Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2008 00487 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Liliana Aída Lizarazo Vaca

Fecha: 2011-09-21

Sujetos procesales: JUAN CARLOS ZAPATA TRUJILLO / JUAN CARLOS BRICEÑO CHÁVEZ.

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REF.: ORDINARIO. JUAN CARLOS ZAPATA TRUJILLO contra JUAN CARLOS BRICE�O CH�VEZ. Radicaci�n No. 2008 00487 01 Magistrada Ponente Doctora LIANA A. LIZARAZO V. Discutido y aprobado en la Sala de 20 de septiembre de 2011 Procede resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongesti�n en el asunto del ep�grafe.

I.

ANTECEDENTES 1. Juan Carlos Zapata Trujillo, por conducto de apoderado judicial, demand� a Juan Carlos Brice�o Ch�vez para que, previo los tramites de un proceso ordinario de mayor cuant�a, se hagan los siguientes pronunciamientos: 1.1. Se declare la solidaridad entre los integrantes del consorcio J. J. y, en consecuencia, se condene al se�or Juan Carlos Brice�o Ch�vez a pagar, a favor del demandante, el 50% de las p�rdidas econ�micas sufridas por dicho consorcio con ocasi�n de la ejecuci�n de varios contratos suscritos con el Instituto de Desarrollo Urbano � IDU-, detrimento calculado en tal porcentaje que es traducido en las siguientes sumas de dinero: $134.842.085 en relaci�n con el contrato No. IDU � UEL -20 -156 de 2004. $22.344.731,50 referentes al contrato No. IDU � UEL -20 -157 de 2004. $ 14.062.110,50 atinentes al contrato No. IDU � UEL -20 -160 de 2004. 1.2.

Asimismo, los intereses moratorios sobre los anteriores rubros liquidados desde la fecha en que se entregaron cada una de las obras respectivas, aunado a las costas que genere el proceso. 2. Las pretensiones fueron fundamentadas en la siguiente versi�n de los hechos: 2.1. En virtud del art�culo 7� de la Ley 80 de 1993, el se�or Juan Carlos Zapata Trujillo constituy�, junto con el demandado, el consorcio �JJ� con n�mero de Nit 900.003.886-7, mediante el cual se comprometieron a responder solidariamente de las obligaciones que adquirieran por el ejercicio contractual. 2.2.

Luego de participar en varios procesos licitatorios con entidades estatales, el �consorcio JJ� obtuvo la adjudicaci�n, por parte del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, de los contratos que a continuaci�n se relacionan: a) IDU-UEL-20-156 de 2004, cuyo valor inicial fue de $600.000.000, el que posteriormente fue adicionado para un monto total de $900.000.000; sin embargo, present� p�rdidas, seg�n el balance general del mismo, por el monto de $269.684.170. b) IDU-UEL-20-157 de 2004 suscrito por un monto de $148.801.659, val�a que fue adicionada para un total de $222.165.881; empero, en su ejecuci�n arroj� p�rdidas por el orden de $44.689.463. c) IDU-UEL-20-160 de 2004 celebrado por la suma de $148.801.650, a la que se le efectu� una adici�n ulterior que determin�, en �ltimas, un valor total de $223.202.526; no obstante, se calcularon perdidas por el rubro de $28.124.221. d) IDU-UEL-20-161 de 2004 inicialmente convenido por un costo de $800.000.000, que al igual de todos los anteriores tambi�n fue adicionado para una resulta total de $868.598.048; este contrato se encuentra pendiente de liquidaci�n, habida cuenta que solo han recibido $824.279.287 de la referida entidad estatal, quedando pendiente el desembolso del valor restante, con el cual se pretende cubrir parte de la deuda que el consorcio tiene con la DIAN. 2.3.

Con la finalidad de llevar el control contable, los extremos de la litis contrataron los servicios profesionales de la se�ora Carmen Zoraya Sandoval, contadora p�blica en ejercicio, quien realizo los balances y el consolidado general de los contratos firmados con el IDU, reflejando as� las p�rdidas econ�micas anteriormente relacionadas. Los datos contables fueron puestos en conocimiento de los socios del consorcio, sin que hasta el momento de la presentaci�n de la demanda los hubieren objetado. 2.4.

Con miras a cumplir con los compromisos adquiridos en los contratos de obra, y evitar las sanciones preceptuadas en la ley 80 de 1993, el ingeniero Juan Carlos Zapata Trujillo acudi� a pr�stamos personales con las entidades bancarias Colmena, Bancaf�, Fiducaf�, Citibank, Colpatria, BBVA y otros consorcios con igual finalidad, deudas que lo tienen al borde de la quiebra y que se encuentran justificadas en los balances bajo la denominaci�n cuentas por pagar. 2.5.

No obstante lo anterior, el ingeniero Juan Carlos Brice�o Ch�vez se sustrajo de dichas obligaciones sabiendo que tambi�n debe responder por ellas como consorciado solidario. La actuaci�n surtida. 3. La demanda correspondi� por reparto al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito, quien por auto de fecha 07 de noviembre de 2008 la admiti� y realiz� los dem�s pronunciamientos propios de esta clase de procesos (fl. 216 cd. 1). 4.

El demandado, debidamente enterado del anterior prove�do, y mediante gestor judicial, contest� el libelo introductor oponi�ndose a las pretensiones del actor y formul� las excepciones de m�rito que denomin�: i) Petici�n antes de tiempo; ii) Falta de legitimaci�n sustantiva por activa; iii) Falta de los requisitos legales de los balances; iv) Inexistencia de los pasivos contenidos en los balances presentados por la activa; v) Falta de la aceptaci�n de los balances por parte del consorciado Juan Carlos Brice�o. 4.1.

De igual modo, en la responsiva de la demanda, propuso �tacha de falsedad� en contra de los balances presentados por la actora, argumentando que los mismos no se ajustan a la realidad de los gastos e ingresos que obtuvo el Consorcio JJ. 4.2. Agotada la etapa probatoria, y corrido el traslado para que las partes alegaran de conclusi�n -derecho el que hicieron uso ambos extremos litigiosos-, el juez dict� sentencia en la que declar� no probada la excepci�n de �falta de legitimaci�n sustantiva por activa� y prosperas las dem�s, negando as� las pretensiones de la demandada y condenando en costas al actor.

II. LA SENTENCIA APELADA: 5. Como argumentos del fallo, el juzgador de primer grado se�al� que: 5.1. No hay duda que entre los contendientes del proceso conformaron el Consorcio JJ, luego, el supuesto de que uno de ellos demande al otro, con miras a que le pague su porcentaje por las p�rdidas que tuvo que asumir con ocasi�n de la ejecuci�n de los contratos de obra adjudicados a los consorciados, determina, sin asomo de duda, que se encuentra configurada la legitimaci�n en la causa. 5.2.

El expediente es fiel reflejo de la orfandad probatoria a cargo del accionante, pues no demostr� que los pr�stamos a �l otorgados por varias entidades bancarias ten�an por objeto inyectar capital para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con el IDU, aunado a que no present� la liquidaci�n final de los contratos, del consorcio ni del estado de p�rdidas y ganancias. 5.3.

No se puede pasar por alto a que los balances aportados con la demanda no se les puede dar ning�n valor probatorio, en tanto que no est�n firmados por el representante legal del consorcio, teniendo en cuenta lo expresado por el art�culo 37 de la Ley 222 de 1995 y el Presidente del Consejo T�cnico de la Contadur�a P�blica. III. LA IMPUGNACION 6.

Inconforme con la decisi�n que en compendio se dej� anotada, el demandante interpuso recurso de apelaci�n, el que sustent� de la siguiente forma: 6.1. El desacuerdo con la sentencia consiste, en primer lugar, en que el juez no valor� en debida forma los elementos de juicio que reposan en el expediente y, en otros casos, se abstuvo de pronunciamiento alguno sobre pruebas que conducir�an al reconocimiento del derecho que tiene el demandante para reclamar las sumas de dinero que le corresponden, adem�s, conforme al art�culo 304 del C�digo de Procedimiento Civil, dentro de las consideraciones de la sentencia no se encuentra el examen critico ni legal de las mismas, esto es, que no expuso los motivos del porque le da o no la credibilidad a cada pieza probatoria aportada. 6.2.

Obra en el plenario un dictamen pericial que apoya la viabilidad de las s�plicas de la demanda, el cual no fue objetado, cuyas conclusiones indicaron que el costo total de los contratos correspondi� a un valor de $2.589.610.072, adem�s de que los pr�stamos efectuados por el demandante ascienden a la suma de $223.496.244. 6.3. Por otra parte -se�al� el apelante-, el demandado ten�a la obligaci�n de presentar los balances de los contratos IDU-UEL-20-156-2004 � IDU-UEL-20-157-2004, en los cuales era �l quien obraba como representante legal del Consorcio J.J., por lo que ahora no puede pretender beneficiarse de su propia omisi�n. 6.4.

Finalmente �precis� el censor-, en relaci�n con la condena en costas a la parte actora, err� el a quo en tal decisi�n por cuanto aquella no fue solicitada por el demandado, ello teniendo en cuenta que en materia civil no es posible hacer pronunciamiento alguno que no sea a petici�n de parte, en ese orden, en caso de que la sentencia de segunda instancia fuese confirmatoria, no tendr�a caso correr traslado de la liquidaci�n para efectos de la eventual objeci�n, a m�s que no es razonable dicha disposici�n condenatoria ante el justo reclamo de que su socio lo acompa�e en las perdidas acaecidas en la actividad contractual del consorcio JJ. 7.

En el escrito por el cual descorre el traslado de la alzada, el demandado respald� el fallo del Juez de primera instancia, solicitando confirmar en todas y cada una de las partes de la sentencia apelada bajo la argumentaci�n que �en s�ntesis- se anota a continuaci�n: 7.1. Es clara la orfandad probatoria que reposa en el expediente sobre la cual se basan las pretensiones, pues si bien es cierto que hubo balances que no fueron firmados por el se�or Juan Carlos Brice�o como representante legal del consorcio JJ, tambi�n es cierto que no fue posible firmarlas por el desacuerdo frente a los balances y las inconsistencias que se encontraron en la contabilidad del consorcio, as� como tampoco es posible determinar las perdidas, pues el demandante pudo haber sacado provecho de los egresos puesto que al ser tambi�n representante legal autoriz� gastos de los cuales no qued� soporte alguno. De igual forma el demandante se benefici� de pr�stamos efectuados por el consorcio, de los cuales no existe prueba alguna de su reintegro. 7.2.

Por �ltimo, dijo que: �no se alleg� prueba de la liquidaci�n de los contratos ni del consorcio, que permitiese determinar en que estado quedaron las cosas frente a los consorciados� IV. CONSIDERACIONES: 1. Procede resolver la instancia advirtiendo que no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, a m�s de estar reunidos los presupuestos procesales para proferir sentencia de m�rito. 2.

Sentado lo anterior, se adentra la Sala en el �mbito de estudio que involucra la apelaci�n, cual es si del paginario se advierte los elementos de juicio suficientes para la prosperidad de la acci�n incoada por la parte actora. 3. Previo a desarrollar tal prop�sito, es necesario hacer, en primer t�rmino, varias precisiones. 4. Se entiende por consorcio, en los t�rminos del numeral 1� del art�culo 7� de la Ley 80 de 1993, �[C]uando dos o m�s personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicaci�n, celebraci�n y ejecuci�n de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectar�n a todos los miembros que lo conforman�. 5. El par�grafo del referido canon legal precept�a que los proponentes deben se�alar si su participaci�n es a t�tulo de consorcio o uni�n temporal, y el segundo inciso del misma norma dispone que los miembros del consorcio y uni�n temporal deber�n designar la persona que, para todos los efectos, ejercer� su representaci�n y se�alar�n las reglas b�sicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 6.

De all� la Corte Constitucional haya desarrollado estas figuras en los siguientes t�rminos: �Se ha discutido en la doctrina sobre la identidad jur�dica de las uniones temporales y los consorcios, y a estos �ltimos se los suele asimilar a la figura del �joint venture� del derecho americano o al �peternish� de los ingleses, y no pocos al de una sociedad de hecho por las informalidades que rodean su organizaci�n jur�dica.

En nuestro r�gimen legal, la capacidad es la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jur�dicas, es decir para realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos v�lidos en la esfera del derecho, y si bien esa habilitaci�n se vincula con la noci�n de persona, hasta el punto que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de capacidad jur�dica.

El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperaci�n entre empresas, cuando requieren asumir una tarea econ�mica particularmente importante, que les permita distribuirse de alg�n modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnol�gicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, seg�n el caso, pero conservando los consorciados su independencia jur�dica.

El art�culo 7� de la mencionada ley [aludiendo a la ley 80 de 1993] se refiere se refiere al consorcio, pero en lugar de definir su contenido esencial, ofrece una relaci�n descriptiva de la figura se�alando los elementos instrumentales y vinculantes que lo conforman [�]. Se tiene de lo anterior que seg�n la ley, el consorcio es un convenio de asociaci�n, o mejor, un sistema de mediaci�n que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebraci�n y ejecuci�n de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jur�dica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Lo que se ha expresado para el consorcio puede aplicarse del mismo modo para la �uni�n temporal�, si se tiene en cuenta el texto del numeral segundo del mismo art�culo 7�. Sin embargo, la norma en cita introdujo a la figura una variante que justifica la diferencia con el consorcio y explica de paso su raz�n de ser�. Asimismo, sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha precisado: �Por ese motivo y porque el consorcio no constituye una persona jur�dica independiente de quienes lo conforman, todos ellos deben suscribir tanto la propuesta como el contrato, si resultan favorecidos en la licitaci�n o concurso, para obligarse directamente y marcar as� su solidaridad en el compromiso que asume con los otros, con independencia, por supuesto, de que deban designar, por exigencia del mismo texto legal, �la persona que, para todos los efectos, representar� al consorcio o uni�n temporal�, pues lo que en realidad asume el designado es la direcci�n o coordinaci�n del proyecto, lo mismo que la canalizaci�n de la actividad de los consorciados frente a la entidad p�blica contratante, en todo lo que tiene que ver con el negocio celebrado, m�s no con la representaci�n legal del consorcio, que como tal, carece de personer�a, condici�n sin la cual no es susceptible de ser representado.

Obrar� entonces, como representante convencional de sus integrantes, en los t�rminos del art. 832 del C. de Co., aplicable por la remisi�n a las normas mercantiles y civiles del caso que se hace en el art. 13 de la ley 80, cuyo radio de acci�n estar� delimitado por los t�rminos del acto de apoderamiento, que bien puede incluir, desde luego, la facultad para suscribir, en nombre de los consorciados, el contrato con la entidad p�blica de que se trate�. 7.

Bajo el acopio de las anteriores premisas legales y jurisprudenciales, y descendiendo al caso concreto, no se discute que los extremos de la litis conformaron el Consorcio JJ, por el cual suscribieron 4 contratos de obra con el Instituto de Desarrollo Urbano �IDU-, con apoyo en lo preceptuado en el numeral 1� del art�culo 7� de la Ley 80 de 1993.

En ese orden, resulta evidente que las partes en contienda figuraban como responsables solidarios -en cada uno de los contratos- frente a la entidad estatal contratante al tenor del canon legal citado. Asimismo, obran a folios 26, 27, 72, 73, 124, 125, 165 y 166 del cuaderno principal sendas cartas de conformaci�n del consorcio relacionadas con las 4 licitaciones por las cuales se adjudicaron los contratos de obra objeto del sub lite, y en todas ellas se determin� que dicho convenio de asociaci�n estaba integrado por Juan Carlos Zapata Trujillo y Juan Carlos Brice�o Ch�vez, cada uno con un 50% de la participaci�n. Seg�n los documentos vistos a folios 26, 27, 72 y 73 ib�dem, se logra evidenciar que, para los contratos IDU-UEL-20-156 � IDU-UEL-20-157, ambos del mismo a�o, quien figuraba como representante del consorcio era Juan Carlos Brice�o Ch�vez, mientras que en relaci�n con los contratos IDU-UEL-20-160 � IDU-UEL-20-161, conforme a los escritos militantes a folios 124,125,165 y 166 ib, tal calidad la ejerc�a Juan Carlos Zapata Trujillo, lo que cobra mayor vigor con la lectura de cada uno de los escritos contractuales, anexos y adiciones, aunado a las actas de inicio y liquidaci�n de obra (fls. 464-549 cd. 1), piezas probatorias debidamente arrimadas al plenario por el Instituto de Desarrollo Urbano, en las que se observa c�mo cada uno de los mencionados actu� (fl. 550 ib), frente a la referida entidad p�blica, en representaci�n del dicho convenio de asociaci�n. 8.

Ahora bien, pretende el demandante que se declare a Juan Carlos Brice�o Ch�vez como obligado a cancelarle aquellas sumas de dinero correspondientes a las p�rdidas que gener� la ejecuci�n de los referidos contratos de obra, en proporci�n del 50% de las mismas, conforme a las relaciones internas de solidaridad propias del consorcio que han integrado, en tanto que esa merma econ�mica la ha asumido el actor con su patrimonio.

Al respecto, es bien sabido que el deudor solidario, que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, esto es, que le haya implicado un sacrificio patrimonial directo o indirecto, queda subrogado en la acci�n del acreedor (art. 1579 C. C.), de all� que el numeral 3� del art�culo 1668 de C�digo Civil disponga que �[S]e efect�a la subrogaci�n por ministerio de la ley, y a�n contra la voluntad del acreedor, en todos los casos se�alados por las leyes y especialmente a beneficio: (�) 3� Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente�.

Igualmente, la misma codificaci�n indica que quien por subrogaci�n asume la posici�n del acreedor, lo hace con todas sus ventajas, privilegios y seguridades, a m�s de todas las contrapartidas y riesgos (arts. 1666 y 167 C.C). Esta medida protege a quien pag� la deuda si no ten�a todo o parte de inter�s en la misma, en otras palabras, cada deudor debe contribuir en la medida de su inter�s, raz�n por la cual, a aqu�l que cancel� la prestaci�n se favorece con la subrogaci�n en aqu�lla proporci�n o cuota de la deuda que no le correspond�a (inc. 2� art. 1579 C. C.). 9.

Precisado lo anterior, y como bien lo indic� el a quo, del paginario no se observa con nitidez -que no deje margen de duda- cu�les fueron aquellas obligaciones contractuales que le correspond�an al consorcio y que asumi�, en su totalidad, el consorciado Juan Carlos Zapata Trujillo En efecto, si bien obran en el plenario varias certificaciones bancarias por las cuales se indica que el �ltimo de los mencionados adquiri� varias deudas crediticias (fls. 554-561 cd. 1), lo cierto es que tales documentos no evidencian que los recursos econ�micos que obtuvo por tales medios los destin� a cubrir las obligaciones que Consorcio JJ adquiri� con el IDU, pues all� no se especifica el prop�sito o destinaci�n de tales dineros. 10.

Por otro lado, los balances aportados con el libelo demandatorio tampoco tienen la fuerza demostrativa para sustentar las pretensiones del actor (fls. 20-202 cd. 1), pues todos ellos solo est�n suscritos por la contadora Carmen Soraya Sandoval mas no por el respectivo representante del consorcio, supuesto que no es procedente conforme lo se�al� el presidente del Consejo T�cnico de la Contadur�a P�blica en los siguientes t�rminos: �En Colombia son claras las responsabilidades que asumen los distintos signatarios de los estados financieros, lo cual tiene sentido para el caso en comento por cuanto la responsabilidad de �stos recae exclusivamente en la administraci�n del ente econ�mico (representante legal y contador p�blico bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado).

As� las cosas si en los estado financieros no esta atestada la firma del Representante Legal. Estos no cumplen con los preceptos legales referidos a la CERTIFICACION, que se predica en el Art�culo 37 de la Ley 222 de 1995, y no podr� entenderse que el responsable de los mismos declara (�) que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros� afirmaciones que son de la esencia en la arquitectura financiera del ente propietario de los Estados Financieros� (fl. 577 cd. 1).

Es m�s, no obstante que la naturaleza de la figura consorcial determina que sus integrantes se obligan directamente sin que pueda asimilarse a alg�n tipo de sociedad, esto es, no conforman una persona jur�dica aut�noma e independiente, tal como lo ense�a la jurisprudencia citada p�rrafos atr�s (�6), es claro que se designa una persona que para todos los efectos representar� al consorcio, asumiendo la direcci�n o coordinaci�n del proyecto, lo mismo que la canalizaci�n de la actividad de los consorciados frente a la entidad p�blica contratante, raz�n por la que resulta viable la remisi�n a lo preceptuado en el art�culo 832 del C�digo de comercio y dem�s disposiciones concordantes.

As�, para el caso concreto, era inter�s del actor, en sustento de sus pretensiones, allegar los balances debidamente diligenciados y aprobados, lo que brilla por su ausencia, en tanto que para cada uno de los contratos se design� un representante encargado de la ejecuci�n y administraci�n de las obras, quienes estar�an conminados a realizar y presentar las cuentas a su cargo.

Sobre este punto n�tese que, tal como se dej� anotado en l�neas precedentes (�7), los contratos IDU-UEL-20-156 � IDU-UEL-20-157, ambos del a�o 2004, ten�an como representante a Juan Carlos Brice�o Chav�z, sin que haya duda entre los extremos de la litis de que a �l le correspond�a elaborar, junto con la contadora, los balances respecto de dichos acuerdos contractuales, a m�s de present�rselos a su consorciado, supuesto que no se encuentra acreditado en el plenario como se ha hecho menci�n, incluso, tales estados financieros son objeto de desacuerdo y desavenencias entre las partes, al igual de aqu�llos que le correspond�a elaborar, aprobar y presentar a Juan Carlos Zapata Trujillo en relaci�n con los contratos IDU-UEL-20-160-2004 � IDU-UEL-20-161-2004.

Por otro lado -en gracia de discusi�n- a�n si se aceptase los balances sin la firma del representante del consorcio, los mismos tampoco tienen la fuerza suficiente para indicar, con claridad meridiana, cu�les fueron los costos que el demandante asumi� en su totalidad en calidad de obligado solidario, sino que las cuentas solo discriminan la relaci�n de ingresos y egresos sin precisar con que recursos se cancel� tal o cual obligaci�n, aspecto necesario si el deudor solidario que ha pagado la deuda pretende subrogarse en la acci�n del acreedor.

Asimismo, tambi�n resulta insuficiente el dictamen pericial practicado en el transcurso del proceso sobre los estados financieros del Consorcio JJ. En efecto, n�tese como la experticia limita su an�lisis a establecer los costos y gastos de cada uno de los contratos (fls. 741-743 cd. 1), los prestamos que el se�or Juan Carlos Zapata hizo a favor del consorcio, aunado al pago de impuestos y multas en que incurri� el convenio asociativo, sin que tampoco determinara a ciencia cierta la relaci�n entre unos y otros para dejar claro respecto a qu� (contratos y obligaciones contenidas en ellos) y c�mo oper� la subrogaci�n legal para que el actor pudiera ocupar la posici�n del acreedor con todas sus ventajas, privilegios, seguridades, contrapartidas y riesgos. 11.

Finalmente, en lo atinente a la condena en costas al demandante por parte del sentenciador de primera instancia, no le asiste raz�n al apelante en se�alar que al no haber sido solicitada por el demandado no era le viable al juez efectuar ese pronunciamiento, en tanto que la condenaci�n en costas rige por mandato legal en los t�rminos del art�culo 392 del C. de P. C., sin que el sentenciador pueda sustraerse de tal imperativo se�alado por el legislador. 12.

Corolario de todo lo anterior ser� la confirmaci�n de la sentencia de primera instancia y, por lo mismo, la condena en costas a la parte apelante (numeral 3 art. 392 del C. de P. C.). V. DECISION En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongesti�n, con calenda del 18 de marzo de 2011.

SEGUNDO: Condenar al recurrente en las costas de segunda instancia. T�sense. La Magistrada Ponente se�ala como agencias en derecho la suma de $ 4.000.000 m/cte, para ser incluidas en la correspondiente tasaci�n de costas. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE LIANA A. LIZARAZO VACA Magistrada CLARA IN�S M�RQUEZ B. LUZ MAGDALENA MOJICA R. Magistrada Magistrada  Sentencia C-414 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell.  C.S.J., s.c.c., sentencia de 13 de septiembre de 2006, exp. 88001-31-03-002-2002-00271-01, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.  Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones, concepto, estructura vicisitudes, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogot� 2002, p�g.351.  El canon legal precept�a: Si el negocio para el cual ha sido contra�da la obligaci�n solidaria, concern�a solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, ser�n estos responsables entre si, seg�n las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser�n considerados como fiadores.      PAGE \* MERGEFORMAT 18 Ordinario.

Juan Carlos Zapata Trujillo contra Juan Carlos Brice�o Chavez 78DEGHoyz���������Ⱥ�Ⱥ����t�^K^@h(Ae5�CJOJQJ%h�C�CJOJQJ\�^JaJmH sH +h�jMh(AeCJOJQJ\�^JaJmH sH h�OP5�CJOJQJ^JaJ#h(Aeh(Ae5�CJOJQJ^JaJ h�M|aJh(Aeh(AeaJ*j"��J h�jMh(Ae5�CJUV^JaJh�jMh(Ae5�CJ^JaJ$jh�jMh(Ae5�CJU^JaJ#h�OPh(Ae6�CJOJQJ^JaJ#h�OPh�5k6�CJOJQJ^JaJ7Hz����& ' D F v w �����������}}}$ ��dha$gd��$�p��^�p`��a$gd�OP $�p^�pa$gd�OP $� ^� a$gd�OP$dha$�5$7$8$9DH$`�gd(Ae $dha$gd�OPgd(Ae$�2dh]�2a$gd(Ae$ ���2dh]�2a$gd(Ae������     # $ & ' 1 6 = @ C D a u � � � �������������۸��ʆu��fVfJfh�C�CJOJQJaJh��hzl�5�CJOJQJaJh��hzl�CJOJQJaJ h�OPh�"�OJQJ^JmH sH  h�OPhm!�OJQJ^JmH sH h�M|5�OJQJ^JmH sH #h�OPhbd�5�OJQJ^JmH sH #h�OPh�"�5�OJQJ^JmH sH  h�OPh(AeOJQJ^JmH sH #h�OPh�OP5�OJQJ^JmH sH #h�OPh(Ae5�OJQJ^JmH sH w � � � � � � � � B C � � � � *+��FG�������������������� $dha$gd%� $dha$gd�K �j gd�� $ �j dha$ $dha$gd�OP $dha$gd��$ ��dha$gd��� � �    " # $ (. 4 5 7 A P [ l y � � � � � � � �����ɹ�ٙ����٩���vf�WMG h��CJhzl�CJOJQJh(Aehzl�CJOJQJaJhct3CJOJQJaJmH 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