Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 1100131030301319990930401

Sala: CIVIL

Ponente: Francisco Florez Arenas

Fecha: 2004-02-27

Sujetos procesales: GARAY SALAMANCA Y CIA. S. EN C. Y OTROS / PARQUEADEROS YA LTDA. Y OTRO

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Y como la vigencia de la �ltima renovaci�n del contrato fenec�a el 5 de marzo de 1999, pues a partir del mismo d�a y mes de 1990, el t�rmino de duraci�n del mismo era de un (1) a�o, es claro que el desahucio se verific� en oportunidad, con lo cual la parte demandada qued� compelida a entregar el bien al vencimiento de ese �ltimo periodo, obligaci�n que al no cumplirse, habilit� el ejercicio de esta acci�n.Art�culo 518 del C.CO Art�culo 519 del C.CO Art�culo 520 del C.CO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CIVIL DE DECISI�N Magistrado Ponente: FRANCISCO FLOREZ ARENAS Bogot� D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil cuatro (2004).

Ref: Proceso abreviado de Garay Salamanca y Cia. S. en C. y otros contra Parqueaderos Ya Ltda. y otro. (Discutido y aprobado en sesi�n de 24 de febrero de 2004). Cumplida la audiencia de que trata el inciso 2� del art�culo 360 del C.P.C., decide el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 10 de abril de 2003 proferida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia. A N T E C E D E N T E S 1.

Fernando Sierra Moreno, Alberto Valencia Ram�rez, Alvaro Jos� Restrepo Restrepo y Garay Salamanca y Cia. S. en C., llamaron a proceso abreviado a la sociedad Parqueaderos Ya Limitada, para que se declarara terminado el contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en la calle 26 A No. 13-97 de la ciudad, �por desahucio en aplicaci�n a lo dispuesto en el art�culo 518 y siguientes del C�digo de Comercio� y, en consecuencia, se disponga la restituci�n de �la tenencia del bien dado en arriendo, con el consecuente lanzamiento del demandado� (fls. 26 a 28, cdno. 1). 2.

La pretensi�n anterior tuvo como soporte los hechos que a continuaci�n se sintetizan: a) El 7 de junio de 1983, la sociedad Construcciones Col�n S.A., suscribi� un contrato de arrendamiento con la firma demandada, sobre el inmueble antes referido. b) El t�rmino de arrendamiento �se pact� en dos (2) a�os contados a partir del d�a 5 de marzo de 1983�.

As� mismo, el �canon de arrendamiento se determin� en la suma de $100.000, suma que se incrementar�a a�o a a�o en un quince (15%) por ciento, en forma autom�tica� (fl. 29, cdno. 1). c) Los demandantes adquirieron la propiedad del bien, por compra que realizaron al Banco Comercial Antioque�o, a trav�s de la escritura p�blica No. 1158 de 7 de marzo de 1991, autorizada por la Notar�a 31 de la ciudad. d) El contrato de arrendamiento fue cedido por la parte arrendadora el 12 de abril de 1984 al Banco Comercial Antioque�o, quien a su vez lo cedi� el 9 de octubre siguiente a la sociedad Administradora Serdan S.A., persona jur�dica que posteriormente tambi�n lo cedi� �en forma exclusiva- a la sociedad Garay Salamanca y Cia S. en C., por autorizaci�n que recibi� de los nuevos propietarios. e) El 1� de marzo de 1990, se suscribi� �otro s� al contrato primigenio, a trav�s del cual la sociedad demandada acord� con los demandantes pagar un canon de arrendamiento mensual de $520.000,oo, con �una vigencia de un (1) a�o, a partir del 5 de marzo de 1990�, e incrementos �equivalentes al IPC, renunciado adem�s el arrendatario a los requerimientos de que trata el art. 2035 del C. Civil� (fl. 30, cdno. 1). f) El 21 de agosto de 1998, �mediante comunicaciones enviadas por correo certificado de las empresas Correos de Colombia Adpostal y Avianca, certificados n�meros 340084, 340085, 341951 de Adpostal y 7626347, 7626348 de Avianca, se le notifica al arrendatario sobre la no intenci�n de prorrogar ni renovar el contrato de arrendamiento, toda vez que los propietarios lo requieren para darle un uso sustancialmente diferente al predio, en armon�a con lo dispuesto por el art�culo 518 del C�digo de Comercio� (hecho No. 13; fl. 30, cdno. 1). g) Pese a ello, �la sociedad arrendataria no ha dado cumplimiento a la obligaci�n legal y contractual de entregar voluntariamente el inmueble arrendado�, pero �viene efectuando el pago de los c�nones adeudados mediante consignaci�n bancaria, a favor de la sociedad Garay Salamanca y Cia. S. en C. resultando un incumplimiento a lo contratado por ese motivo, toda vez que en el contrato se estableci� que los pagos se efectuar�an en las oficinas del arrendador� (fl. 30, cdno. 1). 3.

La demanda presentada el 10 de diciembre de 1999, fue admitida por auto de 8 de febrero de 2000 (fls. 32, vlto. y 55, cdno. 1). En oportunidad, la sociedad arrendataria manifest� oponerse a la pretensi�n restitutoria y, adem�s, formul� las excepciones de �inexistencia de la causal invocada�; �falta de requisitos del desahucio�; �ejercicio extempor�neo de la acci�n�; �falta de legitimaci�n, tanto por activa, como por pasiva�; �inexistencia de la prueba del contrato�; �contrato de arrendamiento no demostrado�; �petici�n antes de tiempo�; �cumplimiento de contrato� y �renovaci�n del contrato� (fls. 149 a 155, cdno. 1).

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juez del conocimiento accedi� a las s�plicas de la demanda, tras declarar no probadas las defensas se�aladas (fl. 342, cdno. 1). Para ello, tuvo en cuenta la �copia firmada en original del desahucio que hacen las sociedad Garay Salamanca y Cia. S. en C., Fernando Sierra Moreno, Alberto Valencia Ram�rez y Alvaro Jos� Restrepo Restrepo, a la entidad demandada Parqueaderos Ya, para los fines previstos en el numeral 2� del art�culo 518 del C�digo de Comercio, documento el que (sic) no fue tachado ni redarg�ido de falso, o adulteraci�n (sic) en alguna o algunas de sus partes que lo conforman�, cumpliendo de esta forma �con los requisitos se�alados por el art�culo 520 del C. de Co.� (fl. 337, cdno. 1).

Precis� que �ninguna de las normas del C�digo de Comercio y, concretamente los art�culos 518 y 520, establecen que con el desahucio deba indicarse cu�l es la actividad que se va a desarrollar, diferente de la realizada por el arrendatario, en el bien arrendado�, como tampoco se�alan �que efectuado el desahucio, exista un t�rmino de caducidad para iniciar la acci�n, a contrario, dada la noticia de la cesaci�n del arrendamiento, no podr� despu�s revocarse sin el consentimiento de la otra parte� (fl. 338, cdno. 1).

As� mismo, indic� que con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada, se pudo comprobar que �con antelaci�n a esta acci�n ya hab�a cursado otra entre las mismas partes, de lo que deviene que la voluntad del arrendador y propietarios, lo es que restituyan el bien dado en arriendo, pues no es otro el indicio que se erige del hecho de haberse intentado la acci�n con anterioridad� (fl. 338, cdno. 1).

De otro lado, el Juez argument� que �independientemente de que el arrendador sea persona diferente del propietario, la norma autoriza a �ste �ltimo, para que no se renueve la relaci�n contractual arrendaticia, en el evento all� contemplado, a pedimento del propietario del bien (sic), por lo que es la misma ley la que legitima al due�o para accionar, independiente de que sea o no el arrendador, a m�s de que en el sub lite, act�an como demandantes tanto los propietarios como el arrendador, y as� legitimados en la causa para pretender (sic), configur�ndose igualmente la legitimaci�n por pasiva, pues acorde con tales disposiciones es con respecto de la demanda de quien deben pretender los demandantes� (sic; fl. 339, cdno. 1).

Tambi�n, resalt� que �cuando se alegan como causales de lanzamiento la segunda y tercera del art�culo 518 del C. de Cio., no se exige la prueba real y concreta de la situaci�n planteada, pues el legislador, teniendo en cuenta la lealtad procesal, s�lo viene a sancionar al arrendador que una vez hubiere conseguido la desocupaci�n (sic) del inmueble comercial con fundamento en alguna de las causales citadas, y no de al local el destino indicado o principie las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega, con la obligaci�n de indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, seg�n estimaci�n de peritos� (fl. 339, cdno. 1).

En cuanto a la excepci�n de �contrato no demostrado�, el juzgador concluy� que el documento adosado con la demanda como base para la acci�n de restituci�n, ostenta sello y autenticaci�n ante la Notar�a 4� del C�rculo de Bogot�, a m�s de que los folios 6 y 7 del mismo cuaderno y que forma parte integral del contrato, se encuentra en original y suscrito por la misma arrendataria, de donde se desprende la existencia del contrato y que �ste re�ne las exigencias consagradas por el art�culo 424 del C.P.C.� (fl. 340, cdno. 1).

Frente a la defensa de �petici�n antes de tiempo�, por no haber sido �requerido la pasiva para constituirla en mora�, el funcionario adujo que �el contrato no se celebr� por una duraci�n indefinida y el desahucio da al arrendador la facultad de iniciar la acci�n en cualquier tiempo; adem�s la pasiva renunci� a los requerimientos para ser constituido en mora� (fl. 340, cdno. 1).

Finalmente, arguy� que era irrelevante la excepci�n de �cumplimiento del contrato� por el pago de la renta, �dado que la causal alegada es la establecida en la causal 2� del art�culo 518 del C. de Co.�. Sin embargo, se�al� que �no se demostr� del acerbo probatorio recaudado (sic), que la pasiva hubiere incumplido el contrato en cuanto a los pagos se�alados, pues colocada en imposibilidad de pagar en la forma pactada por las partes, acudi� a la consignaci�n, la que es una forma de pago, y por ende, no puede endilg�rsele incumplimiento por �ste aspecto� (fl. 341, cdno. 1).

EL RECURSO DE APELACI�N La sociedad demandada solicit� revocar �ntegramente el fallo de primer grado y, en su lugar, denegar las pretensiones incoadas. Con ese prop�sito, hizo �nfasis en que �la demanda presentada como pilar del proceso adolece de un defecto �insaneable�, consistente en no haberse arrimado con tal escrito, la prueba del contrato de arrendamiento con el lleno de todas las caracter�sticas indicadas legalmente �, pues �se arrima con la demanda una fotocopia informal (carece de toda autenticidad y, por ende, de valor probatorio) de otra fotocopia que tiene un sello impuesto por Notario, pero que as� mismo, carece de valor probatorio pues, el se�or Notario no manifiesta haberla cotejado con el original o con una copia autenticada, requisitos �stos exigidos perentoriamente por el art. 254 num. 2�, C. de P.C.� Empero, precis� que ella �jam�s ha desconocido la existencia del contrato de arrendamiento con la sociedad demandante �Garay Salamanca & Cia. Ltda.�.

Prueba de ello es el pago del canon o renta mensual�, pues lo que �discute, afirma y vehementemente pretende hacer ver es que, en el presente proceso, la parte actora no arrim� a la demanda, la prueba exigida por el art. 424 del C.P.C.� (fl. 29, cdno. 2). De otro lado, sostuvo que �los demandantes no arrimaron al expediente ning�n medio de prueba� respecto a la causal de restituci�n, es decir, necesitar el inmueble para un establecimiento de comercio suyo sustancialmente diferente a aqu�l con el cual es explotado por el arrendatario, am�n que el desahucio �carece de los requisitos exigidos por la ley (art. 518 del C. de Co.), ya que esta actuaci�n se hizo invocando la calidad de �arrendadores� (que no todos lo son) y no la de �propietarios� como lo exige la norma citada�, a lo que se sum� el hecho de que la comunicaci�n enviada �no determina con qu� clase de establecimiento de comercio se va a explotar en el futuro el bien dado en arriendo, sino que lo all� dicho es totalmente ambiguo, sin claridad, sin precisi�n� (fls. 30 31, cdno. 1);.

Recalc�, tambi�n, que �cuando la ley le otorga a una persona el ejercicio de un derecho, es la misma ley la que establece el lapso dentro del cual ha de ejercerse (nacen aqu� los conceptos de prescripci�n y caducidad) y cuando la ley no establece plazo alguno, el derecho que surge para su titular, deber� ejercerse de manera inmediata, so pena de perderse su ejercicio, pues, de no hacerse as�, cundir�a la inseguridad en la titularidad y ejercicio de esos derechos, as� como el de entenderse revocado el contrato de arrendamiento, en la mismas condiciones del inicialmente pactado�.

Por ende, el ejercicio del derecho a demandar que, eventualmente nac�a para quienes realizaron el presunto desahucio, surgi� y deb�a ejercerse de manera inmediata, o sea, al momento de vencerse el lapso dado por la ley comercial al arrendatario para entregar el bien que detenta, es decir, al finalizar el t�rmino contractual (5 de marzo de 1999)� (fl. 32, cdno. 1).

As� mismo, la parte arrendataria reiter� que no existe legitimaci�n en la causa en cabeza de los demandantes, toda vez que para el proceso de restituci�n ella �surge de ser el �arrendador� del bien�, como lo es para el demandado la calidad de arrendatario, siendo claro que tres de aquellos no son �arrendadores� frente a ella. Finalmente, insisti� en que hubo petici�n antes de tiempo por cuando no se hicieron los requerimientos para constituirla en mora; que siempre ha cumplido con el pago de la renta, y que existi� renovaci�n del contrato en los t�rminos del art�culo 2014 del C�digo Civil, pues la sociedad arrendataria �sigui� detentando o teniendo en su poder el bien inmueble o ra�z a que se refiere el escrito que dio nacimiento a la presente contienda judicial; que adem�s, sigui� cancelando oportunamente la renta mensual, cual fue recibida por los demandantes a trav�s de la entidad bancaria debidamente autorizada por la ley, en forma por dem�s voluntaria y complaciente, desde el 5 de marzo de 1999 y hasta cuando se trab� la relaci�n jur�dico-procesal en este asunto (agosto del a�o 2000), y desde ah� en adelante, mediante el retiro de los dineros cancelados a trav�s de las consignaciones realizadas siguientes lo indicado o dispuesto por el C�digo de Procedimiento Civil� (fl. 34, cdno. 1).

CONSIDERACIONES 1. Lo primero que el Tribunal debe resaltar, es que la causal de restituci�n invocada por los demandantes, nada tiene que ver con el pago de los c�nones de arrendamiento del inmueble materia de arrendamiento, raz�n por la cual, las excepciones soportadas en el cumplimiento de esa obligaci�n y en la supuesta falta de requerimientos para constituir en mora a la sociedad demandada, han de entenderse ajenos a esta controversia, y por lo mismo, como medios de defensa in�tiles frente a aquella.

Obs�rvese que la pretensi�n restitutoria descansa �exclusivamente- en la segunda de la hip�tesis consagrada en el numeral 2� del art�culo 518 del C.P.C., es decir, en uno de los espec�ficos eventos que dan lugar a que el contrato de arrendamiento no sea renovado, as� el empresario haya ocupado el inmueble con un mismo establecimiento de comercio, �no menos de dos a�os consecutivos�.

Dicha causal no es otra que la necesidad que tienen los propietarios del inmueble ubicado en la calle 26 A No. 13-97 de la ciudad, de instalar all� �un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario�, circunstancia que, a no dudarlo, descarta �por completo- todo aquello que tiene que ver con el valor de la renta y el pago de la misma, por muy vehementes y sustentados que sean los argumentos de la sociedad demandada en torno a esos aspectos. 2.

Precisado lo anterior y en orden a establecer si se cumplieron por parte de los demandantes los requisitos que exige la acci�n restitutoria para su prosperidad, cumple memorar que su ejercicio, cuando se afinca en la se�alada causal de restituci�n, no se encuentra radicado en cabeza de la parte arrendadora �como es la regla general que emana, precisamente, de la posici�n contractual que adopta �sta cuando entrega al arrendatario el goce de la cosa-, sino en el propietario del inmueble sobre el cual vers� el negocio arrendaticio, de manera que, en ese caso, el legitimado para incoar la s�plica de entrega, ya no es el arrendador, sino el titular del derecho real de dominio de cosa, sin perjuicio de que concurran esas dos calidades en la misma persona.

As� pues, la acci�n restitutoria adopta una connotaci�n especial, para permitir al due�o, que no necesariamente es el arrendador, una vez que la cosa es recobrada f�sicamente, instalar all� su propio establecimiento, eso s�, �sustancialmente� distinto al que ten�a su arrendatario. Claro est� que como requisito de procedibilidad, el demandante, adem�s de acreditar su calidad de comerciante, debe aportar la prueba del negocio arrendaticio, prop�sito para el cual puede valerse de cualquiera de las formas previstas en el numeral 1� del art�culo 424 del C.P.C., esto es, presentando el contrato de arrendamiento propiamente dicho, o la confesi�n del arrendatario, o �prueba testimonial siguiera sumaria�, desde luego que ninguno de esos medios de convicci�n legitiman, en rigor, al due�o para deprecar la restituci�n, pues como se vio, su inter�s jur�dico emana ministerio legis de su condici�n de due�o. De all� que cualquiera que sea la prueba que en ese sentido se adose junto con la demanda, en realidad lo que establece es el v�nculo jur�dico que ata a la parte demandada con el inmueble pretendido, que no puede ser otro que su calidad de arrendataria, o lo que es lo mismo, la legimatio in causa por pasiva, sobre la base de que indefectiblemente la pretensi�n restitutoria debe dirigirse contra quien ostente esa condici�n, siendo claro que no es posible ejercerla frente a persona distinta.

A la par, el demandante debe cumplir con la exigencia de tipo sustancial que le impone el art�culo 520 del estatuto mercantil, esto es, probar que desahuci� �738 al arrendatario con no menos de seis meses de anticipaci�n a la fecha de terminaci�n del contrato, so pena de que �ste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo t�rmino del contrato inicial�.

En cuanto a ese espec�fico aviso, conviene hacer las siguientes precisiones: a) Ciertamente el legislador no indic� la forma como debe hacerse el desahucio, ni estableci� solemnidad alguna, por lo que es v�lido afirmar que �ste puede verificarse �por carta privada, o incluso verbalmente, o hacerlo por medio de diligencia judicial�, como lo sostiene la doctrina especializada.

Tampoco precis� que en la comunicaci�n o en el procedimiento respectivo, el propietario indique cu�l es esa otra actividad o empresa comercial que ha proyectado sobre el inmueble o que necesite desarrollar luego de verificada la entrega, raz�n por la cual es suficiente con que indique que necesita el local para instalar all� su propio negocio.

M�s a�n, �no ser� preciso que acredite la causal alegada.., basta su afirmaci�n�, en la medida en que si el propietario no cumple con lo alegado, la consecuencia jur�dica no es la renovaci�n del contrato, sino la indemnizaci�n de los perjuicios que le haya causado al arrendatario. En este sentido, el art�culo 522 del C�digo de Comercio, establece que &$�si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega, deber� indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, seg�n estimaci�n de peritos.

Igual indemnizaci�n deber� pagarle si en esos mismos casos arrienda los locales, o los utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen actividades similares a las que ten�a el arrendatario� (se subraya). b) El plazo de que dispone el propietario para incoar la acci�n restitutoria una vez que realiza el desahucio, no encuentra condicionamiento ni limitante en la ley.

Por el contrario, fue el propio legislador el que le otorg� carta abierta a aqu�l para ejercerla el cualquier tiempo, sin perjuicio, claro est�, que se den las condiciones para considerar el contrato renovado en los t�rminos del art�culo 2014 del C�digo Civil. En efecto, el inciso 2� de dicha norma no deja duda en el punto: �si llegado el d�a de la restituci�n no se renueva expresamente el contrato, tendr� derecho el arrendador para exigirla cuando quiera� (se resalta). c) Podr�a pensarse que uno de los eventos que dan lugar a la vigencia t�cita del contrato, a pesar de desahucio, es el hecho de continuar el arrendatario en tenencia del inmueble, con posterioridad a la �poca en que debi� verificarse la entrega.

Sin embargo, el inciso 1� del citado art�culo 2014 del C�digo Civil excluye de manera rotunda esa posibilidad, cuando se�ala que �terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier otro modo, no se entender� en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retenci�n de la cosa por el arrendatario, es una renovaci�n del contrato� (se subraya). d) No se presenta renovaci�n del contrato, por el simple hecho de que el valor de la renta sea cobrada por la parte arrendadora a trav�s de una entidad bancaria, porque la acci�n restitutoria �en el caso del numeral 2� del art�culo 518 del C�digo de Comercio-, se insiste, no es del arrendador sino del propietario de la cosa, de un lado, y del otro, porque as� esas dos calidades se re�nan en una misma persona, debe existir, adem�s, el �benepl�cito� de �sta, o la manifestaci�n de �ambas partes, por cualquier hecho, igualmente inequ�voco, de su intenci�n de perseverar en el arriendo� (inc. 3, art. 2014.

C.C.), circunstancias que de ninguna manera podr�a presentarse cuando la parte arrendataria puede acudir al banco autorizado por la ley para depositar el monto de la renta, con el fin de no incurrir en mora, precisamente, porque el arrendador se niega a recibir el valor del canon, o cuando el comportamiento de4 las partes a lo largo de la relaci�n negocial, no deje duda en que su deseo irrefutable es el dar por terminado ese v�nculo, en lugar de persistir en �l. No se olvide que si bien es cierto �la t�cita reconducci�n est� ciertamente admitida por la norma, esta figura exige esencialmente que el arrendatario no permanezca en el inmueble contra la voluntad del arrendador, y supone su benepl�cito al recibir el pago de la renta con posterioridad al vencimiento o cualquier hecho de ambas partes igualmente inequ�voco de su intenci�n de perseverar en el contrato bajo las mismas condiciones que antes� (se resalta). 3.

En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, est�n acreditados lo siguientes aspectos: a) La condici�n de propietarios de los demandantes respecto del inmueble materia de proceso, con el certificado de tradici�n del mismo, distinguido con el n�mero de matr�cula inmobiliaria 50C-465527, documento que da cuenta del registro de la escritura p�blica No. 1158 de 17 de marzo de 1991, seg�n la cual el Banco Comercial Antioque�o trasfiri� el derecho de propiedad que ten�a sobre aqu�l, a los se�ores Alberto Valencia Ram�rez, Alvaro Jos� Restrepo Restrepo, Fernando Sierra Moreno y a la sociedad Garay Salamanca & Cia. S. en C., (anotaci�n No. 2; fl. 10, cdno. 1). b) La calidad de arrendataria de la sociedad Parqueaderos Ya Ltda., con el documento que obra a folios 2 a 7 del cuaderno principal, el que pese a los reparos que formul� la sociedad demandada, merece pleno valor probatorio y, por ende, debe estimarse como prueba del v�nculo jur�dico que une a dicha sociedad con el inmueble solicitado en restituci�n. En efecto, dicho documento da cuenta que el 7 de junio de 1983, la sociedad demandada tom� en arriendo de Construcciones Col�n S.A., el inmueble materia de proceso.

As� mismo, prueba que el 9 de mayo de 1984, esa entidad arrendadora cedi� su posici�n contractual al Banco Comercial Antioque�o, quien a su vez la cedi� el 1� de marzo de 1990 a la Compa��a de Servicios y Administraci�n S.A. Serdan S.A., y, finalmente, consta la cesi�n de esta �ltima a la sociedad Garay Salamanca y Cia. S. en C. el 31 de enero de 1991, desde luego que ning�n reparo efectu� la parte demandada en cuanto a dichas cesiones, menos a�n desconoci� la condici�n de arrendadora de la nueva cesionaria.

En criterio de Parqueaderos Ya Ltda., la prueba documental en menci�n no re�ne los requisitos que establece el numeral 2� del art�culo 254 del C.P.C., porque se trata simplemente de una copia que fue cotejada por el Notario 4� de esta ciudad �con un documento que he tenido a la vista�. Empero, es evidente que no es posible acoger dicho argumento, porque, de un lado, las modificaciones al contrato pactadas el 1� de marzo de 1990 entre la sociedad demandada y la cesionaria �de esa �poca- Compa��a de Servicios y Administraci�n S.A. �Serdan S.A.�, se probaron con un documento aportado en original a manera de �continuaci�n del contrato de arrendamiento� primigenio (fl. 6, cdno. 1), y del otro, porque al reconocer la sociedad arrendataria el contenido y firma de esas modificaciones ante el Notario 16 de la ciudad, seg�n nota plantada in fine del mismo, tambi�n reconoci� el contenido de las cl�usulas que evidenciaba la copia del contrato original, tanto mas si alguna de ellas, pese a las modificaciones introducidas, continuaron rigiendo la relaci�n contractual.

As� expresamente lo manifestaron las partes �en esa �poca-, al consignar que dejaban �sin efecto contractual y jur�dico las estipulaciones suscritas con anterioridad en los aspectos anotados�, pero que �las dem�s estipulaciones anotadas quedan vigentes�. Con todo, cumple precisar que, en rigor, la sociedad demandada no controvirti� su calidad de arrendataria.

Por el contrario, desde la misma contestaci�n del libelo subray� esa calidad. As�, varias de las defensas las dirigi� a pregonar la renovaci�n del contrato, como tambi�n a poner de presente el cumplimiento de sus obligaciones que contrajo en esa posici�n negocial. Incluso, en su alegato de conclusi�n, reconoci� esa condici�n en forma expresa (fl. 30, cdno. 2). c) El desahucio por parte de los demandantes a la sociedad arrendataria qued� acreditado con la comunicaci�n de 21 de agosto de 1998, a trav�s de la cual todos los propietarios hicieron saber a Parqueaderos Ya Ltda. que el contrato �no ser� objeto de ninguna pr�rroga o renovaci�n, toda vez que requerimos el inmueble para aprovecharlo en una actividad comercial totalmente diferente a la ejercida por ustedes� (se resalta, fl. 24, cdno. 1).

Los recibos de env�o expedidos por la Empresa de Correos de Colombia �Adpostal- y Deprisa (fls. 8 y 9), aunados a la certificaci�n expedida por la primera de ellas (fl. 25, cdno. 1), ponen de manifiesto que dicha comunicaci�n fue recibida por la sociedad demandada el 26 de agosto de 1998, circunstancia que tampoco fue desconocida por �sta.

Y como la vigencia de la �ltima renovaci�n del contrato fenec�a el 5 de marzo de 1999, pues a partir del mismo d�a y mes de 1990, el t�rmino de duraci�n del mismo era de un (1) a�o, es claro que el desahucio se verific� en oportunidad, con lo cual la parte demandada qued� compelida a entregar el bien al vencimiento de ese �ltimo periodo, obligaci�n que al no cumplirse, habilit� el ejercicio de esta acci�n. d) Los demandantes, desde esa �poca, no han dado su benepl�cito para que la sociedad arrendadora siguiera detentando la tenencia del inmueble en calidad de arrendataria.

Por el contrario, pocos meses despu�s (10 de diciembre de 1999), ejercieron la acci�n restitutoria. Incluso, aquellos se han negado insistentemente a recibir directamente el valor de la renta, desde luego que el hecho de que la sociedad arrendadora (Garay Salamanca & Cia. S. en C.), haya cobrado los t�tulos de dep�sito que la demandada le ha remitido, no traduce ning�n consentimiento en torno a ese t�pico, mucho menos puede considerarse como un acto inequ�voco de los propietarios de tolerar la continuidad de �sta como arrendataria, tanto m�s si los demandantes, a lo largo de la relaci�n procesal, en forma vehemente y expresa, han manifestado que no es su deseo que la sociedad demandada permanezca en el inmueble detentando la tenencia del inmueble.

Su comportamiento, entonces, se ha dirigido a exteriorizar su voluntad de no consentir la subsistencia del v�nculo negocial, aptitud que dista mucho de aqu�l endilgado por aquella, en el sentido de que el inter�s de los due�os es la de persistir en el arrendamiento. 4. Puestas de este modo las cosas, ninguna de las excepciones propuestas merec�a ser acogida y como as� obr� el Juez de primera vara, la sentencia que acogi� las pretensiones de la demanda, merece su confirmaci�n, como sigue.

DECISION Por m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelaci�n, proferida el 1� de abril de 2003 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia. Costas del recurso a cargo de la parte recurrente.

Liqu�dense.

NOTIFIQUESE FRANCISCO FLOREZ ARENAS Magistrado RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado CLARA BEATRIZ CORTES DE ARAMBURO Magistrada.  Jaime Alberto Arrubla Paucar. Contratos Mercantiles. 3� edici�n. Dike.1989. pag. 523.  Ob. Cit. pag. 524.  G.J. t. XC, pag. 362. Rep�blica de Colombia  1319999304 01 Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil  PAGE 1 +���>Uj�����3��U ������)�)n:}::�>�>�?CFSF�G�GaH�HI`KaK MM�����������������շ��������������~j~j&j0JB*CJOJQJU^JphB*CJOJQJ^Jph<�B*CJOJQJ^JphCJOJQJ^J6�^J 6�]�^J B*^Jph^J6�CJOJQJ]� CJOJQJCJOJQJ\�OJQJ CJOJQJCJOJQJ\�5�CJOJQJCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J)����   3>UVj����� �������������dhdh$dha$X$$If�F����� � �0�������6��������4� Fa� $dh$Ifa$�t�uw������23no����� � T U � �   � � ��#$?@��������������������������dh$dha$dhdh$dha$@!"����=>���DE!!"!�#�#�%�%F'G'�)�)�)�)�������������������������� & F$dha$dh & Fdhdh�)&*'*l.m.�1�1G5H5�6�6m:n:~::m<n<�?�?�C�C`HaHI�I�I������������������������� $dh7$8$H$a$dh$dha$$dha$�I3J4J�O�OpRqR�T�TYY�Z�Z5[6[u]v]�^�^�a�a�f�f������������������������dh`��dh ��dh7$8$H$`�� dh7$8$H$$��dh7$8$H$`��a$ $dh7$8$H$a$MN!N"N[N�N�NO�O�O�QER`RpRqR�S-T�T�T�V-XRXY2Y~YZ�Z�Z�Z�Z�c�c�d�d{f�f�i"j7m�r�r�s�t�tuBu������������������������˸���������ˆvCJOJQJ^J j0JU CJOJQJ>*^J6�^J5�^Jj0JU^J 5�\�^J>*B*^Jph 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Arrendamiento local comer.,desahucio, causal 2a, 1319999304 01.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\Mis documentos\Definitivos\2a instancia\Apelacion sentencias\abreviados\restituciones\2004-02 Arrendamiento local comer.,desahucio, causal 2a, 1319999304 01.docConsejo Superior�C:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\ALVAREZ G. 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