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Dec�dese el recurso de anulaci�n interpuesto por la parte convocada, contra el laudo de 29 de mayo de 2003 y su adici�n de 17 de junio del mismo a�o, proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado por Construcciones Bonaire Ltda. frente a Impregilo S.p.A., sucursal de Colombia, en liquidaci�n. Antecedentes 1. Pidi� la convocante al Centro de Arbitraje de la C�mara de Comercio de Bogot�, integrar un tribunal arbitral para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre las partes, "con ocasi�n del subcontrato para la ejecuci�n de obras de arte menores con exclusi�n de los puentes de la conexi�n de las variantes Chinchin� y Santa Rosa, sector K 7 + 670 a K 15 + 422.58", conforme con el contrato principal 970 de 1993 del Fondo Vial Nacional.
Pretendi� la convocante se declare que asumi� unos mayores costos y gastos en la ejecuci�n del subcontrato aludido, d�ndose un empobrecimiento suyo y enriquecimiento de la convocada, y en consecuencia, se condenara a Impregilo a lo siguiente: liquidar el subcontrato y sus adiciones; incluir la liquidaci�n el reconocimiento y pago de valores para restablecer el equilibrio de la ecuaci�n financiera, por esto: IVA por $5�504.783,82; aplicaci�n al �ndice de precios al consumidor -IPC- por $32�460.105,33; sobrecostos por mayor permanencia en la obra $723�053.256,71; sobrecostos por mora en los pagos $228�384.705,22; devoluci�n de valores cobrados como administraci�n de los suministros por $104�689.540,oo; sobrecostos por la ejecuci�n de la obra �La Cobertura� por $687�576.048,63; y pago de relleno para estructuras menores con pr�stamo seleccionado, por $66�854.693,oo.
Que se condenara a la convocada al pago de intereses moratorios y las costas del proceso. Como hechos expuso, en s�ntesis, que en enero de 1994 suscribi� con Cogefarimpresit Costruzioni Generali S.p.A. hoy Impregilo S.p.A., el subcontrato citado, de conformidad con el contrato principal aludido, donde la convocada era subcontratante y ella subcontratista.
En el subcontrato expresaron el objeto, valor, plazo, forma de pago, la vigilancia y control, los documentos para legalizar el subcontrato, las obligaciones de las partes y por �ltimo, se pact� la cl�usula compromisoria para dirimir las controversias que surgieran. En desarrollo del contrato hubo circunstancias que la hicieron asumir costos e imprevistos, conforme a lo pedido, que no ha asumido ni cancelado la subcontratante, y por eso no se ha liquidado el subcontrato. 2.
La convocada se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de sustento f�ctico y jur�dico, contest� los hechos y formul� las excepciones de fondo que denomin� �cobro de lo no debido�, �contrato no cumplido�, �compensaci�n� �prescripci�n y caducidad� e �inexistencia de la obligaci�n� (folios 65 a 72 c. 1). 3. Evacuado el tr�mite, el tribunal arbitral profiri� fallo el 29 de mayo de 2003, mediante el cual declara que la convocante asumi� mayores gastos y costos en la ejecuci�n del subcontrato; condena a Impregilo S.p.A. liquidar el subcontrato incluyendo: a) por mayor valor pagado de IVA, la suma actualizada de $8'946.203.oo; b) por mora en el pago de actas de obra, la suma de $367'182.025,30; c) por mayor permanencia en las obras (stand-by) la suma actualizada de $161'944.097,oo; d) por mayor valor de la obra denominada �La Cobertura�, la suma actualizada de $288'588.631,oo, sumas que generar�n intereses bancario corriente a partir de la ejecutoria del laudo, hasta el vencimiento del plazo fijado por la formalizaci�n de la liquidaci�n del subcontrato, e intereses de mora vencido dicho plazo, hasta el d�a de pago o su compensaci�n. Declara parcialmente probada la excepci�n de compensaci�n, para que se tenga en cuenta en el acta de liquidaci�n, a favor de la convocada, la suma actualizada de $187'985.793,80; de la pretensi�n tercera deniega los reclamos por deferencia entre el valor de ajuste contractual y la aplicaci�n del IPC, frente a lo cual declara probadas las excepciones de "cobro de lo no debido e inexistencia de la obligaci�n"; devoluci�n de valores de cobro como administraci�n de suministros y reconocimiento y pago del relleno para estructuras menores, frente a lo cual declara probadas las excepciones de "cobro de lo no debido e inexistencia de la obligaci�n".
Deneg� las excepciones de prescripci�n, caducidad y contrato no cumplido. Conden� a la convocada en costas, orden� la devoluci�n de sumas de dinero no utilizadas de la partida "protocolizaci�n registro y otros", la entrega a los �rbitros y la secretaria el saldo de los honorarios, la entrega de copias y la protocolizaci�n del expediente en una Notar�a. La convocada solicit� correcci�n de errores aritm�ticos por reconocimiento de unas sumas por mora en los pagos y sobrecostos en la ejecuci�n de la obra denominada �La Cobertura�, petici�n atendida en providencia de 17 de junio de 2003, mediante la cual los �rbitros decidieron: negar las solicitudes contenidas en el numeral 1 del literal A, en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 2 del literal A, y en el numeral 3; modificar �nicamente los numerales 2 y 4 del punto tercero del resuelve del laudo, as�: 2.
Por concepto de mora en los pagos de las actas de obra, la suma total de $228'077.678,76, discriminada as�: * Por capital pendiente de pago, la suma de $69'035.095,24 * Por intereses de mora a 29 de mayo de 2003, la suma de $159'042.583,52. 4. Por el mayor valor de mano de obra en la ejecuci�n de la denominada "Cobertura", la suma actualizada a abril 30 de 2003 de $198'790.608,oo.
El laudo impugnado El tribunal de arbitramento, en resumen, comienza por analizar las pretensiones de la demanda, para considerar que al armonizarse el contexto de la misma, surge que en realidad el proceso se refiere a un contrato civil o comercial de obra, regido por la onerosidad del derecho mercantil, que debe ejecutarse de buena fe, conforme a su naturaleza, la ley, la costumbre o la equidad natural (art. 871 del C. Co. y 1613 C.C.), de suerte que lo pretendido por el actor es que se declare que asumi� unos mayores gastos y costos en la ejecuci�n de la obra.
As�, no es la actio in rem verso o enriquecimiento sin causa lo esgrimido por el demandante, ni la revisi�n del contrato. Desech� las excepciones de prescripci�n y caducidad porque para reclamos contractuales est� prevista la prescripci�n veintenaria del C.C. (hoy reducida por la ley 791 de 2002), y la caducidad es un fen�meno procesal que tampoco ocurri�.
Seguidamente examina cada las pretensiones y encuentra que, en realidad, las circunstancias invocadas generaron los sobrecostos aludidos, y hubo mora en el pago de algunas actas mensuales, todo lo cual motiv� una mayor inversi�n de parte de la convocante y por tanto los deb�a asumir la convocada, no obstante que se deneg� el reconocimiento de algunos valores solicitados, por la compensaci�n propuesta por Impregilo.
El recurso de anulaci�n Inconforme con lo decidido, la convocada interpuso el recurso de anulaci�n que aqu� se resuelve, que fundament� en las causales 6, 7, 8 y 9 del art�culo 163 del decreto 1818 de 1998, que se compendian. 1. Causal 6. Expone el recurrente que el fallo deb�a ser en derecho seg�n el art�culo 115 del decreto 1818 de 1998 y la cl�usula 19 del subcontrato, no obstante fue en conciencia, atendiendo la �ntima convicci�n, porque la decisi�n se basa en la existencia de unos supuestos sobrecostos por parte de Bonaire, que sin existir sustento jur�dico debe asumir Impregilo, pues afirman los �rbitros que "al existir un mayor costo que tuvo que sufragar o asumir el contratista, se le debe reconocer este mayor valor para que no se vea empobrecido su patrimonio", pues les toc� fallar a favor de quien consideraron la parte d�bil de la relaci�n contractual, acudiendo a unos supuestos criterios equitativos y justos, posici�n que es contraria a los postulados del art�culo 868 del C. de Co.
Partieron de la presunci�n que los perjuicios alegados por Bonaire eran ciertos. Igual circunstancia considera para todas y cada una de las pretensiones expuestas por la convocante. 2. Causal 7. Cimentada en errores aritm�ticos en la parte resolutiva, alegados ante una solicitud de correcci�n. Al calcularse los intereses de mora, no se tuvieron en cuenta los montos totales de las actas de obra junto con las actas de ajuste provisionales y las definitivas, con la fecha de la factura inicial, desconociendo que deb�a hacerse discriminando las fecha de los diferentes ajustes.
Hay error en el c�lculo de intereses de mora y la compensaci�n, pues se reconoci� que Impregilo pag� ajustes superiores a los pactados, raz�n por la que orden� la compensaci�n, no obstante, se calcularon intereses de mora sobre sumas pagadas en exceso, por lo que era necesario que tales valores se descontaran del capital. El laudo reconoci� unos supuestos sobrecostos en la ejecuci�n de la obra denominada "La Cobertura" por concepto de mano de obra, pero como Impregilo pag� la totalidad de la obra, al momento de efectuar el c�lculo debi� descontarse el valor calculado como supuestos sobrecostos.
Calcularon la mora, en algunos casos, antes del vencimiento de los cinco d�as siguientes al pago efectivo por parte de Inv�as a Impregilo. 3. Causal 8. D�cese que el fallo incurri� en vicio ultra y extra petita, porque los �rbitros s�lo pod�an resolver las cuestiones planteadas por la convocante en la demanda, pero el fallo se pronunci� sobre pretensiones no planteadas, ya que abusando de la facultad de interpretar, modificaron las pretensiones, pues Bonaire solicit� un pronunciamiento espec�fico, y los �rbitros, so pretexto de interpretar, le dieron un alcance que no ten�a. Es el caso del enriquecimiento sin causa para restablecer el equilibrio de la ecuaci�n financiera del contrato, la cual s�lo puede presentarse cuando no exista otro tipo de pretensi�n que pueda aplicarse a los hechos, y aunque la convocante pod�a plantear otras pretensiones del contrato, no lo hizo, y el tribunal arbitral dej� de lado los argumentos planteados para la defensa contra la pretensi�n, violando el derecho de defensa y la congruencia de la sentencia. La pretensi�n de condena busc� el restablecimiento de la ecuaci�n contractual consagrada en la ley 80 sobre contratos estatales, cuando el tribunal de arbitramento solo ten�a competencia para asuntos comerciales.
La pretensi�n segunda ped�a la condena "liquidar el subcontrato original", pero estaba indebidamente acumulada porque el enriquecimiento sin causa implica la no existencia de un contrato, y no obstante los �rbitros la aceptaron. Igualmente, la pretensi�n tercera ped�a que se incluyeran en el acta de liquidaci�n para restablecer "la ecuaci�n contractual", lo que es propio de contratos estatales y no de los comerciales, como era este subcontrato.
Sobre el IVA no fue solicitada actualizaci�n ni intereses, y el tribunal arbitral los impuso. Fue pedido el sobrecosto por mayor permanencia en la obra, pero los �rbitros reconocieron un lucro cesante. En los sobrecostos por mora en los pagos, las peticiones no eran de incumplimiento contractual, de manera que no pod�a condenarse por mora en los pagos, con base en enriquecimiento sin causa y desequilibrio de la ecuaci�n contractual, que fueron desestimadas.
Respecto de los sobrecostos en la obra La Cobertura, hubo fallo incongruente porque no tuvo en cuenta los argumentos de defensa contra la pretensi�n y concedi� una actualizaci�n monetaria no pedida. Los �rbitros consideraron los intereses de mora, a pesar de no existir una pretensi�n de incumplimiento contractual, y sin que existiera fecha cierta para el pago en un enriquecimiento sin causa, o sin reconvenir al deudor. 4.
Causal 9. El laudo no decidi� sobre las excepciones, como "cobro de lo no debido e inexistencia de la obligaci�n", y decidi� en forma simb�lica las excepciones, pues dicen los �rbitros que no tiene sentido a la luz de la modificaci�n a las pretensiones que hicieron; "a t�tulo de ejemplo", sobre el IVA no se analiza la defensa por no aceptarse el enriquecimiento sin causa, y en los sobrecostos en la cobertura tambi�n se descartan los argumentos porque se desecharon las argumentaciones de desequilibrio contractual.
La excepci�n de falta de prueba de los elementos de enriquecimiento sin causa no fue considerada por la supuesta equidad mal entendida, y de haberlo hecho se habr�an negado las pretensiones consecuenciales que tanto se esmeraron en modificar. Sobre la falta de prueba del desequilibrio de la ecuaci�n contractual, no hubo pronunciamiento alguno, que habr�a llevado tambi�n a negar las pretensiones consecuenciales.
Solicita que fundado el recurso, se anule el laudo, o se hagan las correcciones solicitadas, con las consecuencias procesales respectivas. Construcciones Bonaire Ltda. replic� las causales de anulaci�n, considerando que hay error en que deb�a determinar el tribunal de arbitramento. Nadie m�s llamado a aclarar las interpretaciones de la convocada que los �rbitros, quienes para decidir hicieron uso de los criterios auxiliares de la actividad judicial.
Un amplio acervo probatorio se alleg� al proceso y fueron analizadas para acceder a las pretensiones. Impregilo act�a de manera temeraria al extraer solo algunos p�rrafos del laudo arbitral distorsionando las ideas de los �rbitros, interpretando en forma insolente los p�rrafos aislados. Concluye que el recurso interpuesto no est� llamado a prosperar; de realizarse correcciones aritm�ticas con los alcances pretendidos por Impregilo, habr� de precisarse que no existe error en la parte resolutiva del laudo, sino que por el contrario se anule su adici�n de 17 de junio de 2003.
Consideraciones 1. Hay consenso en cuanto a que el recurso de anulaci�n contra el laudo arbitral, es un medio de impugnaci�n extraordinario, vale decir, dispositivo y limitado, ya que adem�s de requerir actuaci�n de parte para surtirse, solamente procede por las circunscritas causales previstas en la ley para esos efectos (art. 163 del decreto 1818 de 1998), que ata�en a errores in procedendo por parte de los �rbitros, de tal manera que no puede ser empleado como una instancia adicional libre, en la que puedan plantearse toda clase de controversias jur�dicas o probatorias.
En ese orden de ideas, por el car�cter extraordinario del recurso de anulaci�n, no es viable que el juez de �ste adquiera competencia para revisar los aspectos sustanciales o probatorios del laudo, sino �nicamente para correcci�n de los yerros de actividad del tribunal de arbitramento, y siempre que encajen dentro de las taxativas causales, para garant�a del derecho de defensa de las partes.
De esa manera, atendiendo la naturaleza jur�dica, especial y restrictiva del recurso, la competencia de esta Corporaci�n s�lo puede ir hasta los aspectos procesales invocados en consonancia con la respectiva causal, que no llegar al fondo o m�rito del asunto debatido y resuelto por los �rbitros, ya que de lo contrario se echar�a por tierra la autonom�a de la justicia arbitral.
Desde luego que siendo de linaje extraordinario el recurso de anulaci�n, queda sujeto a las restricciones que doctrina y jurisprudencia predican para esta clase de recursos: a) son limitadas las providencias que pueden atacarse por medio de los mismos, que no proceden contra cualquier decisi�n judicial; b) son estrictas las causales o motivos de inconformidad que la ley permite plantear por estas excepcionales v�as; y c) la actividad del fallador de los recursos extraordinarios est� circunscrita por las causales o motivos contemplados, as� como tambi�n por los argumentos esbozados por el impugnante, vale decir, que no puede adentrarse en todos los aspectos jur�dicos no previstos en las respectivas normas, ni en los no aducidos por el interesado, como que s�lo puede recorrer el sendero indicado por la censura sin tocar lo no impugnado expresamente, debido a la estirpe dispositiva de estos medios, emanada de la presunci�n de acierto que arropa a los fallos combatidos, que implica tener como bien apreciados los hechos y debidamente aplicado el derecho.
No se trata, pues, ha indicado la Corte Suprema de Justicia, "de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisi�n mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy f�cil quedar�a desnaturalizar la teleolog�a de acudir a este tipo de administraci�n de justicia "; las causales de anulaci�n del laudo atienden " es al aspecto procedimental del arbitraje y est�n inspiradas porque los m�s preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviaci�n procesal del arbitramento" (Sala de Casaci�n Civil, sentencia de 13 de junio de 1990, G.J. t. CC, p�gs. 283 y s.).
Todo porque el proceso arbitral es, en fin de cuentas, de �nica instancia, conforme a las aspiraciones sociales de desjudicializaci�n o descongesti�n de los despachos judiciales, de tal manera que no se muestra consecuente con esa estructura dise�ada por el orden jur�dico entronizar una segunda instancia, so capa del recurso de anulaci�n. 2.
Para el despacho de las causales de anulaci�n propuestas, conviene analizar de manera sucesiva las consagradas en los numerales 6, 8 y 9 de la respectiva norma, dada su �ntima conexidad en el caso, como que se invocan hechos o circunstancias similares para fundarlas, y tratar al final la relacionada con los errores aritm�ticos (num. 7). 3.
Respecto de la causal sexta, es decir, que los �rbitros hubiesen fallado en conciencia y no en derecho, empi�zase por sentar que no est� acreditada en forma alguna, ya que de acuerdo con una simple lectura del laudo, puede deducirse que a lo largo y ancho del mismo fueron expuestas las motivaciones de orden jur�dico y probatorio que aquellos estimaron pertinentes para decidir.
La causal, conforme al precepto 163-6 del decreto 1818 de 1998, debe aparecer "manifiesta en el laudo", esto es, que al apreciarse el contexto de �ste, debe emanar en forma ostensible e incontrovertible que los �rbitros se desentendieron por completo de la ley y el acervo probador, falencias que no pueden predicarse en este caso, por cuanto los mismos hicieron una interpretaci�n amplia de los elementos de juicio obrantes en el expediente, en especial de la demanda, para asentar como primera premisa que del contexto de la misma pod�a deducirse que la pretensi�n esgrimida no versaba sobre enriquecimiento sin causa o revisi�n, sino sobre el cobro de los mayores costos y gastos en que incurri� la demandante, a los cuales ten�a derecho, conforme a los an�lisis que luego efectuaron en detalle.
Los �rbitros estimaron que la pretensi�n de reconocimiento de los sobrecostos ten�an b�culo en lo previsto en el art�culo 871 del C�digo de Comercio, conforme al cual, "los contratos deber�n celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligar�n no s�lo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, seg�n la ley, la costumbre o la equidad", para lo que hicieron un estudio sobre la demanda, con el fin de desentra�ar lo realmente pretendido, considerando que las pretensiones de condena derivadas de la primera no acompasaban propiamente con las figuras del enriquecimiento sin causa, la revisi�n del contrato, ni el restablecimiento de la ecuaci�n financiera del mismo.
Parecer hermen�utico semejante, al igual que lo expuesto alrededor de cada pretensi�n, est� fundado en los an�lisis sobre normas jur�dicas y los elementos de prueba respectivos, de tal manera que no pueden tenerse como propios de un fallo en equidad, pues no podr�a pensarse que los jueces arbitrales abandonaron el campo del derecho, si precisamente comenzaron su fallo interpretando la demanda, que es un medio de prueba, a la luz de las normas del C�digo de Comercio que de conformidad con su texto resultaban aplicables; por dem�s que es bien conocido en doctrina y jurisprudencia el soberano contorno funcional de los administradores de justicia en el an�lisis y valoraci�n de las pruebas, incluyendo el libelo genitor del proceso, labor que cuando es adelantada bajo par�metros legales, cual ocurri� en el caso de autos, no puede considerarse como propia de un fallo en equidad.
No es, pues, aceptable el argumento de la recurrente sobre el supuesto fallo en equidad del tribunal arbitral, por el mero hecho de haber mencionado en algunos de sus apartes la palabra "equidad", que por dem�s est� contenida en el art�culo 871 citado, pues no luce razonable considerar que el juez olvida el derecho y acude a la �ntima convicci�n por hacer alusi�n a criterios de equidad que no solamente est�n en la ley que aplica, sino que tambi�n prev� como elementos auxiliares de la actividad judicial el art�culo 230 de la Constituci�n Nacional.
Ni m�s faltaba, que se considere a un juez incurso en el abandono de la ley, por acudir a la equidad como criterio auxiliar de sus decisiones. Es errado tildar el fallo de carente de motivaci�n, y no es posible que por formular el recurrente una interpretaci�n distinta, que �l considera m�s adecuada, o mejor, se tuviere que los falladores incurrieron en fallo de conciencia, pues de acuerdo con la causal que viene coment�ndose, rec�lcase, s�lo puede darse este vicio procesal cuando los �rbitros de manera palmaria, evidente, manifiesta, dejan de expresar las razones de orden legal y probatoria, y fallan pr�cticamente como en una especie de �ntima convicci�n que no se explica, o de una verdad sabida y buena fe guardada, como quien dice, prescindiendo de cualquier motivaci�n jur�dica y probatoria. 4.
Las causales 8 y 9 de anulaci�n, aqu� invocadas, contemplan formas t�picas de incongruencia de los fallos judiciales, pues config�ranse cuando el laudo recae "sobre puntos no sujetos a la decisi�n de los �rbitros", que es el t�pico fallo extra petita, o por "haberse concedido m�s de lo pedido", que da origen a sentencia ultra petita (num. 8, art. 163 decreto 1818 de 1998), o bien cuando no se deciden "cuestiones sujetas al arbitramento", como quien dice resoluci�n m�mina petita (num. 9 ib�dem).
Con estos vicios de actividad (in procedendo), se vulnera el principio de la congruencia previsto en el art�culo 305 del C�digo de Procedimiento Civil, de cuyo tenor emerge que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem�s oportunidades pertinentes, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as� lo exige la ley, sin que pueda "condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto de lo pretendido, ni por causa diferente a la invocada en �sta", a cuyo prop�sito ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que el yerro en este sentido debe ser patente y surgir al comparar la demanda, o los hechos que configuran excepciones, con el fallo, para determinar si hay desarmon�a clara entre �ste y aquellos aspectos, desde luego que en el cotejo no es dable examinar errores sustanciales o de juicio (in judicando).
De modo que el Tribunal Superior debe indagar por la disonancia contrastando la parte resolutiva del laudo arbitral con las s�plicas del convocante, los hechos, as� como tambi�n con las excepciones, sin dejar de lado el alcance que los contratantes le hayan otorgado al pacto compromisorio, en su caso, sin ingresar en el estudio de las motivaciones del laudo y las discrepancias del recurrente con ellas, y claro est�, tomando en cuenta el alcance de la acusaci�n, dado el car�cter dispositivo de este recurso extraordinario. 5.
De acuerdo con las anteriores proposiciones, encu�ntranse no probadas las causales de incongruencia aqu� planteadas, toda vez que en el laudo no militan los yerros denunciados por el opugnador. Sobre los extra y ultra petita (causal 8), d�jose ya que los �rbitros interpretaron la demanda en conjunto para determinar razonablemente qu� era lo pretendido por la convocante, pues del contexto no emanaba una pretensi�n de enriquecimiento sin causa, ni de revisi�n del negocio jur�dico, ni de restablecimiento de ecuaci�n financiera, sino que del an�lisis de todas las pretensiones emanaba que se persegu�a el reconocimiento de los mayores costos y gastos en desarrollo del contrato, conclusi�n que no es incongruente, como quiera que los jueces arbitrales se fundaron en la demanda misma, con examen de fondo del asunto, porque como lo tiene dicho la Corte en materia de interpretaci�n de la demanda, " la desacertada calificaci�n que el libelista d� en su demanda a las s�plicas, no tiene porqu� repercutir en el tratamiento jur�dico del caso, puesto que corresponde al juzgador, y no a los litigantes, definir el derecho que se controvierte " (Sala de Casaci�n Civil, sentencia de 7 de mayo de 1979).
Consecuente con esta orientaci�n, no puede haber inconsonancia en el caso sub j�dice porque el juzgador arbitral interpret� la demanda en pos de desentra�ar su verdadero sentido, d�ndole un alcance acorde con su contenido sist�mico, l�gicamente que por el mero hecho de contener el libelo introductorio expresiones como "enriquecimiento", "empobrecimiento", "ecuaci�n contractual", u otras, no significaba, en definitiva y con exclusi�n de cualquier otra hip�tesis, que estuviese circunscribiendo la pretensi�n de enriquecimiento sin causa o de restablecimiento de "ecuaci�n financiera", porque, a decir verdad, las pretensiones no armonizaban con esta especial figura, ni con las otras que descart� el laudo, sino m�s bien con las derivadas de la ejecuci�n del contrato, como qued� visto en los res�menes de los antecedentes y de las causales de anulaci�n. Para que hubiese habido incongruencia en ese sentido tendr�a que emerger de manera clara e indiscutible que lo ejercido fue una de esas acciones especiales que cita el impugnante.
Por lo relativo a correcci�n monetaria o intereses, tampoco puede endilgarse incongruencia al laudo, puesto que el fallador expuso desde una perspectiva general la naturaleza comercial del negocio jur�dico, su car�cter lucrativo y oneroso, am�n de referirse en cada caso a esos aspectos que, por lo dem�s, son del juicio de fondo (in judicando) y como tales quedan, en l�nea de principio, al margen del motivo de anulaci�n que viene analiz�ndose.
Adicionalmente, si en una pretensi�n la convocante pidi� que la convocada fuese condenada al pago de "los intereses moratorios a la tasa m�s alta permitida por la ley, sobre las sumas b�sicas de cada una de las pretensiones indicadas en los numerales, de esta demanda ", resulta meridiano que no podr�a haber incongruencia alguna por lo relativo a intereses y correcci�n monetaria, pues los primeros est�n expresamente pedidos, y la segunda bien puede estimarse incluida dentro de ellos, como ha tenido oportunidad de precisarlo la jurisprudencia, claro que sin concurrencia simult�nea de r�ditos de mora y correcci�n. Ya por la causaci�n de intereses de mora, en relaci�n a que si hubo o no incumplimiento contractual, o que si era enriquecimiento sin causa, es irrefutable que yerra la censura, porque son aspectos sustanciales considerados por los �rbitros, que no ata�en propiamente a los vicios de procedimiento que es permitido revisar en este extraordinario y dispositivo recurso, que no es una instancia adicional para plantear cualquier debate jur�dico o probatorio, cual qued� explicado en los proleg�menos de estas consideraciones. 6.
Alrededor del otro problema denunciado con base en la causal 9, pertinente es descartar de entrada la otra forma de incongruencia, pues los �rbitros no dejaron de decidir en forma alguna sobre las excepciones propuestas por la parte recurrente, y m�s bien lo que esta pretende es reabrir el debate jur�dico y probatorio para tratar de que se le reconozcan a plenitud dichos medios defensivos, como si entendiese que este recurso extraordinario constituye una instancia anexa.
Efectivamente, los hechos planteados por la convocada que pod�an configurar excepciones fueron analizados por los �rbitros, lo que ocurre es que los �rbitros desestimaron esos medios enervantes, parcialmente porque aceptaron algunos en forma limitada, y aun admitiendo, en gracia de discusi�n, que hubiesen dejado de referirse de manera expl�cita y en detalle al cobro de lo no debido o inexistencia de la obligaci�n, es radiante que lo hicieron al encontrar que la demandada deb�a reconocer los sobrecostos en que incurri� la demandante durante la ejecuci�n del contrato, porque es doctrina reiterada de la Corte que no siempre que el juzgador deja de pronunciarse de forma expresa sobre las excepciones se configura inexorablemente el yerro in procedendo, pues " seg�n el fuerte v�nculo jur�dico que existe entre la pretensi�n y la excepci�n, es f�cil observar que decidida la primera ha quedado igualmente resuelta la segunda" (sentencia de 11 de diciembre de 1978).
Ahora, es la recurrente quien incurre en confusiones e imprecisiones al plantear esta forma de incongruencia, ya que acusa el descarte de los argumentos sobre la supuesta falta de desequilibrio contractual, que no es problema de incongruencia sino de juicio, y alude que no se analiz� la falta de prueba de los elementos del enriquecimiento sin causa y del desequilibrio contractual, cuando fue evidente que el tribunal arbitral no fund� su fallo en estas figuras, como ya qued� ampliamente explicado.
Y eso sin contar que en realidad no fueron propuestas de forma expresa excepciones sobre estos t�picos. 7. En torno a la causal 7, seg�n la cual constituye motivo de anulaci�n del laudo " contener errores aritm�ticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento", de un lado, observa la Corporaci�n que trat�ndose de los vicios num�ricos, que aqu� son invocados, debe analizarse con estrictez que el yerro cometido corresponda a ese preciso concepto, sin tocar otros aspectos materiales del debate que tiendan a su modificaci�n, puesto que si para tratar de buscar la equivocaci�n matem�tica resulta tambi�n menester ahondar en la cuesti�n sustancial, al punto de pretenderse alterar la decisi�n, entonces no se estar�a frente a la hip�tesis contemplada en esta disposici�n legal.
Ha enfatizado la jurisprudencia que "la correcci�n num�rica ha de ser de tal naturaleza que no vaya a producir mutaciones sustanciales en la base del fallo, porque de ocurrir tal cosa, se llegar�a al absurdo de que so pretexto de una correcci�n num�rica, se pretendiese fuera de tiempo una aclaraci�n sobre conceptos oscuros o dudosos". (G.J. t. LXVI, pag. 782).
La recurrente solicit� ante al tribunal de arbitramento la correcci�n de unas cuentas, aspecto que fue decidido acogi�ndose parcialmente la existencia de unos yerros en algunas de las condenas, como puede verse en la decisi�n tomada el 17 de junio de 2003, pero dej�ndose en claro que en los otros puntos no hab�a los errores. Con todo, ya en el recurso extraordinario, busca el recurrente en realidad la modificaci�n del laudo por otros aspectos, pues eso es lo que emana cuando alega que al determinarse los valores en mora, el c�lculo de los intereses se obtuvo desde una fecha que no acompasa con lo pactado en el subcontrato objeto de debate, pues dice que "el tribunal al calcular los supuestos sobrecostos por mora en el pago, incurrieron (sic) en un error aritm�tico al ignorar la estipulaci�n contractual", sin tener en cuenta que deb�an discriminarse las distintas fechas de los pagos del Inv�as al subcontratante.
Tambi�n se ataca lo relativo a los periodos o fechas a partir de las cuales deb�an calcularse los intereses de mora, tom�ndose en algunos casos "el d�a del vencimiento del t�rmino de la obligaci�n, cuando esto ha debido hacerse desde el d�a siguiente al vencimiento del plazo previsto para el pago", y el tribunal calcul� los intereses moratorios "sobre las sumas pagadas en exceso por Impregilo a Bonaire por concepto de ajustes definitivos ", sin tener en cuenta que esos valores de pagos en exceso deb�an descontarse para efecto del c�lculo de intereses moratorios.
Igualmente, anota la recurrente que hubo errores de c�lculo en los intereses de mora por haberse liquidado sobre actas, antes de que se hubiesen causado, inclusive antes de presentarse las cuentas de cobro o sin tener en cuenta que otras fueron pagadas a tiempo. Adem�s, alega que en la condena por sobrecostos, por concepto de mano de obra, en la ejecuci�n de la obra denominada "La Cobertura", el tribunal no descont� la suma que se le hab�a pagado a Bonaire por esa misma raz�n, pues a decir verdad Impregilo cancel� la totalidad de dicha obra, incluyendo lo de la mano de obra.
V�ase, entonces, que la inconformidad planteada desborda el campo del desatino aritm�tico, conforme qued� explicado, pues no se circunscribe a eventuales equivocaciones en el campo de las operaciones con las cifras respectivas, sino que anhela un cambio de los aspectos sustanciales vinculados al momento de la causaci�n de los intereses y a un problema de sumas que la recurrente dice hab�a pagado y deb�an descontarse de la condena.
Como quien dice, la censura busca un cambio que no es meramente num�rico. Es que como se�alaron los �rbitros al resolver la solicitud de correcci�n de esos equ�vocos, la fijaci�n de fechas o periodos a partir de los cuales se produjeron los sobrecostos por mora y la causaci�n de los intereses de mora, la hicieron con fundamento en el an�lisis de las correspondientes estipulaciones del contrato objeto de litigio, argumentaciones que extendieron a los otros aspectos de liquidaci�n de intereses sobre las actas, con el cual queda al descubierto que lo pretendido por esta causal es la modificaci�n de las interpretaciones contenidas en el laudo.
Igual acontece con el punto relacionado a que se descontaron o no sumas para otros c�lculos, en donde se vislumbra el af�n de la censura por desconocer las conclusiones de los �rbitros, y m�rese que �stos aceptaron los yerros aritm�ticos en lo relativo a las sumas por mora en los pagos y por el mayor valor en la mano de obra en la ejecuci�n de "la Cobertura", por manera que ya lo expuesto por el censor en cuanto a que los �rbitros no descontaron unas sumas que ya se hab�an pagado, y que finalmente la obra la "Cobertura" fue pagada en su totalidad, en realidad apuntan es hacia el desconocimiento de la condena propiamente dicha, y las soluciones probatorias sobre esos aspectos, no a mostrar un yerro aritm�tico. 8.
Concl�yese, entonces, que se declarar� infundado el recurso de anulaci�n, con la condigna condena en costas para la parte recurrente. V. Decisi�n Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso extraordinario de anulaci�n interpuesto por Impregilo S.p..A., sucursal de Colombia en liquidaci�n, contra el laudo arbitral de fecha y procedencia anotadas.
Cond�nase en costas a la parte recurrente. T�sense. C�piese, notif�quese y oportunamente devu�lvase. JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA EDUARDO JOSE ARRUBLA LEON RICARDO ZOPO MENDEZ TSB - Sala Civil - exp. 20030491-01 PAGE 2 3GI\wy� ������ � U � � �!�!�!�%�%�% ***B*G*J*V*�3�3�3o;;�<�<�=�C�������ѴѦѝ�Ѧѝ�тsтsтsѦѦтsѴѦѝ 5�>*@�CJOJQJ\�^J5�@�CJOJQJ\�^J5�>*CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J6�@�CJOJQJ]�^J5�>*@�CJOJQJ^J@�5�@�CJOJQJ^J@�CJOJQJ^J @�CJOJQJ^JmH sH 5�@�CJOJQJ^JmH sH @�^J)3GHIwxy�� ;d���� ��� ������������������������$dha$$dha$ $ �0�dh*$a$ $ ��dh*$a$u������ � ������ �� ����T U � � � !���������������������������$dha$$dha$!�!�!�%�% * *�-�-8090�3�3^7_7�7�7n;o;;�;�=�=�@�@�D�D�������������������������� $ �0�dh*$a$$dha$$dha$�C�DjGV[b[�[�[=\J\}\�\�_�_�b�bg g$l0l�u�u=�A�J�����=�A�u����������������������������������������ǹǕ���tntbt�0J5�CJmHnHu 0J5�CJj0J5�CJU 5�CJ\�5�CJ5�CJOJQJ\�^J5�CJOJQJ^J@�CJOJQJ\�^J5�@�CJOJQJ\�^J5�>*@�CJOJQJ^J5�@�CJOJQJ^J6�@�CJOJQJ]�^J@�CJOJQJ^JCJOJQJ^J@���CJOJQJ^J&�DjGkG�H�HJJ�K�K�N�N�Q�QUU�W�WcZdZ]\^\�_�_ b b�b�b�������������������������� $dh*$a$$dha$ $ �0�dh*$a$�b�f�f�j�j�l�l o oqq�r�r�v�v'y(y~}}�~�~����������������������������������������$dha$ $dh*$a$����<�=�J�K������� �!�"�#�=�?�@�A�\�]�^�_�u�����������������������������$a$ $ �0�dh*$a$ $ �0�dh*$a$$dha$$dha$�������� $ �0�dh*$a$�������5�CJOJQJ\�^J* 00&P ��/ �"I!��"�4#��$��%��n i@@��@ Normal5$7$8$9DH$_HmH sH tH VV T�tulo 1 $$ ��dh*$@&a$5�@���CJOJQJVV T�tulo 2$5$7$8$9D@&H$CJOJQJ^JmH sH uLL T�tulo 3$$dh@&a$5�CJOJQJ\�^JFF T�tulo 4$$dh@&a$CJOJQJ^JPP T�tulo 5$$dh@&a$5�>*CJOJQJ\�^JLL T�tulo 6$$dh@&a$5�CJ OJQJ\�^JFF T�tulo 7$$dh@&a$CJOJQJ^JFA@���F Fuente de p�rrafo predeter.0 �0 Texto nota pie4 @4 Encabezado ��8!: : Pie de p�gina ��8!0)@�!0 N�mero de p�gina:&@�1: Ref. de nota al pieH*jBBj Texto independiente$5$7$8$9DH$a$6�CJOJQJmH sH uZP@RZ Texto independiente 2$dha$CJOJQJ^JD>@bD T�tulo$dh*$a$5�@���CJOJQJrCrr Sangr�a de t. independiente$��dh^��a$5�@���CJOJQJ�� �����3GHIwxy�� ;d���� ����� � � � �� �� ����TU� � � � � �!�! 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