SENTENCIA — Tribunal Superior de Medellín

Notas al pie · 4

1. 012.10 “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. 11 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil, Sentencia SC4420-2020. 31 05001 31 03 020 2020 00165 01 perjuicios morales, la apelación en este punto debemos resolverla desde lo probatorio relacionado con la causa del siniestro, pues la defensa del recurrente se centra en que el hecho fue causado por un tercero, como fue el taxista contra el que colisionó. Del croquis de tránsito12, el cual tiene presunción de autenticidad según el artículo 244 del C. G. del P., el cual fue realizado in situ por autoridades expertas en la materia, dejó la siguiente diagramación: Ahí se ve cómo quedaron los vehículos siniestrados, pero no se puede colegir cuál de los dos cruzó el semáforo en rojo, como tampoco ello se dilucida al otear el video de tránsito que también se aportó a las presentes13, ni mucho menos de las diligencias ante las autoridades administrativas pertinentes, pues las mismas de cara al caso concluyeron que no había lugar a: “… imputar responsabilidad en materia contravencional de tránsito en el presente caso…”14 12 El Informe Policial de accidente de Tránsito obra a folio 96 archivo 02DemandaAnexos. 13 Video cámara de seguridad 034 Municipio de Medellín (Archivo 34 CD 123 0500131030202020200016500). 14 Mediante la Resolución 201950040398 del 12 de abril de 2019, la Inspección de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín decidió no imputar responsabilidad contravencional, por no existir medios probatorios suficientes que permitan endilgar responsabilidad, dado las versiones 32 05001 31 03 020 2020 00165 01 Entonces, debemos adentrarnos en los demás medios probatorios recaudados, donde siguiendo la misma línea sobre la incertidumbre sobre cuál conductor causó el accidente, el Informe Técnico de Reconstrucción de accidentes de Tránsito CESVI COLOMBIA (folio 75 archivo 18Contestación DdaSistema Alimentador S.A.S.20201103), tampoco ayuda sobre el particular, pues el mismo concluye que no hay evidencia de cuál de los vehículos se pasó el semáforo en rojo, aunque deja en claro que no es posible que el vehículo taxi alcanzara una velocidad de 30 km/h partiendo del reposo en la calle 44, y dado el impacto no se puede calcular su velocidad, a lo que agregó que el bus transitaba a una velocidad del orden de 36km/h, excediendo el límite permitido en la zona15. En su interrogatorio NESTOR JAIRO MUÑOZ CIRO, conductor del taxi, expuso que transitaba por la calle 44 también denominada “San Juan”, altura en la que la luz del semáforo era verde, cuando a los 2, 3 o 5 metros del cruce los impactó el bus, indicando que iba por el carril de la mitad, y que su carro quedó en dirección Sur a Norte, o sea, dio vuelta campanada y quedó en sentido opuesto, precisando que su velocidad era de 30km/h. También expresó que iba subiendo y que cuando el bus le dio, lo vio a 5 o 6 metros, atribuyendo la causa del accidente al otro conductor, que según su decir, se pasó el semáforo en rojo. Dejó en claro que efectivamente llevaba los ocupantes que se reportan en el informe de tránsito. De otro lado, y con una versión encontrada al anterior encontramos lo expuesto por el conductor del bus, don MISAEL GIL AGUDELO, quien dijo disímiles que no encuentra sustento en otro medio probatorio que permita esclarecer cuál de los dos conductores infringió la señal semafórica. (folio 40 y siguientes archivo 02DemandaAnexos). 15 En la contradicción de tal dictamen, DAVID JIMENEZ VIDALES (minuto 1:56 archivo 76AudienciaParte1), indicó que a partir de la respuesta dada por la Alcaldía de Medellín en el archivo 64 se puede concluir que la prelación vial la tenía la calle 44, aunque dice que la velocidad máxima es de 60 km/h hay que tener en cuenta que por ser intersección según las normas de tránsito la velocidad debe ser de 30 km/h. Concluyó que se puede colegir para el momento de los hechos cuál semáforo se encontraba en fase verde. 33 05001 31 03 020 2020 00165 01 que iba por la carrera 44, carril derecho, y al pasar el semáforo que estaba en verde colisionó con el taxi, y quedó en el carril del medio. Sobre su velocidad, que era 31 Km/h, y que a una distancia de 4 metros vio la señal semafórica en verde, llegando primero a la intersección y se produjo el choque con el otro vehículo el cual no vio antes del choque, atribuyéndole al conductor de este la causa del accidente. Versiones tan encontradas de los conductores protagonistas del siniestro, y dada la limitación probatoria técnica a la que hemos aludido, hacen que debamos acudir a los demás medios probatorios recaudados. Comencemos por el testimonio de DIANA CAROLINA CIFUENTES GUEVARA, quien junto a otros personas también iba como pasajera del taxi. Ella expresó que estaban parados en el semáforo y una vez cambia la señal, el conductor arranca, pero el del bus se pasa el semáforo en rojo y los arrolla. Precisó que estaban de primero ante el semáforo ya que estaba en rojo, y lo cruzaron cuando pasó a verde; y que el otro vehículo los impacta en la puerta izquierda y el “bomper”, atribuyéndole la causa del accidente a que el conductor del bus se pasó el semáforo en rojo. Tal testigo indicó que iba en la parte de atrás del taxi junto con su hija SARA SOFIA CALCEDON CIFUENTES, de ocho (8) años de edad, y que en tal vehículo sus pasajeros eran tres adultos y dos niños. Por su parte la codemandante ESTELA DE JESÚS MARTÍNEZ SUÁREZ, también pasajera en el taxi, dijo que se dirigían por “San Juan” cuando venía el bus denominado “alimentador”, el cual iba “volado” y que se pasó el semáforo en rojo golpeando el taxi, les dio otro golpe y los atravesó. Entonces, que la causa del accidente fue atribuible al bus que se pasó el semáforo. La lesionada LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ, relató que iba como pasajera en la parte delantera del taxi, y que en el semáforo hicieron la 34 05001 31 03 020 2020 00165 01 respectiva parada porque la señal estaba en rojo, cuando el conductor arrancó al pasar a verde, sintió el primer golpe y no recuerda más. Que el alimentador le dio al taxi con la parte delantera al lado del conductor, siendo la causa del accidente el que el bus los atropelló16. Por su parte, NESTOR JAIRO MUÑOZ CIRO (minuto 1:58:58 archivo 51AudienciaArts.372y373CGPParte1), conductor del taxi, relató que iban de Envigado para La Milagrosa, cuando a la altura del cruce de “San Juan con Niquitao”, él, quien tenía el semáforo el verde pasó pero se le apareció el bus, y ahí se produjo el choque, habiendo sido su velocidad menor a 40 Km/h, recalcando que iba muy despacio. Ahora, de las respuestas provenientes de la Alcaldía de Medellín (Archivo 64RtaAlcaldía202000314 y Archivo 71RespAlcaldía20220522), en cuanto a los semáforos de la intersección calle 44 con carrera 44, se tiene que: “Fase I: derecho de paso con luz verde para los vehículos que circulan por la calle 44 (San Juan) en dirección occidente – oriente y occidente - sur, con un tiempo de verde de 63 segundos, 3 segundos de amarillo y 31 segundos de rojo. “Fase II: derecho de paso con luz verde para los vehículos que circulan por la carrera 44 en dirección norte - sur y norte - oriente, con un tiempo de verde de 36 segundos, 3 segundos de amarillo y 58 segundos de rojo. “Nota: los últimos 3 segundos de verde vehicular se dan de forma intermitente. “Cada fase es independiente y solamente se da el movimiento que en ella se especifica, es decir cuando se da la fase I, los vehículos de la carrera 44 tienen su semáforo en color rojo y cuando se da la fase II, los vehículos de la calle tienen su semáforo en color rojo. El equipo está programado para que si en algún momento por alguna falla interna se diera verde por ambas vías, el controlador semafórico sale de servicio y se va a funcionamiento en estado de intermitencia”. Prelación vial calle 44, velocidad máxima permitida de 60 km/h. Y; “Dentro de la información que arroja nuestra plataforma de gestión del estado de la red semafórica no se tiene exactamente identificado en que color se encontraba cada vía de la intersección a una hora explicita; cada intersección presenta un ciclo de funcionamiento, para el caso de la intersección de la carrera 44 con calle44 se tenía para la fecha y hora en cuestión un ciclo de 100 segundos, esto significa que 16 Su interrogatorio obra desde el minuto 29:06 archivo 51AudienciaArts.372y373CGPParte1. 35 05001 31 03 020 2020 00165 01 cada color de la señalización, se daría cada 100 segundos cíclicamente en el momento respectivo a la fase que le haya sido asignado dentro de la programación y con determinada duración de tiempo establecida que ya se ha determinado en las respuestas entregadas anteriormente. En resumen la plataforma no dispone de la opción de informar en que color se encontraba un semáforo en un momento exacto de tiempo, solamente se conoce cual ciclo tenía y la programación según día y hora". Finalizando la relación y análisis probatorio, del “Formato Reporte Novedades CMO” dimanado de Seguros Bolívar, se tiene que MISAEL AGUDELO GIL, conductor del bus, reportó el accidente e informa que un taxi de placas WMR 078 se pasó el semáforo en rojo y lo colisionó. (Folio 116 archivo 22 ContestaciónSegurosBolivar20201105); pero resulta que esa es la única versión que se tiene sobre el particular. Tampoco probó el recurrente que el sobrecupo del taxi fuera la causa única y generadora del accidente, aunado que no demostró si la lesionada usaba o no el cinturón de seguridad, argumentos estos que se quedaron en conjeturas, por lo que en esos términos, visto el contexto de los medios probatorios recaudados, se tiene que el SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S. ni SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., probaron el eximente de responsabilidad en que fundaron sus defensas y que recalcaron vía alzada, por ende, dada la presunción de responsabilidad que gravita en su contra dentro del ejercicio de una actividad peligrosa, no podrán obtener el efecto jurídico perseguido, por lo que están llamados a responder por lo demandado extracontractualmente por EDGAR ESTIVEN, CATHERINE y JUAN PABLO RENDÓN DUQUE, y por OSCAR LEÓN DUQUE MARTÍNEZ, DULCE MARÍA y MARÍA PAULINA GIL RENDÓN, dentro de los criterios que aquí se han precisado. DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL (P.C.L.) DE LA LESIONADA: Para evacuar el problema jurídico relacionado con el intitulado, dijeron los recurrentes que: 1) la P.C.L. debió liquidarse para el momento en que se 36 05001 31 03 020 2020 00165 01 causó, y que de todos modos era menor; 2) Que la lesionada no tenía vínculo laboral, por lo que no procedía el reconocerse lucro cesante; 3) que era menester considerar la Resolución 110 de 2014, y en todo caso no debió incluirse el factor prestacional; 4) que la lesionada no ha dejado de percibir ingresos como consecuencia del accidente de tránsito. Para resolver, en primer lugar contamos con la Historia Clínica completa de doña LINA ALEXANDRA dimanada esta del HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN (ARCHIVO 74HistoriaClinica), la que para el 10/09/2018 presenta como diagnóstico “contusión de hombro y brazo”17, y en cuanto a la justificación clínica deja en claro que: Entonces, las lesiones en sí no están en duda ni ha sido debatido que las mismas se hubieran ocasionado con el suceso soporte de la acción, lo que releva a la Sala de referirse al particular, sino, los motivos de inconformidad están relacionados con las cuantificaciones que se hicieran del lucro cesante y los lapsos temporales para contabilizarlos. Para en efecto, en primer lugar encontramos el dictamen de P.C.L. de la lesionada, el cual fue suscrito el 12 de agosto de 2019, concluye que es paciente con secuelas osteomusculares secundarias a traumatismo de hombro izquierdo en accidente de tránsito común, dictaminando el correspondiente menoscabo en 19.80%. (fl 52 archivo 02DemandaAnexos). Con la contestación de la demanda de Seguros Bolívar se allega un segundo dictamen en similar estudio (P.C.L.) -ver folio 165 archivo 22 17 En el mismo también encontramos las siguientes anotaciones: 22/01/2019 Paciente con dolor persistente en compartimiento anteroposterior del hombro izquierdo; 31/01/2019 Buena evolución del dolor y la movilidad del hombro. NO requiere procedimiento quirúrgico. Descripción: Síndrome del manguito rotatorio; 06/02/2019 Se concluye deficiencia en la movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rangos de movimiento asociado a inflamación localizada. (folio 66 archivo 02DemandaAnexos); 31/01/2019 diagnóstico SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO. 37 05001 31 03 020 2020 00165 01 ContestaciónSegurosBolivar20201105-. En él se describió contusión de hombro izquierdo dolor residual, fijando el respectivo perjuicio en el 5.10%. Ahora, ¿cuál de los dos estudios citados considerará la Sala de cara a resolver el asunto?. Desde ya debemos anunciar que el primero, pues en este se realizó “valoración física” de la paciente, tal como se atesta a folio 64 del correspondiente cuaderno, mientras que en el allegado por la aseguradora codemandada y llamada en garantía se realizó “en forma documental, no presencial y con los soportes anexos en la reclamación”, dirigido a “un eventual proceso de conciliación por lesiones en responsabilidad civil”. Es decir, que en el primero aparte de la aproximación física a la paciente, no se advierte un interés Corporativo, por lo que aplicando el artículo 232 Procesal Civil, ha de considerarse en el estimado “… la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos…” Refuerza la anterior idea el hecho que quien rindió el primer dictamen, doctor JOSE WILLIAM VARGAS ARENAS. (Archivo 59AudicenciaArts.372y373 CGP.Parte2), en cuando a su idoneidad se estableció que es Médico y Cirujano, especialista en Salud Ocupacional y Medicina Laboral, habiendo indicado que el dictamen se hizo de acuerdo Decreto 1507, con fundamento en la historia clínica, ayudas diagnósticas y valoración de la paciente. Sobre el diagnóstico definitivo, refirió “capsulitis adhesiva del hombro izquierdo”, que es una rigidez de los movimientos de la articulación del hombro, el cual con el tratamiento mejoró un poco, pero quedó con algunas secuelas en los grados de movimiento del hombro izquierdo y dolor. También afirmó que la valoración física fue el 12 de agosto de 2019, y para ese momento ya había pasado la mejoría médica máxima, que se refiere al límite de recuperación, y que no hay tratamiento pendiente para optimizar la situación, e independiente de esa mejoría máxima, es necesaria fisioterapia. 38 05001 31 03 020 2020 00165 01 Dijo que le recomendó a la paciente una resonancia para el dictamen, pero no se pudo hacer porque sufre de claustrofobia, por lo que el estudio se hizo con fundamento en los otros exámenes existentes, sin que pueda asegurar que con ese examen otro hubiese sido el diagnóstico, el cual “serían solo suposiciones”. Terminó expresando que el resultado de la ecografía que se realizó no descarta la “capsulitis”, porque este diagnóstico se hace por química, y que la paciente tiene limitaciones para peso y movimiento repetitivo. Siendo así, pasemos a las críticas realizadas a la liquidación de los perjuicios materiales reclamados, anotando desde ya que pese a la informalidad laboral de la actora, de todos modos se tiene que trabajaba, para lo que basta otear no solo lo expuesto por ella en las presentes, sino lo expresado bajo la gravedad del juramento por EDGAR ESTIVEN RENDÓN DUQUE (minuto 1:17:50 archivo 51AudienciaArts. 372y373CGPParte1) y DIANA CAROLINA CIFUENTES GUEVARA (minuto 6:48 archivo 61AudienciaArts.372y373), todos coherentes entre sí, en el sentido que entre las actividades de doña LINA ALEXANDRA estaba el cuidar niños. Tales pruebas demuestran la actividad laboral, siendo dable presumir que la lesionada para el momento del accidente devengaba el salario mínimo legal mensual vigente, pues como lo ha dicho la jurisprudencia: “… Y no está por demás recordar que la equidad se erige en uno de los más caros criterios teleológicos que debe caracterizar la gestión judicial, no sólo para interpretar la ley cual lo disponen los artículos 32 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica propiamente dicha, inclusive de naturaleza probatoria, pues, v. gr., de conformidad con la Ley 446 de 1998, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales” (art. 16, se subraya). … “Así, a guisa de ejemplo, la Sala memora que la jurisprudencia de esta Corporación, de antaño ha encontrado en la equidad, aún mucho antes de que la ley aludiere expresamente a ella, un criterio valiosísimo en orden a dilucidar lo atinente a la cuantificación del lucro cesante, presente y futuro, solución aplicable, inclusive, para el evento en que esa modalidad de perjuicio material haya derivado de la 39 05001 31 03 020 2020 00165 01 interrupción de la asistencia alimentaria a los reclamantes, cuando quiera que —a diferencia de lo que por lo regular acontece de mediar una relación de tipo laboral— , ni la actividad lucrativa, ni su remuneración se pueden encuadrar en parámetros temporales y numéricos que ofrezcan mayor uniformidad. … “Por igual, en muchos casos que así lo han ameritado, para sortear la misma dificultad de tipo probatorio en torno al quantum del lucro cesante, se ha acudido a similares patrones, v. gr. al salario mínimo. Fue así como, acudiendo a las pautas someramente reseñadas, es decir, atendiendo la asistencia económica prodigada periódicamente por el occiso; su efectiva capacidad de producción económica; la posición social del núcleo familiar al que pertenece y la vida probable de la víctima indirecta, esta Corporación ha sostenido que el monto de la indemnización será impuesto, entre otros factores, atendiendo el valor mensual de la contribución familiar frustrada, que será establecido, “a falta de otra prueba categórica sobre el particular”, sobre la base del salario mínimo por mensualidades (sent. de 10 de marzo de 1994, retomada más recientemente el 7 de octubre de 1999, exp. 5002).”18. citas dentro del texto, subrayados fuera de él. Ahora, el hecho que la accionada con posterioridad al accidente de tránsito sustento de la acción siguiera percibiendo ingresos, no es suficiente para dejarle de reconocer el probado perjuicio, en la medida que el menoscabo implica pérdida de la capacidad laboral, por lo que de las reglas de la experiencia enseñan que en una actividad como la desempañada por doña LINA ALEXANDRA, la lesión implica mengua de sus ingresos, aunque se descartará cualquier imputación adicional de prestaciones sociales dado que la víctima directa era independiente laboralmente y no percibía este tipo de entradas, pues como ha dicho la doctrina: “A lo anterior no se le adicionará el 25 % correspondiente a prestaciones sociales dado que de las certificaciones expedidas no se desprende nítidamente que la prestación de servicios de la reclamante se encuentre amparada en un contrato de trabajo.” Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC2498-2018, radicación 11001-31-03-029-2006-00272-01. 3 de julio de 201819. También valga precisar, y en ello tiene razón el recurso, la Resolución de expectativa de vida a considerar es la vigente para el momento del siniestro. Pasemos a la liquidación acudiendo en todo caso a los principios de reparación integral establecidos en la ley 446 de 199820, 18 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia 5 de octubre de 2004 - Exp. 6975. 19 En este caso se evaluó el resarcimiento de una pasajera que resultó lesionada en accidente de tránsito y que perdió su capacidad laboral en el 51.16%. 20 Tal norma que reza; “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.” 40 05001 31 03 020 2020 00165 01 Del lucro cesante consolidado: Para su liquidación consideraremos el salario de $781.242,oo, siendo este el que regía para la época de los hechos, tal como se dispuso en el precedente del 9 de julio de 201221, para luego aplicar la fórmula para el lucro cesante consolidado como es la descrita “VA = LCM x Sn”22, donde para desarrollar las anteriores, tenemos que: If Va = Vh ---------------- Ii Donde; Va = Valor actual Vh = Valor histórico IF = IPC final (fecha de la liquidación) Ii = IPC inicial (fecha de la erogación) IPC agosto de 2018 (mes accidente) = 99.30 IPC junio de 2023 (fecha de esta sentencia) = 133.3823 21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. 9 julio 2012. Exp. 11001- 3103-006-2002-00101-01. En tal decisión se indicó: “Lucro cesante pasado: Para el primer período, esto es desde cuando se produjo la muerte (14 de septiembre de 1997) hasta la fecha de esta sentencia (mayo de 2012), se cuentan 176 meses. Esta liquidación, con base en el salario ($503.201,28) actualizado a la fecha presente, arroja el siguiente resultado: If “Va = Vh ---------------- Ii “Donde, “Va = Valor actual “Vh = Valor histórico “IF = IPC final (fecha de la liquidación) “Ii = IPC inicial (fecha de la erogación) “IPC septiembre de 1997 = 43,66* “IPC abril de 2012 = 110,92* -tal cita remite a- “Fuente: Cifras provenientes del DANE, Índice de Precios al Consumidor.-” Entre líneas fuera del texto. 22 Esta fórmula ha sido la aplicada por la Corte Suprema de Justicia en sentencias de Casación Civil, así; 1) 4 de septiembre de 2000, expediente 5260; 2) la ampliamente recogida por la jurisprudencia nacional, como lo fue la dimanada de la misma Corporación del 7 de octubre de 1999, en el expediente No. 5002; 3) sentencia del 09 de julio de 2010, expediente 11001-3103- 035-1999-02191-01; 4) recientemente la sentencia SC2498-2018, radicación 11001-31-03-029- 2006-00272-01 del 3 de julio de 2018. 23 Fuente Banco de la República, ver Índice de Precios al Consumidor en https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc A la fecha no se ha consolidado el dato de junio de 2023, por lo que tomamos de los mismos indicadores mayo hogaño. 41 05001 31 03 020 2020 00165 01 Entonces: 133.38 $781.242,oo x ---------------- = $1’049.366,14 99.30 Para despejar las fórmulas deberíamos aplicar el anterior resultado, $1’049.366,14, pero como este es inferior al salario mínimo legal mensual vigente, consideraremos este, pues como indicó la Corte Suprema de Justicia en reciente precedente; “Toda vez que el valor actualizado es inferior al salario mínimo diario legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma…”24, con lo que también se aplica el artículo 16 de la ley 446 de 1998. Entonces, como el salario mínimo vigente es $1’160.000,oo, a este quantum se le deben agregar intereses por 58 meses (de la ocurrencia del accidente a la fecha), aplicándoseles la siguiente fórmula: VA = LCM x Sn Donde: VA = Valor actual del lucro cesante pasado total incluidos intereses puro o equivalente 0.004867 mensual. LCM = Lucro cesante mensual. Sn = Valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por periodo. La fórmula matemática para Sn es: Sn = (1 + i) a la n exponencial - 1 i Sn = (1 + 0,004867) a la 58 exponencial - 1 0.004867 24 Sala Civil, sentencia SC2498-2018, rad. 11001-31-03-029-2006-00272-01. 3 de julio de 2018 42 05001 31 03 020 2020 00165 01 Siendo: “i” = tasa de interés por período “n” = número de pagos (en nuestro caso, número de meses a liquidar). LCM = $1’160.000,oo (salario mensual devengado y que se considera). Sn = (1+0,004867) a la 58 exponencial - 1, todo dividido en 0.004867 Sn = 66.8276 (factor) VA = $1’160.000,oo x 66.8276 = $77’520.016,oo. Este es el total del lucro cesante pasado o consolidado, el que se ajustará al 19.80% que fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral considerado, quedando así en $15’348.963,16. Del lucro cesante futuro: En lo que corresponde al lucro cesante futuro, el mismo se computa a partir de la fecha de la providencia que lo genera, es decir, la presente, hasta el cumplimiento de la expectativa de vida probable de la víctima, donde para el efecto se seguirán los criterios adoptados en las fórmulas aplicadas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y referidas en la nota de pie de página que aquí se hace25. En todo caso, para calcular la duración del perjuicio se debe atender la esperanza de existencia reducida aritméticamente a un número entero de 25 Sentencia 9 julio 2012. Exp. 11001-3103-006-2002-00101-01. En tal decisión se indicó: “Lucro cesante pasado: Para el primer período, esto es desde cuando se produjo la muerte (14 de septiembre de 1997) hasta la fecha de esta sentencia (mayo de 2012), se cuentan 176 meses. Esta liquidación, con base en el salario ($503.201,28) actualizado a la fecha presente, arroja el siguiente resultado: If “Va = Vh ---------------- Ii “Donde, “Va = Valor actual “Vh = Valor histórico “IF = IPC final (fecha de la liquidación) “Ii = IPC inicial (fecha de la erogación) “IPC septiembre de 1997 = 43,66* “IPC abril de 2012 = 110,92* -tal cita remite a -“Fuente: Cifras provenientes del DANE, Índice de Precios al Consumidor.-” Entre líneas fuera del texto. 43 05001 31 03 020 2020 00165 01 meses desde la fecha de la sentencia, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, para finalmente ajustarlo al 19.80% que fue el porcentaje de P.C.L. tenido en cuenta. Para el efecto ha de aplicársele la Resolución 110 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y como al lesionada nació el 18 de agosto de 1972 (folio 26 archivo 02DemandaAnexos), por lo que al momento del accidente contaba con 46 años, de donde su expectativa de vida conforme tal acto administrativo es de 38.4 años, lo que da 460.8 meses para efectos de lucro cesante futuro. Lucro cesante futuro: “VA = LCM x An” Donde: “VA = valor actual del lucro cesante futuro” “LCM = lucro cesante mensual” (1+ i ) n -1 An ---------------------- i (1+i ) n An 8.3677 0,0455 Siendo: “n = Número de meses de incapacidad futura”. Exponencial. “i = Tasa de interés puro o equivalente 0.004867 mensual $1’160.000,oo26 X 183.9054 = $213’330.264,oo Tal cantidad será ajustada al porcentaje de PCL, por lo que como lucro cesante futuro queda en $42’239.392,oo. CONCLUSION PARCIAL EN CUANTO A LOS LUCROS CESANTES: En la sentencia atacada el Lucro Cesante Consolidado se fijó en $9.596.435,oo mientras que el futuro lo fue en la suma de $44.977.185,oo 26 Se considera, como se argumentó, el salario mínimo legal. 44 05001 31 03 020 2020 00165 01 rubros estos que suman $54’573.620,oo, donde en contraste con las operaciones hechas en esta providencia lo mismo se totaliza en $57’588.355,16. No obstante, como la decisión de primer grado dispuso “Sobre dichas sumas las aseguradoras cancelarán intereses moratorios de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, a partir de la ejecutoria de esta decisión.”, norma aquella que contempla “un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.”, por lo que el solo interés moratorio da $6.208.185,0027 (sin aún considerar el “aumentado en la mitad”), por lo que el capital aumenta a $60.781.805,00, el que resulta superior al calculado en segunda instancia. Si lo anterior es así, en este sentido la apelación está llamada a prosperar, y en ese sentido se reformará la decisión apelada. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ASEGURADORAS: El problema jurídico correspondiente al anterior intitulado, se formuló como; ¿Se determinó adecuadamente la responsabilidad de las aseguradoras?, donde sin perjuicio de la respuesta que posteriormente se esboce, en cuanto a tales entidades financieras, la doctrina autorizada en la materia indicó: “De la comparación entre la redacción original de la norma y la introducida por la Ley 45 de 1990 se concluye que la razón de la reforma legal fue adicionarle al propósito de este contrato el resarcimiento de la víctima, quien pasó a ser beneficiaria de la indemnización y titular de un mecanismo directo para obtener el pago del seguro, dado que en su acepción primigenia el seguro de responsabilidad civil no era «un seguro a favor de terceros», por lo que en tal virtud el damnificado carecía «de acción directa contra el asegurador» (artículo 1133 anterior). “Bajo su concepción original, el único fin de ese convenio era indemnizar al asegurado por los eventuales costos que tuviera que pagar a terceros en razón de 27 Para esta operación se acudió a la Calculadora de Intereses Moratorios de la Agencia Nacional de Minería, que se encuentra en https://selenita.anm.gov.co/Calculadora/calculadora.php 45 05001 31 03 020 2020 00165 01 los perjuicios que les ocasionaran sus acciones u omisiones antijurídicas. Pero con la entrada en vigencia de la Ley 45 de 1990 esa situación cambió al ser el resarcimiento de la víctima el propósito principal de ese contrato. De ese modo, según el artículo 1133 vigente, los damnificados pasaron a tener acción directa contra el asegurador, sin que ello signifique que la función de mantener indemne al asegurado haya desaparecido. “Quiso la ley procurar la tutela eficaz de los derechos del damnificado, pero nada más; de ahí que no hay motivo para afirmar que desapareció la razón de ser de este tipo de aseguramiento, cual es la de servir como protección de la indemnidad patrimonial del asegurado, quien precisamente acude a dicha modalidad para precaverse de las erogaciones pecuniarias que deba hacer como consecuencia de la responsabilidad civil en la que incurra. … “Al mismo tiempo que el seguro de responsabilidad civil resguarda el pago de la indemnización a que tiene derecho el beneficiario, también protege la integridad del patrimonio del asegurado. “De modo que una interpretación de la regulación del seguro de responsabilidad civil que desconozca, suprima o aminore su función originaria en cuanto a la protección patrimonial del asegurado, desnaturalizaría el contenido esencial de dicho convenio y particularmente la función con la que fue concebido por la ley, en demérito de la confianza que el asegurado deposita en esa modalidad de aseguramiento.”. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC002-2018, rad. 11001-31-03-027-2010-00578-01, 12 de enero de 2018. Si ello es así, es claro que como lo dijo la misma alta Corporación recientemente, “Con la reforma introducida por la ley 45 de 1990, cuya ratio legis, como ab-initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el hecho dañoso del asegurado”28, debiendo centrarnos en tal función del contrato de seguro de cara a las presentes, sin perjuicio de la protección patrimonial de los responsables del daño. En las presentes el a quo dispuso condenar a las aseguradoras SEGUROS MUNDIAL S.A. y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., al pago de los daños y perjuicios causados a los demandantes, en un 30% y un 70%, respectivamente, ello del monto total de las condenas impuestas, en virtud 28 En la misma decisión, la Corte citando sus propios precedentes, expresó: “(…) El propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se, sucedáneo del anterior, sino complementario, ‘lato sensu’, porque el seguro referenciado, además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad (CSJ, SC del 10 de febrero de 2005, Rad. 7614; se subraya). Sentencia SC1947-2021, Rad. 54405-31-03- 001-2009-00171-01, 26 de mayo de 2021. 46 05001 31 03 020 2020 00165 01 de los correspondientes contratos de seguros arrimados, y de conformidad con la acción directa que se ejerciera, dentro de los límites contratados por los asegurados. Sobre el particular debe decirse que habiéndose concluido y distinguido las responsabilidades contractual y extracontractual que se incoaron, la división de los débitos por parte de las aseguradoras no pueden ser fraccionados, sino, que cada una de ellas responderá según quien fuera su asegurado y dentro del marco del correspondiente contrato de seguros. En esos términos, a folio 21 archivo 19 denominado “ContestaciónCompañía MundialSeguros20201104”, encontramos la póliza número 2000013513, la cual fue expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., cuyo “TOMADOR” es la “COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLIN C.T.M. COOTRANSMEDE”, con vigencia del “15/08/2018” al “15/08/2019”, es decir, comprende la fecha del siniestro sustento de la causa petendi. Tal seguro distinguido como “DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL”, cuyo objeto del contrato fue: Es por lo anterior, que en esos límites que responderá la correspondiente aseguradora, dentro de la responsabilidad contractual que se ha establecido. En las presentes también encontramos la póliza numerada 1000489984903 (Solio 68 y siguientes archivo 22 ContestaciónSegurosBolivar20201105), expedida por SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, también con cobertura temporal para la época del siniestro, donde como tomador figura SISTEMA 47 05001 31 03 020 2020 00165 01 ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S., y ya como asegurado y beneficiario se reporta al BANCO DE BOGOTA S.A.. Como coberturas en tal póliza se reportan las siguientes: Es decir, el valor asegurado por daños extracontractuales son quinientos (500) S.M.L.M.V., comprendiendo los ítems “Daños a bienes de terceros”, “Muerte o lesiones a 1 persona”, y “Muerte o lesiones a 2 o más personas”, debiendo ser la decisión de conformidad en relación a la misma, pero en lo que se circunscribe a la culpa aquiliana. Finalmente, en cuanto a costas, dadas las precisiones y modificaciones realizadas fruto de las impugnaciones, en atención al numeral 5º del artículo 365 del C. G. del P., la Sala se abstiene de condenar en el particular y en cuanto a esta instancia corresponde. En mérito de lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley: RESUELVE PRIMERO: REFORMAR los numerales resolutivos TERCERO, CUARTO y QUINTO (anotados por segunda vez), ellos de la parte 48 05001 31 03 020 2020 00165 01 Resolutiva de la Sentencia calendada el veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022), proferida por el JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, los que quedarán tal como sigue: “TERCERO: DECLARAR CIVIL Y CONTRACTUALMENTE responsable a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN (COOTRANSMEDE) de las lesiones sufridas por LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ en desarrollo del contrato de transporte celebrado y ejecutado el 17 de agosto de 2018. Como consecuencia de lo anterior se le CONDENA a tal persona jurídica pagar a la ciudadana antes mencionada los siguientes rubros: 1) por lucro cesante pasado o consolidado, $15’348.963,16; 2) Como lucro cesante futuro $42’239.392,oo; y, 3) en cuanto a los perjuicios morales se mantiene lo dispuesto por el a quo, al no haber sido objeto de impugnación. “PAR: A la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN (COOTRANSMEDE) también se le condena por el mismo hecho, por los perjuicios morales sufridos por la codemandante ESTELA MARTÍNEZ SUAREZ, en la cuantía que hubiera definido el a quo, pues tal punto no fue apelado. “CUARTO: DECLARAR que la persona jurídica SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S., es CIVIL y EXTRACONTRACTUALMENTE responsable del accidente de tránsito que se presentó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, referidas en la parte motiva de la presente providencia, por lo que al no haber sido objeto de impugnación se mantienen las CONDENAS que por perjuicios morales se hubieran dispensado en favor de los demandantes EDGAR ESTIVEN RENDÓN DUQUE, CATHERINE RENDÓN DUQUE, JUAN PABLO RENDÓN DUQUE, OSCAR LEÓN 49 05001 31 03 020 2020 00165 01 DUQUE MARTÍNEZ, DULCE MARÍA GIL RENDÓN, Y MARÍA PAULINA GIL RENDÓN. “QUINTO: A) La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. rembolsará las sumas pagadas en cumplimiento de esta sentencia por la demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN (COOTRANSMEDE), y si esta no lo hiciera dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, pagará directamente a las ciudadanas LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ y ESTELA MARTÍNEZ SUAREZ las sumas de dinero o sus equivalentes aquí referidos, conforme lo previsto en la póliza 2000013513, ello hasta el límite equivalente a sesenta (60) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, sin que pueda aplicar deducible alguno. Vencido el plazo concedido, tal aseguradora pagará a las mencionadas el interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad, conforme el artículo 1080 del C. de Co.”. B. SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, rembolsará las sumas pagadas por SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S., y si esta no lo hiciera dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, pagará directamente a EDGAR ESTIVEN RENDÓN DUQUE, CATHERINE RENDÓN DUQUE, JUAN PABLO RENDÓN DUQUE, OSCAR LEÓN DUQUE MARTÍNEZ, DULCE MARÍA GIL RENDÓN y MARÍA PAULINA GIL RENDÓN, directamente o a través de sus representantes legales según el caso, las sumas de dinero o sus equivalentes referidos en el acápite anterior, conforme lo previsto en la póliza 1000489984903, ello hasta el límite de quinientos (500) S.M.L.M.V., sin que pueda aplicar deducible alguno. Vencido el plazo concedido, el asegurador pagará a tales demandantes el interés moratorio 50 05001 31 03 020 2020 00165 01 igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad, conforme el artículo 1080 del C. de Co.”. SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la decisión impugnada, siempre que no sea incompatible con lo precisado en el numeral anterior. TERCERO: Sin costas en esta instancia según se motivó. En firme lo aquí decidido, vuelva el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo. Proyecto presentado el 20 de junio de 2023, discutido en sesiones de los días 26 de junio y 7 de julio del mismo año. Esta decisión se notifica por estados. JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS MAGISTRADO SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ MAGISTRADO MAGISTRADO (Con aclaración del voto) (Con salvamento de voto) SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL Aclarante: Sergio Raúl Cardoso González Rad. 05001 31 03 020 2020 00165 01 “Al servicio de la justicia y de la paz social” TSMACLARACIÓNDEVOTOV012020 Página 1 de 2 Proceso DECLARATIVO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL Radicado 05001 31 03 020 2020 00165 01 Demandante LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ, JUAN PABLO RENDÓN DUQUE; GIOVANNI DE JESÚS RENDÓN JARAMILLO; ESTELA MARTÍNEZ SUÁREZ; OSCAR LEÓN DUQUE MARTÍNEZ; EDGAR ESTIVEN RENDÓN DUQUE; y CATHERINE RENDÓN DUQUE, DULCE MARÍA y MARÍA PAULINA GIL RENDÓN. Demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN (COOTRANSMEDE), SEGUROS MUNDIAL S.A., SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S., y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., Ponente JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS Respetuosamente, manifiesto que concuerdo con el sentido de la decisio n del caso, pero considero necesario aclarar mi voto1. La demanda consiste en la indemnización de perjuicios para las víctimas directas e indirectas de un accidente de tránsito en el que intervinieron dos automotores, uno de ellos el que transportaba a las primeras y el otro aquel con el que colisionó. La defensa se hizo consistir en una causa extraña que no demostró ninguna de las resistentes. Por disposición de los artículos 1568 y 2344 del Código Civil y 991 del Código de Comercio, las víctimas directas podían reclamar la responsabilidad contractual respecto de quien las transportó y también podían reclamarle a quien, en ausencia contrato y en ejercicio de la actividad peligrosa, les ocasionó un daño; mientras que las víctimas indirectas le podían reclamar tal reparación a una y otra extracontractualmente. Siendo facultativo de los actores acumular sus pretensiones en contra de uno o todos los demandados, en este caso la activa acumuló sus pretensiones con imprecisión, al formularlas de manera principal y subsidiaria, es decir, condicionando el estudio de las últimas a la improsperidad de las primeras y, además, formulando las aspiraciones indemnizatorias como consecuenciales de unas u otras respectivamente. Así, se reclamó la responsabilidad contractual de todos los demandados en favor de todos los demandantes y, en subsidio, se reclamó la responsabilidad extracontractual de todos los demandados en favor de todos los demandantes. De tal forma, fue la propia parte demandante quien, en ejercicio de acciones no excluyentes, las formuló como si lo fueran para que se 1 Artículo 10 del Acuerdo N° PCSJA17-10715 del Consejo Superior de la Judicatura. SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL Aclarante: Sergio Raúl Cardoso González Rad. 05001 31 03 020 2020 00165 01 “Al servicio de la justicia y de la paz social” TSMACLARACIÓNDEVOTOV012020 Página 2 de 2 acogieran las pretensiones principales (contractuales) o, en su defecto, se estimaran las subsidiarias (extracontractuales), lo que, conforme a lo expuesto, resultaba contrario a sus propios intereses, por lo menos en cuanto atañe a las víctimas directas, quienes estaban legalmente facultadas para reclamar la indemnización de perjuicios tanto en virtud del contrato de transporte, como de la actividad peligrosa. En tales condiciones, era necesario interpretar la demanda (iura novit curia) para resolver como se resolvió, pues formalmente no habría lugar a decidir las pretensiones subsidiarias cuando prosperaron algunas principales, pues las indemnizaciones reclamadas se invocaron como consecuenciales, esto es, solamente, dándole sentido a los hechos de la demanda, podría haberse resuelto, como se hizo, la estimación de las pretensiones contractuales en favor de las víctimas directas y de las pretensiones extracontractuales en favor de las indirectas. Por la misma razón, si en esta instancia se aplicó, aunque se niega, el mencionado principio, entonces tan plausible era acceder por esa vía a las pretensiones extracontractuales de las víctimas indirectas, como hubiera sido hacerlo en favor también de las directas, redundando en una solución económica tanto para las partes como para la administración de justicia y, además, en aplicación de la primacía del derecho sustancial. En tal sentido, aclaro mi voto precisando que, conforme a lo resuelto, las víctimas directas quedarían habilitadas para formular su reclamación indemnizatoria por la vía extracontractual en contra de los guardianes de la actividad peligrosa desplegada por el vehículo del Sistema Alimentador Oriental S.A.S. Atentamente. SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ MAGISTRADO SALVAMENTO DE VOTO Medellín, diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2023) Ref.: Exp.: 05001 31 03 020 2020 00165 01 Demandante: LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ y otros. Demandados: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN y otros. La providencia de primera instancia debió confirmarse, sin hacer las modificaciones que en el proyecto del Tribunal se introducen, por fuera de los límites de nuestra competencia funcional y de los motivos específicos de apelación que consideran las partes apelantes. Respetuosamente salvo el voto frente a la providencia aprobada por la mayoría. Lo hago en los siguientes términos:
2. 1.Sobre el objeto de litigio, la congruencia y el principio de iura novia curia En el libelo los demandantes LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ, JUAN PABLO RENDÓN DUQUE, GIOVANNI DE JESÚS RENDÓN JARAMILLO; ESTELA MARTÍNEZ SUÁREZ; OSCAR LEÓN DUQUE MARTÍNEZ; EDGAR ESTIVEN RENDÓN DUQUE;, CATHERINE RENDÓN DUQUE, DULCE MARÍA y MARÍA PAULINA GIL RENDÓN, promovieron sendas pretensiones, de manera principal y subsidiaria, en contra de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN (COOTRANSMEDE), SEGUROS MUNDIAL S.A. y SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.; además de haberse formulado pretensión directa frente SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. Vale destacar que en la demanda se solicitó, de manera principal, que se declarara civilmente y contractualmente responsable a la Cooperativa De Transporte De Medellín (Cootransmede) del accidente de tránsito acaecido el 17 de agosto de 2018, y consecuencialmente se condenara por perjuicios a favor de cada uno de los demandantes. De manera subsidiaria, se pidió que se declare civil y extracontractualmente responsable a Sistema Alimentador Oriental S.A.S. y consecuencialmente al pago de los mismos perjuicios relacionados en las pretensiones de orden “contractual” y en relación a cada una de esas personas. En el proyecto del Tribunal, invocando lo establecido en el artículo 88 del C. G. del P., se indicó que atendiendo a la voluntad de los actores y al principio 05001 31 03 020 2020 00165 01 2 de congruencia, había que evaluar la demanda en atención a “una estructura y orden lógico”, lo que, a su vez, exige evaluar en primer lugar las pretensiones dirigidas contra Cootransmede “buscando se declarara su responsabilidad civil contractual” dadas las condiciones de las pasajeras; y en segundo lugar, estudiar las pretensiones de “orden aquiliano”. Se señala demás, que “tanto en las pretensiones rotuladas como principales, así como en las denominadas subsidiarias, hubo solicitud de resarcimiento para todos los demandantes; sin embargo, no se puede dejar de lado que las fuentes de responsabilidad son diferentes frente a cada uno de los demandados, lo que fue claramente expresado en la demanda de conformidad con la acumulación de pretensiones formulada.” La sentencia colegiada, a partir de la literalidad de la demanda, encontró probada una “condición” propia de la acumulación subsidiaria subordinada o eventual. Esta condición consistía en que las pretensiones subsidiarias solo se estudian, siempre y cuando las precedentes hayan sido desestimadas. El tribunal procedió a hacer una extensión de la condena, para de esta forma dar por satisfecha la categoría por cumplir y así no evaluar pretensiones extracontratuales formuladas por las demandantes pasajeras del taxi. En otros términos, se advierte la prosperidad de las pretensiones de orden contractual, principales, las cuales fueron estimadas por el Tribunal en un 100%, sin que los demandantes lo reclamaran en alzada, aunado a que desmejorarse la situación de Cootransmede (no apelante) y de su aseguradora de Cootransmede, que sí apeló y que al igual que el llamado en garantía Néstor Jairo Muñoz Ciro siempre alegaron que el accidente ocurrió por causas exclusivamente imputables al conductor del bus. Este punto lo desarrollaré con más detenimiento en la parte final del salvamento. Ahora bien, deteniéndonos en lo concerniente al objeto litigioso y a la acumulación de pretensiones fundamentada en fuentes de responsabilidad distintas, de entrada, expreso que el Tribunal subordinó un problema de defensa y de mala concepción del abogado de la demandante, al apelar a la literalidad del escrito, pretermitiendo hacer las condenas que en derecho corresponden con base en la concurrencia de responsabilidades que fue corroborada con las pruebas estudiadas por la Sala. Los demandantes (pasajeros y no pasajeros) consideraron que era posible “contractualmente” condenar a Cootransmede; lo expresaron calificando directamente la fuente de responsabilidad, y expresándolo en el orden pretensiones que calificaron como “principales”; pero, igualmente, a título de pretensiones “subsidiarias” solicitaron condena por responsabilidad “extracontractual” a favor de todo el grupo de demandantes. Esta especial forma de acumular, si lee bien todo el escrito, no significa que los demandantes (pasajeras) hayan renunciado a la posibilidad de que la demandada –guardiana del bus (Sistema Alimentador Oriental S.A.S) fuera condenada extracontractualmente. Esta acumulación de responsabilidades era viable, como se insistirá en el desarrollo de este escrito. Hay que interpretar la demanda y ponerla en el contexto de sus propios hechos y peticiones. Sin dubitación alguna, nuestro Estado constitucional lo exige, a partir de preceptos tan claros como el contenido en el artículo 228 de 05001 31 03 020 2020 00165 01 3 nuestra carta política; claro está, sin sacrificar la defensa y la congruencia – exigencias propias del debido proceso-. Por esto, no puede compartirse esa subordinación que la Sala se hace por fuentes de responsabilidad, cuando en ningún momento esa subsidiariedad estuvo determinada por hechos y peticiones diversas (excluyentes entre sí) y que debió plantearla y delimitarla en esos términos el extremo activo. Al leer libelo no había razones de hecho y súplicas que se excluyeran y que impusieran una acumulación subordinada. Lo único que se subordinó, por mala concepción de los factores de imputación, fue lo concerniente a las fuentes de responsabilidad, para denominar como principal el orden contractual, y a título de subsidiario lo extracontractual. Justo esta imprecisión fue la que justificó la formulación de los argumentos considerados en la alzada, tanto por la demandada Sistema Alimentador Oriental S.A.S. como por su aseguradora (Seguros Comerciales Bolívar S.A.), quienes cuestionaron que se accediera indistintamente a las pretensiones principales y subsidiarias, y que tuvieron finalmente eco en el tribunal, aunque eso no se hubiese discutido en la primera instancia. Para el suscrito, el objeto de litigio está claramente establecido. Veamos: - Los demandantes señalan que el 17 de agosto de 2018 hubo un accidente, producto de la colisión en la calle 44 con carrera 44 de la ciudad de Medellín, entre el taxi de placas WMR 078 afiliado a la Cooperativa de Transporte de Medellín, en el que se desplazaba como pasajeras las señoras Lina Alexandra Duque y Estela Martínez, y el vehículo tipo bus de placas WMP 650 administrado por la empresa Sistema Alimentador Oriental S.A.S. - Resulta claro, desde la demanda, que los demandantes contemplaron la posibilidad de condena tanto frente a unos como otros, por los perjuicios derivados de los daños causados a Lina Alexandra, Estela Martínez y al núcleo familiar de aquella. Tenemos, de esta forma, claramente definido el objeto del litigio; eso sí, sin olvidar que las litisconsortes facultativas Estela Martínez Suarez y Lina Alexandra Duque Martínez eran pasajeras del taxi, y como tales podía demandar contractualmente a la empresa transportadora, o acumular sus pretensiones y solicitar condena igualmente contra los guardianes del bus. Así las cosas, tenemos un objeto litigioso claramente establecido, y este es el marco propio para definir el principio de congruencia, esto es, que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las súplicas aducidos en la demanda, sin que esto sea una camisa de fuerza para atar al juez a las razones de derecho que presenten las partes. Por lo anterior, “rotular” y “denominar jurídicamente” es algo que no puede tener la misma entidad de importancia que establecer en qué consiste realmente el objeto litigioso. El mismo se definió, y los demandados siempre 05001 31 03 020 2020 00165 01 4 lo tuvieron claro a efectos de sus estrategias defensivas. Fue esto lo que definió el contorno propio de la prueba y el marco de la decisión de fondo. La prueba estuvo dirigida a evaluar la posibilidad de condenar a cualquiera de los demandados o incluso a ambos, teniendo en cuenta la influencia causal. En tal sentido, inaceptable resulta hacer una limitación o restricción del objeto litigioso, sin que existiera trazabilidad en ese sentido para construir la decisión de fondo. No puede el juez someterse a la calificación jurídica de los hechos que hagan las partes procesales o a las disposiciones sustantivas que éstas invoquen - juicio de adecuación normativa- que en el caso concreto son las referidas a las fuentes de la responsabilidad: contractual y extracontractual. Por esto, si los demandantes no reclamaron de forma subordinada o eventual peticiones diferentes (las súplicas fueron las mismas- en lo contractual y extracontractual) y a partir de unos hechos específicos, se estaría desatendiendo el principio de iura novit curia si se obrara en sentido distinto. El juicio de adecuación normativa, como bien se ha establecido jurisprudencialmente, no es asunto que competa propiamente al demandante en el proceso jurisdiccional; es un tema del resorte del juzgador, sin que lo que el actor inadecuadamente formule sobre razones de derecho demarque los límites de la decisión. En la sentencia es definitivo que las pretensiones sean resueltas con fundamento en el régimen sustancial que efectivamente les son aplicables. A propósito, según la Corte Suprema de Justicia, “(…) el Juzgador al definir el alcance de una demanda a fin de poder determinar el curso del litigio y la solución del mismo, ésta limitado únicamente a no variar la causa petendi, pero no así el derecho aplicable al juicio la denominación a la acción o tipo de responsabilidad, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario.” (CSJ STC 6507-2017, May. 11, Rad. 2017-00682-01)”. En estos términos, no es posible que las opciones establecidas por el demandante en cuanto a los fundamentos del derecho aten al juez para fallar lo que en derecho sustancial corresponde. Así, y siguiendo a la Corte, “cuando el demandante se equivoca en la elección del tipo de acción sustancial que rige el caso, el juez tiene que adecuar la controversia al instituto jurídico que corresponde, pues esa es una de sus funciones (…). La prohibición de opción está dirigida al juez y no a las partes”. (CSJ, S. Civil, Exp. 18001-31-03-001-2010-00053-01, mar. 10/20). Para concluir este punto, destaco que las excepciones y defensas presentadas por Sistema Alimentador Oriental S.A.S. para eximirse de responsabilidad son bien disímiles a los argumentos formales sobre acumulación invocados ante el Tribunal. Revisando el escrito de respuesta, téngase en cuenta que la pasiva alegó “causa extraña”, indicando que fue el taxista quien al paso del cruce no atendió la señal roja del semáforo, aunado que el vehículo tipo taxi llevaba sobrecupo; asimismo expuso que esperaba, en atención al principio de confianza de su parte en el ejercicio de la actividad peligrosa desbordada por el cruce del semáforo en rojo por parte de vehículo de placas WMR 078, mientras que el conductor del bus ejercía una actividad dentro de los riesgos 05001 31 03 020 2020 00165 01 5 permitidos. También se alegó compensación de culpas por transportarse la víctima directa en vehículo con sobrecupo y no hacer uso del cinturón de seguridad, incrementando el riesgo. Finalmente, se expusieron defensas sobre la cuantificación de los perjuicios. Si ese era el marco defensivo de la parte demandada apelante, al momento de contestar, resulta sorpresivo que ahora en segunda instancia se le libere por razones de orden formal, vinculadas con la forma de acumular pretensiones; así las mismas ya hayan invocado en el marco de los motivos de inconformidad. Debió, más bien, y como ya se expuso acatar las exigencias del principio de iura novit curia. No fue así lo que ocurrió, y esto ya es razón suficiente para separarme del proyecto.
3. 2.Sobre la solidaridad y las alternativas que tiene el pasajero del conductor del taxi para demandar a los guardianes del bus Sistema Alimentador Oriental S.A.S., entre sus objeciones, cuestionó la solidaridad decretada, indicando que la misma no se solicitó en la demanda, ni se estableció en la fijación del litigio. Indicó que no hay fundamento legal o contractual para decretarla. Por su parte, en el fallo del tribunal se indicó que la solidaridad no fue considerada por el a quo. Sobre el punto, para el suscrito con la sentencia aprobada por la mayoría se desconoció que los demandantes no solo pretendieron condena en contra de la Cooperativa de Transporte de Medellín, sino que también demandaron al Sistema Alimentador Oriental S.A.S., con la posibilidad de que en este proceso también esta parte fuera condenada exclusivamente o en virtud de la responsabilidad solidaria (asunto que es de ley, y que no requiere alegación en la demanda). Como con la prueba practicada se demostró que hubo influjo causal de distintos agentes, tanto por el conductor del taxi como por el conductor del bus, el juez debió acatar lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil para decidir: en contra de ambos demandados, ya que los dos aportaron causas en el resultado dañino; por esto, serían solidariamente responsables del daño. Así las cosas, en la decisión de primera instancia se hizo un fraccionamiento indebido que no consulta lo establecido en esa norma, pese a la participación concomitante de los conductores en los hechos. Por cierto, vale la pena tener presente que según la Corte Suprema de Justicia: “Es incontrastable, conforme lo prevé el artículo 2344 del Código Civil, en materia de responsabilidad civil extracontractual, en principio general, cuando hay pluralidad de sujetos obligados, se predica solidaridad pasiva, sin importar que el mismo resultado dañino sea atribuido a una o a varias conductas separables entre sí (…) Sucede lo propio en la colisión de dos automotores terrestres, verbi gratia, uno de servicio público de transporte de personas y otro particular, hecho del cual resulta efectivamente afectado un pasajero. En palabras de la doctrina, es el “(…) ejemplo de Ticio, que transportado en un autobús, sufre un daño en 05001 31 03 020 2020 00165 01 6 su persona por culpa de su conductor y del otro vehículo que choca con el autobús”, evento en el cual, al decir de la Sala, “(…) la víctima puede optar por demandar a uno u otro conductor o propietario de los vehículos accidentados, o a ambos si así lo desea …”. SC 13594- 6 de oct. 2015, MP. Luís Armando Tolosa Villabona. (Negrilla por fuera del texto). Por lo anterior, ante la falta de apelación de los demandantes a efectos de que las condenas se hicieran solidariamente a favor de la víctima, no había otra opción que la de confirmar. Hubo una participación de los dos vehículos en los hechos, que obliga a sus guardianes a responder frente al pasajero lesionado, uno por responsabilidad contractual, y otro por extracontractual.
4. 3.Sobre los límites de la competencia funcional y la imposibilidad de extender el porcentaje de la condena en contra Cootranmede y de su asegudora El juez de primer grado concedió parcialmente lo pretendido y condenó a Contrasmede y al Sistema Alimentador Oriental S.A.S. en un 30% y un 70% de los daños. En el mismo porcentaje se condenó a las aseguradoras Seguros Mundial S.A. y Seguros Comerciales Bolívar S.A., en virtud de los contratos de seguros adosados al expediente, dentro de los límites contratados por los asegurados. El fallo fue apelado por Seguros Mundial S.A., Sistema Alimentador S.A.S., Seguros Comerciales Bolívar S.A: y el llamado en garantía Néstor Jairo Muñoz Ciro. Los demandantes no apelaron. El tribunal modificó el numeral tercero al ordenar el pago en su totalidad en contra de Cootranmede y a favor de Lina Alexandra Duque por “los siguientes rubros: 1) por lucro cesante pasado o consolidado, $15’348.963,16; 2) Como lucro cesante futuro $42’239.392,oo; y, 3) en cuanto a los perjuicios morales se mantiene lo dispuesto por el a quo, al no haber sido objeto de impugnación.” y a favor de “la codemandante ESTELA MARTÍNEZ SUAREZ, en la cuantía que hubiera definido el a quo, pues tal punto no fue apelado”. Nótese, que también reformó la orden en contra de la aseguradora apelante en los siguientes términos: “La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. rembolsará las sumas pagadas en cumplimiento de esta sentencia por la demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN (COOTRANSMEDE), y si esta no lo hiciera dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, pagará directamente a las ciudadanas LINA ALEXANDRA DUQUE MARTÍNEZ y ESTELA MARTÍNEZ SUAREZ las sumas de dinero o sus equivalentes aquí referidos, conforme lo previsto en la póliza 2000013513, ello hasta el límite equivalente a sesenta (60) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, sin que pueda aplicar deducible alguno. Vencido el plazo concedido, tal aseguradora pagará a las mencionadas el interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad, conforme el artículo 1080 del C. de Co.”. 05001 31 03 020 2020 00165 01 7 Si se comparan apartados resolutivos de primera y segunda instancia se observan modificaciones significativas. Hay un desmedro de los límites de competencia funcional que se tenían para la segunda instancia. Y para ello basta simplemente identificar los motivos expresos de la alzada y determinar quiénes apelaron y quiénes no lo hicieron. Los demandantes no apelaron a efectos de establecer una condena íntegra por el 100% en Cootransmede. Incluso pudieron haberlo hecho frente a los guardianes del bus. En cuanto a lo primero, solo obtuvo en su favor un 30% de la condena en los perjuicios solicitados por las demandantes pasajeras. Seguros Mundial S.A., a la hora de apelar, sí fue clara en su alegato, expresando que se demostró una causa extraña y enfatizando en unas circunstancias sobre cómo ocurrió el accidente y que en su sentir excluyen la responsabilidad compartida, ya que solo uno de los vehículos ignoró la prelación vial que fue la causa única del accidente. En el mismo sentido, el llamado en garantía (Néstor Jairo Muñoz Ciro, conductor del taxi), alegó indebida valoración probatoria frente a la responsabilidad, insistiendo en que no hubo incumplimiento del contrato de transporte, y que la responsabilidad es solo imputable frente al conductor del bus. Hay, sin lugar a dudas, una parte del extremo pasivo que se opuso a la condena frente a Cootransmede y no puede el Tribunal extender la condena en su contra al 100% de los daños causados por las pasajeras, cuando esto no fue reclamado ante el Tribunal por los demandantes; menos aún podría extenderse condena alguna en el mismo sentido en contra de la aseguradora. Era la parte demandante quien debió apelar sobre el punto, solicitando la extensión de la condena e invocando las reglas de la solidaridad legal en favor de las víctimas. En concusión, con el fallo del tribunal se establece un desequilibrio en lo que concierne a la responsabilidad de las aseguradoras y del asegurado. Tampoco la situación se resuelve indicando que Seguros Mundial, parte apelante, solo responde dentro del monto de las coberturas. Atentamente, MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ Magistrado