961220048 · Tribunal de Bogotá

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PERSONER�A JURIDICA. CERTIFICACI�NRadicaci�n 961220048 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D. C. SALA CIVIL Bogot�, D. C., enero doce (12) del a�o dos mil cinco (2005) REF: Sentencia. Ordinario de FRANCISCO ANTONIO MORENO CAMPO contra CORPORACI�N CAMINO REAL COUNTRY CLUB Magistrada Ponente LUZ MAGDALENA MOJICA RODRIGUEZ Discutido y aprobado en Sala de 10 de noviembre de 2004 Se decide el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demanda contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

1. FRANCISCO ANTONIO MORENO CAMPO, actuando a trav�s de apoderado judicial, formul� demanda contra la CORPORACI�N CAMINO REAL COUNTRY CLUB para que mediante los tr�mites del proceso ordinario se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: �Primero. D�gnese declarar nula, por Violaci�n estatutaria y de la ley, las decisi�n de la Junta Directiva de la CORPORACI�N CAMINO REAL COUNTRY CLUB adoptada los d�as febrero 9, febrero 18, abril 6 y abril 11 de 1995 por medio de la cual se dispuso el ingreso de 58 nuevos socios de la CORPORACI�N�. �Segundo. Declarar nula el acta N� 12 de diciembre 29 de 1995 en la que se nombr� gerente de la CORPORACI�N CAMINO REAL COUNTRY CLUB por violaci�n estatutaria y de la ley� �Tercero. Declarar nula, por violaci�n estatutaria y de la ley el acta de Junta Directiva de la CORPORACI�N CAMINO REAL COUNTRY CLUB, adoptada los d�as 21 y 26 de febrero de 1996 n�meros 004 y 005 por medio de la cual se dispuso la p�rdida de la casi totalidad de los miembros activos de el (sic) Club y la consiguiente reversi�n de las acciones. �Cuarto. Oficiar a la Alcald�a Mayor de Santaf� de Bogot� sobre la anterior decisi�n.� 2.

Fund� sus pretensiones en el supuesto f�ctico que a continuaci�n se resume: 2.1. Que el actor es socio copropietario de la corporaci�n demandada, cuya Junta Directiva suscribi� en reuniones celebradas el 9 y 18 de febrero, el 6 y 11 de abril de 1995 las actas Nos. 002, 003, 004 y 005, respectivamente, por medio de las cuales se acept� el ingreso de 58 nuevos socios, sin que se cumplieran los requisitos contenidos en los estatutos vigentes, como que las solicitudes de ingreso deben ir firmadas por dos socios que no formen parte de la junta directiva y los nuevos socios o el cedente deb�an cumplir con lo dispuesto en el art�culo 13 de los estatutos en concordancia con lo se�alado en el acta de Junta Directiva N� 008 de junio 19 de 1993, la que dispone cancelar al Club por cada transacci�n la suma de $200.000.00. 2.1.1.

Que las mencionas reuniones se realizaron sin qu�rum v�lido ya que se efectuaron con suplentes, sin haber invitado a los principales como lo ordenan los estatutos para que ante su excusa o negativa se habilitaran aqu�llos para participar con voz y voto. 2.2. Que Hernando Nieto Torres, Medardo M�ndez Ca��n, Angel Malaver Chaparro y Adolfo Le�n G�mez actuando como miembros principales y Arturo T�llez � actuando como miembro suplente de Jaime Garc�a - suscribieron el acta de Junta Directiva No. 12 de diciembre 29 de 1995, a trav�s de la cual se efectu� el nombramiento de JAIRO D�AZ SANTOS como gerente de la Corporaci�n accionada por el per�odo comprendido entre el 29 de diciembre de 1995 y el 28 de diciembre de 1997, sin cumplir con el lleno de los requisitos estatutarios tales como el n�mero de miembros de la Junta Directiva � se requieren 7 miembros principales y la junta se integr� por 6 -, el per�odo de vigencia de la misma � el cual se hallaba vencido desde abril de 1995 -, y la asignaci�n de per�odo estatutario a Jairo D�az como gerente, sin tener en cuenta que se trata de un empleado removible en cualquier tiempo y quien no era socio ni miembro de la junta directiva. 2.2.1.

Que tampoco se efectu� la convocatoria a la reuni�n de la Junta Directiva celebrada el 29 de diciembre de 1995 de conformidad con lo preceptuado en los estatutos de la sociedad demandada en la medida en que los miembros principales no fueron invitados a dicha reuni�n, ni se tuvieron por excusados, aspecto �ste �ltimo que justificaba que actuaran los suplentes. 2.3.

Que Hernando Nieto Torres, Adolfo Le�n G�mez, Angel Malaver, Alvaro Pe�a, Leonardo Peralta y Arturo T�llez, a trav�s de actas No. 004 y 005 dispusieron la exclusi�n de los miembros del club que se encontraban en mora de pagar algunas obligaciones y como consecuencia ordenaron la reversi�n de las acciones a favor del club, decisi�n que se adopt� sin el lleno de los requisitos estatutarios, en tanto la Junta Directiva fue conformada �nicamente por 3 miembros principales, cuando el compendio estatutario dispone que entrat�ndose de esa decisi�n dicho �rgano social debe estar conformado por los 7 miembros principales, los que previamente no fueron citados, ya que s�lo por falta absoluta o temporal de �stos se habilita la participaci�n de los suplentes. 2.4.

Que como consecuencia de la precedente determinaci�n 81 miembros del club fueron expulsados �de los que actualmente pagan mantenimiento mensual por ser acciones de disfrute�, con lo que se corre el riesgo que ocurra una disminuci�n tan significativa que impida el cumplimiento de los objetivos del Club accionado. 2.4.1. Que igualmente dicha decisi�n se aprob� por una Junta Directiva cuyo per�odo se encontraba vencido, sin que los estatutos contemplen procedimiento alguno para expulsar socios del Club, pero s� estatuyen que para adoptar esa resoluci�n debe hacerse por toda la Junta Directiva de forma un�nime. 3.

Admitida la demanda, se corri� traslado a la corporaci�n accionada, la que se notific� a trav�s de su representante legal, quien confiri� poder a un profesional del derecho el que contest� oponi�ndose a las pretensiones, negando unos hechos, aceptando otros con aclaraciones y proponiendo las excepciones de fondo que denomin� �FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR� consistente en que no le asiste raz�n al demandante en los hechos descritos en la demanda, los cuales no se ajustan a la verdad en tanto las decisiones sociales fueron adoptadas con el lleno de los requisitos de ley y las exigencias de las autoridades administrativas; �CADUCIDAD PARA IMPETRAR LA ACCI�N�, de conformidad con lo previsto en el art�culo 421 del C�digo de Procedimiento Civil pues la acci�n se present� luego de haber transcurrido el t�rmino de dos meses desde la fecha de adopci�n de las decisiones; �PRESCRIPCI�N DEL DERECHO RECLAMADO� fundada en que al accionante no le asiste raz�n para reclamar sus derechos y no present� las acciones judiciales del caso en el t�rmino correspondiente; y, �FALTA DE LEGITIMIDAD PARA DEMANDAR Y ACTUAR EN EL PROCESO� por cuanto el actor no present� la prueba id�nea para la acci�n impetrada �y en virtud de la resoluci�n No. 050 de marzo 5 de 1966 el se�or FRANCISCO MORENO CAMPO, demandante en este proceso ya no es socio ni copropietario de la Corporaci�n demandada (..)�.

(fls. 35 a 39) 3.1. Contestaci�n que el juzgado dispuso no tener en cuenta por falta de presentaci�n personal del poder, se�alando a continuaci�n fecha para la celebraci�n de la audiencia prevista en el art�culo 101 ejusdem en concordancia con el art�culo 6� del Decreto 2651 de 1991, la cual se declar� fallida en su etapa de conciliaci�n por no haber concurrido el representante legal de la demandada, quien se excus�.

(fls. 41 y56) 3.2. Posteriormente se abri� el proceso a pruebas ordenando las pedidas por las partes y preclu�da la etapa probatoria se dio oportunidad a los intervinientes procesales para presentar sus alegatos de conclusi�n, t�rmino que utilizaron las partes. (fls. 58, 59, 97, 101 a 105) 3.2.1. La demandante insisti� en sus pretensiones advirtiendo que en efecto las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de la entidad accionada lo fueron con desconocimiento de las disposiciones contenidas en el estatuto social. 3.2.2.

El extremo demandado argument� esencialmente que la parte actora no cumpli� con la carga de probar los supuesto de hecho contenidos en la demanda, mientras que los hechos en los que se fundan las excepciones se encuentran plenamente probados, en tanto la Junta Directiva de la Corporaci�n Camino Real Country Club, para la �poca en la cual fueron adoptadas las decisiones que ahora se controvierten, se encontraba reconocida por la Alcald�a Mayor de Bogot� y dentro de ella actuaban suplentes porque los miembros principales no cumpl�an a cabalidad sus obligaciones como tales.

Que de conformidad con los estatutos sociales la junta directiva debe estar conformada no por siete miembros como se se�ala en la demanda, sino por cinco, tres de los cuales son nombrados por la asamblea general. Que se encuentra probado que el demandante incumpli� sus obligaciones como socio y no ostenta tal calidad al haber sido excluido por la junta de socios, la cual se realiz� de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la corporaci�n. 4.

Dict� el a-quo la sentencia respectiva, en la cual resolvi�: "1. DECLARAR PROBADAS las excepciones de PRESCRIPCI�N y CADUCIDAD, en relaci�n con las actas 002, 003, del 11 de enero y 6 de febrero de 1996 y la N� 12 del 29 de diciembre de 1995, y NO PROBADAS estas mismas excepciones, en relaci�n con las actas 004 y 005 del 21 y 26 de febrero de 1996, respectivamente.� �2.

DECLARAR NO PROBADAS las restantes excepciones por lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. �3. DECLARAR NULAS las actas Nos. 004 y 005 del 21 y 26 de febrero de 1996, respectivamente, en cuanto se relaciona con el RETIRO DE LOS SOCIOS EN MORA, los cuales quedan rehabilitados como tales�. �4. L�brese el oficio solicitado en el numeral 4� de las pretensiones a la C�mara de Comercio donde se encuentra registrada la entidad (Art. 42 Decreto 2150 de 1995). �5.

Las dem�s pretensiones de la demanda se niegan por improcedentes. �6. CONDENAR en costas a la parte demandada en un 70% t�sense.� 5. La anterior decisi�n fue impugnada por la parte demandada mediante recurso de apelaci�n, el cual una vez concedido compete resolver a esta Sala, satisfecho como se encuentra su tr�mite de instancia. EL RECURSO 5.1.

Lo concret� a la revocaci�n de los numerales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, a trav�s de los cuales se declar� la nulidad de las actas N� 004 y 005 del 21 y 26 de febrero de 1996 rehabilitando a los socios exclu�dos, aduciendo que la demandada es una persona jur�dica de la especie Corporaci�n sin �nimo de lucro, por los que sus estatutos son ley para sus integrantes seg�n lo ordenan los art�culos 636 y 641 del C�digo Civil, por lo que err� el a-quo al desconocer de manera directa el contenido del inciso 2� del art�culo 636 citado en punto a la competencia para subsanar el presunto error que hay en los estatutos en cuanto al n�mero de integrantes de la Junta Directiva de la Corporaci�n demandada, toda vez que en primer lugar se debe agotar la v�a administrativa para corregir los yerros presentados en ese sentido.

Que en los estatutos se encuentra un vicio contenido en el art�culo 41 en la medida en que se se�ala que los miembros de la junta directiva deben ser 7, �sin embargo, dice la misma norma que se eligen as�: 3 por la asamblea y los 2 restantes designados de su seno por la Junta Directiva en su �ltima reuni�n anual. Lo que indica que se eligieron �nicamente 5 miembros, sin que los estatutos hayan establecido c�mo o de que manera se deber�n elegir a los dos restantes�.

Que as�, la v�a pertinente para la correcci�n del error en menci�n era la ejecutiva y administrativa prevista en el citado art�culo 636 ejusdem, y no la solicitud de nulidad deprecada dentro del presente proceso. Que el a-quo no tuvo en cuenta que de conformidad con la documentaci�n allegada, en especial la constancia expedida por la Alcald�a Mayor de Santaf� de Bogot�, los miembros de la junta directiva que figuran en la misma coinciden con los que suscribieron las decisiones impugnadas, en el orden de principales y suplentes.

Que el juez de primera instancia profiri� un fallo extrapetita pues se pretendi� la nulidad de unas actas y �ste a m�s de lo pedido rehabilita a los socios excluidos como tales, sin que ellos lo hubieran solicitado, como que ni siquiera el demandante lo impetr�, a m�s que la nulidad no es la acci�n pertinente para obtener la rehabilitaci�n de la calidad de socio.

Que los estatutos de la corporaci�n disponen en su art�culo 44 que la junta directiva podr� deliberar con tres de sus miembros principales y tomar decisiones v�lidamente con la mayor�a de votos y en ausencia de los miembros principales procede el llamado a los suplentes, aspecto que se cumpli� a cabalidad en las pluricitadas decisiones. Que el a-quo olvid� que sobre el mismo asunto ya hubo un pronunciamiento, cosa juzgada, en el litigio seguido por Carlos Villamil Garc�a contra la Corporaci�n, sentencia que obra en el expediente y est� en firme, la cual da cuenta que se analiz� la legalidad de las actas Nos. 004 y 005 de fecha 21 y 26 de enero de 1996 y se decidi� en contra de lo pretendido por el demandante. 5.2.

La parte actora se�al� que la demandada es un ente asociativo sin �nimo de lucro, de car�cter corporativo, persona jur�dica sujeta al r�gimen previsto en el C�digo Civil en su Libro I, T�tulo XXXVI, art�culos 633 a 649. Que de conformidad con el art�culo 636 existe legitimaci�n para la proposici�n de esta acci�n, la que deb�a rituarse por la v�a ordinaria en tanto que no tiene un tr�mite especial por no tratarse de una sociedad civil o comercial, por lo que se equivoc� el a-quo al aplicar el art�culo 421 del C�digo de Procedimiento Civil, debi�ndose en esta instancia modificar la sentencia para declarar la nulidad de las decisiones a que se refieren la totalidad de las actas demandadas.

Que la decisi�n a que se refiere el extremo pasivo se aport� luego de vencido el t�rmino probatorio y que de conformidad con el art�culo 1742 del C�digo Civil el Juez puede declarar la nulidad a�n sin petici�n de parte. CONSIDERACIONES Cumplidos a cabalidad se encuentran los llamados presupuestos procesales como son capacidad para ser parte, capacidad procesal, demanda en forma y competencia. De suerte que no existiendo respecto a ellos reparo alguno, ni causal de nulidad que invalide en todo o en parte lo actuado, el pronunciamiento ser� de m�rito.

Corresponde a esta Sede Judicial pronunciarse exclusivamente sobre las declaraciones impugnadas por la parte demandada, de conformidad con la competencia que otorga el art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Civil y en atenci�n a que la parte actora no apel�, ni adhiri� a la alzada interpuesta contra la sentencia. Luego el tema a resolver se concreta a la nulidad de las decisiones adoptadas por la Junta de Socios de la Corporaci�n Camino Real Country Club contenidas en las actas No. 004 y 005 del 21 y 26 de febrero de 1996.

Como lo informan las partes procesales y se desprende del certificado expedido por la Alcald�a Mayor de Bogot� la Corporaci�n Camino Real Country Club es una entidad sin �nimo de lucro, con personer�a jur�dica reconocida, de donde resulta aplicable la jurisprudencia que se�ala que �La Corporaci�n est� formada por una reuni�n de individuos y tiene por objeto el bienestar de los asociados, sea f�sico, intelectual y moral.

No persigue fines de lucro�, objetivo que se aprecia en la constituci�n de la demandada, pues tal se radic� en desarrollar actividades exclusivamente recreativas, vacacionales, deportivas, sociales, art�sticas y culturales sin tener como finalidad la consecuci�n de �nimo de lucro, tal como se establece a partir del compendio estatutario militante en el expediente.

Naturaleza que se adecua a lo reglado por el art�culo 5� del Decreto 3130 de 1968 �De las fundaciones o instituciones de utilidad com�n. Son instituciones de utilidad com�n o fundaciones las personas jur�dicas creadas por la iniciativa particular para atender, sin �nimo de lucro, servicios de inter�s social, conforme a la voluntad de los fundadores. �Dichas instituciones, como personas jur�dicas privadas que son, est�n sujetas a las reglas del derecho privado y no est�n adscritas ni vinculadas a la administraci�n. (..)� Vista as�, la figura de la corporaci�n constituida sin �nimo de lucro se encuentra regulada en el C�digo Civil, por lo que se tiene que las normas aplicables en materia de impugnaci�n de decisiones sociales para este tipo de personas jur�dicas corresponden a las previstas en el C�digo Civil y a las contenidas en sus estatutos.

De lo anterior se colige que no le asiste raz�n al apelante en la medida en que considera que la v�a id�nea para atacar las decisiones a las que se ha hecho alusi�n es la v�a administrativa que se debe incoar ante el ejecutivo, la que se encuentra prevista en el art�culo 636 del C�digo Civil as�: �Todos a quienes los estatutos de la Corporaci�n irrogaren perjuicio, podr�n recurrir al poder ejecutivo ya citado, para que en lo que perjudicaren a terceros, se corrijan, y a�n despu�s de aprobados les quedar� expedito su recurso a la justicia contra toda lesi�n o perjuicio que de la aplicaci�n de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles�.

Norma que inequ�vocamente regula la responsabilidad de la Corporaci�n en cuanto sus estatutos causen perjuicios a persona alguna, a quien le otorga la facultad de solicitar la correcci�n de �stos o, aprobados, demandar por la lesi�n que se le cause por su aplicaci�n, supuesto que no se configura en el sub-lite pues tal no es el tema puesto a consideraci�n de la justicia, sino que el problema jur�dico planteado se circunscribe a la validez de las decisiones adoptadas por la junta directiva de la sociedad accionada, de donde es la v�a ordinaria ante la jurisdicci�n la id�nea para dicho fin.

Y como esta acci�n se ritu� por ese tr�mite ante el juez competente, ning�n reparo merecen esos presupuestos. Necesario resulta, ahora, abordar el problema de legitimaci�n por activa, negada por el extremo pasivo, en tanto que tal como lo han sostenido la jurisprudencia y la doctrina es asunto propio del derecho sustancial y por ende su falta acarrea decisi�n adversa a la litis.

Frente al tema ha dicho la Corte: "La legitimaci�n en la causa, seg�n lo ha ense�ado la Corte 'no es un presupuesto del proceso sino cuesti�n atinente al derecho de acci�n o contradicci�n. En otros t�rminos se dice que s�lo est� legitimado en la causa como demandante la persona que tiene el derecho que reclama y como demandado, quien es llamado a responder, por ser, seg�n la ley, el titular de la obligaci�n correlativa.

No alude el fen�meno a la formaci�n del proceso sino a los objetos de la relaci�n jur�dico procesal que en �l se controvierte; como no ata�e a la forma sino al fondo no admite despacho preliminar sino que debe ser estudiada y resuelta en la sentencia. Dada su naturaleza la legitimaci�n en la causa, ya sea por su aspecto activo o pasivo, o por ambos a la vez, no puede conducir a un fallo inhibitorio sino a una sentencia de fondo, desestimatoria de las pretensiones del demandante, con efectos de cosa juzgada material y no meramente formal, desde luego que en ella se resuelve la improcedencia de la acci�n instaurada ante la ausencia de los verdaderos sujetos que complementan su configuraci�n.'" El doctor HERNANDO MORALES MOLINA, en su Curso de Derecho Procesal Civil, define con claridad el concepto de legitimaci�n, as�: "(..)De modo que la cualidad en virtud de la cual, una pretensi�n puede y debe ser ejercitada contra una persona, en nombre propio, se llama legitimaci�n para obrar: activa para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho, y pasiva para aquel contra el cual �sta se ha de hacer valer", para luego citar a la Corte, de la siguiente manera "'lo concerniente a la legitimaci�n en la causa es cuesti�n propia del derecho sustancial y no del procesal, raz�n por la cual su ausencia no constituye impedimento para desatar el fondo del litigio, sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor � La falta de legitimaci�n en la causa de una de las partes no impide al juez desatar el litigio en el fondo, pues es obvio que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no es el llamado a responder, debe negarse la pretensi�n del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material a fin de terminar definitivamente el litigio en lugar de dejar las puertas abiertas, mediante un fallo inhibitorio, para que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo indefinidamente, o para que si�ndolo lo reclame indefinidamente de quien no es persona obligada.'(La Ley No. 25, p�g. 50)" Siguiendo el precedente derrotero jurisprudencial y doctrinario se tiene que en la especie de estos litigios se encuentra autorizado por la ley para impugnar las decisiones sociales quien resulte perjudicado con alguna de ellas y si tal, como en el caso en estudio, se refiere a la exclusi�n del socio de la persona jur�dica que produce la determinaci�n, claro resulta que �ste era miembro de la misma, que la decisi�n le causa perjuicios y por contera se halla autorizado para cuestionar la validez de la decisi�n. Emerge, entonces, de conformidad con las pruebas que obran en el litigio que el actor satisface las exigencias legales y por ende se halla legitimado para proponer la acci�n de impugnaci�n, por lo que se procede a efectuar el correspondiente estudio, para lo cual previamente se abordar� lo atinente a la oposici�n que formula el inconforme alegando la existencia de cosa juzgada.

Alude el recurrente que el asunto discutido en el presente litigio ya fue objeto de otro proceso en el que se profiri� fallo respecto de la legalidad de las decisiones contenidas en las actas que ahora se impugnan, proceso en el cual el actor, Carlos Villamil Garc�a, formul� demanda por los mismos hechos y bajo los mismos presupuestos. El fen�meno de la cosa juzgada se encuentra regulado en el art�culo 332 del Estatuto Procesal Civil y tiene ocurrencia �siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes�, sin que en el presente asunto y en el tra�do a colaci�n por el impugnante se encuentre la identidad jur�dica de las partes en tanto que en uno y otro actuaron personas diferentes en el extremo activo, lo que de plano permite descartar la existencia de la figura de la cosa juzgada, como causa impeditiva de un pronunciamiento de fondo.

Resueltas las cuestiones precedentes, se ocupa la Sala de lo correspondiente a la pretensi�n de nulidad de las actas Nos. 004 y 005 del 21 y 26 de febrero de 1996 respectivamente, asunto objeto de impugnaci�n. Y con este prop�sito se recuerda que toda persona jur�dica debe estar estructurada con un m�nimo de condiciones que permitan su reconocimiento como sujeto de derecho y hagan posible la realizaci�n de su objeto social, requiri�ndose para las corporaciones, que son las que aqu� interesan, la existencia de un grupo de personas f�sicas que emitan la declaraci�n de voluntad dirigida a crear una persona jur�dica diferente de los sujetos que la componen cuya organizaci�n comprende el conjunto de reglas que habr�n de regir tanto su vida interna, como externa, conjunto de normas que forman sus estatutos.

Y de conformidad con el art�culo 641 del C�digo Civil �Los estatutos de una corporaci�n tiene fuerza obligatoria sobre ella, y sus miembros est�n obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan�. La Corte Suprema de Justicia ha se�alado: �Se entiende por constituci�n el conjunto de reglas sobre organizaci�n de la asociaci�n, o sea, especialmente, sobre su fin, sede, condici�n de miembro de la misma, toma de acuerdos, direcci�n y dem�s �rganos de la asociaci�n. Corrientemente estas reglas se recopilan en un documento que se denomina estatuto (�)� �Si los estatutos de una corporaci�n, de acuerdo con el art�culo citado, tienen fuerza obligatoria sobre ella y sus miembros, las condiciones que se�alen, los requisitos que exijan, son de obligatorio cumplimiento, porque los estatutos de una corporaci�n son la ley que la rige, y si estos establecieron solemnidades sin las cuales no se puede ingresar a ella, esas solemnidades han de cumplirse fielmente.� As�, se observa que los estatutos de la corporaci�n son ley para la misma y para sus miembros, es decir, se asimilan al contrato y como tal, constituye ley para las partes.

Prev� el art�culo 1740 del C�digo Civil que �Es nulo todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato seg�n su especie y la calidad o estado de las partes�, de donde las determinaciones que se tomen en contravenci�n de las disposiciones contenidas en la ley o en los estatutos estar�n viciadas de nulidad, en la medida en que surgen a la vida jur�dica en contraposici�n a las normas que regulan su origen.

N�tese que de las cl�usulas pactadas dentro del cuerpo estatutario se deriva el llamado �Derecho de polic�a correccional de la corporaci�n� contenido en el art�culo 642 del C�digo Civil, que representa el poder disciplinario de toda asociaci�n privada sobre sus miembros, facultades estas que emergen de la separaci�n que existe entre la corporaci�n como persona jur�dica y los miembros que a ella pertenecen, los que est�n obligados a obedecer sus estatutos.

Y fue en virtud de esas facultades que la Junta Directiva de la Corporaci�n demandada decidi� la exclusi�n de 84 miembros de la misma, entre los cuales se incluy� al demandante, decisiones que delanteramente se advierte, se encuentran ajustadas plenamente a las disposiciones contenidas en el contrato social y por ende resultan v�lidas. En efecto.

De conformidad con los estatutos militantes a folios 65 a 73 del cuaderno No. 1� - seg�n consagra el art�culo 41- la Junta Directiva de la Corporaci�n Camino Real Country club estar� compuesta por siete miembros principales con sus respectivos suplentes �personas elegidas entre las personas naturales que ostenten la calidad de socios del Club, as�: Tres (3) elegidos por la Asamblea y los dos (2) restantes designados de su seno por la Junta Directiva en su �ltima reuni�n anual (..)�.

Disposici�n que como surge de su tenor literal presenta inconsistencias en punto al n�mero de integrantes de la Junta, en tanto que si bien a su inicio indica que ser�n 7, prescribe luego como se elegir�n 5, sin mencionar el procedimiento para los dos restantes. Regla que justamente es invocada por el demandante para peticionar la nulidad y sirvi� para que el a-quo fundara su decisi�n entendiendo que eran 7 los miembros que deb�an adoptar la decisi�n, por lo que compete interpretarla para determinar el querer de los asociados.

Interpretaci�n que impone se�alar que la voluntad de los miembros de la corporaci�n indudablemente fue el de establecer la conformaci�n de la Junta Directiva por 5 de ellos, conclusi�n a la que se arriba teniendo en cuenta que la comprensi�n de esa norma no puede realizarse aisladamente sino de manera integral y al efectuar esa labor de hermen�utica indiscutiblemente surge que la declaraci�n de voluntad de los socios de la Corporaci�n fue el de que aqu�lla estuviera compuesta por cinco de sus miembros porque solamente frente a �stos se instituy� la forma como ser�an elegidos y designados, sin que en disposici�n alguna se encuentre referencia a los otros dos; deducci�n que adem�s se deriva de la permisi�n contenida en el art�culo 44 para que dicho �rgano delibere con la presencia de tres de sus miembros, pues no resulta l�gico que tal se autorizara con un n�mero inferior a la mitad de sus miembros, apreciaci�n que tambi�n halla apoyo en las constancias que obran a folios 33 y 34, 51 y 52 en las cuales aparece que para el per�odo comprendido entre el 26 de abril de 1993 al 25 de abril de 1995 se inscribieron 5 personas como miembros principales con sus respectivos suplentes, mientras en la segunda figuran solamente tres miembros principales y tres suplentes.

Ti�nese, entonces, que acudiendo a las pautas legales consignadas por el legislador en los art�culos 1620 a 1622 del C�digo Civil para interpretar las disposiciones faltas de claridad que sean objeto de discusi�n judicial, se debe resolver la imprecisi�n puntualizada en el sentido inicialmente advertido, esto es, que la voluntad de los asociados fue que su Junta Directiva quedara conformada por cinco (5) miembros.

Ahora bien, se establece en el mismo estatuto que el per�odo de vigencia de los miembros de la junta directiva ser� de 2 a�os, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y consignando como una de sus facultades en el literal h. del art�culo 44: �Decidir sobre las sanciones a que hubiere lugar y decretar la suspensi�n o p�rdida definitiva de la calidad de miembro de la Corporaci�n, en los casos y con las formalidades que los Estatutos o la Junta Directiva se�alen�.

Y se pierde la calidad de miembro, seg�n los literales e y f del art�culo 24 de los Estatutos, por faltar a los deberes y obligaciones que imponen los reglamentos del club y por expulsi�n decretada por la Junta Directiva, causales que requieren decisi�n un�nime de la Junta Directiva en dos sesiones distintas, previniendo que �la sanci�n podr� llegar si as� lo determina la Junta Directiva hasta la p�rdida del derecho, a favor de la Corporaci�n y sin derecho a pago o a indemnizaci�n�.

El art�culo 44 de los estatutos textualmente prev� �La Junta Directiva no podr� deliberar sin la presencia de tres (3) de sus miembros, por lo menos. Sus decisiones para que sean v�lidas deben ser adoptadas por mayor�a de votos�, norma de la cual se sigue que, sin excepci�n alguna, se autoriz� a la Junta para sesionar y decidir con un qu�rum de tres miembros, sin establecer la calidad de ellos, esto es, s� tales deb�an ser exclusivamente principales o pod�a integrarse con suplentes, s�lo que, como anteriormente se anot�, seg�n el par�grafo del art�culo 24 la exclusi�n de los socios requer�a decisi�n un�nime, que no la mayor�a que prev� la disposici�n transcrita.

Entonces, de conformidad con los estatutos la determinaci�n contenida en las actas que se impugnan deb�a ser adoptada de manera un�nime, por lo menos por tres miembros de la Junta Directiva, la que como se dej� visto se conforma por 5 de ellos, y en dos sesiones diferentes. En punto a la actuaci�n de los suplentes, valga decir, que para su intervenci�n no se hall� procedimiento a seguir en los estatutos, pues a tal s�lo se refiere el art�culo 45 al se�alar las atribuciones de la Junta Directiva y disponer como una de ellas �Llamar a los suplentes, en caso de falta absoluta, temporal o accidente de los principales, y designar de su seno suplentes interinos de sus dignatarios�.

Aplicados los anteriores criterios a las actas impugnadas �Nos. 004 y 005- se establece que la Junta Directiva se reuni� el 21 y el 26 de febrero de 1996, que en el orden del d�a de la primera data citada se encontraba como asunto a tratar �Primera sesi�n retiro de socios en mora� y que luego de le�da la lista �la Junta Directiva en primera sesi�n aprueba por desici�n (sic) un�nime que dichos socios pierdan el derecho o acci�n y a pertenecer como miembros de la Corporaci�n (..)� y en la segunda de las fechas se trat� �Segunda y �ltima sesi�n para retirar los socios en mora econ�mica� y que �Los integrantes de la Junta Directiva un�nimemente aprueban que dichos socios pierdan el derecho o acci�n y a pertenecer como miembros de la Corporaci�n (..)�.

(fls. 29 a 32) De acuerdo con certificaci�n expedida por el Jefe de la Oficina de Personas Jur�dicas sin �nimo de lucro de la Alcald�a Mayor de Santaf� de Bogot� para el mes de febrero de 1996, la Junta Directiva estaba compuesta de la siguiente manera: Jairo Anibal Diaz Santos como gerente, como miembros principales: Hernando Nieto Torres, Adolfo Le�n G�mez Correa, Luis Arturo T�llez Moya, Angel Malaver Chaparro, Alvaro Enrique Pe�a y Medardo Mendez Ca��n y como suplentes Fredy Gomez Ardila, Julio E. Rodr�guez, Jeselyn Coy, Carlos E. Botero, Pedro P. Pe�a y Leonardo Peralta, inscripci�n que se llev� a cabo previa solicitud radicada bajo el n�mero No. 16865 de fecha 16 de mayo de 1996.

Varios de esos integrantes de la Junta, fueron reelegidos pues se desempe�aban como tales en el per�odo anterior. Las actas impugnadas se encuentran suscritas por HERNANDO NIETO TORRES, ANGEL MALAVER, ADOLFO LEON GOMEZ, LEONARDO PERALTA, ALVARO PE�A y ARTURO TELLEZ, lo que indica que para la adopci�n de las decisiones contenidas en las actas referidas intervinieron tres miembros principales, que lo fueron Hernando Nieto, Angel Malaver y Adolfo G�mez, quienes deliberaron con los miembros suplentes Leonardo Peralta, Arturo T�llez y Alvaro Pe�a. Entonces, resulta, que la decisi�n cuestionada se adopt� por el Organo Social que autorizan los estatutos, con el qu�rum que �ste exige, de manera un�nimemente y en dos decisiones distintas, como lo prev� el par�grafo del art�culo 24, de lo cual se colige que se cumpli� con el lleno de los requisitos previstos en los estatutos y por ende que tales son v�lidas.

As� las cosas observa la Sala que las decisiones sociales objeto de impugnaci�n, se ajustaron en su integridad a los estatutos sociales, sin que se pueda derivar la invalidaci�n deprecada por la parte actora, por lo que la sentencia en cuanto es objeto de impugnaci�n debe ser revocada, para en su lugar negar las pretensiones y sin condena en costas por la prosperidad del recurso.

DECISION Por lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf� de Bogot�, D. C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE REVOCAR los numerales tercero, cuarto y sexto de la sentencia calendada mayo cuatro (4) del a�o dos mil (2000), proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad y en su lugar se dispone:

PRIMERO: NEGAR en su totalidad las pretensiones formuladas por el extremo demandante, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA POR LA PROSPERIDAD DEL RECURSO (Art. 392 del C.P de C)

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Los magistrados, LUZ MAGADALENA MOJICA RODRIGUEZ CARLOS JULIO MOYA COLMENARES HUMBERTO A NI�O ORTEGA PRIMERO: NEGAR en su totalidad las pretensiones formuladas por el extremo demandante, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia por la prosperidad del recurso. (art. 392 del C. P. de C.) NOTIF�QUESE Y CUMPLASE Los Magistrados, LUZ MAGDALENA MOJICA RODRIGUEZ CARLOS JULIO MOYA COLMENARES HUMBERTO A. NI�O ORTEGA Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 22 febrero de 1971, G.J. T. CXXXVIII, p�g 131. Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, parte general, 1985, p�gs. 147 y 148. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 26 de junio de 1944.

G. J. T- LVII. P�g. 417 PAGE PAGE 18 T. S. B. S. Civil Exp.961220048 A ��Z3�j r e'f'j'�'�'9+,,--�-.�1�1.242�3�3y446:6�9�9H;X;�<�<BRB�D�D�H�H��ƽƱ��ƱƛƏƏƏƏ�Ə�{Ʊ�{��ƛƏ6�CJOJQJ^JCJOJQJ]�^J6�CJOJQJ]�^JCJOJQJ^JmH $sH $CJ6�]�6�5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^JCJOJQJ^JCJOJQJ\�^J5�CJOJQJ^J5�@��CJOJQJ^J j5�@��CJOJQJU^J0>�� X�� $ ��a$$a$X$$If�F��,r�0��6��4� Fa� $$Ifa$x��ȍ�� !�� Z��d�`�d�$dha$$�p^�pa$$ ��a$��F��$%��F!G!\"]"G#H#�%�%h&i&X'Y'�'��'�'�(�(A)B)* *�*�*�*�*9+:+,,,,y/z/P1Q1&2'2h3i3�4��$�`�a$d��d�`�d��4�4,6-6�7�7h:i:G;H;X;Y;�<�<�=�=�>�>�A�A)C*C�C#E$E�G�GJ��`�$�`�a$�HeI�J�J�K�K�O�O�O�OwPyP@UAUCUDUJW�X�X�`�c�c�c&f'f�l�ly y#|/|M�T��ʻ��Ӳ��؜��w��j�`�T�T�`5�6�CJOJQJ^J6�CJOJQJ^JCJOJQJ^JmH sH j0JCJOJQJU^JCJOJQJ^JCJOJQJ^JmH sH CJOJQJj0JCJOJQJUaJCJOJQJaJj0JCJOJQJUaJCJOJQJaJOJQJCJOJQJ^JaJ@��CJOJQJCJOJQJ^JCJOJQJ]�^J JJzJ{J�K�K�K�O�OwPxPBUCUDUJWKW�X�XZ��$�pdh`�pa$$a$$�N��]�N^��a$$dha$$�O�7]�O^�7a$$��dh`��a$$�Odh`�Oa$$ �0��Odh*$`�Oa$ZZ�\�\`]a]�_�_�`�`�`�`bb�c�cIdJd&f'f�g�gFiGi:k;kBl��$dha$�`��d�`�d�BlClQmRmOr�s�s�u�u�w�wPzQzd{e{}} � �$�%�ڄۄF�G�ƇǇЇч҇��҇��i�j��_�`�w�x��ʊˊ̊�|�}��T��`�g�i�y��}��Ë��t�u�w�x�y�ьҌ3�4�5�s��ō��ĳ��x��q B*CJph��0JmHnHu0J j0JUCJaJmH sH CJaJj0JCJUaJCJaJj0JCJUaJ!B*CJOJQJ^JmH ph��sH B*CJOJQJ^Jph��5�B*CJOJQJ\�^Jph��CJOJQJ\�^J5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J,��3�4�5�6�7�8�U�V�W�[�\�]�u�v�w�x�ь4��&`#$��ōƍǍȍɍ��$�h]�ha$��&`#$�h]�hōɍ6 00&P1�F��. �I!�� "��#�� $��%��Ddg��t=��H� � c�$��Y��_��_��A��2��^�lVY��?LQ)��D�`!��^�lVY��?LQ)��=9�� x��o$�u�Y��9�E\�`��Ȁ,��|�O�9��,#��>��}�)�Glu��K�� 7S [��-�}YUݚ��^�@�Z�j$U}�E>�_|�$�B��_ ��/��ϳ��O�o�{ ��y"��?>T�P��7��?��}u�}W"^��o^�?�O�}rp�׿�×��O�,�}|��Ã�-��Ev��$��L�7}��[�3�S��7�?��ڄ��̅��o�օO�O��t=]O��t=]O��t=]O��t=]O��t=]O��t}�W�7�Bo~/��3��z� !�pq=a�h=r%�6�TX��*�"{�(�K�~�k��R��t;�n{�F��dx��Q��"��sUx��1�>.��ͨ#ѓ��d�3Ѕ�}��:z� �#"<��!�PܠZz��)�И I�m��ϧ��&E��1R!J=��ᅬ��\��BM��EM��!t�N�﵄D��gޯ�]�P��Nu bqEsFck�q�q_sBw�EF��4b�݅,�u�{Bw��0[�R��ȪiB#��9@~ �DZ��N��2OI�s�� V��-�IR�eS?��0��d�;�!��0`d��P�W��ҩ�k9V��'#��Z�4 ��!\� ��xF�)ݡoC-k01*m��8N�)�]d�#�\ֺa(�s� ��'(f�IE�� ?�u��O'�2H3^ Q�<-��,��2�ŭ�!��%��×%F�;_DF�0�Ҁl\��Iŷ�2N))B?�v� ��.t��iq!�aP��*��Hg�..)Rbd��ŨG�10��Y:2��^��ŦiR�&4R~\k�#�rX��Ͼ��K�^'$ �'�"��h��1�$5H#K�FN��+X�G��&��kI~�̦�x� <�*H��d`�uA�#!%@�߯I�J��U*gF!Hf�=��TF�0�O�91ϹM��Ȕ�d`�� @%��Jm��޲� �1s��p/�ެbF��?^�VA��=O�,�4�H{��]z.�\��\�s��F��]D10�5K!*�2�X�3f��$e��|HT�n�jf��)}��bH!�n��xF�q�>Vu*�C��@�+�G��2��*�;5�/[�b�.��(��bC��~FxO�N��z��3�Ro�7]j�s^�;bp'��"e��޺��r��%��$��L��{��Vw��^�\�ʔ� �1`5Mw�sؼ�S��M��4FN�`s�q��=O^�,H��562��n ��%M��O��)1D`�mt��^�� 4=��H�� k#�6��&��L��A��ʤ��UZ�̨�Gځ�F]�^�r`�c�?�i�|�]#(k�C��t��*hf�6l��e��H(��KZ��B<�_/�ح�x�!��/x��Ma��KyF�x�I�N�Nž�4�}�0g�U0��/K��D��YT�Q��J��9?IV"ڧ�&��h�,�Sօ5��&Y>4�.��p�/��?"!u�.�!-D~�/�$?#O&��N=^��{<��s��r&#C7S n��͠�#׶�]_S�AS��B#�;�l�v2�s�F�eq�Q;��Fs,d{�K(�� 0��h�Y� ��A�T`�Kݙf��d��f=Y �8��wH�&[��â�Ǻ�$д�O4�Ty�9 N��`�@��y1�(��(ZF!8۠��8<�y�?f�Ae�Q��n��3%[��0�ͧ�w��h��p�}3��*a�g��f˖�~W�S��k}�X��Q�˂�/�]K �� >`�6�� hXW󀑵=v��k�?W�|�H�^?7c��N N|�wq:�1��X�b�o��C��:�`��A,�88�� r��5�n��8��6Z�!��OQ�%Qŋ/�� PXɷ��"3�F~:�a"#FT:�L�S�!͌H��vh��i�#+��#�R� CSJ�q$�7)12w��y��Y�S��|��g� /��ő�$��Cq�� #�c�Fb��vA�;��Z<Û�s�)l�!��,"c�l��-��z�X(�%��n��sg�/r��`�B3�A �=Jbi��p(��ڗ�QF�D�K��\`$FŌ��Ġ�/[��C�2N�.��{!��D{�S�EH|�Ȫ�A�\��W)3�9^�(0tˠV:�ܕ��.�ˣ��ې:�>��p��:��d-�(��ߒ�ɯ�"��j%�r��ع=�Px�� z^��O��ȽT~��Z��8�h�j�̤��r��U+Q%��Ud��$C]�[>�̯��<m�~ȎXU��Nwy h��Bo��@ޕ�3�A�S�F�f�2��R6nr�20�GFɰ��-{��PX �� լl��p��53vOd�C�銗��Xie�EoC�@C�! 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LUZ M\clasificiando2005mrlm\961220048 A - Impugnaci�n actas fundaci�n.docConsejo SuperiorzC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 961220048 A - Impugnaci�n actas fundaci�n.asd��x�ʉ��%�0�@��@'��ɉP@��Unknown��G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�Arial5&��:�Tahoma7&��Verdana"q��([��'�Ft��-��p9�+�r:�� d��20d1�"� 3�Q��H�� lmojicarConsejo Superior�� Oh��+'��0�� 8DP \hpx�� ss lmojicar mojmojNormalrConsejo Superiord5nsMicrosoft Word 9.0@NSI@)9��@��`�@2��0n��p�� ՜.��+,��0�hp|�� o�91� T�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX��Z[\]^_`abcdefg��ijklmnopqrstuvwxy��{|}~��Root Entry�� F�C��0n��Data ��Y�1Table��h9"WordDocument��8�SummaryInformation(��zDocumentSummaryInformation8��CompObj��kObjectPool��C��0n��C��0n�� FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q