11001 3103 044 2013 00579 01 · Tribunal de Bogotá

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ANTECEDENTES 1. LA DEMANDA. Pidi� la libelista que �se ordene a la demandada que a partir de la �ltima fecha de renovaci�n del contrato de arrendamiento (entre ellas suscrito), es decir, desde el 1� de abril de 2013, y en adelante, pague a la parte demandante la suma que se declare probada como canon de arrendamiento ajustado�, lo mismo que �la diferencia entre el canon ajustado y el que haya pagado efectivamente desde el 1� de abril de 2013, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia� y que �se le ordene actualizar anualmente el canon de arrendamiento a su cargo con base en condiciones de mercado seg�n lo que se determine con la intervenci�n de perito y dem�s pruebas, mediante la fijaci�n de una f�rmula de ajuste razonable�.

En s�ntesis, relat� la parte actora que el 25 de marzo de 1998 la se�ora Gloria Tirado de G�mez (arrendadora) celebr� con la demandada un contrato de arrendamiento sobre el local comercial ubicado en la Calle 93� # 11-27 de Bogot�, con matr�cula No. 50C-574414 y que dicho negocio jur�dico fue objeto de varias modificaciones (mediante los �otro si� de junio de 2002, abril de 2004, enero de 2005 y enero de 2007), en cuanto al canon de arrendamiento inicialmente pactado y tambi�n de una cesi�n contractual (contenida en la escritura p�blica 6750 de la Notar�a 54 del C�rculo de Bogot� del 19 de diciembre de 2006), mediante la cual la se�ora Tirado de G�mez fue sustituida, en su condici�n de arrendadora, por la hoy demandante.

A�adi� que �durante la vigencia comprendida entre el 1� de abril de 2012 y 30 de marzo de 2013 el canon ascend�a a la suma de $ 33�034.140�; que �a partir del 1� de abril de 2013, el canon es de $33�840.173, lo cual, a mi juicio, es inferior al valor del mercado para el arrendamiento de esta clase de inmuebles� y que �solicit� al arquitecto y perito avaluador Jorge Humberto Jim�nez Villa su opini�n sobre el valor comercial del canon para la vigencia objeto de esta Litis y este se�al� que es la suma de $72�732.000�.

Acot�, finalmente, que mediante escrito del 20 de agosto de 2012, �invit� a la demandada a discutir la revisi�n del canon de arrendamiento, comunicaci�n que no fue contestada por ella� y que �el 15 de noviembre de 2012 se desarroll� audiencia de conciliaci�n prejudicial, acord�ndose suspenderla hasta el 11 de marzo de 2013, tiempo que fue solicitado por la convocada para analizar la viabilidad de una propuesta econ�mica de ajuste del canon�, pero que �el 11 de marzo de 2013, dicha parte no se present� a la audiencia programada�. 2.

LA OPOSICI�N. La demandada excepcion� �nulidad por objeto il�cito de las cl�usulas del contrato de arrendamiento que desconocen los art�culos 518, 520 y 524 del C�digo de Comercio�; �configuraci�n de la pr�rroga del contrato en las mismas condiciones y por el mismo t�rmino del contrato inicial, por ausencia del desahucio como obligaci�n de la propietaria hacia la arrendataria�; �configuraci�n del derecho a la renovaci�n del contrato de arrendamiento a favor de la arrendataria para vigencia del 1� de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2018�; �inexistencia de los presupuestos legales exigidos por el art�culo 519 del C�digo de Comercio para la procedencia de la acci�n�; �existencia de un acuerdo escrito entre las partes para mantener actualizado el precio del canon de arrendamiento�; �la aceptaci�n del pago hecho por la arrendataria es prueba de la ausencia de diferencias entre las partes�; �reconocimiento del valor de las remodelaciones y adecuaciones hechas por la arrendataria en el inmueble arrendado para los efectos del valor del canon de arrendamiento� y �divisi�n de las costas del proceso entre las partes en igual proporci�n�.

3. LA SENTENCIA RECURRIDA. El juez a quo desestim� las pretensiones. Sostuvo que �no se demostr� la existencia de las diferencias (entre las partes), en cuanto a la regulaci�n del canon de arrendamiento y la fijaci�n de una f�rmula para su posterior ajuste, ello dada la falta de un medio de convicci�n por el cual se acredite que tales discusiones se hayan promovido por la v�a del dialogo o de la conciliaci�n amigable, con anterioridad al vencimiento del t�rmino contractualmente pactado�.

A�adi� que la carta del 20 de agosto del 2012 a que se hizo alusi�n en la demanda, �no resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito que se echa de menos, pues fue suscrita por Yolima Prada M�rquez y M�nica Rugeles Mart�nez y no descubre la facultad de representaci�n que, al parecer, a estas previamente les confiri� la persona jur�dica demandante para ser representada en sus intereses, es decir, que el acto de representaci�n que dichas personas quisieron llevar a cabo, no se acompa�� de la prueba que as� lo acreditara, de conformidad con los art�culos 832 a 844 del C�digo de Comercio�.

A�adi� que �la constancia de incomparecencia que reposa en el folio 52 del paginario est� en copia simple y, adem�s, de su contenido no emerge que aquella tuviera por fin plantear diferencias contractuales e invitar a la renegociaci�n del canon de arrendamiento pues solo refleja la constancia de incomparecencia de la sociedad demandada, am�n de corresponder al agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en la ley para acudir a la jurisdicci�n, que no para la promulgaci�n de un di�logo en el cual se definan las diferencias negociales�. 4.

LA APELACI�N. Adem�s de insistir en sus argumentos primigenios, la demandante aleg� que �es un contrasentido que, despu�s de haber tramitado un proceso por m�s de 12 meses, as� como surtidos previamente diferentes acercamientos infructuosos, desacertadamente se afirme que no se encuentra acreditada la existencia de diferencias�; que �el acto de apoderamiento no requiere de solemnidad para su existencia (�), pues no se estaba celebrando un negocio jur�dico, dado que el contrato de arrendamiento se celebr� desde 1998�; que �el contrato de arriendo es consensual o de forma libre�; que �legal, jurisprudencial y doctrinalmente se ha reconocido que s�lo se requiere la exhibici�n del poder en los casos excepcionales cuya formalidad as� lo exija, los cuales resultan ajenos al contrato de arriendo de local comercial� y que, �si en gracia de discusi�n se entendiese que era necesario acreditar la existencia de un acto de apoderamiento, el poder escrito otorgado a las mismas remitentes de la misiva para el inicio del presente tr�mite deber�a tener los efectos de ratificaci�n�.

CONSIDERACIONES 1. No anduvo afortunado el juez de primera instancia al haber negado las pretensiones que formul� la parte actora, por considerar que �no se demostr� la existencia de las diferencias (entre las partes), en cuanto a la regulaci�n del canon de arrendamiento y la fijaci�n de una f�rmula para su posterior ajuste�. Y es que, sin que resulte necesario entrar en la discusi�n que plante� el aludido fallador en punto a la eficacia de la carta que el 29 de agosto de 2012 envi� la aqu� demandante a su contraparte por conducto de las mandatarias Yolima Prada M�rquez y M�nica Rugeles Mart�nez, ha de verse que al contestar la demanda, Franquicias Latinoamericanas ni siquiera intent� negar lo que se sostuvo en ese libelo incoativo, en punto a que, previo a la iniciaci�n de este litigio, la parte actora la cit� nuevamente el 11 de octubre de 2012, ante la Notar�a 30 del C�rculo de Bogot�, para intentar conciliar extrajudicialmente el valor que deb�a asign�rsele al canon de arrendamiento a partir del 1� de abril de 2013, y que, pese a que dicha diligencia se suspendi� en 2 oportunidades por solicitud de la hoy demandada, la audiencia, finalmente, no se llev� a cabo por la inasistencia (injustificada) de Franquicias Latinoamericanas, aserto del que, por lo dem�s, da cuenta el acta de incomparecencia que obra a folio 52.

A juicio de la Sala, la rese�ada contingencia es suficiente para dar por satisfecha la exigencia que el juez a quo ech� de menos, primero, porque, en el fondo, refleja el evidente desinter�s de la arrendataria en reajustar las condiciones econ�micas del contrato de locaci�n sobre el que versa este litigio, y segundo, por el indicio grave que gravita en contra de la interpelada por no haber justificado su inasistencia a la audiencia de conciliaci�n prejudicial (art. 22, L. 640 de 2001). 2.

Entonces, dado que no se encuentra de recibo el argumento por cuya virtud el juez de primera instancia declar� la improsperidad de la demanda, se impone ahora efectuar un pronunciamiento frente a las dem�s defensas que esgrimi� el extremo pasivo de este litigio (art. 306, C. de P. C.). 2.1. En su prop�sito de evidenciar la extemporaneidad de la solicitud de reajuste de canon que efectu� su contraparte, la demandada sostuvo, sin expresar mayormente las razones de su afirmaci�n, que �son nulas por objeto il�cito las cl�usulas SEGUNDA del contrato del 25 de marzo de 1998;

PRIMERA del otro s� del 23 de julio de 2003 y PRIMERA del otro s� del 23 de julio de 2013 ya que desconocen los art�culos 518, 520 y 524 del C�digo de Comercio� y que, en consecuencia, �la cuarta vigencia comenz� el 1� de abril de 2013, est� transcurriendo, y termina el 31 de marzo de 2018�. Ahora, aunque dicha excepci�n no es �til para los prop�sitos con que la esgrimi� la demandada (pues all� no se discuti� que el contrato de arrendamiento venc�a el 31 de marzo de 2013, es decir, m�s de 6 meses despu�s de la fecha en que la arrendadora empez� a solicitar el reajuste del canon), no sobra destacar que aqu� no hace presencia �la nulidad� que denunci� la opositora, pues las cuestionadas estipulaciones no violentan, ni el derecho de renovaci�n que consagra el art�culo 518 del C�digo de Comercio, ni el derecho de los extremos contractuales a recibir el �desahucio� con la antelaci�n establecida en el art�culo 520 de ese mismo estatuto.

De hecho, en las cl�usulas cuya anulaci�n pidi� la demandada, se pact�, precisamente, que el contrato de arrendamiento se renovar�a en forma autom�tica y sucesiva (en periodos de 12 meses) salvo que �el arrendatario, a su elecci�n�, manifestara a su contraparte, por escrito y con no menos de 6 meses de anticipaci�n al vencimiento del contrato, su intenci�n de dar por terminado el v�nculo, o su voluntad de prorrogarlo por un periodo diferente (fls. 91 y 92), por manera que en esa negociaci�n quedaron a salvo las disposiciones de naturaleza proteccionista que, en favor del arrendatario, contemplan los precitados art�culos 518 y 520 del C�digo de Comercio, y por lo mismo, no se presenta el supuesto de ineficacia que prev� el art�culo 524, ib�dem.

As� las cosas, ante el fracaso de la solicitud de nulidad formulada por la demandada, no se encuentra impedimento para atender las pautas temporales que pactaron los aqu� litigantes en los �otro s�, mediante los cuales modificaron el contrato de arrendamiento y dispusieron que dicho vinculo no se renovar�a por el mismo t�rmino inicialmente pactado (60 meses), sino en periodos sucesivos de 12 meses contados desde el 1� de abril hasta el 31 de marzo del a�o siguiente.

No prosperan, por ende, las excepciones denominadas �nulidad por objeto il�cito de las cl�usulas del contrato de arrendamiento que desconocen los art�culos 518, 520 y 524 del C�digo de Comercio� y �configuraci�n del derecho a la renovaci�n del contrato de arrendamiento para vigencia del 1� de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2018�. 2.2 Tampoco le asiste raz�n a la demandada en cuanto afirm� que se �configur� la pr�rroga del contrato en las mismas condiciones y por el mismo t�rmino del periodo inicial, por ausencia del desahucio como obligaci�n de la propietaria hacia la arrendataria�.

T�ngase en cuenta que el �desahucio� que ech� de menos la excepcionante, s�lo lo exige el art�culo 518 del C�digo de Comercio para los eventos en que se pretenda dar por terminado el contrato (hip�tesis que aqu� no se presenta), a lo que se a�ade que la normatividad que regula la materia no contempla ninguna formalidad en especial para que el arrendador solicite a su contraparte el reajuste del canon, m�s all� de que ello sea pedido con antelaci�n, o por lo menos �al momento de la renovaci�n del contrato� (presupuesto que, como qued� visto, aqu� s� se cumple). 2.3 Con sus excepciones de �inexistencia de los presupuestos legales exigidos por el art�culo 519 del C�digo de Comercio, para la procedencia de la acci�n judicial� y �la aceptaci�n del pago hecho por la arrendataria es prueba de la ausencia de diferencias entre las partes�, la demandada aleg� que �el pago hecho por la arrendataria y recibido por la arrendadora (desde el 1� de abril de 2013, hasta enero de 2014 ��poca en que se contest� la demanda-), es suficiente desde el punto de vista jur�dico para concluir que la arrendadora estuvo de acuerdo con el canon mensual�.

Tal planteamiento no se encuentra de recibo, principalmente, porque, seg�n las previsiones del art�culo 1649 del C�digo Civil y ante la ausencia de un pronunciamiento judicial en contrario, para esa �poca nada facultaba a la arrendadora para abstenerse de recibir el canon mensual que inicialmente se hab�a pactado (pues, hasta ese momento, nada distinto se le deb�a).

Adem�s, ya se advirti� que varios meses antes de la fecha en que habr�a de renovarse el contrato, Gloria de G�mez y C�a. le hizo saber a Franquicias Latinoamericanas su voluntad de reajustar el canon de arrendamiento, y por ello, la cit� (infructuosamente) en repetidas ocasiones para discutir el tema. Dicha contingencia, sumada a la formulaci�n de la demanda con que tuvo su inicio este proceso (la que se radic� el 13 de septiembre de 2013, fl. 62), desvirt�a la �aceptaci�n t�cita� que sugiri� la demandada. 2.4 Tampoco es �bice para el �xito de las pretensiones que en el contrato sobre el que versa este litigio, las partes �hubieran previsto un mecanismo legal para mantener actualizado el precio del arrendamiento�, consistente en �un incremento anual equivalente al 100% del IPC del a�o anterior m�s un punto adicional�.

No se olvide que, una vez transcurridos los dos a�os de que trata el art�culo 518 del C�digo de Comercio, el arrendatario adquiere el derecho a �la renovaci�n� (mas no a la �pr�rroga�) del negocio jur�dico, lo que implica, en resumidas cuentas, que �el antiguo contrato no contin�a en los mismos t�rminos� y, por lo mismo �al momento de cumplirse el t�rmino estipulado para la duraci�n del contrato se pueden variar las circunstancias que imperan en �l. Lo normal es que las mismas partes acuerden esas nuevas circunstancias (�), pero si ello no es posible porque los contratantes no se pusieron de acuerdo, la ley mercantil prev� el procedimiento verbal a fin de que el juez, con la intervenci�n de peritos, decida sobre las circunstancias que han de imperar en el contrato que se renueva�, mecanismo que fue, precisamente, al que aqu� acudi� la arrendadora, tras agotar la posibilidad de conciliar las diferencias con su contraparte negocial.

Y es que, como lo ha sostenido la jurisprudencia, el rese�ado derecho de renovaci�n �no es absoluto, dado que no implica imposici�n a quien arrienda el inmueble de todas las estipulaciones iniciales de la relaci�n convencional, sino que le permite, a modo de contrapartida natural, la libre discusi�n de las nuevas reglas que en adelante gobernar�n el v�nculo, desde luego que esa renovaci�n no s�lo supone la posibilidad de extender en el tiempo la utilizaci�n del local a voluntad del arrendatario, sino tambi�n la de discutir abiertamente la regulaci�n de tal uso, pues no ser�a justo que, verbi gratia, a pesar del evidente proceso inflacionario experimentado en la mayor�a de los pa�ses, los c�nones antiguos pudieran seguir vigentes despu�s de vencido el periodo inicialmente pactado, de donde emana la permisi�n para deliberar entre las partes inclusive por el sendero del proceso judicial si es que por efecto de la ausencia de acuerdo entre ellas fuera menester, el nuevo estatuto que las habr� de regir, de conformidad con el art�culo 519 del C�digo de Comercio�. 3.

Ahora, como a lo anotado en precedencia se a�ade que aqu� la parte actora demostr� que existe una diferencia (de casi el doble) entre el valor del canon que pagaba Franquicias Latinoamericanas para la �poca en que inici� este litigio por el uso y goce del local comercial ubicado en la Calle 93� # 11-27 de Bogot� y el valor que, seg�n las condiciones de mercado, debi� pagar, la Sala revocar� el fallo apelado y, en su lugar, acoger� las pretensiones.

Ciertamente, mientras que para el a�o 2013 la arrendataria pag�, por concepto de c�nones de arrendamiento, una suma mensual cercana a los $35�000.000, el perito Alberto Jos� Rojas Robles conceptu� (mediante experticia que no fue objetada por ninguna de las partes) que �el valor comercial del canon en abril de 2013 es estimado en $69�530.795� y que �para junio de 2014 es estimado en $71�575.000� (fl. 329), conclusiones que acoger� la Sala, por encontrar de recibo, tanto la metodolog�a que emple� el prenombrado auxiliar de la justicia (�m�todo comparativo de mercado�), como las bases cualitativas y cuantitativas que all� se tuvieron en cuenta (entre ellas, ubicaci�n, �rea de construcci�n, vetustez, destinaci�n, acabados, materiales del inmueble, etc.). 4.

Aunque, en rigor, no fue un tema que discuti� la demandada, no sobra advertir que, siguiendo los lineamientos adoptados por este mismo Tribunal frente a casos que guardan estrecha similitud con el que aqu� se decide, el reajuste del canon de arrendamiento que hoy se dispondr�, tendr� efectos desde el 1� de abril de 2013 (fecha en que se configur� la �ltima renovaci�n del contrato antes de que tuviera su inicio este litigio), lo que impone al arrendatario la obligaci�n de pagar a su contraparte la diferencia que hubiera llegado a existir, entre el valor que aqu� se dispuso, y el que efectivamente pag�.

Al respecto, ha sostenido autorizada doctrina: �las partes, con la renovaci�n, est�n produciendo unos claros efectos: la continuidad en el goce por el arrendatario sobre el local comercial. Lo que no existe es pleno acuerdo sobre los alcances del nuevo contrato. Y eso es lo que se va a dirimir. El juez, de este modo, no har� cosa distinta que declarar los t�rminos que han de regir el contrato desde el momento en que opera la renovaci�n. De ah� que el art�culo 518 hable de renovaci�n del contrato al vencimiento del mismo, dando a entender el momento en que ha de surtir efectos la renovaci�n, y que, frente a las diferencias entre los contratantes, el juez se encargar� de establecer los t�rminos obligacionales.

El arrendatario, mientras pende la decisi�n del juez, estar� obligado a cubrir la renta o precio que reg�a las relaciones contractuales, de suerte que solamente reste por precisar la cuant�a del canon. De ser superior, deber� abonar el mayor valor desde cuando entr� a regir la renovaci�n, o sea, al vencimiento del contrato, so pena de incumplir con la obligaci�n de pagar la renta o precio.

Absurdo resultar�a dar soluci�n distinta, puesto que se prestar�a a que todos los arrendatarios expresasen su inconformidad con las condiciones de la renovaci�n, para que, despu�s de varios meses de contienda judicial, se pueda decir cu�l es, en realidad, la renta o canon a su cargo. Si el juez declara sobre el alcance prestacional lo l�gico es que este extremo del contrato imponga desde cuando se renueva el contrato, puesto que �ste se ha logrado por imperio de la misma, si se cumple con los supuestos indicados en el prenombrado art�culo 518.

El car�cter de la sentencia hace pensar en la acogida a la soluci�n que venimos propugnando: El juez declara una situaci�n jur�dica que ya est� constituida� 5. Para las renovaciones que ocurran con posterioridad a la fecha de esta providencia, la Sala mantendr� la formula de actualizaci�n que pactaron las partes en el contrato de arrendamiento sobre el que aqu� se contiende (incremento del IPC del a�o inmediatamente anterior, m�s un punto), en tanto que, una vez ajustado el canon de conformidad con las condiciones del mercado, dicho m�todo se observa como una forma eficaz y pr�ctica de mantener el equilibrio contractual entre los extremos de este litigio, a lo que se a�ade que el prenombrado perito Rojas Robles se�al� (se insiste, sin protesta de las partes) que �los incrementos anuales, seg�n el �ndice de Precios al Consumidor, son los com�nmente establecidos para realizar dichos incrementos por Ley� (fl. 330). 6.

De otro lado, no se autorizar� a Franquicias Latinoamericanas descontar del monto que eventualmente tenga que pagar con motivo del reajuste que aqu� se dispone, las sumas que haya sufragado por concepto de las �remodelaciones y adecuaciones hechas en el inmueble�. Lo anterior, principalmente, por cuanto, en el par�grafo primero de la cl�usula 4� del contrato que aqu� interesa, se consign� que �bajo el entendido que las remodelaciones y nuevas construcciones a que hubiere lugar pueden comprender tanto mejoras necesarias, como �tiles y suntuarias, las partes convienen que el costo de todas ellas corren a cargo de la arrendataria y, en consecuencia, bajo ning�n motivo le asiste a la arrendadora la obligaci�n de reembolsar su costo a la arrendataria, por lo que esta no podr� alegar derecho de retenci�n por concepto de mejoras, ni reclamar a la arrendadora indemnizaci�n alguna� (fl. 16). 7.

Finalmente, siguiendo las pautas del art�culo 2001 del C�digo Civil, y lo que al respecto ha sostenido este mismo Tribunal frente a un asunto que guarda similitud con el que aqu� se decide, no se impondr� condena en costas a ninguno de los litigantes. En estricto sentido, en esta clase de asuntos, m�s que de desatar una verdadera contenci�n, lo que se busca es franquear los obst�culos (de linaje netamente econ�mico) que han entorpecido la normal ejecuci�n de una relaci�n contractual respecto de la cual las partes coinciden en la mayor�a de sus elementos esenciales y cuya continuidad a ambas les interesa, por manera que aqu� no resultan del todo aplicables las expresiones de �parte vencida� del art�culo 393 del C. de P. C. RECAPITULACI�N Se revocar� el fallo apelado y, en su lugar, se declarar�n impr�speras las excepciones que formul� Franquicias Latinoamericanas S.A. En consecuencia, se dispondr� que para el periodo transcurrido entre el 1� de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014, el canon correspondiente al contrato de arrendamiento de marras, corresponde a la suma de $69�530.795 y para la vigencia del 1� de abril de 2014 al 30 marzo de 2015, ser� de $71�575.000�.

Se reconocer� que la arrendataria adeuda a su contraparte la diferencia que resulte entre lo que efectivamente hubiere pagado por los aludidos periodos, y los valores que aqu� se establecieron, sin que para ello pueda descontar las sumas que hubiera sufragado por concepto de mejoras. En lo sucesivo, el canon de arrendamiento se actualizar� a partir de la misma metodolog�a que pactaron las partes en el contrato sobre el que versa este litigio (IPC del a�o anterior m�s un punto).

No se impondr� condena en costas por no aparecer justificada. As� es como se entiende pr�spera la apelaci�n en estudio. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que el 23 de septiembre de 2014 profiri� el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso verbal promovido por Gloria G�mez y C�a. S. en C. contra Franquicias Latinoamericanas.

En su lugar, se desestiman todas las excepciones de m�rito que propuso la parte demandada, y consecuencialmente, se dispone: 1. AJUSTAR el canon de arrendamiento celebrado entre los extremos de este litigio el 25 de marzo de 1998 de la siguiente manera: para el periodo transcurrido entre el 1� de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014 el canon corresponde a la suma mensual de $69�530.795 y para la vigencia del 1� de abril de 2014 al 31 marzo de 2015, ser� de $71�575.000. 2.

DECLARAR que para futuras renovaciones, el canon se ajustar� de conformidad con la formula de actualizaci�n que pactaron las partes de este litigio en el contrato de arrendamiento arriba mencionado (incluyendo sus respectivos �otro si�). 3. DECLARAR que la demandada adeuda a su contraparte la diferencia que exista entre las sumas que efectivamente pag� por concepto de canon de arrendamiento en los periodos que aqu� se ajustaron, y los valores a que se hizo alusi�n en el numeral primero, sin que para ello pueda descontar las sumas que hubiera sufragado por concepto de mejoras.

Para pagar las sumas adeudadas, la demandada contar� con el t�rmino de 2 meses contados a partir de la fecha de esta providencia. 4. Sin costas de ninguna de las dos instancias, por no aparecer justificadas. Devu�lvase el expediente al juzgado de origen. Las partes quedan notificadas en estrados. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada la misma.

La presente acta se firma como aparece, una vez le�da y aprobada por quienes en ella intervinieron. De ella exp�danse copias con destino y a cargo de los interesados, si estos lo consideran pertinente. Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA JORGE HERN�N VARGAS RINC�N La apoderada judicial de la demandante, YOLIMA PRADA MARQUEZ El apoderado judicial de la sociedad demandada, LUIS �NGEL MENDOZA SALAZAR Ver hechos 12 a 15 de la demanda, y el pronunciamiento que frente a los mismos se hizo en la contestaci�n, fls. 56, 57 y 90. Art�culo 519, C�digo de Comercio El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convenci�n contraria� CONTRATOS MERCANTILES, Contratos T�picos, Jaime Alberto Arrubla Paucar, Ed. 13�, Editorial Legis, p�g. 420 y 421. CSJ., sent. de 27 de abril de 2010, exp. 2006 00728. Fl. 383 Fls. 317 a 343. TSB., Sala Civil, sentencia de 17 de abril de 2013, exp. 2011 00581 02 LOS PRINCIPALES CONTRATOS CIVILES Y SU PARALELO CON LOS COMERCIALES, Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez. 17� Edici�n. P�gs. 541 y 542. TSB., sent. de 17 de abril de 2013, exp. 2011 00581 02 OFYPVZ 2013 00579 01 PAGE 14 ;<BDFHJKOPRUXYZm��Ҽ�Ǽ�ݢ��t��tht��Y�NhG}ghEKOJQJhG}gh�0�OJQJmH $sH $hG}ghG~L5�OJQJhG}gh�V�5�OJQJhG}gh�0�5�OJQJhG}gh�0�OJQJhG}ghL4tOJQJhG}gh,_OJQJmH $sH $hG}gh�6�OJQJhG}gh�V�OJQJhG}gh`zqOJQJhG}gh�HOJQJhG}gh�OJQJhG}gh,_OJQJhG}gh,_5�OJQJ;<YZ��op��$��dh�`��a$gd�0� $d�a$gd;d� $dha$gd�0� $d�a$gd�H�$��dh`��a$gd^-Y$d�1$a$gd�g�$��dh1$`��a$gd�#� $dha$gd�~�dhgd�0�$ �s dha$gd�0�� 2: W o � � � � � � A L U [ g n y � � � � � ��ɩ➓��}�n_PnPhG}gh�V�OJQJmH $sH $hG}ghEKOJQJmH $sH $hG}gh�7jOJQJmH $sH $hG}gh`zqOJQJhG}gh�V�OJQJhG}ghWV�OJQJhG}gh�7jOJQJhG}ghEK5�OJQJh�\�h�\�OJQJh�\�5�OJQJhG}gh�0�5�OJQJ\�hG}gh�~�OJQJhG}gh�0�OJQJhG}ghEKOJQJh�\�OJQJ� � � � � � � � � � � � � +-89CEFIJMU[\mop��ĵ�ӵ��ӵ��ė�ymahG}gh�5�OJQJhG}gh,_5�OJQJhG}gh,_OJQJmH $sH $hG}ghL4tOJQJmH $sH $hG}gh�0�OJQJmH $sH $hG}gh�sOJQJmH $sH $hG}gh�#�OJQJmH $sH $hG}gh�7jOJQJmH $sH $hG}gh�V�OJQJmH $sH $hG}ghEKOJQJmH $sH $hG}gh`zqOJQJmH $sH 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