Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103002200500078 02

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Nancy Esther Angulo Quiroz

Fecha: 2014-04-10

Sujetos procesales: LUIS ALFREDO BARRAGÁN ARANGO / ÁNGELA MARÍA DEL PILAR SORZANO ESPINOSA

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REF. PROCESO DIVISORIO DE LUIS ALFREDO BARRAG�N ARANGO CONTRA �NGELA MAR�A DEL PILAR SORZANO ESPINOSA. RAD. 110013103002200500078 02. Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala del 5 de febrero de 2014. Acta N� 04 I. ASUNTO Procede la Sala a decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por los dos extremos procesales contra la sentencia del 29 de junio de 2012, aclarada mediante providencia del 7 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad en el proceso de la referencia. II.- ANTECEDENTES 1).

PETITUM. Lu�s Alfredo Barrag�n Arango demand� a �ngela Mar�a del Pilar Sorzano Espinosa para que, previos los tr�mites legales pertinentes, se decrete la divisi�n ad-valorem de los inmuebles ubicados en la Transversal 1A N� 68-80 apartamento 1001, junto con el garaje y dep�sito 1001 del Edificio Rosales 2000 de esta ciudad e identificados con folios de matr�cula inmobiliaria n�meros 50C-1356369 y 50C-1356369; condenando en costas a la demandada en caso de oposici�n. 2).

CAUSA. Como fundamentos f�cticos de las pretensiones, la parte actora expuso, en s�ntesis, los siguientes hechos relevantes: Afirma que adquiri� el 50% del bien inmueble ubicado en la Transversal 1 A N� 68-80, apartamento 1001, junto con su respectivo garaje y dep�sito 1001 del Edificio Rosales 2000 de esta ciudad, mediante adjudicaci�n en diligencia de remate efectuada el 23 de junio de 2004 por parte de la Divisi�n de Cobranzas de la Administraci�n Especial de Impuestos Nacionales de Personas Jur�dicas; y, que la se�ora �ngela Mar�a del Pilar Sorzano Espinosa adquiri� el 50% del mismo en virtud de una compraventa celebrada con la sociedad Rosales 2000 Ltda., tal como consta en la escritura p�blica N� 1962 del 10 de marzo de 1995 de la Notar�a Veintinueve del C�rculo de Bogot� D.C. 3).

ACTUACI�N PROCESAL. La demanda fue admitida en prove�do de 18 de marzo de 2005, ordenando su inscripci�n y el traslado de la misma a la parte demandada, acto que se surti� personalmente (fl. 46), quien dentro del t�rmino guard� silencio. Como pruebas se alleg� al proceso copia de la Escritura P�blica N� 11962 del 10 de marzo 1995 de la Notar�a Veintinueve del Circulo Notarial de Bogot� contentiva de la compraventa que se hicieran a favor de Fernando Jord�n Fl�rez y �ngela Mar�a del Pilar Sorzano Espinosa, as� como la providencia del 2 de julio de 2004 proferida por la DIAN, mediante la cual Luis Alfredo Barrag�n Arango, adquiere el 50% del derecho de dominio del predio objeto de controversia, dentro de la ejecuci�n que se adelant� contra Fernando Jord�n Fl�rez y los certificados de tradici�n que dan cuenta de la inscripci�n de dichos negocios jur�dicos, con lo cual se acredita la existencia de la comunidad existente entre las partes.

Mediante providencia del 18 de enero de 2008 el juzgado de conocimiento dispuso la �venta en p�blica subasta de los inmuebles�, ordenando su aval�o, el cual se realiz� en los t�rminos de ley avalu�ndose el bien en la suma de $501.762.000,00. Estando el bien embargado, secuestrado y avaluado a instancia del demandante se fij� fecha para llevar a cabo la subasta, la que se practic� el 23 de junio de 2010, oportunidad en la cual se adjudic� el inmueble al actor, quien hizo la mejor oferta por la suma de $531.000.000,00, diligencia que fue aprobada por auto del 9 de septiembre siguiente.

Agotadas las etapas procesales de rigor, realizada la inscripci�n de la adjudicaci�n en el certificado de tradici�n de los bienes objeto de divisi�n ad-valorem y su entrega al rematante, el juzgado de instancia dict� sentencia en los t�rminos del art�culo 471 del C.P.C, ordenado entregar a la se�ora �ngela Mar�a del Pilar Sorzano el 50% del valor del remate, previo descuento del total de las sumas canceladas por concepto de impuestos.

Inconformes con esta decisi�n las partes interpusieron recurso de apelaci�n, motivo por el cual se encuentra la actuaci�n en esta Corporaci�n. III. LA APELACI�N El demandante sustent� su desacuerdo con el fallo de primer grado, aduciendo, en resumen, que el a-quo �omiti� reconocer la deuda por concepto de c�nones de arrendamiento y descontar el valor de la misma del producto del remate correspondiente a la demandada�, �omiti� reconocer el valor del beneficio il�citamente obtenido por la demandada a costa de la comunidad y descontarlo del producto del remate correspondiente en la demanda�, �omiti� efectuar la correspondiente condena en costas y descontar el valor de las mismas del precio del remate correspondiente a la demandada�, y �omiti� descontar el valor de las deudas reconocidas por la demandada a favor de terceros del precio del remate correspondiente que a �sta corresponde�.

Por su parte, la demandada solicita se modifique la providencia impugnada en lo que respecta al pago de impuestos, porque dicho rubro debe ser asumido en partes iguales por cada uno de los cond�minos y �no como lo regula el Juzgado en la sentencia, que es obligaci�n de la parte demandada por haber habitado el inmueble�, as� mismo, el referido pago solamente debe ser asumido desde el 2005 a la fecha de adjudicaci�n en remate y no con anterioridad, puesto que dichos rubros fueron reconocidos al extremo actor por la DIAN en pret�rita oportunidad.

IV.- CONSIDERACIONES 1). PRESUPUESTOS PROCESALES. De entrada se advierte la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico- procesal. En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para desatar la alzada; las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas naturales en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley.

Por lo dem�s no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitaci�n, supuestos �stos que permiten decidir de m�rito. La acci�n instaurada se dirige a que se ordene la divisi�n ad-valorem de los bienes inmuebles ubicados en la Transversal 1A N� 68-80 apartamento 1001, junto con el garaje y dep�sito 1001 del Edificio Rosales 2000 de esta ciudad e identificados con folios de matr�cula inmobiliaria Nos. 50C-1356369 y 50C-1356369, que pertenecen en com�n y proindiviso a los extremos procesales, la cual por dem�s no mereci� reproche por el extremo convocado. 2).

DEL PROCESO DIVISORIO. Sabido es que los procesos divisorios tienen como finalidad en esencia poner fin a la comunidad existente entre demandante y demandado cuando quiera que �stos por ley o convenci�n no est�n obligados a ella, evento que constituye una forma de terminaci�n de la comunidad, conforme lo prev� el art�culo 2340 del C.C., que indica que �sta termina por: �1.

Por la reuni�n de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona; 2. Por la destrucci�n de la cosa com�n, 3. Por la divisi�n del haber com�n� En cuanto a la forma de materializar la terminaci�n de esta comunidad por divisi�n indica el art�culo 468 del C.P.C. que �la divisi�n material ser� procedente cuando se trate de bienes que puedan partirse materialmente sin que los derechos de los condue�os desmerezcan por el fraccionamiento.

En los dem�s casos proceder� a la venta� y una vez realizada deber� entregarse a cada uno de los comuneros lo que sobre la misma le hubiere correspondido, de acuerdo con el numeral 9 del art�culo 471 del C.P.C. que impone al Juez dictar � sentencia de distribuci�n de su producto entre los condue�os, en proporci�n a los derechos de cada uno en la comunidad, � No se discute que los frutos que se hubieran podido producir hacen parte del haber com�n, y en tal virtud los condue�os tienen derecho a reclamar su reconocimiento como ha tenido oportunidad de indicarlo la Corte Suprema de Justicia, cuando frente al alcance de este derecho expone que �El art. 2323 del C.C. significa que del dominio de cada uno de los condue�os de las cosas comprendidas en la comunidad le resultan derechos al uso de la cosa com�n y a sus frutos como tambi�n obligaciones en cuanto a deudas y reparaciones de la comunidad.( )�, No obstante lo anterior, no puede soslayarse que el art�culo 472 del C.P.C. ense�a que �El comunero que tenga mejoras en la cosa com�n deber� reclamar su derecho en la demanda o en la contestaci�n especific�ndolas debidamente y pidiendo las pruebas correspondientes.

Si se hubiera formulado oposici�n, el juez decidir� sobre las mejoras en el auto que la resuelva, de lo contrario el reclamo relativo a estas se tramitar� como incidente�� Teniendo de presente lo anterior es preciso recordar que las mejoras hacen alusi�n a aquellas obras que se ejecutan en un predio y que tienen por objeto impedir la destrucci�n o el deterioro del bien, aumentar el valor venal o simplemente servir de ornato, lucimiento o mayor comodidad, mientras que el C�digo Civil define los frutos civiles e indica a qui�n pertenecen as�: �Art�culo 717: Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o c�nones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.

Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran.�. Art�culo 718: Los frutos civiles pertenecen tambi�n al due�o de la cosa que provienen, de la misma manera y con la misma limitaci�n que los naturales�. Lo anterior pone en evidencia, -ante la diferencia sustancial existente entre frutos y mejoras-, que en juicios como el que ocupa la atenci�n de la Corporaci�n, solo es admisible a los comuneros reclamar mejoras, en la medida que cualquiera otra pretensi�n como ser�an los frutos le resultar�a ajena como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia refiri�ndose a �stos al puntualizar que �escapa totalmente del terreno del proceso divisorio en el cual seg�n los t�rminos de los art�culos 467 y 472 del C�digo de Procedimiento Civil el �nico derecho que es permisible alegar por el comunero demandante en la demanda o por el demandado en la contestaci�n es el de mejoras, pretendiendo la ley que en estas acciones no se involucren cuestiones propias de otras clases de procesos, todo ello sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos del remate y del que le asiste a las partes de reclamar cualquier otra contraprestaci�n que por causa de la comunidad o con ocasi�n de ella considere leg�tima en los escenarios que el legislador puntualmente determine.

Aunado a lo anterior, en el evento que cualquiera de los comuneros pretenda reconocimientos distintos al valor de la cuota parte que le corresponde, es imperativo que la reclamaci�n se haga en las oportunidades que para el efecto concede la ley, como serian la demanda o su contestaci�n, a fin de que el juzgador al momento de ordenar la divisi�n en cumplimiento del principio de congruencia adopte todas aquellas determinaciones que en derecho correspondan respecto de las mismas, pues es lo cierto que en los casos de divisi�n ad valorem la sentencia de distribuci�n es, precisamente, eso una decisi�n en la cual el juzgador se limita a distribuir entre los condue�os el producto del remate en proporci�n a los derechos de cada uno en la comunidad y conforme los reconocimientos que en oportunidad se hubieran realizado a favor de alguno (mejoras y gastos). 3).

CASO CONCRETO. 3.1. Ab-initio advierte la Sala el fracaso de la alzada formulada por el extremo demandante por las razones que a continuaci�n se exponen: Como qued� expuesto de acuerdo con lo previsto en el art�culo 305 del C�digo de Procedimiento Civil la sentencia deber� estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem�s oportunidades que el C�digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si as� lo exige la ley, indicando expresamente que no podr� condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en �sta, lo cual desarrolla el principio de congruencia, que es el soporte para impedir decisiones Extra, Ultra o Infra Petita en la jurisdicci�n ordinaria civil, sin perjuicio del deber del Juzgador de �interpretar la demanda con independencia de la denominaci�n de la acci�n�, de suerte que se garantice el objeto de los procedimientos, cual es, hacer efectivo los derechos reconocidos en le ley sustancial (Art. 4� C.P.C.), interpretaci�n que debe realizarse examinando de manera integral el libelo, sin que en modo alguno, so pretexto de tal interpretaci�n, se sustituya la voluntad del actor.

El presente asunto es un proceso divisorio en el cual a efecto de poner fin a la comunidad existente entre los extremos de la litis se deprec� la venta ad valorem del bien inmueble que les pertenece en com�n y proindiviso, sin que en parte alguna de las pretensiones el demandante hubiera reclamado el reconocimiento de mejoras o de cualquier otro valor que estimara necesario imponer a su condue�o, que le permitiera a �sta ejercer el derecho de contradicci�n y defensa frente a las mismas, as� como tambi�n que el juez de la causa valoradas las pretensiones y las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso ordenara o no su reconocimiento en el auto que orden� la venta, de tal manera que en la sentencia de distribuci�n se hiciera �sta acorde con aquella determinaci�n. Como quiera que no se hizo por los cond�minos reclamaciones distintas a los derechos que de su cuota parte emanan, en el auto que decret� la venta en p�blica subasta de fecha 18 de enero de 2008 el juez de instancia se limit� a ordenar la venta y aval�o del bien, sin reconocimientos adicionales, circunstancia que impone que en la sentencia de distribuci�n no puedan incluirse valores distintos a favor de uno u otro que de manera novedosa se reclamen a posteriori, salvedad hecha de los gastos que se hubieran realizado con ocasi�n del remate.

Coligase de lo anotado, que mal pod�a imponerse en la decisi�n apelada como lo pretende el recurrente incluir el pago a su favor de c�nones de arrendamiento por causa de la tenencia que ostentaba la propietaria demandada hasta la entrega del bien rematado al adjudicatario-demandante, so pretexto de la tenencia del predio no autorizada por su parte, ni los valores por un �beneficio il�citamente obtenido�, pues ninguno de estos t�picos son propios de la acci�n divisoria ni fueron sometidos a la debida deliberaci�n en las oportunidades que la ley prev�.

Tampoco era dable incluir en la decisi�n censurada condena en costas, pues m�s all� que en juicios como el presente por su naturaleza en principio no hay contienda y, por tanto, ni vencedor ni vencido que haga necesaria la imposici�n de dicha condena, -la que eventualmente se abrir�a paso en el evento de presentarse litigio u oposici�n, que no fue el sub judice-, el mismo actor condicion� dicha condena al caso de oposici�n y no habi�ndose presentado �sta no resulta contrario a derecho que la misma no se hubiera impuesto.

Adicionalmente en lo que hace al pago de los impuestos causados entre los a�os 1997 y 2004 preciso es anotar que los mismos fueron atendidos por el demandante como gastos del remate con ocasi�n a la compra que hiciere de la cuota parte que le pertenec�a al se�or Fernando Jord�n Fl�rez, dentro del juicio coactivo que contra �ste adelantara la Direcci�n Nacional de Impuestos Nacionales, de tal manera que en principio el obligado a cancelar tales impuestos a fin de poder materializar aquella tradici�n era aqu�l vendedor, quien en virtud de la acci�n coactiva en la venta forzada es representado como se ha dicho por la jurisprudencia por el funcionario de la ejecuci�n, lo que significa que era ante aquella ejecuci�n que deb�a reclamarse el reembolso de esos dineros, como efectivamente se hizo, lo que motiv� que la autoridad administrativa le autorizara el pago con el producto de aquella subasta.

Es lo cierto que de acuerdo con el contenido de la Resoluci�n 0007 del 2 de julio de 2004, proferida por la Administraci�n Especial de Impuestos Nacionales de Personas Jur�dicas al aprobar el remate dispuso hacer �devoluci�n al adjudicatario de los valores que cancelaron por concepto de impuestos (50%)�, puntualizando en acto posterior de igual naturaleza con N� 00052 de 6 se septiembre del mismo a�o, que resolvi� recurso de reposici�n contra la primera de las mencionadas, que: �esta Administraci�n remat� �nicamente los derechos de cuota parte de propiedad del se�or Fernando Jord�n Fl�rez con C.C. 19.078.762 �, por consiguiente est� Administraci�n reconocer� el equivalente al 50% del valor consignado por concepto de Impuesto Predial y Valorizaci�n por Beneficio Local�, certificando la entidad el reembolso efectivo del porcentaje ya referido.

Ante tal eventualidad es indiscutible que la DIAN reembols� solo lo correspondiente a los derechos que le compet�an al propietario all� demandado, empero y si bien es cierto el se�or Barrag�n Arango tendr�a derecho a reclamar el pago del restante 50% a la otra propietaria se�ora Irma Isabel Rivera Ram�rez, en virtud de la subrogaci�n legal que con ocasi�n al pago de deuda ajena �ste hiciera sin conocimiento del deudor, no lo es menos que para tal fin tiene a su haber las acciones legales correspondientes, no siendo procedente tal reclamaci�n conforme qued� visto en precedencia en el presente juicio.

Por �ltimo se destaca que en el plenario no existe petici�n de embargo de la cuota del bien que correspond�a a la demandada �ngela Mar�a del Pilar Sorzano Espinosa, ni solicitud proveniente de autoridad judicial ordenando que el producto de dinero correspondiente a �sta deba ser puesto a su disposici�n para pago de obligaciones insolutas, pues m�s all� de que la demandada hubiera contra�do m�ltiples obligaciones que garantiz� con hipoteca sobre los inmuebles objeto de divisi�n, es lo cierto que el pago de las mismas habr� de realizarse solo al momento en que sea requerido el pago por los distintos acreedores, sin que en el juicio divisorio a diferencia del ejecutivo se pueda retener por el juez los dineros que al deudor le pudieran corresponder para atender aquellas obligaciones (art. 530 C.P.C.) y menos a quien no ha acreditado que hubiere sido diputado para recibir el pago; y si por causa de los mismos pudiere verse afectado el derecho del demandante-adquirente deber� ejercer las acciones que de la perturbaci�n pudieran surgir, sin que entonces resulte leg�timo pretender que el fruto de la subasta que a aquella le corresponde le sea entregado para seguridad de obligaciones a favor de terceros, de las que por dem�s no se tiene noticia sobre sus condiciones o vigencia. Deviene de lo anotado que no es posible descontar a la se�ora Rivera Ram�rez del producto del remate los valores a que se hizo referencia, sin perjuicios de los gastos del remate a que resulta obligada, lo que evidencia el fracaso del recurso impetrado por dicho extremo procesal. 3.2.

En lo que hace con la censura planteada por el apoderado de la demandada contra la sentencia de primer grado, prontamente se advierte su vocaci�n de prosperidad, pues, contrario a lo determinado por el a-quo, el ordenamiento legal no impone que los impuestos que genere un inmueble objeto de divisi�n deban ser asumidos por el cond�mino que lo habita, porque por principio cada propietario debe aportar en proporci�n a su derecho para la conservaci�n jur�dica y material del bien, obligaci�n que no surge por el hecho de la tenencia, sino de la titularidad del derecho de dominio, luego siendo dos propietarios cada uno debe concurrir a atender tales obligaciones fiscales en la proporci�n de sus derechos.

Adicionalmente conforme lo prev� el art�culo 473 del C�digo de Procedimiento Civil �Los gastos comunes de la divisi�n material o de la venta ser�n de cargo de los comuneros en proporci�n a sus derechos, salvo que convengan otra cosa� (Negrillas fuera del texto), lo que significa que si en el presente asunto no existe pacto expreso entre demandante y demandada referente a que �sta �ltima asumir�a el 100% de los gastos de la divisi�n, particularmente los impuestos impagos, los mismos de acuerdo al postulado legal deben ser divididos en proporci�n al derecho que les asiste sobre el bien, esto es, el 50% cada uno. Por lo anterior como para materializar la inscripci�n del remate que en este juicio se realiz� resultaba necesario el pago de los impuestos adeudados sobre los inmuebles materia de la litis, los cuales se acredit� fueron cancelados por el demandante rematante una vez le fue adjudicado el inmueble, deviene imperativo reintegrarle el rubro que por ley no estaba obligado a asumir, esto es el 50% del valor pagado, no el 100% como equivocadamente lo dispuso el juez de primer grado.

En consecuencia del punto que se viene tratando y si bien no hay discusi�n que se debe ordenar a la demandada reintegrar la parte de impuestos que como copropietaria del bien le correspond�a sufragar y que fueron pagados por el demandante, dicha suma no puede incluir los rubros ya aludidos en l�neas precedentes, ni los $15.930.000,00 que se cancel� por el 3% de la subasta, por cuanto esa es una carga exclusiva del rematante, ni superar el 50% de los montos contenidos en los documentos que militan a folios 283, 284 y 305 a 316 del cuaderno 1, recibos antes aludidos que arrojan los siguientes valores: A�OAPARTAMENTOGARAJE-DEP�SITOTOTAL A CARGO DE C/ COMUNERO20103.214.000,00191.000,001.702.500,0020094.291.000,00374.000,002.332.500,0020084.783.000,00299.000,002.541.000,0020077.189.000,00319.000,003.754.000,0020066.870.000,00323.000,003.596.500,0020057.819.000,00345.000,004.082.000,00valorizaci�n 212.400,0029.700,00121.050,00TOTALES$34.378.400,00$1.880.700,00$18.129.550,00 Adem�s han de considerarse los siguientes gastos: GASTOS DEL REMATEVR pagado Cuota a cargo C/ comuneroH. PERITOS 1.500.000,00750.000,00VR REGISTRO EMBARGO24.000,0012.000,00TOTAL 1.524.000,00762.000,00 Por lo anterior y como quiera que los extremos en litigio eran propietarios de id�ntica cuota parte y no hubo reclamaci�n oportuna de mejoras era de ley que el producto se distribuyera en sumas iguales, y como el demandante remat� por $531.000.000,00 el valor que correspond�a a la demandada, ser�an $265.500.000,00, rubro que le debe ser entregado previa deducci�n de $18.891.550,00 por concepto de la cuota parte que por concepto de impuestos causados y no pagados debi� asumir el copropietario rematante y los gastos propios de la subasta.

Corolario de lo expuesto la decisi�n apelada debe ser modificada en lo que hace a la determinaci�n del juez de primer grado en cuanto a los valores a deducir a la demandada por la devoluci�n de los Tributos pagados, manteni�ndose inc�lume en todo lo dem�s. V.- DECISI�N EN M�RITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, EN SALA CIVIL DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO. - MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 29 de junio de 2012, adicionada mediante providencia del 7 de marzo de 2013 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot�, el cual queda de la siguiente manera, ORDENASE la entrega a �ngela Mar�a del Pilar Sorzano Espinosa la suma de $265.500.000.00 correspondiente al pago de su cuota parte equivalente al 50% del bien objeto de divisi�n, previa deducci�n de $18.891.550,00 de acuerdo con la relaci�n anotada en precedencia, siempre que no existieren embargos de remanentes, confirm�ndose en todo lo dem�s la determinaci�n apelada.

SEGUNDO. - SE CONDENA en costas en esta instancia al demandante recurrente, para lo cual se se�alan como agencia en derecho la suma de $1.000.000,00 por secretar�a liqu�dense. TERCERO.- REM�TASE la actuaci�n al Juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERRERIA VARGAS CLARA INES MARQUEZ BULLA Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que �la congruencia de los fallos judiciales constituye principio rector del ordenamiento procesal civil en virtud del cual se le imponen di�fanas fronteras a la funci�n jurisdiccional, por definici�n reglada y, por contera, limitada, no s�lo por obra de la ley, sino tambi�n con arreglo al pedimento de las partes, �nicos art�fices del marco dentro del cual, a posteriori, deber� el fallador inscribir su resoluci�n (cas. civ. de 4 de septiembre de 2000), motivo por el cual se ha considerado que dicho postulado es el reverso del principio de idoneidad predicable de las peticiones de los contendientes, que de ser aptas para provocar un fallo estimatorio, imponen que �ste sea acorde con el alcance de tales s�plicas.

Es esta una regla vinculada a la causa jur�dica de la sentencia, a la reclamaci�n que ha engendrado el proceso en el que la sentencia se dicta, lo que explica que, de anta�o, para preservar ese nexo con el thema decidendum, la legislaci�n procesal haya establecido que �no podr� condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en �sta� (art. 305 C. de P. C.), norma �sta que recoge la antiqu�sima regla que as� se enuncia: ne aet judex ultra, extra o citra petita partium� (sent. de 13 de agosto de 2001, exp. 5993).

En el caso de autos se solicit� la divisi�n ad-valorem del bien objeto del litigio, el cual por ser una vivienda familiar el actor considera no es susceptible de divisi�n material, sin que el extremo pasivo hubiere cuestionado tal demanda, lo que llevaba impl�cito que en virtud del principio de congruencia y valoradas las pruebas regular y oportunamente allegadas a la luz de las reglas de la sana critica se accediera a las pretensiones como en efecto se hizo en el prove�do del 18 de enero de 2008 en cuanto decret� la venta y aval�o de los inmuebles objeto de litigio.

D el valor de las deudas reconocidas por la demandada a favor de terceros del precio del remate que a esta corresponde�, pues, en el libelo introductorio no se formularon pretensiones de dicha estirpe, aunado que por la naturaleza del presente asunto, como antes se dijo, solo compete al fallador resolver sobre la procedencia de divisi�n material o ad-valorem, sobre los bienes de la comunidad y el reconocimiento y pago de mejoras si hubieren sido solicitadas oportunamente. la se�ora por lo cual, f�cil es advertir el fracaso del reproche formulado por el demandante contra la sentencia recurrida, porque no existe norma que impusiera al a-quo pronunciarse sobre los puntos que la recurrente echa de menos, quien en todo caso tiene a su haber las acciones legales para procurarse el pago de los c�nones a que se oblig� la demandada el d�a del secuestro, as� como la reclamaci�n de aquellas obligaciones que eventualmente tenga que asumir frente a acreedores hipotecarios con soporte en la subrogaci�n legal que pudiera darse.

Ahora en lo que hace a la inconformidad por no haberse condenado en costas a la demandada, es de se�alar que el actor claramente solicit� en su demanda �Condenar en costas a la demandada �ngela Mar�a del Pilar Sorzano si se opone a la prosperidad de la presente demanda� (Negrillas y subrayado fuera del texto) y como en el presente asunto no hubo oposici�n por parte de la convocada, atendiendo la pretensi�n del actor en ese sentido no hab�a lugar a imponer condena en costas, como en efecto se resolvi�, lo que igualmente conlleva el fracaso del recurso que bajo ese t�pico se formul�.

En este punto resulta oportuno aclarar que los rubros que corresponde asumir a la demandada en la proporci�n al derecho que le asiste sobre el bien son los que se pagaron en el a�o 2010 correspondiente a impuestos y valorizaci�n causada y no pagada entre el a�o de pago y el 2005, no as� los periodos anteriores, pues, a m�s que como qued� visto en precedencia el reintegro de dichos rubros no fue solicitado en el libelo inicial, los mismos de haberse acreditado oportunamente su pago ante la DIAN, debieron serle reintegrados al demandante Luis Alfredo Barrag�n Arango como as� se indic� que se har�a en el acta de remate que milita a folio 16 a 17 Cd.1 y lo dispone el art�culo 530 N�m. 7 del C�digo de Procedimiento Civil, diligencia en la cual el demandante adquiri� el dominio del 50% del bien objeto de divisi�n. Por lo anterior y al procurar el demandante obtener nuevamente el pago de dichas sumas de dinero, a m�s de ser reprochable, dicha conducta incluso raya con la comisi�n de un delito, cual es el previsto en el art�culo 453 Ley 599 de 2000. En la doctrina jur�dica nacional el concepto de las mejoras nos es informado por Palacio Pimentel, quien sostiene que: �Se entiende por `mejoras�; las inversiones de Capital y trabajo, hechas en un bien con el fin, unas veces de conservarlo, evitando su destrucci�n; otras veces con la finalidad y el prop�sito de aumentar su rentabilidad y, a veces, para tan s�lo darle mejor apariencia est�tica, o de elegancia a un bien.

(�)�(1) Cuadros Villena es de la opini�n de que: �La mejora, es la alteraci�n material de una cosa, que conserva o aumenta su valor. Es necesariamente una modificaci�n de la cosa objeto de la posesi�n, sea increment�ndola, sea disminuy�ndola, pero que de todos modos redunde en la conservaci�n o en el incremento de su valor. (�)� (2)  Folio 39 Cd.1.  Folios 2-29 ib�dem.  Folio 174 Cd.1.  Folios181-210 y 218 a 221.  Folio277-280.  Folios 325-326.  Folios 423-425 y 425-432.  El art�culo 2322 del C.C. en relaci�n a la naturaleza jur�dica de la comunidad indica que "La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o m�s personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convenci�n relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato�.  C.S.J. Sentencia de Casaci�n del 3 de agosto de 1943, LVI, 27.  Sent.

De tutela C.S.J. de septiembre 4 de 2009 M.P. Ruth Marina D�az Rueda. Exp. 11001-02-03-000-2009-01533-00.  Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci�n Civil-, Magistrada Ponente Ruth Marina D�az Rueda, Sentencia del 15 de julio de 2010, Exp. N� 1100131030132005-00265-01.  Folio 174  Folio 18  Folio 21  Seg�n certificaci�n obrante a folio 317 que da cuenta de los siguientes valores pagados de los cuales se cancel� el 50% que ser�an $16.245.450,00: A�OAPARTAMENTOGARAJE-DEPOSITO.TOTALES 19974.420.000,00125.000,0019984.656.000,000,0019997.915.000,00232.000,0020003.696.000,00216.000,0020012.986.000,00206.000,0020022.581.000,00196.000,0020032.599.000,00187.000,0020041.677.000,0081.000,00$30.530.000,00$1.243.000,00$31.773.000,00valorizaci�n717.900,00�TOTAL $32.490.900,00  �ARTICULO 1630.

PAGO POR TERCEROS. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de �l, a�n sin su conocimiento o contra su voluntad, y a�n a pesar del acreedor�� �ARTICULO 1631. PAGO SIN CONSENTIMIENTO DEL DEUDOR. El que paga sin el conocimiento del deudor no tendr� acci�n sino para que �ste le reembolse lo pagado; y no se entender� subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podr� compeler al acreedor a que le subrogue�. �ARTICULO 1668.

SUBROGACI�N LEGAL. Se efect�a la subrogaci�n por el ministerio de la ley, y a�n contra la voluntad del acreedor, en todos los casos se�alados por las leyes y especialmente a beneficio: 1o.) Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en raz�n de un privilegio o hipoteca. 2o.) Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble est� hipotecado. 3o.) Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente. 4o.) Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. 5o.) Del que paga una deuda ajena, consinti�ndolo expresa o t�citamente el deudor. 6o.) Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando as� en escritura p�blica del pr�stamo, y constando adem�s en escritura p�blica del pago, haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero.�  Valor que corresponde al 50% del total de los impuestos pagados por el demandante correspondiente a los a�os 2005 a 2010 sobre los dos inmuebles as�: $34.378.400,00 (apto)+ $1.880.700,00 (garaje) = $36.259.100,00 /2 = $18.129.500,00 + 762.000,00 (Perito y registro) = $18.891.550,00.  Ver la pretensi�n cinco (5) contenida en el escrito de demanda que milita a folio 35 Cd.1.  La norma en comento indica que constituye delito �El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un empleado oficial para obtener sentencia, resoluci�n o acto administrativo contrario a la ley��  (1) PALACIO PIMENTEL, H. Gustavo. �Manual de Derecho Civil�, T. I., 1era Reim.

Edit. Editora y Distribuidora de Libros �Huallaga�, Lima-Per�, 1987, p. 316.  (1) PALACIO PIMENTEL, H. Gustavo. �Manual de Derecho Civil�, T. I., 1era Reim. Edit. Editora y Distribuidora de Libros �Huallaga�, Lima-Per�, 1987, p. 316.     RI. 13442 Rad. 110013103002200500078 02 Ref. Proceso Divisorio de Luis Alfredo Barrag�n Arango vs. �ngela Mar�a del Pilar Sorzano Espinosa. PAGE 6 PAGE 15 RI. 13442 fghivz|~���������� �������z�z�z�g�g��UCU�#hm�h.\b5�CJOJQJ^JaJ#hm�h�D5�CJOJQJ^JaJ$hm�h�x�@���CJOJQJ^JaJ hi1@���CJOJQJ^JaJ$hm�h�6�@���CJOJQJ^JaJ(hi1h�6�CJOJQJ^JaJmH $sH $hi1CJOJQJ^JaJ hm�h�6�CJOJQJ^JaJ7jhm�h�6�5�CJOJQJU^JaJmHnHu#hm�h�6�5�CJOJQJ^JaJ%&'Ofgi��� 2 3 4 c d e � � ��������������������$dh*$7$8$H$a$gd�6� $dh�a$gd�6�$ �0�dh*$a$gd�6�  ��dh�gdi1 dh�gd�6� $dh�a$gd�6� # $ ' ( * 0 2 4 H b c � � � � � � � � � � � �������۵���u`u`u`u`uMAhm�h�6�5�>*^J$hm�h�6�@���CJOJQJ^JaJ(hm�h�DCJOJQJ^JaJmH sH (hm�h�6�CJOJQJ^JaJmH sH -hm�h�6�5�>*@���CJOJQJ\�^JaJ'hm�h�6�5�@���CJOJQJ^JaJ,hm�h�6�@���CJOJQJ^JaJmH sH  hM)�5�CJOJQJ^JaJ#hm�h�6�5�CJOJQJ^JaJ#hm�h2Y5�CJOJQJ^JaJ� � � � � � � � � � � � � � K L ������������������������� $dha$gd�6� ��dh`��gd�6� dhgd�6� $dha$gd1[�$ �0�dh*$a$gd�6�� � � �  ' ( \6�^Jhm�h�6�6�^J&hm�h�6�0J5�>*OJQJ^JaJ&hm�h�z=0J5�>*OJQJ^JaJhm�h�z=^Jhm�h�6�^J hm�h�6�0JOJQJ^JaJhm�h�6�5�^J$k s � � � � � � � � � � � 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Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Cha mHsHtH��o���� �6��Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car1,Footnote reference Car1,FA Fu Car1,texto de nota al pie Car1,Footnote Text Char Char Char Car1,Footnote Text Char Car1 CJOJPJQJ^JaJtHH&`���H �6�Ref. de nota al pie,FCH*Z>@�Z  �6�T�tulo$�ndh^�na$ 5�>*CJ OJQJmH sH tHV�o���V �6� T�tulo Car*5>*CJ OJPJQJ^JaJmH sH tHD��D �6� P�rrafo de lista ��^����o���� �6��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Char Char Car,Footnote Text Char Car$CJOJPJQJRHdaJmH sH tH ��O��� �6��Normal + Arial Narrow,Justificado,Primera l�nea: 1,25 cm,Interlineado: 1,Normal + 12 pt,Negro,,Interlineado: 1,5 l�ne,Normal + Arial,12 pt,Interlineado: 1,5 l�ne  $�,cy��$�wc.b��Q�K��G�7fK˵��R�i���v4( ��xL}�m��{ d$J����fN2�68�k���.����~4$���� ^�����6�.������%�����2��`���Z�7ZW� ��� �q�#A���.��K��[Ҳ��MU��0�P3~�����St���񃟎 > �*D8����i&��X��\�a�,W��x��=j6�!�v��.��^���Uh������V�dL���V�J�YZݨf��#�0Y�� ���i�Xx��xyN�Z4 v0#����Q �� ��0�)�뀦�{>Fu� f��O�(8B#6�¯S� �������io�WnsΊ�|#fpv �4�Y��%�W����T�`�J�m����o�)� 2����3S�~�+�����#])m� q�BiD��������߅אTpEm��P�ok��0e �H�OC$(�G*��A[2�w �z�wY�,cd2���L��#rH�P��U��{(�T7�$kw2��笂F� r���t�b�5�OO>���(���&��b1 �vUKo��l�~1�yU���V����5U8�Vk;֜���\9��ŰX D)�!!��T��~����CoE��B3�����d��] ��dm2iVֵ�褽�o� >� � � A � ��| Y(�0�5�?f@(B�C-XAk�pTr�s�� '9Whz�� {"/:EX� � � |  �� 0���� ������ � k >����� �!.$w'e+�1�4h;e@fH?J�LQS�T$W)YZT\^�_Va�a�ce%f�k�t�{ ~�~�dž�v���FHJKLNOPQSTUWXZ[\^_`abcdefgirwxz{|}��������� �b �#�+?.\�\�\�\]B]m]�]�]>^c^�^�^�a&fp�{���� � 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