33-2008-00287 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� ps��o�� s^bjbjOO >�-a-a�Td=�� h@�0��8$��<�X!��"�� $�"��%b� �� !��H�� Ut��Ad�� (!0X!� &�� &� &�� E��X!�� &�� $.: PROCESO ORDINARIO DEMANDANTE: ISABELINA MURILLO DEMANDADO: BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACI�N APELACI�N DE SENTENCIA: 33-2008-00287 01 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL MAGISTRADO PONENTE: LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisi�n del 11 de septiembre de 2013. Acta No. 35. Bogot�, D.C., diecis�is de octubre de dos mil trece. Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la demandante contra la sentencia que puso fin a la instancia, proferida por el Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de Descongesti�n el pasado treinta y uno de mayo, dentro del proceso ordinario que promoviera Isabelina Murillo contra el Banco Cafetero S.A. en Liquidaci�n. I. DEMANDA 1.

Pretendi� el extremo demandante, que se declare que las condiciones econ�micas en que fue celebrado el contrato de mutuo suscrito entre los extremos de la lite cambiaron sustancial e imprevistamente, por lo que solicit�, se decrete la revisi�n del mismo de modo tal que las unidades de poder adquisitivo constante no se liquiden con base a la DTF sino en el �ndice de precios al consumidor, la cual debe hacerse �desde cuando la misma celebraci�n del contrato se llev� a cabo�, y que, se �elimine la tasa de inter�s efectivo que se adiciona a la correcci�n monetaria, disponi�ndose, as� mismo, la devoluci�n de los valores cancelados en exceso en cada una de las cuotas. 2.

Como supuestos f�cticos de su petitum enunci� la demandante los que la Sala procede a compendiar: 2.1. La actora tom� un cr�dito hipotecario otorgado por la sociedad Bancafe el 19 de diciembre de 1995 por valor de $19.000.000. para la adquisici�n de vivienda, raz�n por la cual constituy� hipoteca de primer grado sobre el predio distinguido con el folio de matr�cula inmobiliaria 350-108163, exponiendo que el valor de la primera cuota que cancel� lo fue por $395.000.00 y que a la fecha de presentaci�n del libelo, ascendi� la misma a $550.000.00. 2.2.

Expuso que debido a las circunstancias extraordinarias del mercado, las cuales resultaron imprevistas e imprevisibles al momento de la celebraci�n del contrato de mutuo, sumado a las decisiones gubernamentales sobre los cr�ditos y a la conducta asumida por la entidad crediticia, se ha alterado en forma grave la obligaci�n a su cargo, coloc�ndosele en una situaci�n de imposible incumplimiento, debido a su excesiva onerosidad; agregando, finalmente, que no le fue informado por el ente crediticio la forma en que reestructur� y reliquid� el cr�dito, como lo ense�a la ley 546 de 1999. 3.

Notificada la entidad bancaria del auto admisorio del libelo genitor se opuso al triunfo de las aspiraciones procesales, formulando, para el efecto, las excepciones de m�rito que denomin�: i) �Falta de legitimaci�n por pasiva del Banco Cafetero S.A. en liquidaci�n�, ii) �Contrato de mutuo suscrito con las formalidades legales bajo el imperio de una ley vigente al momento de su celebraci�n�, iii) �Cobro de intereses legales por parte del banco�, iv) �Aplicaci�n del alivio dispuesto por la ley 546 de 1999� y, v) �Ausencia de presupuestos para que opere la teor�a de la imprevisi�n�.

De igual manera, en el curso del proceso se orden� vincular al proceso al Banco Davivienda S.A., ente que se resisti� a las s�plicas planteando, como medios de defensa los intitulados: i) �Irretroactividad de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional�, ii) �Ausencia de causa para pedir (ausencia de circunstancias imprevistas) pago y reliquidaci�n del cr�dito ya realizada por el Banco�, iii) �Ausencia de da�o indemnizable�, iv) �Cobro de capital e intereses dentro del l�mite legal� y, v) �La gen�rica�.

Agotado el tr�mite previsto por el rito civil y practicadas las pruebas decretadas, el juzgado de conocimiento en sentencia proferida el pasado treinta y uno de mayo, declar� probadas las excepciones de m�rito formuladas por la entidad llamada a juicio, negando, en consecuencia, los pedimentos reclamados en el libelo, afirmando, luego de hacer referencia a los requisitos se�alados por la doctrina y la jurisprudencia para la aplicaci�n de la teor�a de la imprevisi�n, que los mismos no se presentan en el sub lite, en la medida en que se efectu� el tr�mite reliquidatorio de acuerdo con el formato 248, siendo avalado por la Superintendencia Bancaria, sin que existieran circunstancias extraordinarias e imprevisibles que alteraran la prestaci�n a cargo de la demandante, pues �los agentes que acrecentaron el costo de la UPAC�, ya exist�an cuando la actora se oblig� con la entidad crediticia. II.

EL RECURSO Inconforme con la decisi�n extractada y para obtener su revocatoria, el extremo activo interpuso recurso de apelaci�n alegando, que en el caso concreto se demostraron los fundamentos f�cticos y legales a las que se someti� el contrato de mutuo contra�do, contando el juez, para su acreditaci�n, con el dictamen pericial rendido a trav�s del cual se estableci� una diferencia entre lo pactado y lo cobrado, experticia que a m�s de no ser objetada en el curso de la acci�n, no fue tenida en cuenta en el fallo que puso fin a la instancia, aspecto que, manifest�, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, alzada que procede la Sala a resolver previas las siguientes: III.

CONSIDERACIONES 1. Es de com�n usanza en los cr�ditos otorgados para la adquisici�n de vivienda, la aplicaci�n de unos sistemas de actualizaci�n de la deuda, acudi�ndose, para la �poca en que se tom� el cr�dito objeto de la pretensi�n de revisi�n, a las Unidades de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, creadas con el definido prop�sito de mantener el poder de compra de la cantidad en pesos a que se obliga pagar el usuario, apoy�ndose en este cometido, en ocasiones, en el �ndice de precios al consumidor; �a la variaci�n de las tasas de inter�s de los certificados de dep�sito a t�rmino en bancos y -corporaciones; al promedio de la inflaci�n y a la DTF; y -finalmente al �costo ponderado de las captaciones de dinero del p�blico (Resoluci�n Externa No. 6 de 1993), sustituida luego por las Resoluciones Externas 26 de 1994 y 18 de 1995, conforme a las cuales la correcci�n monetaria se fija en un 74% de la DTF.�.

Con la utilizaci�n del �costo ponderado de las captaciones del dinero p�blico� se patentiz� la notoria crisis del sistema, en cuya virtud se dictaron las diferentes sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y adem�s se expidi� la ley 546 de 1999, destac�ndose que en la C-383 se puntualiz� �que el procurar que en la determinaci�n de los valores en moneda legal de la Upac se refleje los movimientos de la tasa de inter�s en la econom�a, adem�s del defecto t�cnico de la intromisi�n del legislador en la fijaci�n del par�metro a seguir para la actualizaci�n, es violatorio del art�culo 51 de la Constituci�n, siendo inarm�nico con la concepci�n del Estado Social de Derecho�, por lo que se concluy� que el �incluir como factor de la actualizaci�n del valor de la deuda el de la variaci�n de las tasas de inter�s en la econom�a, se incurre en un desbordamiento de la obligaci�n inicial, pues as� resulta que aquella se aumenta no s�lo para conservar el mismo poder adquisitivo, sino con un excedente que destruye el equilibrio entre lo que se deb�a inicialmente y lo que se paga efectivamente, que, precisamente por esa raz�n, aparece como contrario a la equidad y la justicia como fines supremos del Derecho, es decir opuesto a la "vigencia de un orden justo", como lo ordena el art�culo 2� de la Constituci�n, reliev�ndose que �semejante sistema para la financiaci�n de vivienda, no resulta a juicio de la Corte adecuado para permitir la adquisici�n y conservaci�n de la misma, como de manera expresa lo ordena el art�culo 51 de la Carta en su inciso segundo, pues ello desborda, como es l�gico la capacidad de pago de los adquirentes de vivienda sobre todo si se tiene en cuenta que los reajustes peri�dicos de los ingresos de los trabajadores y de las capas medias de la poblaci�n no se realizan conforme a la variaci�n de las tasas de inter�s en la econom�a, sino bajo otros criterios�; distorsion�ndose �por completo el justo mantenimiento del valor de la obligaci�n, se rompe el equilibrio de las prestaciones, de tal manera que ello apareja como consecuencia un aumento patrimonial en beneficio de la entidad crediticia prestamista y en desmedro directo y proporcional del deudor, lo que sube de punto si a su vez a los intereses de la obligaci�n se les capitaliza con elevaci�n consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en Unidades de Poder Adquisitivo Constante que, a su turno, devengan nuevamente intereses que se traen, otra vez, a valor presente en UPAC para que contin�en produciendo nuevos intereses en forma indefinida�. 2.

En el presente asunto, la parte demandante solicit� se declare que las condiciones del contrato de mutuo celebrado con la acreedora cambiaron sustancialmente y que, en consecuencia, se disponga su revisi�n y reliquidaci�n as� como la devoluci�n de los valores cobrados en exceso por concepto de inter�s, pedimentos negados por el juez de instancia por considerar que no se cumplen los presupuestos para aplicar la teor�a de la imprevisi�n, decisi�n que habr� de confirmarse como a continuaci�n se explica. 2.1.

Ninguna duda existe en torno a que el cr�dito hipotecario objeto del presente asunto se tom� en el a�o 1995, y que posteriormente a esta calenda se produjo la crisis del sistema pactado creando un profundo desquiciamiento en el equilibrio del contrato al desbordarse de manera inusitada y perjudicial el referente liquidatorio, debido a la vinculaci�n del UPAC a la DTF como contraste de actualizaci�n, el cual al ser superior al �ndice de precios al consumidor �IPC-, afectaba el derecho a adquirir una vivienda digna, de donde, para conjurar la crisis que como hecho notorio se present�, se acudi� a la composici�n de nuevas variables para su c�lculo, no solo por los defectos de forma de las normas que estructuraban el sistema, cuyo primer pronunciamiento tuvo lugar a trav�s de las sentencias del 21 de mayo de 1999 del Consejo de Estado y C- 383 del 27 de mayo siguiente por la Corte Constitucional, seguidas por la C � 700 de septiembre de 1999, que orden� la expedici�n de la ley marco de vivienda, sino por ser la vivienda un derecho social y econ�mico protegido por el orden constitucional. 2.2.

Ante la inocultable crisis que produjo la ligaz�n del DTF a la UPAC, el legislador, por orden de la Corte Constitucional, se adelant� a corregir los efectos nocivos reconocidos como hecho notorio, creando unas nuevas condiciones contractuales que modificaron significativamente los contratos de mutuo celebrados, asumiendo el Estado �voluntariamente los costos inherentes al resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes durante a�os efectuaron pagos por conceptos que esta Corte hall� despu�s inconstitucionales�. 2.3.

En efecto, en la ley 546 de 1999, con el prop�sito de equilibrar las relaciones que le anteced�an, afectadas por la sobrevenida onerosidad, se orden�, entre otros mecanismos de soluci�n, la redenominaci�n de los cr�ditos, su reliquidaci�n, la aplicaci�n del alivio, la condonaci�n de los r�ditos moratorios y la eventual restructuraci�n, procedimientos dise�ados para depurar �de los efectos perniciosos derivados del �ndice utilizado para determinar la correcci�n monetaria, cuyo c�mputo se realiz� a partir de la implementaci�n del DTF, elemento que la Corte Constitucional juzg� como irrespetuoso del art�culo 51 Superior, calificando que ese sistema de financiaci�n de la vivienda no era id�neo para que la comunidad le diera soluci�n a esa b�sica necesidad.� (T. S. de Bogot�, 6 octubre de 2004. exp. 32-02-794-01); instrumentos de los que no existe duda se hicieron valer en el cr�dito hipotecario que se estudia, tal y como consta en el expediente a folios 68 a 85 y 225 a 233 del cuaderno principal. 2.4.

En este sentido debe destacarse que la intervenci�n que la doctrina constitucional y el legislador realizaron sobre los contratos de mutuo para la adquisici�n de vivienda, ante el reconocimiento de la existencia de factores que provocaron un profundo desequilibrio en las relaciones de cr�dito existentes, encarnan una aut�ntica revisi�n de esos negocios, raz�n por la cual de manera imperativa se cambi� la unidad de expresi�n del capital mutuado, se excluyeron las cl�usulas de capitalizaci�n, se redujo la tasa de inter�s y, a�n, se dio la oportunidad a las partes de restructurar la obligaci�n, todo en desarrollo del art�culo 51 de la Constituci�n Pol�tica, que son de obligatoria y rigurosa aplicaci�n, dado que en ellos est� comprometido el orden p�blico econ�mico, quedando en evidencia que al detectarse las causas que en general provocaron la crisis del sistema y en particular afectaron el equilibrio contractual de las espec�ficas relaciones, igualmente el legislador se apresur� a corregir, de manera cogente, esa situaci�n, con la expresi�n de un nuevo contenido negocial, vinculante para ambas partes, excluyente de la posibilidad de la revisi�n por la v�a que ahora se intenta.

Suficiente resulta lo anterior para colegir la improcedencia de las pretensiones fundadas en la teor�a de la imprevisi�n, mediante las que se intenta la revisi�n del contrato, puesto que aquellas ya fueron resueltas por el dador de la ley en forma positiva, ya que en el citado estatuto se orden� la reliquidaci�n de la obligaci�n desde el mismo momento en que esta se tom�; el �ndice de cuantificaci�n lo constituye el IPC, no hay lugar a la capitalizaci�n de intereses, la condonaci�n de intereses moratorios, etc.

En el mismo orden, de la imposibilidad para aplicar la teor�a de la imprevisi�n deviene la improcedencia de continuar con la revisi�n del aludido contrato de mutuo y la devoluci�n de alg�n valor cobrado en exceso, pues mal podr�a el juzgador adentrarse a efectuar reliquidaci�n alguna o revisi�n de las condiciones del contrato tras la modificaci�n ordenada por el legislador y el juez constitucional, razones todas por las cuales se impon�a la negativa de las pretensiones del extremo activo. 3.

Y como tales s�plicas principales resultan improcedentes, igual suerte corren las reclamadas como consecuencia de dichas declaraciones, esto es, las aspiraciones procesales enfiladas a obtener la devoluci�n de algunas sumas de dinero por la variaci�n de las condiciones de los pluricitados contratos de mutuo, pues, se insiste, pese al evidente hecho de la declaratoria de inconstitucionalidad de la f�rmula que ataba la UPAC a la tasa DTF, esta sola circunstancia no conlleva a la demostraci�n de que, en el caso concreto, el cr�dito contra�do por la demandante ante el Banco Cafetero hoy Banco Davivienda hubiera sufrido cobros superiores a los legalmente establecidos, de donde, en aplicaci�n del principio de la carga de la prueba, le correspond�a a la parte actora demostrar tal ilegal proceder, cometido que no cumpli� en debida forma a lo largo del proceso, a lo que se adiciona que el cr�dito de la actora se benefici� con el alivio, instrumento de reparaci�n previsto por la normatividad en estudio. 3.1.

Ciertamente, para corroborar su dicho, la demandante se vali� de los documentos allegados con el libelo genitor, instrumentos demostrativos de la existencia del cr�dito, las condiciones en las que se pact� y las modificaciones que sufri� con posterioridad. 3.2. Pues bien, contrario a lo afirmado por la apelante, la prueba documental da cuenta que se aplic� un alivio al cr�dito por valor de $4.297.665. conforme lo ordena la ley 546 de 1999, hecho que est� plenamente demostrado con el hist�rico de pago aportado a folios 68 a 75 y 230 a 233, medio de convicci�n que contradice lo afirmado por la se�ora Isabelina Murillo en el interrogatorio de parte rendido, en donde manifest� que no le aplicaron el alivio de que trata la disposici�n en cita, auxilio que se imput� a la obligaci�n el 1 de enero de 2000 como lo ordena la normatividad que gobierna el contrato de mutuo para adquisici�n de vivienda. 4.

De cara a los dict�menes practicados y la prueba del cobro excesivo imputado a la demandada, valga resaltar que no era suficiente con invocar la jurisprudencia constitucional aplicable al tema y hacer simples enunciaciones respecto de los referidos excesos puesto que, si la actora advirti� tales irregularidades y que las medidas adoptadas por la entidad financiera no respetan las normas proferidas para corregir las inequidades surgidas de la aplicaci�n del �ndice prohibido, y que por ello, pod�an �acudir ante los jueces ordinarios con el fin de solicitar la materializaci�n no s�lo de las decisiones de la jurisdicci�n constitucional sino de la doctrina constitucional contenida en ella�; as� debieron demostrarlo, prueba que en verdad, en el sub lite brilla por su ausencia, pues a pesar de haberse presentado un dictamen pericial con el libelo demandatorio, en donde el perito economista indic� que a la demandante se le han ocasionado perjuicios por cobro en exceso de $60.610.720. por concepto de da�o emergente y $47.823.950. como lucro cesante, y una experticia en el curso del proceso, por medio de la cual se concluy� un cobro en exceso por la entidad bancaria que asciende a $37.223.517, lo cierto es que en estos trabajos no se siguieron los lineamientos establecidos en la ley 546 de 1999, en las Circulares Externas 007 y 048 de 2000 y en la proforma 000050 emitidas por la Superfinanciera; normas imperativas que no pueden desconocerse en la determinaci�n de lo adeudado en la tipolog�a de cr�ditos hipotecarios para adquisici�n de vivienda, en tanto constituyen las directrices que el legislador otorg� para remediar los efectos nocivos causados con el antiguo sistema de financiaci�n, resultando, entonces, evidente que la aplicaci�n de c�lculos sin el acatamiento de los par�metros establecidos por el estatuto de vivienda, no pueden ser tenidos en cuenta a situaciones como la puesta de presente. 4.1.

Por lo dem�s, se advierte, que en la operaci�n matem�tica aportada por el actor con el contradictorio y que fue objeto de aclaraci�n por quien elabor� el trabajo, ni siquiera se efectu� la reliquidaci�n ordenada en la normativa citada en precedencia, mandato legal que, incluso para alegar la devoluci�n de valores pagados en exceso, se impone aplicar a todos los cr�ditos para vivienda suscritos antes de la ley 546 de 1999; adem�s, incurri� en error el perito al efectuar la liquidaci�n del cr�dito en pesos a partir del desembolso del dinero mutuado, esto es, el 12 de diciembre de 1995, inadvirtiendo que la conversi�n a UVR�S debi� elaborarse a partir del 1 de enero de 2000, calenda en la cual, inclusive, continu� la liquidaci�n bajo esa denominaci�n, sin que se observe en el trabajo presentado la aplicaci�n de la tasa de inter�s pactada por los extremos en el cartular base de la acci�n, en la medida que, se tuvo en cuenta para su c�lculo, la correcci�n monetaria, circunstancias que le restan firmeza, precisi�n y calidad al estudio presentado. 4.2.

En igual sentido desestimatorio, ha de decirse, respecto del peritazgo rendido en el curso del proceso y su correspondiente aclaraci�n, que en este labor�o se inadvirti� el valor del alivio consagrado en la ley 546 de 1999 que, para el caso concreto, ascendi�, como se estableci� en el presente estudio, a $4.297.665., aunado a que se efectu� la liquidaci�n de la obligaci�n, desde el instante del desembolso del dinero, en pesos y en unidades de valor real, cuando se insiste, la misma fue pactada en unidades de poder adquisitivo constante, pasando por alto, igualmente, que al haberse pactado intereses remuneratorios, los mismos tienen como dique el equivalente al doble del inter�s bancario corriente certificado, para ese entonces, por la Superintendencia Bancaria, para el periodo de vigencia del art�culo 72 de la ley 45 de 1990, o de una y media veces el inter�s bancario corriente certificado por la hoy denominada Superintendencia Financiera, bajo el imperio del art�culo 111 de la ley 510 de 1999, l�mites que de auscultar las tablas aportadas no se observa se hayan respetado. 4.3.

Finalmente, como quiera que en la actuaci�n no se demostr� que la conducta desplegada por la entidad financiera acreedora en el desarrollo del cr�dito hubiera desconocido la legislaci�n aplicable a los cr�ditos de vivienda y, posteriormente, a las modificaciones que sobrevinieron con la ley 546 de 1999 as� como la doctrina de la Corte Constitucional, mal podr�a llegar a considerarse que la actuaci�n amparada en tales preceptos legales ocasion� un da�o a la demandante susceptible de ser reparado mediante acci�n judicial, exposiciones todas que en suma, imponen la confirmaci�n de la decisi�n apelada que deneg� las pretensiones de dicho extremo procesal.

Por las motivaciones precedentes, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno de mayo de dos mil trece por el Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad dentro del proceso ordinario iniciado por Isabelina Murillo Murillo contra el Banco Cafetero S.A. en Liquidaci�n.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la apelante. T�sense.

TERCERO: El Magistrado Sustanciador fija como agencias en derecho la suma de $1�000.000 a cargo de la demandante. Notif�quese. LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente 110013103033208800287 01 ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Magistrada 110013103033200800287 01 NUBIA ESPERANZA SABOGAL VAR�N Magistrada 110013103033200800287 01 Entidad que absorbi� a la sociedad Granbanco S.A. (Fl. 208 C. 1). Sentencia C-383 de 1999. Corte Constitucional, sentencia C-383 de 1999. C- 1140 de 2000. Cfr. folio 364 del plenario. Corte Constitucional.

SU- 846 de 2000. Cfr. folios 92 a 103 C. 1. Ver folios 408 a 448 ib�dem. Folios. 373 a 377 ejusdem. Folios 408 a 448 y 452 a 455 PAGE PAGE 14 LRSG. 33-2008-00287-01 01@^_��1 W X Y g � � � � � �. 9 O ] ` | � � � � � ��ƻƬ��{�sk�c�ckc�kc�kh/CJaJh 1CJaJh�~�CJaJh�~�h 1CJaJh#�CJaJh`d�h 1CJaJh"�h 1h 1CJaJmH sH h�5�h 1CJaJmH sH h 15�CJ\�aJh`d�h 15�CJ\�aJh"�h 15�\�h 15�\�hm �CJaJh�5�h 1CJaJh 1CJaJ#1_��X Y � � � � � � � � � ��dh`��gd 1dhgd/dhgd 1 $dha$gd 1d�gd 1� � � � � � >r�� 8KOQU^efuw�� V��̼�̱�̥��̛��h 1CJ^JaJh��h 1CJ^JaJh/CJ^JaJhQoh 16�CJaJh/h 1CJaJh�x�CJaJh/CJaJh 1CJaJh 15�CJ\�aJh`d�h 15�CJ\�aJh`d�h 1CJaJhm �CJaJ/��deyz�� N O O*P*M,��$dh*$a$gd 1 $dha$gd 1$dh�a$gd 1 $dha$gd 1dhgd 1$dh�a$gd 1��dh`��gd 1"/08e��$'��cdev��ݳϤϤϤϤϤϓϳ�w�i�Wiwiw#jh�I0JCJOJQJUaJh�ICJOJQJ^JaJhQvCJOJQJ^JaJhm �CJOJQJ^JaJ hL^�hL^�CJOJQJ^JaJhL^�6�CJOJQJ^JaJh 1CJOJQJ^JaJh�f�CJOJQJ^JaJhL^�CJOJQJ^JaJ h��h 1CJOJQJ^JaJ"h 1CJOJQJ^JaJmH $sH $"{)-cgixyz�� !)�&OP��Rm��Դ��{s��hZ��h`d�h 15�CJ\�aJh 15�CJ\�aJh�YCJaJh�qCJaJh��CJaJh^sCJaJh 1CJaJh`d�h 1CJaJhm �CJOJQJ^JaJ h�{hm 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