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REF. ACCI�N DE GRUPO DE KILIAN JOAQU�N �VILA GUTI�RREZ Y OTROS CONTRA BELLSOUTH COLOMBIA S.A. RAD. 110013103033200106935 02 Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala de 3 de marzo de 2016. Acta N� 9 I. ASUNTO Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia, el 23 de junio de 2015 proferida por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso de la referencia. II.
ANTECEDENTES 1). PETITUM: Los se�ores Kilian Joaqu�n �vila G., Eximio de J. Mongu� Estupi�an, Luz Myriam Castillo Casas, Edith Sof�a Castro M. y Ricardo G�mez Monsalve promovieron acci�n de grupo contra Bellsouth Colombia S.A. (antes Celumovil S.A.), para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Que se condene a la demandada a cancelar al grupo demandante �la indemnizaci�n colectiva compensatoria �cobros inconstitucionales, ilegales, injustos, incausados, irrazonables y exorbitantes- y moratoria �indexaci�n e intereses moratorio-, indemnizaci�n que debe ser total e integra, equivalente a la sumatoria ponderada de las indemnizaciones individuales, perjuicios causados por el cobro inconstitucional, ilegal, injusto, incausado, irrazonable y exorbitante �precio muy abusivo- que ha realizado y sigue realizando por concepto del servicio de telefon�a celular que ella presta por concesi�n del Estado Colombiano, a todos sus usuarios en la modalidad de post-pago o prepago, sin que interese para nada el plan escogido por ellos, por los conceptos y factores que m�s adelante se explicar�n, hechos estos que generan indemnizaci�n a cargo de la demandada y a favor de los usuarios, cobros a trav�s de los cuales los integrantes del grupo actor se han empobrecido injustamente con el correlativo enriquecimiento sin causa de la sociedad accionada� (Sic).
A su vez �se�alar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que no han estado presentes en esta acci�n, a fin de que puedan reclamar la indemnizaci�n correspondiente (art.55 de la Ley 472/98)�. Finalmente solicitaron condenar a la demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en derecho de la presente acci�n, de conformidad con lo normado por los art�culos 5 y 6 de la Ley 472 de 1998. 2).
CAUSA: Para sustentar sus pretensiones, la parte demandante aleg�, sustancialmente, los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: Afirmaron que los integrantes del grupo accionante son usuarios o consumidores del servicio p�blico de telefon�a celular que presta la demandada, quien aprovechando su posici�n dominante ha afectado el equilibrio econ�mico de todos sus clientes, por lo que a trav�s de la presente se persigue su restablecimiento.
Que el �establecimiento de exorbitantes �precio muy abusivo-. Irrazonables, inequitativas, incausadas, cuantiosas e irrazonables y por consiguiente inconstitucionales e ilegales tarifas del servicio las que cobra por minuto sin que interese para nada que el usuario �nicamente hable 10, 15 o 25 segundos, etc., evento en el cual no cobra el tiempo �segundos- efectivamente hablado sino que lo aproxima al minuto siguiente en forma ascendente, lo cual no es justo, equitativo, ni legal� (Sic).
De igual forma, manifestaron que se cobra el minuto �cuando el usuario marca sin completar la llamada, esto es, que por cualquier causa no se puede establecer la conversaci�n, ya que para ella, para la demandada es suficiente para efectuar el cobro que el usuario marque el n�mero de destino as� este no le conteste, no complet�ndose la llamada, cobro que tambi�n efect�a cuando la llamada entra al conocido buz�n o tono de ocupado.
En equidad, justicia y legalidad, el cobro s�lo ser�a exigible cuando el destinatario contesta�. Se�alaron que �cuando la llamada se cae por fallas t�cnicas de la empresa operadora de telefon�a celular, a pesar de la falla en el servicio imputable �nica y exclusivamente a la empresa demandada, al usuario le cobra la llamada, cuando en realidad, deber�a asumirla la empresa por ser ella la causante del da�o�.
Que existen diferentes planes que ofrece la demandada, a trav�s de los cuales el usuario tiene derecho a un determinado n�mero de minutos por el pago de una suma fija. Sin embargo, el n�mero de minutos contabilizados depende tambi�n de las aproximaciones que hace la empresa de los segundos realmente hablados, �cuando en equidad y justicia deber�a ser un determinado n�mero de minutos realmente habados, que no dependa de aproximaciones ni de marcaciones o comunicaciones no completadas�. �Los anteriores cobros de lo no debido, adem�s de ser cancelados por los aqu� demandantes son abonados por todos aquellos que conforman el grupo actor, usuarios o consumidores del servicio, cobros estos que vulneran no solamente principios econ�micos sino tambi�n principios constitucionales claramente normatizados tanto por el constituyente como por el legislador� (Sic).
Indicaron que la demandada, �desconociendo que �nicamente est� autorizada para cobrar el servicio por minuto de comunicaci�n real o proporcionalmente por fracci�n de cada llamada completada, efect�a siempre el cobro aproximando los segundos hablados al minuto o cobrando un minuto por la simple marcaci�n del n�mero correspondiente, cobros que deben ser catalogados, reiterando, como inconstitucionales, ilegales,.
Injustos, incausados y exorbitantes y, por consiguiente, irrazonables, que han empobrecido injustamente a todos los integrantes del grupo actor con el correlativo enriquecimiento sin causa de la sociedad accionada, ya que para una parte es un �cobro de lo no debido� y para la otra un �pago de lo no adeudado�, que legitima al �supuesto� deudor a repetir lo pagado, a t�rminos del art�culo 2313 del C.C.� Finalmente, tras citar algunas de las disposiciones legales que rigen el tema de telefon�a celular, adujeron que de estas se desprende que los operadores de telefon�a celular solamente deben cobrar y facturar el tiempo real que dura una llamada, porque de lo contrario la demandada se est� enriqueciendo injustificadamente a costa de sus usuarios, por lo que solicitaron que las pretensiones salgan adelante, orden�ndose a la entidad accionada �proceder a efectuar el reembolso de los dineros ilegalmente cobrados, debidamente indexados y sobre el total, los intereses moratorios correspondientes, junto con los dem�s perjuicios causados� los cuales, estim� en la suma de $1.000.000,00 para cada uno de los actores. 3).
ACTUACI�N PROCESAL: La demanda se admiti� por auto del 22 de octubre de 2001, ordenando notificar a la accionada, comunicar a los miembros de la comunidad y enterar a la Defensor�a del Pueblo. Bellsouth Colombia S.A. se pronunci� sobre cada uno de los hechos, se�alando que el cobro de sus tarifas se ajustan a los l�mites impuestos por la ley y formul� en su defensa las excepciones de m�rito que denomin�, �caducidad de la acci�n en relaci�n con el periodo anterior al 3 de septiembre de 1999 (art.97 del C.P.C., en concordancia con el art�culo 47 de la ley 472 de 1998)�; �carencia de causa para reclamar perjuicios, en virtud de la legalidad del cobro en minutos y no en segundos�, �legalidad de los actos que han permitido que se cobre en minutos y no en segundos (Resoluci�n 004, 87, 253 y 304 de la CRT)�, �inexistencia de perjuicios respecto de las llamadas no completadas, por no existir tarificaci�n de las mismas�, �inexistencia de abuso de posici�n dominante�, �inexistencia de enriquecimiento sin causa por cobro de lo no debido�, �improcedencia de una condena en perjuicios� y la gen�rica.
Agotado el tr�mite propio de la acci�n constitucional, en sentencia del 23 de junio de 2015, el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot� D.C., resolvi� negar las pretensiones de la demanda, condenando en costas a los accionantes. Inconforme con la anterior determinaci�n, la parte actora formul� en su contra recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto de ley, motivo por el cual, se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n. III.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot� D.C., tras historiar el proceso y hacer un recuento de las caracter�sticas de la acci�n de grupo, se�al� que el �informe aportado por la Comisi�n de Regulaci�n de Telecomunicaciones indic� de manera clara y precisa los sistemas utilizados para la medici�n y tasaci�n en tiempo real en el que se miden las llamadas, siendo el sistema de Tasaci�n Detallada, el aplicado a los usuarios, por ser el recomendado por la Uni�n Internacional de Telecomunicaciones, por medio de la recomendaci�n UIT-90 Secci�n D, utilizado por los operadores Celulares, y que para el tema que nos ocupa se utiliz� el Minuto como unidad de medici�n de consumo�. �Del mismo modo, expres� en su informe la Superintendencia de Telecomunicaciones, respecto de los planes ofrecidos por la accionada, indicando que de conformidad con el principio de autonom�a de la voluntad privada, que rige las relaciones entre particulares, dichos operadores pueden establecer y ofrecer libremente tales planes para la prestaci�n de los servicios de telefon�a m�vil celular, encontr�ndose limitados para el efecto por las regulaciones que al respecto formule la Comisi�n de Regulaci�n de Telecomunicaciones y por las instrucciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones�. �As� las cosas, se puede concluir, en primer t�rmino, que la excepci�n propuesta est� llamada a la prosperidad, lo que releva al Despacho, conforme los ordenado por el art�culo 306 del C.P.C., al estudio de las dem�s excepciones propuestas�.
Concluy� manifestando, que �la sociedad de telefon�a celular Bellsouth se encontraba actuando dentro de los par�metros autorizados por la ley para el establecimiento de los valores a cobrar a los usuarios por concepto de telefon�a celular, motivo por el cual, mal se har�a entrar a endilgar alguna responsabilidad por el cumplimiento de la normatividad aplicable para la fecha en que acontecieron los hechos que motivaron la presente acci�n de grupo�.
IV. ARGUMENTOS DE APELACI�N El recurrente finc� su inconformidad con el fallo de primera instancia, en que si el juez encontr� probado el da�o, el cual consiste en la mala calidad del servicio, no pod�a �negar la indemnizaci�n bajo el simple prurito de que la misma no estaba cuantificada, evento en el cual est� autorizado el juez para proceder oficiosamente decretando las pruebas que le permitan cuantificar el da�o y, en subsidio, proceder a fallar en equidad, profiriendo no solo una formal sentencia sino una decisi�n impregnada del car�cter �justo� que reclama la Constituci�n desde su pre�mbulo a cualquier providencia judicial�.
Posteriormente y luego de referir que a las entidades prestadoras del servicio de telefon�a m�vil celular se les ha venido sancionando por las entidades de vigilancia por la mala prestaci�n del servicio, �no es de recibo que porque el Estado ha procurado que se mejor� el servicio de telefon�a celular, los jueces no pueden condenar a los perjuicios reclamados por la mala calidad del servicio.
Tampoco lo es que por los mismo no pueden hacer uso de las facultades probatorias oficiosas que les confiere la ley cuando encuentren probado o dan por cierto el da�o, faltando �nicamente su valoraci�n, evento en el cual proceden pruebas de oficio o, en subsidio, acudirse a la equidad, pero, nunca, jam�s, negar la indemnizaci�n so pretexto de que no est� cuantificado el perjuicio�. �El se�or juez, al actuar de esa manera, negando la justa indemnizaci�n reclamada por la mala calidad del servicio que presta la demandada, act�o al margen de sus deberes, profiriendo una formal �legal� sentencia absolutoria injusta y, por ende, alejada de los valores, fines, metas y principio que el constituyente primario se�al� en el pre�mbulo constitucional�� Posteriormente, tras hacer una serie de apreciaciones por las que, a su juicio, el a-quo en la sentencia debi� tener en cuenta las noticias que hac�an referencia a la mala prestaci�n del servicio de los operadores de telefon�a celular, dejando de apreciar los principios que rigen las acciones de grupo, solicit� que fueran tenidos en cuenta, para con soporte en ellos revocar la providencia apelada.
En el curso de esta instancia solicit� que para resolver el recurso de apelaci�n se tengan en cuenta, adem�s, los fundamentos de la demanda, como lo planteado en los alegatos de conclusi�n. Por su parte, el apoderado judicial de la demandada solicit� la confirmaci�n de la sentencia apelada, en la medida en que el extremo actor no acredit� los perjuicios que reclama, los que de todas maneras no han existido, por cuanto las tarifas que aplica a sus usuarios siempre se han ajustado a los l�mites establecidos por la ley.
As� mismo, censur� los argumentos plateados como soporte de la apelaci�n, afirmando que estos no tienen relaci�n alguna con los planteados como soporte de las pretensiones, los que en consecuencia no pueden prosperar. V. CONSIDERACIONES 1). PRESUPUESTOS PROCESALES: No existe reparo frente a la concurrencia de los denominados presupuestos procesales, ni se advierte vicio de nulidad que comprometa la validez de lo actuado, de modo que se dan las condiciones procesales requeridas para proferir sentencia de m�rito.
Por otra parte, la legitimaci�n en la causa, tanto activa como pasiva, se encuentra acreditada, habida consideraci�n que la primera de ellas, en �ste tipo de acciones, est� radicada en cualquier persona que hubiere sufrido un perjuicio individual, pero que busca la protecci�n de un sector espec�fico de una poblaci�n agraviada por la misma acci�n u omisi�n �sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acci�n, ni haya otorgado poder�, y la segunda se predica frente a la autoridad p�blica o el particular que con su conducta hubiere ocasionado perjuicios individuales, que es precisamente la imputaci�n que se le endilga a la demandada. 2).
NATURALEZA JUR�DICA DE LAS ACCIONES DE GRUPO: La Ley 472 de 1998 se encarg� de desarrollar el mandato constitucional, cuyo objeto es regular las acciones populares y de grupo de qu� trata el canon 88 superior, los cuales, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia patria, �constituyen un mecanismo de defensa judicial frecuentemente utilizado por una categor�a o clase de personas determinadas, que pretenden lograr una indemnizaci�n resarcitoria econ�micamente, del perjuicio ocasionado por un da�o infringido en sus derechos e intereses.� Como puede observarse, la importancia de este tipo de acciones radica en que procura la indemnizaci�n de los da�os ocasionados a un n�mero plural de personas que deciden acudir ante la justicia, en ejercicio de una �nica acci�n, para lograr la reparaci�n respectiva, que pese a referirse a intereses comunes se pueden individualizar, en relaci�n con el perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, y que procede sin perjuicio de existir otros medios de defensa judicial para obtener la reparaci�n del da�o sufrido.
En cuanto al alcance resarcitorio de este tipo de acci�n y las exigencias para su prosperidad, la Corte Suprema de Justicia ha precisado lo siguiente: �6.5.6. Es caracter�stico en este tipo de acciones, el ahorro en la actividad judicial, en el tiempo y en los gastos procesales, al paso que propende por decisiones uniformes frente a un supuesto f�ctico com�n en beneficio indiscutible de los derechos a la igualdad y a la seguridad jur�dica, as� como de la realizaci�n del principio de econom�a procesal. 6.5.7.
Tambi�n hay que decir que aunque se trata de una acci�n de reparaci�n, requiere una previa declaraci�n de responsabilidad. La metodolog�a procesal ense�a que la pretensi�n de indemnizaci�n de perjuicios es consecuencial, esto es, que depende de que previamente se establezca la responsabilidad del demandado. Por eso, en este tipo de eventos debe esclarecerse primeramente la fuente �com�n� de los da�os, esto es, que en comienzo debe verificarse la existencia de un comportamiento antijur�dico capaz de causar agravios a un grupo o conjunto de sujetos que no ten�an por qu� soportarlos.
En otras palabras, �por tratarse de una acci�n indemnizatoria, lo primero que debe verificarse es si realmente se caus� el da�o que alegan los demandantes y cuya indemnizaci�n reclaman y, en caso afirmativo, establecer posteriormente si tal da�o, adem�s de ser antijur�dico, es imputable a la entidad demandada por haber sido generado por su acci�n u omisi�n� (Consejo de Estado, sentencia de 3 de marzo de 2005, Exp.
No. 25000-23-25-000-2003-01166-01). De all� se sigue que si no se puede imputar responsabilidad a quien se endilga la conducta, la acci�n de grupo no est� llamada a prosperar, precisamente porque en esas condiciones, no es posible ordenar el resarcimiento del perjuicio. En suma, adem�s del anhelo de promover el deber de solidaridad y la participaci�n democr�tica, podr�a decirse que esta herramienta responde en buena medida a los principios de econom�a, eficiencia y eficacia procesal.
Quiso el legislador dotar a los asociados de un mecanismo de control para actividades estereotipadas de comprensi�n masiva, es decir, que por el camino de simplificar el acceso a la administraci�n de justicia y crear un procedimiento especial, contribuy� a facilitar el acceso a la jurisdicci�n para determinar la responsabilidad por la realizaci�n de ciertos actos que menoscaban los intereses individuales de un buen n�mero de personas.
Entonces, adem�s de que los agraviados cuentan con la posibilidad de acudir individualmente a los procesos comunes para reclamar el pago de los da�os que pudieron padecer, tambi�n est�n facultados para promover la acci�n de grupo, caso en el cual bastar� la iniciativa de uno cualquiera de sus miembros o de algunos de ellos. (Negrillas fuera de texto).
En ese orden de ideas, para que prospere una acci�n de grupo deben concurrir necesariamente los siguientes requisitos: a) La preexistencia de un da�o que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, a todas aquellas personas que se han visto afectadas; b) Que re�nan condiciones uniformes, respecto de una misma causa com�n, como tambi�n en relaci�n con todos los elementos que configuran la responsabilidad; c) Que la acci�n se ejerza �nicamente con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios; d) Que la acci�n se presente dentro del t�rmino legal. 3).
CASO CONCRETO: En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala se imputa a la accionada el cobro ilegal, irracional, exorbitante, inconstitucional y abusivo en las tarifas aplicadas a sus usuarios por el servicio de telefon�a m�vil, al facturar por minutos y no por segundos efectivamente hablados, por lo que reclaman se les indemnicen los perjuicios que aducen causados, en cuant�a de $1.000.000,00 para cada uno. De manera temprana se advierte que la presente acci�n estaba llamada al fracaso, como en efecto lo estim� el a-quo en la sentencia objeto de alzada, por cuanto no se acreditaron los supuestos facticos de la conducta reprochada a la accionada, que habiliten el reconocimiento de los perjuicios reclamados.
Lo anterior, por cuanto los demandantes de manera alguna acreditaron, seg�n lo impon�a el Estatuto Procesal Civil, que la accionada incurri� en una conducta antijur�dica que aquellos no estaban obligados a soportar y por la cual, adem�s, se generaron perjuicios a su favor, debido a que las afirmaciones realizadas en el libelo inicial descansan en el campo de la discusi�n te�rica, sin sustentos demostrativos que las respalden, pues los hechos consistentes en que la convocada, en los servicios de telefon�a m�vil celular que presta a sus usuarios y para la facturaci�n del servicio, acude al cobro por minutos y no por segundos, por s� solos, aunque probados, no permiten afirmar el �establecimiento de exorbitantes �precio muy abusivo-.
Irrazonables, inequitativas, incausadas, cuantiosas e irrazonables y por consiguiente inconstitucionales e ilegales tarifas del servicio�, como lo califica el extremo demandante, habida consideraci�n que dicha forma de medici�n y facturaci�n, a m�s que fue aceptada voluntariamente por el usuario que tom� el servicio con esa sociedad, se ajusta a los postulados que para el efecto prev� el ordenamiento legal.
Inicialmente se tiene que a voces del art�culo 1� de la Resoluci�n 253 del 2000, expedida por la Comisi�n de Regulaci�n de Telecomunicaciones, �Los servicios de telefon�a m�vil (TMC y PCS) estar�n sometidos al r�gimen vigilado de tarifas. En consecuencia, los operadores de telefon�a m�vil podr�n aplicar a sus abonados estructuras tarifarias que incluyan descuentos, franquicias de tiempo, precios diferenciales de horario u otras condiciones especiales.
Lo anterior no exime a estos operadores de sus obligaciones frente a terceros. En todo caso las tarifas no podr�n ser contrarias a la libre y sana competencia�. A su vez, la norma en cita define el r�gimen vigilado como: �R�gimen de tarifas mediante el cual los operadores de telecomunicaciones pueden determinar libremente las tarifas de venta a sus clientes, usuarios o consumidores.
Las tarifas sometidas a este r�gimen deber�n ser registradas en la CRT, sin perjuicio de otros registros establecidos en la ley ( )� De la disposici�n aludida se desprende con facilidad, que la demandada Bellsouth Colombia S.A., de acuerdo a lo autorizado por la entidad encargada de vigilar su actividad, estaba habilitada para facturar el servicio suministrado a sus usuarios por minutos o segundos, lo que impide que se pueda predicar la incursi�n por parte de �sta en un cobro no debido, cuando reclama del usuario el pago del tiempo hablado medido en minutos, aun cuando en algunos casos la llamada haya tenido una duraci�n inferior y por causa del m�todo escogido se aproxime al minuto siguiente.
Mucho menos es predicable la existencia de abuso de posici�n dominante por parte de la empresa prestadora del servicio de telefon�a m�vil celular, en la medida en que, precisamente, aquella metodolog�a la autorizaron las autoridades de vigilancia y control para garantizar la libre competencia entre los diferentes operadores del mercado, exigiendo de estos que previamente registraran las tarifas que aplicar�an a su clientes siguiendo los criterios preestablecidos, carga que en el presente asunto la convocada acredit� su cumplimiento.
Correlativamente, dicho proceder, por estar ajustado a la legalidad, no conlleva, en modo alguno, la causaci�n de perjuicios al consumidor que voluntariamente acept� dichos servicios, m�xime cuando no se alleg� al juicio elemento probatorio que permita siquiera presumir que si la convocada hubiere facturado el servicio por segundos, �ste hubiere salido m�s econ�mico a sus usuarios.
Adem�s de lo anterior, la posibilidad de que los prestadores del servicio de telefon�a celular utilicen como unidad de medida �minutos� para la facturaci�n del servicio que prestan, tambi�n est� en consonancia con otras disposiciones que as� lo habilitan, como por ejemplo el art�culo 5.8.1 de la Resoluci�n 087 de 1997, de la Comisi�n Reguladora de Telecomunicaciones, la cual se�ala que para �La facturaci�n y medici�n por el consumo del servicio de TPBCL y TPBCLE en su componente local, se deber� tasar, tarificar y facturar a sus usuarios, utilizando alguna de las siguientes alternativas: a) Los operadores de TPBCL podr�n tasar, tarificar y facturar el consumo en impulsos de 180 segundos utilizando el m�todo Karlsson Modificado; b) Los operadores de TPBCL podr�n tasar, tarificar y facturar a sus usuarios por el consumo del servicio, en minutos y fracci�n de minutos o en segundos� (Negrillas ajenas al texto).
Disposici�n aplicable al caso bajo estudio, porque a pesar de que hace referencia a �telefon�a p�blica b�sica conmutada local y telefon�a p�blica b�sica conmutada local extendida�, la aludida resoluci�n, en el t�tulo V (tarifas), cap�tulo I (generalidades del r�gimen), expresamente se�al�: �ARTICULO 5-1-1. AMBITO DE APLICACI�N DEL R�GIMEN DE TARIFAS.
El presente r�gimen de tarifas se aplica a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones de conformidad con el art�culo 28 del Decreto 2167 de 1992, la Ley 142 de 1994, el art�culo 37 del Decreto 1130 de 1999, la Ley 555 de 2000 y las dem�s normas que los adicionen, modifiquen o complementen� (Subrayado de la Sala). A su vez, la ley 37 de 1993 dispuso en su art�culo 8 que �La red m�vil celular se interconectar� a la red telef�nica p�blica conmutada (RTPC) en los puntos en que las partes acuerden, siendo por cuenta del operador celular todos los equipos requeridos para la interconexi�n a la central de conmutaci�n de la red telef�nica p�blica conmutada (RTPC), tanto local, como de larga distancia y se ce�ir�n a los planes de se�alizaci�n, numeraci�n, tarificaci�n y enrutamiento elaborados por el Gobierno Nacional�, disposiciones de las que se puede colegir la posibilidad de aplicar los sistemas de medici�n previstos para la Telefon�a P�blica Conmutada a la Telefon�a M�vil Celular.
Fue por ello que la Comisi�n Reguladora de Telecomunicaciones, cuando se le requiri� su concepto para el presente, se�al�: �Al respecto le informamos que los operadores de Telefon�a M�vil Celular y de conformidad con el art�culo 5.8.1 de la Resoluci�n 087 de 1997 (compilada por la Resoluci�n 575 de 2002) est�n sometido al r�gimen vigilado de tarifas, mediante el cual los operadores de telecomunicaciones determinan libremente las tarifas de sus suscriptores y/o usuarios.
Las tarifas deben ser registradas ante nuestra entidad. Por su parte, le informamos que el servicio de TMC, como cualquier servicio de telecomunicaciones, debe ser medido y cuantificado para definir un precio o una tarifa. Este proceso est� basado en la medici�n del consumo del servicio, procedimiento com�nmente conocido como tasaci�n. Para el efecto, del art�culo 8 de la ley 37 de 1993, que reglament� la concesi�n de este servicio, estableci� que la red m�vil celular deb�a ce�irse al plan nacional de tarificaci�n contenido en el decreto 2608 de 1993.
En el cap�tulo 4.1 del documento denominado �plan nacional de telecomunicaciones� que forma parte integral del referido decreto, se encuentran definidos los m�todos de tasaci�n para la telefon�a local, dentro de dichos m�todos el plan estipulaba que las empresas pod�an optar por los siguientes sistemas:�, haciendo alusi�n al �Sistema multimedici�n� y el de �tasaci�n detallada� con los par�metros de cada uno. Seguidamente, manifest� que: �el segundo sistema de medici�n es el de tasaci�n detallada, en el que se miden las llamadas en tiempo real.
Este sistema es el recomendado por la Uni�n Internacional de Telecomunicaciones por medio de la recomendaci�n UIT-90 Secci�n D, normas que como antes se manifest�, se aplican en nuestro ordenamiento en virtud de lo dispuesto en el art�culo 12 del Decreto Ley 1900 y, es utilizado por los operadores celulares. En este caso utilizan el minuto como unidad e medici�n del consumo� (Se resalta).
De lo indicado por la CRT se desprende que Bellsouth Colombia S.A., al facturar a sus clientes el consumo por minutos y no en segundos, obr� con apego a las normas que gobiernan la materia, pues estaba facultada para cobrar el servicio suministrado a sus usuarios en la forma en que lo hizo, lo que torna su conducta en leg�tima. Del mismo modo, la Superintendencia de Industria y Comercio concuerda con lo expuesto por la CRT, entidad que con relaci�n al requerimiento que se le hiciere, luego de se�alar su competencia en el tema objeto de estudio, se�al�: �teniendo en cuenta las competencias antes se�aladas, y los hechos objeto de la demanda, le aclaramos, en relaci�n con los planes que ofrecen los operadores, que de conformidad con el principio de la autonom�a de la voluntad privada que rige las relaciones ente los particulares, dichos operadores pueden establecer y ofrecer libremente tales planes para la prestaci�n de los servicios de telefon�a m�vil celular, encontr�ndose limitados para el efecto por las regulaciones que al respecto formule CRT y por las instrucciones de esta Superintendencia, contenidas en la circular �nica. �Al respecto es importante precisar, que existe una clara diferencia ente las tarifas y los denominados planes tarifarios.
Las primeras pueden ser fijadas libremente por el operador en virtud del r�gimen tarifario al cual se encuentra sometido el servicio de telefon�a m�vil celular, y si bien inciden directamente en el costo del servicio, no son opcionales para el usuario. Estas incluyen los cargos por conexi�n o suscripci�n, cargos b�sicos, y cargos por uso del servicio, dentro de los cuales el operador celular puede ajustar, de acuerdo a sus necesidades, la estructura tarifaria que le resulte m�s conveniente. �En concordancia con lo anterior, la resoluci�n 575 de 2000 (Sic), establece que las tarifas y dem�s condiciones comerciales de los planes tarifarios sometidos a r�gimen regulado o vigilado, deber�n ser registrados por los operadores ante la Comisi�n de Regulaci�n de Telecomunicaciones �CRT-.� (Negrillas ajenas al texto).
En resumen, de las normas y pruebas a las que se viene haciendo referencia se desprende que Bellsouth Colombia S.A. ten�a libertad, dentro de los l�mites de la Ley, para fijar las tarifas acordes con el sistema de medici�n bajo los cuales prestar�a el servicio que oportunamente ofrec�a a sus usuarios, a trav�s de los distintos planes que por dem�s deb�an ponerse en conocimiento de la Comisi�n Reguladora, por lo que al ser conocidas previamente por aquellos, ten�an la libertad de decidir si las aceptaban o no. Resulta, entonces, reprochable que el consumidor cuestione la conducta de la convocada y pretenda el reconocimiento de perjuicios por hab�rsele facturado por minutos, conforme se pact�, m�xime cuando dichos valores se ajustan a los par�metros normativos que regulan la prestaci�n de dicho servicio y cuyo monto puntual es registrado peri�dicamente para el conocimiento p�blico ante la CRT, al considerar que lo justo hubiere sido realizarlo por segundos, pues si acept� esas condiciones al contratar, no puede despu�s, desconociendo que el contrato v�lidamente celebrado es ley para las partes, alegar un perjuicio por causa de la ejecuci�n cabal del mismo, salvo que efectivamente hubiere sido probado, lo que aqu� no aconteci�.
En efecto, respecto del perjuicio que afirmaron haber sufrido, los accionantes no atendieron el principio de la carga de la prueba, definido as� en el precepto 177 del C. de P. C. hoy art�culo 167 del C�digo General del Proceso: �Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur�dico que ellas persiguen�.
No puede olvidarse que siendo como efectivamente lo es esta acci�n eminentemente indemnizatoria, no habr� lugar al reconocimiento de perjuicios sino en la medida en que �stos queden plenamente demostrados, tanto en su ocurrencia como en su cuant�a, pues como lo ha indicado la jurisprudencia nacional, �la acreditaci�n de los perjuicios individuales cuya indemnizaci�n se pretende, debe hacerse de manera particular y concreta, pues tampoco tiene cabida su valoraci�n en abstracto� debido a que en la acci�n de grupo se indemniza el da�o sufrido por el grupo demandante, para lo cual se tiene en cuenta el monto del da�o sufrido por cada uno de sus integrantes��, y en el sub judice no existen elementos probatorios de los cuales emerjan los que aqu� se reclaman.
Obs�rvese que si bien la demandada acept� que algunas de las personas que integran el grupo actor se encontraban vinculadas con Bellsouth Colombia S.A. en planes prepago y otras en pos pago, el grupo actor ni siquiera se preocup� por demostrar que en ejercicio de esa relaci�n comercial y por causa de la facturaci�n, efectivamente sufrieron perjuicios en la cuant�a reclamada en la demanda, lo que hac�a inviable su pretensi�n. En torno al argumento de que el juez debi� decretar pruebas de oficio o dictar un fallo en equidad para acceder a las pretensiones, porque se acredit� con lo expuesto en medios de comunicaci�n que las empresas de telefon�a m�vil celular prestan sus servicios de forma irregular, igualmente se encuentra condenado al fracaso, pues de acuerdo con el contenido del libelo inicial la deficiencia en el servicio no fue el fundamento de las pretensiones, toda vez que la causa petendi se radic� en un inadecuado cobro del mismo, al hacerse en minutos y no en segundos realmente hablados; y como atr�s se expuso, es obligaci�n de las partes acreditar el fundamento de sus pedimentos.
Aunado a lo anterior, porque no basta que determinado medio de comunicaci�n diga que un grupo empresarial o sector de la econom�a presta sus servicios de forma irregular para que todos sus usuarios se vean facultados para reclamar una indemnizaci�n y los jueces sin m�s accedan a sus reclamaciones, pues para ello, se insiste, se debe demostrar la existencia de un perjuicio cierto, real y, adem�s, que dicha afectaci�n es consecuencia de una conducta reprochable, pero sobre todo, porque es un argumento sorpresivo, que se plantea por v�a de recurso de apelaci�n, lo que impide que la Corporaci�n pueda abordar el estudio del tema, pues de hacerlo se vulneraria el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a las partes �Art.29 C.P.-, al no haber tenido la convocada oportunidad de controvertirlo.
Corolario de lo hasta aqu� expuesto, se tiene, que el grupo actor no acredit� los fundamentos de hecho en que se soportaron las pretensiones, ni los perjuicios que se reclamaron, lo que conllevaba que sus pretensiones fueren negadas y, como a id�ntica conclusi�n se lleg� la sentencia objeto de alzada, se impone su confirmaci�n, sin que sea necesaria consideraci�n adicional.
VI. DECISI�N POR M�RITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., EN SALA CIVIL DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2015, por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia, por lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte actora, para lo cual la Magistrada Ponente se�ala como agencias en derecho la suma de $1.800.000,00 M/cte.
Liqu�dense en los t�rminos del C�digo General del Proceso. TERCERO.- Devu�lvase el expediente al Juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ RICARDO ACOSTA BUITRAGO MARCO ANTONIO �LVAREZ G�MEZ En raz�n a que ��la determinaci�n del grupo, de por lo menos veinte personas, no es entonces un presupuesto para la legitimaci�n en la causa por activa.
Es en realidad un requisito de admisi�n de la demanda, so pena de su inadmisi�n y posterior rechazo, y en esa medida, dentro de los presupuestos de la misma deben se�alarse entre otras cosas, adem�s de la identificaci�n del demandado y la justificaci�n sobre la procedencia de la acci�n de grupo en los t�rminos de los art�culos 3� y 49 de la ley, los criterios para identificar y definir el grupo de por lo menos veinte (20) integrantes, si no fuere posible proporcionar sus nombres (art 52)�.
Corte Constitucional, sentencia C-116 de 13 de febrero de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional. Sentencia C-1062 de 2000. M.P. �lvaro Tafur Galvis. Sent. C.S.J. abril 22 de 2009 M.P. Edgardo Villamil Portilla. Ver folios 172 al 463. Norma subrogada por el art�culo 1 de la Resoluci�n CRT-253 de 2000; disposici�n vigente para la data en que se formul� la acci�n de grupo, la que a su vez modific� y actualiz� sus modificaciones en un solo cuerpo resolutivo mediante la Resoluci�n 575 de 2002 CRT. Folios 955-956. Folios 973-977 Cl�usula primera �contrato para la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones� �fl.81-. Disposici�n complementaria seg�n el art�culo 68 de la Ley 472 de 1998. Sent.
Consejo de Estado � Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera de 16 de mayo de 2007. C.P. Alier Eduardo Hern�ndez Enr�quez. RI. 13836 Rad. 110013103033200106935 02 Ref. Acci�n de Grupo de Kilian Joaqu�n �vila Guti�rrez y otros contra Bellsouth Colombia S.A. PAGE 5 PAGE 16 RI.13836 'Oef~��������s[D2 2#h�DzB*CJOJQJ^JaJph#h�s�B*CJOJQJ^JaJph,h�s�h�s�5�B*CJOJQJ^JaJph/h�B�h�s�5�6�B*CJOJQJ^JaJph/h�B�h�B�5�6�B*CJOJQJ^JaJph>h�B�h�s�5�6�@���B*CJOJQJ]�^JaJmH phsH 1h�B�h�s�5�6�B*CJOJQJ\�]�aJphCjh�B�h�s�5�6�B*CJOJQJU^JaJmHnHphu2h�B�h�s�5�6�B*CJOJQJ]�^JaJph %&'Of����' E F u ���������������$ �0��"dh*$@&a$gd�s�$ ��"dh@&a$gd�s� ��"dh@&gd�s�$ ��"dh@&a$gd�s�$ ���"dh*$@&a$gd�s� ��"@&gd�s� $dh@&a$gd�s���������',;
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