Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2003 478 02

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Ariel Salazar Ramírez

Fecha: 2010-06-02

Sujetos procesales: LUÍS ALBERTO RODRÍGUEZ / GERMÁN MUÑOZ TORRES

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Radicaci�n 2003 478 02 ____________________________________ Estudiado este proceso en orden a resolver la apelaci�n formulada contra la sentencia proferida por el se�or Juez Treinta Civil del Circuito (Adjunto) de Bogot� el veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), se advierte la presencia de un vicio con alcances de nulidad que afecta parte de la actuaci�n y que es preciso declarar.

I.

ANTECEDENTES 1. Lu�s Alberto Rodr�guez Rodr�guez, por conducto de apoderado judicial, demand� a Germ�n Enrique Mu�oz Torres para que se reconocieran y pagaran las mejoras que hizo en el inmueble distinguido con el n�mero de matr�cula inmobiliaria n�mero 50N�185116, el cual afirma es de propiedad del demandado. [Folio 282] 2. El mencionado inmueble, que no registra direcci�n en el folio de matr�cula inmobiliaria, fue comprado por Isaur Sierra a Juana Ram�rez, seg�n aparece indicado en la anotaci�n N� 1 del certificado de tradici�n y libertad. [F 268] 3.

Posteriormente el inmueble fue adjudicado en proceso de sucesi�n que curs� en el Juzgado 14 Civil del Circuito, a los herederos de Isaur Sierra en sentencia de 27 de marzo de 1973. [Folio 268] 4. De esa fecha en adelante se hicieron m�ltiples tradiciones parciales de cuotas sobre el inmueble. 5. En la anotaci�n N� 21 aparece registrada la venta que Mu�oz Lascar y Asociados Ltda. hizo a Germ�n Enrique Mu�oz Torres, actual demandado, de los derechos de cuota sobre 2.750 m2 (Villa Margarita), sin que aparezcan especificados la ubicaci�n y linderos respectivos. [Folio 270] 6.

Posteriormente los dem�s propietarios siguieron haciendo ventas parciales de cuotas o de derechos hereditarios, y se realizaron adjudicaciones por herencia, sin que se hayan acreditado los respectivos porcentajes, ubicaci�n, �rea y linderos de las correspondientes partes del inmueble que eran negociadas. II. CONSIDERACIONES 1. No es posible ignorar que cuando se demanda el pago de mejoras realizadas en un inmueble ajeno, sea sin el consentimiento del due�o, o bien a ciencia y paciencia suyas, para usar los t�rminos del art�culo 739 del C�digo Civil, resulta indispensable dirigir la demanda contra el due�o del terreno, pues es �ste quien eventualmente est� llamado a pagar al edificador el valor de dichas mejoras.

En el primer caso, es decir cuando el propietario no supiera que se edificaba en su heredad, el due�o del terreno tendr� derecho a hacer suyo el edificio mediante ciertas indemnizaciones, o de obligar al que edific� a pagarle el justo precio del terreno. En cambio, cuando el due�o de la cosa en la que otro edific� ten�a conocimiento de tal hecho, �su t�cito conocimiento le cre� una obligaci�n indiscutiblemente justa: sufragar el valor del edificio.� Esta �ltima situaci�n, que adem�s es la que subsume al caso de marras, otorga al mejorador un derecho crediticio por el valor de la edificaci�n, pero adem�s concede al edificador el derecho de retener la edificaci�n mientras no se le pague o se le asegure su pago.

Es decir, el derecho de cr�dito, por ser personal, s�lo puede ejercitarse contra quien lleg� a ser propietario del edificio; mientras que el de retenci�n produce efectos erga omnes, esto es que puede oponerse no s�lo contra aqu�l o contra quien de �l adquiri� por tradici�n, sino contra todos. Y es precisamente por esta �ltima raz�n que la demanda que persiga tales pretensiones deber�, inexorablemente, dirigirse contra todas las personas que figuren como titulares del derecho de dominio sobre el bien, pues las relaciones o actos jur�dicos sobre las cuales versa el proceso, por su propia naturaleza, impiden resolver de m�rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones.

Por lo tanto, resulta necesario integrar el contradictorio en la forma y t�rminos se�alados en el art�culo 83 de la codificaci�n procesal civil. 2. En el caso que demanda la atenci�n de esta instancia, no resiste el menor peso de una cr�tica el hecho de que en el certificado de tradici�n y libertad aportado con la demanda aparecen, adem�s del demandado, otros titulares de derechos de dominio sobre el bien inmueble objeto del proceso.

Ello indica, con sobrada claridad, que no fueron vinculadas a la actuaci�n todas las personas cuyos intereses se ver�an directamente afectados de llegar a tomarse una decisi�n de fondo. Resulta, pues, evidente que al proceso debieron citarse, como partes litisconsorciales, quienes figuran como titulares del derecho de dominio del inmueble objeto de litigio, pues solo as� podr�n hacerse efectivas las prestaciones reclamadas en virtud de lo estipulado en el inciso 2� del art�culo 739 del C�digo Civil.

Ello supone, naturalmente, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a fin de sanear el vicio aludido. 3. Respecto de esto �ltimo, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casaci�n de 6 de octubre de 1999, con Ponencia del H. Magistrado SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO, rectific� la doctrina de la Corporaci�n que tradicionalmente ven�a considerando que, de advertir el sentenciador ad quem la falta de integraci�n de un litis consorcio necesario, en cualquiera de los extremos de la relaci�n jur�dico-procesal, el fallo tendr�a que ser inhibitorio.

Se sustentaba ese criterio en el art�culo 83 del C�digo de Procedimiento Civil, al entenderse que cuando por inadvertencia del juez de la primera instancia �y de las partes, el fallador ad quem se encuentra que no est�n presentes todas las personas a quienes les corresponder�a formular o contradecir las pretensiones de la demanda, �l�gicamente ya no podr� hacer uso de los poderes de saneamiento consagrados en el art�culo 83, por cuanto aqu�llos se agotan con la decisi�n de primera instancia; tampoco la sentencia podr� ser de fondo �, quedando como �nica posibilidad que se dictara un fallo inhibitorio�.

Al ser examinada la cuesti�n nuevamente por la Corte, �sta hizo ver c�mo esa conclusi�n carec�a de respaldo en el memorado art�culo 83. Precept�a �ste, en efecto, que cuando �el proceso verse sobre relaciones o actos jur�dicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici�n legal, no fuere posible resolver de m�rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber� formularse por todas o dirigirse contra todas�, disponiendo a rengl�n seguido las medidas que debe tomar el juez con el fin de que se logre la plena integraci�n de las partes, bien en el auto admisorio de la demanda o bien despu�s, de oficio o a petici�n de parte, pero siempre �mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia�, preclusi�n que diera �p�bulo a que en segunda instancia, ante la falta de conformaci�n del litisconsorcio necesario, se dicten fallos inhibitorios, como �nica soluci�n emergente posible�.

Pero, agreg� la Corte, �un entendimiento l�gico e integrado con todo el ordenamiento procesal civil permite afirmar, primero, que es cierto que todas las medidas de integraci�n del litisconsorcio necesario deben surtirse en el tr�mite de la primera instancia; y segundo, que, en cambio, no es cierto que una vez superada tal instancia el sentenciador superior, de continuar la deficiente conformaci�n de aqu�l, no le queda otro camino que abstenerse de proveer sobre el fondo del asunto puesto a su consideraci�n. En efecto, lo �nico que en esta hip�tesis impide el precepto es �resolver de m�rito�, lo que indudablemente deja espacio para que el juzgador ad quem pueda adoptar cualquier medida procesal, legalmente admisible, que conduzca a solucionar la an�mala situaci�n, mientras no resuelva de fondo que es lo que en verdad se le proh�be; mucho m�s, si precisamente, como se dijo, es deber ineludible del juez evitar los fallos inhibitorios. �Ahora bien, la medida procesal que le corresponde adoptar al fallador de segunda instancia est� dada por la consagraci�n de la causal 9� del art�culo 140 del C�digo de Procedimiento Civil, la cual se produce, entre otros eventos, cuando se deje de notificar o emplazar a una de �las dem�s personas que deban ser citadas como parte�, situaci�n que ata�e con los litisconsortes necesarios, quienes deben ser citados al proceso justamente para que se pueda resolver de m�rito sobre la cuesti�n litigiosa; situaci�n que se da tanto frente a aquellos litisconsortes que mencionados en la demanda y en el auto admisorio de la misma no fueron notificados de �ste; como frente a quienes deben ser citados, y no lo han sido, a pesar de que por la ley o por la naturaleza del litigio deben demandar o ser demandados; todo en aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 83 del C�digo de Procedimiento Civil�. 4.

Bajo la orientaci�n de las anteriores premisas, se entiende que la nulidad ha de comprender el tr�mite adelantado en la segunda instancia y la sentencia objeto de apelaci�n, toda vez que �abolida �sta se restituye la posibilidad de disponer la citaci�n oportuna de las personas que debieron formular la demanda o contra quienes se debi� dirigir �sta, para los fines que ata�en a la defensa de sus intereses; se dan as� unas ventajas pr�cticas de valor apreciable con relaci�n al fallo inhibitorio, consistentes en que subsiste el mismo proceso, se evita que se pierda tiempo y la actividad procesal producida hasta ese momento, se mantienen los efectos consumados de las normas sobre interrupci�n de la caducidad, y prescripci�n, y, por sobre todo, se propende porque de todos modos se llegue al final a la composici�n del litigio�. 5.

Por las razones esbozadas, no queda m�s que declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, para que se subsane la actuaci�n en la forma y t�rminos se�alados en el art�culo 83 del C�digo de Procedimiento Civil. III. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil, DECLARA NULO lo actuado en este proceso a partir de la sentencia de primera instancia, para que se subsane la actuaci�n en la forma que se ha indicado en el cuerpo de esta providencia, esto es se disponga la citaci�n de quienes deben actuar como litisconsortes necesarios por pasiva.

COPIESE,

NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE El Magistrado, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2003 478 02  Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 13 de marzo de 1937. G.J. T. XLIV, p�g. 714.  Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casaci�n de 6 de octubre de 1999. M.P.: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO. Bogot�: Jurisprudencia y Doctrina. Edit. Legis, 1999. T. XXVIII. P: 2234.     PAGE  PAGE 2 2003 478 02 (+01ADEFYZsuv�����ƴƢ���uƢgYK: h�_7h�z�CJOJQJ^JaJh[�CJOJQJ^JaJhy6CJOJQJ^JaJhF-�CJOJQJ^JaJhiofCJOJQJ\�^JaJh�.�CJOJQJ\�^JaJh�,CJOJQJ\�^JaJ#hF.nh�z�CJOJQJ\�^JaJ#h�3E5�CJOJQJ\�]�^JaJ)hiofh�z�5�CJOJQJ\�]�^JaJ#hiof5�CJOJQJ\�]�^JaJ#hiofh�z�5�CJOJQJ^JaJ(7BCDEFtuv����� 0 1 2 3 4 ���������������������$�L��1$^�L`��a$gdHuk$� �?�1$^� `�?�a$gdHuk $1$a$gdHuk $1$a$gdHuk1#2S2���������������������� ��������zodoZMdoM?4h�h�OJQJ\�^Jhiofh�z�OJQJ\�^Jhiofh�z�OJQJ^JhiofOJQJ^Jh2�5�OJQJ^Jh�+!5�OJQJ^Jh2�h2�5�OJQJ\�^Jh�+!OJQJ\�^JhiofOJQJ\�^JhHWwh�z�5�OJQJ\�^J!hHWwhHWw5�OJQJ\�]�^J!hHWwh�z�5�OJQJ\�]�^Jh�z�CJOJQJ\�^JaJ hF.nh�w&CJOJQJ^JaJh�z�CJOJQJ^JaJ / 0 1 2 3 4 � � � � � � � � � � �   � � � � ���Ŷ�����������������w�dN+h�-�h�z�5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�w&CJOJQJ\�^JaJmH sH h�XhCJOJQJ\�^JaJhF'�CJOJQJ\�^JaJh��CJOJQJ\�^JaJ#hF.nh�w&CJOJQJ\�^JaJh�z�CJOJQJ\�^JaJ#hF.nh�z�CJOJQJ\�^JaJ#hF.nh�p}CJOJQJ\�^JaJh�p}OJQJ\�^Jh�z�OJQJ\�^J4 � � � � � � � � � � � 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