Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103002200213239 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Myriam Inés Lizarazu Bitar

Fecha: 2010-03-24

Sujetos procesales: LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, HECTOR ARMANDO BELTRAN REY Y JACKEKLINE OSORIO LESMES / GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A.

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ANTECEDENTES 1. Mediante demanda presentada a reparto el d�a 17 de septiembre de 2002 (f.65), los se�ores LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, HECTOR ARMANDO BELTRAN REY y JACKELINE OSORIO LESMES presentaron demanda en contra del BANCO GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A. hoy BBVA, solicitando: �1�. Se declare que dentro de cada uno de los contratos de mutuo celebrado entre cada uno de mis mandantes (cada uno tratado independientemente) y la entidad financiera demandada, se han presentado circunstancias imprevistas, imprevisibles o extraordinarias y posteriores a la celebraci�n de cada uno de los contratos de mutuo referidos. 2�.

Se declare que en cada uno de los contratos de mutuo, objeto del presente proceso, est� consagrada impl�citamente la cl�usula jur�dico sustancial denominada por la doctrina como cualesquiera de los siguientes nombres: Cl�usula de imprevisi�n contractual o de la onerosidad sobreviniente, o de la investigaci�n de los riesgos imprevistos, o de la imposibilidad de la prestaci�n, o de la lesi�n sobreviniente (la doctrina lo denomina indistintamente de las maneras citadas), toda vez que circunstancias imprevistas, imprevisibles o extraordinarias y posteriores a la celebraci�n de cada uno de los citados contratos de mutuo, han agravado o alterado exageradamente la obligaci�n de prestaci�n o cumplimiento futuro de mis mandantes y por ende imposibilita el cumplimiento futuro de sus obligaciones, trayendo como consecuencia, su inevitable incumplimiento. 3�.

Se declare que las circunstancias imprevistas o imprevisibles, extraordinarias y posteriores a la celebraci�n de los contratos de mutuo objeto del presente proceso, se fundamentan en alguna de las siguientes teor�as que han servido de apoyo a la doctrina para justificar la existencia en todo contrato de cumplimiento sucesivo de la cl�usula de la imprevisi�n. Ellas son: en el postulado de la buena fe que obliga a los contratantes y que se consagra en nuestro ordenamiento jur�dico en el art�culo 1603 del C�digo Civil Colombiano; en la teor�a del abuso del derecho; en el postulado de que las partes contratantes quedan obligadas en virtud del contrato, siempre y cuando se mantengan las circunstancias subjetivas que les sirvieron de base o m�vil a los contratantes para obligarse; o la teor�a que fundamenta la imprevisi�n de los contratos en circunstancias objetivas, cuya subsistencia es indispensable para que el contrato pueda cumplir con su finalidad econ�mica, tales como la bilateralidad y la conmutatividad de los contratos (art�culo 1496 y 1498 del C�digo Civil Colombiano; y art�culo 872 del C�digo de Comercio). 4.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, es decir, una vez examinadas las circunstancias que han alterado los diferentes contratos de mutuo celebrados por mis mandantes con la entidad demandada, SE PROCEDA A LA REVISION DE LOS CONTRATOS REFERIDOS, tal como la posibilita el art�culo 868 del C�digo de Comercio, ya que al seguirse ejecutando de la manera impuesta por la entidad demandada, crea un desequilibrio contractual exageradamente oneroso para mis representados.

La revisi�n de cada uno de los contratos objeto de la presente demanda deber� consistir especialmente en lo siguiente: a- En reliquidar cada uno de los contratos de mutuo objeto del presente proceso, atendiendo a lo que determine el experticio t�cnico obtenido como resultado de la prueba pericial, desde el momento de su respectiva celebraci�n, es decir, desde el d�a en que empez� a ejecutarse cada uno de ellos. b.- La revisi�n debe atender a los criterios que ha establecido la Secci�n Cuarta de la Sala de los Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante la sentencia de fecha mayo 21 de 1999, C-747 de 1999, C-955 del 2000, C-1051 del 2000, C-1440 del 2000, C-1146 del 2000, proferidas por la Corte Constitucional y las sentencias que resuelven acciones de tutela, as� como las de constitucionalidad que profiera esta Corporaci�n con posterioridad a la presentaci�n de la demanda, toda vez que en �stas providencias se contemplan espec�ficamente las circunstancias imprevistas o imprevisibles, extraordinarias y posteriores a la celebraci�n del contrato de mutuo objeto del presente proceso. c.- La revisi�n debe atender a los criterios establecidos por las citadas providencias y las que con posterioridad se profieran, pero espec�ficamente debe reliquidar las unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) tomando como base el Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Planeaci�n �DANE� a�o por a�o, siempre que el I.P.C., no supere en el mismo a�o a la correcci�n monetaria.

Dicho en otras palabras, siempre ha de liquidarse el cr�dito con la variable m�s favorable al deudor, pues la equidad y las jurisprudencias de la Corte Constitucional nos se�alan que es lo m�ximo que puede percibir la entidad demandada por el capital prestado a mis clientes. d.- La revisi�n debe eliminar del contrato la tasa de inter�s efectivo que se adiciona a la correcci�n monetaria que la entidad financiera demandada ha cobrado en exceso, a�n sabiendo que dentro del valor nominal de cada UPAC ya estaba incluido un valor a t�tulo de inter�s, tal como lo contempla la ley 45 de 1990. 5�.

Que una vez determinadas las circunstancias que han alterado las bases de cada uno de los contratos de mutuo celebrados entre cada uno de mis clientes y la entidad demandada, se ordene los reajustes que la ley, la jurisprudencia y la equidad indiquen. 6�. Como consecuencia de la orden anterior, SE DECLAREN las condiciones en las cuales se debe seguir ejecutando el contrato objeto del presente proceso. 7�.

Que se condene a la entidad demandada a pagarle a mis mandantes el valor que ellos le pagaron a t�tulo de intereses, toda vez que ellos no tienen un fundamento legal. Cantidades que se les deben devolver a cada uno de mis mandantes debidamente indexadas y de la manera ordenada por el art�culo 16 de la ley 446 de 1998. Solicito que para tal efecto se aplique la siguiente f�rmula. 8�.

Se condene a la entidad demandante a pagarle a mis poderdantes a t�tulo de sanci�n y de la manera consagrada en la ley, una cantidad l�quida de dinero, igual a la que mis poderdantes le cancelaron (individualmente) a t�tulo de intereses. Igualmente la sanci�n deber� consistir en la p�rdida de los intereses cobrados en exceso por la entidad demandada.

Por lo tanto la condena tambi�n deber� ordenar pagarle a cada uno de mis representados los dineros objeto de la referida sanci�n ya cancelado por mis poderdantes. Cantidades que se les deben pagar a cada uno de mis representados debidamente indexados y de la manera ordenada por el art�culo 16 de la ley 446 de 1998. 9�. Se condene a la entidad demandada, como consecuencia de la revisi�n de los diferentes contratos objeto del presente proceso, devolver a cada uno de mis mandantes el dinero pagado en exceso, debidamente indexado, tal como lo ordena el art�culo 16 de la ley 446 de 1998 y reconoci�ndoles la m�xima tasa de inter�s autorizadas, liquidados desde el momento en que le cancelaron tal dinero a la entidad demandada. 10�.

Se condene a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios causados a mis representados, al obligarlos a pagar sumas excesivas, el tener que adelantar acciones judiciales para recuperar dentro de la relaci�n contractual el equilibrio econ�mico propio de los contratos conmutativos o en algunos casos por haber perdido su inmueble o haber tenido que asumir una defensa dentro de un proceso ejecutivo hipotecario dentro del cual si se hubiese desarrollado en circunstancias normales jam�s ser�a exigible la obligaci�n demandada en tales procesos. 11�.

Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada en la oportunidad procesal pertinente.� 2. Como supuesto f�ctico de las anteriores pretensiones, alude el gestor judicial, en s�ntesis, que los se�ores LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, HECTOR ARMANDO BELTRAN REY y JACKEKLINE OSORIO LESMES celebraron independientemente con la entidad demandada contrato de mutuo con el fin de adquirir vivienda digna, pact�ndose en UPAC y respald�ndose con hipoteca abierta;

HECTOR ARMANDO BELTRAN REY, adquiri� el inmueble con matr�cula inmobiliaria No. 050-0001335841; JACKELINE OSORIO LESMES, el inmueble con matr�cula inmobiliaria No. 050-0001335841 y LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, el predio con matr�cula inmobiliaria No. 50C -1214280 de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot� zona centro, contratos que por ser de tracto sucesivo, comenzaron a verse afectados por circunstancias imprevistas, imprevisibles, extraordinarias y posteriores a su celebraci�n, las que fueron ajenas a la voluntad de las partes y guardaron estrecha relaci�n de causa y efecto con la excesiva onerosidad de los contratos.

As� mismo informan que la entidad demandada nunca les indic� la forma de liquidar las UPAC, ni tuvieron acceso a la copia del contrato de mutuo celebrado con la entidad demandada, por lo que no hay igualdad contractual, considerando que el Banco se aprovech� de su necesidad de adquirir vivienda digna, siendo notorio el poder dominante que ha ejercido la entidad financiera y que llev� a un desequilibrio contractual que se denota en la excesiva onerosidad que desbord� todo l�mite equitativo.

3. TRAMITE DE INSTANCIA Proferido el auto admisorio por el Juzgado de conocimiento (folio 67 del cuaderno principal) el d�a 14 de noviembre de 2002, se orden� el traslado a la parte pasiva por el t�rmino legal. La demandada GRANAHORRAR se notific� personalmente el d�a 16 de junio de 2004 (f.87) y �sta, por intermedio de apoderado judicial, contest� la demanda formulando como excepci�n de m�rito la que denomin�: �Excepci�n de pago de la ley de vivienda�.

4. SENTENCIA DEL A QUO Agotado el tr�mite previsto por el rito civil, el a quo profiri� sentencia que puso fin a la instancia el d�a 24 de marzo de 2010, negando las pretensiones de la demanda. Para sentenciar de esa manera, luego de centrarse en la teor�a de la imprevisi�n, consider� que las pruebas aportadas no dan por sentado la existencia concreta y real de las circunstancias imprevisibles, la onerosidad del contrato y que quiz�s las mismas obedezcan a la f�rmula indebida de liquidaci�n del cr�dito por parte de la demandada, pues la sola formulaci�n de dichas inconformidades, nada refleja respecto de los supuestos del desequilibrio patrimonial que le incumb�a a los demandantes demostrar.

Igualmente consider� que �las pretensiones no son de aquellas que por su naturaleza gozan de presunci�n de veracidad; por tanto, sus solicitudes no pueden estar exentas de prueba dirigida a establecer las causas extraordinarias y la responsabilidad de la demandada, si la hay en la ejecuci�n del contrato; y siendo ello de resorte exclusivo de la parte, sus peticiones no tienen relievancia para que conduzcan a la declaratoria que se persigue contra la entidad convocada a esta litis� y al referirse al dictamen pericial, manifest� que �este no tiene la virtualidad de acreditar fehacientemente los perjuicios solicitados por la parte actora ni tampoco el cobro de los intereses que depreca� y m�s adelante dijo: �El dictamen pericial resulta extra�o e impertinente frente a la causa en la cual se pretendi� edificar la responsabilidad� (Fls. 390 a 398).

5. EL RECURSO Inconforme con la decisi�n extractada, la parte actora interpuso recurso de apelaci�n en contra de la sentencia proferida en las presentes diligencias, persiguiendo su revocatoria por encontrarse probadas todas y cada una de las pretensiones, por arrojar la liquidaci�n del Banco anatocismo y en consecuencia, se le condene a pagar el valor que en exceso cancel�.

Hacia la prueba pericial, manifest� que el auxiliar de la justicia cumpli� a cabalidad la misi�n encomendada, pues tiene la virtualidad de acreditar fehacientemente los perjuicios solicitados por la parte actora, as� como el cobro en exceso de intereses que solicitan, adecu�ndose a las circunstancias espec�ficas de cada uno de los cr�ditos, al punto de no ser impertinente ni extra�o al proceso, porque precisa con claridad, que existe anatocismo en los cr�ditos presentados, lo que se proh�be en las sentencias C-1140 de 200, C-955 de 2000.

Agotado el tr�mite respectivo en esta instancia, procede la Sala a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes: CONSIDERACIONES 1. Los llamados presupuestos procesales no merecen reparo alguno y tampoco se observa irregularidad tipificadora de nulidad que imponga la invalidez de lo actuado, es decir, el debido proceso se ha cumplido a cabalidad, por lo cual, es procedente proferir sentencia de m�rito resolviendo el recurso de apelaci�n que contra el fallo de primera instancia interpuso el demandante. 2.

Como es suficientemente conocido, uno de los principios fundamentales en la Legislaci�n Colombiana que inspiran el tema contractual, es el de la autonom�a de la voluntad, conforme al cual, con las limitaciones impuestas por el orden p�blico y las buenas costumbres, los particulares pueden realizar actos jur�dicos con sujeci�n a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia, siendo clara expresi�n de ello el art�culo 1.602 del estatuto sustantivo civil que asigna a los contratos legalmente celebrados el car�cter de ley para las partes, al punto que no pueden ser invalidados sino por su mutuo consentimiento o por causas legales. 3.

En el caso sub examine, sea lo primero advertir que el libelo demandatorio gira en torno a la s�plica de revisi�n del contrato de mutuo garantizado con hipoteca celebrado entre el BANCO GRANAHORRAR y los se�ores HECTOR ARMANDO BELTRAN REY y JACKELINE OSORIO LESMES HECTOR ARMANDO BELTRAN as� como el celebrado entre el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO y el se�or LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, con sustento en la teor�a de la imprevisi�n, la cual se encuentra regulada por el art�culo 868 del C�digo de Comercio, que en su tenor literal indica: �REVISI�N POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS: �Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebraci�n de un contrato de ejecuci�n sucesiva, peri�dica o diferida, alteren o agraven la prestaci�n de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podr� �sta pedir su revisi�n. El juez proceder� a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenar�, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretar� la terminaci�n del contrato.

Esta regla no se aplicar� a los contratos aleatorios ni a los de ejecuci�n instant�nea�. Respecto del alcance de la teor�a en comento, la Honorable Corte Suprema de Justicia, indic�: "Esta teor�a radicalmente distinta de la noci�n de error y de fuerza mayor, tiene por base la imprevisi�n, es decir, que se trata de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligaci�n, lo dificultan en forma extrema, haci�ndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad.

No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya la fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis econ�mica, de una guerra, etc. Consistiendo en un remedio de aplicaci�n extraordinaria, d�bese establecer con creces que las nuevas circunstancias exceden en mucho las previsiones que racionalmente pod�an hacerse al tiempo de contratar, y que esos acontecimientos son de tal car�cter y gravedad que hacen intolerable la carga de la obligaci�n para una de las partes, am�n de injusta y desorbitante ante las nuevas circunstancias.

Todo esto, como es obvio, requiere la concurrencia de un conjunto de hechos complejos y variados, que deben alegarse y probarse y es materia de decisiones especiales de los jueces de instancia" (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 23/38. M.P. Arturo Tapias Pilonieta). Ahora bien, la doctrina ha se�alado como exigencias para la aplicaci�n de la teor�a de la imprevisi�n, las siguientes: 1.

Que el negocio haya sido celebrado sobre bases ciertas y conocidas por los contratantes y que las prestaciones sean aproximadamente equivalentes, 1.1. � Un acontecimiento que produzca una variaci�n trascendental de esas circunstancias. Paralelo a ello, 1.2. � Que la parte que se ver�a beneficiada; pretenda una vez modificadas esas bases contractuales, que su co - contratante cumpla, de acuerdo con lo inicialmente pactado, a pesar de lo inequitativo de la nueva situaci�n. 2.

Que el acontecimiento que ha modificado las circunstancias, sea excepcional, imprevisible, irresistible y acontezca sin la intervenci�n voluntaria de ninguna de las partes atadas por el contrato, 3. Que ese acontecimiento sea totalmente imprevisible al momento de la celebraci�n del contrato, 4. Que rompa la econom�a (equidad) contractual, por encima de los c�lculos que indudablemente deb�an tenerse al momento de la celebraci�n del contrato, 5.

Como consecuencia de lo anterior, que la prestaci�n de la parte perjudicada llegue a ser en extremo onerosa o dif�cil, ante lo cual es adecuado considerarla jur�dicamente como imposible de cumplir.� 4. En este orden de ideas, se impone averiguar si en este asunto, se encuentran acreditados los presupuestos enumerados para que puedan abrirse camino las pretensiones deprecadas.

En primer lugar, es preciso rememorar, que el desaparecido sistema a trav�s del cual se ajustaban los cr�ditos para vivienda, particularmente el denominado en unidades de valor constante (Upac), fue abolido del ordenamiento jur�dico, en raz�n al desmesurado crecimiento de las tasas de inter�s que en su momento, hicieron impagables los empr�stitos adquiridos para la compra de vivienda.

En efecto, no se puede desconocer, que con antelaci�n a la Ley 546 de 1999, la p�rdida del poder adquisitivo de la moneda, conllev� a que el gobierno tomar� medidas econ�micas, entre estas, se cre� en un comienzo el sistema de unidades de poder adquisitivo constante (Upac) tendiente a mantener el valor de la moneda, el cual se encontraba ligado inicialmente al �ndice de precios al consumidor (IPC).

Posteriormente, dicho sistema se at� a la variaci�n de las tasas de inter�s que en su �poca correspond�an a los certificados de dep�sito a t�rmino (CDT), consagradas en el Decreto 1131 de 1984. Con la expedici�n del Decreto 1319 de 1988, la actualizaci�n de ese valor, esto es, del Upac, se calcul� conforme al promedio ponderado de la inflaci�n y la DTF con fundamento en lo reglamentado por el Gobierno en los Decretos en comento, la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica adopt� como criterio para efectos de fijar el valor de la correcci�n monetaria, el costo ponderado de las captaciones de dinero proveniente de los ahorradores, fij�ndose dicha correcci�n en un 74% de la DTF (Resoluciones Externas n�meros 26 de 1994 y 18 de 1995).

Se ha sostenido que debido a los continuos cambios de medici�n del UPAC, los cr�ditos otorgados para vivienda sufrieron una repercusi�n inusual, especialmente sobre las cuotas que pagaban los deudores a las entidades crediticias. No es desconocido para nadie, que en cierta medida la crisis hipotecaria tuvo g�nesis cuando se at� la correcci�n monetaria a un porcentaje de los dep�sitos a t�rmino (DTF), m�s ello, era totalmente previsible, m�xime cuando en el mercado, era claro que los cr�ditos ten�an un comportamiento variable y su fluctuaci�n depend�a de los factores econ�micos del momento.

As� las cosas, determinar a ciencia cierta el momento en que acaeci� la crisis de los deudores hipotecarios no es sencillo, m�s sin embargo, desde el punto de vista estrictamente econ�mico, v�lido es afirmar, que entre los factores que dieron origen a la misma, se encuentra la ca�da de los precios de la vivienda y la consiguiente recesi�n en el sector de la construcci�n; el aumento de las tasas de inter�s como consecuencia de las decisiones monetarias y cambiarias adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y por la recesi�n generalizada de la econom�a y el incremento de los �ndices de desempleo. 5.

Descendiendo lo expuesto al sub judice, ninguna duda existe en torno a que el cr�dito No. 597394 signado el 7 de febrero de 1994 fue otorgado a HECTOR ARMANDO BELTRAN REY y JACKELINE OSORIO LEZMES por $22.474.000, con inter�s del 12% en 180 cuotas mensuales y el No.1240530 por $11.666.424 al 31 de diciembre de 1992, con un inter�s del 8.50% a 180 cuotas, a favor de LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, (folios 3 del expediente y 226 y 233). 6.

Tal como ya se indic�, para el a�o en que se celebraron los contrato de mutuo as� como en los subsiguientes, la crisis del sistema pactado gener� un profundo desquiciamiento en el equilibrio del contrato al desbordarse de manera inusitada y perjudicial el referente liquidatorio; sin embargo, para conjurar la crisis se acudi� a la composici�n de nuevas variables para su c�lculo, no solo por los defectos de forma de las normas que estructuraban el sistema, cuyo primer pronunciamiento tuvo lugar a trav�s de las sentencias del 21 de mayo de 1999 del Consejo de Estado y C- 383 del 27 de mayo siguiente por la Corte Constitucional, seguidas por la C � 700 de septiembre de 1999, que orden� la expedici�n de la ley marco de vivienda, sino por ser la vivienda un derecho social y econ�mico protegido por el orden constitucional.

No obstante lo acontecido en relaci�n con los cr�ditos hipotecarios hasta el a�o 1999, el Gobierno a fin de erradicar la incertidumbre existente en la �poca frente al comportamiento de los mismos, expidi� la Ley 546 de 1999, mediante la cual se corrigieron las deficiencias presentadas en los cr�ditos otorgados para vivienda, orden�ndose en dicha ley, la reliquidaci�n de las obligaciones vigentes a la fecha de su expedici�n, decisi�n que condujo a que las entidades financieras ajustaran sus procedimientos a lo ordenado por la Ley 546 aludida, de modo tal que los acreedores, ya a petici�n de los deudores ora por iniciativa propia, no solo convirtieron los cr�ditos del antiguo al nuevo sistema, sino que brindaron alivio a los deudores reduciendo los montos de las deudas en algunos casos. 7.

Reli�vase que la intervenci�n que la doctrina constitucional y el legislador realizaron sobre los contratos de mutuo para la adquisici�n de vivienda, ante el reconocimiento de la existencia de factores que provocaron un profundo desequilibrio en las relaciones de cr�dito existentes, encarnan una aut�ntica revisi�n de esos negocios, raz�n por la cual de manera imperativa se cambi� la unidad de expresi�n del capital mutuado, se excluyeron las cl�usulas de capitalizaci�n, se redujo la tasa de inter�s y, a�n, se dio la oportunidad a las partes de reestructurar la obligaci�n, todo en desarrollo del art�culo 51 de la Constituci�n Pol�tica, que son de obligatoria y rigurosa aplicaci�n, dado que en ellos est� comprometido el orden p�blico econ�mico, quedando en evidencia que al detectarse las causas que en general provocaron la crisis del sistema y en particular afectaron el equilibrio contractual de las espec�ficas relaciones, igualmente el legislador se apresur� a corregir esa situaci�n, expresando un nuevo contenido negocial, vinculante para ambas partes. 8.

Resulta palmario, que en trat�ndose de cr�ditos determinados en unidades sujetas a variaciones constantes (antes UPAC ahora UVR), los deudores con antelaci�n conocen y aceptan las fluctuaciones a las que se puede ver avocada la obligaci�n dineraria que adquieren, raz�n suficiente que permite concluir, la inexistencia de circunstancias posteriores, extraordinarias, e imprevisibles, que hagan factible la revisi�n del contrato de mutuo.

En consecuencia, las previsiones fundadas en la teor�a de la imprevisi�n, referidas al reconocimiento de intereses, costos y gastos pagados en exceso; el abono a la obligaci�n de lo resultante por la indebida capitalizaci�n de r�ditos y la reestructuraci�n del cr�dito, ya fueron resueltos por el dador de la ley en forma positiva, las que si los actores juzgaban que no se aplicaron en debida forma y que, por tanto, no eran suficientes para corregir las inequidades surgidas de la aplicaci�n del �ndice prohibido, y que por ello pod�a �acudir ante los jueces ordinarios con el fin de solicitar la materializaci�n no s�lo de las decisiones de la jurisdicci�n constitucional sino de la doctrina constitucional contenida en ella� (Corte Constitucional, SU- 846 de 2000); as� debieron demostrarlo, prueba que en verdad brilla por su ausencia. En efecto, aunque se obtuvo el dictamen pericial rendido por el perito RAMIRO SANDOVAL NI�O sobre los dos cr�ditos objeto del proceso; el No. 597394 del 7 de febrero de 1994 otorgado a HECTOR ARMANDO BELTRAN REY y JACKELINE OSORIO LEZMES por $22.474.000, con inter�s del 12% en 180 cuotas mensuales y el No. 1240530 por $11.666.424 al 31 de diciembre de 1992, con un inter�s del 8.50% a 180 cuotas, a favor de LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, arroj�ndole un cobro en exceso de $3.715.259.96 al primero y de $4.532.188.23 por el segundo (fs.213 a 241 y 305 a 307), y el segundo dictamen, decretado a causa de la objeci�n y rendido por MARIO ANTONIO GOMEZ UPEGUI, le se�ala al primer cr�dito un cobro en exceso de $22.763.912 para el 2 de mayo de 2005 y el segundo, de $12.935.457 (fs.347 a 360), lo cierto es que con dichos dict�menes no se logra demostrar las circunstancias de imprevisibilidad que se alegan, pues a no dudarlo, exist�a un incremento desmesurado de la deuda, siendo esa la raz�n para que la Ley 546 de 1999 viniera a paliar sus efectos.

Y si bien la parte actora igualmente pretende que se revise la reliquidaci�n de cada uno de los contratos, atendiendo los criterios de la Corte Constitucional, tomando como base el IPC y se condene a la demandada a la p�rdida de los intereses cobrados en exceso (pretensiones 4� y de la 7� a la 10�) para lo cual se dispuso la pr�ctica de un dictamen pericial y luego otro a causa de la objeci�n, �stos no cumplen con las exigencias del art�culo 241 del C. de P.C. en cuanto a firmeza, precisi�n y calidad, habida cuenta de no ajustarse a las previsiones legales y particularmente a los lineamientos establecidos en la Ley 546 de 1999, en las Circulares Externas 007 y 048 de 2000 emitidas por la Superintendencia financiera, pues no se elaboraron los c�lculos observando lo ordenado en las normas imperativas precitadas, las cuales no pueden desconocerse en la determinaci�n de lo adeudado en esta clase de cr�ditos, en tanto constituyen las directrices que el legislador otorg� para remediar los efectos nocivos causados con el antiguo sistema de financiaci�n, resultando, entonces, evidente que la aplicaci�n de c�lculos sin el acatamiento de los par�metros establecidos por el estatuto de vivienda, no pueden ser tenidos en cuenta en situaciones como la puesta de presente.

Ciertamente, ambos dict�menes yerran al partir de un inter�s del 11.39%, cuando el pactado fue del 12% para la primera obligaci�n, sin ser ello procedente, pues debe recordarse que lo acordado por las partes debi� respetarse hasta cuando el inter�s fue reglamentado por el legislador en forma especial para los cr�ditos de vivienda, disponiendo la aplicaci�n de una tasa de inter�s remuneratoria de �13.1 puntos porcentuales anuales, pagaderos mes vencido, adicionados con la variaci�n de la UVR de los �ltimos doce meses contados a partir del 3 de septiembre de 2000� , disposici�n que fue modificada por la Resoluci�n externa No. 08 de 2006.

Y espec�ficamente el segundo peritaje aplica las sentencias C-383, C-700 y C-747 que ordenaron la expedici�n de la ley marco de vivienda -ley 546 de 1999-, desde el inicio del cr�dito, �poca aquella en la que la capitalizaci�n de intereses para los cr�ditos de vivienda estaba permitida, resultando evidente en la reliquidaci�n elaborada, la aplicaci�n retroactiva de las sentencias rese�adas, proceder que resulta en un todo inadecuado, m�xime si se observa que frente a situaciones ya consolidadas, es inaplicable extender los efectos de los fallos en comento.

Dest�case que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficio dirigido al Juez de Conocimiento, al referirse a los cr�ditos de los actores, inform�: ��Para el caso de cr�ditos de vivienda que fueron reliquidados y reposan en nuestra base de datos, se ha revisado de manera general el proceso y para el caso de la referencia, una vez revisado se ha podido determinar que se ajusta a las normas legales vigentes, en particular a la Ley 546 de 1999 y a las instrucciones impartidas por �sta superintendencia para el efecto � (Fl.192), de las cuales habla el Banco de la Rep�blica en su escrito que milita del folio 141 al 148, liquidaciones que se observan a los folios 193 a 197 y que arrojan, hacia la obligaci�n 59739-4, de los actores HECTOR ARMANDO BELTRAN y JACKELINE OSORIO LEZMES, un valor de 165.796.6692 UVR para el 31 de diciembre de 1999, recibiendo un alivio de 12.609.3482 UVR (Fl.88), equivalente para ese entonces a $1.303.045 (fs.89 y 193 a 194), y por la No. 100401240530, correspondiente al se�or LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA, un saldo para el 31 de diciembre de 1999 de 170.789.6706 UVR, luego de recibir un alivio de 15.035.99 UVR equivalente a $1.297.955 (Fls.96 a 98).

Y aunque se recibieron los testimonios de MAGDA BIBIANA HERRERA MORENO (fs.150 y 151) y de WALTER NIETO SANCHEZ (fs.152 y 153), ambos solo informan lo que escucharon de los actores. 7. Conforme con lo expuesto, resulta entonces, que los presupuestos axiol�gicos para abrir paso a la figura de la imprevisi�n consagrada por la ley comercial, no se encuentran presentes en el caso analizado por esta Sala, as� como tampoco el yerro que le endilga a la reliquidaci�n de las obligaciones ni la onerosidad del contrato derivada de la indebida liquidaci�n del cr�dito por parte de la pasiva; aunado a ello, no se desprende del plenario la merma patrimonial que impidiera seguir con el cumplimiento de la obligaci�n. As� las cosas, es di�fano que la parte actora a quien le correspond�a la carga probatoria (Art. 177 del C.P.C. y 1757 del C.C.) no logr� probar sus aseveraciones permaneciendo los supuestos de hecho de la demanda, en meras afirmaciones.

Como corolario de lo dicho, habr� de confirmarse el fallo de primer grado, por encontrarse ajustado a derecho, lo que releva a la Sala de estudiar las excepciones de m�rito propuestas por el extremo demandado. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogota, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad.

SEGUNDO: Por sustracci�n de materia, no se estudian las excepciones de m�rito propuestas por el extremo demandado.

TERCERO. Costas de de esta instancia a cargo de la parte recurrente. T�sense.

CUARTO: Como agencias en derecho se se�ala la suma de $1.500.000.

QUINTO: Una vez cumplida la ritualidad secretarial, devu�lvase el expediente al juzgado de origen. Notif�quese y C�mplase, MYRIAM IN�S LIZARAZU BITAR Magistrada ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Magistrada ARIEL SALAZAR RAM�REZ Magistrado  Vives P�rez Alvaro, Teor�a general de las obligaciones.  Art�culo 2 Resoluci�n Externa 14 de 2000.  C. Const., Sent.

C-070, Febrero 25 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Mu�oz.     PAGE  PAGE 2 PROCESO ORDINARIO No. 2002-013239 instaurado por LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA y OTROS contra GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A. PROCESO ORDINARIO No. 2002-013239 instaurado por LUIS EUCLIDES SANCHEZ VACA y OTROS contra GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A. @ABCwyz{������������: @ h ����·��������m]m�mNmh�6�CJOJQJ]�aJh�h�6�CJOJQJaJ"h�h�6�CJOJQJ]�aJh?U�CJOJQJaJh�h�CJOJQJaJh�CJOJQJ]�aJh�h�CJOJQJ]�aJh�h�CJaJh�5�CJaJh�h�5�CJaJ"h�h�6�CJOJQJ]�aJh�h�6�CJOJQJaJ h�h�5@Awx����h � � � �������������y$�Ldh�^�La$gd�$����Ldh�]���^�La$gd�����dh^��`��gd�$a$gd�$����dh�^��`��a$gd�$ ��dha$gd�$a$gd� $dh�a$gd� #dh�gd�!gd�LJ�������h r t � � � " # 8 9 T U V Y � � � � � � � � ���ȶ������Ș�yly�ZKZ;h�h�OJQJ\�^JaJh�5�OJQJ\�^JaJ"h�h�5�OJQJ\�^JaJh� 9OJQJ]�^JaJh�h�OJQJ]�^JaJh�h�OJQJ^JaJ$h�h�OJQJ^JaJmH sH h� h�h�"h�h�6�CJOJQJ]�aJ#h�h�6�CJOJQJ^JaJ#h�h�CJOJQJ]�^JaJ&h�h�6�CJOJQJ]�^JaJ� # 9 U V � � � �   ^_��*+����myJ������������������������� $dha$gd� ��dh`��gd�dhgd�dhgd�� � T � � � � �   ^`�0����}~rsOP�&�&�'�'�*�*+G+������Ҷ����r�e�X�e�X�e�e�e����h� 96�CJOJQJ^Jh�6�CJOJQJ^J"h�h�6�>*CJOJQJ^J"h�h�5�6�CJOJQJ^Jh�h�6�CJOJQJ^Jh�h�6�OJQJ^JaJh�h�OJQJ^JaJh� 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