1100131030 27200400703 03 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� q` ��kbjbjqPqP 7�::;bS�� ,,,8:,��,\�~F�6-6-"X-X-X-W.W.W.�E�E�E�E�E�E�E$VHh�JL#F�)AW.W.)A)A#F��X-X-�8FCCC)A^�X-�X-�EC)A�ECC��CX-*-P�EAd��,�A^C�EDNF0~FC K�A� KCC0 K�ICpW.�3`Cq6�%9W.W.W.#F#F�B^W.W.W.~F)A)A)A)A��,��,�� TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N Bogot� D.C., diecis�is (16) de diciembre de dos mil diez (2010) Magistrado Ponente: MANUEL PARADA AYALA (Proyecto discutido y aprobado en Sala del 15 de diciembre de 2010, seg�n acta N� 12) MOTIVO DE LA INSTANCIA Desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2009 por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot� D. C., a cargo de la Dra. MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

ANTECEDENTES Los demandantes MARTHA IN�S MORALES ROJAS y HELMER GUTI�RREZ PI�EROS, por intermedio de apoderada judicial solicitaron que previo el tr�mite de un proceso ordinario, se declarara que pagaron a la entidad demandada BANCO COLMENA un mayor valor del total del cr�dito hipotecario N� 119170492439, con anterioridad a las leyes y normas de reliquidaci�n de los mismos y que como consecuencia de ello, se le ordene a dicha entidad restituir o devolver el mayor valor pagado de acuerdo al an�lisis financiero que se anex� a la demanda el cual reporta como cancelado en exceso al banco la suma de $76.163.162,13, junto con los intereses o la suma que se demuestre a trav�s de la prueba pericial.

Los demandantes soportan sus pretensiones en los hechos que a continuaci�n se compendian. Luego de referirse a los antecedentes, evoluci�n y extinci�n de la unidad econ�mica denominada UPAC, la abogada actora manifest� que la f�rmula de c�lculo de la UPAC hab�a sido variada por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica proscribiendo al IPC factor al cual se hallaba atada en su inicio, at�ndola a la variable DTF, lo cual condujo a que los cr�ditos en esa unidad se desbordaran creando un desequilibrio contractual devastador en contra de los deudores de ese sistema.

Comenta, que los demandantes adquirieron con el BANCO COLMENA -demandado- el cr�dito N� 119170492439 el 01 de junio de 1993, por valor de 28.910.000.oo con el cual compraron una vivienda para ellos y su familia. Que desde el inicio del cr�dito hasta cuando se verific� el pago total, se cancelaron cuotas mensuales y un abono extraordinario en los cuales se aplic� el sistema de amortizaci�n con capitalizaci�n de intereses, la margen de intermediaci�n no fue convenida y los seguros fueron cobrados y cancelados en UPAC, prohibido expresamente en el art�culo 126 del Estatuto Org�nico Financiero.

TRAMITE Luego de que la demanda quedara radicada en el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot�, �ste, por auto del 14 de marzo del a�o 2005 la admiti� y dispuso su traslado a la entidad demandada. (folio 39 C. 1). El BANCO COLMENA se notific� en legal forma y dentro del t�rmino de traslado, a trav�s de apoderado judicial contest� la demanda y formul� las siguientes excepciones de m�rito: Pago por la suma de $9.808.104.oo ya abonada al deudor, seg�n el art�culo 43 de la ley de vivienda.

BCSC dio estricto cumplimiento a las resoluciones externas de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, mientras estuvieron vigentes. Si la parte demandante sufri� alg�n perjuicio en virtud de la aplicaci�n de la ley, de este no es reprochable BCSC. Las sentencias de inconstitucionalidad de las leyes emitidas por la Corte Constitucional tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario.

El BCSC no ha incumplido el contrato de mutuo de que trata la demanda. No se dan los supuestos legales para que se declare el pago de lo no debido, y la gen�rica. Luego de haberse convocado y realizado la audiencia prevista en el art�culo 101 del C. de P.C. (folios 148 C. 1), sin haberse logrado acuerdo alguno, se abri� a pruebas el proceso (folio 149 C. 1) y fenecido dicho estadio, se corri� traslado para alegar de conclusi�n (folio 355 C. 1) y dentro del t�rmino otorgado las partes presentaron sus respectivas alegaciones.

La parte demandante aclara que la demanda no pretende la aplicaci�n de un alivio derivado de la ley, sino un reembolso o restituci�n de lo pagado en exceso, y que las pretensiones no van encaminadas �nicamente a la revisi�n de la reliquidaci�n ordenada por la ley 546 de 1999. Se�ala, que el alivio no se ve reflejado en el cr�dito puesto que no hay una disminuci�n del saldo capital, y que el banco demandado revers� la aplicaci�n del alivio por lo que no existe una raz�n legal ni financiera para que se propusiera excepci�n de pago.

Que COLMENA capitaliz� intereses en el sistema de amortizaci�n resultando un cobro excesivo en contra de los demandantes, pues los actores pagaron $151.608.574 por un cr�dito de $28.910.000. (Fl. 346 -312 C.1) Por su parte, la entidad demandada pide que se declare el pago de lo no debido, pues las pruebas practicadas indican que existe una excepci�n de pago total por los inciertos y perjuicios que la actora pudo sufrir por el cr�dito que existe a su cargo, por lo cual el pago del alivio por parte del demandado, debe entenderse como una excepci�n de pago atendiendo el imperativo de la ley, puesto que se reliquid� el cr�dito produci�ndose as�, un alivio abonado al cr�dito N� 0199170492439, que fue aplicado al saldo que contra�an los demandantes y que seg�n comunicaci�n remitida por la Superintendencia Bancaria (Fl 289-294 C.1), verificada la informaci�n se determin� que la reliquidaci�n se ajusta a la normatividad que la regula y que el alivio que le correspond�a al cr�dito objeto de esta demanda era de $9.808.103,575 suma que coincide con la excepci�n de pago propuesta en la contestaci�n de la demanda.

Agrega que la pretensi�n de los demandantes de que se efect�e una reliquidaci�n diferente a la ordenada por la ley 546 de 1999 es ilegal. Por lo anterior pide que se nieguen las pretensiones de los demandantes. (Fl 357- 367 C. 1). DE LA SENTENCIA APELADA Agotados los tr�mites correspondientes, el juzgado de conocimiento dirimi� la instancia mediante la sentencia objeto de apelaci�n (folios 368 a 376 C. 1), por medio de la cual declar� probada la excepci�n denominada �no se dan los supuestos legales para que se declare el pago de lo no debido�, neg� las pretensiones de la demanda, declar� probada la objeci�n que por error grave hab�a propuesto la entidad demandada contra el dictamen pericial y conden� en costas a los demandantes.

El sustento de dicha determinaci�n lo constituye b�sicamente, el hecho de �� que hasta la aplicaci�n de la ley 546 de 1999 fue permitida la capitalizaci�n de intereses, de tal manera que solo a partir de esa normatividad se prohibi� y por tal circunstancia los cr�ditos aun cuando obtuvieron el alivio presentan un cobro muy superior a la obligaci�n original, aunado a la revalorizaci�n de la UVR por raz�n de lo anterior�.

As� mismo consider�: �� que las diferencias observadas desde el inicio del cr�dito en el dictamen pericial adolecen de error, puesto que as� se determina en raz�n a lo manifestado por la Superintendencia Financiera, implicando esto que prospere la objeci�n por error grave, no procediendo acoger el mismo en cuanto a la conclusi�n de la suma se�alada como pagado de m�s por los deudores.� RECURSO DE APELACI�N La apoderada judicial de los demandantes manifest� su inconformidad con el fallo de instancia y por eso lo impugn� pretendiendo su revocatoria, la cual fundament� b�sicamente en las mismas argumentaciones puestas a consideraci�n con la demanda y en el escrito de alegatos de conclusi�n. Adujo, que con las pruebas realizadas, en especial el experticio presentado por el auxiliar de la justicia, se hab�an demostrado los supuestos de hecho planteados, pues se hab�a determinado que el banco deb�a devolver a los usuarios del cr�dito por el cobro excesivo de intereses, por lo menos $57.976.060,00 y que calculando las prerrogativas normativas que castigan la usura, se calcul� que en total se deb�a reintegrar a los demandantes $131.351.101.oo.

As� indic�, que el Juzgado no aplic� las sentencias de la Corte Constitucional, la Ley 546 de 1999, ni la normatividad concerniente a la capitalizaci�n de intereses, y que para el caso se debe aplicar lo consagrado en el art�culo 1617 del C. C., liquidando intereses al 6% anual. Reitera que su demanda va encaminada a obtener el reembolso o restituci�n de lo pagado en exceso al banco demandado por virtud del errado c�lculo de las unidades de valor constante, as� como por haberse capitalizado intereses y calculado los mismos de manera compuesta.

La abogada censora se muestra sorprendida de que en la sentencia se afirme que el demandado ha cumplido cabalmente las directrices fijadas por las normas. Agrega, que se necesitar�a residir en otro pa�s para desconocer de tajo la realidad del acontecer nacional, como haberse declarado inexequible la UPAC, haberse incluido en su c�lculo la DTF y no el IPC, la expedici�n de la ley 564 de 1999 para compensar a los usuarios por las sumas que los bancos cobraron en exceso, que el cr�dito hipotecario no contiene convenci�n sobre intereses, que el margen de intermediaci�n fue impuesto, no convenido y que los contratantes, como los demandantes solo pueden adherirse a las condiciones fijadas por la entidad.

Se duele de que se tenga por �ngeles a los entes financieros porque eso ri�e protuberantemente con la realidad y recuerda que el alivio otorgado en el art�culo 40 de la ley 546 de 1999 fue asumido por el estado reconociendo la imprevisi�n en el c�lculo de la UVR. Que nada, ni nadie dice que la reliquidaci�n efectuada por la pasiva al cr�dito est� conforme a la normatividad, ya que desafortunadamente ni siquiera la Superintendencia Financiera ha podido revisar esta operaci�n financiera por exceso de trabajo o por falta de personal.

Concluye se�alando que como las pruebas demuestran que la entidad financiera cobr� en exceso el cr�dito hipotecario, debe revisarse completamente el contrato de mutuo celebrado y orden�rsele a la entidad restituir, o devolver lo que resulte en derecho y en forma indexada, para lo cual recaba en la revocatoria de la sentencia apelada. CONSIDERACIONES Como la sentencia s�lo fue apelada por la parte demandante, la sala, en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 1� del art�culo 357 del C de P.C., proceder� al examen de los aspectos objeto de inconformidad.

De manera liminar, se observa que los presupuestos procesales se encuentran acreditados, y como no se advierte irregularidad con capacidad para invalidar lo actuado y de haber existido alguna, se subsan� en raz�n de la conducta asumida por las partes, se torna viable una decisi�n de fondo. Como los demandantes pretenden la declaratoria de que ellos le pagaron a la entidad demandada un mayor valor del total del cr�dito hipotecario N� 119170492439, con anterioridad a las leyes y normas de reliquidaci�n de los mismos, la sala, para efectos de adoptar la determinaci�n que corresponda, ha de comenzar por recordar que, mediante el Decreto 677 de mayo 2 de 1972 se cre� el sistema de valor constante como aqu�l mediante el cual se obtendr�an recursos para la vivienda a trav�s del fomento del ahorro sobre el principio de valor constante del dinero.

Los Decretos 678, 1229 y 1269 de 1972 y 1127 de 1990 establecieron las reglas a las que deb�an someterse los ahorros y pr�stamos bajo el sistema de valor constante, disposiciones todas estas, que fueron incorporadas en los Decretos 1730 de 1991 y 663 de 1993 o Estatuto Org�nico del Sistema Financiero. Creado el sistema del valor constante del dinero, surgi� tambi�n la unidad UPAC, la cual fue concebida como la unidad de medida de la p�rdida del valor del dinero que permit�a la actualizaci�n de los ahorros y los pr�stamos otorgados para financiar vivienda.

Dicha UPAC deb�a ser calculada de manera mensual por la Junta de Ahorro y vivienda (Decreto 1229 de julio 18 de 1972). Posteriormente y como consecuencia de la supresi�n de la Junta de Ahorro y vivienda, le correspondi� la funci�n de estudiar y proponer su c�lculo para que el mismo fuese adoptado por el Presidente de la Rep�blica, a la Junta Monetaria del Banco Emisor, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1110 de 1976.

A partir de la expedici�n del Decreto 1131 de 1984 y hasta su �ltimo d�a de existencia, le correspondi� al Banco de la Rep�blica efectuar el c�lculo del valor de la UPAC, c�lculo que por disposici�n del Decreto 1229 del 18 de julio de 1972 se efectuaba de acuerdo con la variaci�n resultante del promedio IPC, para empleados y obreros, elaborado por el DANE, para el trimestre inmediatamente anterior.

En sus or�genes la unidad UPAC estuvo atada �nicamente a la inflaci�n en raz�n de que se hab�a creado con el �nimo de mantener el poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, a partir de 1973 el periodo de variaci�n del IPC a tener en cuenta en su f�rmula se modific�, pues el decreto 969 de 1973 estableci� que la UPAC se calcular�a de acuerdo con la variaci�n resultante del promedio IPC para un periodo de 12 meses inmediatamente anterior.

El Decreto 1278 de 1974, determin� que su c�lculo se har�a de acuerdo con la variaci�n resultante del promedio IPC para un periodo de 24 meses inmediatamente anterior. Despu�s, el Decreto 58 de 1976 retorn� a la f�rmula establecida por el Decreto 969 de 1973, es decir que se calcular�a de acuerdo con la variaci�n resultante del promedio IPC para un periodo de 12 meses inmediatamente anterior.

Y posteriormente, se permiti� que en su f�rmula de c�lculo se tuviesen en cuenta las tasas de inter�s, llegando incluso a considerar exclusivamente la tasa DTF o tasa promedio de los intereses que pagan los bancos por los dep�sitos a t�rmino fijo. A partir de marzo de 1993 y hasta mayo de 1999, la f�rmula de c�lculo de la UPAC consult� exclusivamente un porcentaje de las tasas de inter�s de la econom�a, sin que se significara con ello que a partir de ese momento se desligara el c�lculo de la UPAC de los indicadores que reflejaban la p�rdida del poder adquisitivo, pues la tasa DTF, como indicador del precio del dinero en el mercado, no es independiente de la inflaci�n. Ya el 15 de marzo de 1993, la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica expidi� la Resoluci�n externa N� 6, de acuerdo con la cual el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, deb�a corresponder al 90% del costo promedio ponderado de las captaciones de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda en las cuentas de ahorro de valor constante y certificados de ahorro de valor constante del mes calendario anterior, realizados por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

Posteriormente, la Resoluci�n Externa N� 26 del 9 de septiembre de 1994 expedida por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, determin� que el valor en pesos de la UPAC, equivaldr�a al 74% del promedio m�vil de la tasa DTF de las 12 semanas anteriores a la fecha del c�lculo; luego, las Resoluciones 18 de 1995 y 6 y 8 de 1999, expedidas tambi�n por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica modificaron la f�rmula de c�lculo de la UPAC, en cuanto al periodo a tener en cuenta parta efectos del c�lculo y su porcentaje de ponderaci�n, conservando la tasa DTF como factor para dicho c�lculo.

El haber conservado la tasa DTF como factor para el c�lculo en menci�n y al haber presentado �sta, en 1998, un crecimiento considerable, trajo como consecuencia que el incremento de las tasas de inter�s se reflejara en el valor en pesos de las obligaciones en UPAC, debido al aumento del valor de la unidad de manera ostensible, situaci�n que de suyo trajo como consecuencia que algunos deudores de la UPAC no pudieron atender debidamente sus cr�ditos.

Esta situaci�n, la de no poderse atender los cr�ditos por parte de los deudores, llev� al Gobierno Nacional a decretar, en noviembre de 1998, el Estado de Emergencia Econ�mica y Social, al amparo del cual expidi� el Decreto 2331 de 1998 que estableci� una serie de alivios para los deudores de cr�ditos de vivienda, los cuales fueron otorgados a trav�s del Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras �FOGAFIN�.

A pesar de dichos alivios, el Consejo de Estado, en sentencia del 21 de mayo de 1999, estim� que en el c�lculo de la Unidad UPAC no se deb�a tener en cuenta exclusivamente la tasa DTF, sino que tambi�n se deb�an considerar otras variables como la inflaci�n. Luego en sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999 proferida por la Corte Constitucional, se estim� que, primero, el Congreso estaba invadiendo la autonom�a que de acuerdo con la Constituci�n Pol�tica tiene la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, al expedir una ley por medio de la cual le impart�a instrucciones en el sentido de c�mo establecer la f�rmula de c�lculo de la UPAC y segundo, que en la metodolog�a para el c�lculo de la UPAC no se pod�a incluir la tasa DTF, pues �sta reflejaba los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a, y cuando �stos eran superiores al IPC afectaban el derecho a una vivienda digna.

En consecuencia, a partir del 1� de junio de 1999, con la Resoluci�n Externa N� 10 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, se adopt� una nueva f�rmula de c�lculo de la UPAC, que exclu�a la tasa DTF y establec�a que la correcci�n monetaria ser�a equivalente al promedio aritm�tico de las tasas anuales de inflaci�n, medidas con base en el IPC de los 12 meses anteriores a aqu�l en el cual se hac�a el c�lculo.

Por �ltimo, la Corte Constitucional, en sentencia C-700 del 16 septiembre de 1999 estim� que las normas que estructuraban el sistema UPAC eran contrarias a la Constituci�n por encontrarse contenidas en Decretos Presidenciales y no en leyes emanadas del Congreso, tal y como lo establec�a la Constituci�n Nacional, situaci�n que trajo, como obvia consecuencia, que desde el 31 de diciembre de 1999 desapareciera totalmente el sistema UPAC.

Es de anotar que, por regla general, una vez expedida y notificada una sentencia por la cual se declaran inconstitucionales las normas, las mismas dejan de ser aplicadas de manera inmediata; sin embargo, en el caso espec�fico de la declaratoria de inexequibilidad de las normas que estructuraban el sistema UPAC, para no generar un vac�o legal en el manejo de los cr�ditos que se encontraban expresados en esa unidad, la Corte Constitucional decidi� que la vigencia de dichas normas se prorrogar�a, como m�ximo hasta el 20 de junio de 2000, mientras el Congreso de la Rep�blica exped�a la Ley Marco sobre financiaci�n de vivienda, la cual a la postre result� ser la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, mediante la cual se cre� la Unidad de Valor Real UVR, cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con base en la inflaci�n como tope m�ximo, sin ning�n otro elemento ni factor adicional, es decir, que corresponde exactamente a la variaci�n del IPC certificado por el DANE.

Dicha ley de vivienda orden� que todos los cr�ditos y obligaciones que se encontraran denominadas en UPAC, deb�an expresarse de acuerdo con su equivalencia en UVR, para lo cual se debi� realizar la redenominaci�n de los mismos. Adicionalmente estableci� un alivio para los cr�ditos hipotecarios de vivienda, el cual para poderlo hacer efectivo, obligaba a la reliquidaci�n del cr�dito, la cual consisti� en liquidar nuevamente los cr�ditos de vivienda que hab�an sido otorgados en UPAC o en pesos con tasa referida al DTF y que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 1999.

Para tales efectos se utiliz� la UVR establecida mediante la Resoluci�n N� 2896 de 1999 del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para cada uno de los d�as comprendidos entre el 1� de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999. El saldo en pesos reliquidado a 31 de diciembre de 1999 y utilizando la UVR, se compar� con el saldo en pesos que presentaban en esa misma fecha los cr�ditos otorgados en UPAC o en pesos y en los casos en que �ste �ltimo fuera superior al primero, se realiz� un abono al cr�dito equivalente a la diferencia entre ambos.

T�ngase en cuenta adem�s, que a trav�s de la reliquidaci�n del cr�dito ordenada por la ley, se tomaron todos los pagos realizados por el deudor y se aplicaron nuevamente en las mismas fechas en que hab�an sido recibidos, pero esta vez no sobre un saldo en UPAC, sino sobre un saldo en UVR. De esta forma, al hacer la reliquidaci�n, los valores que hab�an sido pagados por encima de la inflaci�n se destinaron a reducir en cada fecha el saldo de capital, es decir, con la aplicaci�n retroactiva de mayores abonos, se reconoci� el valor del dinero en el tiempo.

Los antecedentes de la ley de vivienda permiten afirmar adem�s, que para los cr�ditos concedidos en UPAC no exist�a una regulaci�n que limitara las tasas de inter�s, mas que la general respecto del inter�s de usura, respetando las tasas pactadas y disponiendo que su aplicaci�n fuera sobre el valor principal reajustado, con la advertencia de que para esa �poca ten�a pleno valor la capitalizaci�n de intereses para dicha clase de cr�ditos.

As� mismo se instituye que el estimativo diario del valor de la UPAC no era caprichoso ni sometido al arbitrio de las entidades financieras, sino que se encontraba regulado y sometido a certificaci�n expedida por el Banco de la Rep�blica, entidad encargada de su c�lculo. Como en este asunto, los demandantes acusan a la entidad demandada de cobrarles un mayor valor del total del cr�dito hipotecario N� 119170492439, con anterioridad a las leyes y normas de reliquidaci�n de los mismos y por ello pretenden que dicha entidad les restituya o devuelva el mayor valor pagado, debe decirse que las regulaciones que se han efectuado y los elementos materiales de prueba no permiten afirmar ese mayor cobro predicado por aquellos y por tanto, no era viable atender favorablemente sus aspiraciones.

Si bien es cierto que se allegaron unos conceptos financieros y un dictamen pericial, ellos se desvirt�an, no solo con el concepto oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, seg�n la cual, �verificado de manera general el proceso de reliquidaci�n para el caso de la referencia seg�n la informaci�n que reposa en nuestra base de datos, se ha establecido que el mismo se ajusta a la normativa que lo regula, en particular la citada ley, decretos reglamentarios e instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria para el efecto�.

Si la entidad encargada de revisar la reliquidaci�n la hall� conforme a los lineamientos legales y reglamentarios, no es dable predicarse irregularidad en el proceso reliquidatorio, menos con los conceptos y experticia allegada, los cuales no precisan los puntos de inobservancia de las reglamentaciones reguladoras del cobro de intereses, para cr�ditos como el N� 119170492439 adquirido por los actores, tampoco precisan cu�l era la tasa legalmente autorizada para este particular asunto que fue desconocida y, menos, se concretan las equivocaciones de Superintendencia Bancaria al haber hallado ajustado a la ley, el proceso reliquidatorio, ni por qu� este no pod�a tenerse en cuenta.

M�s bien lo que se advierte de tales trabajos es el desconocimiento, no solo de las directrices establecidas por la otrora Superintendencia Bancaria, sino de las circunstancias contractuales que rodearon el otorgamiento del cr�dito y una modificaci�n unilateral de las estipulaciones del t�tulo valor en que se document� el contrato de mutuo.

As� mismo, pone de presente la omisi�n de realizar los c�lculos respecto a las Unidades de Poder Adquisitivo Constante en que fue convertido el capital, las cuales a pesar de haber perdido existencia a partir del mes de enero de 2000, tuvieron plena vigencia durante el periodo que comprende el momento de concesi�n del cr�dito, el primero de junio de 1993 y el a�o 1999.

As� las cosas aunque los referidos concepto y dictamen no merecen reparo en cuanto a las operaciones matem�ticas realizadas y el resultado de la misma conforme a las cifras y variables empleadas, los mismos s� contravienen la realidad contractual, legal y constitucional relacionada con la obligaci�n objeto de reclamo, y por ello, su desestimaci�n deb�a ser la consecuencia. Con base en lo anterior y en el acierto del juzgado de conocimiento en la adopci�n de la determinaci�n apelada, �sta debe recibir el aval de la sala.

Sean suficientes las precedentes consideraciones, para que LA SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de alzada.

SEGUNDO: CONDENAR en las costas de esta instancia a los apelantes.

TERCERO: INCLUIR la suma de $500.000.oo en la liquidaci�n de costas, por concepto de agencias en derecho, a cargo de los demandantes y a favor de la demandada.

CUARTO: DEVOLVER la actuaci�n surtida al juzgado de origen, una vez en firme �ste prove�do y cumplido el numeral anterior. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MANUEL PARADA AYALA MAGISTRADO PONENTE JOS� DOMINGO RONCANCIO PATI�O MAGISTRADO JAIME CHAVARRO MAHECHA MAGISTRADO Aqu�, la Superintendencia Financiera, se ven�a refiriendo a la ley 546 de 1999. PAGE PAGE 9 Proceso Ordinario N� 1100131030 27200400703 03 Proceso Ordinario N� 1100131030 27200400703 03 Demandante: MARTHA INES MORALES ROJAS Y HELMER GUTI�RREZ PI�EROS Demandado: BANCO COLMENA SENTENCIA O. N� 040/10 7S`r{|��ѷ��o]oG4%h�vh�i�5�9�CJ\�aJmH sH +h�vh�i�5�6�9�CJ\�]�aJmH sH "h�vh�u?5�CJ\�aJmH sH "h�vh�i�5�CJ\�aJmH sH h�vh�^�CJaJmH sH h�^�CJaJmH sH h("6CJaJmH sH h�vh�i�CJaJmH sH 3h�Ch�i�5�6�9�CJOJQJ\�]�aJmH sH +h�Ch�i�5�6�9�CJ OJQJ\�]�aJ h�Ch�i�5�CJ\�aJh�i�5�CJ\�aJ7S�� 6 7 8 +, ��$��`��a$gd�i�gd�i�$a$gd;�$a$gd�i�gd�i�;j�j�k�� x { � +, -. � ��Ǽ��o�aSG;h�}hU�CJ\�aJh�}ho"CJ\�aJh�}he,�5�CJ\�aJh�}h�i�5�CJ\�aJ(h�}h�i�5�6�CJ\�]�aJmH $sH $h�}h�i�CJaJmH $sH $h�}hU�CJaJh�}h�i�CJaJh�vh�i�CJaJh�ZUCJaJh;�h�i�CJaJh��h;�hh@wh;�%h�vh�i�5�9�CJ\�aJmH sH %h�vh�i�6�9�CJ]�aJmH sH , - ��:; !��{}~��VW ��$a$gde,�$��`��a$gd�c;$a$gd�u?$��`��a$gd4='$��`��a$gdaLe$a$gdU�$��`��a$gd�i�� CDERST��0=��9; � ��Ó�Äu�uiZNh�}haLeCJ\�aJh�}haLeB*CJaJphh�u?B*CJaJphh�}h4='B*CJaJphh�}ho"B*CJaJphh�}haS=CJ\�aJh�}h`%CJ\�aJh�}h�r�CJ\�aJh�}hjhCJ\�aJh�}h4='CJ\�aJh�}h}�CJ\�aJh�}h�0CJ\�aJh�}hU�CJ\�aJh�}h�^�CJ\�aJ�� !+.>EI_`klxy��%��OT{}~��ɺɺ��uiZh�}h��B*CJaJphh�}hfx0CJ\�aJh�}hfx05�6�CJ\�aJh�}hwdvCJ\�aJh�}h�*�CJ\�aJh�}h}�B*CJaJphh�}ho"B*CJaJphh�}h4='B*CJaJphh�}h/_�B*CJaJphh�}haLeB*CJaJphh�}haLeCJ\�aJh�}h/_�CJ\�aJ"��0:BDE��(p��mt�[]^��ɽ��սս��x��l`h�}hU�CJ\�aJh�}ho"CJ\�aJh�xaCJ]�aJh�}h�"DCJ]�aJh�}h�9fCJ]�aJh�}h_�CJ]�aJh�}h�RSCJ]�aJh�}hfc>CJ]�aJh�}he,�CJ]�aJh�}h]�CJ]�aJh�}h�c;CJ]�aJh�}h��B*CJaJphh�}h�c;B*CJaJph# op��op]^��./EFJK��$��`��a$gd@�$a$gd/_�$a$gdU�$��`��a$gd�c;$a$gde,�$��`��a$gdfc>��./��CR;O��"Fns�� %8Q^`��ʿʿʴʴʩʩʩʩʩʩʩʩʩʩʩʩʩʞ�ʓʓʓʞ�ʈʈh�}h�CJaJh�}hi�CJaJh�}hT�CJaJh�}hFK�CJaJh�}hWY�CJaJh�}hmc}CJaJh�}h@�CJaJh�}h�g�B*CJaJphh�}h/_�B*CJaJphh�}h/_�CJ\�aJ5� +.5^o��Mb�� . ��Ƚ��{sis]{Q{h�}hpc�CJ\�aJh�}h�e�CJ\�aJh�u?h�Y6�\�h�u?h�Y\�h�}h�YCJ\�aJh�}h�g�CJaJh�}h�YCJaJh�}h�YB*CJaJph h�}hfx05�6�CJ\�]�aJh�}h�y"CJaJh�}h�"DCJ\�aJh�}h�e�CJaJh�}hm;CJaJh�}h�CJaJh�}h@�CJaJ�� >"?"�#�#�#�#�#�#�$�$�&�&��$��`��a$gd+k$��`��a$gd�k$��`��a$gdO�$��`��a$gdfx0$a$gd�u?$a$gd�Y$a$gd@�$��`��a$gd@�. o � � � � � � �;"<"=">"I"T"U"�#�#�#�#��̮̽��ti\iM8)h�}h�k5�6�B*CJ\�]�aJphh�}h�gyB*CJaJphh�u?h��6�B*phh�u?h��B*phh�}h��B*CJaJphh�u?h�YB*phh�u?B*phh�u?hpc�6�B*phh�u?hpc�B*phh�}hO�B*CJaJphh�}hpc�B*CJaJphh�}hfx0B*CJaJphh�}hO�CJ\�aJh�}h�YCJ\�aJh�}h)g�CJ\�aJ�#�#�#o$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$%%%l%�%�%�%�%�%�%�%�&�&�&��ttit�^t^t^tSh�}h�/<CJaJh�}hTj�CJaJh�}h|<CJaJh�}h)g�CJaJh�}hxo�CJaJh�}hyaSCJaJh�}h%oCJaJh�}h�,�CJaJh�}hR#�CJaJh�}h+kCJaJh�}hi"�CJaJh�}h�6B*CJaJphh�}hi"�B*CJaJphh�}hx-�CJaJh�}h�kCJaJ�&�&�&-'2'q'�'�'�'�(�)�)�)�)�*�*�*�*�*�*�*�*+,+0+3+?+@+d+g+k+w+�+�+�+�,�-�-�.�.�.��ɾԳ��Ԓ�|qfqh�}h�I�CJaJh�}h8>�CJaJh�}hYgCJaJh�}h�+�CJaJh�}h�L�CJaJh�}h�eCJaJh�}h�,�CJaJh�}h��CJaJh�}h%oCJaJh�}h��CJaJh�}h�]~CJaJh�}hR#�CJaJh�}h�/<CJaJh�}h�q�CJaJ(�&�'�'�(�(�)�)�+�,�,�-�-'/(/)/9/:/;/00/1��$��`��a$gd�E!$��`��a$gd��$��`��a$gd�k$a$gd�u?$��`��a$gd�+�$a$gd�]~$��`��a$gd%o�.�.�.�.�.�.�.//&/'/)/9/;/.101O1b1f1o12 2\2z2{26��ɻ��~rfrf�X~Kh�}h$�@��CJaJh�}hDj�@��CJ]�aJh�}h$�CJ\�aJh�}h%oCJ\�aJh�}h$�@��CJ]�aJh�}h%o@��CJ]�aJh�}h�E!CJaJh�}h��CJaJh�}h�kCJaJh�}h�q�5�6�CJaJh�}h�+�CJaJh�}hYgCJaJh�}hTRqCJaJh�}h8>�CJaJh�}h�I�CJaJ/101�4�4Y7Z7�8�85=6=�@�@3C5C�D�D�F�FJJ�K�K{M|M_Q`Q�� $ �0�*$a$gd�E! $ �0�*$a$gd$�$��`��a$gd�E!666,6X7Z7885868=8G8�8�85=�Q�Q�R�R UUnUpU�U�U�U�U�WX)XBX�Z�Z�Z�Z�Z�Z��泦��|m^m^h�}h�MZCJaJmH sH h�}h�CJaJmH sH h�}h�6�CJaJmH sH h�u?h�CJaJmH sH h�u?h�CJaJh�u?h�@��CJaJh�}h�@��CJaJh�}h)�@��CJaJh�}h_OH@��CJaJh�}h$�CJ]�aJh�}h$�@��CJaJh�}h�E!@��CJaJ$`Q�S�S�U�UXX�Z�\�\�^�^�a�a|d}d�e�e�fjgkglg��$a$gd�i�$��`��a$gdU�$��`��a$gd�N� $ �0�*$a$gd�u? 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Car Car4OJPJQJLj@QRL(�c;Asunto del comentario'5�\�0�Ob�0'�c; Car Car35\L�@�L*�c;Texto de globo)CJOJQJ^JaJB�O��B)�c; Car Car2CJOJPJQJ^JaJhR@�h,Dj�Sangr�a 2 de t. independiente+�d��x^�6�O��6+Dj� Car Car1OJPJQJjS@�j.Dj�Sangr�a 3 de t. independiente-��x^�CJaJ<�O��<-Dj� Car CarCJOJPJQJaJJ^@�JF'0Normal (Web)/�d�d[$\$CJaJ>W@�>F'`Texto en negrita5�\�,X@�,F'@�nfasis6�]��V�cRU�c ��7S��678+,-��:; !��{ } ~ � � � V W op��op ] ^ � �./EFJK��>?�� !�!�#�$�$�%�%''(')'9':';'((/)0)�,�,Y/Z/�0�05565�8�83;5;�<�<�>�>BB�C�C{E|E_I`I�K�K�M�MPP�R�T�T�V�V�Y�Y|\}\�]�]�^j_k_l_u_v_x_�_�_�_�_�_�_�`�`�`aaaaa*a+a,a-a.a/aCaVaWaXaYaZa[aya�a�a�a�a�a�a�a;b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�bcQcjc�c�c�c�c�c�c�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�0��0�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��@0��00R�@0��I�00��@0��I�00��@0��I�00��@0��I�00��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��@0��I�00�� SSS�� . �#�&�.6�Z�aig.i;jtk�k69;<=?@BCDFHJKMOPR, ��&/1`Qlg*i�j�k�k7:>AEGILNQS�k8 �!�!��\�(#��A�A@��0�( � ��B �S�� ?��VHFNl��IFN,��JFN��KFN��LFN�.MFNt��NFN��OFNT��PFN��QFN�� RFN|� SFN<� TFN|� UFN�� VFN<� WFN�� XFN<� YFNn ZFN��[FNl>�\FN�]FN�=�^FNl�_FN��`FN��aFN��bFN��cFNT�dFNTT�eFN�0fFNL��gFN�S�hFN4S�iFN�R�jFNR�kFN�Q�lFN�P�mFNdP�nFN2oFN|1pFN�0qFN|��rFN��sFNT��tFN�i�uFNDj�vFN��wFNL��xFN��yFN$��zFN��{FN��|FNT�}FN��~FNl��FN��FNl��FN��FN|��FNdt��FN�t��FNdu��FN�u��FNtv��FNw��FN�w��FNd��FN��FNt��FN��FN��FN$��FN��FNt$��FN%��FN�%��FN$&��FN�&��FND'��FN�'��FNL��FN��FNl��FN��FN ��FN D��)��L ��&z�c��<B��!"I"�$\%�-S.�.�.�/�/)2�5-6�6747�7�8-9M9~9;:[:�:�<?�?R@q@�@AWAUBtB�B�B�C_D�DG�G�GHWH�K�K�L�Q�ReUeU�V�V�^A_a_CbCb�c !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU5�&P ��+��AG" ("O"�$z%�-[.�./�/002�5467+7A7�7�8?9Y9�9M:g:�:�<"?�?j@�@�@"A^AjB�B�B�B�CnD�D6G�G�GH`H�K�K�L�Q�RxU�U�V�V�^M_g_Vbab�c !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVV*�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags �PersonName�http://www.microsoft.comCQ*�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags�metricconverter�t:�&�148 C�149 C�294 C�-312 C�355 C�367 C�368 a�376 C�39 Cla Constituci��nla Constituci��n Nacionalla Constituci��n Pol��tica�la Corte�la Corte Constitucional �la Dra. MARIA�la DTF�LA INSTANCIA�la Junta�la Junta Directiva�la Junta Monetaria�la Ley�la Ley Marcola Rep��blica la Resoluci��nla Resoluci��n Externala Resoluci��n N �LA SALA CIVIL�LA SENTENCIA APELADA�la Superintendencia�la Superintendencia Bancaria�la Superintendencia Financiera �la Unidad�la Unidad UPAC�la UPAC�la UVR�la UVR. �ProductID*V$V$V$!V$V$Q$V$V$V$V$V$ V$Q$Q$Q$Q$V$Q$Q$V$Q$Q$V$"V$V$V$V$ V$V$!V$V$#V$V$V$V$%V$V$%V$!V$!V$!V$!V$V$%V$V$V$V$V$%V$!V$V$%V$!V$!V$ V$ V$V$V$%V$!V$!V$V$V$%V$!V$ V$ V$ V$ V$%V$V$V$V$"V$V$"V$!V$%V$V$V$V$V$V$%V$V$V$;b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�c�c;b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�c�c{ } ~ � ��)';'a/a�a�a�a:b;b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�bjc�c�c�c;b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�b�c�cl-0 ��z�z��Y%o>�?zp��z@wm;��jh+k�e�E!o"�y"`%F'4='�0fx06 5�6("6�77�c;|<�/<aS=fc>�u?�Q@�|A[gC�"D�EF_OH�RSyaS�ZUW)WEZ�MZ\AC^�xaaLe�9fYg�k�Gm�3pTRq�twdv[+x]6y�gyn{BU|�}mc}q}}�]~�,��N�@��)��0�{|��g��M�T��2�R��e,�<%��,��P�)g��^�i��i��%m�U�/_��g�;��r��FK��W��y�]�R#�)�Co��;��I�N!�8>��L�xo��*�O��D��q�_��Tj��'k��T�pc�WC�}��}�Fj��<�H��e�$�x-��B��U� �RZ�;@�Dj��-�i"��+��6�q_�WY��b�b�b�b�bQc�c��@�Pp��c�@��Unknown��G��z ��Times New Roman5��Symbol3&��: �Arial9V� Algerian7&��{ @�Calibri?5� �z ��Courier New9��Garamond5&�za��Tahoma"1��r�F��S2��)dS2�!�� 4d b[b:2�q��HX ��$P��2��okManuel ALEJANDRO��Oh��+'��0l�� (4 @LT\d�okManuelNormalALEJANDRO11Microsoft Office Word@�@0��c��@� ��@H�3d��S��՜.��+,��0�hp�� N.P.I�2 b�okT�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST��VWXYZ[\��^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��Root Entry�� F0�QAd��Data ��U1Table��] KWordDocument��7�SummaryInformation(��DocumentSummaryInformation8��CompObj��r�� F Documento Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8�9�q