Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2007-2311

Sala: SALA DE FAMILIA

Ponente: Carlos Alejo Barrera Arias

Fecha: 2005-11-23

Sujetos procesales: BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA / MATILDE NIÑO DE MACHUCA Y OTROS

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SALA DE FAMILIA Bogot�, D.C., Magistrados: CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS (PONENTE) JAIME OMAR CU�LLAR ROMERO GLORIA ISABEL ESPINEL FAJARDO REF: PROCESO ORDINARIO DE BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA EN CONTRA DE MATILDE NI�O DE MACHUCA Y OTROS (AP. SENTENCIA). Proyecto aprobado en sesi�n de 23 de noviembre del a�o 2.005. Agotado el ritual propio de la segunda instancia, se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2.005, proferida por el Juzgado 15 de Familia de esta ciudad.

ANTECEDENTES A trav�s de apoderada judicial debidamente constituida, la se�ora BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA promovi� proceso ordinario en contra de los se�ores MATILDE NI�O DE MACHUCA y �LVARO GERARDO, JEANNETTE, LILIANA y JU�N ANTONIO MACHUCA NI�O, a efecto de que, en sentencia, se accediera a las siguientes pretensiones (luego de subsanada la demanda): �1.

De acuerdo al contenido de la demanda, se sirva usted su se�or�a ordenar la NULIDAD SUSTANCIAL, del acto partitivo, contenido dentro de la sucesi�n del se�or �LVARO MACHUCA GUTI�RREZ, inserto en la escritura No. 1336, del 18 de mayo de 1993, elevada en la Notar�a Tercera del C�rculo Notarial de Ibagu� (Tolima), por ocultamiento de bienes y sus precios reales, conforme a la realidad existente en el momento de la elaboraci�n de los respectivos inventarios y aval�os. �2.

Con fundamento en lo anterior se sirva ordenar la reelaboraci�n de la partici�n contenida dentro de la escritura de sucesi�n ya referenciada en la pretensi�n primera como ejecuci�n de la sentencia a proferir por su respetable Despacho. �3. Se sirva condenar en costas a los demandados dentro de la presente acci�n� (el uso de las may�sculas y de la puntuaci�n es del texto).

Los hechos en que se sustentan los anteriores pedimentos, son los siguientes: �1. El d�a 18 de mayo de 1993, en la Notar�a Tercera del C�rculo Notarial de Ibagu� (Tolima), se eleva a escritura publica el tr�mite de la sucesi�n del se�or �LVARO MACHUCA GUTI�RREZ, quien falleciera el d�a 28 de enero de 1993, en la ciudad de Ibagu� (Tolima).

(Anexo N�. 1) �2. El d�a 14 de abril de 1993 la se�ora ANA MILENA MONTILLA, en representaci�n de la menor BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA, firma poder a la Doctora NOHORA CHAVARRO DE SOLANILLA, para que intervenga en el tr�mite notarial de liquidaci�n de herencia (sic) del padre de la menor, que se estaba tramitando en la Notar�a tercera (sic) de Ibagu�; cabe resaltar que la apoderada NOHORA CHAVARRO DE SOLANILLA, apoderaba a la c�nyuge superstite (sic) del fallecido y a sus hijos mayores de edad.

En este hecho salta de bulto la firma de un poder, cuando la madre de la menor se�ora ANA MILENA MONTILLA, concede poder, no se encontraba autorizada legalmente para representar a su menor hija respecto de disposici�n de bienes. (Anexo No. 2). �3. Con base en el poder a la Doctora CHAVARRO DE SOLANILLA, otorgado, �sta elabora un inventario de activos y pasivos, los cuates no se sujetaron a la realidad de aquella �poca, por cuanto si se analiza el cuerpo de la escritura y los soportes a ella adheridos, encontramos que no ratifican la realidad descrita en la relaci�n de activos, pasivos y el correspondiente aval�o de bienes inmuebles. �4.

Las circunstancias que se oponen a la realidad de la minuta elevada a escritura p�blica son las siguientes: �Encontramos dentro de la relaci�n de Activos la descripci�n de un Activo bien inmueble, ubicado en la ciudad de Ibagu� (Tolima), identificado como apartamento 202, con parqueadero N�. 4, con un �rea de 109.643 M2, del Conjunto residencial (sic) prado (sic) del Norte, primera etapa, torre A, avaluado en la suma de $12�500.000.oo, aval�o que no compensa el real seg�n recibo de paz y salvo predial de la tesorer�a Municipal de Ibagu� (Tolima).

(Anexo No 03). �Encontramos un Bien inmueble Casa de Habitaci�n, ubicado en la ciudad de Bogot� D.C., en la transversal 17 N�. 124-38, de la Urbanizaci�n Santa B�rbara, con un �rea de terreno de 562.80 M2 y de construcci�n 364.70 M2, Casa que fue avaluada en la suma de $11'316.000.oo, aval�o que no se sujeta al real, por cuanto dentro del cuerpo de la escritura encontramos el paz y salvo catastral, el cual se�ala un aval�o equivalente a la suma de $99'255.000.oo.

Muy diferente del contenido en el cuerpo de la escritura. (Anexo No. 4) �Encontramos un pasivo no discriminado, sin comprobante de deuda dentro del contenido escriturario, raz�n que hace desaparecer la existencia de un pasivo soportado en la existencia de un Veh�culo Chevrolet Spring, modelo 90, extra�amente en cuant�a exacta de aval�o. �Tenemos la existencia de aportes a una sociedad denominada AEROSERVICIO AGR�COLA DEL TOLIMA, ASTA LTDA, por la suma de $550.000.oo, desconociendo la liquidaci�n de activos el hecho de que la liquidaci�n de los aportes a la sociedad debi� sujetarse, a la existencia de activos a favor de la misma, se aclara lo anterior relacionando la existencia de un terreno de 50.000 Metros cuadrados, utilizado como pista de aterrizaje, propiedad de la sociedad ASTA Ltda., para aquella �poca y hoy por hoy, cuyo aval�o se encuentra en la suma de $79'166.000.oo y el cual no se tuvo en cuenta dentro de la liquidaci�n de aportes de la sociedad ASTA LTDA, a favor de la sucesi�n del se�or �LVARO MACHUCA GUTI�RREZ.

(Anexo No.5 y 8). �Se se�ala la existencia de aviones que se identifican a continuaci�n: �Avioneta con matr�cula HK1406; marca PIPER; modelo PA-25-260; serie 25-4545. (Anexo7). �Avioneta con matr�cula HK 531; marca PIPER; modelo PA-25-260; serie 25-5102. (Anexo8). �Avioneta con matr�cula HK 1678; marca PIPER. �5. La madre del (sic) menor, sin estar legitimada para la disposici�n de los bienes de su menor hija para aquella �poca, solicita la revisi�n de mencionada (sic) liquidaci�n de herencia, por cuanto sinti� lastimada a su menor hija patrimonialmente, es as� como se dirige a la abogada, para manifestarle su inconformidad, ya que ella le hab�a proferido (sic) poder, para que efectuara el procedimiento legal no contrario a los intereses de su hija, sin embargo la apoderada de la se�ora efect�a liquidaci�n a su arbitrio y contraria a las disposiciones comerciales y legales vigentes para aquella �poca. �6.

Para subsanar una de las deficiencias de la sucesi�n la apoderada insta a la madre de BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA, a firmar un contrato de transacci�n el d�a 15 de septiembre de 1994, con el fin de subsanar la indebida liquidaci�n de la sociedad, con el firme prop�sito de protocolizarlo dentro de la escritura matriz, de sucesi�n, elevada en la Notar�a Tercera de la Ciudad de Ibagu� (Tolima).

Dentro de ese documento de transacci�n espec�ficamente dentro de las cl�usulas tercera y cuarta se reconoce la inconformidad de la madre de BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA, pues el poder se confiere, con el firme prop�sito de que se haga relaci�n (sic) seria y real respecto de la existencia cierta del patrimonio que conformara la masa a sucederse, y que ser� tenida en cuenta dentro de la partici�n, inconformidad que debi� ser subsanada por un nuevo trabajo de partici�n, ya que si se hace un an�lisis exhaustivo de la documentaci�n aportada, se logra ratificar que las partidas pertenecientes a los activos fueron alteradas, por aceptaci�n propia de los tres herederos matrimoniales del se�or �LVARO MACHUCA GUTI�RREZ, y su c�nyuge. �As� las cosas tenemos que el documento transacci�n (sic), no represente (sic) jur�dicamente reforma a la partici�n, la que debi� presentarse y protocolizarse anexa a la escritura de origen de la sucesi�n, obviando la adici�n a la partici�n por cuanto se trataba de nueva cuant�a, la cual no se hab�a tenido en cuenta dentro de la principal sucesi�n (Anexo No. 9). �7.

Transcurridos los a�os BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA, ha tenido que soportar las inclemencias de la ausencia del dinero, por cuanto ha visto suspendida su carrera de Bacteriolog�a en tres oportunidades, por falta de recursos de su madre para soportar dichos gastos estudiantiles, ya que su padre era quien sufragaba todos los gastos de la menor al fallecimiento.

Adem�s de lo anterior le fue retirada la pensi�n de sobreviviente del Seguro Social, sin tener en cuenta la condici�n de estudiante de mi poderdante. A ra�z de lo anterior la se�orita BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA, acude a mi oficina de Abogada con la documentaci�n conservada por su madre en aquella �poca y vemos con absoluta preocupaci�n que la sociedad AEROSERVICIO AGR�COLA DEL TOLIMA `ASTA LTDA�, pose�a bienes o activos valorables en dinero los cuales no fueron debidamente relacionados dentro de la liquidaci�n de herencia efectuada y aqu� atacada, bienes que mas (sic) adelante relacionar� en cap�tulo aparte como bienes ocultados por la esposa del causante en aquella �poca, se�ora MATILDE NI�O� (el uso de las may�sculas y de la puntuaci�n es del texto).

Admitida que fue la demanda mediante prove�do dictado el 15 de noviembre de 2002, su notificaci�n y traslado se verific� en debida forma con los demandados y le dieron respuesta oportuna a la demanda, por medio de apoderado judicial y propusieron las excepciones de m�rito que denominaron �FALTA DE T�TULO Y CAUSA PARA INCOAR LA ACCI�N�, �COSA JUZGADA-TRANSACCI�N�, ausencia de �CONCILIACI�N�, �NULIDAD DEL PROCESO� y �PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N�.

Trabada de esta manera la relaci�n jur�dica procesal, se continu� con el tr�mite del proceso, celebr�ndose la audiencia de que trata el art. 101 del C. de P. C., con los resultados a que alude el acta visible a folios 63 a 66 de la doble foliaci�n del tercer cuaderno. En auto proferido el 18 de noviembre de 2004, se abri� el proceso a prueba, decret�ndose y evacu�ndose las que figuran en el informativo y, precluido el t�rmino para su pr�ctica, se concedi� el de ley para que las partes formularan sus alegatos.

El d�a 31 de agosto de 2005, el juzgado del conocimiento pronunci� la correspondiente sentencia de instancia, en la que acogi� las s�plicas de la demanda, fallo que se revisa en v�a de apelaci�n, recurso que fue interpuesto por los demandaos, en vista de que tal decisi�n les fue adversa. CONSIDERACIONES Se encuentran reunidos los denominados presupuestos procesales y, a juicio del Tribunal, no existe causal de nulidad que pueda invalidar total o parcialmente lo actuado, por lo que es procedente dictar sentencia de m�rito.

Seg�n se puede inferir de las declaraciones y condenas impetradas en la demanda, a trav�s de �sta pretende su promotora que por la justicia se declare que es nula la partici�n de la herencia del causante �LVARO MACHUCA GUTI�RREZ, contenida en la escritura p�blica n�mero 1336 del 18 de mayo de 1993, corrida en la Notar�a 3�. del C�rculo de Ibagu�, porque los demandados ocultaron la existencia de algunos bienes que eran propiedad del difunto.

Se advierte, inicialmente, que en torno a la representaci�n que ten�a la se�ora ANA MILENA MONTILLA en relaci�n con la demandante no existe duda alguna, pues de acuerdo con el art�culo 33 del decreto 2651 de 1991 (adoptado como legislaci�n permanente por el 162 de la ley 446 de 1998), vigente para la �poca en que se efectu� la partici�n notarial, aquella la ten�a, en forma plena, para tales efectos, de modo que no existe carencia alguna sobre el particular que pudiera conducir a la nulidad del acto partitivo.

Ahora bien: estando debidamente representada la actora en el tr�mite notarial, el negocio jur�dico de partici�n debe tenerse por v�lido y aunque por ninguna parte se alega, en forma expresa, al parecer, lo que trata de invocarse es el vicio del consentimiento denominado error, para obtener la nulidad de aquella, sobre el que tiene dicho la doctrina: �4�.) ERROR.- �Es el error propiamente hablando, un vicio del consentimiento en la partici�n? La cuesti�n la plantea un hecho que para el int�rprete no puede pasar inadvertido.

El art. 887 del C�digo franc�s dice que las particiones pueden ser rescindidas por causa de violencia o de dolo sin referirse al error. La exclusi�n del error �se debi� a alg�n olvido? Oigamos la respuesta que a este interrogante dan AUBRY y RAU y que repiten casi todos los tratadistas. Los citados autores expresan: `No es inadvertencia, sino con intenci�n que los redactores del C�digo Civil han omitido en el primer inciso del art. 887 mencionar el error en el n�mero de las causas que autorizan la retractaci�n de la partici�n. Ellos han partido de la idea que (sic) en materia de partici�n el error se confunde ordinariamente con la lesi�n; y que en las hip�tesis extraordinarias que puede revestir otra forma, se puede, sin atacar la partici�n, llegar a la reparaci�n de las consecuencias del error�. �Nuestro C�digo, en cambio, se refiere al error en la partici�n en el art. 1351 que luego comentaremos, y seg�n el cual no puede solicitar la nulidad de la partici�n al copart�cipe que haya enajenado su porci�n en todo o parte, `salvo que la partici�n haya adolecido de error, fuerza o dolo��. �Pero la verdad es que es muy dif�cil encuadrar el error en la partici�n. Para demostrarlo examinaremos los distintos casos de errores que pueden presentarse. �a) El error puede consistir en estimar bienes comunes aquellos que no lo son.

Pues bien, aqu� no cabe hablar de nulidad. Llegado el caso el verdadero due�o reivindicar� el bien del comunero en cuyo lote se haya incluido, y �ste accionar� en garant�a contra los copart�cipes por haber sufrido evicci�n; �b) En caso contrario: el error radica en considerar ajenos bienes que son comunes, es decir, en haber omitido en la partici�n bienes indivisos.

Tampoco hay nulidad, sino que recibe aplicaci�n el art. 1349 que dice: `El haber omitido involuntariamente algunos objetos no ser� motivo para rescindir la partici�n. Aquella en que se hubieran omitido, se continuar� despu�s dividi�ndolos entre los part�cipes con arreglo a sus respectivos derechos�. �El deseo del legislador es evitar en lo posible la nulidad de las particiones.

As� queda patente con lo dispuesto en los arts. 1350 y 1351 que m�s adelante estudiaremos. Por eso, en el caso en estudio, se contenta con que haya un suplemento de partici�n. �Como la ley habla de omisi�n involuntaria, algunos, argumentado a contrario sensu, piensan que si la omisi�n es dolosa la partici�n ser�a rescindible. No nos parece que as� sea, pues relacionando este precepto con lo estatuido en los arts. 1231 y 1768, resulta que el indivisario al ocultar dolosamente los bienes caer�a en las sanciones establecidas en dichos preceptos, pero no tendr�a para qu� anularse la partici�n. �c) Error que se traduce en eliminar a un comunero de la partici�n, por considerar que no es indivisario.

En este caso no se podr�a decir que la partici�n adolece de nulidad relativa, porque la falta de consentimiento, seg�n lo vimos, acarrea la nulidad absoluta, o, con m�s propiedad, la inexistencia o inoponibilidad de la partici�n, de modo que el comunero omitido podr�a solicitar una nueva partici�n rescindiendo de la ya hecha. �d) En caso inverso: el error incide en que haya intervenido en la partici�n quien no era en realidad comunero.

En este evento la doctrina tampoco habla de rescisi�n de la partici�n, estimando que a los interesados les corresponder� ejercer la acci�n de petici�n de herencia y hacer despu�s una partici�n suplementaria. Esta es tambi�n la opini�n sostenida por la Corte de Talca al declarar que si un hijo ileg�timo interviene en una partici�n y adjudicaci�n, no cabe alegar la nulidad de �sta, sino que debe pedirse la reforma del testamento. �e) Error sobre el valor de los bienes que se han liquidado y partido.

Aqu� es evidente que el error se confunde con la lesi�n. Y se podr� solicitar la rescisi�n por lesi�n siempre que el error sufrido sea de tal magnitud que el part�cipe sea perjudicado en m�s de la mitad de su cuota. �f) Error en la sustancia, como por ejemplo, si en una partici�n se adjudica a uno de los comuneros un amoblado dici�ndose de caoba, y en realidad no es de madera noble; o si recibe en adjudicaci�n un cuadro que se dice pertenecer a GUIDO RENNI, y es en realidad de un autor desconocido.

Nos parece que en este caso no podr�a solicitarse la nulidad; al adjudicatario no le quedar�a m�s remedio que reclamar en caso que el error se tradujera en una lesi�n. Nos basamos para ello en que, seg�n vimos, los vicios redhibitorios no dan lugar a la acci�n de garant�a. Y la situaci�n de los vicios redhibitorios con el error sustancial, siendo algo distinto, en el fondo son muy semejantes� (MANUEL SOMARRIVA UNDURRAGA, �Indivisi�n y partici�n�, 3�. ed., Ed. Temis, Bogot�, 1981, p�gs. 457-459).

Conforme con la doctrina transcrita, entonces: 1) Si se dejaron de inventariar y partir bienes, lo procedente es acudir a la partici�n adicional de los mismos (art. 1406 del C.C. colombiano) y 620 del C. de P.C.). 2) Si hubo ocultaci�n de bienes, esto es, que a�n dolosamente no se incluyeron, ello tampoco conduce a la nulidad, sino que pueden darse otras consecuencias previstas en la ley (arts. 1288 y 1824 C.C.). 3) Si el valor dado a los bienes no es el real, ello llevar�a, eventualmente, a la rescisi�n de la partici�n por lesi�n enorme.

Es, precisamente, por lo anterior que en el art�culo 2�. del decreto 902 de 1988, en la redacci�n del 2�. del 1729 de 1989, regulatorio de la partici�n notarial, se prev� que la ocultaci�n de herederos, del c�nyuge sup�rstite, de legatarios, de cesionarios de derechos herenciales, del albacea, de acreedores, de bienes o de testamento, y la declaraci�n de pasivos no existentes, har� que los responsables queden solidariamente obligados a indemnizar a quienes resulten perjudicados por ella, sin perjuicio de las sanciones que otras leyes establezcan�.

Por otro lado, no encuentra el Tribunal que los aval�os de las partidas incluidas en la partici�n notarial sean incompletos, como lo dice el a quo, pues basta con echar un vistazo a la copia de la escritura que la contiene, la que obra en el expediente, para encontrar que all� se dio a cada uno de ellos un valor concreto, que es lo que se establece en la ley, sobre el cual recay� tambi�n la voluntad de la representante legal de la entonces menor de edad, a trav�s de su apoderada, de manera que si ello fue as� mal puede decirse que no existe una avaluaci�n de cada una de aquellas y si lo que se produjo fue una extralimitaci�n de las facultades que le otorg� aquella a su procuradora, ello es cuesti�n bien diferente.

Tampoco resulta acertado afirmar que a un asignatario que concurre a la partici�n deba inform�rsele de los �estados financieros� de las empresas que hacen parte de la masa y que ello genera nulidad, pues, en principio, tal tarea corresponde a cada uno de los part�cipes, esto es, que le toca averiguar todo lo concerniente a la situaci�n jur�dica y financiera de los elementos patrimoniales correspondientes, de modo que puede ��inspeccionar las cuentas y papeles de la sucesi�n� (art. 1289 C.C.).

No alcanza a entender la Sala la afirmaci�n del a quo en torno a que la conducta de los demandados �constituye ocultamiento de bienes y por lo mismo cabe considerarla como el hecho il�cito (sic) (?) previsto en el Decreto 902 de 1988� y c�mo ello puede conducir a la nulidad de la partici�n, si como ya se dijo, en el art�culo 2�. de aquel se prev� una consecuencia jur�dica distinta.

Por otro lado, tampoco existir�a causa il�cita en la partici�n aludida, pues la misma no cabe en casos como el presente, pues la causa de toda partici�n no es otra que la satisfacci�n de un derecho, real o aparente, de los part�cipes, sin que quepa analizar si es que est� tratando de usurpar el de otro u otros. Sobre el particular tiene dicho la doctrina: �Por de pronto no nos parece exacto hablar de la causa en la partici�n. �El problema debemos radicarlo en la causa de las obligaciones que contraen los copart�cipes en la partici�n; de la misma manera que no cabe hablar de la causa de los contratos, sino de la causa de las obligaciones. ��Pero qu� obligaciones nacen para los copart�cipes de la partici�n?.

No es f�cil determinarlo; pero sin duda que hay algunas. As�, por ejemplo, un comunero puede comprometerse al pago de una mayor cuota en las deudas de la herencia (art. 1.340) o al pago de un alcance en caso que (sic) las adjudicaciones que se le han hecho excedan a su cuota en la herencia. En estos casos se ve muy claramente la causa de la obligaci�n que toma sobre s� el comunero; ella radica en el hecho de haber recibido bienes en la partici�n m�s all� de su cuota, exceso que corresponde al alcance o a la mayor responsabilidad que toma en las deudas. �Tambi�n se cita como obligaci�n emanada de la partici�n la de �abstenerse de todo aquello que vaya contra la ejecuci�n del convenio que comprende la partici�n�.

La causa de esta obligaci�n ser�a la obligaci�n rec�proca que contraen los otros comuneros de abstenerse de iguales hechos. �La obligaci�n de garant�a que pesa rec�procamente sobre los part�cipes es uno de los efectos propios de la partici�n. �Y cu�l es la causa de esta obligaci�n?. �Por qu� los part�cipes se obligan a indemnizar al adjudicatario evicto?.

Pueden darse varias respuestas: porque la misma obligaci�n contrae el adjudicatario evicto para el caso en que los otros comuneros sufrieren la evicci�n; porque han recibido bienes en mayor cantidad que la que les corresponde, ya que la evicci�n hace disminuir la masa indivisa. �La doctrina de la causa de por s� es enredada y dif�cil. No es raro, entonces, que en materia de partici�n no se puedan tener soluciones concretas.

Pero, en todo caso, de lo dicho se infiere que es dif�cil que una partici�n se pueda anular por falta de causa. Y mucho m�s por causa il�cita, desde el momento que el legislador otorga a los comuneros el derecho irrenunciable de poder solicitar la partici�n, derecho que es absoluto, y respecto del cual no cabe hablar de un ejercicio abusivo� (MANUEL SOMARRIVA UNDURRAGA, �Indivisi�n y Partici�n�, 3�. ed., Ed. Temis, Bogot�, 1.981, p�gs. 453-454). �La causa gen�rica de toda partici�n herencial es la satisfacci�n del inter�s individual de cada uno de los coasignatarios en forma exclusiva y sin la interferencia del estado comunitario, causante de alteraciones y problemas familiares y sociales dentro de un r�gimen de propiedad individualista. �Fuera de esta causa, cada asignatario puede estar impulsado a efectuar la partici�n por m�viles, los cuales no tienen ninguna incidencia en el negocio mismo de la partici�n, para su existencia y validez� (PEDRO LAFONT PIANETTA�, �Derecho de Sucesiones�, T. II., 4�. ed., Ed. Librer�a del Profesional, Bogot�, 1.986, p. 562).

Ahora bien: carece de asidero lo alegado por los demandados, a trav�s del profesional del derecho que lleva su representaci�n, en torno a la transacci�n que celebr� la madre de la actora con el extremo pasivo, sobre lo cual ya se pronunci� la Sala cuando resolvi� el recurso de apelaci�n interpuesto en contra del auto por medio del que se resolvieron las excepciones previas propuestas por aquellos, pues pretender que la aprobaci�n ulterior del Juez, de que trata el art�culo 654 del C. de P.C., puede ser dada por el que conoce de este proceso, es cuesti�n rayana en lo inaudito, ya que en tal disposici�n se dice, clara y n�tidamente, que ella se da por �el Juez que concedi� la licencia, quien resolver� en el mismo expediente por auto apelable� y resulta absolutamente claro, porque as� se encuentra establecido en el expediente, que jam�s fue el Juez 15 de Familia de esta ciudad y menos dentro de este proceso y, por ende, no en el expediente que contiene el mismo, el que concedi� la licencia para transar a la progenitora de la demandante, pues lo fue el se�or Juez 3�. de Familia de C�cuta (fol. 45, cuad. 1).

En cuanto a la excepci�n denominada COSA JUZGADA-TRANSACCI�N, la Sala se remite a lo dicho sobre las mismas en el auto de 30 de julio de 2004, por medio del cual se desat� la apelaci�n interpuesta en contra del que resolvi� sobre las excepciones previas, a las que se aludi�. Por otra parte, lo concerniente a la conciliaci�n previa debi� alegarse mediante los recursos que era del caso interponer y no venir a alegarse como excepci�n de m�rito, para enervar las pretensiones de la demanda, pues aparte de que existi� la oportunidad para conciliar en todo el transcurso del proceso, se efectu� una audiencia dentro del mismo, con ese espec�fico prop�sito, sin que se llegara a acuerdo alguno, por parte de los interesados.

En cuanto a la �falta de t�tulo y causa para incoar la acci�n�, baste con decir que la misma se basa en la ya mencionada �transacci�n�, de suerte que el Tribunal se remite a lo ya dicho sobre la misma. Tampoco existe nulidad del proceso, por revivir un proceso legalmente concluido, con base en la existencia de la tan mentada �transacci�n�, pues esta no es, como para cualquiera resulta f�cilmente comprensible, proceso alguno y tampoco lo es la escritura que la contiene.

Lo anterior pone de presente lo descaminada de la defensa de los demandados, la que, ciertamente, no alcanzar�a para enervar las pretensiones, pues de lo que se trata aqu�, en el presente caso, es de la inexistencia del vicio sustancial que se le achac� a la partici�n, tal como ya se dej� sentado. Sin embargo, la sentencia apelada habr� de revocarse, pero por las precisas razones atr�s expuestas, sin m�s consideraciones, por no ser ellas necesarias.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., EN SALA DE FAMILIA DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE 1�. REVOCAR, �ntegramente, la sentencia apelada, esto es, la de 31 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado 15 de Familia de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia. 2�. � Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la demanda. 3�.- Costas de ambas instancias a cargo de la demandante.

T�sense las correspondientes a esta. 4�.- Cumplido lo anterior, devu�lvanse las diligencias al Juzgado de origen. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS Magistrado JAIME OMAR CU�LLAR ROMERO GLORIA ISABEL ESPINEL FAJARDO Magistrado Magistrada PROCESO ORDINARIO DE BIBIANA ANDREA MACHUCA MONTILLA EN CONTRA DE MATILDE NI�O DE MACHUCA Y OTROS (AP.

SENTENCIA).  SILVA BASCU��N, ob cit., n�m. 377, p�g. 297.  SILVA BASCU��N, ob. cit., n�m. 377 p�g. 297.  Sobre este punto v�ase lo dicho en el n�m. 212 y s.  PLANIOL y RIPERT, ob. cit., t. IV, n�m. 686, p�g. 780.  Gaceta de los Tribunales de 1919, sentencia n�m. 1287, p�g. 972.  PAGE  PAGE 12 01IJK[\]��������@ M P ���dz������l�[G��6� h��5�6�@���OJQJ^JaJ&hXr�h!�5�6�@���OJQJ^JaJ h�D5�6�@���OJQJ^JaJ&hXr�h�6�5�6�@���OJQJ^JaJ#hXr�h!�6�@���OJQJ^JaJh�D6�@���OJQJ^JaJ#hXr�h�D6�@���OJQJ^JaJ&hXr�h!�6�>*@���OJQJ^JaJ h�D6�>*@���OJQJ^JaJ&hXr�h�nj5�6�@���OJQJ^JaJ&hXr�h�D5�6�@���OJQJ^JaJ9IJK[\]�����P Q R � � h i j ��������������������$ �0��p���dh*$^�p`���a$gdXr�$ �0�dh*$a$gdXr�$ �Hdh*$a$gdXr� $dh*$a$gdXr�p"qHqIqKq�����P Q R � �    ' * / J L h i j k x y � � � � � �  i � � � � � ��̺̺̺̺̺̺�ޗ�n�̺̺̺_̺�_�_h��6�@���OJQJ^JaJ&hXr�h�D6�>*@���OJQJ^JaJ)hXr�h�D5�6�>*@���OJQJ^JaJ&hXr�h�D5�6�@���OJQJ^JaJh�D6�@���OJQJ^JaJ#hXr�h�D6�@���OJQJ^JaJ#hXr�h�nj6�@���OJQJ^JaJ#hXr�h!�6�@���OJQJ^JaJh�nj6�@���OJQJ^JaJ!j x y � � �12��yzHWd6�4e�:%����������������������$dh-DM� ����a$gdXr� $dha$gdXr�$ �0�dh*$a$gdXr�$ �Hdh*$a$gdXr�� � � � � 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