar Fernando Yaya Pe�a. OFYPVZ 2009 00575 01 PAGE \*Arabic 10 >Q{�� î��u�eReu>u&h��h�~�5�CJOJQJ\�^JaJ%h��h�~�6�CJOJQJ\�]�aJh��h�~�CJOJQJ\�aJ"h��h�~�5�CJOJQJ\�aJ(h��hiS^@��CJOJQJaJmH sH "ha$@��CJOJQJaJmH sH (h��h�~�@��CJOJQJaJmH sH h��h�~�aJ+h��h�~�5�@��CJOJQJaJmH sH h��h�~�CJOJQJaJh��hP7�CJOJQJaJ=>Qkm�� $dha$;dh�;$dh�a$:$dha$:dhdh$dha$ ��dh �0� �0�dh$ �0�dha$$ �dha$ ��YZ��35EF()1"2"�#�#�&�� 0�*dh;$dh�a$:$dha$$d�a$$dha$��3=B��4@��ݵݠ݌}n\H\n3ݵ(h��h�~�@��CJOJQJaJmH sH &h��h�~�>*@��OJQJ]�^JaJ#h��h�~�@��OJQJ]�^JaJh��h�~�OJQJ^JaJh��h�~�CJOJQJaJ&h��h�~�5�CJOJQJ\�^JaJ(h��h�~�5�6�CJOJQJ\�]�aJ+h��h�~�5�B*CJOJQJ\�aJph#h��h�~�5�CJOJQJ^JaJ"h��h�~�5�CJOJQJ\�aJh��h�~�5�CJOJQJaJ�9A5EFJ(#6#$�$�$@%�%�%��κ��t�^M^6^-h��h�~�5�@��CJOJQJ\�]�^JaJ h��h�~�CJOJQJ^JaJ*h��h�~�@��CJOJQJ\�]�^JaJh��hiS^CJOJQJaJh��h�~�CJOJQJaJ'h��h�~�@��CJOJQJ]�^JaJ'h��h�~�@��CJOJQJ\�^JaJ'h��h�~�5�@��CJOJQJ^JaJh��h�~�5�\�^JaJ"h��h��5�CJOJQJ\�aJ"h��h�~�5�CJOJQJ\�aJ�%�%�&�&�' ( (�)#*�+[,�,�,D-L-M-O-P-.(.�.�.�.�;�;͖͖͖��;�i�M9'h��h�~�@��CJOJQJ]�^JaJ7jh��h�~�0J 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de p�rrafo predeter.Vi��VTabla normal:V�4�4� la�,k ��, Sin listaP�/��PFuente de p�rrafo predeter.3J�/��JAbsatz-StandardschriftartP�/��PFuente de p�rrafo predeter.2P�/��!PWW-Absatz-StandardschriftartR�/��1RWW-Absatz-Standardschriftart1T�/��ATWW-Absatz-Standardschriftart11V�/��QVWW-Absatz-Standardschriftart111X�/��aX WW-Absatz-Standardschriftart1111Z�/��qZ!WW-Absatz-Standardschriftart11111\�/��\"WW-Absatz-Standardschriftart111111^�/��^#WW-Absatz-Standardschriftart1111111`�/��`$WW-Absatz-Standardschriftart11111111P�o��PFuente de p�rrafo predeter.18)��8N�mero de p�ginaH�O��HS�mbolo de nota al pieH*D�/��DCar�cter de numeraci�n>�o��> WW8Num2z0CJOJQJ^JaJD�o��DRef. de nota al pie2H*F�o��FS�mbolo de nota finalH*H�/��!HWW-S�mbolo de nota finalH�o��1HRef. de nota al final1H*D�o��ADRef. de nota al pie1H*D�o��QDRef. de nota al pie3H*H�o��aHRef. de nota al final2H*B&`��qBRef. de nota al pieH*F*`��FRef. de nota al finalH*V�O�VEncabezado3 )��x$CJOJPJQJ^JaJdB@�dTexto independiente*$d�5$7$9Da$OJQJCJ*/@��*Lista+^JJ�O�JEtiqueta,�x�x$6CJ]^JaJ0�O�0�ndice-$^JV�O�VEncabezado2.��x$CJOJPJQJ^JaJV�O�VEncabezado1 /��x$CJOJPJQJ^JaJ\�O\Body Text 20$dh5$7$9Da$OJQJCJmH sH B B Pie de p�gina 1 �C�"zC@"zSangr�a de texto normal&2$��dh]�^�`��a$OJQJCJ<2< Encabezado 3 ��8!8@B8Texto nota pie4B��RBContenido del marco5J�ObJContenido de la tabla6$X�OarXEncabezado de la tabla7$$a$5\<�O�<footer 8 �C�"CJaJl�O�lDefault9$*$7$A$a$1B*CJOJPJQJ^J_H�aJmH $phsH $tH�<>@�<T�tulo:$*$a$ CJ5\HJ@�H Subt�tulo;$��<a$OJQJ^JL�@�L=a$Texto de globo<CJOJQJ^JaJ\�/��\<a$Texto de globo Car CJOJQJ^JaJmH sH tHPK!��[Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a��(7��I��R�{�pgL�=��r��8�5v&��uQ�뉑8��C��X=��$␴�?6N�JC��F�B.ʹ'�.�+��Y�T��^e5�5�� ð�_�g -�;��Yl�ݎ��|6^�N��`�?��[��PK!�֧��6_rels/.rels��j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"��O� ��=�� C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0��O�R�Bd��JE�4b$��q_��6L��R�7`��0̞O��,�En7�Li�b��/�S��e��е��PK!ky��theme/theme/themeManager.xml�M � 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Ha1999 2009 �219 a�25 a254 �38 a�42 a624.517 �LA APELACI�N. Los�la Corte Constitucional�LA DEMANDA. Los�la Junta Directiva�la Ley�LA OPOSICI�N. AV�la Prueba Judicial�la Rep�blica�la Resoluci�n Externa�la Sala�LA SENTENCIA RECURRIDA.�la Superintendencia Financiera �la Unidad�la UPAC �ProductID///,/,,,///////,//,/,, /////,//,,////,/////,,,/,rDIIIII II II)I*I@ICI��rDIIIII II II)I*I@ICI3m5F�> ?WDqDrDIIIII II II'I)I*I>I@ICI{�rDIIIIIIII II II)I*I@ICI��^�`��^�`��^�`��^�`��^�`��^�`��^�`��^�`��^�`�� a$ P\iS^}h��o�P7��~��rDtD�@��BIX@��Unknown��G��*�Ax� �Times New Roman5��Symbol3.��*�Cx� �ArialK,��Bookman Old Style5.��.�[`�)�TahomaG=�� j�MS Mincho-�3� fgK4�Roman 12cpiArialA�Cambria Math"��h�\'�g�g� �9 "��{;�= %� �24PD�H3��HX ��?��iS^�!xx��TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTAmvegacDiego Jose Acosta Gomez��Oh��+'��0�� @LX dpx��TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTAmvegacNormalDiego Jose Acosta Gomez4Microsoft Office Word@��G@��=�0�@dA��@��=�0� � �9��՜.��+,��0hp|�� {"PDTRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTAT�tulo !"#$%&'()*+,-./012345678��:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV��XYZ[\]^��`abcdef��i��Root Entry�� FP�L�0�k�1Table��9�;WordDocument��8pSummaryInformation(��WDocumentSummaryInformation8��_CompObj��v�� F$Documento de Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8�9�q