2017-081117 · Tribunal de Bogotá

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SALA DE FAMILIA Bogot�, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). REF: LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD CONYUGAL DE JAVIER RICARDO BOH�RQUEZ G�LVEZ EN CONTRA DE HELENA BERM�DEZ ARCINIEGAS (AP. AUTO). Agotado el tr�mite propio de la segunda instancia, se resuelven los recursos de apelaci�n interpuestos en contra del auto de fecha 12 de junio de 2017, proferido por el Juzgado 18 de Familia de esta ciudad, mediante el cual se decidieron las objeciones a los inventarios y aval�os presentados por las dos partes interesadas, y que involucran los pasivos relacionados por cada una de ellas.

ANTECEDENTES Luego de efectuada la audiencia y corrido el traslado del inventario y aval�o, los interesados, actuando a trav�s de sus respectivos mandatarios judiciales, presentaron objeci�n para se incluyera una recompensa alegada y la totalidad del pasivo relacionado por cada uno de ellos y, agotado el tr�mite correspondiente, la juez quo resolvi� los reparos en el sentido de tener por probada la recompensa aducida por la demandada, no incluir como deuda de la sociedad el cr�dito a favor de un tercero, representado en una letra de cambio y desechar los dem�s rubros del pasivo alegados por aquellos, determinaciones en contra de las cuales los enfrentados, en lo que les fueron desfavorables, interpusieron el recurso de apelaci�n, el cual pasa a desatarse a continuaci�n. CONSIDERACIONES Se prev� en el art�culo 523 del C.G. del P.: �El demandado s�lo podr� proponer las excepciones previas contempladas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr002.html" \l "100" 100.

Tambi�n podr� alegar como excepciones la cosa juzgada, que el matrimonio o uni�n marital de hecho no estuvo sujeto al r�gimen de comunidad de bienes o que la sociedad conyugal o patrimonial ya fue liquidada, las cuales se tramitar�n como previas. Podr� tambi�n objetar el inventario de bienes y deudas en la forma prevista para el proceso de sucesi�n�. �Si el demandado no formula excepciones o si fracasan las propuestas, se observaran, en lo pertinente, las reglas establecidas para el emplazamiento, la diligencia de inventarios y aval�os, y la partici�n en el proceso de sucesi�n�.

Y en el art�culo 501 de la misma obra se prescribe: �1. A la audiencia podr�n concurrir los interesados relacionados en el art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr040.html" \l "1312" 1312 del C�digo Civil y el compa�ero permanente. El inventario ser� elaborado de com�n acuerdo por los interesados por escrito en el que indicar�n los valores que asignen a los bienes, caso en el cual ser� aprobado por el juez. �En el activo de la sucesi�n se incluir�n los bienes denunciados por cualquiera de los interesados. �En el pasivo de la sucesi�n se incluir�n las obligaciones que consten en t�tulo que preste m�rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el c�nyuge o compa�ero permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial.

En caso contrario las objeciones se resolver�n en la forma indicada en el numeral 3. Se entender� que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los dem�s hayan admitido. �Tambi�n se incluir�n en el pasivo los cr�ditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Si fueren objetados, el juez resolver� en la forma indicada en el numeral 3, y si prospera la objeci�n, el acreedor podr� hacer valer su derecho en proceso separado. �Si no se presentaren objeciones el juez aprobar� los inventarios y aval�os.

Lo mismo se dispondr� en la providencia que decida sobre las objeciones propuestas. �2. Cuando en el proceso de sucesi�n haya de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, en el inventario se relacionar�n los correspondientes activos y pasivos para lo cual se proceder� conforme a lo previsto en el art�culo 4� de la Ley 28 de 1932, con observancia de lo dispuesto en el numeral anterior, en lo pertinente. �En el activo de la sociedad conyugal se incluir�n las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera de los c�nyuges o compa�eros permanentes, siempre que se denuncien por la parte obligada o que esta acepte expresamente las que denuncie la otra y los bienes muebles e inmuebles aportados expresamente en las capitulaciones matrimoniales o maritales.

En los dem�s casos se proceder� como dispone el numeral siguiente. �En el pasivo de la sociedad conyugal o patrimonial se incluir�n las compensaciones debidas por la masa social a cualquiera de los c�nyuges o compa�eros permanentes, para lo cual se aplicar� lo dispuesto en el inciso anterior. �La objeci�n al inventario tendr� por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social�.

Sobre el particular, la H. Corte Constitucional, en sentencia T-1243 de 27 de noviembre de 2001, expres�: �Ahora bien, para proceder a realizar la partici�n y adjudicaci�n de los gananciales, la ley establece un procedimiento, mediante el cual se permite la determinaci�n precisa de los bienes sociales (art�culo 1781 C.C.), de los bienes propios, de las recompensas entre la sociedad y los c�nyuges, y del pasivo social, siguiendo para el efecto lo reglamentado en el art�culo 2� de la Ley 28 de 1932. �El citado procedimiento conduce a definir la indeterminaci�n de la universalidad jur�dica a que da lugar la sociedad conyugal, adjudicando a cada c�nyuge los activos que le correspondan seg�n su derecho; para estos efectos la ley prev� en el art�culo 600 del C.P.C (en armon�a con el numeral 4 art�culo 625 del C.P.C), la denominada �audiencia de inventarios y aval�os�, mediante la cual se procede a determinar el haber social, las deudas sociales, los bienes propios y las recompensas.

Dicha audiencia, una vez aprobada y en firme, permite la partici�n y adjudicaci�n de los gananciales. �La ley al estatuir un sistema de liquidaci�n para la sociedad conyugal, permite hacer efectivo el derecho al debido proceso, toda vez que reglamenta de manera amplia el desenvolvimiento del derecho de defensa, de contradicci�n, de impugnaci�n, entre otros, en relaci�n con los actos procesales que se producen en desarrollo del citado tr�mite.

A su vez que, genera una serie de garant�as propicias para la defensa no s�lo de las partes sino de los terceros, quienes pueden proceder a embargar los gananciales que se adjudiquen a los primeros. �De suerte que solamente mediante el procedimiento reglado en la ley, se puede proceder a debatir la naturaleza de los bienes objeto de liquidaci�n; y �nicamente el juez a quien se le ha asignado la competencia para conocer y tramitar el proceso liquidatorio de la sociedad conyugal, est� legitimado para resolver las solicitudes que en el curso del proceso se puedan presentar y que guarden relaci�n con la materia. �Entonces, se puede concluir, que por el hecho del matrimonio surge la sociedad conyugal, la cual implica la formaci�n de una comunidad de bienes que ser�n objeto de liquidaci�n, partici�n y adjudicaci�n al momento de ocurrir alguna de las causales de disoluci�n previstas en la ley, para lo cual debe aplicarse el procedimiento legalmente previsto y que tiene como finalidad determinar la naturaleza de los bienes en sociales o propios, las recompensas y los pasivos de la sociedad conyugal.

Tr�mite en el cual toda solicitud debe ser resuelta o decidida por el juez de conocimiento, es decir, por el juez competente� (M.P.: doctor RODRIGO ESCOBAR GIL). Ahora bien: trat�ndose de recompensas que la sociedad conyugal debe a cualquiera de los consortes, en cualquier caso, inclusive, en el de aportes de bienes propios luego de conformada aquella, se exige demostrar, por parte del interesado en la inclusi�n de la recompensa, el enriquecimiento que experiment� la sociedad conyugal o patrimonial y el correlativo empobrecimiento que sufri� el c�nyuge o compa�ero aportante, o que el producto de la enajenaci�n de aquel se destin� a satisfacer una carga familiar, tal como lo establecen los art�culos 1796, numerales 2 y 5, y 1797 del C.C..

En el caso presente, se advierte que, en el escrito de inventario y aval�o que present�, do�a HELENA BERM�DEZ manifest� que se le deb�a recompensa por el pago del 50% del valor de adquisici�n de un inmueble que entr� a la sociedad conyugal, pago que hizo, al parecer, en vigencia de la misma, de suerte que se presume que el mismo se hizo con dineros sociales (ord. 1� art. 1781 y 1795 del C.C), sin que se hubiera demostrado, por parte alguna, que ello no sea as�, esto es, por haberse obtenido el dinero como producto de la venta de un bien propio, etc., de suerte que, en realidad, tal pasivo interno no tiene porqu� formar parte del inventario.

En torno al tema tiene dicho la doctrina: �Lo que quiere decir que cuando esos bienes propios se destinan a actividad diferente de las propias, esto es, a actividades sociales, como la adquisici�n de un bien social (Art. 1781 num. 5 del C.C) o a un �negocio social�, como la explotaci�n de un establecimiento de comercio (Arts. 1781 num. 2 C.C.), o al pago de �deudas sociales�, como el pago del precio de un bien social que re�na reparaciones usufructuarias (Arts. 1796 nums. 2 y 4), o al pago del �establecimiento de un descendiente com�n� (Art. 1796 num. 2, C.C.), sin lugar a dudas hay empobrecimiento del patrimonio propio de uno de los c�nyuges y el enriquecimiento de la sociedad (de car�cter negativo, en el sentido de que un tercero le ha cancelado el pasivo que ten�a), caso en el cual entonces �la sociedad deber� el precio� o el objeto propio invertido para tal efecto (Art. 1797, C.C.).

Sin embargo, es preciso se�alar que como quiera que los �precios, saldos, costos judiciales y expensas de toda clase que se hicieren en la adquisici�n o cobro de bienes, derechos o cr�ditos que pertenezcan a cualquiera de los c�nyuges, se presumir�n erogados por la sociedad� ello indica, entonces, que consecuencialmente se presume de manera legal que la sociedad conyugal paga sus deudas sociales y, en consecuencia, no hay lugar a recompensa alguna.

Por lo tanto, quien alegue recompensa por el pago de pasivo social con bienes propios, tendr� que, en primer t�rmino, demostrar la existencia de esos bienes en calidad de propios y su inversi�n en deudas sociales a fin que, de un lado, se destruya la presunci�n legal de pago con bienes sociales, y, del otro, que la sociedad se enriqueci� a costa del patrimonio propio de uno de los c�nyuges y, en consecuencia, la sociedad le debe recompensa (Arts. 1801 inc. 1, y 1797 del C.C.)� (PEDRO LAFONT PIANETTA, �Derecho de Familia�, T. I, 1� ed., Librer�a Ediciones del Profesional, Bogot�, 2010, p. 785).

Entonces, como la demandada no demostr� que el dinero que utiliz� en el pago de la deuda contra�da para la adquisici�n del apartamento y los garajes que se relacionan como sociales, en el inventario que present�, resulta forzoso concluir que tal partida (la recompensa) no puede hacer parte del inventario, como ya se dijo. Por otra parte, no es posible la inclusi�n de un hipot�tico pasivo que se concretar�a en la deuda a la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, como consecuencia de una sanci�n o del pago como consecuencia de alg�n tr�mite relacionado con el retiro de unos dineros destinados al fomento de la construcci�n (AFC), habida cuenta de que no est� determinado su valor, de manera que al no saberse su monto, no puede inventariarse, pues uno de los requisitos para ello es, precisamente, el de que su tasaci�n se encuentre determinada (cons.

Lafont, �Derecho de Sucesiones�, T. I, 4� ed., Ediciones Librer�a del Profesional, Bogot�, 1984, p. 395), am�n de que se trata solo de una expectativa, cuya concreci�n debe darse, para establecer, con certeza, su existencia, todo, por supuesto, sin perjuicio de su inventario posterior, para los efectos pertinentes, m�s a�n cuando aquella (su existencia) puede estar relacionada directamente con una parte del activo, sin que quepa, por el momento, entrar a determinar si la obligaci�n respectiva es personal de la c�nyuge o social, cuesti�n que deber� dilucidarse una vez se intente nuevamente su inventario, si as� lo considera cualquiera de los interesados (art. 502 C.G. del P.).

Por otro lado, respecto del pasivo social resulta claro, en primer lugar, que deben incluirse las obligaciones que consten en t�tulo que preste m�rito ejecutivo (p�rrafo 3� del num. 1 art. 501 C.G. del P.), siempre que en la audiencia no se objeten, car�cter aquel que tendr�a la representada en la letra de cambio que alleg� el acreedor se�or ANDR�S BERM�DEZ.

Respecto del desacuerdo sobre la inclusi�n de pasivos en el inventario sostiene el mismo tratadista ya citado: �Pues bien en caso de desacuerdo corresponde decidir al juez conforme a las pruebas que se aporten y conforme a la objeci�n pertinente. �Ellos pueden referirse a la tacha de falsedad del t�tulo ejecutivo, a la no aceptaci�n o reconocimiento de la obligaci�n, la inexistencia de prueba, a la inexistencia de obligaci�n, a la extensi�n de la misma, etc.

Cuando la decisi�n es positiva a la inclusi�n de la deuda, le corresponder� a los interesados acudir a proceso ordinario o especial que le permita la demostraci�n de la inexistencia de la deuda o aguardar que el acreedor exija su cumplimiento, a efecto de oponer la defensa pertinente. En cambio, cuando la decisi�n consiste en la exclusi�n de la deuda, a los interesados en la sucesi�n les quedan dos alternativas: la una consiste en acordar un�nimemente la distribuci�n y forma de cancelaci�n extraproceso de la referida deuda; y la otra es la de iniciar o aguardar que el acreedor inicie la acci�n para el establecimiento de la existencia y la deuda correspondiente, de acuerdo a las circunstancias.

En todo caso, al acreedor que se le ha negado la inclusi�n de su cr�dito, bien puede ejercer las acciones ordinarias o ejecutivas a fin de obtener la condena o cumplimiento de la mencionada obligaci�n por fuera del proceso de sucesi�n. �A diferencia de lo que ocurre con los bienes incluidos, las deudas que se han incluido en el inventario no pueden ser objeto de exclusi�n de la partici�n en caso en que los interesados controviertan ordinariamente su existencia, ya que este fen�meno es restrictivo de los bienes (Art. 1388, inc 2� del C.C.).

En esta hip�tesis no hay riesgo para los interesados mientras no se trate de pago; pero en el evento en que ello se persiga, como cuando se pide el remate de la hijuela de deudas (Art. 613 del C.P.C.) (Art. 511 C.G.P.), ser� procedente la objeci�n pertinente. �De igual manera acontece con la decisi�n de exclusi�n de la deuda; el acreedor no puede pedir su inclusi�n posterior sino que sus cr�ditos tendr�an que �hacerlos valer en proceso separado�� (PEDRO LAFONT PIANETTA, �Derecho de Sucesiones�, T. II, 9� ed., Ed. Librer�a Ediciones del Profesional, Bogot�, 2013, p. 488).

La deuda representada en el titulo ejecutivo a que se alude fue cuestionada en su causa o fuente por el demandante, al punto que neg� su existencia. Sobre el tema, lo primero que debe decirse es que, en el presente caso, fue el mismo acreedor, como correspond�a, quien solicit� la inclusi�n de su cr�dito para que fuera inventariado, de modo que, en principio, es el primer interesado en la relaci�n del mismo, sin perjuicio de que pueda hacer valer su derecho en proceso (ejecutivo) separado, en el que cabe discutir, ampliamente, las condiciones en que se cre� el t�tulo valor, su causa y dem�s circunstancias que dieron origen a la obligaci�n, sin que ese tercero pueda alegar perjuicio alguno con la decisi�n de excluirlo, pues, por otra v�a, puede hacer efectiva su acreencia. Ahora bien: la susodicha deuda fue contra�da por la demandada pocos meses antes de la disoluci�n de la sociedad, la contrajo con un familiar cercano, (hermano), no est� claro con las declaraciones de ella misma y las de este (el acreedor) c�mo se materializ� la entrega de los recursos dinerarios de que se trata, pues solo existen las afirmaciones de do�a HELENA y las del mismo titular del cr�dito en torno al origen de este, al paso que sobre el recibo de los dineros, su existencia en cabeza del acreedor y la entrega a la demandada no existe soporte alguno, pues los 50 millones de pesos debieron salir de alg�n banco o, en el peor de los casos, de la caja de caudales de su propietario, lo cual pudo acreditarse con los documentos correspondientes del retiro del establecimiento bancario, los de la transferencia o con los testigos que supieron de ello, en la �ltima de las hip�tesis planteadas.

A lo anterior se agrega la circunstancia consistente en que, de lo que aparece en torno de la capacidad econ�mica del prestamista, no aparece en su declaraci�n de bienes y rentas y actividad econ�mica privada correspondiente al a�o 2012 (fols. 74 y 75 cuad. copias �pruebas�), que tuviera, al menos para la �poca, mayores recursos en efectivo y tampoco sus ingresos en el �ltimo a�o ($77.000.000) dan lugar a pensar que tuviera la solvencia para efectuar la erogaci�n de que se trata y, por el contrario, aparece que ten�a, para entonces, una deuda de $30.000.000.

Las razones anteriores, son suficientes para concluir que la deuda dicha no debe aparecer en el inventario, sin perjuicio de que la misma se haga valer en proceso separado. Por otro lado, sobre los pasivos que no est�n representados en t�tulo ejecutivo, es menester recalcar que, en principio no se incluyen, si no son aceptados, expresamente, por todos los interesados, en este caso, los exconsortes.

No obstante lo anterior, estos pueden objetar el inventario para intentar su inclusi�n, para lo cual deben no solo probar la existencia de la deuda, sino su sociabilidad, pues se entiende que todas las que aparezcan en cabeza de los c�nyuges, en el momento de la disoluci�n de la sociedad son propias, seg�n lo admite la doctrina m�s autorizada.

Pasa, entonces, a estudiarse, cada uno de los rubros del pasivo alegado por los interesados. 1.- Deuda de la demandada con Bancolombia.- La justificaci�n de la sociabilidad de este �tem, la demandada la hizo descansar en que la contrajo para solventar parte del pasivo que ten�a frente al se�or ANDR�S BERM�DEZ, de modo que si este �ltimo se encuentra en duda, es l�gico concluir que no puede tampoco este aparecer en el inventario, dado el destino que, se dice, tuvo, pues la incertidumbre sobre el primero contagia a este �ltimo, aparte de que, tambi�n, deb�a entonces probar que los gastos que, dice, hizo con la tarjeta de cr�dito y que fueron cubiertos, seg�n se sostiene, con los recursos proporcionados por don ANDR�S BERM�DEZ, eran de car�cter social. 2.-.

Deudas por tarjetas de cr�dito del demandante.- Lo primero que debe advertirse es que para que las deudas sean reputadas como sociales, es menester que las mismas hayan sido contra�das para satisfacer las cargas familiares o para la adquisici�n de un bien social o su mejoramiento, etc. y, por lo tanto, la actividad probatoria de quien pretenda su inventario debe enderezarse a demostrar esas circunstancias.

El interesado alleg�, para acreditar sus aserciones, los extractos de las tarjetas de cr�dito de Davivienda que aparecen a folios 15 del �cuaderno de pruebas� y 20, 203 y 204 del �cuaderno principal�, con los cuales poco o nada puede establecerse acerca del car�cter social de los saldos que, a cargo del demandante, all� aparecen, pues el �nico que corresponde a la �poca de la disoluci�n de la sociedad es el primero de los se�alados (el obrante a folio 15 del cuad. de pruebas), pero que, sin embargo, no informa algo acerca de a qu� clase de compras o inversiones se refiere la suma correspondiente a cada una de las tarjetas y los otros documentos que son de meses anteriores y/o posteriores a la terminaci�n de aquella, no dicen cu�l saldo corresponde al que exist�a al momento de la disoluci�n y cu�les gastos fueron los que pudieron originar el mismo, lo cual hubiera podido lograrse si, concretamente, se hubiera oficiado a la entidad en ese sentido.

Lo propio puede decirse de las acreencias del banco Citi, cuyo extracto m�s cercano a la disoluci�n a la comunidad de gananciales, es el de 8 de julio de 2016 (cfr. fols. 47 y 48 cuad. ppal de copias), en el que no aparecen discriminados los gastos de las utilizaciones de las tarjetas de cr�dito, para tener alguna luz acerca de cu�l fue el origen de la obligaci�n respectiva, lo cual, esto �ltimo, tambi�n puede predicarse de la deuda atinente a la l�nea Credicheque, de la misma entidad financiera.

En cuanto al pr�stamo, tambi�n del banco Citi, hecho al actor se tiene que, de acuerdo con la constancia del Colegio al que se dice se hizo el pago, por concepto de la educaci�n del menor hijo com�n de los aqu� enfrentados, se tiene que la primera erogaci�n relacionada con aquel asunto se hizo el 13 de diciembre de 2013, por la suma de $11.720.000, sin que luego del desembolso del cr�dito, que se hizo el 11 de diciembre del mismo a�o (cfr. fol. 26 vto. cuad. ppal de copias) aparezca retiro alguno de la cuenta de ahorros del citado que ponga de presente que de ah� hubiera salido ese primer pago; el segundo pago por aquel concepto, aparece que fue hecho el 30 de enero de 2014, en cheque, por un valor de $8.790.000, sobre lo cual, aunque aparezcan diversas operaciones en la cuenta de ahorros del apelante, no resulta claro cu�l de ellos es la que corresponde a la cancelaci�n que el mismo alega (cfr. fol. 28 ib�dem); y, finalmente, sobre el �ltimo pago de $8.790.000, hecho mediante �transferencia�, el 18 de febrero de 2014, tampoco existe constancia alguna, por lo menos por ese valor, de que los recursos hayan salido del pr�stamo que se le dio al mencionado (cfr. fol. 29 ib�dem).

No existe certeza, entonces, acerca de que los dineros utilizados para solventar las obligaciones relacionadas con la educaci�n del hijo com�n de la pareja, haya salido del pr�stamo que se le hizo al demandante por el banco Citi, de suerte que no es posible la inclusi�n de ese rubro en el inventario. As� las cosas, se revocar�, parcialmente, el auto apelado, para declarar no probada la existencia de la recompensa a favor del extremo pasivo y se confirmar�, en todo lo dem�s que fue objeto del recurso, sin m�s consideraciones, por no ser ellas necesarias.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., EN SALA DE FAMILIA DE DECISI�N, RESUELVE 1�.- REVOCAR, parcialmente, el auto apelado, esto es, el de 12 de junio de 2017, proferido por el Juzgado 18 de Familia de esta ciudad, dentro del asunto de la referencia y, como consecuencia, DECLARAR no probada la recompensa alegada por la demandada, la cual no har� parte del inventario. 2�.- CONFIRMAR, en todo lo dem�s que fue objeto del recurso, el auto atacado. 3�.- Sin especial condenaci�n en costas, por aparecer compensadas. 4�.- Ejecutoriado este auto, devu�lvanse las diligencias al Juzgado de origen.

C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS Magistrado LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD CONYUGAL DE JAVIER RICARDO BOH�RQUEZ G�LVEZ EN CONTRA DE HELENA BERM�DEZ ARCINIEGAS (AP. AUTO). En torno al tema tiene dicho la doctrina: �8. IMPUTACI�N DEL PASIVO. El criterio que ha de seguirse en la imputaci�n del pasivo y en el proceso de liquidaci�n es uno de los aspectos complejos del r�gimen vigente.

En efecto, en el sistema del C�digo Civil el tratamiento del pasivo era, si se quiere, bien sencillo, por cuanto el marido, �nico responsable, se obligaba libremente; excepcionalmente, la esposa pod�a resultar obligada. Es obvio que la responsabilidad del marido era total con relaci�n a las obligaciones contra�das frente a terceros, por cuanto respond�a aun con sus bienes propios si los sociales no eran suficientes; pero la situaci�n vino a cambiar con la vigencia de la ley 28 de 1932 y las reformas posteriores. �Conforme lo estudiamos antes, a partir de la vigencia de la ley 28 de 1932, en raz�n de la capacidad de la mujer casada y en cuanto a la responsabilidad e imputaci�n del pasivo, una es la situaci�n frente a terceros mientras est� vigente la sociedad conyugal, y otra la responsabilidad despu�s de disuelta la sociedad conyugal. �Mientras la sociedad conyugal est� vigente, cada c�nyuge es responsable de las obligaciones que personalmente contrae; es decir, que es indiferente para el tercero acreedor averiguar cu�l fue la causa que tuvo el c�nyuge para obligarse, por cuanto solo podr� exig�rsela a quien figure como deudor, sin que pueda intentar su acci�n contra el otro c�nyuge; ello, sin perjuicio de las obligaciones concernientes a satisfacer las ordinarias necesidades dom�sticas, o de crianza, educaci�n y establecimiento de los hijos comunes, de las cuales los c�nyuges son responsables en forma solidaria, pero entre s� proporcionalmente, seg�n el C�digo Civil.

Cuando la obligaci�n no sea de las que se contemplan en el art�culo 2� de la ley 28 de 1932, cada c�nyuge es responsable personalmente y grava definitivamente el patrimonio social, salvo que se demostrare que con ella se ha beneficiado con exclusividad en su patrimonio individual. �Es en este aspecto en donde encuentra plena aplicaci�n el art�culo 62 del decreto 2820 de 1974, seg�n el cual, la sociedad conyugal est� obligada al pago de �las deudas y obligaciones contra�das durante su existencia por el marido la mujer, y que no fueren personales de aquel o esta, como lo ser�an las que contrajeren para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior�. �En s�ntesis, las obligaciones contra�das por los c�nyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal y pagadas por ellos, son sociales; efectuado el pago por el c�nyuge obligado en vida de la sociedad, la obligaci�n se extingue, sin derecho a repetici�n ni contra la sociedad despu�s de su disoluci�n, ni menos contra el otro c�nyuge. �Otra es la situaci�n si la obligaci�n radicada en cabeza de cualquiera de los c�nyuges tuvo como causa hechos previstos por los art�culos 1800 y 1801 del C�digo Civil, caso en el cual, si el pago se efectu� con bienes sociales, se produce la respectiva recompensa en favor de la sociedad, que se hace exigible a partir de la disoluci�n sobre bienes del c�nyuge favorecido con la soluci�n. �Cuando a uno o ambos c�nyuges, estando vigentes obligaciones con terceros, lo sorprende la disoluci�n de la sociedad conyugal, estas obligaciones presumiblemente son sociales, al tenor de lo dispuesto por el art�culo 62 del decreto 2820 de 1974, y vendr�n a gravar el activo social, salvo que sean de aquellas previstas en los art�culos 1796 numeral 2,1800 y 1801, las cuales son personales del c�nyuge. �Pero dado el cambio de administraci�n, y por consiguiente, de responsabilidad de los c�nyuges, en el r�gimen actual han surgido algunas dudas en cuanto al tratamiento que debe darse al pasivo de la sociedad conyugal, particularmente en lo tocante al numeral 2 del art�culo 1796, hoy art�culo 62 del decreto 2820 de 1974, que dispone: La sociedad es obligada al pago �de las deudas y obligaciones contra�das durante su existencia por el marido o la mujer, y que no fueren personales de aquel o esta, como lo ser�an las que se contrajeren para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior�. �La diferencia de criterio ha surgido con motivo de la interpretaci�n que deba darse al numeral 2 citado.

Para nosotros, no cabe la menor duda que tal norma consagra una presunci�n de hecho, seg�n la cual toda obligaci�n existente en cabeza de los c�nyuges el d�a de la disoluci�n de la sociedad conyugal ha de consider�rsele como social y grava a la masa social, salvo ciertas obligaciones que redundan en su beneficio personal y exclusivo, como son las contempladas en los art�culos 1800 y 1802, en que, por ministerio de la ley, la presunci�n se invierte, y de consiguiente la carga de la prueba.

En efecto, cualquier obligaci�n que est� radicada en cabeza de uno de los c�nyuges al disolverse la sociedad se presume que es social. En caso de que ello no se acomode a la realidad el c�nyuge que se considere perjudicado en sus derechos podr� demostrar que esa obligaci�n es propia del otro c�nyuge. De prosperar la pretensi�n, la obligaci�n ocasionar� recompensa a favor del impugnante.

Ello se deduce del mismo encabezamiento del art�culo 1796 que parte del supuesto de que la sociedad es la com�nmente obligada. �De no aceptarse que toda obligaci�n pendiente al liquidarse la sociedad conyugal es social, se llegar�a a que es propia del c�nyuge que aparece obligado, lo cual no se compadece con el r�gimen de sociedad vigente, sino con un sistema de separaci�n. �Por �ltimo, es importante advertir que en un sistema como el actual se mantiene el r�gimen de las recompensas, tal como se halla estructurado en el C�digo Civil, lo que en uno de sus aspectos convierte en presunci�n un pasivo social y uno propio de los c�nyuges� (ROBERTO SU�REZ FRANCO, �Derecho de Familia�, T. I, 9� ed., Ed. Temis, Bogot�, 2006, p. 360-362).

Entonces, como las deudas en cabeza de los consortes, en el momento de la disoluci�n de la sociedad se presumen que son de esta, la carga de probar la situaci�n contraria, esto es, que son personales le corresponde a quien eso alega. 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