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ANTECEDENTES Mediante demanda que obra a folios 38 a 42 del cuaderno principal y su reforma posterior (fl. 156), la demandante, cit� a la se�ora LEONOR D�AZ HERN�NDEZ, y a las dem�s personas que se creyeran con derecho a intervenir en la referida acci�n de pertenencia, con el fin de que se declare que le pertenece a su difunta madre, MAR�A DEL CARMEN TORRES, el 33,6% del inmueble ubicado en la calle 22 N� 18-24/34.
En consecuencia, solicita igualmente, que el juzgado ordene inscribir la sentencia en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos. En resumen son supuestos f�cticos soportantes de la acci�n los que a continuaci�n se relacionan: Que la se�ora MAR�A DEL CARMEN TORRES, desde hace m�s de 25 a�os entr� en posesi�n del inmueble objeto de usucapi�n, junto con su �nica hija (la demandante), su yerno y sus nietos, despu�s del fallecimiento de su esposo, se�or ANTONIO D�AZ MONTENEGRO acaecida el 18 de enero de 1985, lo cual se dio en forma quieta, pacifica e ininterrumpida, con �nimo de se�ora y due�a, sin dependencia de nadie y sin que ninguna persona les hubiera disputado ese derecho.
Que la difunta se�ora TORRES, ejerci� sobre el predio en cuesti�n, actos constantes de disposici�n de aquellos que s�lo dan derecho al dominio, le realiz� mejoras y toda clase de arreglos necesarios para su mantenimiento, defendi�ndolo contra perturbaciones de terceros y habit�ndolo hasta el d�a de su muerte. Que a la causante le fue adjudicado, en el proceso de sucesi�n de su esposo, el derecho de propiedad del inmueble objeto de usucapi�n, en proporci�n del 66,4%.
Que la aqu� demandada, en su calidad de copropietaria del inmueble y quien nunca se interes� por tomar posesi�n material de su propiedad inici� un proceso divisorio contra la causante, el cual cursa en el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogot�. TR�MITE Luego de que la demanda fuera repartida al Juzgado 3� Civil del Circuito de Bogot�, �ste mediante auto del 17 de octubre de 2007 la admiti� y dispuso su traslado a la demandada (fls. 109 a 110 cuad. 1), quien se notific� personalmente el 6 de febrero del a�o inmediatamente siguiente (fl. 136 cuad. 1) y mediante apoderado judicial contest� la demanda oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones.
As� mismo, propuso como excepciones las que denomin� �IMPROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE PERTENENCIA�, �FALTA DE LEGITIMACI�N POR ACTIVA� y �TEMERIDAD Y MALA FE DE LA ACCIONANTE�. Luego de emplazados los demandados indeterminados se les design� curador ad litem (Fl. 130) quien se notifico personalmente, (Fl. 135) y contest� la demanda, sin proponer excepciones.
(Fl. 147 a 148). Mediante auto del 29 de abril del 2008 se abri� a pruebas el proceso (fls. 164 a 165 cuad. 1) y luego de vencido el estadio probatorio, por auto del 19 de noviembre de 2008 se corri� traslado para alegar de conclusi�n (fl. 298 cuad. 1), t�rmino dentro del cual, las partes presentaron sus respectivas alegaciones. LA SENTENCIA APELADA El juzgado de instancia, con base en las disposiciones de los art�culos 94, 762, 778 y 1013 del C�digo Civil despach� desfavorablemente las pretensiones de la demanda indicando que no se encontraba presente el presupuesto procesal de �capacidad para ser parte�, puesto que �la demanda se presenta a nombre de quien para el momento de impetrarla ya hab�a fallecido, es decir, hab�a perdido su calidad de persona�.
Agreg� que �en este evento se configura una suerte de falta de legitimaci�n en la causa por activa, pues como primera medida, quien demanda no lo hace a nombre propio sino de la de cujus, quien al carecer de personalidad no puede ser sujeto de derechos y obligaciones, m�xime cuando en esta clase de procesos uno de los elementos fundamentales para la prosperidad de las pretensiones es el ANIMUS o �nimo de se�or y due�o, y �ste s�lo puede ser invocado por quien lo ostenta, pues no puede alguien manifestar que otro lo posee. �ste elemento, al pertenecer a la esfera de la psiquis s�lo admite ser invocado por quien pretenda hacerlo valer y no por terceras personas�.
Adicionalmente adujo que quien otorg� el poder para demandar en calidad de hija de la difunta se�ora TORRES, no demostr� su calidad de heredera, que seg�n expres�, deb�a ser declarado �por el juez competente, valga decir, el de Familia�, pues aunque la herencia se defiere al momento de la muerte del causante, la calidad de heredero se tendr� cuando se abre el proceso de sucesi�n. EL RECURSO DE APELACI�N Como la procuradora judicial de la demandante se mostr� en desacuerdo con lo decidido ha recurrido en apelaci�n, centrando su inconformidad en los siguientes aspectos: En primer t�rmino aduce, que su difunta madre tuvo la posesi�n del inmueble objeto de usucapi�n desde el a�o 1985 y hasta el a�o 2007 en que falleci�, lo cual fue reconocido por el Juzgado 21 Civil del Circuito de esta ciudad, al declarar probada la excepci�n de m�rito de prescripci�n extraordinaria de dominio en el proceso divisorio que en su contra se inici�.
Seguidamente repara en que la capacidad para ser parte constituye la excepci�n previa de que tratan los numerales 4, 5 y 6 del art�culo 97 del C. de P. C., la cual debi� ser declarada �antes de trabar la litis, abrir a pruebas el proceso, ordenar la publicaci�n de edictos, y nombrar curador para las personas indeterminadas�. Se�ala igualmente, que los fundamentos de ley esbozados por el juzgado de conocimiento para tomar la decisi�n �puede apreciarse con toda claridad que no aparece ninguno, pues lo hace con base en la doctrina de Hern�n Fabio L�pez Blanco, y en los art�culos 94, 762 y 778 del C.C. sin tomar en cuenta lo preceptuado por el art�culo 2� de la Ley 791 de 2002 y en las dem�s normas y jurisprudencia citadas al presentar la demanda y reformar la misma�.
En este aspecto puntualiza, que con la demanda se alleg� el registro civil que la acreditaba como heredera, junto con el acta de defunci�n de su madre, frente a lo cual ning�n pronunciamiento se hizo al momento de dictar sentencia, am�n que dichos documentos resultaban suficientes para demostrar lo echado de menos. Agreg� que el art�culo 2� de la Ley 791 de 2002, al agregar al art�culo 2513 que �la prescripci�n tanto la adquisitiva como la extintiva, podr�n invocarse por v�a de acci�n o por v�a de excepci�n, por el propio prescribiente o por sus acreedores o cualquier otra persona que tenga inter�s en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella�; pone en evidencia, que los herederos tambi�n pueden estar interesados en obtener tal declaraci�n. Finalmente aduce, que en lo que al ANIMUS se refiere ��ste fue manifestado por la difunta antes de su muerte al presentarlo como excepci�n de m�rito en el proceso divisorio ya mencionado, el cual se solicit� tener como prueba en el proceso que nos ocupa.
Adem�s la ley nos dice a�n habiendo el poseedor renunciado a ella o sea habiendo dejado de lado el ANIMUS, cualquier persona interesada puede demandar que sea declarada. Pues de lo contrario el acreedor tampoco podr�a demandar la pertenencia a favor del deudor a pesar de la renuncia o renuencia de �ste, puesto que no podr�a demostrar ANIMUS, sino todo lo contrario, lo hace el acreedor porque el deudor prescribiente no quiere, no le interesa hacerlo.
Careciendo as� de un elemento indispensable para declararla; seg�n lo manifiesta el despacho en la sentencia apelada�. Con base en las anteriores reflexiones solicita que se revoque la decisi�n de primer grado para en su lugar, declarar que efectivamente la se�ora MAR�A DEL CARMEN TORRES adquiri�, por pertenencia extraordinaria de dominio, el inmueble objeto de usucapi�n. CONSIDERACIONES Como la sentencia s�lo fue apelada por la demandante, la Sala, en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 1� del art�culo 357 del C. de P.C., proceder� al examen de los aspectos objeto de inconformidad En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, la se�ora CARMEN CECILIA TORRES DE GUZM�N inici� acci�n ordinaria de pertenencia en contra de LEONOR D�AZ HERN�NDEZ, pretendiendo que se declare que MAR�A DEL CARMEN TORRES (q.e.p.d.), su madre, adquiri� por pertenencia adquisitiva extraordinaria de dominio el bien inmueble ubicado en la calle 22 N� 18-24/34 de esta ciudad.
El juzgado de conocimiento no accedi� a tal pretensi�n, bajo el argumento de que la fallecida no ten�a capacidad para ser parte, ni la demandante estaba legitimada para incoar petici�n similar en su favor. Luego de rever la actuaci�n surtida y de cotejarla, tanto con los elementos materiales de prueba incorporados, como con las peticiones de la actora, la sala advierte el acierto de la decisi�n recurrida y por ello, desde ya, puede anunciarse su respaldo.
No se discute que el ejercicio del derecho de acci�n por medio de una demanda judicial, da lugar a la realizaci�n del proceso y a la culminaci�n de �ste mediante sentencia que defina el asunto sometido a la jurisdicci�n, sea en pro o en contra de los intereses del demandante. De all� que la sentencia, como fin �ltimo que colma el ejercicio de aquel derecho, consista en el pronunciamiento judicial que decide "sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el car�cter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien" (Art. 302 del C. de P.C.).
Sin embargo, de anta�o se tiene por sabido que para el surgimiento y desarrollo normal del proceso, como camino al aludido desenlace, se hace necesaria la presencia de los denominados presupuestos procesales, as� como de la legitimaci�n que por activa y pasiva tengan quienes han de ser parte en el proceso. La doctrina y la jurisprudencia han clasificado como presupuestos procesales la demanda en forma, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente.
Ausentes tales presupuestos generan, bien la nulidad de la actuaci�n ora, imposibilitan al fallador para adoptar una decisi�n de fondo, imponi�ndose, entonces, una sentencia inhibitoria. En este tema ha destacado el m�ximo tribunal de la jurisdicci�n ordinaria que �corresponde pues pronunciar sentencia inhibitoria cuando en el proceso falten los presupuestos atinentes a la capacidad para ser parte (cuando a ello haya lugar) y a la demanda en forma; no los referentes a la competencia del juez o a la capacidad procesal, pues estos dos aspectos, por estructurar tambi�n causales de nulidad, conducen preferencialmente a invalidar la actuaci�n.�.
En relaci�n con el requisito de la capacidad para ser parte, pertinente resulta evocar que �ste no es atribuible a aquellas personas de quienes no se puede predicar personer�a jur�dica que pueda hacerlas destinatarias de una decisi�n judicial a favor o en contra, de tal suerte que, al no ostentar la calidad de sujetos de derecho aptas para concurrir y actuar en la litis �la absoluci�n o la condena caer�an en el vac�o; no habr�an deudor o acreedor de la prestaci�n reconocida en la sentencia, as� fuere la mera condena en costas�.
En ese orden de ideas, se evidencia que le asiste plena raz�n al juzgado de primer grado, cuando consider� que no pod�a demandarse, v�lidamente, la declaraci�n peticionada a nombre de la se�ora MAR�A DEL CARMEN TORRES, pues si la existencia de las personas como sujetos de derechos y obligaciones termina con la muerte (art. 94 ib.), la mencionada se�ora TORRES ya no era, para la �poca de la presentaci�n de la demanda, sujeto de derecho alguno. Y es que si bien en materia de sucesiones, con el fallecimiento del causante surge una comunidad de bienes que mientras no sea liquidada, se encuentra en cabeza de los herederos, quienes �representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles� (art. 1155 del C.C.), asumiendo �stos la personalidad del difunto con respecto a todos sus derechos y obligaciones, tal representaci�n no se impone en cabeza del fallecido en si mismo, quien dej� de existir para el mundo jur�dico, sino de esa comunidad herencial.
Si lo anterior es as�, entonces, a pesar de que en el caso bajo examen no hay reparo en cuanto a la calidad de heredera que ostenta la demandante respecto de la difunta se�ora MAR�A DEL CARMEN TORRES, pues con la demanda se alleg� copia del registro civil de nacimiento, la alegaci�n de haberse configurado en cabeza de su progenitora los requisitos para obtener la declaratoria de usucapi�n deben decaer, por carecer aquella de capacidad para ser parte y no ser admisible que la actora act�e en su representaci�n, cuando su calidad sucesoral le habilita para actuar es a nombre de la sucesi�n y no de la difunta.
Bajo esta perspectiva, lo acotado por el juzgado de primer grado no encuentra reparo. Ahora bien, la posesi�n legal de la herencia no excluye que la posesi�n material de bienes individualizados integrantes de la masa herencial indivisa, pueda ser ejercida por un sucesor del difunto con la satisfacci�n a cabalidad de los dos elementos que la configuran de acuerdo con la definici�n suministrada por el art�culo 762 del C�digo Civil (corpus y animus).
No obstante lo anterior, como la demandante tampoco alude en el escrito introductor, ni en ninguno de los escritos que recogen su pretensi�n, que la petici�n de usucapi�n lo haya sido a nombre propio en virtud tal figura jur�dica, no era viable interpretar que la petici�n de pertenencia surg�a de la asignaci�n que en tal sentido hered� de su madre, por manera que tambi�n deb�a concluirse, al no estar ante quien dice ser el titular del derecho de posesi�n en disputa, que en su cabeza exist�a falta de legitimaci�n en la causa para demandar.
Lo anterior si se tiene en cuenta que dicha inhabilitaci�n surge, como lo ha dicho la corte, cuando �quien reclama un derecho no es su titular� o no es �la persona a la cual la ley concede la acci�n�. Precisado lo anterior, tampoco encuentra cabida el argumento de que se le haya reconocido a la difunta la calidad de poseedora en el proceso divisorio que en su contra adelant� el Juzgado 21 Civil del Circuito de esta ciudad, pues tal situaci�n es un evento que habr�a de ser analizado de haberse abordado la anuencia de los elementos de la usucapi�n, por lo que al no haber traspasado tal umbral, no era viable derivar de tal situaci�n, conclusi�n alguna.
Ahora bien, en lo que dice relaci�n la impugnaci�n propuesta, con que las falencias encontradas por el juzgado de conocimiento debieron ser objeto del tr�mite de las excepciones previas, cuya declaratoria se debi� erfetuar �antes de trabar la litis, abrir a pruebas el proceso, ordenar la publicaci�n de edictos, y nombrar curador para las personas indeterminadas�, debe decirse que el Tribunal no puede compartir dicha tesis, en la medida en que es deber, no solo del Juez, sino tambi�n de las partes, en desarrollo de la lealtad procesal, velar por el buen destino del proceso y propender porque llegue a un final que en verdad resuelva el litigio puesto a consideraci�n. En tal sentido, es innegable que la funci�n ontol�gica del juez es el pronunciarse de fondo sobre las situaciones de hecho alegadas por las partes, en consonancia con las disposiciones legales aplicables a cada caso concreto sin que pueda alegar ausencia de regulaci�n sobre el tema litigioso.
Sin embargo, como en este caso la imposibilidad jur�dica de arribar a tal fin sin tropiezos, deriv� del proceder de la misma parte actora al formular sus pretensiones sin tener en cuenta lo antes anotado, mal podr�a ahora endilgarse y aceptarse reproche alguno a la conclusi�n sentada en la decisi�n cuestionada. V�ase en todo caso, que a�n de estimar la Sala que tanto el Juez como las partes pudieron haber hecho uso de los innumerables mecanismos que ofrece el ordenamiento jur�dico para remediar la aludida falencia, esta corporaci�n ad quem, tampoco tiene acceso ya a ellos para obrar en tal sentido rectificatorio, por lo que a estas alturas se torna inadmisible el reproche efectuado a la situaci�n planteada.
En este punto del an�lisis no sobra se�alar, que aunque la recurrente se empecina en sostener que conforme al inciso 2� del art�culo 2513, adicionado por la ley 791 de 2002, puede el propio prescribiente, sus acreedores o cualquier persona que tenga inter�s, solicitar que se declare la prescripci�n tanto adquisitiva como extintiva, por v�a de acci�n o excepci�n, tal alegato tampoco sirve para derrocar la decisi�n atacada.
Frente a ese particular baste decir, que de ninguna manera se desconoce que dentro de la precitada normativa no quepa la hip�tesis de que el heredero invoque la petici�n de prescripci�n adquisitiva, lo que se repele es que tal petici�n se haga sobre la base de considerar que ella proceda respecto de un sujeto que no existe en el mundo jur�dico, pues si la petici�n lo hubiera sido para la comunidad de bienes �sucesi�n- o a nombre propio, otro, aunque no se puede decir que positiva o negativa, hubiera sido el desarrollo de la pretensi�n de usucapi�n. Desde otra arista, si del ep�logo del cargo se admitiera que se dej� de interpretar la demanda y debiera entenderse que se hab�a pedido para s�, es decir, para la propia demandante CARMEN CECILIA TORRES DE GUZMAN o incluso para la sucesi�n de su difunta madre, MAR�A DEL CARMEN TORRES, otro ser�a el desenlace de la apelaci�n. Cabe explicar que el petitum expresado en la demanda con que se inici� el juicio, no pudo ser m�s claro: All� se exige la declaraci�n de que �la difunta madre de mi representada MAR�A DEL CARMEN TORRES, adquiri� por prescripci�n extraordinaria de dominio� (fl. 38 y 156) la cuota parte que de propiedad de la demandada (33,6%) corresponde al inmueble ubicado en la calle 22 N� 18-24/34, sin que en ning�n pasaje del mencionado libelo, se engendre siquiera dubitaci�n o posibilidad de otra hermen�utica, al respecto.
De lo anterior deviene que el juzgado de instancia, no s�lo no incurri� en desacierto, sino que, antes bien, estuvo ce�ido al orden jur�dico y a lo que reza la demanda, de donde entonces, como inicialmente se anunci�, la confirmaci�n de la determinaci�n censurada, debe ser la consecuencia. Sean suficientes las precedentes consideraciones, para que LA SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de alzada.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la apelante.
TERCERO: INCLUIR en la liquidaci�n de costas de esta instancia, la suma de $400.000.oo a cargo de la apelante y a favor de la demandada, por concepto de agencias en derecho.
CUARTO: DEVOLVER la actuaci�n surtida al juzgado de origen, una vez en firme �ste prove�do y cumplido el numeral anterior. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE MANUEL PARADA AYALA MAGISTRADO PONENTE JOS� DOMINGO RONCANCIO PATI�O MAGISTRADO JAIME CHAVARRO MAHECHA MAGISTRADO C.S.J. Sentencia del 12 de marzo de 2004. Boh�rquez Ord�z, Antonio. Ensayo �Hacia la desaparici�n de la sentencia civil inhibitoria? Documento que si habilita el reconocimiento de tal calidad, como lo ha sentado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde 1976 (ver sentencia de agosto 26 de ese a�o) CXXXVIII, 364/65 Ib�dem. Proceso Ordinario de Pertenencia 11001310300320070046801 PAGE \* MERGEFORMAT 8 Proceso Ordinario de Pertenencia 11001310300320070046801 Demandante: CARMEN CECILIA TORRES DE GUZM�N Demandada: LEONOR DIAZ DE HERN�NDEZ SENTENCIA O.P. N� 013/10 .56RS������������� ������ø����u�qjqjqjqjqjqj]Mh�?oh�#45�6�@���CJaJhK}Xh�#4@���CJaJh�i�h`�h`�h`�5�6�9�CJ\�]�aJ#h%Ah`�5�6�9�CJ\�]�aJh%Ah`�9�CJaJh/8h`�5�CJ\�aJh`�CJaJh�f`h`�CJaJh�?oh�?oh�?oh�?o6�CJOJQJaJh�?oh�#4h�#45�6�@���CJ OJQJhT$5�6�@���CJ OJQJ6RS������ -. / % & ��������������������$��`��a$gd�?o $�3*$]�3a$gd�#4$a$gd`�gd�?o$a$gd�?ogd�#4 $�3*$]�3a$gd�#4 ���3*$]�3gdT$uT�U�V��� *. / A R i s � % & ' 7 [ c | � � � TZ��������������� � � � � ���ǻǻǻ���ӮӡӮӮ����Ӯ�ӮӮ���z�z�z���zh�f`hq9�@���CJaJh�f`h =N@���CJaJh�f`h@�@���CJaJh�f`htI'@���CJaJh�f`h�?o@���CJaJh�f`h�?oCJ\�aJh�f`h@�CJ\�aJh�f`h�#4@���CJaJh�f`h�#45�6�@���CJaJh�f`h�?o5�6�@���CJaJ+& ' 5 6 7 ��fg�����opfg����������������� $�3*$]�3a$gd�$�3��*$]�3`��a$gdq9�$�3��*$]�3`��a$gd�?o $�3*$]�3a$gd�?o$�3��*$]�3`��a$gd�#4 $�3*$]�3a$gd�#4 $�3*$]�3a$gd�#4� � 6?Y[���������ptv�����efhpqr:�����������̥�̥̥̘̥�{�o`Th�f`h [�6�CJaJh�f`h [�B*CJaJphh�f`B*CJaJphh�f`h�5�6�@���CJaJh�f`h�@���CJaJh�f`hs�@���CJaJh�f`hq9�@���CJaJh�f`h 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