Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001 3103 036 2011 00348 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Oscar Fernando Yaya Peña

Fecha: 2014-09-22

Sujetos procesales: CLAUDIA ROCÍO GRANADOS LOZANO / EMIR KENT REPRESENTACIONES LTDA. Y JORGE NICOLÁS KENT CASTILLO

��ࡱ�>�� eh����d��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��l>bjbjT~T~ 7z66�4b;�������� � ������'''8_�<'W$�OO(wwwfff�#�#�#�#�#�#�#�&��)x�#fffff�#ww�$^^^f�ww�#^f�#^^^w����`�� ��'��^�#'$0W$^*��*^*^�ff^fffff�#�#^fffW$ffff��������������������������������������������������������������������*fffffffff� �: $TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA S�PTIMA CIVIL DE DECISI�N Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot� D. C., veintid�s de septiembre de dos mil catorce (aprobado en sala de diecis�is de septiembre de 2014) 11001 3103 036 2011 00348 01 Se decide la apelaci�n que formul� el demandante contra la sentencia que el 7 de abril de 2014 profiri� el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ejecutivo singular seguido por Claudia Roc�o Granados Lozano contra Emir Kent Representaciones Ltda. y Jorge Nicol�s Kent Castillo.

ANTECEDENTES 1. Con base en un contrato de arrendamiento de local comercial que aparece suscrito por los extremos de este litigio el 1� de marzo de 2010, se libr� mandamiento de pago contra los demandados (arrendatarios) por $48�000.000 (c�nones de arrendamiento de los meses de septiembre y octubre de 2010); por los intereses moratorios que esas mensualidades causaron �desde la fecha en que se hizo exigible la obligaci�n y hasta cuando se verifique el pago total�, y por $48�000.000, a t�tulo de �cl�usula penal por el incumplimiento (�) en la obligaci�n de pagar el canon de arrendamiento en la forma en que se estipul� en el contrato en los meses de septiembre y octubre de 2010�. 2.

LA OPOSICI�N. Los demandados excepcionaron �inexigibilidad de las obligaciones que se pretenden ejecutar�; �cobro y ejecuci�n de lo no debido�; �no hubo incumplimiento contractual y por ende no procede la ejecuci�n forzada ni la aplicaci�n de la sanci�n pecuniaria� y �el documento que se aporta como t�tulo no presta merito ejecutivo�. Como sustento com�n de sus excepciones, alegaron que �el contrato de arrendamiento celebrado entre ellos y la demandante ten�a una vigencia claramente definida de 6 meses, y, consecuencialmente, una fecha cierta de expiraci�n cual era el d�a 31 de agosto de 2010 (�) y al no existir acuerdo alguno entre las partes en relaci�n con su pr�rroga (�), se impone como consecuencia necesaria e inmediata que no hay lugar al pago de ninguna otra suma de dinero por concepto de c�nones de arrendamiento, menos a�n de los dos meses subsiguientes al fenecimiento contractual�.

3. EL FALLO APELADO. El juez a quo declar� probadas las excepciones, dio por terminada la ejecuci�n y dispuso los dem�s efectos de rigor. Sostuvo que �el demandante no acredit� siquiera que la entrega del inmueble fue con posterioridad a la fecha estipulada en el contrato de arrendamiento, para de esta manera pretender el cobro de los c�nones de los meses de septiembre y octubre y su consecuente cl�usula penal con sus intereses, por el contrario, qued� probado dentro del proceso la voluntad de la parte demandada de adelantar su entrega desde la �ltima semana de agosto de 2010, data pactada en el precitado contrato, no obstante, por negligencia del actor, �sta solo se dio hasta los primeros d�as del mes de septiembre�. 4.

LA APELACI�N. El demandante aleg� que, �llegado octubre de 2010 los arrendatarios no hab�an entregado el inmueble y que por ello procedieron a hacer ofertas de pago a la arrendadora para dejar el inmueble en las condiciones que los recibieron y poder hacer la entrega, pero como no fue aceptada la oferta, el demandante se vio en la necesidad de ingresar al inmueble con el apoyo de la polic�a�.

CONSIDERACIONES 1. Ante la ausencia de irregularidades que comprometan lo actuado y en ejercicio de la facultad que contempla el art�culo 115 de la Ley 1395 de 2010 (que permite, ante la existencia de claros precedentes jurisprudenciales atinentes a situaciones de hecho similares, no sujetarse estrictamente al turno de negocios para fallo), se anticipa que la resumida apelaci�n era impr�spera, no propiamente porque la Sala acoja en su integridad los argumentos que esgrimi� el juez de primera instancia, sino porque, desde sus inicios, este proceso coactivo estaba llamado al fracaso, ya que el contrato de arrendamiento que se alleg� como t�tulo ejecutivo, no contiene en forma expresa, como lo exige el art�culo 488 del C. de P. C., las obligaciones principales cuyo recaudo implor� el ejecutante. 2.

Es sabido que la viabilidad de la ejecuci�n est� supeditada a que, desde la formulaci�n de la demanda, su promotor hubiera adosado con ella un t�tulo ejecutivo que reuniera a plenitud los requisitos que establece el art�culo 488 del C. de P. C., esto es, que en �l est� plasmada, en forma clara, expresa y exigible, la obligaci�n cuyo pago se reclama de parte del ejecutado, pues como lo ha sostenido en repetidas ocasiones este mismo Tribunal, �es principio del derecho procesal que en aquellos asuntos donde se persigue el cumplimiento forzado de una obligaci�n insoluta, el auto de apremio est� condicionado a que al juez se le ponga de presente un t�tulo del cual no surja duda de la existencia de la obligaci�n que se reclama, por lo que es indispensable la presencia de un documento que acredite manifiesta y n�tidamente, la existencia de una obligaci�n en contra del demandado, en todo su contenido sustancial, sin necesidad de ninguna indagaci�n preliminar�.

Aplicadas las precitadas pautas al asunto sub lite, fuerza colegir que la viabilidad de esta ejecuci�n contractual, en la que su promotora reclam� el pago de los �c�nones de arrendamiento correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2010� (junto con sus intereses moratorios) y la cl�usula penal derivada del incumplimiento del pago de esas mensualidades (fl. 14), hac�a indispensable que de entrada, es decir, desde el momento mismo en que inici� el proceso, la se�ora Granados Lozano hubiera allegado documentaci�n (simple o compleja) que, sin ambages, demostrara que era obligaci�n de los ejecutados satisfacer esas espec�ficas prestaciones.

Vuelve y se insiste, �la obligaci�n (para que sea susceptible de recaudo coercitivo) debe constar en el escrito en que aparezca completamente delimitada, o sea en forma expl�cita, es decir que las obligaciones impl�citas no pueden ser cobrables ejecutivamente�. Tal presupuesto no lo encuentra cumplido la Sala, seg�n a continuaci�n se explicar�: Reza en la cl�usula sexta del negocio jur�dico de locaci�n (que se celebr� el 1� de marzo de 2010), que �el presente contrato de arrendamiento tendr� una duraci�n de seis meses, a partir de la fecha de su suscripci�n�, es decir, hasta el 31 de agosto de esa misma anualidad y en la cl�usula �vig�sima primera� estipularon que �el presente contrato termina por el vencimiento del t�rmino estipulado.

No obstante, los contratantes por mutuo acuerdo podr�n prorrogarlo por un periodo igual al inicialmente pactado, mediante comunicaci�n escrita por lo menos con un mes de antelaci�n a su vencimiento�� (fls. 4 y 9). En ese escenario, es claro para la Sala que si, con base en el precitado contrato de arrendamiento, la demandante quer�a obtener por esta v�a coactiva el pago de los c�nones de arrendamiento de los meses de septiembre y octubre de 2010 (obligaci�n principal de indiscutida naturaleza pecuniaria), era indispensable que (como parte del t�tulo ejecutivo) hubiera allegado la prueba de la pr�rroga de esa negociaci�n. Ya se anot� que, en los t�rminos que inicialmente se pactaron, la vigencia de ese v�nculo jur�dico no pod�a superar, salvo pr�rroga que aqu� ni se prob�, ni se aleg�, el 31 de agosto de 2010.

Ninguno de los documentos que se adosaron a la demanda permite inferir que, quienes aqu� contienden, decidieron prorrogar su relaci�n contractual. A estos respectos, lo �nico que aport� la ejecutante con su libelo incoativo, en el que ni siquiera se sugiri� que hab�a operado la pr�rroga en menci�n, fue el escrito contentivo de la negociaci�n inicial, sin anotaci�n, marca o constancia que de alguna manera permitiera evidenciar ese mutuo consentimiento respecto de la prolongaci�n de la negociaci�n tenencial en comento (fls. 2 a 11). 3.

Tampoco siquiera con posterioridad a la formulaci�n de la demanda, la actora acredit� que, atendiendo las formalidades que ab initio se convinieron, el t�rmino de duraci�n del rese�ado contrato bilateral super� el pactado (seis meses). De hecho, ninguno de los extremos en litigio plante�, en forma expresa por lo menos, que fue en tal sentido que -antes de expirar el t�rmino convenido- orientaron su voluntad, y por el contrario, los litigantes afirmaron en varias oportunidades (ver, entre otros, la sustentaci�n de las excepciones de fondo y el escrito de r�plica fls. 67 y 91), que su intenci�n siempre fue la de permitir que la extinci�n de ese negocio jur�dico tuviera lugar en la fecha que para el efecto se acord� (31 de agosto de 2010).

Sobre lo que s� discreparon las partes, fue por otros temas que, en rigor, no incumben a esta ejecuci�n, atinentes al estado material en que los arrendatarios deb�an devolver el inmueble, lo mismo que sobre la fecha en que finalmente el local comercial fue restituido (a mediados de octubre de 2010, seg�n la arrendadora y a comienzos de septiembre del mismo a�o, seg�n lo percibi� su contraparte).

Por igual, para las resultas de este proceso ejecutivo tambi�n es indiferente entrar a dilucidar si la dilaci�n en la entrega se dio por causa atribuible a la ejecutante, o si lo fue por la negligencia de los ejecutados, quienes alegaron que estuvieron prestos a restituir el predio desde la fecha prevista para la terminaci�n del contrato que nunca se prorrog� (31 de agosto de 2010), pero que la arrendadora acudi� a una serie de argucias para impedir la entrega.

Cabe resaltar, en todo caso, que si en gracia de discusi�n se asumiera que la restituci�n se verific� en la fecha que sugiri� la ejecutante (octubre de 2010), ello apenas abarcar�a un periodo de dos meses posteriores al vencimiento del plazo previsto para la terminaci�n del arrendamiento, cuya duraci�n se pact� en 6 meses. La prenotada contingencia de alguna manera refrenda lo dicho en precedencia respecto de la falta de intenci�n de los contratantes en prorrogar el negocio jur�dico, como quiera que �la pr�rroga mantiene id�ntico el contrato, no se presenta m�s sino por acuerdo anterior al vencimiento del plazo y lo contin�a en las condiciones primarias por un per�odo igual�.

En el escenario que as� se configur�, el fracaso de la alzada aflora sin mayor dificultad, pues, se insiste, aqu� la demandante quiso adelantar una ejecuci�n contractual, principalmente para obtener el pago de unos c�nones de arrendamiento correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2010, pero no alleg� con su demanda (ni tampoco posteriormente) un t�tulo jur�dico de la mencionada naturaleza que demostrara (en forma inequ�voca) que sus opositores estaban obligados a pagar esos dineros a t�tulo de rentas derivadas de un contrato de locaci�n. Se a�ade a lo anterior que, como juez de ejecuci�n de segunda instancia, al Tribunal no le es factible esclarecer, en esta oportunidad, si por el comportamiento contractual que asumieron las partes en punto a la entrega tantas veces referida, hab�a lugar a indemnizar a la se�ora Granados Lozano, por los perjuicios que en raz�n de ello hubiera sufrido. 4.

Visto entonces que la documentaci�n que se alleg� con la demanda no da cuenta de la existencia de las obligaciones principales de las que se viene hablando (c�nones de septiembre y octubre de 2010), tampoco la ejecuci�n puede proseguir por los �intereses de mora�, ni por la �cl�usula penal�, pues tales conceptos los reclam� la ejecutante �nica y exclusivamente por el incumplimiento en el pago de las referidas mensualidades (ver hecho 3� de la demanda, fl. 14), las cuales involucran una obligaci�n pecuniaria y no una prestaci�n de hacer, como acaece con la de restituir el inmueble para la fecha que se convino para la terminaci�n del contrato (31 de agosto de 2010).

No se olvide, de un lado, que �accesorium sequitur suum principale� y, del otro, que �la sentencia deber� estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda� y, por lo mismo, �no podr� condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta� (art. 305, C. de P. C). 5.

No prospera, por ende, la apelaci�n en estudio, lo cual no es �bice para modificar el fallo apelado, con miras a precisar que la �nica excepci�n que resulta atendible en esta oportunidad es la denominada �el documento que se aporta como t�tulo no presta merito ejecutivo�, lo que impide, a su vez, dirimir las dem�s defensas que plante� la opositora atinentes a la ausencia de un incumplimiento contractual de su parte (tema �ltimo que, como qued� visto, es ajeno a esta tramitaci�n ejecutiva).

DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia que el 7 de abril de 2014 profiri� el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ejecutivo de la referencia, para precisar que la �nica excepci�n por cuya virtud ha de terminar esta ejecuci�n es la denominada �el documento que se aporta como t�tulo no presta merito ejecutivo�.

En lo dem�s, el fallo permanece inc�lume. Costas de segunda instancia a cargo de la ejecutante. Liqu�dense por la secretar�a del Tribunal, incluyendo $2�500.000, como agencias en derecho, seg�n lo estima el Magistrado Ponente. Cumplido, devu�lvase la actuaci�n a la oficina de origen. Notif�quese Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA GERM�N VALENZUELA VALBUENA  TSB., ver, entre otros, autos de 6 de abril de 2005 (exp. 0457 01) y 11 de julio de 2005.

Cfme, auto de 12 de septiembre de 2013, exp. 2012 00252, proferido por este mismo despacho judicial.  CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Parte Especial, Hernando Morales Molina, 8� edici�n, Ed. ABC, p�g. 170.  CSJ., sent. de 30 de agosto de 2011, exp. 01957     PAGE 5 PAGE 3 OFYP 2011 00348 01 !)<wx�������������E F J W l n � � � . / 3 ? 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