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ANTECEDENTES 1. El se�or Jorge Hernando Hern�ndez Guzm�n convoc� a proceso ordinario a la se�ora Mary Camargo Burgos, para que se declare que entre ellos existi� una sociedad civil de hecho desde noviembre de 1988, en raz�n de haber sido compa�eros permanentes, cuya disoluci�n y liquidaci�n deb�a ser dispuesta en orden a entregarle a cada uno de los socios la parte que le corresponda en los bienes que relacion�. 2.
Para sustentar sus pretensiones, el demandante adujo que desde el referido mes y a�o, sin estar casados entre s�, conform� una uni�n estable, permanente y singular con la se�ora Mary Camargo Burgos, la cual ha perdurado por m�s de 20 a�os y en la que hubo con ella dos hijas: Yeny Caterine y Yinara Hern�ndez Camargo. Agreg� que al momento de conformarse la sociedad civil de hecho pose�a unos dep�sitos de madera y m�quinas de aserr�o, y que con posterioridad se adquirieron bienes y contrajeron obligaciones con plena reciprocidad, solidaridad, ayuda mutua, econ�mica y espiritual, por el esfuerzo de ambos.
Relacion� luego los bienes que, seg�n �l, integraban el patrimonio de la sociedad, los cuales ten�a en posesi�n la demandada, qui�n para 1988 carec�a de ellos, a�o en el que se retir� de su trabajo �para conformar una empresa juntos� dedicada a la venta de motosierras y guada�as. 3. El auto admisorio fue notificado a la demandada, quien se opuso a las pretensiones.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Para conceder las suplicas de la demanda, el juez consider� que las sociedades de hecho pod�an nacer por el consentimiento expreso o impl�cito de los socios, y que, en el caso de las que surgen en el marco de relaciones otrora llamada concubinarias, el �nimo de asociarse no pod�a ser apreciado con prescindencia de la uni�n extramatrimonial, puesto que �sta tambi�n ten�a prop�sitos econ�micos.
A continuaci�n hizo un recuento de las declaraciones de los testigos, para concluir que no s�lo �existi� una relaci�n de concubinato� que se inici� entre noviembre de 1988 y hasta mayo de 2009�, sino tambi�n que al inicio de la relaci�n el demandante era un empresario de maderas y la demandada una empleada en un almac�n de repuestos, habiendo aportado ambos lo que ten�an (el establecimiento de comercio, el uno, y la actividad personal, la otra), con el fin de �iniciar una actividad com�n en la venta de motosierras, guada�as y repuestos, que indiscutiblemente con las ganancias obtenidas les permiti� adquirir ciertos bienes� (fl. 305, cdno. 1).
Finalmente, sostuvo que la existencia de una sociedad conyugal no se opon�a a la conformaci�n de una sociedad de hecho, cuya disoluci�n declar�. EL RECURSO DE APELACI�N La parte demandada solicit� revocar la sentencia, para lo cual se�al� que como el se�or Hern�ndez pidi� que se declarara la existencia de la sociedad porque fue compa�ero permanente de la se�ora Camargo, no pod�a reconocerse una sociedad de hecho diferente.
Agreg� que el primer establecimiento de comercio para vender guada�as y motosierras fue adquirido por su hermana en 1983, y que todos los bienes denunciados son propios. M�s adelante, tras destacar que la sentencia no hizo menci�n a los aportes, se detuvo en la prueba testimonial para referir que �fuera del concubinato en s�, nada se ha demostrado� (fl. 14, cdno. 3).
CONSIDERACIONES 1. Para dilucidar la controversia planteada en segunda instancia es preciso hacer claridad sobre las premisas de orden legal y jurisprudencial que le servir�n de b�culo a la decisi�n. a. La primera, que en buena medida las partes distrajeron su atenci�n durante el tr�mite de la primera instancia en la discusi�n sobre los bienes que ten�a cada una de ellas, la forma como fueron adquiridos y su posible integraci�n al patrimonio de la sociedad de hecho a la que se refiere la demanda, sin reparar en que esa espec�fica disputa es ajena al tema que le es propio a esta primera fase del proceso, encaminada como est� a determinar si existi� o no esa sociedad, seg�n lo previsto en los art�culos 628 a 630 del C�digo de Procedimiento Civil.
S�lo si se declara su existencia y en una segunda fase del juicio, ser� pertinente establecer cu�les son sus activos y pasivos. As� lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia al se�alar que: ��el hecho que en opini�n del recurrente demuestra el citado documento no es materia de discusi�n en el litigio aqu� planteado, sino en la etapa de liquidaci�n de la sociedad de hecho, pues es en ella en la que se determina y distribuye la masa partible, conforme lo ha previsto el ordenamiento jur�dico, tal como lo dilucid� la Corte en su fallo del 30 de julio de 2004 (exp.7117), seg�n el cual, �� el procedimiento a que se someten las causas judiciales de disoluci�n judicial y liquidaci�n de sociedades civiles, comerciales o de hecho es el previsto en el cap�tulo I del t�tulo XXXI del libro tercero del C�digo de Procedimiento Civil, en el cual se advierten con nitidez incuestionable dos fases, cuya naturaleza y finalidad, como lo ha decantado esta Corporaci�n, son �completamente diferentes: la primera, que constituye un proceso declarativo, tiene por objeto �nico discutir y resolver si existe la sociedad, y que, si es positiva, termina con la sentencia en la cual se declara disuelta la sociedad, ordena su liquidaci�n, la inscripci�n de aqu�lla en el competente registro y la publicaci�n de la parte resolutiva (arts.628 a 630); y la segunda, que asume el car�cter de ejecuci�n de la sentencia con que culmin� la anterior, busca, determinar cu�les son los bienes partibles, el pasivo com�n, y cu�l el monto de lo que a cada socio corresponde (arts.631 a 643).
Esta etapa final, o sea la de distribuci�n del saldo l�quido entre los socios, termina con la sentencia aprobatoria del trabajo de partici�n. (Cas. Julio 8 de 1976, G. J. CLII, p�g.243� (Sentencia de 29 de agosto de 1985)�. b. La segunda, que nada obsta para que una persona que tenga sociedad conyugal o patrimonial vigente forme y materialice una sociedad de hecho con un tercero, seg�n las previsiones de los art�culos 498 y siguientes del C�digo de Comercio, por lo que no constituye obst�culo insalvable para conceder las pretensiones de la demanda que el se�or Hern�ndez hubiere tenido vigente una de las referidas sociedades de gananciales con la se�ora Lady Azucena Ortega, liquidada mediante escritura p�blica No. 1155 de 20 de mayo de 2008, otorgada en la Notar�a 64 de Bogot� (fls. 49 a 52, cdno. 1).
La raz�n es simple: lo que causa disgusto al legislador es la coexistencia de sociedades de gananciales, por lo que no si�ndolo aquellas que se conforman por los hechos, sin miramiento en la formalidad de la escritura p�blica o del escrito privado cuando este es permitido, es viable que cualquiera de los c�nyuges o compa�eros permanentes, seg�n el caso, afecte una porci�n de su patrimonio para emprender con otra u otras personas actividades empresariales, civiles o mercantiles, que le permitan obtener utilidades.
Esta ha sido la postura de la Corte, en cuyos fallos ha sostenido que �la preexistencia de una sociedad conyugal no impide la formaci�n de la sociedad de hecho entre �concubinos�, ni su vigencia excluye la posibilidad de otras sociedades entre consortes o entre �stos y terceros, las cuales, por supuesto, son diferentes, por cuanto aqu�lla surge ex legge por la celebraci�n del matrimonio y es universal.
En cambio, las otras sociedades surgen de actos dispositivos, neg�ciales o contractuales, a�n de �hecho�, presuponen �ntegros los elementos esenciales del tipo contractual y son de car�cter singular, particular y concreto�. c. La tercera, que es cierto que quien pretenda la declaraci�n de existencia de una sociedad de hecho, tiene la carga de probar (a) la conformaci�n del patrimonio respectivo, integrado por unos aportes;
(b) el desarrollo de una actividad com�n, ejecutada bajo ciertas pautas que posibilitan el desarrollo del objeto social, y (c) el �nimo de asociarse o affectio societatis, puesto que la de hecho es una sociedad que �debe reunir en su integridad los elementos esenciales de las sociedades regulares, con excepci�n de las solemnidades que fueren prescritas por la ley.� Sin embargo, desde hace ya m�s de un lustro la jurisprudencia patria ha se�alado que en el caso de las parejas que han tomado la determinaci�n cierta y definitiva de adelantar un proyecto de vida com�n estable, sin que se forme por mandato legal una sociedad conyugal o patrimonial, es posible que nazca, por los hechos, una particular forma de asociaci�n que no se desdibuja por reconocer, como tiene que reconocerse, que uno y otro se unieron prevalidos de una situaci�n preponderantemente afectiva, la cual, por el contrario, resulta indicativa �en los tiempos que corren- del confesado prop�sito de desarrollar actividades comunes que les permitan, como pareja asociada, obtener unas ganancias destinadas no s�lo a la econom�a familiar, sino tambi�n al fortalecimiento de un patrimonio com�n. En este sentido se pronunci� la Corte Suprema de Justicia para expresar que, ��la uni�n marital, legal o de hecho, que da origen a ella [la familia], ya no se forma para satisfacer �nicamente necesidades biol�gicas, afectivas o sicol�gicas sino, tambi�n, econ�micas.
En efecto, la aludida relaci�n de pareja no se conforma s�lo para el cumplimiento de las funciones b�sicas de la familia, sino que de anta�o persigue la proyecci�n de sus miembros en todos los campos, entre ellos, por supuesto, el patrimonial, habida cuenta que �stos a�nan esfuerzos para estructurar un proyecto econ�mico que responda a las complejas exigencias personales y sociales.� Y m�s adelante agreg�: �Siendo ello as�, no puede exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos, que la conjunci�n de aportes comunes, participaci�n en las p�rdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la uni�n extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de uni�n, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aqu� examinada no puede escindirse tajantemente la relaci�n familiar y la societaria, habida cuenta que sus prop�sitos econ�micos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida como aconteci� en este caso, tal como emerge de la prueba rese�ada por la censura�. Desde esta perspectiva se puede afirmar, sin lugar a equ�vocos, que por regla general las relaciones afectivas estables, con todo y las vicisitudes que las acompa�an, tienen el confesado prop�sito de generar un patrimonio com�n a cuya conformaci�n concurren los dos miembros de la pareja, necesitados como est�n de procurarse una fortuna que les permita sobrellevar los requerimientos de su propia existencia y los de la familia que decidieron conformar.
As� lo reiter� la Corte en reciente decisi�n al se�alar que, ��los elementos estructurales del contrato societario de hecho entre �concubinos�, �o sea, la calidad de asociado, los aportes y la participaci�n o distribuci�n de riesgos, p�rdidas y utilidades (art�culos 2079 C�digo Civil y 98 C�digo de Comercio), cohesionados en el acuerdo asociativo (animus contrahendae societatis, animus societatis, affectio societatis)� (cas. civ. 30 de junio de 2010, exp. 08001-3103-014-2000-00290-01), en los tiempos actuales, no deben entenderse, examinarse, analizarse o valorarse al margen, con independencia o prescindencia de la relaci�n personal y familiar, tanto cuanto m�s que en l�nea de principio confluyen y �pueden estar inmersos en esa comunidad de vida (�)� (cas. civ. sentencia de 27 de junio de 2005, exp. 7188).
(se subraya) En af�n de precisi�n, para la Corte, la comunidad de vida singular, estable o duradera entre quienes como pareja conviven more uxorio, integran una unidad o n�cleo familiar caracterizado por los lazos afectivos, la cohabitaci�n, las relaciones sexuales, la ayuda y el socorro mutuos, por elementales reglas de experiencia, evidencia de suyo, por s� y ante s�, el pr�stino designio de conformar tambi�n una comunidad singular de bienes con esfuerzos rec�procos y el prop�sito de asociarse de obtener un patrimonio o �provecho econ�mico com�n, sea mediante el aporte en dinero sin importar propiamente el car�cter de las actividades que lo originan, o sea tambi�n con el trabajo dom�stico y afectivo, o con esta y la ayuda en las actividades del otro socio� (cas. civ. 22 de mayo de 2003, Exp.
No. 7826).� 2. Hechas estas precisiones, bien pronto se advierte que la sentencia debe ser confirmada, porque en el proceso fue acreditado que el se�or Jorge Hernando Hern�ndez y la se�ora Mary Camargo Burgos, no s�lo tuvieron una relaci�n sentimental como pareja, estable y permanente, sino que tambi�n compartieron actividades econ�micas comunes vinculadas principalmente a determinados establecimientos de comercio relacionados con la explotaci�n de madera, en un comienzo, y a la venta de motosierras y repuestos, con posterioridad.
En efecto, m�s all� de puntuales discrepancias entre los testigos, que no alcanzan a desdibujar los hechos fundamentales, resulta innegable que las partes hicieron vida marital desde 1988, tras el abandono de su primer hogar por parte del se�or Hern�ndez, quien se fue a vivir con la se�ora Camargo, al punto que con ella procre� 2 hijos: Yeny Caterine, en agosto de 1989, y Yinara, en junio de 1994 (fls. 2 y 3, cdno. 1), sin que la circunstancia de mantener contacto con los hijos habidos en su matrimonio cat�lico, de compartir con ellos temporadas y, en general, de preservar unas relaciones con esa parte de su familia, se erija en obst�culo para poder afirmar de manera categ�rica esa relaci�n sentimental que por m�s de dos d�cadas sostuvieron Jorge Hernando Hern�ndez y Mary Camargo.
Y aunque los testigos se dividieron en dos grupos, unos sosteniendo que el demandante realiz� actividades empresariales propias (H�ctor Julio Solano, Mar�a Edith Hern�ndez, Gilma Morales y Daniel Solano Hern�ndez), y otros afirmando que el negocio de venta de motosierras y repuestos era exclusivo de la demandada (Mar�a Oliva Cortes, Gladys Cecilia Vargas, Rosmira Burgos y Edgard Enrique Herrera), para el Tribunal resulta elocuente que buena parte del patrimonio por el que disputan los contendientes fue adquirido durante la vigencia de la relaci�n afectiva, finiquitada a mediados del a�o 2009; que con anterioridad a 1988 el se�or Hern�ndez ya ten�a empresas destinadas a la explotaci�n de madera (declaraci�n del se�or Solano) �sin que resulte explicable que parejamente al crecimiento econ�mico de su compa�era sentimental, �l lo haya perdido todo-; que algunos bienes los hayan adquirido en comunidad (inmueble con matricula No. 50C-396389; fincas �Naranjal�, �Buenavista� y �El Naranjal 2�), y que la testigo Gladys Cecilia Vargas C�rdenas hubiere confirmado, como se sostuvo en la demanda, que antes de comenzar la relaci�n amorosa entre las partes, la se�ora Camargo ten�a una vinculaci�n laboral, m�s concretamente con la sociedad �Promar Ltda� (fl. 148, cdno. 1).
Aunque el recurrente hizo singular �nfasis en que no se probaron los aportes, pas� por alto que para la �poca en que se dio inicio de la relaci�n afectiva ya el se�or Hern�ndez era un empresario, y que uno y otro, como suele suceder en estos casos, contribuy� con su fuerza de trabajo (aporte en industria). Las discrepancias entre los dos grupos de testigos tampoco es suficiente para desestimar las pretensiones, menos a�n si se considera que varios de ellos reconocieron que su conocimiento ten�a como fuente que �mi papi me dijo� (Mar�a Edith Hern�ndez; fl. 138, cdno. 1); que �ella un d�a me dijo� o �tengo entendido� (Mar�a Oliva Cortes; fls. 144 y 145, ib.); que �no me consta� si las relaciones fueron permanentes y continuas (Gladys Cecilia Vargas; fl. 147, ib.); que �tengo entendido� o �no s� si �l aportar�a�(Rosmira Burgos; fl. 149 ib.), y que �no me consta� cu�l era la actividad comercial que desarrollaba el se�or Hern�ndez, seg�n lo declar� Edgard Enrique Herrera, hijo de la demandada e hijastro del demandante, lo que resulta incomprensible en �l, si se considera que se trataba de la persona con quien su se�ora madre tuvo una relaci�n sentimental por m�s de 20 a�os.
Es claro, entonces, que las partes, a prop�sito de su relaci�n amorosa y como parte integrante de la misma, seg�n se explic�, adelantaron actividades empresariales para beneficio com�n, no s�lo con el prop�sito de satisfacer necesidades domesticas, sino de conformar un patrimonio del cual pudieran reportar beneficios. Luego hizo bien el juzgador al conceder las pretensiones. 4.
A esta conclusi�n no se opone que en la demanda se hubiere hecho particular menci�n a que la sociedad de hecho se form� �en raz�n de haber sido [las partes] compa�eros permanentes� (fl. 2, cdno. 1), no s�lo porque ese es un elemento fundamental en ese tipo de juicios, sino tambi�n porque es un deber de los jueces interpretar la demanda para no sacrificar el derecho sustancial, siendo claro que en la que dio lugar a este proceso se persigue de manera clara la declaraci�n de existencia de una sociedad de hecho entre quienes fueron compa�eros permanentes.
No hay, entonces, vicio de incongruencia. Tampoco es �bice la referencia en el libelo a una sociedad civil, porque desde la promulgaci�n de la Ley 222 de 1995 es pacifico que, cualquiera que sea su objeto, la sociedades comerciales y civiles estar�n sujetas, para todos los efectos, a la legislaci�n mercantil (C.Co. art. 100 inc. 2). Menos a�n se opone al pronunciamiento que hizo el juzgador la supuesta confesi�n del demandante, pues revisado el interrogatorio de parte aparece claro que no hubo reconocimiento de un hecho que le fuera desfavorable.
As�, al responder la primera pregunta, formulada en forma asertiva para que dijera �si era cierto o no� que �l no pag� suma alguna para adquirir o comprar las propiedades actualmente en cabeza de la� demandada (se subraya la doble negaci�n), contest� que �no�, esto es, que �no es cierto que �l no pago�. Lo propio ocurri� en el segundo cuestionamiento: respondi� que �no�, y agreg� para que no quedara duda sobre su �nimo de asociarse, que �estableci� una sociedad de hecho con ella� (fl. 172 cdno. 1).
Y aunque dijo que �s� hab�a convivido y hecho vida marital con su esposa, esta circunstancia, desde la perspectiva de la pervivencia de la sociedad conyugal, no se opone a la existencia de la sociedad de hecho, como qued� visto en p�rrafo liminar. 5. En este orden de ideas, se confirmar� la sentencia apelada, no sin antes reiterar que ser� en la fase de liquidaci�n en la que se precise qu� bienes integran el patrimonio de la sociedad de hecho, para lo cual conviene recordar que seg�n sentencia de 26 de marzo de 1958, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ella estar� integrada por los bienes �a)� adquiridos con posterioridad a la constituci�n del estado concubinato y a t�tulo oneroso, es decir, como fruto del trabajo e industria de los concubinos�, por lo que �No comprende los bienes que alguno de los concubinos hubiera tenido antes de asociarse con el otro concubino, o los adquiridos durante el estado de concubinato a t�tulo gratuito (herencias, donaciones).
( ) Por este motivo con raz�n ha dicho la Corte que �debe existir un criterio de causalidad entre la asociaci�n de hecho y los bienes provenientes de la misma� (G:J: Tomo 42, P�g.844).� Hecho esto, es decir, �Determinados los bienes de la sociedad de hecho, es necesario proceder a repartirlos en dos partes iguales: una para cada concubino�.
No se condenar� en costas en segunda instancia, por no aparecer causadas. DECISI�N Por consiguiente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C. Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 11 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad dentro del proceso de la referencia. Sin costas en la segunda instancia.
NOTIFIQUESE MARCO ANTONIO �LVAREZ G�MEZ Magistrado LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ Magistrada CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado Cfme: CSJ, sent.29 de septiembre de 2006, exp. 110013103011199901683 01 Cfme.: C.S.J. G.J., CXLVII, p�g. 92. G.J. tomo CLVIII, p�g. 254. Cfme: CSJ, sent.27 de junio de 2005, exp. 7188 CSJ, sent.24 de febrero de 2011, exp.
C-25899-3103-002-2002-0084-01 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil PAGE PAGE 13 M.A.GO. Exp. 030200900319 01 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil & h[CCJ OJQJ^JaJ hnJh[CCJ OJQJ^JaJ h��h[C5�#hP�h[C5�CJ OJQJ^JaJ #hU*h[C6�CJ OJQJ^JaJ #hU*h#jW6�CJ OJQJ^JaJ h�I�CJ OJQJ^JaJ h#jWCJ OJQJ^JaJ h�aCJ OJQJ^JaJ h7J�h7J�CJ OJQJ^JaJ h7J�CJ OJQJ^JaJ h�: CJ OJQJ^JaJ h| QCJ OJQJ^JaJ �@lmn��%g���������>RST����ȺȬ������䍅r`N TZz������-5EGQ�����������������������p�p�^�p�p�"h�GqCJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h],�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h (�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h�=3CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h|OJCJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h�QyCJ OJQJ^JaJ mH $sH $"hmy�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h�Q�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h� CJ OJQJ^JaJ mH $sH $$�*tu����, � � � � " � � � � � ����ʸܸ����|�|�iTB�"h�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $(hWhWCJ OJQJ^JaJ mH $sH $%jhW0J6�OJQJU\�^J!hWhW5�6�OJQJ\�^Jh�=36�OJQJ\�^J hWhW6�OJQJ\�^JhWhWOJQJ\�^J"hWCJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h�=3CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"hmy�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h],�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $� � !q!r!�!.#/#0#�#�$�$6%7%8%9%n%���ǵm[�m�I;h�R�CJ OJQJ^JaJ "hmy�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"hh}CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h�5�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h 2�CJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h�uCJ OJQJ^JaJ mH $sH $"h� 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