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ANTECEDENTES Con asistencia de apoderado, Esther Julia Ruiz Mesa promovi� demanda en contra de Blanca Cecilia Guti�rrez de Castillo, pretendiendo que previo el tr�mite del proceso pertinente y en sentencia definitiva se hagan las siguientes declaraciones y condenas: Primero: Que se declare que por v�a de la prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio, la se�ora Esther Julia Ruiz Mesa ha adquirido la propiedad del predio ubicado en la carrera 29 No. 43-84/86.
Segundo: Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, se ordene la cancelaci�n en la oficina de Registro Instrumentos p�blicos zona sur, de esta ciudad, del registro en cabeza de la se�ora Blanca Cecilia Guti�rrez de Castillo, y en su lugar se registre la propiedad teniendo como titular de tal derecho real a la demandante se�ora Esther Julia Ruiz Mesa.
Tercero: Que se condene al demandado a pagar las costas del proceso. Para sustentar las anteriores pretensiones se expusieron los siguientes hechos: Aparece como titular del derecho real de dominio la se�ora Blanca Cecilia Guti�rrez de Castillo, mayor de edad, cuyo domicilio y residencia se desconoce, y que no ha vivido en el inmueble a usucapir pero figura en el certificado de libertad certificaci�n especial de la condici�n de titular del derecho real.
Que la compraventa que aparece en el certificado de libertad realizada mediante escritura p�blica No. 2.928 del 14 de septiembre de 1978 ante la notar�a octava por el se�or �lvaro Ni�o Acosta, es simulada porque la se�ora Blanca Cecilia Guti�rrez nunca ocup� el predio. Que el se�or �lvaro Ni�o Acosta era su compa�ero permanente, y nunca le comunic� la decisi�n de venta de la casa, ni la conmin� por ning�n medio para que la desocupara o que la entregara a alguien en especial.
Como tampoco continu� viviendo con la se�ora Esther Julia. Que la se�ora Esther Julia, desde 1968 y hasta la fecha de la presentaci�n de la demanda, ha vivido en el inmueble sin interrupci�n, esto es 27 a�os realizando actos de poseedora y se�ora, sin reconocer dominio o propiedad a persona alguna. LA ACTUACI�N PROCESAL Al admitir la demanda mediante auto del 20 de enero de 2006, se dispuso que se tramitara proceso ordinario as� como tambi�n el traslado por el t�rmino de veinte d�as disponi�ndose el emplazamiento de todas las personas que se creyeran con derecho a intervenir en el proceso de conformidad con los art�culos 407 y 318 del C�digo de Procedimiento Civil, e igualmente orden� la inscripci�n de la demanda en el folio de matricula asignado al inmueble.
A los demandados determinados e indeterminados se les emplaz� conforme a los presupuestos e indicaciones del art�culo 318 y la regla 6 del articulo 407 del C�digo de Procedimiento Civil, pero pasado el plazo respectivo, ninguna persona emplazada se hizo presente para estar a derecho en el proceso, por lo que se les design� curador a-litem.
Notificados cada uno de los auxiliares judiciales, ambos dieron contestaci�n sin oposici�n a las pretensiones ni a los hechos, manifestando no constarles y tampoco propusieron excepciones. Con el marco anterior se defini� lo relacionado con las pruebas y preclu�da esa etapa procesal se declar� el cierre del debate con el auto que corri� traslado para hacer el resumen y alegar de conclusi�n, facultad de la que hizo uso la parte actora para aseverar que los hechos de la demandada estaban debidamente demostrados y en esos t�rminos insistir en la prosperidad de las pretensiones del libelo demandatorio.
LA SENTENCIA APELADA El a-quo puso fin a la instancia mediante la sentencia de fondo proferida el 22 de julio de 2008, mediante la cual neg� las pretensiones de la actora, orden� la cancelaci�n de la inscripci�n de la demanda y conden� en costas a la actora. Para arribar a las anteriores decisiones, luego de analizar lo que es la prescripci�n, referir los requisitos necesarios para que �sta se configure y examinar el haz probatorio, todo frente a las disposiciones de orden legal aplicables al caso, concluye estimando que no est�n satisfechos los presupuestos axiol�gicos.
Advierte que el primer requisito exigible por mandato de la ley (art�culo 2.518 del C�digo Civil), necesario para ganar por prescripci�n los bienes corporales, es que est�n en el comercio humano, pero el inmueble relacionado en la demanda no era susceptible de apropiaci�n por cuanto la anotaci�n No. 09 del folio de matr�cula No. 50S-2137075 que advert�a la existencia de un embargo a ordenes del Juzgado 19 Civil de Bogot�, que en consecuencia el inmueble est� fuera del comercio al estar vigente la medida lo que imped�a cumplir con dicho requisito.
EL RECURSO DE APELACI�N Inconforme la parte demandante con el referido fallo, en forma oportuna interpuso recurso de apelaci�n que sustent� ante la primera instancia, expresando en conclusi�n que el juez de conocimiento al momento de su valoraci�n desconoci� el car�cter erga omnes de la sentencia, que en consecuencia el acreedor de la obligaci�n ten�a la facultad de comparecer al proceso para defender su derecho en raz�n del emplazamiento realizado.
Que la medida de embargo, igualmente tiene m�s de veinte a�os, por lo que igualmente est� prescrita, y por dem�s el inmueble tampoco se encuentra secuestrado. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Reunidos como se encuentran los denominados presupuestos procesales y no advirti�ndose vicio alguno capaz de invalidar lo actuado, resulta procedente emitir fallo que resuelva el fondo del asunto.
La prescripci�n es conocida como un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose�do aqu�llas y no haberse ejercido �stos durante cierto lapso de tiempo, tal como lo ense�a el art�culo 2512 del C�digo Civil Colombiano. En esta especie de procesos, debe indagar el juzgador por los presupuestos que permiten dar buen camino a las pretensiones, estudio que a continuaci�n realizar� el Tribunal.
Los presupuestos axiol�gicos que de anta�o se han indicado por la doctrina y la jurisprudencia para la viabilidad de la acci�n de prescripci�n adquisitiva de dominio, son: a) posesi�n material en el demandante; b) que la posesi�n se prolongue por el t�rmino de ley; c) que se cumpla en forma quieta, pac�fica, continua e ininterrumpida; y d) que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesi�n sea susceptible de adquirirse por �ste fen�meno. Igualmente, de reunirse aquellos, habr� de indagarse si existe identidad entre el bien que se pretende adquirir y el efectivamente pose�do.
En cuanto al primero de tales elementos, es decir, que la posesi�n material sea ejercida por el demandante, es de ver que ella fue definida por el art�culo 762 del C�digo Civil colombiano como la tenencia de una cosa determinada, con �nimo de se�or o due�o, sea que el due�o o el que se da por tal, tenga la cosa por s� mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de �l. Son pues, dos los elementos configurativos de la posesi�n: el primero, la tenencia o aprehensi�n material del bien, tambi�n conocido como corpus; y el segundo elemento, que es de car�cter subjetivo, es el sentimiento de quien tiene el bien como suyo, en cuanto se�or y due�o de �l; �ste tambi�n se conoce como �nimus.
Aqu�l es de f�cil demostraci�n; en efecto, basta determinar que quien se arroga la calidad de poseedor mantiene una relaci�n de aprehensi�n material sobre el bien, ya sea directamente, ora por intermedio de un mero tenedor que la tenga a nombre suyo. De atender a los hechos del libelo, la causa eficiente para impetrar que se declare que el inmueble relacionado en ese escrito le pertenece en dominio pleno y absoluto a la demandante, tiene su origen en los actos de posesi�n que �ste ha ejercido sobre el bien objeto de prescripci�n. A fin de probar esta exigencia, se recibieron las declaraciones de los se�ores, Jorge Antonio Avila, Excelino Tirado Cepeda y Salom�n Lara Bello.
Adem�s, se adelant� la inspecci�n judicial en la cual se identific� completamente el inmueble individualiz�ndolo, y se alleg� el dictamen pericial que da cuenta del estado del bien y de las mejoras en �l realizadas. Es claro que uno de los medios caracter�sticos y de mayor raigambre para acreditar la posesi�n es la declaraci�n de testigos, sin que ello implique que otros, como la inspecci�n judicial y la prueba de indicios, no sean aptos para demostrarla, trat�ndose de la prescripci�n extraordinaria.
De all� que en esta suerte de litigios esa prueba se convierta en elemento de excepcional importancia, de donde se sigue que el an�lisis de lo aducido para probar esa forma de adquirir originaria, sea de especial importancia. Es as� como los declarantes manifestaron sin equivoco la forma en que iniciara la posesi�n de la actora as� como el tiempo de �sta, de lo cual se extrae lo siguiente: Jorge Antonio Avila manifest� conocer a la demandante desde hace unos 40 a�os por ser vecinos, no distingue a la demandada, y sabe cu�l es el predio objeto del proceso porque antes era un camino para ir a coger el transporte, que �ste siempre ha sido ocupado por la demandada, quien conviv�a all� con �lvaro Ni�o Acosta, pero que �ste se fue hace 35 a�os, y que fue la se�ora Esther Julia quien construy� la casa poco a poco, que recuerda que en un principio constaba de un piso de tres piezas y como mejoras sabe que realiz� cambio de puertas y pisos y el segundo piso lo construy� todo.
Indica que la se�ora Ruiz fue quien hizo la instalaci�n de los servicios de agua, luz, gas y tel�fono, y que actualmente vive de los arriendos que le produce la casa. De la declaraci�n del se�or Salom�n Lara Bello, se extrae que conoce a la actora desde finales de 1965, que era una persona que vend�a empanadas, cubrelechos y todo lo de modister�a, en cuanto a l a demandada y al se�or �lvaro Ni�o, manifest� no conocerlos, sabe que el inmueble es una casa, que en su inicio era de un piso, y ha sido la se�ora Esther Julia Ruiz quien la ha venido construyendo, actualmente consta de tres alcobas, un ba�o una cocina, con patio interior y exterior, en el segundo piso queda una terraza, una alcoba y un ba�o. En canto a servicios afirma que inicialmente constaba de agua y luz, y hoy en d�a la se�ora Ruiz Mesa instal� el gas y una l�nea telef�nica, que cambi� las puertas por met�licas.
En su declaraci�n, Excelino Tirado Cepeda, atestigua conocer a la actora desde 1970, no conoce a la demandada, y en cuanto al se�or �lvaro Ni�o Acosta, indic� que sabe que era el compa�ero de la se�ora Esther Julia Ruiz, porque viv�an juntos cuando �l lleg� en calidad de arrendatario a la casa siendo su arrendadora la actora, pero que se fue como a los dos a�os.
Que cuando lleg� la casa constaba de un piso y ten�a tres alcobas, servicios y agua y luz y un patio. Le consta que la actora construy� una pieza en el segundo piso y un ba�o, Dice reconocer a la se�ora Esther Julia Ruiz como due�a el inmueble porque es quien lo arrienda y a quien le pag� el canon. Del dicho de los declarantes emerge que la actora ha ejercido la posesi�n que alega por un lapso de m�s veinte a�os, pues a pesar de que se puede establecer que en un principio la actora viv�a all� con su compa�ero, quien a la vez era propietario del inmueble, tambi�n se da cuenta que aquel la abandon� desde hace aproximadamente treinta y cinco a�os y que no se conoce su paradero, pero adem�s, se establece de acuerdo con los folios de matr�cula inmobiliaria que desde el 14 de septiembre de 1978 enajen� el bien a la se�ora Blanca Cecilia Guti�rrez de Castillo, actual propietaria y demandada en el proceso.
Por eso, desde tal a�o ha de tomarse en cuenta la posesi�n, pues si la tuvo desde antes podr�a confundirse con la mera permisividad por parte de su compa�ero frente a ella y sus hijos. Pero resulta inconfundible la prueba del a posesi�n y el �nimo de seora y due�a de la actora desde que el bien figura a nombre de la se�ora Guti�rrez de Castillo, pues no solamente ha construido y reparado el inmueble, lo ha mejorado, le ha instalado servicios, le agreg� un segundo piso y adem�s lo mantiene arrendado obteniendo ella y nadie m�s, los frutos de esos contratos.
Pro lo tanto, para los testigos es indiscutiblemente quien se comporta como verdadera due�a, y a quien se le reputa como tal, de ah� que a la presentaci�n del libelo incoativo, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2005, hab�an transcurrido m�s de veinte a�os, huelga decir, un t�rmino superior al que la ley requiere para consumar la prescripci�n como modo adquisitivo de dominio, lo que da lugar en principio a la prosperidad de las pretensiones de la demandante.
Se practic� de igual forma la inspecci�n judicial en la que el juzgador pudo identificar el bien, se�alando que efectivamente se trata de un inmueble de dos plantas ubicado en la carrera 29 No. 43 84, que en la primera planta se encuentra arrendado y en la segunda vive la demandante, que su estructura es de 39 a�os de antig�edad aproximadamente.
De igual forma se llegaron como actos de se�or y due�a, el pago de los impuestos predial de los a�os 2004 al 2007, las que unidas a las declaraciones antes resumidas, se tiene que la actora, si ejerce los actos de posesi�n sobre el inmueble. Finalmente el a quo se centr� en la falta del cumplimiento del �ltimo e los requisitos enlistados esto es �d) que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesi�n sea susceptible de adquirirse por �ste fen�meno.�, indicando que por el hecho de encontrarse el inmueble embargado no se encontraban en el comercio humano que en consecuencia habr�a objeto il�cito.
Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia, frente a la prescripci�n extintiva del dominio, de los inmuebles que estuvieren embargados, ha aclarado que una es la imposibilidad de enajenarlos, y que de hacerlo su objeto ser�a il�cito, si la autorizaci�n previa ya sea el juez, o el acreedor, y otra muy distinta, es que tal impedimentos traspase la �rbita de su naturaleza y los convierta en objetos il�citos, es as� como en sentencia del 18 de octubre de 2005 exp.
No. 54001-3103-00319980324-01 M. P. Dr. Cesar Julio Valencia Copete dijo: �3. Ahora bien, de entrada emerge un notorio y trascendente yerro jur�dico en la posici�n del sentenciador, pues, tras entender acertadamente, como requisito, que el bien pretendido deb�a ser susceptible de este modo de adquirir el dominio, termin� por dar un desafortunado alcance a esta exigencia, consistente en que el bien no pod�a hallarse sometido a medida cautelar en el momento de introducci�n del libelo, pues tal situaci�n restring�a temporalmente el poder de disposici�n del titular.
Ciertamente, se trata de una confusi�n inaceptable, en tanto que una cosa es que el art�culo 1521 del C�digo Civil disponga que habr� objeto il�cito en la �enajenaci�n� de las cosas embargadas por orden judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ella y otra, bien distinta, que una medida semejante tenga como efecto la alteraci�n de la calidad, destinaci�n, o naturaleza jur�dica del bien sobre el que ella recae, al punto de tornarlo en imprescriptible o excluirlo de la �rbita del derecho privado, al estilo de lo que invariablemente ocurre con los bienes fiscales, de uso p�blico, ejidales, parques naturales, entre otros.
Es evidente que cualquier acto de enajenaci�n de un bien embargado queda viciado de objeto il�cito, mas no lo es que la medida cautelar resulte opuesta o contraria al fen�meno f�ctico de la posesi�n que sobre �l se ejerce, pues tal cautela no es motivo de interrupci�n natural o civil, sin que, por lo mismo, tenga el alcance de coartar o eliminar al poseedor la posibilidad o vocaci�n de adquirir el dominio de la cosa sobre la que recaen sus acciones.
Por dem�s, la enajenaci�n tiene una naturaleza diversa a la usucapi�n y a los hechos posesorios que la anteceden, habida cuenta que la primera supone generalmente un acto voluntario de disposici�n de intereses, mientras que la segunda corresponde al efecto originario o constitutivo que por ministerio de la ley se produce sobre el dominio de un bien, siempre que se haya cumplido previamente con una serie de presupuestos modales y temporales.
De antiguo esta Corporaci�n ha precisado que � el embargo y dep�sito de una finca ra�z no impide que se consume la prescripci�n adquisitiva de ella. Por el embargo no se traslada ni se modifica el dominio ni la posesi�n de la cosa depositada; y si bien es cierto que la enajenaci�n de los bienes embargados est� prohibida por la ley, bajo pena de nulidad, el fen�meno de la prescripci�n es cosa muy distinta de la enajenaci�n. Si la posesi�n no se pierde por el hecho del embargo, no hay disposici�n alguna del C�digo Civil, que se oponga a la usucapi�n o prescripci�n adquisitiva, la cual, por ser t�tulo originario de dominio, difiere esencialmente de la enajenaci�n�.
(sentencia de 4 de julio de 1932, G.J. t. XL, pag. 180; cfr. sentencias de 16 de abril de 1913, XXII, 376; 30 de septiembre de 1954, LXXVIII, 698; 28 de agosto de 1963, CIII - CIV, 101; 26 de junio de 1964, CVII, 365; 22 de enero de 1993, CCXXII, 11; 7 de marzo de 1995, CCXXXIV, 333; 23 de noviembre de 1999, CCLXI, 1097; y 3 de diciembre de 1999, CCLXI, 1252; entre otras)� En el mismo sentido se reiter� la doctrina de la Corte Suprema en sentencia del 13 de julio de 2009, M.P. Doctor Arturo Solarte Rodr�guez.
Al amparo de las anteriores consideraciones se revocar� el fallo impugnado y en su lugar se habr� de declarar la Prescripci�n adquisitiva de dominio sobre el inmueble descrito, por estar cumplidos todos los requisitos legales para que la usucapi�n prospere, y no ser impedimento la existencia de un embargo sobre el mismo, el cual, como lo ha dicho reiteradamente la Corte Suprema, impide su enajenabilidad pero no la prescripci�n. DECISI�N En m�rito de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D. C. administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley:
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 22 de julio de 2008 por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot� D. C. Segundo: DECLARAR que la se�ora Esther Julia Ruiz Mesa, adquiri� por prescripci�n adquisitiva, el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado e la Carrera 29 No.42 84 sur (actual) antes carrera 29 No. 43 84 sur, por las consideraciones anotadas en la parte motiva de esta decisi�n y cuyos linderos se mencionan en la parte motiva.
Tercero: ORDENAR, en consecuencia, la inscripci�n de esta sentencia en el certificado de tradici�n de la Oficina de registro de Instrumentos P�blicos No. 50S-237075. Of�ciese. Cuarto: Sin costas para las partes en ambas instancias.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA LIANA AIDA LIZARAZO VACA Magistrado Magistrada Proyecto discutido y aprobado en sala civil de decisi�n del d�a 13 de mayo del a�o 2009 PAGE PAGE 1 Proceso ordinario Esther Julia Ruiz Mesa contra Blanca Cecilia Guti�rrez de Castillo 28-200500690 01 7NO\ghijoy����������� ; � � % ( 5 T j r s � � 67Dab����������������������篸礖�琊�������~�ې h��CJ h�/CJ h� �CJ hhy�CJhc)5�6�CJ\�]�aJhc)5�6�CJaJhhy�5�CJ\�hc)5�CJ\�hW'5�CJ\�hc)5�\�hc) hDD�CJ h exCJ hB�CJ hc)CJhc)5�CJ \�aJ hc)CJ aJ 07NO���� ; < = ' ( 5 6 57���������������������$��dh`��a$gd�/ $dha$gdc)$��dh`��a$gdc)��dh`��gdc) $dha$gdc)gdc)U�U��>?Jm n o ������=~��������BCNOQ^fq`ab}~������TUWo�������7$�����������������������������������������������ľ�ֵ���������Ħ� hz~CJhc)5�CJ\�h��5�CJ\� h� �CJ h��CJ hKyXCJ hk[�CJ h�CJ h FCJ h��CJ h exCJ h�/CJ hc)CJ h�/�CJAn o � � ?@OPabUVWmo56KL��� ���������������������������� $dha$gdc) $dha$gdc)$qu��������������&'2>JK��T����Wjk}����}~������ 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