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RADICACI�N: No. 110013103028200201152-01. RAD. INTERNA 2621. PROCEDENCIA: JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. DEMANDANTE: MAURICIO CHEYNE BONILLA. DEMANDADO: ANA MILENA SALCEDO DE CHI- LEUITT Y/O. CLASE DE PROCESO: ACCION POPULAR MOTIVO DE ALZADA: APELACI�N SENTENCIA. FECHA DISCUSI�N Y APRO- CI�N PROYECTO: 31-Enero-2007. ASUNTO Procede el Tribunal a desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por los apoderados de los extremos en el proceso, contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogot�, el d�a 5 de septiembre de 2006.
ANTECEDENTES El abogado MAURICIO CHEYNE BONILLA promovi� acci�n popular en contra de Ana Milena Salcedo de Chileuitt y dem�s propietarios de los 35 inmuebles ubicados en la carrera 25 A, entre calles 135 y 137, de Bogot�, la que por reparto correspondi� al Juzgado 28 Civil del Circuito de esta ciudad, con el fin de que mediante sentencia que haga tr�nsito a cosa juzgada, y de conformidad con lo establecido en la Ley 472 de 1.998, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Declarar que los demandados han violado y vulnerado los intereses colectivos de conformidad con lo establecido en el literal d) del art�culo 4� de la Ley 472 de 1998, que permite a la comunidad el goce del espacio p�blico y la utilizaci�n y defensa de los bienes de uso p�blico.
Como consecuencia de lo anterior ordenar la inmediata demolici�n y retiro de las rejas colocadas sobre la carrera 25A con calle 137 y carrera 25 A con calle 135 de esta ciudad; e igualmente la inmediata demolici�n y retiro de toda clase de puertas, rejas, varas, muros, jardineras, que impidan el libre tr�nsito y circulaci�n de toda clase de veh�culos automotores, motocicletas, bicicletas y peatones por esas v�as p�blicas.
Condenar a los demandados al pago de las costas de la presente acci�n. Condenar a los demandados al pago a su favor de los incentivos previstos y ordenados en el articulo 39, capitulo XI, de la Ley 472 de 1998, teniendo en cuenta que son evidentes, flagrantes y claras las dos violaciones, motivos de la acci�n impetrada. Sustenta el demandante las anteriores pretensiones en los hechos que a continuaci�n se resumen: Que los propietarios y/o residentes de los inmuebles ubicados en el costado oriental y occidental de la carrera 25A entre las calles 135 y 137 de Bogot�, han cometido doble violaci�n, flagrante de las disposiciones legales, al haber instalado una reja de 18 metros de largo por dos metros de alto, en la carrera 25A con calle 137, que comunica y conduce al parque, y una reja de 10 metros de largo por dos metros de alto en la carrera 25A con calle 135, que atraviesa de lado a lado la calle, incluyendo andenes y calzada, la que impide el acceso peatonal y veh�cular, por lo que est�n atropellando y violando el derecho al libre tr�nsito, al disfrute y goce del espacio p�blico, que tenemos todos los que habitamos este pa�s. Que se esta violando por parte de los demandados el goce del espacio publico y la utilizaci�n de los bienes de uso p�blico, protegidos por la Constituci�n y la ley.
Que es tan cierto que el espacio vulnerado es p�blico, que tiene alumbrado p�blico, y que los demandados han llegado al extremo de disponer arbitrariamente de las v�as. La demanda se admiti� por auto del 17 de enero de 2003, ordenando el traslado a la pasiva. As� mismo se dispuso la citaci�n a la Defensor�a del Pueblo, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en los art�culos 13 y 80 de la Ley 472 de 1.998; de la misma manera se dispuso la citaci�n a los miembros de la comunidad que re�nan condiciones uniformes respecto de la causa que origino la acci�n, de acuerdo al art�culo 318 del C�digo de Procedimiento Civil, el traslado de la demanda al Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio P�blico, en cumplimiento del inciso final del art�culo 21 de la Ley 472 citada.
En nombre de la Defensor�a del Pueblo, Regional Bogot�, contesto la Dra.Hayleen Albornoz Ferreira, quien manifiesta en su escrito que de acuerdo al Memorando No. 3030-2486 del 3 de octubre de 2002, suscrito por la Dra. Olga Luc�a Gait�n Garc�a, se establece que: �Dando alcance a la sentencia del Consejo de Estado AP-1749 del 24 de agosto de 2001, referida a la intervenci�n de la Defensor�a del pueblo en los procesos de Acci�n Popular, y en armon�a con los art�culos 12, 13, 24, y 27 de la ley 472 de 1998, me permito informarles que dicha intervenci�n no es obligatoria y solo en aquellos procesos que considere conveniente�, y por cuanto en el presente caso el actor es abogado no se hace necesaria la intervenci�n de la Defensor�a del Pueblo, de acuerdo al art�culo 13 de la Ley 472 de 1.998, y que de la misma manera no es clara la presunta violaci�n de los derechos colectivos, por lo que se excusa de la coadyuvancia en la acci�n de la referencia por parte de dicha Defensor�a del Pueblo.
El Departamento Administrativo de la Defensor�a del Espacio P�blico, respondi� por medio de apoderado del Director de la citada entidad, manifestando que luego de una visita, t�cnico - administrativa por parte de la Subdirecci�n de Registro Inmobiliario, a la direcci�n citada por el accionante, con el fin de constatar la referida violaci�n del espacio p�blico descrito, se puede concluir que es evidente la invasi�n del espacio p�blico por parte de los residentes de la carrera 25A entre calles 135 y 137.
El cerramiento a que hace menci�n se efect�o sobre zonas de cesi�n obligatoria gratuita, propiedad del Distrito Capital, no obstante que su propiedad es del Distrito Capital, su uso, goce y disfrute corresponde a los habitantes de la ciudad en general, por lo que no pueden ser objeto de actos de disposici�n por particulares a trav�s de contratos de arrendamiento, regal�as, enajenaci�n, cerramientos, etc., por cuanto esto ri�e con su naturaleza y el uso com�n que de ellos se predica, tal como lo precept�a el art�culo 6� de la Ley 9� de 1989, ley de reforma urbana, por lo que para el Departamento de la Defensor�a del Espacio P�blico, resulta necesario restituir el espacio p�blico invadido, en aras de la prevalencia del inter�s general sobre el particular, precepto constitucional consagrado en el art�culo 1� de la Constituci�n Pol�tica.
El Dr. Andr�s Guti�rrez Salgado, apoderado judicial de la mayor�a de los demandados contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones y proponiendo las excepciones de m�rito que denomino: a) Inexistencia de la violaci�n del goce del espacio p�blico y la utilizaci�n y defensa de los bienes de uso p�blico, no existe una violaci�n del literal d) del art�culo 4� de la Ley 472/98, ya que las puertas de las rejas permanecen abiertas, lo que permite el libre acceso y el libre tr�nsito peatonal y automotor; en cuanto al ingreso al parque se restringi� el mismo a la carrera 25 A con calle 135 y carrera 26 con calle 137 y por la carrera 25A con el sendero peatonal del parque al costado sur del mismo.
Adem�s el dise�o y construcci�n del mismo fue modificado en su totalidad por el programa �la Bogot� que queremos� en el a�o 1999, en la Alcald�a del Dr. Pe�alosa. En consecuencia el nuevo dise�o del parque solo preve�a que solo tendr�a senderos peatonales, luego �cual violaci�n de v�a?, pregunta el demandando. b) Inexistencia del agravio � violaci�n de responsabilidad de los demandados, con la contestaci�n de las pretensiones y a los hechos se ha negado la existencia de la violaci�n del goce del espacio p�blico, por cuanto el actor no ha demostrado ni probado tales violaciones, la colocaci�n de unas rejas transparentes y con puertas de control por razones de seguridad, no pueden entenderse como disposici�n de los bienes de uso p�blico, como lo pretende hacer ver el actor, al citar de manera impune el art�culo 63 de la Constituci�n Nacional, ya que el comportamiento de los propietarios ha estado enmarcado dentro del marco constitucional y legal. c) Conocimiento previo de las autoridades.
Desde el a�o 1994 los demandados como comunidad residente en la carrera 25 A entre calles 135 y 137, se dirigieron a las autoridades del Distrito para solicitar el permiso de la instalaci�n de las rejas ante la inseguridad reinante en el sector. Las cuales fueron instaladas en el a�o 1995. Posteriormente en el a�o 1999, durante las obras de remodelaci�n del parque la comunidad se dirigi� ante la administraci�n, solicitando la permanencia de las rejas, por lo que un funcionario encargado de la remodelaci�n del parque, les autoriz� correr la reja de tal manera que el parque quedara libre, y que tuviera puertas de control para el ingreso peatonal, desde entonces esta manera. d) Razones de seguridad.
Han sido varios los hurtos ocurridos en el sector, adem�s que en el plano de la Urbanizaci�n Nuevo Country, se aprecia la existencia de un canal de aguas, o eje vallado, que se ha convertido en una guarida o escondite perfecto para atacar por sorpresa, de la misma manera que la carrera 25A confluye en un volteadero como espacio p�blico, lo que conlleva a un alto grado de inseguridad.
La seguridad de la comunidad no puede escindirse del derecho que tienen las familias que la componen a su protecci�n integral, seg�n el mandato constitucional del art�culo 42 de la Carta Pol�tica de Colombia. Si la comunidad tiene deberes para con la sociedad tambi�n tiene derechos, sin sacrificar los primeros puede lograrse los segundos.
Por lo expuesto que solicita que se declaren probadas las excepciones de m�rito propuestas, en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda, se declare que los demandados no son responsables de la violaci�n al derecho o Inter�s colectivo a que se refiere el literal d) del art�culo 4� de la Ley 472 de 1.998, y que no hay lugar a los perjuicios por parte de los mismos, y por �ltimo se condene al demandante al pago de las costas y los gastos del proceso.
El Dr. Ezequiel Malaver Guerrero, demandado, contest� la demanda a nombre propio y de una de las copropietarias (Carmelita Ortiz de Malaver), considerando que los demandados no se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones de la Ley 472 de 1.998; que los propietarios de los inmuebles ubicados en la carrera 25 A entre calles 135 y 137, nunca han impedido el goce y la utilizaci�n del espacio p�blico, por lo que no hay derecho colectivo para defender por parte del accionante oficioso.
Los propietarios del sector jam�s han pretendido ejercer actos de apropiaci�n o enajenaci�n, tan es as� que el actor no ha presentado prueba alguna que se�ale lo contrario. Considera que la existencia de una reja en ning�n momento puede configurar la violaci�n de los derechos colectivos o difusos, para que dichos derechos se tengan por vulnerados necesariamente habr�an de materializarse actos de las personas tendientes a impedir su disfrute, empero si la sola existencia de una reja originar� tal agravio, estar�amos frente a la imposibilidad absoluta de habitar en la ciudad, y la seguridad del grupo social quedar�a sin protecci�n, lo que seguramente conducir�a a la violaci�n de los derechos fundamentales, traducidos en la angustia y zozobra permanente, que en el presente caso tendr�a que padecer los demandados, por lo que solicita se decida que los demandados no han violado, ni han causado da�os, ni agravios a los derechos difusos de la comunidad, consecuentemente se declare que no est�n obligados a indemnizar los presuntos da�os colectivos; que los demandados no son responsables y se declaren probadas las excepciones propuestas por los demandados, rechazar las pretensiones de la demanda y condenar en costas del proceso al demandante.
Debido a la no comparecencia de algunos propietarios al proceso se les emplaz� y design� curador ad litem, quien respondi� la demanda manifestando que no hay vulneraci�n al derecho colectivo, no niega ni afirma los hechos y acciones, en cuanto a las pretensiones se acoge a lo que se pruebe en el proceso. En cuanto a la responsabilidad en la violaci�n del espacio p�blico, se atiene a lo que se pruebe en el proceso, sin embargo para efectos de fijar responsabilidades, en el evento que sea necesario, se debe tener en cuenta la posici�n jur�dica de cada uno de los habitantes de la copropiedad, pues para cada uno de ellos es diferente.
Propone como excepci�n todo lo que resulte probado en virtud de lo cual las leyes desconocen la existencia de la obligaci�n, o la declaren extinguida si es que existi�. Por su parte el apoderado de la demandada DIANA CONSTANZA QUIROGA, se opuso, a las pretensiones de la demanda y denunci� en pleito a los vendedores del inmueble de su propiedad, se�ores GRACIELA PARRA PARRA y ALVARO DIAZ CHAVARRO, y al Alcalde de la Localidad, intervenci�n que fue rechazada (cuaderno 2).
Mediante auto del 5 de octubre de 2004 se abri� a pruebas el proceso, as�: Pedidas por la parte demandante: documental aportada al juicio; pedidas por la parte demandada: documental aportada al juicio, testimonios de Javier Enrique Almonacid, Herbert Guti�rrez Salgado, Carlos Rodolfo Gonz�les Bejarano y Jos� Demetrio Linares, oficiar en los t�rminos solicitados a folios 366, 367 y 443; se suspendi� el decreto de la inspecci�n judicial reclamada por la parte pasiva, la que finalmente se orden� por auto del 28 de junio de 2005 (folios 448, 449 y 552 C.1).
Por auto del 18 de mayo de 2005, se corri� traslado a las partes para presentar alegatos de conclusi�n, en los que el actor aduce que es evidentemente claro que los demandados contin�an atropellando y agraviando los intereses p�blicos y colectivos con la instalaci�n de la caseta sobre el and�n y las rejas con postes y puertas, a lo largo de la carrera 25A entre calles 135 a 137, de lo cual da cuenta el registro fotogr�fico que reposa en el expediente, y el concepto del Departamento Administrativo de la Defensor�a del Espacio P�blico.
Revocado el auto por el cual se corri� traslado para alegatos de conclusi�n, el despacho decreto y fij� la fecha para la practica de la diligencia de inspecci�n judicial, en la que se constat� la existencia de la caseta, de unas rejas de cuya ubicaci�n y medidas se dej� expresa constancia en el acta de la diligencia, de la misma manera se indica que las puertas de la reja blanca se encontraban abiertas permitiendo el ingreso, tanto peatonal como vehicular.
Al final de la misma, la se�ora Mercedes Salgado de Guti�rrez entreg� al juez, para ser agregado al expediente, una copia de documento que al parecer fue suscrito por el Jefe de Divisi�n del Dpto. Administrativo de Planeaci�n Distrital, fechado 27 de diciembre de 1994, y que aduce la interviniente es la respuesta a la solicitud de la autorizaci�n de la construcci�n de la reja.
Corrido nuevamente el traslado para alegatos de conclusi�n, las partes expusieron: La curadora ad litem arguy� que la primac�a de los derechos fundamentales de la vida, la propiedad y libre asociaci�n tienen pleno fundamento en los art�culos 11, 38 y 58 de la Constituci�n Pol�tica, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; que es evidente que el cerramiento mediante la instalaci�n de las rejas met�licas en la carrera 25A con calle 137, de esta ciudad, no impide el tr�nsito vehicular ni peatonal, por lo cual no se est� vulnerando el espacio p�blico y si est� dando tranquilidad a los habitantes que integran el cerramiento, por lo que solicita que no se acojan las pretensiones de la demanda, por no haberse probado la existencia de da�o al espacio p�blico, ni a los intereses de la comunidad en general.
El demandado Ezequiel Malaver Guerrero, en sus alegatos de conclusi�n, expuso que no existe relaci�n causal, ni est� probado el nexo causal entre los hechos y el resultado que se�alen una responsabilidad a cargo de los demandados, dado que las rejas se instalaron cuando a�n no se hab�a reglamentado el art�culo 88 de la Constituci�n Nacional, pues en agosto 4 de 1998 fue promulgada la Ley 472, y su entrada en vigencia fue a partir del 4 de agosto de 1999; que en la citada norma no se se�ala que su aplicaci�n sea retroactiva o retrospectiva, lo que indica que su eficacia impera para los hechos posteriores a la fecha de su promulgaci�n, por lo que no ser�a de recibo legal, recibir sanciones u obligaciones pecuniarias a cargo de los demandados, fundamentalmente por que al llegar al sector, en el a�o 1991, las rejas ya se encontraban instaladas; que en los a�os 1993-1994, funcionarios del Distrito, ordenaron, verbalmente que la estructura met�lica se reubicara en el prado que divide la zona peatonal y el parque, de tal manera que no impidieran el paso por el lugar, ni de los peatones, ni de los veh�culos.
Anexa a su alegatos de conclusi�n sendas jurisprudencias para que sean tenidas en cuenta al momento de proferir el fallo. El apoderado de la mayor�a de los accionados, Dr. Andr�s Guti�rrez Salgado, manifest� que en el a�o de 1993, ante la inseguridad reinante en el sector, y con la complacencia de las autoridades de polic�a y distritales, la comunidad se vio forzada a la instalaci�n de las rejas transparentes con puertas para control, y no privar de esta manera a la ciudadan�a del uso y disfrute del espacio p�blico, �poca en que no se hab�a reglamentado el articulo 88 de la Constituci�n Pol�tica, por lo que la Ley 472 de 1998, reglament� el articulo citado, se�alando que empezar�a a regir a partir del 4 de agosto de 1999, norma que debe seguir el principio general de aplicaci�n de la ley en el tiempo, es decir, irretroactividad.
Si el actor interpuso la acci�n en el a�o 2002, es decir, nueve a�os despu�s de instaladas las rejas, tres a�os despu�s de entrada en vigencia la norma citada, claramente esta pretendiendo dar aplicaci�n retroactiva a la Ley 472 de 1998. Que las pruebas allegadas al proceso fundamentan las excepciones propuestas, porque las rejas permanecen abiertas, solo se cierran en la noche por seguridad, son transparentes, y se permite el ingreso de las personas a cualquier hora del d�a o de la noche; el hecho que no haya en la caseta cit�fono o cualquier otro medio de comunicaci�n del vigilante con los residentes de los inmuebles, demuestra la incapacidad del celador de impedir el ingreso de personas o veh�culos al sector; que el art�culo 6� de la Ley 9� de 1989, permite el cerramiento de parques y v�as p�blicas en la medida en que estos no priven a la ciudadan�a de su uso, goce, disfrute visual y el libre tr�nsito, violaci�n que ser�a flagrante cuando se impide el acceso a los parques y v�as por parte de los peatones y de los veh�culos, que claramente no es lo que sucede en el sector.
Luego de hacer un estudio de los derechos absolutos en el ordenamiento colombiano, y de establecer si el espacio p�blico es un derecho absoluto que debe primar sobre el derecho fundamental a la seguridad de los ciudadanos, considera el recurrente que el derecho fundamental a la seguridad prima sobre los derechos colectivos, m�xime que no ha habido vulneraci�n de los derechos de la comunidad, y menos pretender apropiarse del mismo, ya que las rejas son transparentes y las puertas permanecen abiertas en el d�a y solamente en las noches son cerradas con el �nimo de brindar seguridad a los residentes del sector.
Alega el mismo apoderado que las actuaciones de la comunidad siempre se han fundado en el principio constitucional de la buena fe y el principio de la confianza leg�tima, y con la acci�n se esta atentando contra el derecho fundamental a la primac�a del trabajo en condiciones de dignidad, ya que el pretender que la caseta de vigilancia no tenga los servicios de agua y luz, va en contrav�a de la dignidad humana, principio rector de nuestra constituci�n; que ante la ausencia de violaci�n del literal d) del art�culo 4� de la Ley 472 de 1998, la pretensi�n del demandante de que se condene a los demandados al pago del incentivo, de que trata el art�culo 39 de la citada ley, resulta sin causa, toda vez que del acervo probatorio quedaron sin piso las afirmaciones hechas por el actor: �son evidentes, flagrantes y claras�; de la misma manera es abiertamente temeraria la afirmaci�n hecha por el accionante acerca de que los demandados son responsables de agravio o violaci�n por que la responsabilidad se configura cuando hay un nexo de causal a efecto entre la conducta del agente y su resultado, lo que no parece probado en autos, por el contrario el acervo probatorio sustenta los hechos aducidos por los demandados en las excepciones de m�rito propuestas.
LA SENTENCIA IMPUGNADA El juez de conocimiento, el 5 de septiembre de 2006, en la sentencia que decidi� la controversia, declar� no probadas las excepciones propuestas por los demandados, al considerar que no existe duda sobre el car�cter p�blico del �rea encerrada, afirmaci�n que encuentra respaldo en los conceptos emanados de las autoridades distritales arrimadas al proceso, el argumento de la pasiva de que las rejas no restringen el paso durante todas las horas del d�a, y todos los d�as de la semana, as� como que las puertas nunca se cierran totalmente, no enerva el alcance de la vulneraci�n, pues es sabido que los bienes de uso p�blico son inapropiables por los particulares y ello implica una abstenci�n permanente y no discontinua, en la que puedan ampararse los que as� act�an.
Consider� que se trata entonces de una actuaci�n de particulares, desprovista de la anuencia de los entes de control del uso y tr�nsito, en �reas de espacio p�blico, configurando con ello la adopci�n a t�tulo privado e ileg�timo de la protecci�n de derechos particulares en detrimento del inter�s general que, por mandato constitucional, debe primar sobre aquellos.
En lo relativo a la seguridad de los habitantes del sector, el despacho considera que el cambio de destinaci�n de los bienes de uso p�blico constituye una v�a de hecho, pues el ordenamiento jur�dico contempla mecanismos para combatir la inseguridad. Advierte que al proceso no se alleg� ninguna autorizaci�n emitida por la autoridad distrital para la instalaci�n de las rejas, y en caso de que la hubiera, en sentencia 095 del Consejo de Estado, se puso de presente que a la entrada en vigencia de la Ley 9� de 1989 y luego de la Constituci�n Pol�tica de 1991, estos permisos son incompatibles con los preceptos que destinan las calles al uso com�n, por lo que obliga a su inaplicaci�n, y que a�n bajo tales supuestos f�cticos habr�a lugar a ordenar la restituci�n del espacio p�blico.
Concluyendo que la acci�n habr� de prosperar a efectos de que las pr�cticas actualmente adelantadas, y los obst�culos que a la fecha se hayan impuesto sin la debida anuencia administrativa, sean retirados, y en lo sucesivo se abstengan de actuaciones semejantes, exigencia que se dirigir� a quienes han sido responsables de las conductas vulneratorias.
Que resulta claro que las personas demandadas han vulnerado el derecho colectivo e inter�s colectivo del espacio p�blico y utilizado indebidamente bienes de uso p�blico, motivo por el cual son estos accionados quienes deben desmontar las rejas colocadas y la caseta de vigilancia. Respecto al reconocimiento del incentivo, indic� hacerse imperativo citar la jurisprudencia de la m�xima autoridad en lo contencioso administrativo, que al respecto expuso: �Del cotejo entre los art�culos 83 y 84 de la ley 99 de 1993 y los art�culos 3, 162, 163, 164 y 173 del Decreto 1594 de 1984, y las actuaciones de la CAS, se colige que esta corporaci�n Aut�noma ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que le impone ordenamiento jur�dico, y que esta conducta no ha sido la causante del da�o. La sala encuentra que el incentivo pretende, por una parte, aliviar los gastos propios en que puede incurrir un demandante en cualquier proceso, por otra parte, premiar a quien emprende una acci�n eficiente para que los derechos colectivos cobren vigor, y finalmente, animar al actor a enfrentarse con una contraparte que en diversas oportunidades ser� econ�micamente poderosa y dispondr� de todos los recursos necesarios para enfrentar la relaci�n procesal.
De acuerdo con lo anterior, es cierto que la obligaci�n de pagar el mencionado incentivo no constituye por s� misma una condena, pero en todo caso, no consultar�a la equidad obligar a alguien a la realizaci�n de esa erogaci�n por el solo hecho de constituir la parte demandada en un proceso de acci�n popular. As�, quienes son vinculados a este tipo de procesos, sin haber sido siquiera agentes indirectos generadores del da�o, deben quedar liberados de esta carga derivada del proceso, si es diferente de las que ellos mismos aceptan en virtud de un pacto de cumplimiento, pues de lo contrario, todo demandado en acci�n popular soportar�a, por el hecho de serlo y sin importar si participo o no en la causa del da�o, el peso de pagar el incentivo en caso de que la acci�n logre la protecci�n del inter�s colectivo� (Sent.
AP-098 del 21 de septiembre de 2000). En ese orden de ideas, luego de hacer un an�lisis de las pruebas que obran en el expediente, de lo expresado en la demanda y en su contestaci�n, consider� que no se acredit� que los demandados hayan sido los agentes generadores del da�o, por lo que deben salir libres de cualquier tipo de carga derivada del proceso, pues no se encuentran en la obligaci�n de soportar, por el solo hecho de ser vinculados como extremo pasivo, la compensaci�n que obtiene una persona que act�a en beneficio de la comunidad, a trav�s de la acci�n popular, por lo que en el numeral quinto de la sentencia acusada neg� reconocer el pago del incentivo al actor, por las razones expuestas.
LA IMPUGNACI�N El demandante y el apoderado de la mayor�a de los accionados, apelaron la sentencia proferida por la Juez 28 Civil del Circuito. El actor no comparte el fallo de primera instancia, considera que por equivocaci�n no se le concedi� el incentivo de que trata el art�culo 39 de la Ley 472 de 1998, ya que en el expediente existen m�ltiples expresiones de los abogados de la parte pasiva en las que sus mandantes tienen responsabilidad directa en la instalaci�n de las rejas, puertas, postes y la caseta sobre el espacio p�blico, de los testimonios rendidos por el declarante Hebert Guti�rrez Salgado, Javier Enrique Almonacid Garay, los memoriales del Dr. Andr�s Guti�rrez Salgado, en los que reconocieron haber sido los accionados quienes instalaron el cerramiento con el argumento de la protecci�n de sus bienes y por motivos de seguridad en el sector, aceptando totalmente la responsabilidad de ellos en los hechos de la demanda; que los argumentos de seguridad alegados por el Dr. Andr�s Guti�rrez Salgado, como motivos para la instalaci�n de las rejas, y, los esgrimidos por el Dr. Malaver Guerrero, que las rejas fueron instaladas antes de la vigencia de la Ley 472 de 1998, cuya aplicaci�n no es retroactiva, son argumentos que han sido rechazados repetidamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que solicit� revocar la sentencia de primera instancia, en lo que a los incentivos se refiere, concedi�ndolos en la forma se�alada en el art�culo 39 de la Ley 472 de 1998 citada, ya que los motivos establecidos en la norma est�n justificados al haber aceptado los demandados su responsabilidad en la instalaci�n de los cerramientos y la caseta.
Por su parte el apoderado de la mayor�a de los accionados, Dr. Andr�s Guti�rrez Salgado, en su escrito de apelaci�n afirm� que el art�culo 6� de la Ley 9� de 1989, sobre reforma urbana, no proh�be en forma absoluta los encerramientos. En cuanto a la existencia de las rejas existen derechos que deben sopesarse y conciliarse, como son el derecho colectivo al uso, goce, disfrute del espacio p�blico y el derecho fundamental que tienen las familias que integran la comunidad demandada a su protecci�n integral, de acuerdo al mandato del art�culo 42 de la Constitucional Nacional, por lo que exigen que la soluci�n sea razonada, ponderada a fin de promover la aplicaci�n arm�nica e integral de los valores constitucionales.
Luego de un estudio de los derechos absolutos, considera el recurrente que el derecho fundamental a la seguridad prima sobre los derechos colectivos, m�xime que no ha habido vulneraci�n de los derechos de la comunidad, y menos pretender apropiarse del mismo, ya que las rejas son transparentes y las puertas permanecen abiertas en el d�a y solamente en las noches son cerradas con el �nimo de brindar seguridad a los residentes del sector, sin impedir el acceso vehicular y peatonal.
Que, arguye el mismo apoderado, el derecho a la seguridad no es una invenci�n de �ltimo momento, sino que esta presente desde hace mucho tiempo en nuestras concepciones jur�dicos filos�ficas, pues desde las obras de Thomas Hobbes �El leviat�n� y Jean Jacques Rousseau en su �Contrato Social� se dec�a que el hombre al entrar en su contrato social ced�a su libertad natural para as� alcanzar su libertad civil, lo cual quiere decir que una comunidad entrega su libertad natural para que el Estado la proteja y la defienda; que este es precisamente el fundamento del art�culo 2� de la Constituci�n Pol�tica de Colombia y no se estar�a logrando al quitarle sus rejas a la comunidad de ciudadanos residentes de la carrera 25A con calles 135 y 135 A. Que del acervo probatorio del proceso, como tal la inspecci�n judicial practicada por el a quo, en consonancia con los testimonios rendidos, se puede constatar que a nadie se le restringe el paso tanto peatonal como vehicular, por lo que es evidente que no hay violaci�n del espacio p�blico por parte de la comunidad demandada, pues si a nadie se le restringe el paso no puede hablar el demandante de violaci�n del espacio p�blico.
Se reafirman los argumentos esgrimidos en los alegatos de conclusi�n, en lo relativo al incentivo de que trata el art�culo 39 de la Ley 472 de 1998, en la pretensi�n del actor a que se condene a los demandados, solicitando que se despeje el punto de que los derechos colectivos en Colombia son derechos absolutos y priman sobre los derechos fundamentales, y establecer si realmente se hizo un ejercicio de ponderaci�n de derechos en donde choca un derecho fundamental con un derecho colectivo, pues como est� redactada la sentencia de primera instancia se estar�a frente a una v�a de hecho; como consecuencia de lo expuesto se revoque la sentencia del a quo y en su lugar se declaren probadas las excepciones propuestas por los demandados, de la misma manera se declare que no hay lugar al pago del incentivo.
El demandado Ezequiel Malaver Guerrero, considera que la sentencia recurrida debe ser revocada en lo referente a la no prosperidad de las excepciones propuestas por los demandados, y en su defecto proferir sentencia modificatoria despachando favorablemente las excepciones a favor de la parte pasiva, manteniendo inc�lume el numeral quinto de la parte resolutiva de primera instancia que neg� la condena al incentivo.
Funda sus argumentos en los derechos a la igualdad, a la seguridad e integridad, que fueron desconocidos por la primera instancia. De la misma manera considera que al actor no lo mueve la defensa de los derechos colectivos sino la defensa de sus derechos particulares, de orden econ�mico. Arguye que el a quo desconoci� la vigencia de la ley y que sus efectos son a futuro, salvo en lo favorable al demandado, su aplicaci�n no es retroactiva, pues la realizaci�n de los hechos es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998.
Igualmente se desconoce la falta de relaci�n nexo causal, la ausencia de culpa de los demandados, que nunca fueron realizados ni directamente, ni indirectamente, ni a favor ni en contra del actor, y menos en contra de la comunidad. Tambi�n desconoce los principios a la igualdad y proporcionalidad de la ley, lo que conduce a dar un tratamiento desigual en la administraci�n de justicia permitiendo a unas personas o entidades usos irracionales y a otros no tutelando derechos fundamentales.
Desconociendo el derecho a la seguridad e integridad de las personas, derecho que debi� tutelar para la comunidad de los demandados, tanto por la seguridad integral de las personas, como la protecci�n de sus bienes. CONSIDERACIONES A manera de introducci�n para la decisi�n del recurso de apelaci�n interpuesto contra el fallo de primera instancia, tenemos que desde el punto de vista hist�rico, normativo y jurisprudencial sobre este tipo de acciones en nuestra legislaci�n nacional, la Corte Constitucional ha precisado: �1.
Como una de las tantas innovaciones introducidas por la Carta Pol�tica de 1991 al r�gimen constitucional colombiano de protecci�n judicial de los derechos de las personas, aparecen en los incisos primero y segundo del art�culo 88 de la Constituci�n el concepto de Acciones Populares con fines concretos y el de Acciones de Clase o de Grupo.
Estas disposiciones establecen que: "La ley regular� las acciones populares para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p�blicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ�mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
"Tambi�n regular� las acciones originadas en los da�os ocasionados a un n�mero plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. " ". Aspecto sustancial de esta innovaci�n es su fundamento constitucional directo y su extensi�n a �mbitos que no hab�an sido objeto de regulaci�n antecedente. Empero, cabe destacar que en nuestro sistema jur�dico ya se conoc�a de anta�o la figura de las acciones populares consagrada en el orden legal en varias disposiciones del C�digo Civil, y m�s recientemente en otras normas pertenecientes a regulaciones alejadas de aquel texto como se ver� en detalle m�s adelante. 2.
No sobra advertir, para los fines apenas ilustrativos de esta parte de la providencia, que las Acciones Populares y Ciudadanas con fines abstractos se conocen en Colombia desde los mismos or�genes de la Rep�blica como instrumentos para asegurar la legalidad y la constitucionalidad de los actos jur�dicos de car�cter legislativo y administrativo; aquellas acciones han sido, en su desarrollo pr�ctico, uno de los instrumentos procesales m�s destacados en toda nuestra historia jur�dico-pol�tica y aparecen reiteradas en el nuevo texto constitucional como uno de los aportes nacionales a la ciencia constitucional del mundo occidental. 3.
Ahora bien, por el contrario, nuestras acciones populares con fines concretos han sufrido las vicisitudes propias de un sistema jur�dico t�picamente jurisdiccional y legislado, que no ahond� en el fortalecimiento de las competencias del juez y de sus capacidades protectoras de los derechos de las personas y que limit� seriamente las v�as de acceso a la justicia; desde luego, este destino hist�rico no fue sufrido �nicamente por nuestro derecho, ya que buena parte de los reg�menes similares al nuestro y que segu�an sus mismas tendencias, se pueden catalogar dentro de estas caracter�sticas. 4.
S�lo a partir de la segunda mitad de este siglo, el movimiento constitucionalista continental europeo y latinoamericano paulatinamente se ocup� de reexaminar las condiciones estructurales del concepto de acceso a la justicia y recibi� parcialmente las influencias del derecho anglo-americano, incorporando en principio, y en distintas formas, los instrumentos que dan al juez un marco m�s amplio de competencias enderezadas a los fines propios de la defensa de las personas frente a los poderes del Estado, de la Administraci�n, de los gobiernos y de los grupos econ�micamente m�s fuertes dentro de las sociedades fundamentadas en la econom�a capitalista.
Con los mismos fines ilustrativos, se tiene que la Teor�a General del Proceso influenciada por el derecho constitucional contempor�neo, se ha ocupado de plantear la problem�tica judicial derivada de las siempre cambiantes condiciones de las sociedades, y en consecuencia, el viejo concepto de igualdad ha sido reexaminado de tal manera que en sus distintos aspectos, la regulaci�n del proceso ha avanzado de modo notable con instituciones ya recibidas en nuestro ordenamiento jur�dico; empero, las m�s profundas modificaciones en lo que hace a la problem�tica del acceso a la justicia han exigido al Derecho Constitucional y a la misma Teor�a General del Proceso el abordar nuevos y m�s grandes retos, desconocidos e inimaginados inclusive en las primeras etapas de evoluci�n del Estado demoliberal.
Lo que caracteriza estas evoluciones no es tanto la consagraci�n de las libertades sino su vigencia por virtud de la actividad procesal; en otros t�rminos, para el derecho contempor�neo no resulta suficiente consagrar los derechos de las personas en la Constituci�n para que estos sean respetados por las autoridades y por las personas en general. 5.
Naturalmente cabe destacar que dentro de nuestra tradici�n constitucional los remedios judiciales previstos para la protecci�n de los derechos de las personas se han dividido entre los que son espec�ficamente previstos para la protecci�n inmediata de los derechos constitucionales como el Habeas Corpus, las Acciones P�blicas de inconstitucionalidad y de nulidad y la Excepci�n de Inconstitucionalidad, y los que son ordinarios y comprenden los derechos subjetivos y los intereses leg�timos como el procedimiento civil y el procedimiento contencioso administrativo; en este mismo sentido se pronunci� la Carta de 1991, pero por voluntad expresa del Constituyente �sta fue mucho m�s all� al incrementar no s�lo el n�mero de los derechos fundamentales de la persona humana y al hacer extensiva su eventual protecci�n judicial a todas las personas, inclusive en algunas situaciones jur�dicas, a la persona moral, sino al establecer mayores y m�s efectivos medios espec�ficos de su amparo judicial, como ocurre con la denominada Acci�n de Tutela consagrada en el art�culo 86 de la Carta, enderezada de modo complementario pero directo hacia la protecci�n de los derechos constitucionales fundamentales de las personas.
Igual predicado se hace sobre las Acciones Populares con fines concretos previstas espec�ficamente para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos (art. 88 inciso primero) y sobre las Acciones de Grupo o de clase (art. 88 inciso segundo) para proteger todo tipo de derechos que resulten "da�ados" en un grupo amplio de personas. Estas disposiciones constitucionales se encuadran obviamente dentro del conjunto arm�nico y ordenado de las dem�s v�as, instancias y competencias judiciales ordinarias y especializadas que tienen igual fundamento constitucional; en este sentido, es claro el deber del legislador de proveer con sus regulaciones los desarrollos normativos que den a cada uno de estos instrumentos la posibilidad coherente y sistem�tica de su efectivo ejercicio por todas las personas.
Desde esta perspectiva, se tiene que las Acciones Populares, sin ser un instituto desconocido en nuestro medio, ahora aparecen ocupando un lugar preminente que irradia con sus proyecciones constitucionales una nueva din�mica al derecho p�blico colombiano; esto significa, principalmente, que aquellas dejar�n de estar en el olvido y que, tanto jueces como ciudadanos en general, podr�n ocuparse de estas con mayor efectividad que antes.
Ahora, la Corte Constitucional advierte que se hace necesario promover entre los ciudadanos y los operadores del derecho una s�lida conciencia c�vica para dar a estas previsiones el impulso pr�ctico que merecen en favor de la vigencia de la Carta y de los cometidos garant�sticos se�alados por el constituyente. Esta consideraci�n se hace teniendo en cuenta la situaci�n jur�dica planteada en el caso que se examina, puesto que, como se ha visto, el peticionario pretende en principio y de modo expreso la protecci�n por v�a de la Acci�n de Tutela de un Derecho e Inter�s Colectivo de los que enumera expresamente la Carta, como se ver� 6.
En este orden de ideas se observa que el inciso primero del art�culo 88 de la Carta, al consagrar las denominadas Acciones Populares como otro de los instrumentos de defensa judicial de los derechos de las personas, se�ala tambi�n el �mbito material y jur�dico de su procedencia en raz�n de la naturaleza de los bienes que se pueden perseguir y proteger a trav�s de ellas; estas aparecen previstas para operar dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son, espec�ficamente, el patrimonio p�blico, el espacio p�blico y la salubridad p�blica; igualmente, se se�ala como objeto y bienes jur�dicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia econ�mica.
Esta lista no es taxativa sino enunciativa y deja dentro de las competencias del legislador la definici�n de otros bienes jur�dicos de la misma categor�a y naturaleza. Queda claro, pues, que estas acciones, aunque est�n previstas para la preservaci�n y protecci�n de determinados derechos e intereses colectivos, pueden abarcar otros derechos de similar naturaleza, siempre que estos sean definidos por la ley conforme a la Constituci�n, y no contrar�en la finalidad p�blica o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de l�gica y seguridad jur�dica.
Tambi�n se desprende de lo anterior que las acciones populares aunque se enderecen a la protecci�n y amparo judicial de estos concretos intereses y derechos colectivos, no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparaci�n subjetiva o plural de los eventuales da�os que pueda causar la acci�n o la omisi�n de la autoridad p�blica o del particular sobre ellos; para estos �ltimos fines el constituyente erigi� el instituto de las acciones de grupo o de clase y conserv� las acciones ordinarias o especializadas y consagr� como complemento residual la Acci�n de Tutela.
Dentro de este �mbito, a lo sumo, podr�a establecerse en la ley, como consecuencia de su ejercicio y del reconocimiento de su procedencia, una recompensa o premio a quien en nombre y con miras en el inter�s colectivo la promueva. Por su finalidad p�blica se repite, las Acciones Populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un da�o que se quiera reparar, ni est�n condicionadas por ning�n requisito sustancial de legitimaci�n del actor distinto de su condici�n de parte del pueblo.
Caracter�stica fundamental de las Acciones Populares previstas en el inciso primero del art�culo 88 de la Constituci�n Nacional, es la que permite su ejercicio pleno con car�cter preventivo, pues, los fines p�blicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un da�o o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a trav�s de ellas.
Desde sus m�s remotos y cl�sicos or�genes en el Derecho Latino fueron creadas para prevenir o precaver la lesi�n de bienes y derechos que comprometen altos intereses colectivos sobre cuya protecci�n no siempre cabe la espera del da�o; igualmente buscan la restituci�n del uso y goce de dichos intereses y derechos colectivos. En verdad, su poco uso y otras razones de pol�tica legislativa y de conformaci�n de las estructuras sociales de nuestro pa�s, desdibujaron en la teor�a y en la pr�ctica de la funci�n judicial esta nota de principio.
Los t�rminos del enunciado normativo a que se hace referencia en este apartado, no permiten duda alguna a la Corte sobre el se�alado car�cter preventivo y restitutorio y se insiste ahora en este aspecto dadas las funciones judiciales de int�rprete de la Constituci�n que corresponden a esta Corporaci�n. Adem�s, su propia condici�n permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades p�blicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitaci�n es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines p�blicos y concretos, no subjetivos ni individuales.� (Sent.T-508/92.
Mp. Dr. Fabio Mor�n D�az) Ahora bien, no hay duda que el ejercicio de las acciones populares est� hoy regulado por la Ley 472 de 1998, incluidas las especiales preexistentes a su advenimiento (art�culo 45: �Continuar�n vigentes las acciones populares consagradas en la legislaci�n nacional, pero su tr�mite y procedimiento se sujetar�n a la presente ley�), que las define como los medios procesales para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos, que se ejercen para evitar el da�o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci�n o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (art�culo 2); esto es, la acci�n popular incoada en procura de la defensa del espacio p�blico y la utilizaci�n y defensa de los bienes de uso p�blico, supuestamente afectados como consecuencia de la actividad desplegada por los demandados, por actos perturbadores a su uso, goce y disfrute, entendiendo y definido como un derecho colectivo (art�culo 4), en concordancia con el art�culo 8� de la Ley 9a. de 1989, que se�ala: "Los elementos constitutivos del espacio p�blico y el medio ambiente tendr�n para su defensa la acci�n popular consagrada en el art�culo 1005 del C�digo Civil.
Esta acci�n tambi�n podr� dirigirse contra cualquier persona p�blica o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoci�n, suspensi�n o prevenci�n de las conductas que comprometieren el inter�s p�blico o la seguridad de los usuarios.� As� pues, sabido que las disposiciones legales citadas anteriores a la expedici�n de la Carta Pol�tica de 1991, no le son contrarias y se armonizan entre s�; que la acci�n popular que nos ocupa fue instaurada con posterioridad al 6 de agosto de 1999 - fecha en que empez� a regir la Ley 472 de 1998-; que el tr�mite a seguir con anterioridad y despu�s a dicha ley es el abreviado (otrora vigentes art�culo 414 C�digo de Procedimiento Civil y art�culo 39 del Decreto 2651 de 1991, en concordancia con el art�culo T�tulo XIV Libro 2� C�digo Civil, la Ley 9� de 1989 y Decreto 2303 de 1989), tr�mite que en efecto reclam� la parte actora y que le imprimi� el a quo; y que la acci�n se dirige contra particulares ajenos al ejercicio de funciones administrativas; no hay duda que su conocimiento y juzgamiento corresponde a la jurisdicci�n ordinaria civil; jurisdicci�n y competencia sobre las cuales no existe debate ni cabe hoy discusi�n (art�culo 16, Ley 472 de 1998).
Establecido lo anterior se tiene que las pretensiones del demandante tienen como soporte la afectaci�n que, aduce, se presenta al espacio p�blico, como consecuencia de los cerramientos que se dicen realizados por los demandados en el sitio ya conocido, cerramientos que se afirma ocasionan dicha vulneraci�n como consecuencia de infringir las normas sobre la materia, concretamente el literal d) del art�culo 4� de la Ley 472 de 1998 que permite a la comunidad el goce del espacio p�blico y la utilizaci�n y defensa de los bienes de uso p�blico, realizando cerramientos prohibidos, solicitando que para la defensa efectiva de dichos derechos se ordene a los demandados el retiro de los cerramientos; en conclusi�n compete a la Sala determinar si ciertamente se presenta la afectaci�n de los derechos colectivos que se se�alan por el demandante, como consecuencia de los mencionados cerramientos.
En estas acciones son procedentes los medios de prueba establecidos en el C�digo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que respecto de ellos disponga la ley que las rige; as� mismo la carga de la prueba corresponde al demandante, salvo que por razones de orden econ�mico o t�cnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, caso en el cual el juez impartir� las �rdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de m�rito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad p�blica cuyo objeto est� referido al tema materia de debate y con cargo a ella; esto es, determinar si se presentaron las acciones y omisiones de los particulares demandados, que hayan afectado el derecho e inter�s colectivo aducidos en el libelo, dando paso a la medida reparatoria y recompensa reclamadas.
Con las precisiones anotadas, conocidos los antecedentes y alegatos de las partes extremas del litigio, de las pruebas recaudadas, no tachadas de falsas, concretamente los conceptos rendidos por las entidades p�blicas y la confesi�n misma hecha en la demanda y su contestaci�n, no hay duda de la existencia de los cerramientos que fundan las peticiones del demandante, respecto de los cuales la parte demandada aduce que fueron realizados de anta�o, con conocimiento de las autoridades p�blicas, por razones de seguridad de la comunidad, pero que afectan el derecho colectivo.
Es incuestionable que el derecho al goce del espacio p�blico, y la utilizaci�n de los bienes de uso p�blico, es un derecho colectivo y que su preservaci�n es reconocida como de inter�s general, de ah� que no admita discusi�n la procedencia de acudir a acciones como la presente, cuando de su protecci�n se trata, y al estar acreditada la realizaci�n de los cerramientos en el lugar objeto de estudio, resulta configurado el da�o del inter�s colectivo, por estar afectado y amenazado de manera efectiva dicho derecho, lo que da lugar a su restablecimiento, esto es, eliminar los cerramientos, con rejas met�licas, de un parque de uso publico, y de la v�a publica, de tal manera que no se obstaculice el tr�nsito vehicular y peatonal, y su libre uso.
V�ase que en el expediente obran pruebas suficientes que permiten establecer el cerramiento con rejas y la instalaci�n de la caseta de vigilancia se�alados, los que fueron instalados aduci�ndose motivos de seguridad, que al estar ocupando espacio p�blico deben ser retirados, como lo orden� el a quo, pero no en cuanto al marco del debate concerniente a la apelaci�n del actor, que solicita se ordene el pago del incentivo de que trata el art�culo 39 de la Ley 472 de 1998, toda vez que, a decir del recurrente, en el expediente obran pruebas suficientes que permiten establecer que el cerramiento con rejas y la instalaci�n de la caseta de vigilancia fueron hechos por los demandados, pues si bien es cierto que con el acervo probatorio se pudo establecer que en efecto, en la carrera 25A entre calles 135 y 137, existe un cerramiento y una caseta de vigilancia, que limitan el goce del espacio p�blico, el actor en cuya cabeza estaba la carga de la prueba, no pudo probar quien o quienes fueron los directos generadores de tales obras, ya que la responsabilidad en el hecho generador del da�o no se puede presumir, por lo que debe probarse por cualquiera de los medios de pruebas establecidos en el art�culo 175 del C�digo de Procedimiento Civil.
Por lo que el actor debi� aportar una prueba fehaciente, a manera de ejemplo, un acta de asamblea con la que se pruebe que la comunidad lleg� a un acuerdo para la instalaci�n de las rejas, y las gestiones que se comprometieron a realizar tendientes a lograr dicho objetivo, de tal manera que se estableciera quien o quienes son los responsables de la vulneraci�n del goce del espacio p�blico, producto de la instalaci�n de aquellas.
En efecto, debido a que la sanci�n establecida en la ley, por el hecho da�ino a la comunidad, es pecuniaria se hace necesario individualizar los responsables, de modo que sean ellos quienes soporten la carga de orden econ�mico, de tal manera que no se vean perjudicadas personas ajenas al acuerdo del cerramiento, planteamiento acorde con la Sentencia AP 098 del 21 de septiembre de 2000, del Consejo de Estado, aducida por el a quo, la que le sirvi� de fundamento para negar el incentivo, cuya parte pertinente transcribe: �la obligaci�n de pagar el mencionado incentivo no constituye por s� misma una condena, pero en todo caso, no consultar�a la equidad obligar a alguien a la realizaci�n de esa erogaci�n por el solo hecho de constituir la parte demandada en un proceso de acci�n popular.
As�, quienes son vinculados a este tipo de procesos, sin haber sido siquiera agentes indirectos generadores del da�o, deben quedar liberados de esta carga derivada del proceso�; en suma como el actor y recurrente no pudo probar en cabeza de quien reca�a la responsabilidad del cerramiento, as� resulten ser los demandados propietarios de algunos inmuebles, calidad en que fueron demandados, no se les pueden endilgar responsabilidades al arbitrio, razones dem�s para confirmar la providencia en el numeral recurrido por el actor.
Y en cuanto a los argumentos de la apelaci�n de la providencia por los apoderados de la parte demandada, de una adecuada valoraci�n probatoria se puede colegir, y resta solamente decir, que en el sector de la carrera 25A entre calles 135 y 137 existe un cerramiento, con rejas y puertas, el que impide el goce y disfrute del espacio p�blico, coartando el ingreso al parque all� existente y limitando el transito tanto vehicular como peatonal, pues obra en el proceso que el Departamento Administrativo de la Defensor�a del Espacio P�blico, realiz� una visita t�cnica al sector, en la que pudo constatar no solo la existencia de las rejas y la caseta de vigilancia sobre la zona verde, sino la invasi�n del espacio p�blico que impide el libre tr�nsito peatonal, al estar instaladas sobre una zona de cesi�n obligatoria gratuita, de propiedad del Distrito Capital, y pese a que la titularidad esta en cabeza del Distrito, estas zonas est�n destinadas al uso y disfrute de los habitantes de la ciudad, en general, por lo que no es permitido que los particulares ejerzan actos de disposici�n, como el cerramiento en cuesti�n, argumentado la seguridad del reducido grupo de personas que habitan los alrededores, cuando, por norma constitucional, prima el inter�s general sobre el inter�s particular.
De la misma manera la subdirecci�n jur�dica de la Secretar�a de Tr�nsito y Transporte de Bogot�, concluye que es una v�a de uso p�blico, que por las medidas de la v�a, y pese a no estar se�alizada no esta permitido el parqueo de veh�culos, por lo que la entidad estar�a facultada para realizar operativos en el evento que se pretendiera utilizar como zona de parqueo.
Igualmente el a quo realizo una diligencia de inspecci�n judicial al lugar en la que pudo constatar la existencia de las rejas y la caseta de vigilancia, y, aun cuando las puertas se encontraban abiertas, existe limitaci�n para el libre uso, goce y disfrute de dichas zonas de uso p�blico. Por lo anotado comparte la Sala la decisi�n del a quo, basada en la afectaci�n comprobada de dicho derecho colectivo, dando lugar a lo orden de restablecimiento, sin lugar a condena alguna por concepto del incentivo a favor de la parte actora, como tampoco se impuso carga alguna a los demandados en orden a restablecer los derechos afectados, pues con independencia de la autor�a de los hechos vulneradores de los derechos colectivos, es innegable que la finalidad de las acciones populares es el restablecimeitno y garant�a de tales En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, D. C., Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha y procedencia preanotadas, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia dada la no prosperidad de los recursos de apelaci�n interpuestos por ambas partes. TERCERO.- En firme la presente decisi�n, devu�lvase el expediente a la oficina de origen.
C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 110013103028200201152-01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 110013103028200201152-01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 110013103028200201152-01. P�GINA 21 !"/0ps����9:<C<KLI�1USU`QceVf'i+i-i=i?iق��������:�=� �j�����������Ż�ͫ��ͻ�͓�͓��̓��}�v�v̀r�r�6�CJCJOJQJmH CJCJmH 6�>*B*CJOJQJ6�B*CJOJQJB*CJ5�B*CJOJQJB*CJOJQJ5�B*OJQJ5�B*CJOJQJB*CJOJQJB*CJOJQJB*OJQJ 6�@���B*@���B*j@���B*UB*mH B*OJQJ5�B*OJQJ, "0Xrstuv��������*5_�����������������������������$ �($�L���$�� ��$$dh$ "0Xrstuv��������*5_����89:;<CDE<=>KLM"#$%&'(������������������������������������������~{xu���������������������������������������������������������������������������������������*���M���\���������������������F���G���H���y���z���{���������������������������������������.89:;<CDE<=>KLM"#$%&'()*0 1 2 ��������������������������$dh$$()*0 1 2 I J ��<=9:; � � � xyz !"#$%&'(���?@A*+,�����������������������������������}zwtrol|���}�������������������.���/������� ������������������������������������ �������� c��� d���e������������������� ������� ������� ���� ���� ��������������������)2 I J ��<=9:; � � � xyz !"#$�������������������� $�h ��$ ��$ &F�� ��$ �$ &F�� �� $�h ��$ &F�� 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