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DDO: SOCIEDAD EL ESPACIO J ARDILA CSA. APELACI�N DE SENTENCIA 36-06-278-01 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA -SALA CIVIL- MAGISTRADO PONENTE: LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Proyecto aprobado y discutido en la Sala de Decisi�n del 24 de junio de 2009. Acta 25 Bogot� D. C., catorce de agosto de dos mil nueve. Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la providencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot�, dentro del proceso ordinario de responsabilidad propuesto por el se�or MAURICIO TIQUE ALAPE contra LA SOCIEDAD EL ESPACIO J ARDILA C. S. A. LA DEMANDA Pretende el demandante que se declare que la sociedad demandada es civilmente responsable de los perjuicios morales y materiales que se le ocasionaron con motivo de la publicaci�n No. 12.067 aparecida en la portada principal del 28 de octubre de 2005 del diario El Espacio, intitulada �cay� una tenebrosa banda �EL TERROR DE LOS TAXISTAS!, se robaban los veh�culos, les pon�an placas falsas y segu�an trabajando en el servicio p�blico� y que, como consecuencia se le condene al pago de $5.000.000.00 a t�tulo de da�o emergente y 35.000.000.00 por lucro cesante; 1000 gramos oro o la suma que sea prudentemente fijada por el juez por concepto de perjuicios morales, sumas sobre las cuales deber� reconocer intereses moratorios desde la fecha de la publicaci�n hasta el momento real y efectivo del pago de la obligaci�n. Como fundamentos de hecho alega el denunciante que por haber sido incluido sin ninguna justificaci�n en la susodicha publicaci�n, qued� sin trabajo y sin lugar donde vivir, puesto que se le solicit� por parte del propietario del taxi que ven�a conduciendo su entrega, as� como por su arrendadora que desocupara la habitaci�n donde resid�a; de igual forma, fue se�alado por el gremio de taxistas como integrante de la banda relacionada en ese diario.
LA CONTESTACI�N La demandada fue notificada personalmente del auto admisorio y por intermedio de gestor judicial contest� la demanda, oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones, solicitando su negaci�n y, por ende, condenando en costas a la parte demandante. LA SENTENCIA Despu�s de agotado el tr�mite de rigor, el Juzgado de conocimiento, mediante providencia de fecha noviembre 27 de la pasada anualidad, resolvi� el conflicto declarando a la sociedad demandada responsable por los da�os morales generados al se�or Tique Alape con ocasi�n de la publicaci�n No. 12.067 del Diario El Espacio, conden�ndola al pago de $15.000.000.00, a t�tulo de indemnizaci�n por dicho concepto y, se abstuvo de condenar por perjuicios materiales.
Para decidir, la funcionaria, despu�s de sentar el marco te�rico de la responsabilidad civil, concluy� que ciertamente existi� una omisi�n culposa por parte de la sociedad demandada, puesto que los periodistas que trabajan para la misma se abstuvieron de verificar la veracidad de informaci�n publicada obtenida por una supuesta fuente oficial, pero que pese a ello no proced�a la condena por concepto de da�os materiales, por cuanto no se recaud� probanza alguna que sustente la causaci�n de esta clase de perjuicios.
Sin embargo, concluy� que en vista que del material probatorio recaudado se encontraba que el demandante hab�a padecido un da�o moral que ameritaba un resarcimiento econ�mico, fij� a t�tulo de tal perjuicio la suma de $15.000.000.00 y conden� a la pasiva al pago de las costas. EL RECURSO La demandada recurre el fallo de primera instancia aduciendo que no existe ninguna referencia profesional que avale la existencia de un perjuicio de �ndole moral, excepto por las afirmaciones de la parte actora; que no se le permiti� la posibilidad de rectificar los hechos expuestos en la publicaci�n efectuada; que se valor� una prueba documental falsa, supuestamente expedida por una persona jur�dica que jam�s tuvo conocimiento de tales hechos, por lo que afirm� que la condena impuesta no es justa, am�n que precisa que la noticia cuestionada se realiz� con fundamento en la informaci�n brindada por los miembros de la fuerza p�blica a los periodistas, razones por las que se debe revocar la sentencia proferida.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL. 1. Delanteramente es necesario precisar que como la parte demandante no impugn� la sentencia que resolvi� el litigio, la competencia en esta instancia se restringe a los motivos de inconformidad planteados por el recurrente �pasiva-, quedando entonces, como verdad legal la ausencia de demostraci�n de perjuicios materiales, tema que no ser� abordado por esta Corporaci�n. 2.
Se contrae la impugnaci�n formulada, en primer lugar, a que no se demostr� dentro del proceso la existencia de un perjuicio de �ndole moral que avale la condena impuesta por el a quo; en segundo lugar, que no se permiti� la posibilidad de rectificar los hechos expuestos en la publicaci�n efectuada y; por �ltimo, que se valor� una prueba documental falsa, expedida por una persona jur�dica que jam�s tuvo conocimiento de los hechos que soportan la demanda impetrada. 3.
Puntualizado lo anterior, para efectos de entrar a desentra�ar los puntos materia de alzada, como primera medida resulta pertinente memorar los siguientes aspectos: Se ha dicho, tanto jurisprudencial como doctrinalmente, que �cuando aparece debidamente acreditado que, con intenci�n o culpa en publicaciones suyas falsas o parciales, se ha ocasionado da�o a otro, deber� resarcirse.
La responsabilidad por los da�os ocasionados con publicaciones falsas o parciales difamatorias, adem�s de �tica y penal, tambi�n puede ser de car�cter civil, atendiendo las propias particularidades en la actividad profesional period�stica�. El tema de esta especial responsabilidad de tipo profesional se encuentra regulado en el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica, al establecer que se �� garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informaci�n veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicaci�n. Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Se garantiza el derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad. No habr� censura�. Ya en el art�culo 55 de la Ley 29 de 1944 se reglament� que �todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otro estar� obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri� en culpa�, norma que pese a su antig�edad conserva plena vigencia en el ordenamiento jur�dico en lo que ata�e a la responsabilidad civil period�stica, puesto que en los �ltimos a�os ha constituido el soporte de la condenas impuestas por el m�ximo Tribunal de esta especialidad.
Al tenor de las precisiones expuestas, no cabe duda que en el derecho positivo se consagra la responsabilidad de car�cter civil extracontractual, cuando los medios de comunicaci�n divulgan informaciones falsas o tendenciosas sin fundamento, que precisamente por no ser veraces causan da�o a una persona determinada, punto que por dem�s ha sido explicado por la Corte Suprema de Justicia, al se�alar que la responsabilidad civil period�stica ��impone el cumplimiento de un deber profesional a cargo de los medios de comunicaci�n social que se traduce en que han de obrar con diligencia, cuidado y prudencia a fin de no inferir da�o a otros en ejercicio de su actividad��. 4.
Bajo este contexto y partiendo de la premisa de que la responsabilidad civil period�stica es propia del ramo extracontractual, para la verificaci�n de su acaecimiento, se cimentara su an�lisis en la preceptiva de los art�culos 2341 y siguientes del C. Civil, fuente formal que conmina a probar el hecho da�ino, el perjuicio, la culpa y la relaci�n de causalidad, para salir avante en pretensiones como las planteadas en el sub judice. 4.1 En torno a la concurrencia de los supuestos en que descansa la responsabilidad civil, en el proceso est� demostrado el hecho da�ino, proveniente de la publicaci�n de una foto del demandante con la informaci�n que lo incrimin� como miembro de una banda de delincuentes, cuando nunca se le imput� tal conducta por parte de una autoridad judicial.
En efecto, en la copia del peri�dico allegado con la demanda, se divulg� como noticia de primera p�gina y de manera textual, que �cay� una tenebrosa banda �el terror de los taxistas!, se robaban los veh�culos, les pon�an placas falsas y segu�an trabajando en el servicio p�blico�, a�adiendo titulares en la ampliaci�n de la misma, tales como ��atracaban taxistas!�, �tensi�n�, �las placas� y �la trampa�, relatando en cada uno ellos c�mo desarrollaban su funci�n delincuencial en esa organizaci�n delictiva. 4.2.
De lo anterior surge, que no escatim� esfuerzo el peri�dico demandado en se�alar a su contraparte como miembro de una banda de atracadores, para lo cual se aprovision� de una foto del mismo con la que lo rese�� como tal, sin que aparezca demostrado, que hubiera tomado alguna medida m�nima para corroborar si por lo menos se le judicializ� por los hechos que se imputaron en la publicaci�n; si realmente se le vincul� como parte integral del grupo detenido por los hechos narrados, as� como tampoco se practic� an�lisis de la informaci�n recibida, elementos todos que no dejan duda de la existencia del hecho que se imputa, especialmente porque si se demostr�, como lo vislumbra la certificaci�n expedida por el DAS, que el actor no registra antecedentes judiciales (fls. 108 y 109).
Por lo expuesto, no cabe duda que en la noticia emitida por el diario El Espacio, se formul� una acusaci�n contraria a la verdad, en tanto que se asever� sin vacilaciones que el se�or Tique Alape intervino en la acci�n delictuosa, sin parar mientes en la real situaci�n jur�dica del mismo, circunstancia que encarna una conducta imprudente y que, en principio, no deja duda de su culpa al emitir tal divulgaci�n, quedando entonces por establecer la relaci�n de causalidad entre la publicaci�n realizada y los da�os ocasionados, para definir si �stos, pueden ser directamente atribuidos a dicho medio de difusi�n. En desarrollo de tal aspecto, pertinente resulta memorar lo discernido por la Corte Suprema de Justicia al respecto, cuando se�al� �que se incurre en responsabilidad civil por los da�os morales y materiales ocasionados a la persona, entre otros, cuando dicha divulgaci�n no guarda correspondencia con la referida fuente, o se produce a sabiendas de su falsedad o confiando imprudentemente en su exactitud, o bien se trata de una inexcusable interpretaci�n distorsionada de la mencionada fuente.� (G. J. N�mero 2497, p�gina 501, sentencia No. 015 de 24 de mayo de 1999). 4.3.
Alega la parte demandada en la contestaci�n del pliego de cargos que �la polic�a nacional tom� la foto al hoy demandante y como fuente, nos entreg� el archivo fotogr�fico para dar a conocer a la opini�n p�blica sobre el operativo realizado y el respectivo resultado� (fl. 31), sin que aportara prueba alguna que demostrara los t�rminos del reporte difundido a los medios de comunicaci�n, circunstancia que de entrada denota la existencia del hecho imputado con la enjuiciada, en tanto que no hay elementos de juicio que permitan determinar que la informaci�n oficial entregada a los medios de comunicaci�n tuvieran el alcance de la publicaci�n cuestionada en este litigio.
Y es que adem�s, como lo ha se�alado la jurisprudencia patria, cuando una informaci�n incrimine a una persona, su potencialidad para causar da�o es inminente, eventualidad que impone al difusor de la noticia, propender por extremar la diligencia y cuidado especiales que, adem�s de obedecer al ejercicio responsable de la libertad de informaci�n, tambi�n evite de forma preventiva su causaci�n, lo que denota que aunque el conocimiento del hecho a informar se derive de una fuente formal, en tales circunstancias el cuidado para con sus deberes profesionales es particular, ineludible y su ausencia inexcusable; previsi�n que aplicada al caso concreto, llamaba a que se confirmara si todos los detenidos al amanecer del d�a 28 de octubre de 2005, entre ellos el demandante, hab�an sido sindicados como integrantes de la banda de atracadores y que por tal hechos se le hubiese iniciado el tr�mite judicial correspondiente. 5.
Definido como est� el hecho da�oso y la culpa que ata a la sociedad demandada con la publicaci�n efectuada, procede la Sala a abordar el t�pico relativo al da�o que en la esfera civil caus� al actor, punto que habr� de limitarse al �mbito moral derivado de la informaci�n difundida, en tanto que no est� en discusi�n la desestimaci�n que por concepto de perjuicios materiales hiciere el fallador de conocimiento.
El da�o se ha definido como la lesi�n de un inter�s leg�timamente protegido, punto sobre el que se ha referido la doctrina y la jurisprudencia de forma general en torno al �mbito moral, precisando este se presenta cuando afecta los sentimiento �ntimos del titular de los derechos que sobre ellos recae, considerado como el precio del dolor que busca remediar a lo menos en parte las angustias, depresiones sufridas por la v�ctima con motivo del hecho que lo lesiona, perjuicio que igualmente debe concitar las condiciones de ser ciertos y estar probada su intensidad para que por medio del arbitrio judicial, se proceda a su cuantificaci�n. En punto tocante con la causaci�n de los da�os morales derivados del ejercicio de la actividad period�stica por divulgaci�n informativa, la jurisprudencia patria ha se�alado que para la configuraci�n de su existencia ha de estar patente que de tal actuar se ha generado un menoscabo del patrimonio moral ante la afectaci�n de la honra o buen nombre, como consecuencia de la informaci�n falsa o inexacta; da�o que puede acreditarse de variada manera, a�n por la v�a de la presunci�n, pues no en vano la jurisprudencia ha afirmado que �tambi�n debe tenerse en cuenta que �ste puede encontrarse en el contenido de la publicaci�n, cuando constituye un agravio a los se�alados derechos de una persona determinada, que, por su radio de acci�n, ha tenido repercusi�n social negativa en su buen nombre u honra�.
En el asunto de la referencia no existe duda que la noticia difundida por el diario El Espacio, constituy� un ataque frontal a la integridad del se�or Tique Alape, pues con la falsa informaci�n, difundida en primera p�gina y con �mplio despliegue fotogr�fico, se puso en entredicho y ante el p�blico su buen nombre y rectitud, noticia que en el desarrollo de su actividad como prestador del servicio p�blico de transporte, provoc� el repudio de sus conocidos, generando profunda desconfianza y recelo, tanto as� que el se�or Luis Salom�n Manrique Ram�rez, en su calidad de administrador del arrendador del veh�culo que conduc�a el demandante (fls. 86 a 90), dej� de alquilarle el automotor como secuela de la publicaci�n opugnada, lo que refleja la suspicacia que sobre su nombre se cern�a, prueba que pese a que fue cuestionada por el apelante, por cuanto este no es propietario del automotor, no se le puede restar valor demostrativo en lo que hace referencia al supuesto f�ctico de la terminaci�n del contrato sobre el taxi, versi�n a la que el Tribunal, entonces, le reconoce poder de convicci�n. As� las cosas, es evidente que la imputaci�n de la conducta falsa, ha provocado un da�o moral, patentizado en el abatimiento que produce el escarnio p�blico, ante la indefensi�n e impotencia que la recriminaci�n realizada de manera ligera e irresponsable produjo, del cual existe prueba tuvo entera repercusi�n en la comunidad en que se desempe�aba, circunstancias que aconsejaban la reparaci�n reconocida en ese sentido por la falladora de instancia, haciendo uso del arbitrio judicial que para la tasaci�n de esta clase de perjuicios es procedente, lo que desestima el cuestionamiento que, en este sentido, practic� el recurrente. 6.
Por �ltimo, en lo que hace referencia a que no se permiti� la posibilidad de rectificar la publicaci�n realizada, vale la pena precisar que aunque dicho derecho est� previsto como un medio inmediato para las personas, cuando se ven afectadas por informaciones que consideran inexactas, injuriosas o falsas transmitidas en diversos medios de comunicaci�n, tal mecanismo no tiene una finalidad diferente que restablecer en tiempo oportuno y bajo condiciones de equidad, el equilibrio informativo, pero en forma alguna, se avizora como un procedimiento que pueda utilizar el agraviado para establecer una responsabilidad civil o penal del comunicador, pues para ello la v�a es netamente la ordinaria, en donde se �indaga exhaustivamente sobre la verdad o la exactitud de la informaci�n, puesto que s�lo as� podr� deducirse o negarse la condigna responsabilidad�, circunstancia que descarta cualquier alcance de tal alegaci�n, para efectos de hacer nugatoria la condena perseguida.
DECISI�N Por estas breves motivaciones la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot�, Administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por Autoridad de la ley, IV.
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo impugnado, fechado el 27 de noviembre de la pasada anualidad, proferido dentro del proceso ordinario promovido por MAURICIO TIQUE ALAPE contra EL ESPACIO J ARDILA C. S. A.
SEGUNDO. COSTAS a cargo de la demandada. Notif�quese. LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente 110013103036200600278-01 GERMAN VALENZUELA VALBUENA Magistrado 110013103036200600278-01 OSCAR FERNANDO YAYA PENA Magistrado 110013103036200600278-01 As� mismo, el testimonio rendido por el se�or Elmer Le�n Daza Narv�ez, denota los aludidos efectos negativos, puesto que una vez identific� en la publicaci�n el lugar donde se encuentra la foto del demandante, pasa a se�alar que �una persona amistad m�a, o conocida, estos d�as ley� el diario el espacio y me llamo y me dijo que si yo sabia de esas capturas que se hab�an hecho en la localidad quinta, yo le dije que si, que yo hab�a hecho unas capturas a siete personas, esa persona manifest� que ese se�or era un reconocido que hab�a hurtado un veh�culo tipo taxi al hermano� la persona que le hago referencia, o sea el conocido m�o normalmente en el gremio de los taxistas le dicen el payaso� (fls. 129 a 131), puesto que no s�lo deja entrever el impacto que tiene la sindicaci�n para que se comiencen a achacar nuevas responsabilidades por la misma conducta �hurto-, sino tambi�n, pone de presente que entre la comunidad en que se desempa�a �taxistas-, su condici�n es catalogada acorde con el comentario que se efectuara en el diario.
REF: PROCESO ORDINARIO DTE: G.M.P PRODUCTOS QU�MICOS S.A.. DDO: ABRENUNCIO S.A. REPUBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL S A L A C I V I L Bogot� D.C., MAGISTRADO PONENTE: LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ. Discutido en varias salas y aprobado en la sesi�n del Como quiera que el proyecto presentado por el H. Magistrado Sustanciador no goz� de la mayor�a de los integrantes de la Sala, se procede a resolver, con la ponencia del magistrado que sigue en turno, el recurso de apelaci�n interpuesto por las partes contra la sentencia del 15 de junio de 2007, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot�.
ANTECEDENTES
1. PEDRO JUAN MORENO VILLA y G.M.P PRODUCTOS QU�MICOS S.A. por intermedio de apoderado judicial, demandaron a ABRENUNCIO S.A., para que previos los tr�mites del proceso ordinario de mayor cuant�a, se declare civilmente responsable a �sta �ltima como propietaria de la revista CAMBIO, de todos los perjuicios materiales y morales que le ocasion� a PEDRO JUAN MORENO y de todos los perjuicios materiales y el da�o de la imagen comercial que le caus� a GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., por la culpa, negligencia y mala fe, entendida como la falta de cuidado y diligencia profesional period�stica necesaria, en el ejercicio informativo vinculado con la publicaci�n y divulgaci�n a nivel nacional e internacional del art�culo �RAJADOS EN QU�MICA� que circul� en la Edici�n 310 de mayo 24 � 31 de 1999, p�ginas 36, 37 y 38.
Como consecuencia que se condene a la demandada al pago de los referidos perjuicios a favor de los actores. 2. En sustento de las s�plicas impetradas se invocaron los hechos que a continuaci�n compendia la Sala: 2.1 En enero de 1998 GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., fue informada por MAERSK COLOMBIA S.A., que la aduana Norteamericana hab�a retenido en el puerto de San Francisco California - USA, el embarque correspondiente al mes de octubre de 1997, contentivo de veinte toneladas de permanganato de potasio, por supuesta violaci�n de las normas aduaneras en dicho pa�s. Que en enero de 1998 la aduana norteamericana retuvo igualmente en el Puerto de San Francisco California � USA, otros dos embarques con permanganato de potasio con veinte y diez toneladas respectivamente, que correspond�an a importaciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 1997.
Que el 4 de marzo de 1998 DONNIE R. MARSHALL, en calidad de administrador de la D.E.A., dirige una comunicaci�n a un proveedor de permanganato de potasio de GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A. con sede en la Rep�blica de China, en la que se le informa que �sta �ltima �se encuentra asociado al menos con otras 5 compa��as que tienen o tuvieron su permiso cancelado en Colombia o que est�n en la actualidad en investigaci�n por violaci�n de las leyes colombianas que controlan los Precursores qu�micos (..)�.
Que el 5 de marzo de 1998 el grupo de antinarc�ticos de la Polic�a Nacional emiti� el informe de judicializaci�n No. 0410 ZOCEN � GRUIQ, amparado en 2 visitas realizadas a la empresa en los meses de febrero y marzo de 1998, por medio del cual se la informe a la DEA lo siguiente: que luego de una inspecci�n realizada a las facturas de venta emitidas durante los tres �ltimos meses se constat� que: - �� vendi� productos controlados por la Ley 30 de 1986, sin ning�n tipo de control�; - �� viene utilizando en sus facturas de venta de productos qu�micos controlados, nombres de personas ficticias con direcciones inexistentes��; - �� adem�s de utilizar personas ficticias para legalizar sus ventas, utiliza abonados telef�nicos que no coinciden con las direcciones que plasman en las facturas ��; - �.. utiliza gran cantidad de direcciones ficticias para legalizar las ventas de productos controlados ��; - �� viene realizando venta indiscriminada de productos qu�micos controlados en forma violatoria a la Ley 30 de 1986, amparada en m�todos legales para legalizar la venta de estos productos sin saber el verdadero destino y uso que se le dan a las sustancias qu�micas controladas�.
Que el 25 de agosto de 1998 la Direcci�n Nacional de Estupefacientes mediante resoluci�n No. 0753 le anul� a G.M.P. Productos Qu�micos S.A., los certificados de Carencia de Informes por Tr�fico de Estupefacientes Nos. 0243 del 4 de abril de 1997 y 0366 del 2 de mayo de 1997, los cuales la autorizaba para el manejo de 10 sustancias qu�micas controladas.
Que el 9 de noviembre de 1998 la Fiscal Regional Delegada Liliana Mar�n Parias, dentro del proceso No. 26083 profiri� resoluci�n inhibitoria a favor de G.M.P. Productos Qu�micos S.A., por presunta violaci�n a la ley 30 de 1986, con fundamento en que �no basta demostrar la acomodaci�n de los hechos dentro de uno de los verbos rectores de la descripci�n legal del tipo, sino adem�s deben demostrarse probados los dem�s elementos del tipo, esto es, la antijur�dica y la culpabilidad, lo que como se advierte no se asoman en el comportamiento de los representantes legales de GMP S.A.�.
Que el 23 de noviembre de 1998 la Direcci�n Nacional de Estupefacientes mediante resoluci�n No. 0944 resolvi� el recurso de reposici�n contra la resoluci�n No. 0753 del 25 de agosto de 1998, confirmando �sta �ltima. Que el 24 de mayo de 1999 el grupo period�stico de la revista CAMBIO, con base en la informaci�n suministrada por el General Gallego Castrill�n, public� el art�culo �Rajados en Qu�mica�, a pesar de que se advirti� por Pedro Juan Moreno que lo informado por el Coronel Gallego era falso y que s�lo trataba de hacer m�ritos ante la DEA con pruebas ama�adas, falsas y mutiladas.
Que el art�culo contiene nueve acusaciones que no corresponden con la realidad, de los que se destacan las siguientes: que Pedro Juan Moreno Villa fue uno de los creadores de las Convivir, cuando fueron creadas por medio de la Ley 61 de 1993 y reglamentadas por el Decreto 365 de 1994; que Pedro Juan Moreno Villa aparece entre los empresarios investigados por tr�fico de precursores qu�micos, cuando �ste nunca ha sido investigado por tr�fico de precursores qu�micos, incluso no figura como comerciante, ni es importador de productos qu�micos; que GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., era propiedad de PEDRO JUAN MORENO VILLA, cuando �ste s�lo pose�a como porcentaje de participaci�n accionar�a un 8% de la compa��a. Que los efectos period�sticos del art�culo �Rajados en Qu�mica� fue devastador en relaci�n con el buen nombre social y empresarial de Pedro Juan Moreno Villa, pues gran cantidad de periodistas, agencias period�sticas, ONGS, organizaciones pol�ticas a nivel nacional e internacional, a trav�s de INTERNET le otorgaron despliegue mundial al art�culo en menci�n. Que las demandantes presentaron el 17 de junio de 1999 en la ciudad de Medell�n ante los Fiscales Locales Delegados ante los Jueces Penales Municipales una querella por los presuntos delitos de injuria y calumnia en contra del equipo period�stico de la Revista Cambio en especial las personas que elaboraron, publicaron e hicieron circular la Edici�n No. 310 donde se consign� el art�culo �Rajados en Qu�mica�, la que correspondi� inicialmente a la Unidad Local Quinta de Patrimonio Econ�mico en dicha ciudad, la que por orden de la Direcci�n Nacional de Fiscal�as fue trasladada a la Direcci�n Seccional de Fiscal�as de Bogot�.
Que el anterior traslado gener� cuantiosos perjuicios a Pedro Juan Moreno y a la empresa GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., pues debieron realizar continuos desplazamientos a Bogot� para atender la querella penal, as� como la apoderada de la parte civil dentro del proceso penal para atender jur�dicamente el tr�mite del proceso. Que la acci�n penal igualmente gener� perjuicios a los demandantes que debieron cancelar honorarios a sus apoderados por las actuaciones realizadas dentro de dicho proceso.
Que la Fiscal 58 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Unidad de Delitos contra la Integridad Moral y otros, en Bogot�, mediante Resoluci�n Inhibitoria califica el m�rito del sumario, liberando a MAURICIO VARGAS LINARES, EDGAR ENRIQUE TELLEZ MORA y NELSON FREDDY PADILLA CASTRO de cualquier responsabilidad penal por los hechos punibles de injuria y calumnia, decisi�n que fue apelada ante el Fiscal Delegado ante el Tribunal de Bogot�, donde actualmente permanece el expediente a la espera de una decisi�n del superior.
Que el 20 de enero de 2000 la Direcci�n Nacional de Estupefacientes le devolvi� a la empresa demandante los certificados de carencia de informes por tr�fico de estupefacientes, pero el efecto principal de la publicaci�n fue el retiro discreto de los clientes tradicionales a nivel nacional, al suspender no s�lo la compra de precursores qu�micos, sino tambi�n de otros productos que la empresa distribuye y vende.
Que igualmente como efecto de la publicaci�n se le dificult� a la empresa el acceso al mercado internacional de compradores, por lo que los socios de la empresa decidieron no vender m�s productos qu�micos controlados, y que en el transcurso de la implementaci�n de la nueva pol�tica empresarial (mayo 1999 a diciembre de 2001), dej� de percibir por la no venta de precursores qu�micos entre febrero de 2000 y junio de 2003 la suma de $23.380.452.400. 3.
La demanda se admiti� por auto de 25 de noviembre de 2003 (fl 78), el cual se notific� personalmente al representante legal de la demandada, quien a trav�s de apoderado general formul� las excepciones de fondo que denomin�: cosa juzgada, prescripci�n de la acci�n civil, y las dem�s que se prueben en el proceso. 4. Agotado el procedimiento de rigor la primera instancia culmin� con sentencia que resolvi� declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, declarar civilmente responsable a la entidad demandada por los da�os morales ocasionados a Pedro Juan Moreno Villa, en consecuencia conden� a la empresa demandada a pagar a �ste �ltimo la suma de $50�000.000 a t�tulo de resarcimiento por da�os morales, neg� las pretensiones respecto de los perjuicios materiales de los demandantes y conden� en costas a la parte demandada. 5.
Inconforme con lo as� decidido las partes interpusieron recurso de apelaci�n. La demandante aleg� que la condena de $50�000.000 por concepto de los perjuicios morales resulta exigua teniendo en cuenta las calidades personales de Pedro Juan Moreno Villa, as� mismo que est� plenamente demostrado el da�o material sufrido por la sociedad G.M.P. Productos Qu�micos S.A., y Pedro Juan Moreno motivo por el cual debe ser reconocido.
Por su parte la demandada solicit� que se nieguen las pretensiones, ya que se debe reconocer la excepci�n de cosa juzgada, por ser la fuente de responsabilidad el delito y si �ste no fue reconocido por la justicia penal, la jurisdicci�n civil no puede ir en contrav�a de dicha decisi�n, adem�s err� en el desconocimiento de la excepci�n de prescripci�n. CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran acreditados en el presente proceso y adem�s no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuaci�n surtida ni impedimento alguno para proferir la decisi�n de fondo que en derecho corresponda.
Las pretensiones se encaminan a que se declare civilmente responsable a la sociedad demandada ABRENUNCIO S.A., como propietaria de la REVISTA CAMBIO, de los perjuicios morales y materiales ocasionados a PEDRO JUAN MORENO VILLA y los perjuicios materiales y el da�o de imagen a GMP PRODUCTOS S.A, por la �CULPA, NEGLIGENCIA Y MALA FE, entendida como la FALTA de CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL PERIOD�STICA necesaria, en el ejercicio informativo� por la publicaci�n y divulgaci�n del art�culo �RAJADOS EN QU�MICA�, que circul� en la Edici�n No. 310 de mayo 24-31 de 1999, p�ginas 36 a 38.
El art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica �� garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informaci�n veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicaci�n. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad.
No habr� censura�. Por ende, el derecho a informar y recibir informaci�n, es considerado como un derecho de doble v�a por contemplar el derecho de quien difunde la informaci�n y el derecho de quien la recibe y es destinatario de la misma; derecho en todo caso supeditado al hecho de que la informaci�n sea �veraz e imparcial�, pues como todos los derechos y libertades, el derecho a la informaci�n no puede ser ilimitado o absoluto, en virtud que cada derecho y cada libertad termina donde empieza el derecho o libertad ajena, lo cual explica las exigencias de veracidad e imparcialidad que debe cumplir la informaci�n, y estas condiciones no son m�s que un l�mite al ejercicio del derecho a informar, con el fin de garantizar al receptor formarse su propia opini�n en relaci�n con la informaci�n divulgada.
La Ley 16 de 1972 aprobatoria de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jos� de Costa Rica en su art�culo 13 establece: �Libertad de pensamiento y de expresi�n. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi�n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n. 2.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, o b) La protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas� (negrilla fuera de texto).
A su turno el art�culo 55 de la Ley 29 de 1944 reza que �Independientemente de la responsabilidad penal a que se refieren los art�culos anteriores, todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otro estar� obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri� en culpa� y el art�culo 56 determina que �La acci�n de reparaci�n a que se refiere el art�culo anterior puede intentarse independientemente de la acci�n penal, si la hubiere, y de acuerdo con el procedimiento ordinario del C�digo Judicial�.
Por manera que, nuestro derecho positivo consagra la responsabilidad de car�cter civil extracontractual cuando los medios de comunicaci�n divulgan informaciones falsas o tendenciosas sin fundamento, que precisamente por no ser veraces causan da�o a una persona determinada. Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que: �De ello se desprende entonces, que la responsabilidad civil extracontractual por los da�os ocasionados en ejercicio de la actividad period�stica por la divulgaci�n informativa, sobre hechos o conductas, que conlleve para una persona determinada o determinable imputaciones falsas o inexactas (delictuosas), solamente puede estructurarse cuando, de acuerdo con las circunstancias especiales de la actividad y los hechos relevantes de la misma, pueda atribuirse a culpa profesional del agente.
Lo anterior, implica, en primer lugar, la presencia de intenci�n de perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona determinada o determinable con la informaci�n falsa o inexacta que a sabiendas se divulga; o bien de simple culpa, entendida �sta como la falta de diligencia profesional period�stica necesaria en el comportamiento y ejercicio informativo para asegurar o, por lo menos, procurar que la informaci�n que se divulga, adem�s de ser veraz e imparcial, tambi�n respete los derechos de los dem�s y el orden p�blico general, a menos que en este �ltimo caso la conducta de la entidad period�stica se explique con la razonada, oportuna y eficaz correcci�n o clarificaci�n del error cometido.
En segundo lugar, tambi�n se requiere la existencia de un da�o, que puede ser, de un lado, moral cuando se trata de un deterioro en el patrimonio moral que afecte la honra, la reputaci�n o lesione alguno de los dem�s derechos inherentes a la personalidad; o bien material, cuando se refiere a una disminuci�n en los derechos que conforman el patrimonio econ�mico existente o que pod�a adquirirse mediante la realizaci�n de una labor o trabajo, o por medio de la explotaci�n econ�mica pertinente.
Con todo, en uno y otro caso debe tratarse de perjuicios actuales o futuros, pero ciertos e il�citos. Ahora, en la demostraci�n de una u otra especie de da�o, es preciso tener en cuenta la clase de perjuicio cuyo resarcimiento se solicita, porque trat�ndose de da�o moral se hace necesario considerar todas las afecciones a los derechos de la personalidad, es decir, debe tenerse presente que su deterioro provenga de la informaci�n carente de veracidad o imparcialidad.
Sin embargo, para la comprobaci�n de este da�o moral tambi�n debe tenerse en cuenta que �ste puede encontrarse en el contenido de la publicaci�n, cuando constituye un agravio a los se�alados derechos de una persona determinada, que, por su radio de acci�n, ha tenido repercusi�n social negativa en su buen nombre u honra. Pero trat�ndose del da�o material, se requerir� su comprobaci�n conforme a las reglas generales.
Y en �ltimo t�rmino, dicha responsabilidad tambi�n exige que haya una relaci�n de causalidad entre la divulgaci�n falsa o parcial hecha intencional o culposamente y los da�os mencionados, de tal manera que �stos sean directamente atribuidos a aquella, teniendo en cuenta, entre otros, la finalidad o el contenido de la informaci�n y la especie de da�o, si moral o material, cuya indemnizaci�n se reclama. 2.3.- Luego, como quiera que toda noticia o informaci�n que incrimine a una persona o colectividad determinada o determinable, puede ser fuente de da�os, se impone entonces para los medios de comunicaci�n social el deber profesional de extremar la diligencia y cuidado especiales que, adem�s de obedecer al ejercicio responsable de la libertad de informaci�n, tambi�n evite preventivamente el eventual da�o a tales personas.
Esta diligencia se alcanza, entre otras, cuando se act�a prudentemente en el manejo de la fuente directa u oficial pertinente, como cuando a la noticia o informaci�n incriminatoria determinada, le ha precedido el esfuerzo period�stico profesional necesario y la verificaci�n razonable indispensable para la confirmaci�n de su veracidad y exactitud; e igualmente cuando se funda en datos que en el mismo sentido suministre o haya suministrado la autoridad competente, basada en decisiones o actuaciones judiciales no sometidas a reserva legal.
En tanto que se incurre en responsabilidad civil por los da�os morales y materiales ocasionados a la persona, entre otros, cuando dicha divulgaci�n no guarda correspondencia con la referida fuente, o se produce a sabiendas de su falsedad o confiando imprudentemente en su exactitud, o bien se trata de una inexcusable interpretaci�n distorsionada de la mencionada fuente.� (G. J. N�mero 2497, p�gina 501, sentencia No. 015 de 24 de mayo de 1999).
Y en providencia posterior precis� que: �2. (..) el art�culo 55 de la ley 29 de 1944, aun vigente, seg�n el cual, �independientemente de la responsabilidad penal ( ), todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otro, estar� obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri� en culpa�; precepto que sin duda alguna, impone el cumplimiento de un deber profesional a cargo de los medios de comunicaci�n social que se traduce en que han de obrar con diligencia, cuidado y prudencia a fin de no inferir da�o a otro en ejercicio de su actividad, deber que en innumerables casos resulta quebrantado ante el notable af�n de dar una primicia, sea por el prurito de superar la competencia con los dem�s medios o simplemente de ganar una mayor audiencia. 3.
De all� que la Corte, en el texto arriba trascrito, haya delineado en t�rminos generales y en algunos aspectos espec�ficos el comportamiento que deben asumir los medios de comunicaci�n social con miras a obrar de modo responsable y que, en esa medida, haya procurado porque ellos act�en de manera prudente en el manejo de la fuente directa u oficial, particularmente cuid�ndose de conservar una fiel correspondencia entre lo que ella les dice o comunica y la versi�n que finalmente se divulga.
En verdad si bien es cierto que no puede exigirse en todos los casos la demostraci�n ver�dica e indefectiblemente fiel de que la noticia corresponde con la informaci�n recibida de la fuente oficial, no lo es menos que debe obrarse con prudencia y previa valoraci�n de aqu�lla a fin de evitar que se cause un da�o al divulgarla. En ese sentido, se exige la realizaci�n de un esfuerzo period�stico si no plenamente exacto, s� suficiente para verificar la veracidad y exactitud de la noticia, de modo tal que trat�ndose de un hecho que implique una imputaci�n en el orden penal o criminal en lo posible se anteponga, cuando sea del caso, la presunci�n de inocencia de las personas que se relacionan en la informaci�n o el real estado de la actuaci�n judicial, a fin de evitar que se caiga en el abuso de calificar, sin bases ciertas la conducta de los implicados, o en el de condenarlos con anticipaci�n a las definiciones judiciales previas o definitivas que cada caso requiera.
Naturalmente que si la informaci�n proviene de una fuente oficial, la misma debe ser objeto de un an�lisis cr�tico ponderado que impida causar da�o a los afectados con ella; ciertamente que cuando denota el incumplimiento del deber profesional de informar, ya por la falta de tal an�lisis o ya porque se conf�a imprudentemente en su exactitud, o ya porque se transmite de modo imprudente, o sea sin precaver las consecuencias que de la misma se pueden deducir contra las personas a que se refiere la noticia, adviene la responsabilidad civil consiguiente� (S-226 de 13 de diciembre de 2002).
En el caso que se analiza la responsabilidad se hace derivar de acusaciones e informaciones que afirma el extremo demandante, no corresponden con la realidad, y que concreta de la siguiente manera: a) Que Pedro Juan Moreno Villa, es uno de los creadores de las Convivir. b) Que Pedro Juan Moreno Villa �aparece entre los empresarios investigados por tr�fico de precursores qu�micos�. c) Que GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., era de �propiedad de PEDRO JUAN MORENO VILLA�. d) Que el grupo de trabajo (Polic�a y DEA) concluy� que �durante su trayectoria comercial la empresa present� algunas novedades, las cuales fueron probadas por el Grupo Control Insumos Qu�micos de la Polic�a Antinarc�ticos, as�: venta de precursores qu�micos a diferentes personas cuyo destino final era la misma direcci�n y la cual no ten�a autorizaci�n�. e) Que �seg�n los documentos conocidos por Cambio, uno de los casos que m�s alert� a las autoridades fue el de la empresa G.M.P. Productos Qu�micos S.A., propiedad de Pedro Juan Moreno Villa, ex secretario de Gobierno de Antioquia y asesor del ex gobernador de ese departamento, �lvaro Uribe V�lez�. f) Que el grupo de trabajo (Polic�a y DEA) concluy� que GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., hab�a importado �permanganato de potasio sobrepasando la cantidad autorizada�. g) Que �Seg�n estableci� CAMBIO con fuentes de la DEA, el l�o de Moreno Villa tom� mayor dimensi�n porque este organismo decomis� en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos) a finales de 1997, 50 toneladas de permanganato de potasio que G.M.P., hab�a importado desde Asia y cuyo destino era Colombia.
Por esta raz�n fue abierta una investigaci�n por presunto tr�fico de qu�micos�. h) Que �Estas medidas no significan necesariamente que las empresas sancionadas tengan qu� ver con el narcotr�fico, pero si quedan en calidad de sospechosas. No pueden seguir manejando insumos y sus casos quedaron a disposici�n de la Fiscal�a General de la Naci�n para que decida si hay m�rito para investigarlas penalmente�.
Determinadas as� por el extremo demandante las conductas constitutivas de la responsabilidad civil extracontractual objeto de este litigio, se impone establecer si a ra�z del art�culo de la revista CAMBIO, lo all� expresado acompasa con las nociones de veracidad o imparcialidad, o si por el contrario se falt� a la debida diligencia profesional period�stica indispensable en el manejo responsable de la informaci�n. a) Que Pedro Juan Moreno Villa haya sido uno de los creadores de las Convivir, objetivamente no corresponde con la realidad de la informaci�n difundida, por la sencilla raz�n que las llamadas CONVIVIR tuvieron su g�nesis en el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, que cre� los �Servicios especiales de vigilancia y seguridad privada� (arts. 39 y s.s.), y posteriormente el 27 de abril de 1995 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, expidi� una resoluci�n que estableci� que los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se denominar�an "CONVIVIR".
Entonces, si su creaci�n se origin� en normas jur�dicas de alcance nacional de las que se presume su conocimiento por todos los ciudadanos, no resulta aceptable que se subtitule de la manera que aparece consignada en el art�culo, porque ello a no dudarlo constituye una franca distorsi�n de la realidad que no respet� las nociones de veracidad e imparcialidad, y que sin lugar a dudas lesionaron la dignidad, la honra y el buen nombre del actor. b) Que Pedro Juan Moreno Villa aparezca entre los empresarios investigados por tr�fico de precursores qu�micos, tampoco corresponde a la verdad, dado que la certificaci�n expedida por la Fiscal�a General de la Naci�n el 5 de marzo de 2003, da cuenta que a la fecha de la consulta no existe �registro alguno en su contra� (fl. 8 C4); la Polic�a Nacional certific� que �revisados los registros de la Direcciones de Antinarc�ticos, Judicial e Inteligencia, no se encontr� antecedentes de investigaciones de car�cter penal y/o administrativo en contra de la persona PEDRO JUAN MORENO VILLA� (fl. 13 C4); el Coordinador Grupo de Polic�a Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad certific� que ninguna de las �reas adscritas a esa coordinaci�n �ha adelantado, ni se encuentra adelantando investigaci�n de car�cter penal en su contra, por tr�fico de precursores qu�micos� (fl. 11 C4). c) Que GMP PRODUCTOS QU�MICOS S.A., sea de �propiedad de PEDRO JUAN MORENO VILLA� corresponde a una informaci�n distorsionada, dado que en la Escritura P�blica No. 2.868 otorgada en la Notar�a Veinte del C�rculo de Medell�n (fls. 21 vto C. 4), solo figura que el actor era propietario del 8% de las acciones de la sociedad. d) Que el grupo de trabajo (Polic�a y DEA) haya se�alado que �durante su trayectoria comercial la empresa present� algunas novedades, las cuales fueron probadas por el Grupo Control Insumos Qu�micos de la Polic�a Antinarc�ticos, as�: venta de precursores qu�micos a diferentes personas cuyo destino final era la misma direcci�n y la cual no ten�a autorizaci�n�, teniendo como fuente el �INFORME DE JUDICIALIZACI�N EMPRESA G.M.P. PRODUCTOS QU�MICOS S.A. SUCURSAL BOGOTA�, de julio de 1988, realizado por la Direcci�n Nacional Antinarc�ticos, �rea de Interdicci�n, Grupo Control de Precursores (fls. 138 y s.s. C8), ri�e con la realidad, pues para la data en que se realiz� la publicaci�n, 24 de mayo de 1999, la Fiscal�a General de la Naci�n hab�a proferido resoluci�n inhibitoria a favor de G.M.P. PRODUCTOS QU�MICOS S.A., por presunta violaci�n a la Ley 30 de de 1986 al estimar que �sta no tiene �la obligaci�n legal de hacerle seguimiento a sus compradores para indagar el destino final de sus productos, de �sta manera es temeraria la acusaci�n que le hace la Polic�a Antinarc�ticos al tratar de imponerle una obligaci�n trasladando responsabilidades sin ning�n fundamento de tipo legal� (noviembre 9 de 1998, fl. 276 C. 8) e) Que �seg�n los documentos conocidos por Cambio, uno de los casos que m�s alert� a las autoridades fue el de la empresa G.M.P. Productos Qu�micos S.A., propiedad de Pedro Juan Moreno Villa, ex secretario de Gobierno de Antioquia y asesor del ex gobernador de ese departamento, �lvaro Uribe V�lez�, es inexacta en cuanto reitera que Pedro Juan Moreno es el propietario de dicha empresa.
En el anterior estado de cosas, es preciso concluir que dentro del art�culo �Rajados en Qu�mica�, de la revista CAMBIO, no hubo un ejercicio responsable de la libertad de prensa que exige que la informaci�n publicada sea veraz e imparcial, baste reiterar que ya en el subt�tulo: �Pedro Juan Moreno Villa, uno de los creadores de las Convivir, aparece entre los empresarios investigados por tr�fico de precursores qu�micos�, se contienen dos hechos contrarios a la verdad como atr�s se dej� se�alado, puesto que de un lado la creaci�n de las CONVIVIR lo fue por un decreto del gobierno nacional, y del otro, MORENO VILLA seg�n la prueba documental obrante en autos no estaba siendo investigado por tr�fico de precursores qu�micos.
Es m�s, en el recuadro �ste en su explicaci�n �asegur� a CAMBIO que los cargos que se hacen en Colombia y en los Estados Unidos son �totalmente falsos��, agregando m�s adelante que �Nuestra inocencia aqu� ya qued� demostrada porque la Fiscal�a dict� un auto inhibitorio y la Polic�a y Estupefacientes no quieren acatar esa medida�, hecho que por su relevancia, y por sobre todo ante la inequ�voca y contundente r�plica del demandado, que resultaba de f�cil comprobaci�n ante la Fiscal�a, cuesti�n que se omiti� y que de contera evidencia la falta de rigor y de diligencia que condujo a la difusi�n inexacta de la informaci�n brindada a los lectores del referido medio.
De consiguiente, como ni la constituci�n ni la ley otorgan carta blanca a los medios de informaci�n para mancillar injustificadamente el buen nombre y honra de las personas, y ac� la revista CAMBIO incurri� en las inexactitudes puestas de presente, es evidente que quebrant� los principios de veracidad e imparcialidad, dado que unos apartes de lo publicado difieren notoriamente de los hechos ver�dicos que bien pudo constatar con un poco de diligencia; y ese obrar descuidado y negligente en la b�squeda de la verdad, la llev� a suministrar equivocadamente la informaci�n publicada, que no result� veraz ni imparcial, y en esas precisas circunstancias no siendo el derecho a la informaci�n ilimitado o absoluto, es preciso concluir sin necesidad de mayores esfuerzos, que al difundir la informaci�n en los t�rminos que literalmente trae el art�culo se descalific� a MORENO VILLA, se indujo a los receptores a equ�vocos y confusiones por la inexactitud de la informaci�n, al presentar hechos asumi�ndolos como reales, cuando la veracidad de ellos era bien distinta, conducta que indudablemente lesionaron el patrimonio moral del actor que afect� la honra y su buen nombre, por el descuido y negligencia profesional ac� establecidos.
Por otra parte, la responsabilidad civil extracontractual en ejercicio de la actividad period�stica precisa de la existencia de un da�o, reclam�ndose aqu� tanto el extrapatrimonial como el patrimonial, afirmando que se ocasion� un da�o moral ya que se le �afectaron y pisotearon de manera culposa e injusta el buen nombre, la dignidad personal, la proyecci�n pol�tica y la limpia trayectoria empresarial de PEDRO JUAN MORENO VILLA�; en tanto que el da�o patrimonial se hizo consistir en �el alto costo que ha tenido que sufragar para atender de manera responsable e integral la asesor�a que en materia penal y civil tuvo que emprender en contra del EQUIPO PERIOD�STICO DE LA REVISTA CAMBIO, en defensa de su honor y buen nombre�.
Frente a la sociedad GMP QU�MICOS los perjuicios sufridos se dividieron en lucro cesante consistente por la p�rdida en las ventas de precursores qu�micos; y el da�o emergente que se hizo consistir en los gastos sufragados con ocasi�n del proceso penal y el da�o a la imagen comercial. El da�o moral aqu� demandado deriva como qued� visto del hecho que Pedro Juan Moreno Villa, se vio afectado con ocasi�n de la trasgresi�n de sus HYPERLINK "http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml" derechos HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml" personal�simos a trav�s de un agravio al buen nombre, a su HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml" dignidad personal, honorabilidad, proyecci�n pol�tica, y debe ser tasado en aras del ideal de justicia reparatoria y atendiendo a las circunstancias que rodearon el hecho culposo, bajo el sendero del arbitrium iudicis que es el modo como lo tiene aceptado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dado que no existe otro m�todo que pueda cumplir de mejor manera tal prop�sito, por ocurrir dentro de un �mbito eminentemente subjetivo.
Debe s� anotarse, que el prudente arbitrio judicial debe ser un criterio que de lugar a una decisi�n de equidad, y la suma fijada por el a-quo para la reparaci�n por da�os extrapatrimoniales a favor de Pedro Juan Moreno Villa, resulta justificada en virtud de las condiciones sociales y pol�ticas del demandante, pues las inexactitudes de la informaci�n de la Revista Cambio, partiendo de los antecedentes de hecho que suministra el plenario, indudablemente lesionaron su buen nombre y su dignidad, dado que la prueba testimonial recaudada pone de presente que se trataba de una persona honorable y reconocida en Antioquia como empresario, as� como por los cargos p�blicos que hab�a ocupado.
Respecto del da�o patrimonial aducido por el actor, que se concreta en los gastos en tiquetes a�reos por continuos desplazamientos de Medell�n a Bogot�, alojamiento, alimentaci�n y pago de honorarios, para atender los procesos penal y civil en defensa de su honor y buen nombre, si bien en el expediente existen elementos probatorios de gastos por esos conceptos, no hay prueba concluyente que muestren efectivamente que ellos lo fueron de manera exclusiva y excluyente por raz�n de la invocada defensa.
GMP QU�MICOS S.A., reclama perjuicios por lucro cesante en la suma $396.255.184.44, como p�rdida de la empresa por la no venta de precursores qu�micos durante los a�os 2000 y 2001. Del dictamen pericial rendido (C. 9) se observa que los auxiliares de la justicia concluyeron que �las ventas disminuyeron en 1998 con relaci�n a 1997, y el crecimiento de 1999 con relaci�n a 1998 en �stas fue de tan solo un 5.3%, debido a la suspensi�n temporal del permiso de la Direcci�n Nacional de Estupefacientes para vender productos controlados� (fl. 19 C. 9); empero no hay medio demostrativo del que se pueda deducir certeramente que esa disminuci�n aconteci� como efecto obligado de la publicaci�n del referido art�culo en la revista CAMBIO que le produjo da�o a la imagen comercial, puesto que no debe perderse de vistoa, que existi� la suspensi�n temporal del permiso de la Direcci�n Nacional de Estupefacientes, para vender productos controlados, lo que necesariamente alter� las ventas regulares y normales, y en esas condiciones la pretensi�n indemnizatoria de G.M.P. Productos Qu�micos, no puede abrirse camino dado que no se acredit� bajo la situaci�n anotada un perjuicio cierto y directo.
La sociedad demandada al sustentar su apelaci�n solicita se reconozcan las excepciones de cosa juzgada y de prescripci�n de la acci�n civil. En cuanto a la primera alega que cuando la Fiscal�a precluy� con base en la atipicidad de la conducta �ninguna otra autoridad de ninguna otra jurisdicci�n y bajo ning�n pretexto puede analizar el punto, mucho menos para revalorar la prueba y que si hubo conducta punible generadora de perjuicios, o que la conducta de los periodistas si fue negligente o dolosa�, que fue lo que hizo �la sentencia impugnada cuando no reconoce la excepci�n de cosa juzgada�, agregando que �si la autoridad judicial dijo con fuerza de cosa juzgada que no hab�a delito, no surge la obligaci�n indemnizatoria en esa fuente de obligaciones y el juez civil no puede, para revivir la posibilidad de indemnizar, revivir una fuente de obligaciones que ya hab�a sido descartada mediante providencia con fuerza juzgada�.
La excepci�n de cosa juzgada persigue como principal objetivo, el que las providencias judiciales mantengan en forma definitiva el car�cter de inmutables, impidiendo, en consecuencia, que la cuesti�n principal que ya se ha debatido en un proceso, pueda volver a ser objeto de controversia posteriormente. Los elementos que estructuran la cosa juzgada se clasifican en subjetivos y objetivos.
Al primer grupo corresponde la identidad de las partes, que debe darse entre quienes fueron contendores en el primer proceso y las que intervienen en el que se hace valer la cosa juzgada, entendi�ndose este concepto, no como la identidad de las personas, sino de partes jur�dicas, que entonces comprende a los causahabientes de aquellas a t�tulo universal o singular.
En el segundo grupo se encuentran las identidades de objeto y causa, las cuales hacen relaci�n, en su orden, a que se controvierta en el nuevo proceso las mismas pretensiones con iguales fundamentos de hecho a los que fueron debatidos en el proceso anterior. Dicho de otra manera, la instituci�n de la cosa juzgada requiere para su configuraci�n dentro del �mbito del procedimiento civil de la concurrencia de una triple identidad de factores que son: objeto pretensional, causa para pedir, y partes; por ende, la sentencia ejecutoriada en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes.
Por otra parte, el art�culo 8� de la Ley 81 de 1993, vigente para la �poca en que ocurri� la publicaci�n del art�culo �Rajados en qu�mica� en la revista CAMBIO, similar al art�culo 57 de la Ley 600 del a�o 2000, establece que la acci�n civil no podr� �iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realiz� o que el sindicado no lo cometi� o que obr� en estricto cumplimiento de un deber legal o en leg�tima defensa�.
Por virtud de dicha disposici�n algunas decisiones penales tienen efecto de cosa juzgada sobre acciones civiles originadas en hechos punibles, todo en aras del principio de la unidad de jurisdicci�n, as� como para garantizar una relativa coherencia del sistema jur�dico. Empero, los efectos de la cosa juzgada penal �nicamente tienen lugar en los casos expresamente se�alados por el C�digo de Procedimiento Penal, sin que ninguna otra causa pueda ser invocada para los se�alados efectos, pues por tratarse de una norma de excepci�n, su hermene�tica necesariamente debe guiarse por un criterio de car�cter estricto y restrictivo, sin que en ella quepan m�s hip�tesis de las que expresamente contempla.
Por tanto, si la taxatividad de la norma en comento impide per se, que la acci�n civil pueda �iniciarse�, o que estando en curso pueda �proseguirse�, ello se traduce en que los motivos previstos all� no son sino lo que las propia disposici�n menciona con n�tida precisi�n, sin que aparte de ellos pueda existir ning�n otro, pues la naturaleza del efecto que surge de ella, en el sentido de extinguir la acci�n civil a consecuencia del pronunciamiento penal, no es de com�n ocurrencia en nuestro derecho positivo.
De acuerdo con lo anterior, la cosa juzgada penal por su propia naturaleza, no puede ser vista bajo la �rbita de la triple identidad que reclama el estatuto procesal civil, sino bajo los eventos expresamente se�alados en el C�digo de Procedimiento Penal, vale decir, que ��el hecho causante del perjuicio no se realiz� o que el sindicado no lo cometi� o que obr� en estricto cumplimiento de un deber legal o en leg�tima defensa�, casos en los cuales el prove�do ejecutoriado produce como consecuencia la extinci�n de la fuente generadora de los perjuicios generados por el il�cito. �En ese sentido, la Corte ha expuesto que al ser de distinta naturaleza la acci�n p�blica y la privada, �no es posible la concurrencia de aquella triple identidad en una y otra.
La autoridad de la cosa juzgada en lo penal dentro del proceso civil descansa en el principio de orden p�blico que lleva al juez a actuar en funci�n de la tutela que dispensa el derecho penal, y que en principio no puede abandonarse a la actuaci�n de los particulares. Por este motivo, las situaciones de la vida humana que son materia del proceso penal tienen por objeto el delito, como ofensa p�blica cuyo castigo interesa a toda la comunidad, distintamente a lo que sucede con el juicio civil donde el juez act�a en guarda de un simple inter�s particular� (S-091 de 2003).
En el caso que se examina, mediante decisi�n de 26 de febrero de 2003, de la Fiscal�a General de la Naci�n, Unidad de Delitos contra la Integridad Moral, Derecho de Autor y otros (fs. 210 a 232 c. 4), se profiri� �RESOLUCION DE PRECLUSION DE INVESTIGACION de conformidad con lo normado por el art�culo 399 del C.P.P. dentro de la investigaci�n que por los presuntos delitos de injuria y calumnia se adelanta contra el equipo period�stico de la Revista Cambio: MAURICIO VARGAS LINARES, ENGAR ENRIQUE TELLEZ MORA Y NELSON FREDDY PADILLA CASTRO de anotaciones conocidas, por ser los hechos at�picos del derecho penal y conforme a lo argumentado en la parte motiva�.
Y la motivaci�n cardinal que determin� la causal de atipicidad penal, se apoy� en esencia, en que por el hecho de considerar PEDRO JUAN MORENO VILLA que hubo negligencia en la informaci�n ��descarta el dolo y por tanto vuelve at�picas las conductas investigadas, ya que es de la esencia de las conductas denunciadas el que la forma de culpabilidad solo pueda predicarse como dolosa para que sea punible, nunca por culpa o error�.
Vistas as� las cosas, no es de recibo admitir los argumentos del recurrente al pretender con un criterio absoluto que �ninguna otra autoridad de ninguna otra jurisdicci�n y bajo ning�n pretexto puede analizar el punto, mucho menos para revalorar la prueba�, pues como se dej� sentado, no se pueden extender los efectos de la cosa juzgada penal a hip�tesis diferentes a las previstos en el art�culo 8� de la Ley 81 de 1993, dado que el supuesto f�ctico de la decisi�n penal acabado de rese�ar, no est� comprendido en ninguna de los eventos all� previstos, unos que apuntan a causas que extinguen la acci�n penal, como que el hecho causante del perjuicio no se haya realizado o que los sindicados no lo hubieren cometido, y otros que lo justifican, esto es, que se obr� en cumplimiento de un deber legal o en leg�tima defensa.
Luego, si la determinaci�n penal de �RESOLUCION DE PRECLUSION DE INVESTIGACION� se dio por ser �at�picas las conductas investigadas�, es claro que la excepci�n de cosa juzgada invocada no pod�a alcanzar prosperidad, puesto que tal decisi�n no tiene el efecto de enervar la acci�n civil, al no encuadrar en ninguno de los casos taxativamente se�alados, y sin que se pueda extender a otros no contemplados, dado que por ser norma de excepci�n su aplicaci�n es estricta y restrictiva.
En cuanto a la excepci�n de prescripci�n apoyada en lo previsto en el inciso 2� del art�culo 2358 del C�digo Civil, que reza: �Las acciones para la reparaci�n del da�o que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este cap�tulo, prescriben en tres a�os contados desde la perpetraci�n del acto�, de entrada se advierte su fracaso, por la elemental raz�n que a la sociedad demandada, editora de la Revista Cambio, no se le demand� como tercero responsable para que le fuera aplicable este tipo de prescripci�n de corto tiempo, la cual no ser aplicada indistintamente a la responsabilidad directa, que es la ejercitada en este litigio.
Sobre el particular, se tiene dicho que: �(�) mientras que los terceros responsables, como su nombre lo indica, lo son por el hecho de otro, en la responsabilidad directa se responde por el hecho propio, el cual, como es apenas natural, tiene una �ptica diferente en trat�ndose de personas naturales y de personas jur�dicas: En aquella la expresi�n f�ctica y la connotaci�n jur�dica del hecho objeto de enjuiciamiento no presenta ninguna dicotom�a. En �stas, en cambio, y como quiera que no pueden actuar m�s que por medio de personas naturales, ambas manifestaciones son atribuibles a sujetos diferentes.
Pero tal disgregaci�n no autoriza en modo alguno, a aseverar que la de las personas jur�dicas es una responsabilidad de tercero. Este es un punto que desde hace ya un tiempo considerable se encuentra no s�lo decidido sino decantado en la jurisprudencia. As�, en reciente ocasi�n, dijo la Sala: " En este orden de ideas, a modo de necesaria s�ntesis y de conformidad con lo dicho en el p�rrafo que antecede, el r�gimen de responsabilidad civil por culpa extracontractual al que las leyes comunes someten a las personas jur�dicas privadas, se distingue por un conjunto de reglas generales de entre las cuales importa destacar las de mayor significaci�n, a saber: "a) En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario directo o subalterno auxiliar, compromete de manera inmediata y directa a la persona jur�dica cuyos intereses sirve, desde luego en cuanto de la conducta por el primero observada pueda aseverarse que hace parte del servicio org�nico de la segunda.
En consecuencia, cuando un individuo -persona natural- incurre en un il�cito culposo, actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasi�n de ellas, queriendo as� por el ente colectivo, no se trata entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su patr�n, sino de una aut�ntica culpa propia imputable como tal a la persona jur�dica, noci�n �sta que campea en el panorama nacional (C.J. Tomo CXXXII, p�g. 214) y que no permite elaborar artificiosos distingos (�)�, agregando m�s adelante que �en estrecha armon�a con las proposiciones que anteceden, ha de entenderse que ante situaciones ordinarias como las que vienen describi�ndose, la acci�n resarcitoria contra las personas morales que por definici�n no pueden responder criminalmente, prescribe seg�n el derecho com�n en veinte a�os, lo que equivale a decir, visto el asunto con el perfil que ofrece el art�culo 2358 del C�digo Civil, que la prescripci�n de corto plazo por esa disposici�n establecida en beneficio de '..: terceros responsables ', no cuenta con ninguna posibilidad de aplicaci�n leg�tima en circunstancias tales, toda vez que ella requiere como elemento insustituible ' la coexistencia en el hecho culposo que origina la obligaci�n de resarcir el perjuicio de un actor material y de otra persona obligada a responder por �l en virtud de ciertos v�nculos que la ley ha considerado en el T�tulo 34 del C�digo Civil ' (G.J. Tomo LXIV, P�g. 623), condici�n que al tenor de todo cuanto se ha dejado expuesto, dentro de aqu�l contexto no se cumple ".
(Sentencia de 20 de mayo de 1993)� (S-071 de 1994). Todo lo expuesto, lleva a confirmar la sentencia apelada por las razones aqu� se�aladas, sin que haya lugar a las costas ante la improsperidad de los recursos de apelaci�n. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot�.
SEGUNDO. Sin costas en las apelaciones. C�piese, notif�quese y c�mplase Los Magistrados, EDGAR CARLOS SANABRIA MELO Ref: 2003-00746 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Ref: 2003-00746 GERM�N VALENZUELA VALBUENA Ref: 2003-00746 Palabra Clave,�Vol 14 (2006) La responsabilidad period�stica, l�mite leg�timo al ejercicio profesional � Resumen La tensi�n entre el ejercicio de la libertad de informaci�n y el respeto de los derechos de quienes resultan afectados, produjo un resurgimiento del debate sobre la responsabilidad derivada de la actividad period�stica cumplida a trav�s de los medios de comunicaci�n. En el ordenamiento jur�dico colombiano, el trabajo period�stico es sujeto de responsabilidad penal, civil y administrativa.
El hecho de enfrentarse a este tipo de acciones legales implica claras desventajas procesales para el periodista, como lo muestran algunas condenas impuestas en los �ltimos a�os por parte de las corporaciones judiciales. Palabras clave: responsabilidad penal, injuria y calumnia, excepci�n de la verdad, responsabilidad civil, culpa, responsabilidad administrativa, da�o antijur�dico.The tension between the exercise of information freedom and the respect for the rights that result affected caused the reopening of the debate about liability derived from the journalistic activity performed through the mass media.
In the Colombian juridical ordering, the journalist�s work is subject to penal, civil and administrative liabilities. The fact of facing this type of legal actions implies clear procedural disadvantages for journalists, as shown by some sentences imposed in the few last years by judicial corporations. Key words: Penal responsibility, slanderous allegation and libel, exception of truth, civil liability, blame, administrative liability, antijuridical damage.� GERM�N SU�REZ CASTILLO Comunicador social y periodista egresado de la Universidad de La Sabana.
Abogado egresado de la Universidad Libre de Bogot�. Especialista en derechos humanos y en derecho constitucional. Trabaj� por espacio de varios a�os en medios de comunicaci�n escritos y posteriormente estuvo vinculado a la rama judicial. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Comunicaci�n Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana.
Correo electr�nico: germansc@unisabana.edu.co � La responsabilidad legal derivada de la actividad period�stica, cuando su despliegue causa da�o a los derechos de terceros involucrados en la informaci�n divulgada, constituye un l�mite leg�timo al ejercicio profesional garantizado como derecho fundamental en la Constituci�n colombiana de 1991.
La libertad de informaci�n propia de los reg�menes democr�ticos, donde opera como mecanismo de control de los poderes p�blicos, no tiene el car�cter de derecho absoluto sino que est� sometida al cumplimiento de deberes y a responsabilidades posteriores. El ejercicio de acciones judiciales ordinarias contra los medios de comunicaci�n por la responsabilidad que les corresponde frente al da�o producido a terceros, aunque es excepcional, demuestra que la b�squeda de reparaci�n tiende a equilibrar la balanza entre el ejercicio profesional y los derechos de los ciudadanos. � La tradicional responsabilidad penal A diferencia de lo que ocurre en otros pa�ses, la legislaci�n colombiana no contempla ninguna regulaci�n especial que describa los �delitos de prensa� en que podr�a incurrir el profesional de la informaci�n que ejerce su trabajo a trav�s de los medios de comunicaci�n. Ante la ausencia de r�gimen espec�fico, la conducta desplegada por el periodista, en aquellos casos en que afecte derechos fundamentales de terceros con ocasi�n de la actividad informativa, quedar� sometida a las normas previstas en el C�digo Penal.
El estatuto penal vigente en Colombia, siguiendo la tradici�n de las legislaciones precedentes implementadas en 1936 y 1980, contiene un t�tulo que tipifica los delitos contra la integridad moral, cuya descripci�n abarca esencialmente las figuras de la injuria y la calumnia. Entonces, la responsabilidad penal generada por el ejercicio period�stico puede traducirse en la comisi�n de los delitos de injuria o calumnia, seg�n se trate de la imputaci�n de hechos deshonrosos o de la imputaci�n de conductas t�picas falsas, respectivamente.
Aunque son delitos excarcelables, la pena prevista para la injuria es de uno a tres a�os de prisi�n y multa de diez a mil salarios m�nimos legales mensuales vigentes, mientras que para la calumnia es de uno a cuatro a�os de prisi�n y multa igual a la anterior HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "inf#inf" (1).
La posible comisi�n de tales delitos a trav�s de la utilizaci�n de cualquier medio de comunicaci�n social, como la prensa escrita, la radio y la televisi�n, constituye circunstancia agravante que permite el aumento de la pena de una sexta parte a la mitad. Recientemente, el Senado archiv� un proyecto de ley que pretend�a introducir en nuestra legislaci�n la injuria y calumnia calificadas para castigar con pena de prisi�n a periodistas, directores de medios de comunicaci�n y articulistas de prensa por los atentados contra la honra, el buen nombre o la familia de las personas HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "2inf#2inf" (2).
La condena judicial por delitos como la injuria o la calumnia, cuando alcanza su firmeza, constituye antecedente penal y este factor inhabilita al periodista para el ejercicio de ciertos cargos p�blicos y le genera un impedimento legal para intervenir en licitaciones para la operaci�n del servicio de televisi�n. Ante esta circunstancia, lo recomendable es que el periodista acuda a las diferentes alternativas que le brinda la legislaci�n penal para enfrentar el avance de las investigaciones que puedan iniciarse en su contra por parte de las autoridades judiciales.
La primera posibilidad establecida en nuestra regulaci�n penal consiste en la retractaci�n voluntaria de la informaci�n, o incluso su rectificaci�n, antes de que el afectado acuda ante la autoridad judicial a promover la querella por los delitos de injuria o calumnia. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "3inf#3inf" (3) Frente a la decisi�n que adopte el periodista en este sentido, el C�digo Penal dispuso en su art�culo 225 que la acci�n penal no podr� iniciarse cuando la retractaci�n o la rectificaci�n de su versi�n sean hechas p�blicamente antes que el afectado formule la respectiva denuncia en su contra.
El oportuno ejercicio de esta alternativa por parte del periodista evitar� que la investigaci�n sea abierta para el tratamiento judicial de los hechos que fueron objeto de retractaci�n o rectificaci�n, lo que no descarta la obligaci�n de poner la situaci�n en conocimiento del funcionario si el interesado decide posteriormente promover la actuaci�n. La segunda posibilidad prevista en el C�digo Penal tambi�n tiene como fundamento la retractaci�n voluntaria por parte del periodista y opera incluso hasta en aquellos eventos en que el proceso haya alcanzado la etapa de juzgamiento, pr�xima a la sentencia. Seg�n la norma, la responsabilidad penal no puede ser declarada por el juez cuando el periodista decida, por propia voluntad, la retractaci�n de su versi�n, o la rectificaci�n, antes de proferirse sentencia de primera o �nica instancia. Como este mecanismo es aplicable cuando el proceso est� en curso, lo procedente es que la retractaci�n sea puesta en conocimiento del funcionario judicial a trav�s de memorial acompa�ado del ejemplar certificado de la publicaci�n en la cual fue realizada la retractaci�n o de la copia de la transmisi�n audiovisual en que se difundi�.
Ante cualquiera de las opciones que escoja, la retractaci�n o la rectificaci�n de la informaci�n debe hacerse a costa del periodista, en el mismo medio de comunicaci�n y con las mismas caracter�sticas de la publicaci�n que afect� los derechos de terceros. � Enfrentarse a la verdad El C�digo Penal contempla como �ltima alternativa la invocaci�n de la llamada �excepci�n de la verdad�, que opera como eximente de responsabilidad penal, pero su aplicaci�n es claramente desfavorable para el periodista cuando enfrenta un proceso por injuria o calumnia en cualquiera de sus etapas.
Conocida como la exceptio veritatis, dicha figura consiste en la obligaci�n que tiene el profesional de la informaci�n de probar en el proceso, a trav�s de los medios legales, la veracidad de las imputaciones hechas en cumplimiento de su trabajo HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "4inf#4inf" (4).
Indudablemente, esta carga procesal resulta compleja frente a la especial naturaleza de la actividad informativa, dado que el concepto preciso de la verdad procesal por lo general no encuadra en el contorno amplio y difuso de la verdad period�stica HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "5inf#5inf" (5).
Dentro de las rutinas period�sticas existen hechos que aparecen ajustados al principio de veracidad exigido por el art�culo 20 de la Constituci�n como presupuesto del ejercicio de la libertad de informaci�n, pero que desde el punto de vista procesal y probatorio es pr�cticamente imposible su demostraci�n. Ante esta circunstancia, es recomendable que en desarrollo del proceso el periodista busque la aplicaci�n de un concepto de verdad ajustado a los c�nones de la actividad informativa, m�s que a los principios procesales y probatorios, pues de lo contrario habr� casos en los cuales nunca podr� acreditar la veracidad de los hechos.
Seg�n los par�metros sentados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la verdad puede ser entendida como la posibilidad de someter la informaci�n a un adecuado procedimiento de verificaci�n y contrastaci�n por parte del periodista, aunque en ocasiones la versi�n no guarde la precisa exactitud y registre algunos errores circunstanciales que no afecten la esencia de la informaci�n HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "6inf#6inf" (6).
Frente al requisito de la prueba de la verdad como eximente de responsabilidad en los delitos de injuria y calumnia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consider� recientemente que su aplicaci�n entra�a una limitaci�n excesiva a la libertad de expresi�n y constituye una restricci�n incompatible con el art�culo 13 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, ya que ��produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesi�n de periodista, lo que, a su vez, impide el debate p�blico sobre temas de inter�s de la sociedad� HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "7inf#7inf" (7). � El rescate de la responsabilidad civil En el campo del derecho civil, la responsabilidad derivada del ejercicio period�stico tiene una regulaci�n legal especial cuya aplicaci�n est� orientada a la reparaci�n de los posibles perjuicios causados con ocasi�n del trabajo desplegado a trav�s de los medios de comunicaci�n. El conocimiento sobre sus alcances es escaso entre el gremio period�stico debido a que su invocaci�n no es frecuente por parte de quienes resultan afectados por la labor informativa, pero lo incuestionable es que desde la expedici�n de la antigua Ley de Prensa, en 1944, opera en Colombia la responsabilidad civil period�stica.
La citada normal legal, en su art�culo 55, dispuso que �todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otro, estar� obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri� en culpa�. De tiempo atr�s, la vigencia de dicha norma viene siendo ampliamente cuestionada por diversos sectores de la doctrina jur�dica y period�stica, quienes consideran que no es aplicable a la realidad actual del ejercicio period�stico debido a que ya fue derogada HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "8inf#8inf" (8).
Sin embargo, esta posici�n no puede ser compartida porque en los �ltimos a�os la Ley de Prensa constituy� el soporte de dos condenas civiles impuestas por la Corte Suprema de Justicia contra el antiguo diario El Espectador, el desaparecido noticiero de televisi�n QAP y uno de sus periodistas por da�os causados a terceros a ra�z de la difusi�n de noticias de car�cter judicial.
En el primero de tales fallos HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "9inf#9inf" (9), la Corte Suprema rescat� la vigencia parcial de la norma en lo que corresponde a la responsabilidad civil prevista en el art�culo 55 de la Ley de Prensa, al punto que posteriormente �ste fue aplicado para resolver una tercera demanda contra la revista Credencial HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "10inf#10inf" (10), lo que descarta la pretendida derogatoria.
Seg�n el criterio adoptado por la corporaci�n judicial, el precepto que sustenta la responsabilidad civil period�stica claramente ��impone el cumplimiento de un deber profesional a cargo de los medios de comunicaci�n social que se traduce en que han de obrar con diligencia, cuidado y prudencia a fin de no inferir da�o a otros en ejercicio de su actividad��. � La desventaja procesal La invocaci�n de esta clase de responsabilidad por parte de terceros contra los periodistas y medios de comunicaci�n tambi�n resulta bastante problem�tica, ya que pr�cticamente coloca al autor de la publicaci�n en desventaja procesal respecto de las pretensiones del demandante.
Como lo ha reconocido la autorizada doctrina sobre el tema, la Ley de Prensa estableci� un r�gimen de responsabilidad civil basado en la presunci�n de culpa por parte del periodista, pues expresamente la disposici�n contempla la obligaci�n de indemnizar salvo que el demandado demuestre que no incurri� en ese error de conducta HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "11inf#11inf" (11).
En la sentencia condenatoria dictada contra El Espectador, la Corte Suprema se�al� que la culpa es ��la falta de diligencia profesional period�stica en el comportamiento y ejercicio informativo para asegurar o, por lo menos, procurar que la informaci�n que se divulga, adem�s de ser veraz e imparcial tambi�n respete los derechos de los dem�s y el orden p�blico en general, a menos que en este �ltimo caso la conducta de la entidad period�stica se explique con la razonada, oportuna y eficaz correcci�n o clarificaci�n del error�� HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "12inf#12inf" (12).
En criterio del profesor Jorge Santos Ballesteros (1984), dicha circunstancia procesal puede ser desvirtuada por el periodista �� acreditando su diligencia y cuidado o la prueba de un factor extra�o, es decir, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la v�ctima o hecho de un tercero�. Adem�s de la presunci�n de culpa, el art�culo 55 de la Ley de Prensa dispuso la inversi�n de la carga de la prueba para esta clase de responsabilidad civil, por cuanto es el periodista quien tendr� que probar que no incurri� en culpa y desvirtuar la posible relaci�n de causalidad entre su error de conducta y el da�o causado al tercero. La aplicaci�n de este factor al trabajo informativo, seg�n se desprende de la tesis del profesor Santos Ballesteros (1984), constituye una excepci�n al r�gimen com�n de responsabilidad civil implementado en el art�culo 2341 de nuestro C�digo Civil, donde corresponde al demandante la prueba de la culpa y del da�o producido en su contra.
La pr�ctica period�stica demuestra que existen ocasiones en las cuales el profesional de la informaci�n no est� en condiciones de cumplir con las anteriores cargas procesales, por lo cual su conducta puede convertirse en lo que la doctrina jur�dica conoce como un acto il�cito de car�cter civil que conduce a la obligaci�n de indemnizar. As�, en el proceso que culmin� con la condena impuesta por la Corte Suprema al noticiero de televisi�n QAP y a uno de sus periodistas, la presunci�n de culpa que pesaba en su contra no pudo ser desvirtuada a pesar de que la noticia que origin� la demanda estaba sustentada en un reporte oficial suministrado por las autoridades judiciales HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "13inf#13inf" (13).
La Corporaci�n sostuvo que la informaci�n proveniente de una fuente oficial debe ser objeto de un an�lisis cr�tico y ponderado que impida la causaci�n de da�os a terceros, particularmente cuando involucra el manejo de situaciones sometidas a investigaciones de car�cter penal. En materia de responsabilidad civil todav�a no es clara la obligaci�n que le corresponde a los medios de comunicaci�n cuando la publicaci�n est� amparada expresamente en las tradicionales cl�usulas exonerativas de responsabilidad, incluidas en algunos peri�dicos y especialmente en las revistas.
Seg�n expuso el profesor Santos Ballesteros (1984), tales cl�usulas no tienen ninguna efectividad por tratarse de pactos extra�os a los terceros que sufren el da�o ocasionado por la publicaci�n, lo cual hace que su alcance jur�dico solamente sea oponible a la v�ctima en el evento de haberla aceptado. Aunque el asunto no fue objeto de tratamiento de fondo en sus sentencias, la Corte Suprema alcanz� a sentar algunos lineamientos sobre el alcance de esta figura y se�al� que dichas cl�usulas tienen aplicaci�n solamente frente al ejercicio period�stico hecho en virtud de los g�neros de opini�n, por lo que no operan en el campo informativo HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "14inf#14inf" (14). � Fallas de las oficinas de prensa En materia de responsabilidad la legislaci�n colombiana establece una tercera modalidad aplicable a la actividad informativa cumplida a trav�s de las oficinas de prensa y de comunicaciones de las entidades p�blicas, en cualquiera de sus niveles.
Es la llamada responsabilidad administrativa, que puede determinarse a partir del ejercicio de la acci�n de reparaci�n directa contemplada en el C�digo Contencioso Administrativo para el reconocimiento de perjuicios derivados de los da�os antijur�dicos imputables a la conducta de los agentes del Estado. La jurisprudencia colombiana sobre esta materia es realmente escasa, dado que no es com�n el ejercicio de acciones por responsabilidad extracontractual basadas en la rutinaria labor de divulgaci�n que est� a cargo de las divisiones oficiales de prensa con destino a los medios de comunicaci�n. Hasta ahora, su tratamiento por parte de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado tiene como causa de imputaci�n la denominada falla del servicio, definida gen�ricamente por la doctrina como la violaci�n del contenido de obligaciones que se impone al Estado HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "15inf#15inf" (15).
Las pocas demandas que han sido tramitadas ante la jurisdicci�n contencioso-administrativa est�n basadas en la afectaci�n causada a terceros en virtud de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los empleados de oficinas de comunicaciones del sector p�blico en ejercicio de sus funciones. El hecho m�s invocado como fundamento de tales acciones es la expedici�n y divulgaci�n de los boletines de prensa, cuyo contenido en ocasiones incluye elementos que inciden negativamente en la honra y el buen nombre de aquellas personas a las cuales est� referida la informaci�n oficial entregada a los medios de comunicaci�n. Al margen de la posibilidad que tendr�a el afectado para solicitar la rectificaci�n o aclaraci�n al medio, el Consejo de Estado tiene reconocido que el inadecuado manejo de la informaci�n que producen las oficinas de prensa del sector p�blico genera detrimento a la situaci�n favorable de la cual goza una persona antes de la divulgaci�n de los hechos.
Este criterio fue adoptado por la Corporaci�n en una sentencia que impuso una condena a un organismo estatal de investigaci�n, luego de que la expedici�n y divulgaci�n de un bolet�n por parte de su oficina de comunicaciones, reproducido como noticia en prensa, radio y televisi�n, le causara perjuicios en su buen nombre HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "16inf#16inf" (16).
En desarrollo del ejercicio de las acciones de reparaci�n directa, cuya prosperidad puede llevar al reconocimiento de perjuicios materiales y morales, el periodista vinculado a la respectiva oficina de prensa no acude directamente al proceso como demandado, puesto que la demanda tiene que dirigirse contra la entidad p�blica. Esta circunstancia no es obst�culo para que despu�s de impuesta una condena, el Estado pueda repetir directamente contra el funcionario �en este caso el periodista de su oficina de comunicaciones� cuando el da�o haya sido causado por la ejecuci�n de una conducta dolosa o gravemente culposa en ejercicio de la funci�n p�blica. � _________________ HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "1sup#1sup" 1Cfr. C�digo Penal, adoptado mediante Ley 599 de 2000, cap�tulo quinto, delitos contra la integridad moral, art�culos 220 y 221 y ss. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "2sup#2sup" 2El citado proyecto, radicado con el No. 053 de 2005, presentado por el congresista Juan G�mez Mart�nez, fue archivado en sesi�n cumplida el 19 de abril del presente a�o en desarrollo del primer debate cumplido en la Comisi�n Primera del Senado. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "3sup#3sup" 3La retractaci�n consiste en revocar �ntegramente lo dicho en la publicaci�n, por ejemplo, cuando su contenido es falso, mientras la rectificaci�n busca adecuar la situaci�n a sus justas proporciones dado que la informaci�n es parcialmente cierta. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "4sup#4sup" 4Es importante tener en cuenta que por mandato expreso del art�culo 224 del C�digo Penal, la prueba de la verdad no es admisible, en ning�n caso, respecto de la imputaci�n de cualquier conducta que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusi�n de la investigaci�n, cesaci�n de procedimiento o sus equivalentes, como tampoco frente a la imputaci�n de conductas referidas a la vida sexual, conyugal, marital o de familia al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formaci�n sexuales.
Sobre el particular, puede verse el estudio hecho por el tratadista Jos� Fernando Botero Bernal en su obra Delitos contra el honor (2005). HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "5sup#5sup" 5Alrededor de los conceptos de verdad period�stica y principio de veracidad, v�ase Ana Azurmendi Ad�rraga (2005). HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "6sup#6sup" 6V�anse, entre otras, las sentencias T-094 de 2000 y SU-1723 de 2000 de la Corte Constitucional colombiana. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "7sup#7sup" 7Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de julio 2 de 2004, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica.
La sentencia cont� con el voto de uno de los jueces de la citada Corporaci�n. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "8sup#8sup" 8Sobre el particular puede consultarse la posici�n asumida por el abogado Antonio Jos� Cancino (1999). HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "9sup#9sup" 9Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de mayo 24 de 1999, magistrado ponente Pedro Lafont Pianetta, radicaci�n S-015, que resolvi� finalmente la demanda contra el antiguo diario El Espectador. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "10sup#10sup" 10Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de diciembre 13 de 2002, magistrado ponente Manuel Ardila Vel�squez, radicaci�n No. 7303. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "11sup#11sup" 11Este criterio fue expuesto por el profesor Jorge Santos Ballesteros (1984). HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "12sup#12sup" 12Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de mayo 24 de 1999, magistrado ponente Pedro Lafont Pianneta, radicaci�n No. S-015. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "13sup#13sup" 13Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de diciembre 13 de 2002, ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, radicaci�n No. 7692. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "14sup#14sup" 14Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de diciembre 13 de 2002, magistrado ponente Manuel Ardila Vel�squez, radicaci�n No. 7303, que resolvi� finalmente el proceso contra los editores de la revista Credencial. HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "15sup#15sup" 15Esta definici�n general corresponde al tratadista Ramiro Saavedra Bacerra (2003). HYPERLINK "http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/rt/printerFriendly/678/1297" \l "16sup#16sup" 16Consejo de Estado, Secci�n Tercera, sentencia del 25 de enero de 2001, ponente Alier Eduardo Hern�ndez Enr�quez, radicaci�n No. 11413.� Bibliograf�a AZURMENDI AD�RRAGA, Ana. 2005. �De la verdad informativa a la informaci�n veraz de la Constituci�n Espa�ola de 1978.
Una reflexi�n sobre la verdad exigible desde el derecho de la informaci�n�. Comunicaci�n y Sociedad, vol. XVIII, No. 2. BOTERO BERNAL, Jos� Fernando. 2005. Delitos contra el honor, estudio cr�tico. Bogot�: Leyer. CANCINO, Antonio Jos�. 1999. Obras Completas, tomo quinto. Jos� Mar�a Fuentes (comp.). Bogot�: Ediciones Jur�dicas Gustavo Ib��ez.
FUENTES, Jos� Mar�a (comp.). 1999. Cancino, Antonio Jos�. Obras Completas. Bogot�: Ediciones Jur�dicas Gustavo Ib��ez. Libertad de Expresi�n en las Am�ricas. 2003. Los cinco primeros informes de la Relator�a para la Libertad de Expresi�n. San Jos�: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. PAB�N PARRA, Pedro Alfonso. 2001. �Los delitos de injuria y calumnia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia�.
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SANTOS BALLESTEROS, Jorge. 1984. �La responsabilidad civil derivada de los medios de comunicaci�n social�. En El periodismo ante la ley penal. Bogot�: C�rculo de Periodistas de Bogot� (CPB). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot� D. C., trece (13) de Diciembre de dos mil dos (2002).- Referencia: Expediente No. 7692 Decide la Corte el recurso de casaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 8 de abril de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� en el proceso ordinario de mayor cuant�a adelantado por GABRIEL ENRIQUE TORRES GAONA, MARY LAND�NEZ DE TORRES, GABRIEL ENRIQUE, MARIA ANDREA y ALEXANDRA TORRES LAND�NEZ contra la Sociedad TV 13- Limitada (Noticiero Q. A. P.) y VICTOR JAVIER SOLANO. I. EL LITIGIO 1.
Los demandantes invocan la responsabilidad civil de los demandados por causa de las difamantes emisiones de los noticieros de televisi�n realizadas los d�as 6 de abril, 7 de junio y 29 de julio de 1993, a fin de que reparen los siguientes perjuicios: a favor de Gabriel Enrique Torres la suma de $500.000 por concepto de da�o emergente y $90�000.000 por concepto de lucro cesante; a favor de Mary Land�nez de Torres y Gabriel Enrique Torres Gaona las sumas de $200.000 y $1.500.000, respectivamente, por concepto de da�o emergente; y una suma equivalente a 1.000 gramos oro por concepto de perjuicios morales para cada uno de los nombrados demandantes. 2.
En resumen, la demanda relata los siguientes hechos: a. El demandante Gabriel Enrique Torres Gaona es abogado de profesi�n y como tal fue contratado por Henry Angarita y Jos� Manuel Camelo para que los asesora en un negocio de finca ra�z que culminar�a con el otorgamiento de la correspondiente escritura e hipoteca en la Notar�a 33 de este c�rculo notarial. b. El 3 de abril de 1993, cuando dicha negociaci�n se llevaba a cabo, el citado abogado y sus clientes fueron capturados y conducidos a las instalaciones de la Estaci�n 40 de Polic�a en cumplimiento de la orden impartida por el Fiscal 164 del Cuerpo T�cnico de Investigaciones de la Fiscal�a. c. El 5 de abril siguiente, el demandante Torres Gaona, sin estar vinculado formalmente a investigaci�n, fue filmado junto con sus compa�eros de reclusi�n por el noticiero perteneciente a la programadora Q. A. P., el cual proyect� las im�genes al d�a siguiente junto con un texto en el que se le se�al� como jefe de una banda de antisociales dedicada a la estafa en asuntos relacionados con finca ra�z. d. Esa noticia produjo en la familia Torres Land�nez un profundo dolor que fue causante de graves enfermedades de algunos de sus miembros; adem�s, los amigos les retiraron la confianza y los clientes de Torres Gaona los negocios, con lo cual se les causaron los perjuicios por cuya reparaci�n ahora propenden, toda vez que el noticiero demandado no rectific� la informaci�n a pesar de que cuando se emiti� el citado demandante no hab�a sido ni siquiera o�do en indagatoria y de que pasada �sta diligencia, la cual fue practicada al d�a siguiente de la filmaci�n, se le otorg� la libertad incondicional. 3.
Los demandados se opusieron a las pretensiones; en su defensa adujeron que la informaci�n publicada fue suministrada por autoridades adscritas a la Fiscal�a General de la Naci�n, es decir que la fuente de la misma era oficial, de all� que propusieran como excepciones de fondo las siguientes: �No se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en cabeza del demandado�; �inexistencia de nexo causal entre el da�o y la conducta del demandado, por la actuaci�n surtida por la Fiscal�a General de la Naci�n�, es este organismo investigativo el que adelanta dos procesos en contra del demandante por los delitos de estafa y falsedad, por lo que dicha entidad responde de la informaci�n que suministr� a los medios de comunicaci�n y debe �asumir las posibles consecuencias jur�dicas derivadas de su actuaci�n�; �ausencia de culpa por el demandado�, �justificaci�n de la conducta del demandado� y �prejudicialidad en materia penal�. 4.
Cumplido el tr�mite, el juez de conocimiento dict� sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones, pues no reconoci� perjuicios materiales pero conden� a los demandados a pagar, solidariamente, perjuicios morales. Contra dicho fallo apelaron ambas partes, concedi�ndole el tribunal la raz�n a los demandados quienes resultaron absueltos �ntegramente.
II. EL FALLO IMPUGNADO 1. En lo de fondo, el tribunal alude a las diversas clases de responsabilidad civil extracontractual y a sus fuentes, examina la que cabe aplicar a las personas jur�dicas, y excluye la posibilidad de atenerse a lo decidido en acci�n de tutela interpuesta por los mismos hechos, fundado en que dicho mecanismo agot� el tema exclusivamente en la �rbita de los derechos fundamentales que all� fueron denunciados como quebrantados. 2.
En esas condiciones, despu�s de hacer menci�n de la responsabilidad civil que dimana del ejercicio del periodismo y de los presupuestos que deben concurrir en materia de responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 2341 del C. C., afirma que los elementos que la integran y particularmente la culpa de los demandados debe ser demostrada por los demandantes; en ese sentido, con vista en la prueba testimonial concluye �que la conducta desarrollada por los demandados no puede catalogarse como dolosa o culposa�, por cuanto fueron las autoridades encargadas de la investigaci�n penal las que permitieron dar al conocimiento del p�blico una informaci�n de car�cter restrictivo, de donde se infiere que �fue la intervenci�n de un ente estatal quien vulner� los derechos del actor al permitir la filtraci�n de informaci�n reservada o secreta, sin el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales�. 3.
En cuanto a la conducta desplegada por los demandados, el sentenciador se�ala que la informaci�n trasmitida al p�blico se dio indicando la fuente de donde proviene y con la seriedad debida, lo que descarta una acci�n culposa; empero, aun de aceptarse la existencia de una conducta negligente del informador, lo cierto es que no hay en el expediente �prueba que establezca la causaci�n de perjuicios por da�o emergente, ni menos que el lucro cesante sea a consecuencia de la conducta de la demandada�; en fin, estima igualmente que no puede el juez civil aplicar normas penales para valorar el da�o moral, cuya existencia, adem�s, no aparece acreditada en el expediente; todo para concluir, como ya se anot�, en la absoluci�n de los demandados.
III. LA DEMANDA DE CASACI�N CARGO �NICO 1. Con fundamento en la causal primera de casaci�n, se acusa la sentencia, en un primer segmento, de violar indirectamente, por falta de aplicaci�n, como consecuencia de error manifiesto de hecho en la apreciaci�n de la demanda y de las pruebas que m�s adelante se singularizan, los art�culos 55 de la Ley 29 de 1944; 2341 y 2344 del C�digo Civil; 331 y 332 del C�digo de Procedimiento Civil; y en la segunda parte, de haber violado directamente el art�culo 11 de la Ley 51 de 1975, por falta de aplicaci�n de los art�culos 15, 20, 21 y 29 de la Constituci�n Nacional, pues �le bast� al periodista informar que su fuente era �la Fiscal�a�, para que el Tribunal lo considerara exento de responsabilidad�. 2.
Para sustentar la tesis, el recurrente explica en relaci�n con la primera parte de la censura, que la violaci�n medio consisti� en la evidente apreciaci�n err�nea de la demanda, la preterici�n de la prueba documental consistente en el videocasete y la sentencia de tutela, el desconocimiento de la confesi�n de la parte demandada y la falta de apreciaci�n de los testimonios rendidos por Eliseo Ben�tez, Arturo Land�nez, Mario Medina, Gabriel Parada, Carlos Rojas, Ricardo Vel�squez, H�ctor Ram�rez, Alvaro Ram�rez, Yesid Ram�rez, Mario Guevara, Hernando Neisa, Rosa Herley Gonz�lez y Elizabeth Pacheco. a. El tribunal �cambi� inexplicablemente el fundamento de la acci�n�, de manera que en lugar de apreciar que la indemnizaci�n se intenta por la publicaci�n de una noticia �calumniosa e inexacta�, la hizo figurar como el permiso para filmar y el suministro de la versi�n publicada, sin que en el expediente obre prueba alguna que permita confrontar �la noticia difundida al aire con la supuesta versi�n de la Fiscal�a�, variando el hecho culposo que se endilga a los demandados y omitiendo considerar, de paso, la solidaridad que en tal hip�tesis se gener�, porque �no basta indicar la fuente, es necesario acreditar que lo publicado por la prensa corresponde fielmente a lo informado por la fuente�. b. Dicho error lo llev� igualmente a no apreciar las versiones rendidas por los testigos relacionados atr�s, quienes comparecieron para dar fe de la preanotada publicaci�n, de los perjuicios causados y del nexo causal existente entre uno y otro. c. El tribunal desconoci� el contenido de los videocasetes que acreditaban, por s� solos, la existencia del da�o y sus responsables; no tuvo en cuenta los documentos que contienen el texto de la noticia, la sentencia de tutela dictada a favor de Torres Gaona, la confesi�n dimanante de la contestaci�n dada a los hechos 4 y 5 de la demanda y de la proposici�n de las excepciones, ni la falta de comparecencia de los demandados al interrogatorio de parte. d. Adicionalmente se equivoc� porque confundi� la cuant�a del da�o con la existencia del mismo y porque dej� de apreciar la presencia del da�o moral a pesar de que se conjugan los presupuestos requeridos para darlo por reconocido, de manera que al encontrar ausencia de prueba en cuanto a la cuantificaci�n de los perjuicios, ha debido decretar pruebas de oficio para esclarecer el monto de los mismos.
A�ade que la informaci�n transmitida por los demandados es causa evidente de responsabilidad por cuanto fue mentirosa y contraria a la ley, sin que, de otra parte, se haya probado en ninguna parte que la Fiscal�a suministr� la noticia �tal y como se transmiti�, porque una es la demostraci�n de la fuente de la informaci�n y otra cosa es el contenido de lo que finalmente constituye la noticia al p�blico.
La publicaci�n televisiva hizo �nfasis en que el demandante Torres Gaona ten�a en su poder veinticinco c�dulas falsas, en que comandaba una banda organizada de bandidos y en la falsificaci�n de escrituras p�blicas, hechos por los cuales jam�s fue sancionado aqu�l. e. Para complementar la sustentaci�n de la primera parte del cargo, el recurrente sostiene que se vulner� el principio de la cosa juzgada porque no se tuvo en cuenta la decisi�n de tutela �que tuvo por demostrado el hecho da�oso y su autor, y dispuso la rectificaci�n de la noticia y la remisi�n, a voluntad de las partes, a los procedimientos ordinarios para el resarcimiento de los perjuicios�. f. De otro lado, seg�n lo dispuesto en el 2341 del C�digo Civil, la responsabilidad del demandado se configura cuando adem�s de probarse el da�o causado, se demuestra por el demandante la culpa en que incurri� el demandado y la relaci�n de causalidad entre uno y otro elemento; pero sucede que en virtud de lo establecido en el art�culo 55 de la ley 29 de 1944, la culpa se presume en el responsable y, por ende, debe en este caso el demandado entrar a desvirtuar tal presunci�n. 3.
Situado el impugnante en la segunda parte del cargo, hace radicar la violaci�n directa denunciada en el cargo en que el tribunal consider� suficiente que los demandados hubieran manifestado que la informaci�n les hab�a sido suministrada por la Fiscal�a para eximirlos de responsabilidad, cuando la interpretaci�n correcta del art�culo 11 de la Ley 51 de 1975 permite advertir que la facultad que se le concede al periodista �de revelar o no su fuente, no afecta en forma alguna la responsabilidad que personalmente le corresponde�; la interpretaci�n contraria, a�ade el censor, consagra la impunidad �para la calumnia, la injuria, la divulgaci�n de mentiras con graves consecuencias como crear p�nico econ�mico, etc.�; adem�s, se dio un alcance contrario a la Constituci�n que concibe la libertad del periodista pero para informar en forma veraz e imparcial, respetando con ello los derechos fundamentales de las personas que priman �sobre la libertad de prensa�.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1. En caso semejante al que ahora ocupa la atenci�n de la Corte, se dijo lo siguiente, aplicable a la situaci�n f�ctica y probatoria que arroja este proceso, lo que amerita la reiteraci�n de sus t�rminos: �Como quiera que toda noticia o informaci�n que incrimine a una persona o colectividad determinada o determinable, puede ser fuente de da�os, se impone para los medios de comunicaci�n social el deber profesional de extremar la diligencia y cuidados especiales que, adem�s de obedecer al ejercicio responsable de la libertad de informaci�n, tambi�n evite preventivamente el eventual da�o a tales personas.
Esta diligencia se alcanza, entre otras, cuando se act�a prudentemente en el manejo de la fuente directa u oficial pertinente, como cuando a la noticia o informaci�n incriminatoria determinada, le ha precedido el esfuerzo period�stico profesional necesario y la verificaci�n razonable indispensable para la conformaci�n de su veracidad y exactitud; e igualmente cuando se funda en datos que en el mismo sentido suministre o haya suministrado la autoridad competente, basada en decisiones o actuaciones no sometidas a reserva legal.
En tanto que se incurre en responsabilidad civil por los da�os morales y materiales ocasionados a la persona, entre otros, cuando dicha divulgaci�n no guarda correspondencia con la referida fuente, o se produce a sabiendas de su falsedad o confiando imprudentemente en su exactitud, o bien se trata de una inexcusable interpretaci�n distorsionada de la mencionada fuente� (G. J. N�mero 2497, p�gina 501, sentencia No. 015 de 24 de mayo de 1999). 2.
Dicho pronunciamiento resulta perfectamente arm�nico con las disposiciones reguladoras de las distintas especies de prensa, incluida hoy la televisiva, entre las cuales se destaca el art�culo 55 de la ley 29 de 1944, aun vigente, seg�n el cual, �independientemente de la responsabilidad penal ( ), todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi�n o del cinemat�grafo, cause da�o a otro, estar� obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri� en culpa�; precepto que sin duda alguna, impone el cumplimiento de un deber profesional a cargo de los medios de comunicaci�n social que se traduce en que han de obrar con diligencia, cuidado y prudencia a fin de no inferir da�o a otro en ejercicio de su actividad, deber que en innumerables casos resulta quebrantado ante el notable af�n de dar una primicia, sea por el prurito de superar la competencia con los dem�s medios o simplemente de ganar una mayor audiencia. 3.
De all� que la Corte, en el texto arriba trascrito, haya delineado en t�rminos generales y en algunos aspectos espec�ficos el comportamiento que deben asumir los medios de comunicaci�n social con miras a obrar de modo responsable y que, en esa medida, haya procurado porque ellos act�en de manera prudente en el manejo de la fuente directa u oficial, particularmente cuid�ndose de conservar una fiel correspondencia entre lo que ella les dice o comunica y la versi�n que finalmente se divulga.
En verdad si bien es cierto que no puede exigirse en todos los casos la demostraci�n ver�dica e indefectiblemente fiel de que la noticia corresponde con la informaci�n recibida de la fuente oficial, no lo es menos que debe obrarse con prudencia y previa valoraci�n de aqu�lla a fin de evitar que se cause un da�o al divulgarla. En ese sentido, se exige la realizaci�n de un esfuerzo period�stico si no plenamente exacto, s� suficiente para verificar la veracidad y exactitud de la noticia, de modo tal que trat�ndose de un hecho que implique una imputaci�n en el orden penal o criminal en lo posible se anteponga, cuando sea del caso, la presunci�n de inocencia de las personas que se relacionan en la informaci�n o el real estado de la actuaci�n judicial, a fin de evitar que se caiga en el abuso de calificar, sin bases ciertas la conducta de los implicados, o en el de condenarlos con anticipaci�n a las definiciones judiciales previas o definitivas que cada caso requiera.
Naturalmente que si la informaci�n proviene de una fuente oficial, la misma debe ser objeto de un an�lisis cr�tico ponderado que impida causar da�o a los afectados con ella; ciertamente que cuando denota el incumplimiento del deber profesional de informar, ya por la falta de tal an�lisis o ya porque se conf�a imprudentemente en su exactitud, o ya porque se transmite de modo imprudente, o sea sin precaver las consecuencias que de la misma se pueden deducir contra las personas a que se refiere la noticia, adviene la responsabilidad civil consiguiente. 4.
Hechas las anteriores reflexiones, pronto se observa que sobresalen en la sentencia impugnada varios aspectos que son relevantes para hallar la presencia de los errores de hecho denunciados, particularmente en torno al establecimiento de la culpa de los demandados, seg�n pasa a verse enseguida. a) El sentenciador se equivoc� al concluir que no se hallaba probada la culpa de los demandados, traslad�ndola, sin m�s, a la fuente oficial que supuestamente autoriz� dar la reprochable informaci�n de que aqu� se trata; en verdad, con vista en el solo texto de la noticia empleada para sustentar las im�genes, se verifica de inmediato que no medi� reparo alguno del informador para denominar como �estafadores� a las personas a que tales im�genes se refer�an, ni para calificar de jefe de la organizaci�n criminal a Torres Gaona, denotando con ello una conducta notoriamente imprudente, dado lo incipiente de la investigaci�n a la que hab�a de darse curso; como tampoco se hizo un an�lisis cr�tico de la informaci�n recibida y sin hacer observaciones de ninguna �ndole se asomaron al p�blico calificativos que causaron da�o, per se, a las personas sobre las cuales se estaba informando, cuando menos en punto de la integridad moral de las mismas. b) Haber confundido la autorizaci�n dada al periodista por el ente oficial encargado de la incipiente investigaci�n penal de informar sobre los hechos, con la posibilidad de dar la noticia que a su modo y seg�n el propio texto del informador realmente emiti�, de donde err�neamente el sentenciador dedujo un eximente de responsabilidad de los demandados solamente con apoyo en la menci�n de la fuente oficial, lo que no muestra, per se, el cumplimiento de los deberes profesionales propios de todo medio informativo, en los t�rminos explicados atr�s. c) Haber desconectado completamente la decisi�n de tutela por medio de la cual en su momento se estimaron vulnerados los derechos fundamentales del demandante, no obstante que los mismos hechos constituyen el eje central de la presente actuaci�n desplazada al campo de la responsabilidad civil. d) Haber advertido que no hay ninguna demostraci�n de los da�os materiales y morales supuestamente padecidos por los demandantes, ni de la relaci�n causal de los mismos con la noticia difundida, cuesti�n en la que acert� respecto de la primera especie, mas no en los de la segunda, seg�n se explicar� m�s adelante. 5.
En efecto, seg�n los hechos objeto de an�lisis, la sociedad demandada, por conducto del periodista aqu� tambi�n demandado, difundi� una noticia televisiva teniendo la imagen de Gaona como fondo permanente, cuyos apartes, despu�s de anunciarse la captura de una banda dedicada a estafar con propiedad inmueble, fueron del siguiente tenor: �Estafadores.
El grupo de 8 personas del que hace parte una mujer est� sindicado por la Fiscal�a como una de las bandas de estafadores de finca ra�z m�s organizada de Bogot�. Hasta ahora los investigadores cuantifican en 300 millones de pesos las estafas a varios ciudadanos. El abogado Gerardo Torres Gaona es se�alado por los agentes de la Fiscal�a como el jefe de la organizaci�n. Su detenci�n y las de sus compa�eros se produjo en una Notar�a cuando autenticaban documentos de propiedad ra�z por 100 millones de pesos. 25 c�dulas falsas les fueron incautadas � Los t�rminos en que se dio la noticia, denotan la afirmaci�n de una imputaci�n contra los afectados no acorde con la real situaci�n jur�dica de �stos, en tanto que los se�ala, sin atenuantes, como los autores de los delitos all� descritos, no obstante que para ese momento �nicamente hab�an sido capturados por orden previa de autoridad y no se les hab�a escuchado en indagatoria, ni, por ende, ten�an definida su situaci�n jur�dica; es evidente que la noticia as� difundida, fue dada de modo imprudente y sin mediar ning�n an�lisis cr�tico de la sindicaci�n, am�n de que en efecto se desconoce aqu� en qu� t�rminos se manifest� la fuente oficial en la que repetidamente se respalda el informador. 6.
El tribunal no s�lo dej� de apreciar dichas circunstancias, sino que, adem�s, dio una connotaci�n diferente al hecho de que los periodistas tuvieran acceso a la misma con la autorizaci�n previa de las autoridades adscritas a la Fiscal�a General de la Naci�n, toda vez que, como lo hace ver el recurrente, la misma no los exim�a de responsabilidad dada la forma en que se tradujo y emiti� la informaci�n, a menos, claro est�, que el texto o contenido de la noticia revelara por si mismo un ejercicio m�nimo de valoraci�n cr�tica de la informaci�n o que denotara la debida prudencia, lo cual en este particular caso no sucedi�. 7.
En esas condiciones, o sea emitida la noticia sin mediar una valoraci�n cr�tica de la informaci�n suministrada por la Fiscal�a, y de modo imprudente seg�n los calificativos empleados en ella contra las personas afectadas, fluye la demostraci�n de la culpa derivada del incumplimiento del deber profesional de informar, traducido en no haberse observado la prudencia que debe emplearse cuando se trata de dar noticias que suponen la imputaci�n de un delito, sin que fuera dable escapar de ella, en los t�rminos expresados, desplaz�ndola a la fuente oficial de informaci�n, la cual, en resumen, no puede ser recibida sin beneficio de inventario. 8.
Soporte a�n mayor a lo dicho, lo brinda el hecho de haberse desatado la acci�n de tutela interpuesta por el demandante y concluida en su favor, tras de haberse encontrados vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra con apoyo en los mismos argumentos que aqu� se retoman como claro reflejo de la certeza que otorga la misma situaci�n f�ctica y la aplicaci�n del principio de la seguridad jur�dica.
Dijo a la saz�n el juez de tutela: �As� las cosas, se tiene que la informaci�n entregada a la comunidad por el Noticiero Q. A. P., en relaci�n con el petente Gabriel Enrique Torres Gaona, el d�a 6 de abril de 1993, no fue veraz, por la pot�sima raz�n de que no hab�a sido vinculado legalmente a la actuaci�n penal ni se hab�a sindicado de delito alguno en ese momento�.
(fl. 13 Cdo. Ppal.). 9. Ahora bien, como el tribunal adem�s de hallar que no hubo culpa de los demandados finc� la decisi�n absolutoria de �stos en la ausencia de prueba de los perjuicios materiales y morales, y del nexo causal entre la conducta imputada a aquellos y el da�o padecido por los demandantes, importa examinar si tambi�n existen los yerros de apreciaci�n denunciados a esos respectos, para lo cual la Corte se referir� a aqu�llos en su orden, como pasa a verse enseguida. 10.
Sobre el particular se observa que de la prueba testimonial a la que alude el recurrente, �nicamente se deriva el sentimiento de dolor que particularmente embarg� al demandante Torres Gaona y a su familia inmediata compuesta por su c�nyuge y sus hijos a ra�z de los hechos informados, dejando en el campo meramente hipot�tico el aspecto relacionado con el biforme da�o material y lucro cesante que a t�tulo de perjuicios materiales deprecan.
En efecto, varios de los testigos, como Hernando Eliseo Ben�tez Medina (fl. 146 C. #1), Carlos Guillermo Rojas Vargas y Carlos Arturo Land�nez Pinz�n, entre otros, hacen referencia a comentarios en torno a las dificultades econ�micas derivadas de la sindicaci�n que se le caus� a Gaona Torres en raz�n del noticiero televisivo, y aunque algunos otros como Alvaro Ram�rez Casta�o, con quien el afectado constituy� una sociedad que tuvo que ser disuelta por los hechos referidos, Germ�n Yesid Alfonso Ram�rez, Mario Guevara Pe�alosa y Luis Hernando Neisa Bustamante, clientes de �ste que tambi�n tuvieron que rescindirle los contratos, detallan aspectos que alcanzan a ser m�s concretos que los anteriores, con todo siguen campeando en el �mbito de las suposiciones en cuanto a la concreci�n del da�o material, pues ni siquiera estaban en posibilidad de medir exactamente los resultados econ�micos previstos de las negociaciones selladas con ellos.
Por tal raz�n, porque con la prueba regularmente aportada al plenario para efectos de demostrar el da�o material no es factible establecerlo, justamente porque en la mayor�a de los casos depend�a de la efectiva gesti�n que desplegara el abogado Torres Gaona; porque en la forma en que fue descrito y se trat� demostrar el da�o, �ste califica apenas en la categor�a de incierto, en tanto se basa en simples conjeturas, no es advertible entonces el error evidente en la tajante conclusi�n del tribunal consistente en que no hay una demostraci�n efectiva de los da�os materiales, ni un nexo causal que ligue la noticia dada con las consecuencias patrimoniales que aducen los demandantes.
N�tese no m�s que buena parte de los contratos supuestamente rescindidos ten�an pactadas comisiones que se liquidar�an de acuerdo con los resultados de la referida gesti�n, por consiguiente imposibles de verificar dentro del concepto de da�o cierto; que otra parte fue aportada directamente a los peritos y para que estos los tuvieran en cuenta, sin haberse incluido previamente dentro del elenco de pruebas documentales decretadas en la oportunidad debida; que es notoria la estructuraci�n de perjuicios con la mera afirmaci�n de las personas que dijeron romper sus v�nculos con Torres Gaona, curiosamente expresada en t�rminos casi id�nticos a pesar de provenir de diferentes personas y en los que se revela la intenci�n de dejar expl�cito el supuesto nexo causal, sin que del mismo modo se haya especificado en la demanda a fin de poder establecerlos despu�s, todo lo cual deja en perfecta incertidumbre el establecimiento del da�o material e incluso del nexo causal, por lo que el asunto sometido a la definici�n judicial no se reduce, como sostiene el recurrente, a la cuantificaci�n del mismo, ni se suple en esos t�rminos por no haber comparecido los demandados a los interrogatorios de parte. 11.
Otra, en cambio, es la situaci�n referida a los perjuicios morales que tambi�n fueron objeto de la demanda y que sin duda se causaron directamente al abogado Torres Gaona en virtud de la difusi�n de la noticia suministrada por los demandados, en la que adem�s de formularse una incriminaci�n que no correspond�a a la verdad, como quiera que se dio por sentada la direcci�n - y participaci�n � de Torres Gaona de la acci�n delictuosa, se produjo de modo imprudente frente a la real situaci�n jur�dica del mismo, de donde es f�cil deducir que vista la noticia por sus allegados y clientes, como muchos de los testigos lo declaran sin ambages, y habiendo comportado ella un ataque contra su integridad que por si misma genera desaz�n y la mengua del �nimo del afectado, amerita, de acuerdo con las reglas de la experiencia, la existencia cuando menos del da�o moral de car�cter subjetivo padecido por �l. Del mismo modo, se verifica el da�o moral en relaci�n con los otros demandantes que por la condici�n de c�nyuge e hijos de aqu�l, respectivamente, tambi�n recibieron el impacto de la imprudente informaci�n que les caus� no solo dolor sino que interfiri� en los �ltimos en los resultados acad�micos o por el hecho, dada su edad adulta y la convivencia, de ser tocada en tales t�rminos la figura paterna, motivos por los cuales se abre paso la reparaci�n deprecada en ese sentido.
De all� que quepa deducir al rompe el error de apreciaci�n probatoria en que incurri� el tribunal por no haber hallado demostrado el da�o moral de los demandantes ante la agresi�n informativa. 12. S�guese de todo lo dicho que hay motivos m�s que suficientes para casar el fallo impugnado, puesto que en las circunstancias explicadas dimana la responsabilidad civil solidaria de los demandados, aunque restricta al reconocimiento de los perjuicios morales padecidos por el abogado Torres Gaona, su esposa y sus hijos demandantes, cuanto que, como se dijo, son los �nicos que aparecen demostrados, y ante la ausencia de prueba de un da�o cierto, sea presente o futuro en el orden material; por consiguiente, la Corte proceder� a casar la sentencia, y en su lugar se dictar� un fallo sustitutivo parcialmente confirmatorio de la sentencia del a quo que extrajo conclusi�n semejante, aunque se dispondr� el pago de perjuicios en dinero, haciendo uso del arbitrio judicial, en cuant�a de $10�000.000, para Gabriel Enrique Torres Gaona; $5�000.000 a favor de Mary Land�nez de Torres, c�nyuge de aqu�l, y $2�000.000 para cada uno de los hijos de ambos, Gabriel Enrique, Mar�a Andrea y Alexandra Torres Land�nez; sumas ninguna de las cuales sobrepasa los l�mites trazados en la demanda.
V. DECISION En armon�a con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 8 de abril de 1999 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, dentro del proceso de la referencia y, en sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales 1, 2, 4 y 5 de la sentencia recurrida en apelaci�n, esto es, la proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot� el d�a 9 de septiembre de 1996, por los motivos explicados en el despacho del cargo.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 3�, en el sentido de condenar a los demandados, solidariamente, a pagar, a la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicio moral subjetivo, la suma de $10�000.000 en favor del demandante Gabriel Enrique Torres Gaona; la suma de $5�000.000 a favor de Mary Land�nez de Torres; y la suma de $2�000.000 para cada uno de los demandantes Gabriel Enrique, Mar�a Andrea y Alexandra Torres Land�nez.
TERCERO: Cond�nase en costas de ambas instancias a los demandados, aunque reducidas a un 30%, dado el �xito parcial de la demanda. No hay lugar a costas en casaci�n ante la prosperidad del recurso. C�PIESE, NOTIF�QUESE y DEVU�LVASE. JORGE SANTOS BALLESTEROS MANUEL ARDILA VEL�SQUEZ JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO JOSE FERNANDO RAM�REZ GOMEZ SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO CESAR JULIO VALENCIA COPETE Responsabilidad extracontractual del estado por los medios de comunicaci�n Introducci�n Los medios de comunicaci�n juegan un papel definitivo en el progreso y desarrollo de la sociedad hacia nuevas formas de organizaci�n, ya que la difusi�n de la informaci�n tiene implicaciones en la educaci�n, los modos de pensamiento, la cultura y los estilos de vida; por eso es de vital importancia la intervenci�n del Estado en los distintos medios que llegan al sujeto pasivo de la informaci�n, para garantizar no solo el ejercicio id�neo de la profesi�n del comunicador, sino tambi�n la difusi�n de la investigaci�n, la imparcialidad y veracidad de lo que se transmite.
LA FUNCI�N SOCIAL DEL PERIODISTA De acuerdo con el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informaci�n veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicaci�n. Dichos medios son libres y tienen responsabilidad social, igualmente, se garantiza el derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad y est� prohibida la censura.
Tal como fue anotado en su oportunidad por la Corte Constitucional HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote1sym#sdfootnote1sym" 1, el derecho a la informaci�n es un derecho de doble v�a, lo que significa que protege tanto el derecho de informar como el de recibir una informaci�n veraz e imparcial.
Los medios tienen una responsabilidad social, "que implica obligaciones y responsabilidades frente a las informaciones que difundan, por lo cual el medio debe confirmar la veracidad de la informaci�n." Siendo as�, m�s all� del derecho al libre ejercicio de una profesi�n como la del periodista, es de vital importancia, la responsabilidad social que le cabe a quien difunde informaci�n de inter�s publico por el impacto que puede generar en la comunidad.
Ajustarse a un determinado criterio, teniendo en cuenta que el periodismo es un oficio de difusi�n del pensamiento y que preocupa al Estado en su responsabilidad reguladora por los efectos a los cuales est� dirigido, o sea a la comunicaci�n masiva, es un aspecto de extremo cuidado. Por esta raz�n, dicha labor no se puede ejercer, sin responsabilidad, m�s concretamente, sin responsabilidad social, lo que supone la aplicaci�n de un c�digo de �tica, una posici�n objetiva e imparcial del comunicador, y un manejo transparente de la informaci�n frente a los sujetos de la misma en cualquiera de las modalidades a trav�s de las cuales dicha informaci�n se difunde: medio escrito, hablado, virtual o televisivo.
De acuerdo con lo anterior, hay quienes se han atrevido a asegurar HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote2sym#sdfootnote2sym" 2, �que como actores sociales, como intermediarios entre las fuentes y la opini�n p�blica, los periodistas juegan un papel determinante en la sociedad, por lo que se requiere una regulaci�n que, sin limitar las libertades, ni aplicar la censura de prensa, se ajuste a los par�metros de la democracia y de la verdad, ya que el comunicador debe estar aliado con la verdad, debe contribuir al buen orden de la sociedad, y debe conservar los criterios de objetividad y veracidad.
Saber reconocer quienes son los que est�n del otro lado de sus micr�fonos en la comunicaci�n de la informaci�n, en sus an�lisis o comentarios y a�n en entrevistas, por ejemplo, y ubicar a sus interlocutores en el nivel adecuado de acuerdo a sus acciones, es una misi�n que requiere de responsabilidad, demanda criterio ponderado, en s�ntesis, profesionalismo.
Debe haber, entonces, una regulaci�n a la hora de emitir mensajes e informaciones, sin dejar de lado el alto compromiso por parte de quienes ejercen la profesi�n y manejan los medios masivos de comunicaci�n. Los periodistas y los medios que representan han jugado un papel muy importante en la historia del pa�s. No se puede desconocer esta realidad.
Gracias a sus intervenciones se han develado importantes hechos de corrupci�n o de narcotr�fico o de violaci�n de los derechos humanos, en fin, hechos delictivos. Han sido soporte fundamental en el desarrollo de la justicia, de la pol�tica, de la econom�a. Sus alcances han permitido esclarecer sucesos de trascendencia. Arriesgados periodistas han llegado a lugares donde se cometen cr�menes y en muchos casos resultan ser la fuente para su esclarecimiento.
Sin embargo, una noticia mal presentada causa efectos irreparables. El escarnio p�blico inmerecido es una de las injusticias m�s grandes contra un ser humano. Es, de alguna manera, quitarle la libertad. O peor, sentenciar sin f�rmula de juicio. Lo escrito, escrito queda, lo audiovisual igual�. La propuesta de algunos HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote3sym#sdfootnote3sym" 3 es, que para garantizar los varios objetivos de la profesi�n del comunicador, como son la objetividad, la calidad, la responsabilidad social, el Estado responsable, �ste �ltimo debe regular las actividades que resulten socialmente de importancia para el individuo y la comunidad, sin distinci�n, as� debe ser desde la medicina, pasando por las ingenier�as, o las que bordean lo art�stico y est�tico como el dise�o y la arquitectura, hasta las sociales, incluida la filosof�a, la historia o el derecho, profesi�n que desde hace tiempo cuenta con su propio estatuto HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote4sym#sdfootnote4sym" 4; pero excluir las ciencias de la comunicaci�n, la profesionalizaci�n del periodista por disquisiciones presuntamente filos�fico pol�ticas en torno a la libertad o no de pensamiento y comunicaci�n, sufre el riesgo permanente de desconocer los efectos de la no regulaci�n del ejercicio de esta noble profesi�n, criterio que el suscrito comparte absolutamente.
Derechos y Deberes de los Periodistas HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote5sym#sdfootnote5sym" 5 Con la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se abre paso a la noci�n de libertad de prensa expres�ndose ��que la libre comunicaci�n es uno de los derechos m�s preciosos en el hombre, y que todo ciudadano podr� hablar, imprimir libremente salvo por su responsabilidad por el abuso de esta libertad en el caso determinado en la ley�.
A su turno la Organizaci�n de las Naciones Unidas ONU, se refiri� a la libertad de expresi�n en una resoluci�n expedida durante su primer periodo de sesiones, expresando que el derecho a la informaci�n es un derecho humano fundamental, a su vez, implica el derecho de recopilar, transmitir y publicar noticias en cualquier parte del mundo, sin restricci�n alguna, como factor esencial de progreso y fomento de la paz mundial.
Como lo explica en su art�culo sobre el tema, el Dr. GUEVARA L�PEZ, la libertad de informaci�n requiere como elemento indispensable, la voluntad y capacidad de usar esa informaci�n sin abusar de los privilegios que implica poseerla, impone adem�s la obligaci�n de investigar los hechos pertinentes y de darlos a conocer sin malicia o prejuicio alguno. En la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 art�culo IV se expresa: �toda persona tiene derecho a la libertad de investigaci�n, de opini�n, y de expresi�n y difusi�n del pensamiento por cualquier medio�, en igual sentido que la Declaraci�n de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU que en el art�culo 19 consagr�: �Todo individuo tiene derecho a la libertad de opini�n y de expresi�n, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci�n de fronteras, por cualquier medio de expresi�n�.
El ya citado art�culo 20 superior, consagra varios derechos frente a la profesi�n del comunicador y a la comunidad, como son la libertad de expresi�n, la posibilidad de fundar medios masivos de comunicaci�n, no ser objeto de censura, el derecho de la comunidad de recibir informaci�n veraz e imparcial y que �sta sea rectificada en los casos en que se requiera.
Derecho de Rectificaci�n En palabras de la Corte Constitucional HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote6sym#sdfootnote6sym" 6, el objeto de la ley al contemplar este derecho HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote7sym#sdfootnote7sym" 7, es el de garantizar a toda persona natural o jur�dica, o a los integrantes de un grupo, el derecho inmediato a rectificar informaciones inexactas, injuriosas o falsas, transmitidas en programas de televisi�n cuya divulgaci�n pueda afectar su buen nombre, su honra, como tambi�n otros derechos e intereses.
El r�gimen de protecci�n, enseguida, determina la legitimaci�n activa para iniciar el procedimiento de rectificaci�n. A este respecto se dispone que el mencionado derecho puede ser ejercitado por la persona agraviada y en caso de fallecimiento por sus herederos. En el caso de informaciones inexactas transmitidas a trav�s del servicio p�blico de televisi�n, la protecci�n del derecho se surte a trav�s de distintas etapas que integran un procedimiento especial que se cumple inicialmente ante el director o responsable del programa televisivo mediante la respectiva solicitud de rectificaci�n y, posteriormente, ante la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n bajo la forma de reclamaci�n. La primera fase del procedimiento se inicia con la solicitud escrita de rectificaci�n que se dirige por el afectado o su causahabiente al director o responsable del programa, dentro de los 10 d�as h�biles siguientes a la transmisi�n del mensaje considerado inexacto, injurioso o falso.
El sujeto pasivo del derecho a la rectificaci�n, tiene un t�rmino de 7 d�as h�biles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere lugar. Si la solicitud no es respondida o la rectificaci�n negada, el medio debe, dentro de los 3 d�as h�biles siguientes, justificar la informaci�n revelada, en escrito dirigido al afectado, acompa�ando las pruebas que la sustenten.
La segunda fase del procedimiento se inicia con la reclamaci�n que, contra la negativa del medio, su silencio o su pretendida justificaci�n, puede elevar la persona agraviada ante la Comisi�n Nacional de Televisi�n, dentro de los 3 d�as h�biles siguientes al cierre de la primera fase del referido procedimiento. Le corresponde a este organismo pronunciarse sobre la procedencia de la rectificaci�n, ordenando que ella se verifique en caso afirmativo.
La decisi�n de la Comisi�n debe adoptarse en un t�rmino de 3 d�as h�biles. Si al silencio del destinatario de la solicitud de rectificaci�n, se adiciona la falta de pronunciamiento de la Comisi�n Nacional de Televisi�n, "la solicitud se entender� como aceptada, para efectos de cumplir con la rectificaci�n". Esta segunda fase se establece por la ley, "sin perjuicio de las acciones judiciales a que pueda haber lugar".
La ley contempla algunas reglas sobre c�mo debe efectuarse la rectificaci�n. Corresponde a la persona afectada determinar la fecha para su realizaci�n, en el mismo espacio y hora en que se transmiti� el programa. El sujeto obligado, por su parte, "no podr� adicionar declaraciones ni comentarios ni otros temas que tengan que ver con el contenido de la rectificaci�n".
A la persona que ocupe esta posici�n en la relaci�n iusfundamental, se le garantiza el secreto profesional y la reserva de la fuente. Sin embargo, seg�n la Corte, si se examina el asunto planteado, no solamente desde la perspectiva del presunto agraviado, sino tambi�n del comunicador, se evidencian necesidades constitucionales de protecci�n que, en la tesis anterior, podr�an no resultar cabalmente atendidas.
En particular, en el esquema de la ley acusada HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote8sym#sdfootnote8sym" 8, debe resolverse si se asegura el derecho del informador a que en un plazo razonable y con las debidas garant�as, un juez, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, sea el llamado a determinar sus derechos y obligaciones constitucionales (C.P. art. 29;
Art. 8 de la Convenci�n Interamericana de Derechos Humanos). La Corte asume que all� donde se establezca una competencia judicial para resolver una controversia, tanto la parte demandada como la demandante quedan cubiertas por el derecho al debido proceso, pues, ambas, por igual se benefician de la garant�a positiva de un juez natural, independiente e imparcial.
La posici�n del sujeto agraviado, seg�n la ley, no sufre detrimento alguno. Por el contrario, adem�s de beneficiarse del procedimiento administrativo � en especial del silencio administrativo positivo eventual -, conserva la opci�n de recurrir ante los jueces. Pero esto no ocurre con el comunicador, puesto que la conservaci�n de la garant�a judicial � en la actualidad la acci�n de tutela a la que concurre como parte legitimada -, depender� del arbitrio del demandante que puede escoger como mecanismo de protecci�n el procedimiento administrativo.
En este supuesto, la garant�a judicial la recuperar�a ulteriormente el demandado cuando decida demandar ante la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo el acto dictado por la Comisi�n Nacional de Televisi�n. El comunicador, de otra parte, en sede administrativa, a prop�sito del procedimiento que se crea, puede ser sancionado inclusive con la revocatoria de la licencia para operar.
En este punto se�ala la Corte, puede afirmarse que la medida legal se proyecta en un reforzamiento de los derechos de la persona que puede considerarse perjudicada con la divulgaci�n televisiva de una informaci�n, pero al mismo tiempo comporta una clara restricci�n de los derechos del comunicador. La circunstancia de que la ley injiera en el proceso comunicativo social no significa de suyo ninguna vulneraci�n de la carta, salvo que, en este caso, ella afecte el n�cleo esencial del derecho fundamental a la libertad de informar o del derecho al debido proceso del comunicador o que, pese a que no se produzca lesi�n alguna en estos dos �mbitos, la medida legal resulte desproporcionada e irrazonable.
El pronunciamiento de la Comisi�n Nacional de Televisi�n, ordenando la rectificaci�n, obligar�a al comunicador a efectuarla - no obstante discrepar de su procedencia -, bajo el apremio de sanciones severas. La administraci�n estar�a en grado de exigir un comportamiento determinado a una persona que puede pretender estar cobijada por el derecho a la libertad de informaci�n y haber suministrado al p�blico informaci�n ver�dica e imparcial y que, de otro lado, se niega a divulgar una versi�n que resulta falsa o inexacta.
Se trata de la pretensi�n de una persona que sustenta su facultad en un derecho fundamental, cuyo ejercicio reclama como cualquier otro derecho la correspondiente defensa judicial, ya sea por el juez de tutela o por el juez competente determinado por la ley. En el art�culo 85 de la C.P., se ha consagrado el principio jur�dico y material que defiere al �rgano judicial la defensa de los derechos fundamentales, a trav�s de un procedimiento y de un juez ordinario o, en su defecto, de modo subsidiario o preventivo, por el procedimiento de la tutela y por la jurisdicci�n constitucional.
Asegura la Corte, que en lo que concierne al comunicador, degrada la garant�a constitucional de su libertad de informar, puesto que al generarse una controversia sobre si debe o no rectificar, absteni�ndose o no de dar curso a la petici�n de la persona que se estima agraviada, en lugar de plantear la defensa de su derecho fundamental ante el juez natural constitucional, debe hacerlo ante la administraci�n, si ocurre que el demandante decide optar por el procedimiento administrativo, exponi�ndose por este camino adem�s a ser objeto de sanciones administrativas que pueden significar la extinci�n misma de la empresa comunicativa.
A la administraci�n, la ley entrega una funci�n de juzgamiento de los extremos de una controversia constitucional entre dos sujetos protegidos por la Carta. No se reduce la competencia que se asigna a la simple aplicaci�n de la ley a una situaci�n concreta, sino que va m�s all� en cuanto conf�a a la administraci�n la resoluci�n de un conflicto de naturaleza constitucional trabado entre dos titulares de derechos fundamentales que esgrimen cada uno a su favor pretensiones radicadas en libertades b�sicas.
Este sin duda es un caso en el que la disputa debe ser zanjada por el �rgano judicial como defensor de los derechos fundamentales y, adem�s,� porque la protecci�n no puede darse sin adelantar una tarea de juzgamiento. El sistema contemplado en la ley, examinado en su integridad, cuando se pone en marcha por el presunto agraviado, significa para el titular de la libertad de informar, desligarse de la garant�a de poder contar con el juez natural de defensa de sus derechos fundamentales, lo cual implica una grave vulneraci�n de su n�cleo esencial tanto por su aspecto sustantivo o de contenido como procedimental.
2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Frente al asunto en cuesti�n, el papel del Estado consiste en la veedur�a que le corresponde sobre los distintos medios a trav�s de los cuales se difunde la informaci�n en el pa�s. Para no ir m�s lejos, puede mencionarse un medio masivo de difusi�n de la informaci�n, como es el servicio p�blico de televisi�n. Los art�culos 1 y 2 de la ley 182 de 1995 �Por la cual se reglamenta el servicio de televisi�n y se formulan pol�ticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a �ste, se conforma la comisi�n nacional de televisi�n, se promueven la industria y actividades de televisi�n, se establecen normas para contrataci�n de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones�, al respecto, consagran lo siguiente: �ART. 1��Naturaleza jur�dica, t�cnica y cultural de la televisi�n. La televisi�n es un servicio p�blico sujeto a la titularidad, reserva, control y regulaci�n del Estado, cuya prestaci�n corresponder�, mediante concesi�n, a las entidades p�blicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los t�rminos del art�culo 365 de la Constituci�n Pol�tica.
T�cnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programaci�n dirigida al p�blico en general o a una parte de �l, que consiste en la emisi�n, transmisi�n, difusi�n, distribuci�n, radiaci�n y recepci�n de se�ales de audio y v�deo en forma simult�nea. Este servicio p�blico est� vinculado intr�nsecamente a la opini�n p�blica y a la cultura del pa�s, como instrumento dinamizador de los procesos de informaci�n y comunicaci�n audiovisuales.
ART. 2��Fines y principios del servicio. Los fines del servicio de televisi�n: son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garant�as, deberes y derechos fundamentales y dem�s libertades, fortalecer la consolidaci�n de la democracia y la paz, y propender por la difusi�n de los valores humanos y expresiones culturales de car�cter nacional, regional y local.(�).� Ahora, los fines del servicio que establece la �ltima norma en cita deben aplicarse con arreglo a los principios de: a)��La imparcialidad en las informaciones; b)��La separaci�n entre opiniones e informaciones, en concordancia con los art�culos 15 y 20 de la Constituci�n Pol�tica; c)��El respeto al pluralismo pol�tico, religioso, social y cultural; d)��El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y libertades que reconoce la Constituci�n Pol�tica; e)��La protecci�n de la juventud, la infancia y la familia; f)��El respeto a los valores de igualdad consagrados en el art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica; g)��La preeminencia del inter�s p�blico sobre el privado, y h)��La responsabilidad social de los medios de comunicaci�n. Dichos principios constituyen los lineamientos tanto para los operadores del servicio como para el ente estatal encargado de su vigilancia, con ellos se definir�a la virtual responsabilidad tanto del Estado como de los medios de comunicaci�n en s� mismos considerados. - Reglamentaci�n del Espectro Electromagn�tico En referencia al servicio p�blico de televisi�n, es de cita obligatoria la noci�n de lo que se ha denominado espectro electromagn�tico.
El art�culo 75 de la Constituci�n Pol�tica define el espectro electromagn�tico como un bien p�blico inenajenable e imprescriptible sujeto a la gesti�n y control del Estado, y su uso est� determinado por lo que establezca la ley. La misma norma le se�ala como fin, garantizar el pluralismo informativo y la competencia as� como la intervenci�n estatal para evitar monopolios en esta porci�n del territorio colombiano. Sobre este particular concepto ha dicho la Honorable Corte Constitucional que �La intervenci�n estatal �gesti�n y control- en el �mbito de las comunicaciones responde al ejercicio de la potestad del Estado para regular lo que est� dentro de su territorio, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagn�tico y evitar las pr�cticas monopol�sticas.
Los medios masivos de comunicaci�n que utilizan este bien est�n sujetos en su funcionamiento a la gesti�n y al control del Estado. La gesti�n del Estado en materia del uso del espectro electromagn�tico se estructura mediante la direcci�n y el control que �ste ejerce sobre los servicios de televisi�n� HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote9sym#sdfootnote9sym" 9.
Las limitaciones normativas al uso del espectro electromagn�tico por los particulares obedecen a que �ste es parte del territorio colombiano (Art. 101 de la Constituci�n) y pertenece por tanto a la Naci�n (Art. 102 de la Ib�dem). Razones de soberan�a y de seguridad, as� como los principios de pluralismo informativo, democracia participativa e igualdad, justifican la intervenci�n estatal en las actividades que hacen uso de este bien p�blico en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Adem�s, contiene el espectro radioel�ctrico con sus frecuencias baja, media, alta, extra alta y ultra alta. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote10sym#sdfootnote10sym" 10 - Funciones de la Comisi�n Nacional de Televisi�n El art�culo 76 superior prescribe, que la intervenci�n estatal en el espectro electromagn�tico utilizado para los servicios de televisi�n, estar� a cargo de un organismo de derecho p�blico con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa, patrimonial y t�cnica, sujeto a un r�gimen legal propio.
Seg�n la norma este organismo debe desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en este servicio. As� mismo, el art�culo 77 constitucional establece que este organismo llevar� la direcci�n de la pol�tica que en materia de televisi�n determine la ley. Prescribe la norma que el servicio p�blico de televisi�n ser� regulado por una entidad aut�noma de orden nacional con r�gimen propio y se�ala como debe estar conformado.
Dicha entidad ha sido denominada por la ley Comisi�n Nacional de Televisi�n, cuya naturaleza jur�dica y funciones las definen los art�culos 3� y 4� de la ley 182 de 1995 en los siguientes t�rminos: �ART. 3��Naturaleza jur�dica, denominaci�n, domicilio y control pol�tico. El organismo al que se refieren los art�culos 76 y 77 de la Constituci�n Pol�tica se denominar� Comisi�n Nacional de Televisi�n, CNTV.
Dicha entidad es una persona jur�dica de derecho p�blico, con autonom�a administrativa, patrimonial y t�cnica, y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constituci�n, la ley y sus estatutos. (�). ART. 4��Objeto. Corresponde a la comisi�n nacional de televisi�n ejercer, en representaci�n del Estado, la titularidad y reserva del servicio p�blico de televisi�n, dirigir la pol�tica de televisi�n, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relaci�n con el servicio p�blico de televisi�n de acuerdo con lo que determine la ley; regular el servicio de televisi�n; e intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagn�tico utilizado para la prestaci�n de dicho servicio, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestaci�n del servicio, y evitar las pr�cticas monopol�sticas en su operaci�n y explotaci�n, en los t�rminos de la Constituci�n y la ley.� Las funciones espec�ficas de �ste �rgano regulador se encuentran relacionadas en el art�culo 5� de la misma ley, y con relaci�n al espectro electromagn�tico el art�culo 23 ib�dem se�ala: �ART. 23--.
Naturaleza jur�dica e intervenci�n en el espectro. El espectro electromagn�tico es un bien p�blico, inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gesti�n y control del Estado. La intervenci�n estatal en el espectro electromagn�tico destinado a los servicios de televisi�n, estar� a cargo de la comisi�n nacional de televisi�n. La comisi�n nacional de televisi�n (coordinar� previamente con el Ministerio de Comunicaciones)* el plan t�cnico nacional de ordenamiento del espectro electromagn�tico para televisi�n y los planes de utilizaci�n de frecuencias para los distintos servicios, con base en los cuales har� la asignaci�n de frecuencias a aquellas personas que en virtud de la ley o de concesi�n deban prestar el servicio de televisi�n. La comisi�n s�lo podr� asignar las frecuencias (que previamente le haya otorgado el Ministerio de Comunicaciones)* para la operaci�n del servicio de televisi�n. Igualmente deber� coordinar (con dicho Ministerio)* la instalaci�n, montaje y funcionamiento de equipos y redes de televisi�n que utilicen los operadores para la cumplida prestaci�n del servicio�.
(*) El texto entre par�ntesis fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-310 de 1996, bajo el entendido de que la coordinaci�n a que se refieren dichos preceptos es s�lo de car�cter t�cnico. As� mismo, el art�culo 29 prescribe: �ART. 29.�Libertad de operaci�n, expresi�n y difusi�n. El derecho de operar y explotar medios masivos de televisi�n debe ser autorizado por el Estado, y depender de las posibilidades del espectro electromagn�tico, de las necesidades del servicio y de la prestaci�n eficiente y competitiva del mismo.
Otorgada la concesi�n, el operador o el concesionario de espacios de televisi�n har�n uso de la misma, sin permisos o autorizaciones previas. En todo caso, el servicio estar� sujeto a la intervenci�n, direcci�n, vigilancia y control de la comisi�n nacional de televisi�n. Salvo lo dispuesto en la Constituci�n y la ley, es libre la expresi�n y difusi�n de los contenidos de la programaci�n y de la publicidad en el servicio de televisi�n, los cuales no ser�n objeto de censura ni control previo.
Sin embargo los mismos podr�n ser clasificados y regulados por parte de la comisi�n nacional de televisi�n, con miras a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen al servicio p�blico de televisi�n, protegen a la familia, a los grupos vulnerables de la poblaci�n, en especial los ni�os y j�venes para garantizar su desarrollo arm�nico e integral, y fomentar la producci�n colombiana.
(En especial, la comisi�n nacional de televisi�n, expedir� regulaciones tendientes a evitar las pr�cticas monopol�sticas o de exclusividad con los derechos de transmisi�n de eventos de inter�s para la comunidad y podr� calificarlos como tales, con el fin de que puedan ser transmitidos por todos los operadores del servicio en igualdad de condiciones)*.� (*) El texto entre par�ntesis fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1999).
Ahora, dicho organismo tambi�n posee unas facultades sancionatorias seg�n el art�culo 53 de la misma ley 182 de 1995 que las determina as�: �ART. 53. Facultades sancionatorias de la comisi�n nacional de televisi�n. La comisi�n nacional de televisi�n establecer� prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra el pluralismo informativo, la competencia, el r�gimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes.
La violaci�n de las normas acarrear� sanciones a los infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de tales infracciones�. - Tesis de Responsabilidad De conformidad con lo poco esbozado, se aventura el autor a decir, que existe en Colombia una consagraci�n difusa del derecho a informar y a ser informado, la libertad de prensa y dem�s garant�as asimiladas a la libre expresi�n, sin embargo, es claro que se encuentra regulado c�mo debe operar la prestaci�n del servicio p�blico de televisi�n, que es un medio masivo de difusi�n de la informaci�n, as� como la entidad mediante la cual el Estado interviene en la prestaci�n de este servicio, cuales son sus funciones y facultades, determinadas como est�n, en el art�culo 53 arriba citado, y que establece las consecuencias para quienes siendo sujetos de la ley no cumplen las exigencias previstas en ella.
Tambi�n debe resaltarse que pese a la amplia consagraci�n de los derechos de quienes se dedican al oficio de la comunicaci�n, a la prohibici�n de la censura y todo tipo de atropellos que pudieran interponerse en el libre ejercicio de esa noble profesi�n, est� consagrado, de otro lado, para los sujetos pasivos de la informaci�n, el derecho de rectificaci�n, procedimiento administrativo con cargo a la Comisi�n Nacional de Televisi�n, en el caso de que la informaci�n acusada se transmita a trav�s de medio televisivo, para la rectificaci�n de informaciones inexactas o que atenten contra el buen nombre o la honra de las personas.
En cuanto al manejo de la informaci�n salvo por el derecho de rectificaci�n previsto en la ley, cabe destacar la suprema diligencia que implica el reporte de ciertos hechos por parte del comunicador sin poner en juego el derecho al buen nombre y la honra de los sujetos de la informaci�n. Sobre este punto la Corte ya ha hecho ciertas anotaciones se�alando lo siguiente: HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote11sym#sdfootnote11sym" 11 "La respetabilidad por el buen nombre, es una obligaci�n que se predica tanto de las autoridades como a los particulares, sin distinci�n alguna.
Por ello, para el primer caso, el art�culo 15 constitucional resalta la obligaci�n del Estado de respetarlo y hacerlo respetar. En cuanto a los particulares, su fundamento se encuentra, entre otras disposiciones en el numeral 1� del art�culo 95 superior que establece como obligaci�n de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
Este deber adquiere m�s relevancia y por ende una mayor aplicabilidad, en aquellos casos en que se trate de relaciones o situaciones p�blicas, donde la informaci�n o el concepto que se trate de relaciones de o situaciones p�blicas, donde la informaci�n o el concepto que se tenga de una persona pueda ser recibida por una cantidad indeterminada de personas.
Por ello, toda persona adquiere el derecho de exigir que las manifestaciones que se expresen o se divulguen en torno suyo, se encuentren ajustadas a la realidad. "La honra y el buen nombre de las personas, que en este caso han sido invocados por el accionante, como desconocidos por los medios de comunicaci�n, constituyen junto con el derecho a la intimidad los elementos de mayor vulnerabilidad dentro del conjunto de los que afectara la persona a partir de publicaciones o informaciones err�neas, inexactas o incompletas.
"Tanto el buen nombre como la honra de las personas son derechos fundamentales instituidos en raz�n a la dignidad del ser humano, en orden a preservar el respeto que a esos valores, de tanta trascendencia para cada individuo y su familia, deben la sociedad, el Estado y los particulares. Los derechos a la honra y al buen nombre no son los �nicos que puedan resultar lesionados por la actividad informativa de un medio de comunicaci�n tambi�n lo puede ser el derecho a la intimidad personal o familiar protegido en el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica" Siendo as�, puede arg�irse, que del uso que haga el Estado a trav�s de las autoridades competentes para ello, de las atribuciones que le dan la Constituci�n y la ley e cuanto al control de los medios de comunicaci�n, depender� la responsabilidad a que se refiere este art�culo, la cual puede radicarse en omisiones o extralimitaciones al momento de aplicar sanciones por fuera del desarrollo de un contrato de concesi�n, o durante el procedimiento establecido por la ley para el ejercicio del Derecho de Rectificaci�n en el caso de optar de una manera injustificada, por alguno de los extremos de este particular procedimiento, ll�mese presunta v�ctima o comunicador.
De otro lado, y se trata de un asunto que genera preocupaci�n, es la ausencia de un verdadero estatuto que reglamente el ejercicio de la profesi�n del comunicador social o periodista, pues en la actualidad, solo existe una incipiente �regulaci�n� si puede llamarse as�, establecida mediante ley 918 de 2004, �Por la cual se adoptan normas legales, con meros prop�sitos declarativos, para la protecci�n laboral y social de la actividad period�stica y de comunicaci�n a fin de garantizar su libertad e independencia profesional�, normatividad que se limita a establecer la conmemoraci�n de un d�a nacional del periodista, y el registro, revalidaci�n, convalidaci�n y homologaci�n de t�tulos universitarios ante el Ministerio de Comunicaciones y las distintas instituciones de educaci�n superior.
No existe en la ley citada disposiciones alusivas al ejercicio de la profesi�n del comunicador, qui�nes est�n autorizados para ello o las excepciones convenientes, en qu� casos ser�a ilegal dicho ejercicio, qu� organismo debe vigilarlo y con arreglo a que principios, sus deberes profesionales, un r�gimen disciplinario, y dem�s t�picos necesarios para considerar una verdadera vigilancia del Estado en cuanto a la intervenci�n de los comunicadores en el medio social.
La ausencia de este tipo de regulaci�n constituye una omisi�n legislativa, que aunque en la actualidad, no conforma el grupo de sistemas de imputaci�n de responsabilidad estatal que se conocen en nuestro Derecho, es una v�lida inquietud para impulsar el desarrollo jurisprudencial y la Doctrina. _____________________________________________ HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote1anc#sdfootnote1anc" 1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-162 de febrero 23 de 2000, intervenci�n de la Comisi�n Nacional de Televisi�n. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote2anc#sdfootnote2anc" 2 Tomado de �Periodismo: �oficio o profesi�n?.
Responsabilidad Social�, Circulo de Periodistas, julio de 2002. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote3anc#sdfootnote3anc" 3 Ib�dem HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote4anc#sdfootnote4anc" 4 Decreto 196 de 1971 HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote5anc#sdfootnote5anc" 5 Guevara L�pez Luis Ernesto en �Responsabilidad Civil del Periodista�. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote6anc#sdfootnote6anc" 6 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-162 de 2000. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote7anc#sdfootnote7anc" 7 Art�culo 30 de la ley 182 de 1995. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote8anc#sdfootnote8anc" 8 Ley 182 de 1995 art�culo 30. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote9anc#sdfootnote9anc" 9 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 1993, MP: Dr. Eduardo Cifuentes Mu�oz. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote10anc#sdfootnote10anc" 10 Olano Garc�a Hern�n Alejandro, Constituci�n Pol�tica de Colombia, S�ptima Edici�n, 2006. HYPERLINK "http://www.acj.org.co/actividad_academica/posesion_ruiz_orejuela.htm" \l "sdfootnote11anc#sdfootnote11anc" 11 Corte Constitucional, Sala S�ptima de Revisi�n, Sentencia T-404 de 1996.
Sentencia T-048/93 Opini�n, Informaci�n, Responsabilidad En sentir de la Sala, corresponde considerar en el presente negocio la distinci�n que sobre el objeto material de la libertad de expresi�n precisa el art�culo 20 de la Carta, en el cual se garantiza a toda persona tanto el derecho a "difundir su pensamiento y opiniones", como el "de informar".
Lo primero autoriza a expresar juicios particulares acerca de las cosas bajo cuesti�n, y a exponer la conciencia de ideas y conceptos sobre las mismas, al tiempo que lo segundo, el informar, se refiere al relato de hechos y circunstancias f�cticas en general. La distinci�n no est� exenta de consecuencias del mayor inter�s en el cap�tulo de la responsabilidad por el mal uso de la libertad.
Es as� como, por la propia Constituci�n se consagra el "derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad", el cual s�lo es predicable de las informaciones, m�s no de los pensamientos y opiniones que, seg�n el uso que de ellos se haga, pueden dar lugar a la reparaci�n de da�os causados y a la consecuente responsabilidad conforme a las leyes civiles y/o penales, mientras que, se insiste, es un imposible material pedir que se rectifique un pensamiento u opini�n, porque s�lo es posible rectificar lo falso o parcial, m�s no las apreciaciones subjetivas que sobre los hechos permitan la manifestaci�n de pensamientos y opiniones.
Encuentra fundamento adicional esta interpretaci�n en lo expresado en las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente con ocasi�n de la elaboraci�n del precepto (art. 20 C.N.) (Comisi�n Primera, 25 y 26 de abril de 1991), en los cuales se distingui� entre el derecho de "r�plica" de las opiniones y el derecho de "rectificaci�n" de la informaci�n, quedando este �ltimo consagrado en el texto de la norma.1 El derecho a la rectificaci�n es una garant�a de la persona frente a los poderosos medios masivos de comunicaci�n, y, su elevaci�n al rango constitucional permite una eficacia del derecho mayor que la existente por consagraci�n legal de tiempo atr�s, entre nosotros; lo que no significa el sacrificio del grado de discrecionalidad reconocido al medio en la selecci�n de la informaci�n veraz e imparcial.
Lo contrario, podr�a en un momento dado convertirse tambi�n en un atentado contra la libertad de prensa. SENTENCIA C-162/00 JUNTA DIRECTIVA DE COMISI�N NACIONAL DE TELEVISI�N-Procedimiento de reclamaci�n de rectificaci�n de informaci�n DERECHO A LA RECTIFICACI�N DE INFORMACI�N-Procedimiento de solicitud DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Inexequibilidad de procedimiento de reclamaci�n ante junta directiva de Comisi�n Nacional de Televisi�n ACCION DE TUTELA PARA DERECHO DE RECTIFICACION-Idoneidad del medio judicial LIBERTAD DE INFORMACION-Reducci�n garant�as del comunicador sobre si debe rectificar ORGANO JUDICIAL Y ADMINISTRACION-Asignaci�n de competencias ORGANO JUDICIAL-Tarea de juzgamiento en la defensa de los derechos fundamentales JUEZ NATURAL EN LIBERTAD DE INFORMACION-Defensa de los derechos fundamentales DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Procedimiento legal que no es estrictamente necesario por existencia de uno judicial expedito y garantizador PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Consecuencias negativas e innecesarias sobre el comunicador y el sistema de comunicaci�n social DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Momentos distintos de protecci�n judicial FALLO DE TUTELA EN DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-No produce cosa juzgada respecto de proceso ordinario sobre responsabilidad eventual del comunicador/JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL EN DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACION-Protecci�n de derechos fundamentales PROCEDIMIENTO CAUTELAR Y PROCEDIMIENTO DEFINITIVO EN DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACI�N-Protecci�n de derechos fundamentales Referencia: expediente D-2475 Demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 30 de la Ley 182 de 1995 Actor: Enrique Jos� Arboleda Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MU�OZ Santaf� de Bogot�, D.C., febrero veintitr�s (23) de dos mil (2000).
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, II. NORMA DEMANDADA A continuaci�n, se transcribe el texto de la disposici�n demandada, conforme a su publicaci�n en el Diario Oficial N� 41681 del 20 de enero de 1995. "LEY 182 DE 1995 (20 de enero) "por la cual se reglamenta el Servicio de Televisi�n y se formulan pol�ticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a �ste, se conforma la Comisi�n Nacional de Televisi�n, se promueven la industria y actividades de televisi�n, se establecen normas para contrataci�n de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones".
ARTICULO 30 �. DERECHO A LA RECTIFICACION. El Estado garantiza el derecho a la rectificaci�n, en virtud del cual, a toda persona natural o jur�dica o grupo de personas se les consagra el derecho inmediato del mismo, cuando se vean afectadas p�blicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses, por informaciones que el afectado considere inexactas, injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisi�n cuya divulgaci�n pueda perjudicarlo.
Podr�n ejercer o ejecutar el derecho a la rectificaci�n el afectado o perjudicado o su representante legal si hubiere fallecido el afectado, sus herederos o los representantes de �stos, de conformidad con las siguientes normas: Dentro de los diez (10) d�as h�biles siguientes a la transmisi�n del programa donde se origin� el mensaje motivo de la rectificaci�n, salvo fuerza mayor, el afectado solicitar� por escrito la rectificaci�n ante el director o responsable del programa, para que se pronuncie al respecto; �ste dispondr� de un t�rmino improrrogable de siete (7) d�as h�biles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere lugar.
El afectado eligir� la fecha para la rectificaci�n en el mismo espacio y hora en que se realiz� la transmisi�n del programa motivo de la rectificaci�n. En la rectificaci�n el Director o responsable del programa, no podr� adicionar declaraciones ni comentarios ni otros temas que tengan que ver con el contenido de la rectificaci�n. En caso de negativa a la solicitud de rectificaci�n, o si el responsable del programa no resuelve dentro del t�rmino se�alado en el numeral anterior, el medio, tendr� la obligaci�n de justificar su decisi�n, dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a trav�s de un escrito dirigido al afectado acompa�ado de las pruebas que respalden su informaci�n. El afectado podr� presentar inmediatamente su reclamo ante la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n, la cual decidir� definitivamente dentro de un t�rmino de tres (3) d�as h�biles.
Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales a que pueda haber lugar. No obstante lo anterior, se garantizan el secreto profesional y la reserva de las fuentes de informaci�n previstas en la Ley 51 de 1975, art�culo 11. En este caso, no podr� solicitarse la valoraci�n del testimonio de persona no identificada. Si recibida la solicitud de rectificaci�n no se produjese pronunciamiento tanto del responsable de la informaci�n o director del programa controvertido, como de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n, la solicitud se entender� como aceptada, para efectos de cumplir con la rectificaci�n. El derecho a la rectificaci�n se garantizar� en los programas en que se trasmitan informaciones inexactas, injuriosas o falsas, o que lesionen la honra, el buen nombre u otros derechos.
PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento por parte del medio de lo consagrado en este art�culo dar� lugar, seg�n la gravedad de la falta y sin perjuicio de otros tipos de responsabilidad, a una de las siguientes sanciones: Multas que impondr� la Comisi�n Nacional de Televisi�n entre 100 y 1.000 salarios m�nimos mensuales. Suspensi�n del servicio por el t�rmino de uno (1) a treinta (30) d�as.
Revocatoria de la licencia para operar la concesi�n. Caducidad administrativa del contrato. Los miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n que se sustraigan a la obligaci�n de velar por la realizaci�n del libre ejercicio de este derecho, incurrir�n en causal de mala conducta. Las sanciones descritas en el p�rrafo anterior estar�n precedidas del procedimiento y garant�as establecidas en la Constituci�n Pol�tica.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando por orden de la Comisi�n Nacional de Televisi�n o de un Juez competente en decisi�n definitiva, un operador del servicio de televisi�n a cualquier nivel o concesionario de espacios de televisi�n o contratista de televisi�n regional deba rectificar por m�s de tres veces informaciones inexactas, injuriosas o falsas, o lesivas de la honra o del buen nombre de personas naturales o jur�dicas, p�blicas o privadas, se har� acreedor a una reconvenci�n p�blica por parte de la Comisi�n Nacional de Televisi�n. Esta ser� suficientemente difundida y divulgada por los medios de comunicaci�n, con cargo al presupuesto de la Comisi�n Nacional de Televisi�n. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente art�culo. 6.
La Corte no ignora que en punto a la rectificaci�n, la protecci�n judicial se da en dos momentos distintos. En el primero, lo que se busca es restablecer en tiempo oportuno y bajo condiciones de equidad, el equilibrio informativo. La versi�n del medio o del informador, no puede ser la �nica que se conozca cuando la persona aludida por la noticia sostiene que �sta es falsa o inexacta y le causa perjuicio.
La imparcialidad exige que en estos casos, la persona agraviada pueda efectivamente ofrecer a la audiencia su propia versi�n de los hechos, lo que a la vez facilita una especie de defensa social y provee a la colectividad mejores y contrastados elementos de juicio para formarse una opini�n adecuada sobre los acontecimientos y sucesos que se ventilan.
Si el medio se niega a facilitar su concurso para este efecto, el juez debe en un procedimiento eminentemente cautelar y sumario determinar la procedencia de la rectificaci�n, la cual se impondr� salvo que las pruebas aportadas indicaren claramente que el relato del actor carece de todo sustento o resulta ser manifiestamente no ajustado a la verdad.
Con posterioridad, sin embargo, la persona que se considera agraviada puede perseguir que contra el comunicador se dicte una condena judicial relativa a su responsabilidad civil o penal. En el proceso ordinario, a diferencia del primero, se indaga exhaustivamente sobre la verdad o la exactitud de la informaci�n, puesto que s�lo as� podr� deducirse o negarse la condigna responsabilidad.
El fallo de tutela sobre la rectificaci�n, en consecuencia, no produce cosa juzgada respecto del proceso judicial ordinario que se dirija a establecer la responsabilidad eventual del comunicador, que podr� llegar a conclusiones distintas sobre los extremos inicialmente discutidos. La relaci�n entre estos dos procedimientos (cautelar uno y definitivo el otro) y su funci�n espec�fica, podr�a hacer plausible crear una alternativa al primero, habilitando, como lo hace la ley examinada, a una instancia administrativa para definir la viabilidad inicial de la rectificaci�n cuando a ella hubiere lugar.
No obstante, el procedimiento administrativo a�n teniendo tambi�n naturaleza sumaria y cautelar y subordin�ndose a la decisi�n del juez contencioso administrativo, en todo caso por no estar dirigido por un juez independiente e imparcial recorta las garant�as constitucionales de un titular de derechos fundamentales reconocidas por la Constituci�n y los tratados internacionales.
La protecci�n cautelar, de otro lado, reviste enorme importancia y, ciertamente, no se suple con la posterior revisi�n del juez administrativo la que sobreviene en un momento posterior cuando publicar o no publicar la rectificaci�n solicitada, apreciando los motivos y las pruebas que militan en un sentido y en otro, desde el punto de vista de la audiencia y de las personas concernidas, ha podido para entonces perder trascendencia y utilidad.
Por lo dem�s, definir la procedencia del derecho a la rectificaci�n, m�s que una facultad administrativa punitiva que bien podr�a recaer sobre responsabilidades ulteriores a la emisi�n de la informaci�n, traslada a la administraci�n el poder de decidir sobre lo que puede o no ser publicado. Si a este hecho se suma la circunstancia de que la resoluci�n del asunto se conf�a a la administraci�n, contra cuya intervenci�n la libertad de expresi�n se construy� originariamente como derecho de libertad, se concluye que el precepto acusado vulnera los derechos consagrados en el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica y pone en serio peligro el sistema de comunicaci�n social. 1.
Dentro de las variadas fuentes que contempla el orden jur�dico como venero de la responsabilidad se encuentra la transgresi�n del deber general de conducta consistente en abstenerse de causarle da�o a los dem�s, fruto de la denominada responsabilidad extracontrato o aquiliana, en cuya regulaci�n se ha sentado, como principio, que todo da�o debe ser resarcido por quien lo caus�.
De manera pac�fica se ha aceptado como elementos que estructuran este tipo de responsabilidad un hecho da�oso, un da�o y una relaci�n causal entre estos dos, sumado al ingrediente intencional, la culpa, que en ocasiones debe probarse y en otras se presume. 2. El da�o se ha definido como la lesi�n de un inter�s leg�timamente protegido, que en el caso bajo estudio se contrae, escrutado su objeto pretensional, al da�o emergente y lucro cesante m�s los perjuicios morales, t�pico que no est� exento de prueba, y para efectos de su reconocimiento judicial es necesario que est� debidamente probada su existencia, modalidad y cuant�a, trascendencia del perjuicio sobre el que la Corte Suprema ha insistido para efectos de la indemnizaci�n, concluyendo que �sin su existencia y demostraci�n no nace a la vida jur�dica la obligaci�n indemnizatoria� (casaci�n octubre 26 de 1982) y que le corresponde al actor probar el da�o cuya reparaci�n implora y su intensidad, puesto que la indemnizaci�n no debe ser superior ni inferior al deterioro patrimonial sufrido.
En �poca m�s reciente la Corte puntualiz� que el da�o, es un �requisito que, mutatis mutandis, se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligaci�n resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el cual, de consiguiente, resulta vano, a fuer de impreciso y tambi�n hasta especulativo, hablar de reparaci�n, de resarcimiento o de indemnizaci�n de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual, habida cuenta de que �Si no hay perjuicio�, como lo puntualiza la doctrina especializada, � no hay responsabilidad civil��, agregando a continuaci�n que, �dentro del concepto y la configuraci�n de la responsabilidad civil, es el da�o un elemento primordial y el �nico com�n a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento.
De ah� que no se de responsabilidad sin da�o demostrado, y que el punto de partida de toda consideraci�n en la materia, tanto te�rica como emp�rica, sea la enunciaci�n, establecimiento y determinaci�n de aqu�l, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acci�n indemnizatoria� (CXXIV, p�g. 62). 3. De otra parte, a la voz del art�culo 1614, los perjuicios pueden estar constituidos por el da�o emergente y el lucro cesante, referido este a las ganancias o provecho econ�mico que dej� de ingresar al patrimonio del actor, provocado por la frustraci�n real de una ganancia o provecho, para cuya determinaci�n deben consultarse las espec�ficas circunstancias de cada caso en concreto.
El da�o emergente se califica como la p�rdida o deterioro sufrido a consecuencia del da�o, o lo invertido para reponer o dejar el bien afectado tal como estaba para antes de la ocurrencia del hecho. 4. As� mismo, no puede perderse de vista que con el prop�sito de proteger la moralidad comercial y el inter�s general, las instituciones de cr�dito, por ejercer una actividad en la que est� comprometida el ahorro, la sanidad del mercado crediticio, etc., tienen derecho a conocer la correcci�n y la solvencia econ�mica de los aspirantes a usar los servicios financieros, cometido que en parte se logra con la recepci�n del dato de los clientes, siendo necesario precisar que esta labor est� limitada por la transmisi�n de un conocimiento veraz y completo sobre el deudor, quien as� mismo debi� autorizar el manejo de esa informaci�n; circunstancias que ponen de relieve el car�cter relativo de este derecho, el cual no puede ser utilizado �para revelar datos que lesionen la honra y el buen nombre de las personas.
La informaci�n en los t�rminos del ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, debe ser ver�dica e imparcial, pues no existe derecho a dirigir informaciones que no sean ciertas y objetivas. En este sentido, a juicio de la Corte, mientras las informaciones sobre un deudor sean fidedignas, ver�dicas y completas, no se puede afirmar que el suministro y la circulaci�n de los datos a quienes tienen un inter�s leg�timo en conocerlos vulnere el buen nombre de su titular� (Sentencia T-527 de 2000) y por ser legitima la actuaci�n, en esos precisos casos no hay lugar a la indemnizaci�n de perjuicios. 5.
Expuestos los anteriores conceptos, �tiles para resolver la situaci�n conflictiva, desde ya se advierte que la decisi�n cuestionada ser� objeto de confirmaci�n, tal como se procede a explicar: 5.1 Censura el recurrente que a pesar de haberse demostrado la vulneraci�n de un derecho fundamental y que esto trajo como consecuencia su �muerte civil�, el juzgado debi� aceptar la existencia del da�o y del perjuicio, argumentaci�n de la desde ya se advierte, no tiene poder para desquiciar el fallo atacado, dada la carencia total de pruebas que sustenten el ataque as� formulado.
En efecto, de la revisi�n del expediente emerge con total claridad que el actor no se preocup� de nutrir la actuaci�n con las pruebas que acreditaran los perjuicios causados con el injusto reporte, pues la gesti�n demostrativa del demandante a este respecto se limit� a constatar la equivocada informaci�n; la desactivaci�n del tel�fono celular; el cobro de una obligaci�n inexistente, pues el celular 2443649 nunca perteneci� al demandante y que este es el representante legal de Cargenios, medios que en manera alguna tienen la virtud de representar los perjuicios causados por su ocurrencia, valoraci�n que llev� al Juez de conocimiento a absolver a la demandada bajo la premisa de no haberse demostrado la presencia del supuesto de hecho que motivara condena sobre el punto, la cual es consecuencia obligada de la inobservancia por parte del demandante de la carga de probar la entidad del da�o y su valor, pues no en vano, en estas lides indemnizatorias �toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximaci�n que sea factible seg�n las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminar�n gravitando en contra de aqu�l con arreglo al Art. 177 del C. de P.C,�.� (Sentencia del 4 de marzo de 1998, exp. 4921). 4.2 En este sentido, de la revisi�n de los perjuicios que declar� el demandante se le causaron con el injustificado reporte a la central de riesgo, emerge que este se sinti� lastimado porque perdi� su credibilidad comercial, se mitig� su prestigio; las entidades bancarias y financieras se abstuvieron de hacerle pr�stamos; el no haber podido cambiar de apartamento y no poder servir de codeudor a sus familiares, perjuicios que quedaron en la m�s completa orfandad probatoria en cuanto a su existencia y quantum, manifestaciones que no se acompa�aron de los medios a los que la ley les reconoce idoneidad demostrativa, siendo importante recordar que solo �procede la reparaci�n de esta clase de da�os en la medida en que obre en los autos, a disposici�n del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensi�n cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios c�lculos que no pasan de ser especulaci�n te�rica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido� pues de lo contrario �aflorar�a o se evidenciar�a su incertidumbre, en tanto y en cuanto en ambos casos �da�o eventual o hipot�tico y da�o no acreditado o demostrado- el juez carecer�a de elementos fidedignos para comprobar su certeza y proceder a su valuaci�n. As� lo tiene sentado esta Corporaci�n cuando precis�, entre otros fallos, que �Es verdad averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se requiere, adem�s de ser cierto y, en l�nea de principio, directo, que est� plenamente acreditado, existiendo para ello libertad de medios probatorios�.
(Subraya intencional, Sentencia del 28 de junio de 2000, exp. 5348) 4.3 Igual afirmaci�n ha de realizarse respecto del perjuicio moral el cual puede llegar a materializarse pues la doctrina y la jurisprudencia ha reconocido que el da�o igualmente puede afectar los sentimiento �ntimos del titular de los derechos que sobre ellos recae, considerados como el precio del dolor que busca remediar a lo menos en parte las angustias, depresiones sufridas por la v�ctima con motivo del hecho que lo lesiona, perjuicio que igualmente debe concitar las condiciones de ser ciertos y estar probada su intensidad para que por medio del arbitrio judicial, se proceda a su cuantificaci�n. En este orden y dado que en el sub lite no obra prueba alguna de la existencia de este tipo de perjuicio, la absoluci�n del demandado se impone, simple aplicaci�n del principio de la carga de la prueba de acuerdo con el cual quien tenga inter�s en la aplicaci�n de los efectos que la norma consagra, debe probar los supuestos de hecho que motiven su implementaci�n pr�ctica, pues � la finalidad �ltima de la actividad probatoria es lograr que el Juez se forme una convicci�n sobre los hechos, por lo que el deber de aportar regular y oportunamente las pruebas al proceso, est� en cabeza de la parte interesada en obtener una decisi�n favorable.� Lo que permite presentar como ep�logo de lo discurrido que quien quiere verse beneficiado con los efectos que se derivan de una norma de derecho, probar el supuesto f�ctico que provoca su aplicaci�n; principio que indica al juez la orientaci�n de su fallo cuando en el proceso no hay el material probatorio que le de certeza sobre los hechos que habr�an de fundamentar su decisi�n, determin�ndose qui�n asume las consecuencias jur�dicas por la falencia probatoria acerca de los hechos en los que se basan las pretensiones. 6.
No obstante lo expuesto, esto es, que no se acreditaron los perjuicios que se le ocasion� al actor con el alegado reporte injusto, sin embargo y dado que sobre el hecho de la existencia de la obligaci�n reportada a cargo del actor tampoco se trajo la prueba correspondiente, quedando sin demostraci�n que la noticia suministrada a la entidad recaudadora del dato sea veraz, habr� de adoptarse los mecanismos para corregir esta indebida situaci�n. En efecto, para justificar el incumplimiento del actor y el reporte mismo, el demandado expres� que ante una versi�n de clonaci�n del celular que estaba en poder del usuario, se le asign� la l�nea 2443649, cuya desactivaci�n solo se solicit� en el mes de mayo de 2000, hechos que carecen de todo respaldo probatorio, no estando entonces acreditado que el actor estaba obligado a pagar la facturaci�n de este abonado, hecho este que por constituir la base de la acusaci�n como deudor moroso y de dudoso recaudo, provoca como consecuencia que sea de rigor que se le ordene a Telecars que proceda a reportar a Datacr�dito, para los efectos legales que la obligaci�n reportada no se prob� judicialmente.
A lo anterior se agrega que en el expediente tampoco obra prueba de la autorizaci�n del actor para que se suministrara esa informaci�n negativa, omisi�n que genera como consecuencia que la reportada tampoco est� signada por la legalidad, pues sobre este t�pico, de manera copiosa la jurisprudencia Constitucional ha se�alado que �el n�cleo esencial del derecho del Habeas Data est� conformado por la libertad econ�mica y la autodeterminaci�n inform�tica, en virtud del cual el individuo al que se refieren los datos tiene el poder para autorizar el almacenamiento, uso y circulaci�n de los datos y de exigir un adecuado manejo de la informaci�n; por eso el contenido del Habeas Data se manifiesta por medio de tres facultades concretas para el sujeto, que son, la de conocer las informaciones; la de actualizarlas; y la de rectificarlas cuando esa informaci�n no es veraz� (Sentencia de tutela precitada).
Hay que modificar el punto relativo a la informaci�n trasmitida por la inspecci�n de polic�a, poner de presente que no existe ninguna prueba que vislumbre que la polic�a como presunta fuente oficial le haya otorgado la calidad de delincuentes a los capturados, as� como tampoco que hubiera precisado que todos los capturados la noche del incidente se encontraban sindicados como presuntos miembros de la banda de atracadores de taxis.
Reducir pruebas. Puntualizar lo del perjuicio moral con la sentencia copiada del despacho. Cuando se vaya a puntualizar sobre la configuraci�n del perjuicio moral recalcar que si bien su tasaci�n o quantum se deriva de una funci�n subjetiva del funcionario de conocimiento, tal situaci�n debe encontrarse demostrada o que se torne netamente evidente.
Finalmente, resaltar que el perjuicio moral se deriva no porque lo hubieran echado al demandante de su trabajo sino con ocasi�n de las consecuencias que sin lugar a dudas se derivan de la publicaci�n que lo calific� como atracador, delincuente, se�alando de forma relativa tal aspecto. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Civil. Sentencia 24 de mayo de 1999 (S-015). V�ase, Sentencias Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de mayo 24 de 1999.
Sentencia de diciembre 13 de 2002, radicaci�n No. 7692. Sentencia de diciembre 13 de 2002, radicaci�n No. 7303. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia de diciembre 13 de 2002. G. J. N�mero 2497, p�gina 501, sentencia No. 015 de 24 de mayo de 1999 Ib�dem. Art�culo 30 de la Ley 182 de 1995. Sentencia C-162/00 Philippe le Tourneau, La Responsabilit� Civile, Dalloz, 1.982, Par�s, p. 156.
En sentido muy similar, el doctrinante espa�ol Jaime Santos Briz, recuerda que, "..no puede hablarse de responsabilidad contractual ni extracontractual si no se ha causado un da�o a alguien". La Responsabilidad Civil, Montecorvo, Madrid, 1.981, p. 123. Sentencia del 28 de junio de 2000, PAGE PAGE 1 LRSG. 36-06-278-01 AC]^ghij����� 1 2 3 A e f g � � � � � � > x � � ����������üüò��͟�sibibibibibi h�}�5�aJ h��h�}�5�aJ h��h�}�5�@���\� h13Ah13A5�@���\�mH sH h13Ah13A5�@���aJ mH sH h13Ah13A5�@���\� h�}�5�CJh[B�h�}�5�CJ h13A5�aJ h[B�h�}�5�aJ h�}�5�@���\�hI"�5�@���\�h~r�5�@���CJ\�hI"�5�@���CJ\�h�p_5�@���CJ\�" Chij�����2 3 e f g � � � � �������������������dhgd�}�dhgd�}�$ �0�dh*$a$gd13A $dha$gd�}� $dha$gd�}�$ �0�dha$gd�}� $ �0�dha$$ �0�a$��������� � � � [ q r � � � � � � � � ���h���6e�������������������������¸����������������yrhrhrhh��h�}�5�aJ h�}�5�aJ h$T h�}�5�aJ h�8 h�}�5�aJ h��h�}�5�aJ mH sH h[B�h�}�aJ mH sH h[B�h�}�5�CJ aJ mH sH h�a0h�}�6�aJ h3sh�}�aJ h�}�aJ h�$Vh�}�aJ h�}�aJ mH sH h��h�}�aJ mH sH h[B�h�}�5�aJ mH sH (� � � �������������������������������������� $dha$gd�}�$ �0�dha$gd�}� $dha$gd�}�dhgd�}�dhgd�}� $dha$gd�}� $dha$gd�}�dhgd�}���������#$%&)LN�����q r } � � � � c �����������������{��n�eYeYO�Oh�a0h�}�5�aJ h�a0h�}�5�@���aJ 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C�210 a�la Ley�la Asamblea General�la Asamblea Nacional"�la Asamblea Nacional Constituyente�la C.P�la Carta �la Carta.
No la Comisi��nla Comisi��n Nacionalla Comisi��n Primerala Constituci��nla Constituci��n Espa��olala Constituci��n Nacionalla Constituci��n Pol��ticala Constituci��n Pol��tica.LA CONTESTACI��Nla Convenci��n Americana la Convenci��n InteramericanaLa Corporaci��n�la Corte�la Corte Constitucional�la Corte Interamericana�la Corte Suprema�la D.E�la DEAla Declaraci��nla Declaraci��n Americana �LA DEMANDA �LA DEMANDA DEla Direcci��n Nacionalla Direcci��n Seccional�la Direcciones �la Doctrina. la Edici��nla Edici��n No.la Escritura P��blica la Estaci��n �la Facultad�la FALTA �la Fiscal�la Fiscal Regional la Fiscal��ala Fiscal��a General la Fiscal��a.LA FUNCI��N SOCIAL�la Honorable Corte la Ib��dem �la Integridad�la Integridad Moral�la Junta Directiva�la Ley �la Libertad�la libertad.
Es la Naci��n la Notar��ala Notar��a Veinte�la ONUla Organizaci��n la Polic��ala Polic��a Antinarc��ticosla Polic��a Nacionalla propia Constituci��n�LA RECTIFICACION DE�LA RECTIFICACION. ElLA RECTIFICACI��N DE la Relator��a la Rep��blica�La Responsabilidad CivilLa Responsabilit�� Civile �la Revista�LA REVISTA CAMBIO�La Sabana.
AbogadoLa Sabana.��Corre�la Sala �la Sala Civil �LA SALA PLENA �LA SENTENCIA �LA SOCIEDAD�LA SOCIEDAD EL�la Sociedad TV�la Superintendencia�la Unidad Local�la Universidad�la Universidad Libre �ProductID�WL�WP�WQ�W �W�WO�W�W5�W�W�W�WL�WM�WE�WL�W$�WL�W�WE�W?�W�W5�W5�W �W+�W �W�W5�WI�W%�WT�W �W!�W*�W3�W �WI�W)�W%�W�W5�W�W�W�W>�W�W-�W8�WS�W-�W8�W?�W"�W&�W:�W>�W �W-�W8�W5�W>�W,�W=�W,�WI�W�WI�W �W�W �W,�W5�W5�W�W-�W8�W2�W3�W�WH�WI�W5�WI�WL�WE�WU�WJ�WV�W(�WU�WK�W �W �W�W�W�W5�W�W�W5�W5�W�W5�W�W�W�W�W �W�W�WD�W6�W�W�WM�WR�W9�W'�W.�W-�W8�W-�W8�W �W5�W5�W�W,�W,�W,�W,�W5�W �W�W�W�W,�W,�W-�W8�W,�W�W�W�WE�WM�W/�W�W �W<�W �W �W�W;�W4�W �W �W �W �W�W�W�W �W�W �W�W�W �W�W�W�W�W�W0�W �W8�W1�W �W�W �W �W�W �W�W �W�W�W �W#�W �WL�W�W7�W@�W�W�W�WC�WA�WA�WA�WA�WA�WA�WA�W5�WN�W�W �WB�W4�W �W5�W4�W �W �W4�W �W�W �W �W �W�W �W�W�W�W�W5�WG�WFsx����� � ��� � � � �#�#O%R% &%&�1�12878z8�8::�=�=�B�B�C�C�C�CADGD�G�GCIHI\I_IvIyI�I�I�J�J�K�KL LILLL�M�MPP+P.P�R�R S SpYuY�Y�Y[[[ [�\�\^^BaEa�b�bf f�q�q�q�q�t�t�u�u��ɐ��%�*�?�B�*�-�s�x�?�C�J�M�����X�[�`�c�d�i�~������ �ִ۴�� ��$�'����������������������������������������h�j�������������{~<?�����'*2 ? 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